Estirpe de ladrones.

Entre las numerosas tonterías que ha dicho a lo largo de su vida Mariano Rajoy, el de los sobresueldos, ocupa lugar destacado un articulillo publicado en 1983 en El faro de Vigo, titulado Igualdad humana y modelos de sociedad en el que, entre otras cosas, sostenía que "los hijos de buena estirpe" destacan sobre los demás, o sea, que no son iguales al resto de los humanos, y que tamaña necedad estaba confirmada por la ciencia. Dado que el de "estirpe" no es un concepto científico sino que pertenece al ideario (por llamarlo de alguna forma) racista, tomémoslo en su sentido prístino: abolengo, raza, casta, etc. Si alguna casta hay en este país de pícaros y mangantes, es la de los ladrones.

Los tribunales de justicia acaban de condenar al delincuente Díaz Ferrán a cinco años y medio de cárcel por chorizo. Al expresidente de la CEOE, hasta ayer un prohombre, un ciudadano ejemplar que se permitía amonestar a los trabajadores con consejos calvinistas mientras él les robaba sus salarios. Un hombre que se codeaba con los políticos con mando, amigo íntimo de Esperanza Aguirre, a quien, claro está, consideraba cojonuda, calculen ustedes por qué, y muy bien avenido con el hombre de los sobresueldos. Pura estirpe. La de los dos.

La afición de Rajoy por la estirpe de ladrones es profunda y de larga data. Hay fotos suyas confraternizando muy contento con la miríada de ladrones que han pasado y siguen pasando por su partido: con el delincuente Matas, el delincuente Fabra, los presuntos delincuentes Bárcenas, Rato, Camps, etc., etc. No hay miembro del PP más o menos identificado como ladrón que no tenga pruebas gráficas del apoyo y el aliento de Mariano Rajoy, el de los sobresueldos.

Sí, la estirpe da para mucho. La estirpe de ladrones que lleva veinte años saqueando este país valiéndose para ello de una organización de presuntos malhechores a la que llaman partido político y a la que el juez sienta ahora en el banquillo como responsable civil subsidiaria de los delitos del mafioso Bárcenas. Y el responsable político de esta organización de mangantes, el hombre de los sobresueldos en La Moncloa, ahí seguirá, sin dimitir, como si esto fuera un país normal, el gobierno un gobierno en serio y el Parlamento un parlamento de verdad y no una cuchipanda de franquistas y ladrones que nadie en el extranjero puede tomarse en serio.

Por fortuna para ellos, cuentan con una oposición mayoritaria del PSOE, tan acobardada y sumisa que, más que oponerse, coadyuva al mantenimiento de esta burla sistemática a la ciudadanía. 

El poder y los jueces.

Para que haya justicia, como sabe todo el mundo, debe ser impartida por jueces libres, independientes e imparciales que, como decía un militar del ejército español, "nada tengan que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad". Esos tres requisitos son de distinto calado. En cuanto seres humanos dotados de raciocinio, autonomía y libre albedrío, la libertad se les presupone. Nadie atendería a un juez que estuviera encadenado. Eso es obvio y vale también para el otro tipo de libertad, el moral. Los seres humanos somos libres. Lo somos incluso cuando decimos o hacemos el mal, pretextando que estábamos coaccionados. Fuimos libres y elegimos ceder a la coacción. Salvo los reducidos a cautiverio físico, los jueces son siempre libres. Libres de hacer justicia o hacer injusticia. Es cosa de su conciencia.

Los otros requisitos son más tornasolados. Dos de los jueces que, gracias a los equilibrios y normas de distribución y reparto de tareas, entenderán de los casos de la Gürtel y los papeles de Bárcenas, que afectan directamente al partido del gobierno, esto es, Enrique López y Concepción Espejel ofrecen motivos fundados para poner en cuestión su imparcialidad. Dos de las acusaciones particulares, el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) están elaborando los escritos de recusación. Tanto López como Espejel han dado suficientes muestras de familiaridad y hasta intimidad con los gobernantes. No es solamente que el PP los propusiera en su día para vocalías del Consejo General del Poder Judicial, pues eso en sí mismo no es significativo. Es lógico que estas designaciones que la ley reserva a los partidos se hagan con criterios de proximidad ideológica, pero eso no tiene por qué afectar a la imparcialidad de los nombrados. Y, sin embargo, en los dos casos, dicha imparcialidad es muy cuestionable porque los dos han dado sobradas muestras de cercanía, frecuencia de trato y simpatía con los gobernantes de la derecha. Espejel no se ha recatado en admitir su gran amistad con Cospedal, quien la condecoró. En cuanto a López, sería un desagradecido si no reconociera los esfuerzos ciclópeos que estuvo haciendo el PP para favorecerlo con un puesto en el Tribunal Constitucional incluso cuando no reunía los requisitos. Sería muy desleal por su parte no ser agradecido.

Podría decirse que, habiendo sido como hayan sido las previas relaciones entre los magistrados en cuestión y los gobernantes, llegado el momento de hacer justicia, a los jueces les ocurre lo que a a Thomas Beckett frente a Enrique II: muy amigos y compadres, pero, cuando se trata de la dignidad de la Iglesia y el interés de la Corona, ya no hay amistad ni compadreo que valgan. Y, llegado el momento, Beckett paga con su vida por su independencia. Siendo los nuestros tiempos más suaves, es poco probable que los magistrados pagaran con sus cabezas por sus actos, así que no hay razón para que estos no sean intachables. Y, si la hay, tendrán efecto las recusaciones de las partes.

A decir verdad, la turbulenta historia del juez López despierta preocupación no ya solo debido a su imparcialidad sino también a su independencia. Su intensa actividad de colaboración con la Fundación FAES, el think tank de la extrema derecha neoliberal, que posiblemente haya sido remunerada, plantea, efectivamente, una seria objeción al comportamiento de un juez que no solamente mantiene relaciones de amistad con el príncipe sino que se ha encomendado a su magnificencia.

Este es igualmente el problema que se plantea con ese presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que cobra un plus de 1.300 euros al mes directamente del gobierno andaluz en concepto de dietas o viáticos o algo así. En principio, no es absurdo que un funcionario del Estado reciba un complemento de ese Estado del cual, por lo demás, también recibe el sueldo. Y no se olvide que la Junta de Andalucía es, a todos los efectos, el Estado en Andalucía. Por supuesto, tampoco es lo mismo que el magistrado cobre del Estado que de un partido vía Fundación, si cobró. Pero aun así no parece bien y precisamente porque no parece bien, la medida se tomó mediante acuerdo secreto. Por algo sería.

Los jueces son uno de los estamentos peor valorados por la opinión pública, escasamente por encima de los políticos, que ya es decir. Y con casos como los considerados es poco probable que mejoren su posición. Sobre todo frente a una opinión pública que contempla desmoralizada cómo los jueces que se atienen a su deber en conciencia y se enfrentan al príncipe, acaban expulsados de la carrera.

Y sin jueces justos no hay democracia.

Jueces y delincuentes.

Todo el mundo conoce la teoría del Estado de derecho. Nadie está por encima de la ley que impera suprema, y hay una estricta separación de poderes. Todo el mundo conoce también la práctica del Estado de derecho hoy en España. Hay gente por encima de la ley y, si es necesario, se cambia esta a capricho del gobernante. Porque no existe separación sino fusión de poderes. El gobierno controla el Parlamento por el simple mecanismo de la mayoría absoluta. Controla igualmente gran parte del poder judicial si bien no con un mecanismo tan simple sino con uno más complicado que articula muy diversas piezas: la tendencia conservadora mayoritaria en la judicatura es la esencial. La perpetuación de las pautas manipuladoras heredadas del franquismo y que no se depuraron durante la transición viene a continuación. El uso partidista de los mecanismos institucionales de la administración de Justicia, práctica compartida en parte con el PSOE, pero en la que el PP es consumado maestro. España no es un Estado de derecho porque los poderes no están separados ni se respeta el imperio de la ley. El gobierno tiene el Parlamento a sus órdenes y buena parte del Poder Judicial a su servicio.

Pero si lo primero puede enmendarse cambiando la mayoría parlamentaria mediante unas elecciones, lo segundo es mucho más difícil porque los jueces no son electos, tienen regímenes especiales que suelen incluir la inamovilidad y sus renovaciones dependen de plazos muy diversos que controlan los partidos políticos, cosa que, al menos el PP, hace siempre que puede y le interesa. Basta recordar cómo consiguió bloquear durante tres años la renovación del Tribunal Constitucional para perpetuar una mayoría conservadora que no reflejaba la correlación real de fuerzas políticas. Esto es, si los yerros legislativos pueden remediarse con relativa facilidad, no así los judiciales, los de la administración de Justicia.

Y, sin embargo, esta, la Justicia, es el punto central, el meollo del Estado de derecho y de la democracia. Si el meollo, el núcleo, está podrido, todo lo estará. Y es el caso.

