Los dos frentes

El analista político español, si quiere atender a su oficio, acaba esquizofrénico. Vive en un país que, en realidad, es dos y mal avenidos. En cada uno de ellos, la dinámica política es distinta, los objetivos, los intereses, los partidos, hasta las palabras tienen diferentes significados: nación, soberanía, pueblo, democracia, ley, etc, términos esenciales en la política. Así son las cosas: dos realidades, dos países y menos mal que explícita o implícitamente se reconoce pues, hasta hace poco, el gobierno de España consideraba que el movimiento independentista catalán era una algarabía. 

Dos realidades, dos países que, además, en buena medida, se ignoran entre sí, al menos por la parte española. No estoy nada seguro de haber visto esta noticia de elMón.cat en ningún periódico español. Y tiene su importancia. El presidente saliente del Tribunal Constitucional reconoce que el conflicto catalán no puede resolverse en el marco de la Constitución que él estaba hasta hace poco encargado de interpretar. Hay que acudir, añade, al diálogo político, vulgo, negociación, eso de lo que Rajoy no quiere oír hablar. 

Por cierto, esta lúcida doctrina podría haber orientado sus decisiones en el Tribunal, en lugar de prestarse a servir de brazo ejecutor de la política del gobierno sabiendo, además, que era contraproducente. Y tanto más lamentable cuanto que descarga su conciencia en su alocución de despedida.

Proceso al proceso

El proceso penal contra Mas, Rigau y Ortega es un proceso político disfrazado de judicial. Lo niegan sus defensores, asegurando que se condena a los tres exmiembros del Govern por desobediencia a una prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Pero dicha prohibición tenía un innegable carácter político en referencia a la realización de la consulta del 9N promovida por los independentistas ante la negativa del gobierno español a permitir la realización de un referéndum. Es un proceso al independentismo, como lo demuestra asimismo que no es, ni será, el único. Detrás vienen los del diputado Françesc Homs y el muy simbólico de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán. Y detrás, los que se incoarán indefectiblemente a sus sucesores en los cargos si estos son inhabilitados. De todo ello se trata en mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Contra la indepèndencia, sentència y cuya versión castellana transcribo aquí:

CONTRA LA INDEPENDENCIA, SENTENCIA.

El debate es si el proceso de Mas, Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro, que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y esconder la mano.

Una estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba, principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.

El gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral. Un juicio que los españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.

Así las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán. Hay pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla, pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos en España.

Frente a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto, podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.

La sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española) se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad catalana.

Todo el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de Cataluña.

Si Mas fuera escocés

Al día siguiente de conocerse la recomendación de la comisión del Consejo de Europa de reconducir la reforma de la LO del Tribunal Constitucional a los términos de la apariencia, cuando menos, del Estado de derecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación y una elevada multa, haciendo lo mismo en congruas partes con las señoras Rigau y Ortega, todos tres por desobediencia. Absueltos del delito de prevaricación.

Se trata de una condena por unanimidad, para dar idea de fuerza, pero de mínimos para darla de magnanimidad. Tan mínimos que el fiscal sopesa la posibilidad de recurrirla pidiendo condena por prevaricación. El carácter mínimo de la pena es una implícita confesión de inquietud ante la naturaleza del proceso mismo. Un proceso político contra el independentismo disfrazado de procedimiento judicial. Proceso político/proceso jurídico son los términos del conflicto, por lo demás irresoluble porque lo que es para unos no lo es para los otros.

Aparte de los argumentos técnicos, hay un dato fuerte a favor de la tesis del proceso político: es insólito que el gobierno de una CA arrostre un proceso penal por razones estrictamente políticas. Por razones de derecho común hay algún presidente autonómico en la cárcel. Pero eso es otra cosa. Y todavía más insólito que, siempre por razones políticas, se esté dispuesto a llevar el asunto hasta Estrasburgo, un paso más en la internacionalización del conflicto, que es un objetivo del independentismo. Pero la de mayor calado es la necesidad que se dará de seguir inhabilitando cargos públicos que, a su vez, como señala la comisión del Consejo de Europa, quizá no acepten la inhabilitación. Y es la de mayor calado porque la alternativa a inhabilitar series enteras de cargos públicos de la Generalitat es recurrir a la legislación de excepción, cosa que ya advierte el gobierno.