La noticia de que dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel, el caso del PP, son personas estrechamente vinculadas por todo tipo de lazos al partido no debiera ni llegar a los periódicos porque los afectados tendrían que haber anunciado ipso facto su voluntad de inhibirse si les correspondía actuar en ese caso concreto. Las pruebas de que Enrique López está tan contaminado como si le hubiera caído un bidón de chapapote las desgrana El Plural Enrique López: de ariete del PP contra leyes socialistas y ‘enchufado’ en el Poder Judicial a juez en el caso Gürtel. Es imposible entender cómo alguien con un átomo de sentido común pueda admitir que una persona así pueda juzgar la Gürtel. Y hasta cabe sostener que ningún otro asunto: un individuo multado por conducir ebrio y sin casco es un peligro público. No un juez. En cuanto a la otra magistrada, Concepción Espejel, aparece adornada por similares atributos de cercanía, simpatía, empatía e intimidad con los jefes del partido cuyos supuestos delitos deberá juzgar. Algo increíble, ciertamente.

Pero, se dirá, el caso ha correspondido a estos magistrados por razón del azar, siempre imparcial, del reparto de trabajo. Ignacio Escolar explica, sin embargo, cómo fue la propia Espejel la que, al parecer, manipuló dicho reparto para asegurarse de que correspondiera donde a ella le interesara. Lo hace en un artículo titulado Humor negro en la Audiencia Nacional en el que asimismo completa el cuadro de las razones por las que Enrique Martínez es más militante del PP que verdaderamente un magistrado.

Es obvia la absoluta falta de respeto a las formas en el funcionamiento de la justicia. Esa Fiscalía que no vio delito en la Infanta ni en media docena más de presuntos delincuentes, lo ha visto a la velocidad del rayo ahora como consecuencia de un hecho acaecido en 2011 en una capilla de la Complutense. Como si hubiera actuado la máquina del tiempo. Si el proceso de instrumentalización de la administración de justicia ha llegado a este extremo, no arriendo la ganancia a Artur Mas, que puede encontrarse inhabilitado en un par de semanas o quizá algo peor.

Pero lo de los dos magistrados chapapoteados por su presunta proximidad personal y material a quienes deben juzgar es, sin duda, lo más grave y lo más inaceptable. Bárcenas recusará a la presidenta Espejel por manifiesta amistad con Cospedal. Algo absolutamente lógico. Nadie en su sano juicio puede permitir que lo juzgue un amigo íntimo (Concha) de la parte contraria.

A su vez, el PSOE también anuncia que recusará a los dos magistrados presuntamente vinculados al PP, como parte en el proceso que es. Obvio también. Esta farsa no puede ni comenzar. Y no basta con recurrir. El PSOE debe anunciar que no aceptará desestimación alguna, sino que seguirá recurriendo y, si la vía se agotara, llevará el asunto a dónde haga falta, a Europa o a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, porque esta intención es un atentado contra el fundamento mismo del Estado de derecho, la independencia judicial. Ningún Estado puede llamarse civilizado si los jueces están sometidos a la arbitrariedad del poder político y le sirven de escudo y tapadera.

Algunos piensan que soy un pesado con la petición de una moción de censura al gobierno. Tengo mis razones. Sánchez ya es el candidato indiscutido a la presidencia del gobierno. Tiene el poder y tiene la autoridad. Pero también tiene la responsabilidad. Y esta lo obliga a considerar que los seis meses hasta las generales de noviembre van a ser un infierno. La derecha, como siempre, no acepta el resultado adverso de las elecciones y, desalojada del poder, ahora no tiene nada que hacer (ni expoliar) salvo entorpecer todo lo posible los gobiernos de izquierda, azuzando la malsana pasión de estos por las broncas internas. Escándalos reales, inventados, retorcidos, manipulados, puras invenciones, insultos en los medios, agresiones en la calle. Tiempo libre para incordiar.

El gobierno y su partido tampoco tienen nada que hacer, pues no hay tiempo material para ello, pero sí para incordiar y encizañar. La manipulación de los procedimientos judiciales, las malas prácticas procesales, las trampas, van a caer en cascada para torcer cuanto se pueda el curso de la justicia. El recurso a la represión va a intensificarse y el uso de la vía penal para enfrentarse a cuestiones puramente políticas, como el proceso soberanista catalán, también.

Tienen mucho tiempo libre, infinidad de medios y no necesitan cuidarse del frente parlamentario en donde reina el rodillo de la mayoría absoluta. Por eso, lo más oportuno que puede hacer Sánchez es abrir ese frente al gobierno para obligarlo a atenderlo, lo que mermará sus fuerzas en los otros. Es su obligación, además, oponerse. La moción se perderá, por supuesto, en la votación parlamentaria, pero se ganará en la calle, en términos de conocimiento y popularidad de un candidato que recién se estrena pero trae un programa alternativo. La moción de censura le da tiempo ilimitado para exponerlo. Y eso es lo que la gente está esperando: un programa alternativo, viable y claro que todo el mundo entienda frente a las magias potagias y el hocus pocus de una imaginaria recuperación que Rajoy se saca de la chistera entre corrupción y corrupción.

Es la ocasión de dar un relieve particular al programa electoral, género francamente desprestigiado. La solemnidad del lugar de la exposición debiera ser el símbolo del propósito de cumplirlo. Un conjunto de medidas de derogación de todo lo injustamente legislado por decreto y rodillo, de devolución a la gente de los derechos recortados o suprimidos, de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática con un plan de reactivación económica con aumento de la productividad sin merma de rentas salariales o servicios públicos.

Tener al gobierno del Estado y la oposición parlamentaria debatiendo sobre asuntos de interés general a cinco meses de unas elecciones legislativas que pueden resultar en un cambio de mayorías no es una ocurrencia ni una aventura de inexperto, sino algo que cualquier colectividad haría para prepararse en caso de un hipotético cambio. Ello sin contar con que, en realidad, tal debate no se ha hecho nunca en la legislatura, pues los del Estado de la nación se han dedicado a otros asuntos.

La moción de censura es una obligación democrática. La única razón para no plantearla, cabe intuir, es que, en el curso del debate sea preciso hablar de la cuestión catalana, cosa nada del gusto de los partidos españoles cuando otean elecciones. No haya cuidado. Mas señaló una vía en esa entrevista de Iñaki Gabilondo que Palinuro comentó ayer en Mas se explica. Me atrevería a sugerir a los socialistas que siguieran su ejemplo: aguarden a ver qué resultado dan las elecciones del 27 de septiembre y, en función de esos resultados, hagan ustedes sus propuestas. Mientras tanto, piénsenlas porque todos nos jugamos mucho.

En fin, hagan lo que quieran pero no es absurdo elevar un tanto el nivel del debate a las cuestiones de interés general. No seamos solo objeto de la atención y pasmo de Europa por el hecho de que dos magistrados presuntamente afines a un partido se apresten a juzgar a dicho partido en un procedimiento penal.

La justicia del príncipe nunca será Justicia.

Con esto, ¿tampoco va a pasar nada?

Que el Rey pueda ser un imbécil o un criminal capaz de homenajear en España a los compañeros de quienes su protector Franco asesinó a mansalva y cuyos huesos yacen aún en fosas comunes en todo el país está dentro de la naturaleza de las cosas. Hasta es probable.

Que al gobierno de mangantes neofranquistas esto no le produzca reparo alguno y hasta le parezca bien, también es muy probable dado que está compuesto de nacionacatólicos y fascistas más o menos nostálgicos, a quienes la coherencia ética nunca ha parecido asunto de interés porque desconocen qué sea la ética, la conciencia u otras zarandajas. Si hay que disimular y hacer como que la justicia y los derechos humanos nos importan, se disimula y se hace. Al fin y al cabo, lo suyo es robar.

Que la oposición -en gran medida heredera de los héroes de la Nueve en París y de los asesinados en el genocidio franquista- todavía no haya dicho nada, ni protestado siquiera, demuestra su grado de abyección moral, habiendo cambiado un lugarcejo al sol de las elecciones por su responsabilidad por el restablecimiento de la justicia en nuestro país. Demuestra que no solamente no tiene valor para presentar una moción de censura, sino que también carece de él para respetar sus propios ideales y la memoria de quienes murieron por ellos. O sea, que es tan escoria y bazofia como la corona, el gobierno y su partido.

Que los medios no den la noticia, no digo ya completa, como aquí, sino ni siquiera manipulada, censurada, por temor a que la gente ate cabos, demuestra que, si los políticos de la oposición son miserables y cobardes, los periodistas lo son por partida doble porque su deber es precisamente este: informar de algo que tiene una indudable trascendencia.

El Rey homenajea en París a los republicanos españoles, compañeros de los cientos de miles que los fascistas también españoles asesinaron y enterraron en fosas comunes y que el gobierno de este Rey y él mismo siguen negándose a desenterrar y hacerles justicia.

Un ministro posmoderno.

Es lo que las redes, ese nuevo laboratorio de la vida con un lenguaje propio, llaman un zaska en toda la boca. Pues sí, el tercer zaska al ya exministro Ruiz-Gallardón, quien había llegado al gobierno con ínfulas de gran reformador y restaurador de las esencias católicas del ser español. Venía con fama de moderado y centrista que se había granjeado en alguna tertulia en la que no dominaban los trogloditas. Daba gloria oírlo defender en el Parlamento la prohibición del aborto, incluso en casos de malformación del feto, con argumentos progres, que llamaban a la emancipación de la mujer. La facundia de don Alberto no conocía límites. Ni los del ridículo. El primer zaska fue cuando el gobierno decidió hacer con su proyecto de ley sobre el aborto lo que los abortistas con los fetos, según la truculenta fantasia de los llamados provida: triturarlo.