Al propio tiempo se da la noticia de que Escocia pedirá permiso de nuevo a Westminster para hacer un segundo referéndum en la patria de John Knox. Si Mas fuera escocés, tendría el asunto fácil: encabezaría el movimiento por la independencia de Escocia, habiendo antes vencido la muy previsible resistencia de la primera ministra, May que, sin embargo, tiene poca fuerza dado el precedente que sentó Cameron. Y obtendría la independencia o se repetiría el resultado negativo del referéndum anterior. En democracia nunca se sabe cómo van a salir los referéndums.

Pero Mas no es escocés ni España, el Reino Unido. Aquí se dijo desde el principio que no al derecho de autodeterminación de los catalanes porque no, por asunto de principios. Frente a esta negativa, de nada sirven los ejemplos escocés o quebequés, precisamente porque es un asunto de principios: no, porque no. Los dos argumentos esgrimidos hasta la saciedad por Rajoy no son serios: uno es el de la igualdad de todos los españoles que es, simplemente, mentira: el otro, que no se negocia con la soberanía del pueblo español que es, simplemente, falso pues nadie pide eso, sino que el soberano pueblo español -a través de sus representantes o a iniciativa propia- negocie la soberanía del catalán. Los castellanohablantes harían lo mismo si en la península fueran los catalanes quienes predominaran como ellos lo hacen ahora.

Esa sentencia pone el proceso independentista en un camino de no retorno, dado que lo más lógico es pensar que no habrá referéndum pactado. Pero lo irresponsable no es la sentencia sino el procedimiento en sí.

López quiere "parar máquinas"

A buenas horas, mangas verdes. A cinco meses de la realización del referéndum en Cataluña, el candidato a la SG del PSOE, Patxi López, visita Cataluña. se asusta y empieza a decir que hay que parar máquinas ante del choque de trenes para darnos tiempo y encontrar una solución. Sobre eso, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Parlar per parlar. Cuando el independentismo lleva años pidiendo diálogo y negociación sin obtener otra cosa que burlas, desplantes, silencios y un cierre total, ahora que ya la cuestión nos aboca a una confrontación, se acuerda el vasco de la necesidad de "ganar tiempo" para encontrar una solución. Rápido no es el pavo. A lo mejor por eso se presenta candidato al PSOE. En la misma tónica, aunque con varios grados más de estupidez, la vicepresidenta del gobierno advierte de que la aprobación de la vía rápida de la desconexión en la mesa del parlamento es una huída hacia delante y que la Generalitat vive "una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes". De catalanes sabe este gobierno mucho. No en balde su partido gobierna en un municipio de los 900 que hay en Cataluña; un conocimiento que puede medirse en un 1/900 de la realidad catalana. Abrumador, como siempre con la derecha. No se preocupen López y Sáenz, Sáenz y López. La hoja de ruta irá adelante y los catalanes conseguirán ser lo que quieran ser gracias a su propio esfuerzo. Ojalá los españoles pudieran decir lo mismo.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Hablar por hablar

En su precampaña a las primarias del PSOE, Patxi López ha hecho escala en Cataluña y ha hablado de la “cuestión catalana”. Muy típico de los políticos españoles: hablar de Cataluña cuando están en ella, pero nada más. El resto del tiempo, cuando están en España, es como si Cataluña no existiera. Creen que pueden proponer un futuro para el conjunto del país sin contar con los catalanes. Grave error.

En Cataluña se hacen las propuestas y en Cataluña se quedan sin que nadie las recoja o actúe en consecuencia. López vino a Cataluña a decir que es preciso parar las máquinas para evitar el choque que muchos vaticinan y darse tiempo para buscar una solución. Parece una actitud equidistante, arbitral, prudente, respecto a dos partes en igualdad de condiciones. Solo que no están en igualdad de condiciones. La hoja de ruta, las máquinas son la única garantía con que cuenta el independentismo, su única posibilidad de imponerse. Si las para, desaparece.

En el gobierno central hay más opciones. Además de las máquinas que puede parar (los procesos judiciales, por ejemplo) puede poner en práctica medidas políticas y abrir vías de negociación, cosa que no ha hecho hasta ahora. Pero eso es asunto suyo.