Triste y amargado por tanta alevosía, el ministro causó baja, convencido de haber sido un chivo expiatorio en el altar de Moloch: la venta de los principios sagrados a la conveniencia del momento y los intereses electorales. Casi revienta de indignación. Imposible razonar o hablar con él. Tiene un concepto tan alto de sí mismo que solo escucha las arpas celestiales.

Por si le sirve de algo, el error fundamental de Ruiz-Gallardón es no haber entendido la posmodernidad que a Rajoy se le da de maravilla. El exministro no es posmoderno. Es moderno, es decir, un antiguo y, siendo su modernidad nacionalcatólica, no solo antiguo, de Recaredo. Obviamente, no entiende el mundo en el que vive.

Su reforma del Código Penal era plenamente moderna. Aunque algunos críticos la acusaban de retrotraernos a momentos preconstitucionales (obviamente, querían decir "franquistas", pero les daba un poco de reparo) en realidad, iba mucho más atrás; iba hasta el Panopticón de Bentham, resucitado por Foucault para describir la función de vigilancia del poder. El ministro complementaba el feliz y modernísimo invento convirtiendo la vigilancia no solo en panorámica sino también en permanente, cosa que consiguió que le firmaran los socialistas con una mano reservándose la otra para firmar el recurso al Tribunal Contitucional contra su propia firma. A lo mejor hubiera sido más sensata una firma con reserva expresa de constitucionalidad. Y, si la figura no existe, se crea.

Así que, en efecto, un moderno nacionalcatólico. Sí, en España el metarrelato de la modernidad, que diría Lyotard,  es el nacionalcatolicismo. En otros lugares es el librepensamiento, la reforma, la tolerancia, las libertades públicas, el avance de las ciencias, la ilustración y otras aberraciones. En España, la modernidad es el nacionalcatolicismo.

El segundo zaska afecta a una reforma tan moderna como las anteriores, aunque un alma superficial pueda pensar que se trata de un disparate, incluso desde el punto de vista técnico. En efecto ¿hay algo más moderno que hacer respetar la Justicia a base de introducir racionalidad en el conocimiento de qué sean y qué no sean los derechos? Por ejemplo, con la ley de tasas judiciales que el nuevo ministro, el posmoderno Catalá, ha mandado a una lista de espera de la seguridad social de Castilla La Mancha, algo quedaba clarísimo: ¿eres pobre? No tienes derecho a la Justicia.

El tercer zaska es el de la renuncia a la privatización del registro civil. ¿Hay algo más moderno que privatizar? ¿Algo más ultramoderno que privatizar en beneficio de los amigos y del jefe de uno? Pero no es la modernidad lo que mola, sino la posmodernidad. Y esta tiene un vínculo fuerte con la estética a través de su origen en el posmodernismo artístico y, la verdad, dada la condición de registrador de Rajoy y de varios parientes suyos, los principales beneficiarios de esta medida absolutamente arbitraria, resultaba tan fea que daba hasta vergüenza plantearla. Hasta Rajoy ha hecho como si no fuera con él, arte en el que es consumado maestro.

Ruiz-Gallardón no era un moderno y un gobierno posmoderno necesitaba un ministro tan posmoderno como el señor Catalá. Como buen posmoderno, Catalá no cree en la existencia de una verdad objetiva sino que está convencido de todo lo construimos gracias al giro lingüístico (cosa que Ruiz-Gallardón ni huele) y gracias a él lo deconstruimos. Y ¿cuándo construimos o deconstruimos? Cuando nos interese, naturalmente. Por ejemplo, el ministro deconstruye el relato de la verdad judicial opinando sobre las declaraciones subiúdice de dos imputados.

Pero construye con igual pericia cuando afirma que los crímenes de la dictadura estaban amparados por la legislación franquista. Hay que construir la verdad histórica. Es exactamente el mismo argumento que empleaban los abogados de los nazis juzgados en Nürnberg. Es el sempiterno argumento positivista. La ley vigente. Para el espíritu posmoderno, en Nürnberg se hizo la justicia del vencedor. Los aliados juzgaron a los nazis vencidos. El franquismo también fue justicia del vencedor. Los franquistas juzgaron a los republicanos vencidos. ¿Tiene sentido juzgar hoy a los juzgadores de ayer? ¿Lo tendría juzgar a los jueces de Nürnberg? Ciertamente, es una hipótesis como de política-ficción. Pero es el supuesto que late en la invocación a la legalidad del franquismo. Es completamente posmoderno: bajo aquella legalidad estaban amparados los crímenes políticos, incluso los que se cometían al margen de la legalidad, a veces por cuerpos bajo dependencia administrativa de las autoridades y a veces también hasta se asentaban en los correspondientes registros o libros con las más pintorescas causas de muerte.

 

Lo que el posmodernista ministro está explicándonos, como buen positivista, es que aquella legalidad del franquismo amparaba y legalizaba los delitos según fueran descubriéndose, algo así como la cuadratura del círculo o el perpetuum mobile. Porque ¿cómo puede ampararse y legalizarse un asesinato extrajudicial?

Conociendo la aversión de los posmodernistas a los textos, habría que sugerir al ministro que la venciera, echando mano de la Ley de Amnistía, concebida como ley de punto final, y por el tiempo que pueda aguantarle. No es muy elegante, él mismo se dará cuenta pues tiene aspecto de dandy, pero le ofrece mayor seguridad que ese lío de la legalidad vigente en el pasado.

Los muertos dominan a los vivos.

El gobierno del PP nació muerto. Al aplicar de inicio un programa electoral contrario al ofrecido, fue sustituido por otro, cuyos miembros eran espectros del pasado, revenants. El propio Rajoy, tras reconocer que carecía de palabra, solo osaba aparecer en público a través del plasma por temor a mostrar sus rasgos cadavéricos.

Toda la gestión del ejecutivo en la Xª Legislatura ha consistido en mantenerse insepulto, sin poder evitar que el hedor se expanda por doquiera. Los sucesivos escándalos de corrupción y los que todo el mundo sabe seguirán estallando como bombas fétidas tiñen el panorama con colores cárdenos y pardos bastante repugnantes.

Además de haber incumplido sus compromisos, el presidente ha mentido en sede parlamentaria; se ha negado sistemáticamente a dar explicaciones ni cuentas de sus actos; ha censurado y manipulado los medios de comunicación convirtiéndolos en una máquina de propaganda; ha gobernado por decreto con desprecio del legislativo; ha politizado todas las intituciones del Estado incluida, en parte, la Justicia; ha corrompido la administración pública a través de unas relaciones a cuatro bandas entre cargos públicos del partido, funcionarios venales, empresarios corruptores y corruptos y delincuentes; ha promovido una legislación autoritaria y represiva en materia de orden público con el fin de sofocar por la fuerza las manifestaciones de descontento.

Todo eso sin conseguir lavar su imagen ni eliminar el hedor de todas sus actuaciones. La última, esa vergonzosa privatización del registro civil que lo beneficia a él personalmente y a sus hermanos, todos registradores de profesión. Ignoro si cabe aducir un caso de desvergüenza individual más claro. Colectiva, desde luego. Sin ir más lejos, la negativa de ayer del gobierno insepulto a publicar la lista de los 705 sospechosos de blanqueo de dinero , cosa propiciada por él mismo merced a su amnistía fiscal.

Ya solo son unos zombies, dirigidos por una sombra espectral que únicamente aparece en recepciones a dignatarios extranjeros y hay quien dice que, en realidad, es un doble. Y cuando ven que van a perder las elecciones por goleada, como en Andalucía, se ponen nerviosos y montan espectáculos como el del roto Rato de ayer, quien ha pasado de autor del milagro económico a villano, enemigo público número uno, pero solo para dejar bien claro dos horas más tarde que la ley no es, ni será con esta gente, igual para todos. Hay personas en la cárcel por haberse manifestado pacíficamente frente a un banco. Pero el que esquilmó el banco en su provecho duerme en su casa, con su familia. Está libre.

Pero es otro cadaver insepulto. Casi convendría que lo llevaran a la morgue de Soto del Real, a hacer compañía a los otros difuntos de este velatorio español, animado por las procesiones del Corpus y los escraches de cristianos de base a esos jardines colgantes de Babilonia en los que hace penitencia Rouco Varela. Un sepelio que empezó al día siguiente de las elecciones de 2011 y no acabará hasta las próximas legislativas, que ya veremos cuándo son.

La vana esperanza. Si estamos esperando a que alguien ponga fin a este fúnebre esperpento, vayamos pensando en otra cosa. Es una vana esperanza. La función la dicta el gobierno. La danza de los muertos marca los ritmos y tiempos de la de los vivos que quizá no estén tan vivos. El gobierno determina lo que se hace, no se hace, se dice o no se dice. Es un dominio absoluto. Y la oposición, supuestamente los vivos, baila a la música que le tocan y recita el papel que le asignan.