El alcance de la petición de López de “parar máquinas” se observa en su propuesta de reconocer a Cataluña como nación “cultural”. Un verdadero anacronismo, poco atento al estado de las posiciones hoy día en un proceso de crisis constitucional. Reconocer una evidencia para no reconocer una necesidad: que Cataluña es una nación política y que la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010 es un disparate jurídico y un abuso político.

Parar las máquinas para negociar es algo que el nacionalismo español debió hacer mucho antes de la actual hoja de ruta, quizá a raíz de aquella sentencia o de las reacciones posteriores. Pero, para eso, se hubieran necesitado dirigentes capaces de comprender lo que estaba pasando.

Sin duda, el gobierno central tiene muchas máquinas para parar. Los procesos judiciales los primeros, sobre todo porque no son tales, sino puros juicios políticos disfrazados de actos jurídicos. Las presuntas actividades de guerra sucia del Estado contra el independentismo y contra personas en concreto. La política de recentralización del Estado y estrangulamiento de la autonomía catalana.

La cuestión es qué implica el “parar máquinas”. No puede ser aplazar el referéndum porque es el compromiso de la mayoría parlamentaria catalana. En el nacionalismo español se argumenta que no es posible negociar nada cuando una condición inexcusable es la realización del referéndum o referéndum “sí o sí”. Pero no se ve por qué esta posición ha de ser más inadmisible que la contraria, la que pone como condición inexcusable la no realización del referéndum o referéndum “no o no”. De no darse esta negativa cerrada, bien podrían pararse las máquinas siempre y cuando fuera para establecer la fórmula de un referéndum pactado.

De no ser así, la petición de “parar las máquinas” es completamente irrealizable. Una de las partes, la catalana, no puede y la otra no quiere. Al carecer de toda voluntad de entendimiento con Cataluña, se cierra en una actitud intransigente, avisando de que, según se desarrollen los acontecimientos, se aplicará la legislación vigente. No hay un problema político; hay un problema judicial y de orden público. La parsimonia del gobierno central en todo lo referente a Cataluña apunta a la voluntad deliberada de dejar que los acontecimientos lleguen a la confrontación institucional y ver a continuación, que vía represiva resulte la más adecuada según sea la reacción.

Ante la parálisis del nacionalismo español, la iniciativa cae de nuevo del lado del independentismo. La mesa del Parlament da vía libre a la tramitación de urgencia de la ley de desconexión. La vía está abierta, el referéndum espera. El Estado solo puede prohibirlo y la cuestión será qué reacción tendrá la sociedad catalana ante la enésima prohibición arbitraria y despótica.

La destrucción de España

Al final tendrá razón el procesado Homs en su vaticinio del fin del Estado español. A estas alturas, las mentes más lúcidas dan el referéndum por inevitable y, con ellas, mucha otra gente, aunque no lo diga. No está mal para un problema que hace dos o tres años no existía o era una mera algarabía, según el muy previsible Rajoy. Pero ya es poco. La cuestión es si, a fuerza de no transigir, no negociar, no dialogar, no proponer nada, el nacionalismo español, carente de toda iniciativa, ha hecho inevitable también la independencia de Cataluña.

Voluntad catalana no falta y la hoja de ruta de JxS con el apoyo de la CUP propone un escenario de confrontación total de aquí a breves meses. Se asume que el Estado intervendrá la autonomía catalana y que en Cataluña habrá una reacción. A partir de aquí, el territorio no está cartografiado.

El problema de fondo es la falta de proyecto del nacionalismo español, incapaz de proponer nada salvo la continuidad de una situación que disgusta a todos. Falta el proyecto porque falta el nacionalismo que ha de empujarlo. El franquismo, al apropiarse durante 40 años de dictadura los significados nacionales, deslegitimó de tal modo el nacionalismo español que este debe de ser el único en el mundo cuyos seguidores afirman siempre no ser nacionalistas de nada.

Franco murió, cierto. Pero el franquismo sigue, los franquistas siguen. Los gobernantes del PP, un partido fundado por seis ministros de Franco, nunca han repudiado de modo solemne y convincente la dictadura de la que provienen. Les van en ello intereses ideológicos y materiales considerables. Los últimos, sobre todo, unen mucho. Para formar esta clase gobernante que, como dice García Montero tiene como único negocio el Estado. Así ha sido siempre con la oligarquía española ya desde el Siglo de Oro, una clase de parásitos que vive a costa del Estado hasta que lo arruina. 

No solamente no condenan el franquismo sino que lo conservan, amparan y protegen. El Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición del juez Garzón y otros de remover los huesos del tirano del Valle de los Caídos. Léase el atinado artículo de Carlos Hernández ¿Democracia franquista? El franquismo sigue vivo. Entre nosotros. A tiro de piedra del otro monumento imperial español, el Escorial, este innoble memorial fascista es una especie de símbolo del arco vital español, el alfa y el omega de España: del Escorial al Valle de los Caídos, construido con mano de obra esclava de presos políticos.

Es poca la legitimidad de que puede tirar el nacionalismo español a la hora de proponerse frente al catalán. Y queda reducida a la nada cuando coincide con las peripecias procesales de un verdadero laberinto judicial de casos de corrupción que muestran cómo los franquistas herederos de los franquistas siguen considerando que el Estado es suyo y sirve para enriquecerse por todas las vías, legales e ilegales. Y, con la corrupción, los privilegios de los corruptos que todavía hieren más a la opinión pública. La sentencia del caso Noos muestra una justicia sometida al poder político.

Los privilegios de la Casa Real escandalizan (seguimos sin saber nada del origen de la fortuna de Juan Carlos, de 2.000 millones de dólares) en verdad porque es la Casa Real. Pero privilegios hay continuamente a lo largo de esta aventura. El mismo presidente que está hablando siempre del cumplimiento de la ley tiene el privilegio de haber estado cobrando presuntamente jugosos sobresueldos de un caja B; el mismo que habla de la igualdad de todos los españoles tiene a su padre gran dependiente a cuenta de los dineros públicos, esos que dice el hijo que no dan para los demás dependientes.

Y de privilegios va la Iglesia católica, verdadero Estado dentro del Estado, infiltrada en todos los poderes públicos, especialmente el judicial, así como en una densa red de instituciones sociales de todo tipo. Además de franquista y, por ende, corrupto, el gobierno es también clerical con puntos de nacionalcatolicismo

Añádase a todo ello el aparente recurso del Estado a la guerra sucia, que se evidencia en la Operación Cataluña y ya se habrá llegado a la conclusión de por qué el marasmo actual de España propicia la independencia del Principado. En ese marasmo, nadie se atreve a poner coto a los desmanes de esta oligarquía corrupta, expoliadora, clerical y franquista excepto el independentismo catalán. Casi como si la oposición a la oligarquía se hubiera territorializado en Cataluña. Y como la reacción acabará siendo la fuerza bruta, terminarán votando por la independencia hasta los catalanes no independentistas.

Sin referéndum, nada

El País sigue exultante con complejo de consejero áulico de éxito. Rajoy gobierna a golpe de editorial de este periódico independiente que ve ya entreabrirse la solución al "problema catalán". El mastodonte se mueve y decide dar forma a la alternativa que pedía Mas. Ditirámbico, el periódico titula la oferta de Rajoy para Cataluña.

Bien, ¿qué Rajoy? El de los cuatro millones de firmas "contra los catalanes"; el del recurso del Estatut ante el Tribunal Constitucional que dio lugar a la famosa sentencia de 28 de junio de 2010 que negaba la condición de nación a Cataluña; el que llamaba "algarabía" a las multitudinarias manifestaciones de las Diadas, que comenzaron a partir de la manifestación de julio de 2010 ("Som una nació. Nosaltres decidim"); el que consideraba la consulta del 9N una especie feria verbenera; el que ha judicializado el conflicto, al que niega su carácter político considerándolo un problema de orden público; el que dijo "no" a Mas cuando se presentó en La Moncloa a pactar un sistema de cupo catalán; el que dijo "no" a las 46 peticiones que llevó su sucesor Puigdemont al mismo huerto.

Efectivamente, este Rajoy que considera una "amputación" la separación de Cataluña, parece haber visto de repente el camino a seguir a la luz de los editoriales de El País. Y de ahí eso de "la oferta de Rajoy para Cataluña". La materialización de la "alternativa" de Mas. Ahí es nada. Una alternativa para Cataluña. De golpe. Lo de menos aquí es si esa oferta existe y ya está en consideración por ambas partes o una de ellas anda dando cuartos al pregonero mientras la otra afirma no saber nada al respecto. Al extremo de compararla con el espíritu santo del que, según Puigdemont, habla todo el mundo pero nadie ha visto.