El gobierno zombie se enfrenta a dos oposiciones, la parlamentaria y la extraparlamentaria. Pero solo habla y con voz cavernosa de la extraparlamentaria y de las desgracias seguras, el Armagedón que llegará si se vota a los adanes descamisados o a los de chaqueta y corbata. Prueba de que la oposición parlamentaria no le preocupa. Y hace bien. Llegará esta como triste plañidera a recitar la salmodia de que comparezca el presidente que cobraba en sobresueldos y dimita el ministro de Hacienda causante directo de este desaguisado. Se oirán unos gemidos, unas carcajadas sardónicas al fondo de un pasillo tras un plasma y, luego, se hará el silencio. Hasta la próxima en que al séquito socialista le toque volver a hacer de comparsa de esta burla de la sede de la soberanía popular y de los grandes expresos europeos.

 

Pedro Sánchez no se atreve a presentar una moción de censura, que sería lo único que abriría puertas y ventanas, airearía la peste, ventilaría este pudridero politico. Lo disfraza de prudencia y sentido de Estado pero es puro cálculo temeroso, miedo. Miedo a salir trasquilado o algo peor. Pedro no es Daniel. Ni siquiera ve que estos leones no tienen dientes y son espectros, sombras de lo que fueron. Una moción de censura que desgrane ante los españoles la vergüenza de una legislatura consagrada a perfumar el hedor de un cadaver insepulto durante tres años.  

 

Una moción de censura. El mero anuncio de una moción de censura, consolidaría el titubeante liderazgo de Sánchez en su partido y seguramente aumentaría mucho las expectativas del PSOE en estas elecciones porque mostraría a los votantes un puente de mando con alguien al timón.

 

Pero es una vana esperanza, porque no se atreven. Los muertos dominan a los vivos.

La chulería del PP.

Pásmense: Algún crédito tiene que tener el PP por no haber puesto obstáculos a la detención.

¿Se entiende o hay que explicar la chulería estilo Al Capone de este imbécil rematado?

En Chicago, años 30: Puedo saltarme la ley cuando me dé la gana. Puedo quemarte el negocio, darte una paliza, matar a tu cónyuge, secuestrar a tu hijo. Pero no lo hago porque soy generoso.

En España, 2015: Podemos obstruir la justicia, amenazar a los jueces, destituir a los policías, amordazar a los periodistas, hostigar y amedrentar a los ciudadanos, pero no lo hacemos porque somos así de generosos.

Solo un chulo fascista puede pensar que cabe vender como un mérito especial el mero cumplimiento de la ley. ¿O hemos llegado tan bajo que tenemos que agradecer a esta banda de forajidos que no obstaculice la acción de la justicia?

Pues, sí, reconozcámoslo, hemos llegado tan bajo. Y seguiremos bajando mientras toleremos que nos gobierne una cuadrilla de sinvergüenzas. Y no se crea que es de ahora. Viene de antiguo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa vergonzosa y humillante observación de que debíamos agradecer a Fraga que hubiese civilizado a la derecha? Una observación que mide la abyección en que vivimos. En primer lugar, es falsa. Esta derecha es tan agresiva, cavernícola e insoportable como siempre. Basta con escuchar a Rafael Hernando o Martínez Pujalte. En segundo lugar: ¿por qué hay que agradecer a nadie que cumpla con su deber de ser educado, civilizado?

 

¿Por qué hay que agradecer a una organización que no obstaculice la acción de la justicia? ¿Porque lo dice un mangante, de esos que cobran ayudas indebidas a la vivienda que tenemos que pagarle todos?

 

A estas alturas este chulo todavía no ha presentado su dimisión. Y debiera. No por lo que dice, que es lo que piensan todos en esa asociación de presuntos delincuentes, sino por lo que trata de ocultar, esto es, que tampoco es verdad: no han impedido la detención de Rato por respeto a la legalidad (que les importa una higa) sino porque no han podido, ya que la Agencia Tributaria actuó por sorpresa, sin avisar. Porque los conocen. Si lo hubiera hecho, esta pandilla con el sobresueldos a la cabeza hubiera tratado de impedirlo por sus habituales procedimientos de obstrucción de la justicia: destruyendo pruebas, borrando discos, desoyendo notificaciones, falseando cuentas y datos, embarullándolo todo, al inimitable estilo de Cospedal y Floriano.
 

Es decir, además de chulos, embusteros por partida doble.

 

Barcegate y Mariano Nixon.

Son muchos los parecidos. La misma obstinación en no reconocer los hechos. Las mismas maniobras de todo tipo para tratar de ocultarlos. Las mismas triquiñuelas para destruir pruebas. El mismo aferrarse al cargo, supeditando el gobierno a su defensa procesal. Idénticas exculpaciones personales gimoteantes: "soy una persona honrada", "no estoy en esto por dinero", etc.

La acción lenta pero inexorable de la justicia deja cada vez menor margen y acogota a un gobierno presidido por el presidente de un partido que aparece imputado en un delito fiscal. Y esto que en cualquier país del mundo haría dimitir al presidente, no es sino el comienzo del via crucis de la corrupción. En el proceso de la Gürtel, primera sesión, la fiscalía ha traído un testigo sorpresa y las demás partes han pedido aplazar la vista mientras, al tiempo, recusan todo lo que se mueva. De estos asuntos, comparecencias inesperadas, nuevas pruebas comprometedoras, revelaciones destructivas, cabe esperar buena provisión a lo largo de la vista. Estamos en ese momento procesal que carece de nombre técnico porque el popular es satisfactorio: sálvese quien pueda.

El otro caso, el más grave para el partido y el gobierno, el de Bárcenas, se abrirá después de las elecciones. Pero eso no es consuelo porque son tantas sus ramificaciones que seguirá ocupando primeras durante todo este tiempo. Ayer mismo la jueza detectó pagos de sobresueldos a cargos del PP en Ourense atribuidos a la caja B, esa de la que todo el mundo menos Rajoy ha oído hablar y en la que muchos miembros del PP, hasta los de las tierras del Preste Juan, han metido la mano, menos Rajoy, claro es.

Pruebas de lo anterior. En este sálvese quien pueda, Bárcenas atribuyó el fraude fiscal del PP a Rajoy, Cospedal, Arenas y Acebes con una razón poderosa: los estatutos del PP confieren la responsabilidad financiera a los secretarios generales y los cuatro lo han sido. Rajoy también. De hecho, el asunto es tan obvio que, según parece, Ruz consideró la posibilidad de imputar al presidente. Al final no lo hizo, no se sabe bien por qué. De hecho, no imputó a ningún secretario general sino que se limitó a hablar del "núcleo dirigente" del PP.

Está bien claro quién es el "núcleo dirigente" del PP. Y se hace obligada una pregunta: ¿se puede ser gobernante de un país bajo riesgo verosímil de estar imputado en un proceso penal?

Esta cuestión ha llevado al PSOE, parte en la causa, a pedir que se impute asimismo a Arenas y Cospedal, pues Ruz ya lo ha hecho con el ex-jefe de prensa del primero. Curiosamente, el PSOE parece haber sopesado también la posibilidad de pedir la imputación de Rajoy, pero ha renunciado a ella. Sin que tampoco se entiendan bien las razones. Tan secretarios generales han sido Arenas, Acebes y Cospedal como Rajoy.

¿Por qué no se pide también en el recurso del PSOE la imputación de Rajoy? Probablemente por una razón que unos llamarán "sentido de Estado", otros "prudencia" y otros "miedo". La firme determinación de Mariano Nixon de hundirse con todo el partido en las próximas elecciones de mayo tiene preocupado a todo el mundo, empezando por los suyos. Los sondeos auguran pérdidas a granel . y hasta la Alcaldía de Madrid, convertida en el Gibraltar de Esperanza Aguirre, dama del Imperio británico, puede perderse a manos de una izquierda pintivariada cuyos dos puntos fuertes son Carmena y Carmona. A ver quién es el primero en sacar punta al binomio. Carmena ha arrancado muy bien, muy técnica, seria, en su sitio. Carmona debiera dejar de imitar a Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia. Lo hace fatal.

Así que el PSOE, perro ladrador pero no mordedor, por no complicar las cosas, no pide la imputación del máximo responsable político de esta trama. Si lo hiciera tendría que explicar por qué pide la imputación penal del presidente pero no le presenta una moción de censura en el Parlamento. 

Del "sentido de Estado" y la "prudencia" a la complicidad no hay más que un paso. 

La Gürtel y el PP, a juicio.

Orgulloso Palinuro de estos jueces, que se guían por la Justicia y no por el favor del Príncipe, aplaza a mañana un comentario más pensado sobre la apertura de juicio oral a esta gavilla de perillanes y padres de la Patria.

Pero una pregunta de urgencia lo inquieta y lo lleva a garabatearla aquí, por si alguien sabe algo más: ¿quien va a defender al PP directamente acusado? ¿O no necesita defensa? Y ¿quién va a representarlo físicamente? ¿Rajoy? ¿Por plasma?

La obligada moción de censura.