Lo importante es el contenido de la oferta. Es llamativo que se arme sobre los 46 puntos que llevó Puigdemont a la corte el 19 de abril de 2016, el doble de los que llevara Mas un año antes y cosechando el mismo rotundo "no". A fines de año, Sáenz de Santamaría mostraba disposición a negociar sobre 45 de aquellas propuestas. La que faltaba, y sigue faltando en la respuesta de Rajoy, es el referéndum. Siga como siga la negociación, la primera cuestión es por qué tarda el Estado, el gobierno central, casi un año en dar una respuesta a una iniciativa de la Generalitat. Me atrevo a decir que es el tiempo que le ha llevado comprender la importancia del independentismo catalán. Hace todavía un año en la meseta no se consideraba la independencia de Cataluña como algo verosímil. Se creía que el movimiento se resquebrajaría con la corrupción de los Pujol, que se desharía con las rencillas y enfrentamientos entre partidos. No ha sido así y hoy se ve la independencia catalana como una grave amenaza. Cataluña ha pasado de no existir a imponerse como la motivación número uno de la actividad del gobierno, quien ha destacado en el Principado a la virreina Sáenz de Santamaría. Misión imposible para quien no entiende el catalanismo desde su misma raíz.

La condición o requisito de abandonar el referéndum para empezar a negociar  está condenada al fracaso porque la otra parte no puede aceptarla. Cualquier mediano conocedor de teoría de juegos sabe que si una parte que lleva ventaja gracias a una amenaza, renuncia a la amenaza, pierde la ventaja. No creo que la Generalitat renuncie al referéndum. Y, por otro lado, no veo por qué no puede pactarse uno vinculante. Es lo más sensato para que todos sepamos a qué atenernos.

Hay una alternativa a la independencia: la no independencia, desde luego, pero tiene que salir en un referéndum.

A lo que no hay alternativa es al referéndum, diga Rajoy y diga El País lo que quieran.

¿Salida?

Ayer lo decía modestamente Palinuro, que los de El País estaban levitando con la oferta de Mas de escuchar alguna alternativa a la situación en Cataluña. Y tanto. Hoy, la gallina de la alternativa en Cataluña ha puesto un huevo en forma de editorial: una salida para Cataluña. Y dice y urge que hay que "aprovecharla". 

Salvando la gracia de usar el substantivo "salida" cuando se quiere decir "entrada", la alternativa con la que sueña El País no es a la independencia, sino al referéndum y eso parece un error difícil de subsanar. Al menos mientras el nacionalismo español siga sin entender que el apoyo popular en Cataluña a la independencia es la mitad del del referéndum y lo que esto significa. Cosa muy difícil de transmitir a alguien que solo razona en términos de principios, siempre que no se le apliquen a él. 

Absurdo parece que El País bata palmas por la aparición de una posibilidad, la alternativa, que el independentismo ha venido admitiendo desde siempre. Porque quien lucha por cambiar su futuro considera siempre todas las alternativas. El problema no está ahí. El problema está en que quien debe presentarlas, esto es, el gobierno central, no está dispuesto a hacerlo. Una vez más se certifica que la mayor fuente de independentistas es la política del gobierno central.

El procesado habla

El País no cabe en sí de alborozo. Le rebosa en el titular: una alternativa para Cataluña, un punto medio, el equilibrio, lo que todo el mundo valora tanto. ¡Y creencia del independentista Mas! Ese titular es una invitación abierta al gobierno a que indague en dónde se encontraría el áureo punto medio. Una ocasión que debe aprovecharse  por mor de la Patria. 

Dice Mas que la formulación de la alternativa corresponde al gobierno. Obvio. Hay dos polos, según Mas: polo 1: las cosas como están; polo 2: la independencia. Una de las partes está por el polo 2 y la otra no está por el polo 1 (porque acepta que son necesarias reformas de todo tipo) pero sí está contra el polo 2. Ahora bien, en una sociedad democrática no es posible justificar política alguna en función de su negatividad. Hay que proponer algo... una alternativa.

Muchos independentistas verán estas declaraciones como un amago de retirada, como la aceptación de que no haya independencia, como una concesión. Sin embargo, no es otra cosa que doctrina oficial del bloque independentista en el gobierno: hasta el último momento antes del referéndum, está abierto a la negociación con el Estado. Quizá la base del equívoco radique en la fijación del término ad quem, según que sea el referéndum o la independencia, que no son coincidentes. Mas no ha dicho que sea el referéndum, sino la independencia. Pero, el decirlo es de sentido común: el referéndum va de suyo pero uno de sus resultados puede ser un "no" a la independencia.  

La pelota, la patata caliente, la cuenta atrás las tiene el Estado y en su representación, el gobierno. Basar su política en un "no" absoluto al referéndum, sin ofrecer alternativa alguna lleva a la confrontación que, al decir de muchos, es justamente lo que se pretende. Aunque luego diga el señor Albiol que el ejército no entrará por la Diagonal, en un lapsus freudiano. El gobierno se niega a negociar con la Generalitat e incluso la excluye de esa política fantasmagórica a la que llama diálogo y de la que ni él mismo sabe en qué consiste. La idea de la vicepresidenta de que sea posible negociar con los niveles de gobiernos locales, sin duda hablando de cuestiones económicas, es decir, comprándolas, demuestra una ignorancia supina de la naturaleza del movimiento independentista catalán, cosa nada de extrañar si se tiene en cuenta que el PP gobierna en uno solo de los 947 municipios de Cataluña.

A estas alturas, no hay alternativa al margen del referéndum. Porque, aunque el Estado y la Generalitat dieran con una fórmula alternativa entre los dos polos satisfactoria para ambas partes, esa fórmula habrá de someterse a referéndum, a su vez. Será, además, irrelevante que ese referéndum sea a escala española o catalana porque, en definitiva, los únicos resultados que contarán para resolver el conflicto serán los catalanes.

Zafarrancho de combate

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat titulado así, Zafarrancho de combate, aunque en catalán, Xafarranxo de combat y versa sobre lo que ya es evidente. En el congreso a la búlgara del PP este, que no se da por enterado de las recientes condenas a docenas de años de cárcel de algunos dirigentes suyos y otros delincuentes en la Gürtel de Valencia, marca las líneas a seguir en la política española. Lo de líneas es un decir poque se limita a un solo y grueso trazo: aquí no se mueve nada; todo marcha satisfactoriamente; las reformas del PP dan resultado y no se cambiarán, diga lo que diga la gestora del PSOE compuesta por auténticos peperos disfrazados de socialistas y encabezados por esa vergüenza hispana de una caudilla rociera. 

En lo referente a Cataluña que hace apenas dos o tres años no existía en los cálculos políticos del nacionalismo español (del PP y del PSOE) y hoy resulta ser el único problema grave en España, el congreso también ha sido explicito: nada de acuerdo, de negociación, de pacto con el independentismo catalán. Hasta el simulacro de diálogo que invocó hace unas fechas la ratita hacendosa, vicepresidenta del gobierno, ha quedado reducido a unos contactos esporádicos y sin contenido con las autoridades municipales.

El resto: cerrazón oficial y persecución de independentistas por medio de los tribunales, como si la cuestión de la autodeterminación de Cataluña fuera un problema de orden público.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Zafarrancho de combate

                                                                                                              

El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.

Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 

La solución no son los tribunales

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La justicia del enemigo sobre este desafortunado proceso político a Mas, Rigau y Ortega. Argumentaba Mas en su comparecencia que el Tribunal Constitucional (TC) nunca le advirtió de las consececuencias de no obedecerlo. Y aquí está precisamente el punto neurálgico de este procedimiento. El TC no podía advertirle de las consecuencias de no obedecerlo porque no las tenía. Hasta la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por Ley Orgánica 15/215, de 16 de octubre, no existía el delito específico de desobediencia al Tribunal Constitucional. La dicha reforma de la Ley Orgánica del TC facultaba a este para velar el cumplimiento de sus decisiones pero no podría aplicarse al Govern de la Generalitat porque eso sería retroactividad de una norma penal. Por eso, la querella interpuesta por la Fiscalía catalana por exigencia especial del Fiscal General del Estado tira del Código Penal y trata de encajar el comportamiento de la Generalitat en el delito de "desobediencia grave" a cualquier autoridad. Y eso es lo que habrá que probar. 