Que un país normal no puede estar gobernado por un corrupto al frente de un gobierno corrupto sostenido por un partido corrupto es la evidencia misma. En España, sin embargo, es al revés: un personaje presuntamente corrupto preside un gobierno presuntamente corrupto y apoyado en un partido que también lo es. Y no hace poco tiempo, unos meses o unos años, sino hace diez, veinte años. Es una corrupción, un robo, un saqueo sistemático, hace ya mucho, demasiado tiempo.

No lo dicen los analistas o comentaristas, los observadores o adversarios políticos, siempre parciales. Lo dicen los jueces que, frente a las maniobras de obstaculización y sabotaje de la justicia de estos delincuentes capaces de todo, llevan adelante su tarea con integridad y valor moral. Son los jueces los que plantean la cuestión de si el PP es en verdad un partido político o una asociación de malhechores, organizada para delinquir. Y, ante esta posibilidad, ya abierta hace más de tres años, cuando estalló la Gürtel, Rajoy, su gobierno, sus colaboradores, hubieran debido dimitir y ponerse a disposición de la justicia.

En lugar de eso, hicieron lo contrario: se enrocaron, se negaron a hablar, a dar explicaciones, a rendir cuentas. Obstaculizaron cuanto pudieron la acción de la justicia, destruyeron pruebas, mintieron al parlamento, lo ningunearon, echaron mano de todo tipo de triquiñuelas, recurrieron a fraudes procesales y trampas para evitar que se conociera la verdad. Su acción de gobierno en estos tres años ha consistido en salvarse procesalmente de una acusación formal apabullante y que está ya en puertas pero que han tratado de ocultar por todos los medios, engañando, confundiendo y mintiendo sin parar.

Es inadmisible que en un país que obliga a los de Podemos a mostrar hasta el recibo del gas, el presidente del gobierno todavía no haya aclarado si cobró o no sobresueldos, por qué importe, por qué motivo y procedentes de qué fondos; que no haya explicado si se costeaba sus trajes y viajes o  lo hacían sus amigos delincuentes; que no haya documentado cómo se abonaron los actos electorales que prepararon sus clamorosos y falsos triunfos; que no haya aclarado la financiación ilegal de su partido; que ninguno de los enchufados de la dirección de este, varias docenas, haya dado cuenta de sus respectivos sobresueldos, sus enchufes, mamandurrias, robos, saqueos, latrocinios, incluido el expolio de Caja Madrid, que ha sumido el sistema español en la crisis actual.

Ciertamente, no un partido sino una presunta asociación de delincuentes. Desde el principio. Dirigida por gente adecuada a las exigencias y necesidades: Aznar, un déspota corrupto; Rajoy, un sinvergüenza; Cospedal, una embustera; Floriano, un imbécil; González Pons, un caradura; Hernando, un chulo; Arenas, un payaso. E cosí, via,, verdadera escoria intelectual y moral como Mato, Wert, Guindos, Montoro, etc.

Este gobierno de granujas y pillastres dice muy poco de la calidad europea de nuestro país y mucho en cambio de la tradición de engaño, embuste y sinvergonzonería de España como el reino de la picaresca, la oligarquía, el caciquismo, el vivan las caenas y el ¿qué hay de lo mío, ministro? Y menos dice aun que tan denigrante situación no haya sido expuesta a la luz pública y sancionada y corregida por la opinión pública, los medios de comunicación y la oposición política y hayan tenido que ser los jueces quienes descubran este pudridero de ladrones y farsantes que se hacen pasar por diputados, senadores, consejeros, ministros o presidentes.

La corrupcion del gobierno y su presidente es pavorosa, pero la cobardía de la oposición y quizá su complicidad aun lo son más. Y quede para otro día el caso de la Iglesia católica, la organización parasitaria más corrupta del sistema español.

¿Es posible que la opinión esté adormecida, los medios comprados y la oposición sea cómplice? Pues sí, es posible y bastante seguro. Pero en algún momento habrá que tomar una decisión que justifique su existencia y abra la posibilidad de una regeneración democrática que dé a la gente algo de esperanza y a los medios y la oposición una posibilidad de supervivencia. ¿A qué espera la oposición para presentar una moción de censura a un gobierno que no gobierna porque está ocupado en el expolio de los dineros públicos y en evitar su procesamiento por eso mismo? ¿A que los jueces llamen a declarar y sienten en el banquillo al presidente de los sobresueldos?

La terquedad catalana.

No parecen enterarse. O no quieren darse por enterados. Los nacionalistas catalanes siguen erre que erre queriendo separarse. Y los nacionalistas españoles eñe que eñe, poniéndoles coto, límites, barreras que los otros se obstinan en sortear o saltarse limpiamente. No se enteran de que no pueden organizar referéndums en su tierra; ni consultas. No pueden llamarse a sí mismos "nación" si con eso pretenden ladinos "efectos juridicos". O deportivos. No pueden tener una selección nacional de fútbol, pero sí un Museo Nacional de Arte de Cataluña y una Orquesta Nacional de Cataluña. La cultura, al parecer, no tiene "efectos jurídicos". No pueden organizar su sistema educativo como quieran. No pueden hablar en catalán en el congreso. No pueden tener representaciones exteriores de fuste. Pasado el Ebro, no son catalanes, sino españoles. Allende los Pirineos, también. Eso dicen sus documentos de identidad.

Ahora, si son jueces, tampoco pueden redactar proyectos de Constitución de entes imaginarios como una República Catalana. El juez Vidal queda fuera de la carrera por eso. No dudo de que la decisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estará impecablemente ajustada a derecho. Si no lo estuviere, ya se lo harán ver.

Al margen de estas cuestiones, que se ventilarán sin duda en su momento, el asunto tiene unas implicaciones políticas de largo alcance. La decisión del órgano de vigilancia de los jueces ha sido contundente y veloz y contrasta con la lentitud e incluso dejadez en otros casos. Pero, sobre todo, es obvio que se trata de algo ideológico. ¿Qué pasaría si, en vez de llamarlo "proyecto" de Constitución, Vidal lo hubiera llamado "Utopia de Catalunya Lliure"? ¿En dónde están los límites que hacen de una obra del espíritu una creación literaria o un documento para la comisión de una delito? Aceptar esto nos lleva peligrosamente cerca del juicio de intenciones.

Dicen los guardianes del orden que se trata de un proyecto ideológico partidista. Y los jueces no pueden pertenecer a partidos. Ideológico es seguro; partidista, falso. El popio Vidal ha señalado en repetidas ocasiones que tras su iniciativa no hay partido alguno. Añadase a ello que la medida tomada contra él lo ha sido por un órgano que ve bien que el presidente del Tribunal Constitucional haya militado activamente en el partido del gobierno. En el caso de Vidal no hay partido y lo de la ideología no es algo que los jueces tengan prohibido, según se colige de que estén organizados en tres asociaciones profesionales separadas por razones ideológicas. Resumen aparente, si eres juez y tienes un problema ideológico, solo te pasa algo si eres catalán.

La indiferencia, desconocimiento e irresponsabilidad con que el nacionalismo español -especialmente enraizado en la judicatura- se enfrenta a la cuestión catalana, que es la cuestión española, son asombrosos.

Moción de censura y retirada al Aventino.

El señor Rajoy ha estado presuntamente veinte años cobrando sobresueldos de procedencia dudosa. Según parece, también se benefició de las dádivas y pagos en especie que derramaba generosamente la Gürtel entre sus benefactores: trajes, corbatas, relojes. Todo en el mejor estilo valenciano de la inimitable señora Barberá y el Curita, o sea, el señor Camps, a quien el presidente prometió en un mitin que 'Siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado', una más de sus falsas promesas porque hoy no quiere ni verlo.

Igualmente apoyó públicamente al delincuente Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, hoy cumpliendo condena en la cárcel, y a quien calificó de ciudadano y político ejemplar para el PP. Algo parecido con el también recluso Matas, expresidente del PP de Baleares al que prometió que vamos a hacer en España lo que Matas hizo en Baleares, otra promesa que hasta a él interesa que sea falsa. A estas alturas, el presidente tiene más amigos, ejemplos y modelos en la cárcel que fuera de ella.

Rajoy ha sido secretario general y presidente de un partido al que el juez y la fiscalía acusan de haberse financiado ilegalmente durante veinte años, haberse lucrado con el producto de presuntos ilícitos, haber estado repartiendo sobresueldos ese tiempo y todo ello a través de una contabilidad paralela, opaca, fraudulenta a la que se conoce como caja B. El presidente sigue negando la existencia de dicha caja, aunque tanto el juez como el fiscal y la abogacía no dudan de ella.

Es decir, es muy posible que, en su famosa comparecencia en el Congreso de 1º de agosto de 2013, el presidente mintiera al negar tajantemente caja B alguna en el partido. Como quiera que el hasta ahora innombrable Bárcenas insiste en sus acusaciones, Rajoy ha vuelto a negar en la televisión aunque ahora menos tajantemente, afirmando que ni él ni sus colaboradores más cercanos sabían nada de la tal caja B y que, si esta existe, será de propiedad exclusiva de Bárcenas, aseveración que invalida el SMS que envió al extesorero del PP en la cárcel, Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos.

Mentir en sede parlamentaria es lo más grave que puede hacer un político en democracia porque supone defraudar la confianza del conjunto de los ciudadanos que depositan su soberanía en la cámara. Por ello, la oposición cumple con su deber cuando exige la comparecencia del acusado en el Congreso a dar explicaciones de la caja B. Sin embargo, el PP anuncia que hará valer su aplastante mayoría absoluta para impedir tal comparecencia con el argumento de que el presidente ya dio las que tenía que dar en su día. Pero en su día lo que hizo Rajoy presuntamente fue mentir. Esa negativa basada solo en la cantidad es la enésima prueba de que el Parlamento no sirve literalmente para nada en cuanto a su función de control del gobierno. Tampoco sirve en su función legislativa, pero ese es ahora otro asunto.

Así que, reducida a la impotencia, ninguneada, ignorada la oposición en el ejercicio ordinario de su función de control, no le queda más remedio que recurrir al ejercicio extraordinario. Debe plantear una moción de censura. Ya se sabe que la perderá pero es la única forma de obligar al presidente del gobierno a comparecer en el Parlamento a dar las explicaciones que los ciudadanos merecen y responder a las acusaciones y críticas de la oposición.

Pasada la moción de censura e informada la opinión pública de cómo están las cosas en un asunto por razón del cual el presidente debiera haber dimitido hace años, si la mayoría del PP sigue bloqueando las iniciativas parlamentarias, la oposición debe plantearse otras acciones. La más contundente, a juicio de Palinuro, sería una retirada al Aventino, esto es, la oposición no puede seguir legitimando con su presencia la deriva autoritaria y dictatorial del Parlamento, sino que debe ausentarse de sus sesiones, en tanto un presidente absolutamente deslegitimado por su actuación no presente su dimisión.

Las virtudes de Bárcenas.

Según algunos medios, las primeras declaraciones de Bárcenas, al estrenar su semilibertad, son irónicas o cínicas o sarcásticas. "Le he hecho caso a Rajoy, Luis ha sido fuerte". Husmean la amenaza. Desde luego, el empleo de la tercera persona resulta algo extraño. Es como si Luis Bárcenas autor hablara de Luis Bárcenas personaje, un poco al estilo de Pirandello. Solo el tiempo dirá si se trata de una licencia literaria o, durante los 19 meses de prisión, el hombre ha sufrido un desdoblamiento de la personalidad y seguirá hablando de sí como si fuera otro. La declaración subsiguiente "el PP no tiene nada que temer" justo cuando en ese partido no les llega la camisa al tiempo, sí que suena como a reto. No es agradable la visión de un futuro en el que el destino de tanta gente importante dependa de lo que declare un hombre de cuyo nombre nadie quiere acordarse.

Pero no hay lugar. La excarcelación de Bárcenas y las maniobras procesales de este pueden posponer la apertura de la vista oral hasta después de las elecciones de noviembre. Justamente la jugada táctica de La Moncloa. El mensaje por SMS de Rajoy, Luis sé fuerte adquiere ahora su significado y, rendido a sus pies, Bárcenas reconoce haberlo sido, haber sido fuerte. La fortaleza que Rajoy le pedía en su SMS es la tercera virtud cardinal de la Iglesia. Las otras, Prudencia, Justicia y Templanza, ya habrá tiempo de practicarlas. La Justicia puede esperar, puesto que la Esperanza es, a su vez, una de las tres virtudes teologales.

 

La Templanza quizá sea ahora la más sometida a tensión. Porque si Bárcenas ve que lo tratan como a un apestado, que no le dejan salir por la tele, que lo criminalizan, puede perder los nervios y hablar. No es imprescindible que lo lleven a las tertulias a pontificar sobre las cuestiones de actualidad, aunque tendría mucha audiencia, pero a lo mejor no conviene acorralarlo.

 

Un partido y un gobierno pendientes de lo que pueda decir o dejar de decir un presunto delincuente en libertad bajo fianza.

 

Es deprimente.

Llegan los carnavales.

Con 200.000 euros de vellón se ha redimido transitoriamente al cautivo Bárcenas, preso hasta ahora en las mazmorras del Reino. Reunir 200.000 machacantes en 48 horas no es fácil, salvo que seas impecune, insolvente y no tengas para pagar el metro pero sí una libreta con nombres de antiguos conmilitones del PP.

Ha salido bramando como un toro del toril y emplazando al PP a querellarse contra él si lo acusa de sustraer dinero del partido. Pero, ¿de dónde venía ese dinero que el innombrable habría sustraído siendo tesorero? Está claro: de la caja B que el mismo Bárcenas reconoce por videoconferencia que administró. Pero Cospedal sostiene que esa caja B no existió nunca y, si lo hizo (porque es difícil negarlo, hasta para Cospedal) era de ese señor Bárcenas. Es decir: se querella por la sustracción de un dinero de una caja que nunca existió o pertenecía al querellado a quien, al parecer, se acusa de robarse a sí mismo. Pura lógica cospedaliana.

Alto ahí. Los malandrines siempre llevan su merecido. La doctrina de que en el PP no hay más caja B que la B de Bárcenas procede de más arriba, del mismo Rajoy, aunque él no dice "Bárcenas", porque se lo ha prohibido el médico, y dice "ese señor". Nada. No hay caja B en el PP. Los sobresueldos se pagaron en A. Es curioso, sin embargo, que hasta la abogacía del Estado, del Estado de Rajoy, da por cierta la existencia de la caja B. Es igual, no hay caja B.

No habrá caja B, pero una de las acusaciones particulares en el proceso, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, pide que Rajoy testifique. Tendría que testificar sobre la existencia de algo cuya existencia niega y hablar de alguien cuyo nombre ha olvidado. "Esa persona de la que usted me habla, además, ya no es miembro del partido", como si eso significara algo.

A Bárcenas no lo reconoce hoy ni uno de sus antiguos amigos, beneficiados o compinches. A él, que fue gerente, tesorero, senador, un prohombre de la Patria. No se acuerdan ni de su nombre ni saben quién fue o quién es. Y, sin embargo, cuando comenzó a cantar, todos se querellaron contra él: Aznar, Ana Palacio, Cospedal, hasta el PP, ¡por vulneración del derecho al honor!. Todos, no. Rajoy amenazó con hacerlo, pero no lo hizo. En lugar de ello le envió un SMS aconsejándole fuerza. Los demás retiraron discretamente las querellas o las perdieron. Y así se hizo el silencio sobre Bárcenas, ese toro que sale bramando a punto de los carnavales.

Si no es Bárcenas, es la Gürtel y, si no, las dos juntas, pues cometieron, al parecer, numerosas fechorías al alimón. Cuando las cosas se aceleran, todo se mezcla, la farsa, la burla, la comedia. Vuelan los sobresueldos, se cruzan con los trajes, los viajes, las dádivas, comisiones, donaciones o mordidas. Todo es un lío y hasta hay que duplicar los disfraces. Así resulta que, según El Mundo, los testaferros de Bárcenas eran los de González, el del ático. Hasta los testaferros tienen que pluriemplearse para malvivir.

¿Es de recibo un país cuyo presidente del gobierno pasa el tiempo defendiéndose de muy verosímiles acusaciones o negando la evidencia que es incriminatoria hacia su persona? ¿Un país en el que el presidente niega un hecho que la abogacía del Estado afirma? ¿Un país en el que ese presidente del gobierno lleva tres años negándose a admitir su responsabilidad política por la que tendría que haber dimitido desde el comienzo de su mandato?

Bueno, pues según Rajoy, esto es una gran nación.

Teoría del Jaguar.

El país vive una orgía de corrupción. Las noticias del día a día son espeluznantes. Granados, en la cárcel anda escribiendo en una misteriosa libreta vaya usted a saber qué maldades. Están los dirigentes del PP sobresaltados y en ascuas pues no creen que sean reflexiones filosóficas al estilo de Boecio o de corte más religioso como las de Silvio Pellico. El innombrable Bárcenas, a punto de calle con una fianza de 200.000 euros. Este ya entró en la cárcel con los cuadernos escritos y, al parecer, el PP espera que no hable o no demasiado. Otro alto cargo de la Comunidad de Madrid, Victoria, resulta salpicado, según reza la prensa, en la operación "Púnica", o Médica o de la guerra de Peloponeso, que se van a acabar los nombres. La corrupción tiene anegado al PP. No sé cuántos cientos de altos cargos del partido llevan diez o doce años cobrando suculentos sobresueldos pagados con los dineros presuntamente ilegales que allegaba Bárcenas del rebaño empresarial de parásitos de lo público. En algún serio periódico alemán se dice que la corrupción en España es endémica. No es que el PP sea incompatible con la corrupción, como afirmaba Aznar, sino que es tan inseparable de ella como de su sombra.

La corrupción es la sombra misma del PP. Por eso está dispuesto a vendérsela al diablo, como hizo Peter Schlemihl a cambio de una fortuna. Al fin y al cabo, ya queda poco por vender. Vender la sombra al diablo trae consecuencias incómodas. Pero a medio y largo plazo. A corto plazo, al haber perdido la sombra, al no manifestarse esta ni a pleno sol, el señor Floriano puede decir tranquilamente que el PP no se enteró de nada sobre Gürtel y la 'caja b'. No veía su sombra, claro, porque no estaba. Esta invidencia, esta inconsciencia es una especie de mal de la memoria y del entendimiento generalizado y contagioso. Afecta a muy señaladas personalidades de la vida pública: la exministra Mato, la Infanta Cristina, la esposa de uno o dos de estos pillastres que andan de cárcel en cárcel y de juzgado en juzgado o los mismos pillastres entre sí. Ninguno sabía nada, no recordaba nada, no tenía constancia o conciencia de nada. Estaban en la inopia. 

El pueblo, irreverente por naturaleza, se toma a guasa tanto desconocimiento y directamente a pitorreo las comparecencias públicas de Floriano negando lo evidente en la espera de que algún día niegue llamarse Floriano o hablar en nombre del PP. Es falta de cultura y respeto. En realidad, Floriano es el último representante de la tradición pirrónica de la filosofía española, cuya cumbre fue el médico del siglo XVI/XVII, Francisco Sánchez, autor de una obra genial, Que nada se sabe. Al fin y al cabo, oigan, si un genio como Sánchez (el médico), a quien muchos consideran inspirador de Descartes, dejó dicho que nada se sabe, ¿quién es Floriano para quitarle la razón? Nada se sabe. De la Gürtel, ni de la caja B, ni de nada.

Es como esas burlas permanentes sobre el hecho de que la exministra Mato no viera un Jaguar en su casa y que ahora se multiplicarán porque, según Floriano, el PP no solo no ve un Jaguar sino flotas enteras de Jaguares, viajes a los paraísos fiscales y quién sabe si artificiales. Vulgaridades, propias de patanes incapaces de apreciar que tanto Mato como Floriano y, con él, el PP en pleno son los últimos representantes del idealismo subjetivo en la formulación más lograda del obispo Berkeley: esse est percipi, es decir, el ser tiene que ser percibido. Si no percibo, si no veo algo, ese algo no existe. ¿Está claro, chusma? La exministra no ve el Jaguar, luego el Jaguar no existe. Floriano con sus dos ojos y el partido con sus diez mil no ven la Gürtel ni la caja B, luego la Gürtel y la caja B no existen.

 

El Jaguar invisible, la Gürtel invisible, España es el país de la invisibilidad. La existencia de la caja B, presunta ubre generosa de la que manaron sobresueldos, incluidos los del presidente del gobierno, fue enfáticamente negada por este en sede parlamentaria. La caja B es más difícil de encontrar que la caja negra de un avión estrellado en el mar. Rajoy no vio lo que hacía su mano derecha, Bárcenas, porque este usaba la izquierda para la caja. Y la dama Cospedal no ha visto 12.000 metros cuadrados de su propiedad. La señora Aguirre no vio la Gürtel ni la colección de supuestos granujas de la que se rodeó que llevaban años llenándose los bolsillos. Tampoco vio a los alcaldes de la Sierra haciendo mangas capirotes con la recalificación de terrenos, a pesar de haber recibido comunicaciones de aviso.

 

Aquí nadie vio nada, percibió nada. Luego no hubo nada.  ¿Los jueces? Bueno, bueno, qué va usted a contarme. Esos son todos socialistas que ven justamente lo que no hay.

Mirando atrás.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía en este primer proceso de la Gürtel son aterradoras. Relatan con pelos y señales comportamientos delictivos de los encausados, todos ellos dirigentes, militantes o simpatizantes del PP, durante los últimos quince años. Los cuantifican detallando el importe del botín. Y también solicitando casi 500 años de cárcel para los culpables. Presuntos, por supuesto. Todo aquí es abrumadoramente presunto. Como presunto es el PP, cada vez más aparentemente configurado como una asociación para delinquir.

Ese relato obliga a mirar hacia atrás, a esos quince años pasados que, ahora, viendo la frenética actividad delictiva de estos personajes (y los que todavía no han aparecido en sede judicial) deben reconsiderarse. Cuando se escriba la historia de 2000 a 2015 este episodio iluminará con su turbia luz numerosos acontecimientos, dándoles su auténtica dimensión. La de que el país ha estado y está gobernado por presuntos delincuentes.

¿Quién no recuerda aquella aparición de Mariano Rajoy nada más destaparse el caso Gürtel/Bárcenas, rodeado de la plana mayor del partido para desmentir que hubiera trama alguna del PP y afirmar en cambio que se trataba de una trama contra el PP? En primera fila, Arenas, Cospedal, Camps, Mato, el propio Rajoy, todos ellos presuntamente corruptos o cobradores de sobresueldos de una caja B nutrida, al parecer, con fondos ilegales producto de comisiones por chanchullos y delitos varios.

¿Caja B? ¿Qué caja B? Rajoy, Cospedal, todos a una han negado su existencia. Rajoy, incluso, en sede parlamentaria. Una inexistente caja B con la que presuntamente se financiaron campañas electorales del PP (cuyos resultados habría que anular en buena ley), se pagaron unos sobresueldos a numerosos dirigentes del partido, incluido el actual presidente del gobierno. Una caja tan generosa que incluso daba para que el amigo Bárcenas, según la fiscalía, arañara de ella unos cientos de miles de euros, además de su preceptivo sobresueldo, como es lógico.

Claro, porque, como decía Cospedal, en realidad, no era la caja y la contabilidad del PP, sino las personales del señor Bárcenas que, al parecer, no ocupaba el cargo de tesorero del partido, pues era un señor de paso. Como un buhonero. El pobre Bárcenas pasó de ser un hombre de probidad incontestable, al decir de Arenas, y un magnífico tesorero según Rajoy, a ser un precito sin nombre que nadie conocía.

La vida no es solamente conocer gente, como dicen los manuales de relaciones públicas, sino también desconocerla. Repásense las fotos de la boda de la hija de Aznar en el Escorial. Muchos de los encausados con peticiones de cientos de años lucieron allí sus mejores galas y adornaron con su intachable ejemplo aquellas piedras centenarias, testigos de glorias imperiales. Ahora resulta que no los conocía nadie; ni los novios, ni los padrinos. Se habian colado. Otros que iban de paso. De paso a la cárcel, según se ve.

¿Quién se ha olvidado de Aznar proclamando hace cuatro o cinco años que el PP era incompatible con la corrupción? A lo mejor se refería a la ajena porque la propia, la de entonces, la de antes y la de ahora, bien clara la han dejado las fiscales. Pero no hay que dudar de la buena fe del héroe de las Azores. Seguramente no la veía, como Mato no venía el Jaguar en el garaje de su casa.

Es posible que en el curso del proceso -y es solo uno de ellos- el juez llame a declarar a la señora Aguirre, presidenta de la Comunidad en la que aparentemente se cometió todo tipo de desafueros para alimentar esta maquinaria de corrupción y expolio que funcionó durante quince años como la savia que alimentaba el frondoso árbol de los gobiernos autonómicos y locales del PP. La misma señora Aguirre que, teniendo empleados a varios familiares como asesores y cosas así en distintas administraciones públicas, aseguraba que iban a terminarse las mamandurrias. Siempre las ajenas, se entiende. Todas las inauguraciones, celebraciones y actos de la aristocrática presidenta en estos años dorados tenían detrás las actividades de esta trama o las no menos pintorescas de la Fundación FUNDESCAM, cuya alma nutricia duerme hoy entre barrotes en espera de juicio por otras fechorías tan desatentas como aquellas.

Esta visión retrospectiva, este cambio de decorados de una memoria colectiva, presentada como una historia de triunfo siendo en realidad un negocio de rufianes, adquirirá tonalidades más siniestras. Los papeles de Bárcenas dan para mucho. La Gürtel tiene una extensión valenciana que no va a la zaga en punto a desvergüenza y latrocinio. Todo en torno al PP. Los casos de Blesa y Rato terminarán de poner la nota de depravación más absoluta y el proceso de Urdangarin y la Infanta añadirá la guinda del blasón.

Al margen de lo que establezcan los tribunales, aquí lo esencial, políticamente hablando, son los sobresueldos de procedencia ilícita como práctica habitual y generalizada en el PP. Porque, si Ana Mato y hasta el PP mismo han de responder de la acusación de ser beneficiarios a título lucrativo de unos presuntos delitos, esa acusación ¿no puede formularse a todos los que hayan cobrado sobresueldos? 

Viene a la memoria un presidente Nixon, ya acorralado por el Watergate, afirmando a la desesperada en la televisión que I'm not a crook (No soy un delincuente). Luego resultó que sí lo era. ¿Se recuerda a Rajoy diciendo que no iba a dimitir a causa de Bárcenas porque soy recto y una persona honrada? Por supuesto, la presunción de inocencia es incuestionable.

Miremos ahora un poco adelante.

Quedan diez meses hasta las elecciones generales. Ocho hasta las catalanas.

¿Está este gobierno en situación de afrontar la cuestión catalana?  

El muerto al hoyo y el vivo al voto.

Ayer, en la Pablo de Olavide, intervención de Zapatero y coloquio posterior con el juez Garzón y otros. Tema: la Comisión de la Verdad. Zapatero dice que no sería "acertado" crear una Comisión de la Verdad, convencido de que mantener un "punto de templanza" es una "gran virtud".

¿Por qué no sería "acertado"? Porque hay que mantener un punto de "templanza". Se entiende lo que el expresidente quiere decir: un punto medio. Hay una larga tradición que honra esa posición del "justo medio", la templanza. Desde Aristóteles hasta hoy, pasando por Montesquieu. El justo medio. ¿Entre qué y qué? Entre los vencedores de una guerra que edificaron un "orden" victorioso que, en muchos aspectos, subsiste y los vencidos, que todavía no han podido recoger a sus muertos y, por lo tanto, no han recibido justicia. Es decir, el punto medio entre la justicia y la injusticia. Quizá exista ese punto medio, pero jamás será justo.

Supongo que, con la mejor intención del mundo, Zapatero es partidario, lo ha demostrado, de un acuerdo de mínimos que, salvando algún tipo de resarcimiento de las víctimas, permita pasar página, no agitar lo ánimos y proceder en interés de la estabilidad, la convivencia y, en definitiva, la unidad de la nación española. No hay motivo para dudar de su buena intención. Pero sí se le puede plantear una objeción: no creo que una nación pueda erigirse sobre una injusticia. O, por decirlo en términos más familiares por estos pagos: la reconciliación no podrá producirse mientras quienes se identifican con los vencedores sigan negando a los vencidos el derecho a recoger a sus muertos y honrar su memoria. Que las víctimas de la represión franquista sigan en los hoyos en que las metieron los victimarios no es defendible. Sobre eso no puede construirse nada.

No he leído los argumentos de Garzón que, seguramente, serán mejores que los míos pero algo es claro. Solo una Comisión de la Verdad debidamente legitimada y bajo auspicios internacionales, puede restablecer las bases para articular una convivencia democrática en España. El país tiene que mirarse en el espejo y reconocerse en su pasado. El argumento de Zapatero de que las democracias no tienen una verdad "oficial", que reproduce otro idéntico, formulado hace unos días por un ilustre miembro del PP, y que por ello no ha lugar a la Comisión de la Verdad, tiene un defecto: que el país vivió cuarenta años con una verdad "oficial" que nadie ha desmentido y, aunque cuestionada desde el ámbito publicístico y el académico, no lo ha sido en el ámbito judicial ni en el político ni en el de la vida práctica ni se ha admitido iniciar procesos que, contradiciéndola, alienten el pluralismo democrático de verdades que, al parecer, se propugna. Ni siquiera se permite allegar las pruebas necesarias para que esos procesos se consoliden. Los muertos se quedan en los hoyos porque los vivos están más interesados en los votos.

El debate sigue hoy, al parecer, entre el expresidente y el exjuez. Casi se diría, un debate de "ex". Se oirá poco en la campaña electoral porque los partidos le temen. Dejad que los muertos entierren a los muertos, dirán, y nosotros vamos a lo nuestro.

Las elecciones. En el PP están ya lanzados. Han puesto de responsable de la campaña a Carlos Floriano pero le han colocado un vigilante nombrado portavoz que trae pedigree de FAES. Están seguros de que van ganando, según dicen sus encuestas. Las de los demás los dan perdedores. En esas condiciones, ¿a quién creería usted? A las nuestras, a buen seguro. Las otras las cocina el enemigo. Además, ¿qué van a salir diciendo? ¿Que van a perder? Eso no lo dice nadie. Ellos van a ganar. Sus fórmulas son simples: El PP o el caos y el PP o la nada, de esas con pegada. Enfrente tienen un panorama de desunión y enfrentamiento, incluso un verdadero guirigay y un proceso soberanista en marcha en Cataluña, cuyo impacto en las elecciones municipales y, desde luego, las generales, dan por descontado a su favor. Único motivo de preocupación, el súbito ascenso de Ciudadanos en el ámbito español. Ya hay quien habla de un Podemos de la derecha, en donde tendrán su parte consideraciones personales sobre el porte, el verbo, la imagen de respectivos lideres, Iglesias y Rivera. ¡Ah, las generaciones, Rajoy! Repentinamente te has convertido en el viejuno de la política española y, contigo, tu fiel escolta, empezando por ese Floriano que parece un entrenador de equipo de fútbol de barrio y da la impresión, como todos ellos, de saber tanto de las redes sociales como de la Atlántida.

El campo de Agramante está en la izquierda y agitado. Ese lío de la candidata de IU de Madrid tiene una pinta fatal y, luego de la dimisión del responsable de la Comunidad, creo, Eddy Sánchez, vaticina más lío. No es que estas situaciones tan problemáticas sean excepcionales en IU. Al contrario, son relativamente frecuentes. Pero no sé si al extremo de oscurecer el proceso de consolidación de un nuevo liderago con Alberto Garzón. De la convergencia con Podemos ya no va a hablarse gran cosa.

 

La cuestión es ahora la lucha por la hegemonía entre Podemos y PSOE. Poco a poco van fijándose posiciones. El PSOE, que pierde votos por la izquierda, tiene, entre otras, dos opciones: tratar de recuperarlos formulando un discurso más a la izquierda que el que ha tenido hasta la fecha o aceptar la pérdida y modificar el discurso más mirando a los votantes de centro. Zapatero parece más inclinado al centro; Sánchez, a la izquierda.

 

Me atrevería a decir que el reto del PSOE es formular un discurso socialdemócrata propio, diferenciable y, sobre todo, nuevo; uno que concilie el restablecimiento de la justicia social con la flexibilidad de la organización económica, la productividad y eficiencia coordinada con la redistribución. No tiene que ir a la busca de votantes. Tiene que articular un discurso y unas propuestas que los votantes busquen. Tiene que  hacer lo que ha hecho Podemos, hablar lo que la gente quiere escuchar. Y ahí su reto es muy duro porque los de Podemos son verdaderos maestros.

 

En un punto coincide el desconcierto de la izquierda española y es el catalán. Es urgente que las dos formaciones tomen posición sobre lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. No en un futuro incierto, para después de las elecciones generales, sino aquí y ahora.

El derecho a la Justicia.

El gobierno ha encargado a un grupo de expertos un informe acerca de cómo adecuar la legislación española a las insistentes recomendaciones de los organismos internacionales, en especial la ONU, sobre el tratamiento de los derechos humanos en España. Los expertos lo han redactado y entregado pero, al parecer, el gobierno lo ha censurado o secuestrado. Ahora los autores anuncian que lo publican en la editorial valenciana Tirant Lo Blanch, mi editorial. Aplausos entusiastas. Y pitos a un gobierno que tiene miedo a todos los papeles, los de Bárcenas, los de los jueces, los de los expertos y académicos, aunque por razones distintas.

Dicen los expertos que el gobierno está obligado a adaptar el ordenamiento español a los mandatos internacionales en la materia citada, la universalidad de la justicia penal, la imprescriptibilidad del delitos de genocidio y otros aspectos más concretos y también decisivos como la tipificación del delito de secuestro de niños, la aplicación de la pacata ley socialista de la Memoria Histórica, la derogación o inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977, algunos de los cuales condujeron a la injusta exclusión del juez Garzón.

En definitiva, dicen al gobierno que está obligado a hacer justicia a las víctimas del franquismo. A hacer lo que mis colegas llaman justicia postransicional (Paloma Aguilar).

Y el gobierno, obviamente, no quiere. Si se le presiona seguirá tratando de evadirse con formalidades, como la Ley de Amnistía. No siendo eso, echará mano de excusas morales, sentimentales, falsas, del tipo de que "no hay que reabrir heridas". En el fondo, esta es la cuestión. Una cuestión de lenguaje sobre la que hay que ponerse de acuerdo. Este gobierno, tan presto a reconocer la condición de víctimas de las del terrorismo, de Melitón Manzanas o Carrero Blanco, ¿reconoce asimismo la de los asesinados y enterrados por decenas de miles en fosas anónimas en toda España?

Hasta la saciedad se ha dicho: España es el segundo país del mundo después de Camboya con más asesinados en las cunetas. ¿Cree el gobierno que son víctimas y debe hacérseles justicia, desenterrarlos, devolvérselos a sus familiares, buscar y castigar o, cuando menos, identificar a los responsables?  ¿Sí o no?

No habrá respuesta. Si acaso, la melopea de que en la guerra ambos bandos cometieron crímenes. ¿Y los de la posguerra? Esos le importan una higa, como demostró recientemente el diputado Hernando, hoy portavoz del grupo parlamentario del PP al decir que algunos solo se acuerdan de su padre cuando hay subvenciones para buscarlo, una monstruosidad agravada por el hecho de que justamente su gobierno ha suprimido las subvenciones. O menos que una higa. Quizá hasta se merecían que los asesinaran, según el alcalde del PP de Baralla.

¿Hacemos las cosas bien por una vez en la vida? Se condena el franquismo, se ilegalizan todas las asociaciones franquistas, sus fundaciones y hermandades, se suprimen todos los reconocimientos honoríficos al dictador, se hace justicia a las víctimas, se desentierra a los muertos, se devuelven a sus familiares, se identifica a los responsables, se busca a los niños secuestrados y se notifica a sus progenitores.

O sea, se reconoce el derecho de la gente a la justicia.

Mientras tal cosa no se haga, llamar "gran nación" a esto es de risa.