Al margen de estas cuestiones de detalle, aunque sean básicas, el procedimiento contra Mas, Rigau y Ortega tiene una función eminentemente intimidatoria y es el arranque de una vía anti-independentista basada en la represión judicial que no conducirá a ningún sitio, salvo a iniciar un nuevo símbolo emancipador, concentrando en la persona de Mas el significado de la lucha de un pueblo.

Aquí la versión castellana del artículo:

La justicia del enemigo

                                                                                                             

El juicio a Mas es clara y fundamentalmente político. También tiene una base jurídica que, aunque discutida, es la única que podría darle cierta legitimidad. Las tres personas encausadas (Mas, Rigau, Ortega) lo son por cuatro supuestos delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La desobediencia al Tribunal Constitucional es aquí lo más importante. Pero no es este el que puede substanciarla porque, cuando se cometió el presunto delito, todavía no se había aprobado la reforma de la Ley Orgánica de dicho tribunal (2015) que lo convierte en tal, permite obligar al cumplimiento de sus decisiones y castigar la desobediencia.  

El procedimiento se abre pues en la jurisdicción ordinaria con la querella que ordena presentar el Fiscal General del Estado el 21 de noviembre de 2014 por la celebración de la consulta del 9N de 2014 y en contra de la opinión unánime de la Junta de fiscales de Cataluña, con su Fiscal Jefe a la cabeza. Una clara imposición política –concretamente, gubernativa- a cuenta de la dependencia jerárquica de la Fiscalía. Y una injerencia más del ejecutivo del PP en los procedimientos judiciales. Su prueba evidente es esa reforma de la Ley Orgánica del TC, que el PP hizo aprobar por el procedimiento de urgencia, sin consulta al Consejo de Estado y con la presencia del señor Albiol, que no era ni diputado, amparado en  la mayoría absoluta de que disfrutaba su partido en la legislatura anterior. 

Quede para otro momento la consideración de la oportunidad o inoportunidad de la reforma. Ciertamente, se trata de un punto más en el largo sendero de desprestigio y descrédito del TC que hace años funciona en la práctica como un instrumento del PP, sobre todo a cuenta de Cataluña. Y es esta obsesión del Estado español por disfrazar de legalidad sus decisiones frente al independentismo catalán la que va a caracterizar el desarrollo de este proceso en el Tribunal Superior de Justicia catalán, como se han encargado de evidenciar las distintas partes concernidas y que en su primera sesión ya ha acumulado suficientes indicios de su índole política.

Efectivamente, el independentismo, ha hecho bandera de la vertiente reivindicativa de este proceso, lo ha convertido en un clamor de protesta al interpretarlo como un ataque a los derechos de los catalanes y las competencias de sus órganos representativos. La marcha multitudinaria de los acusados hasta el tribunal tiene el valor de un acto simbólico en el proceso para la fabricación de una leyenda y un martirologio. Nada alimenta más las reivindicaciones nacionalistas ni la unidad de sus partidarios que la experiencia de sentirse atacados por un enemigo común. 

Porque si la politización del acto por los acusados fue evidente y hasta desafiante, no menos lo fue la de los acusadores. La animadversión del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos hacia el expresidente de la Generalitat fue patente cuando interrumpió la declaración de este para recriminarle desabridamente que formulara preguntas cuando solo es un acusado. Sin embargo, Mas no había hecho tal cosa sino que había recurrido a una figura retórica, llamada erotema, esto es, una pregunta que no espera respuesta, pero que sirve para afianzar su razonamiento, lo cual es totalmente lícito.

Este proceso está rodeado de todo tipo de recursos políticos mejor o peor intencionados. Durante el fin de semana se produjo un nuevo operativo del Guardia Civil en contra de la presunta trama del 3 por ciento que se saldó con la puesta en libertad de los detenidos, quienes ya anuncian posibles querellas por detención ilegal. La coincidencia de fechas podría tratar de proyectar la sombra de la corrupción sobre el proceso político que se abrió el lunes. De hecho, es frecuente que los medios españoles deslicen la sospecha de que el juicio a Mas no es por su independentismo y su presunta desobediencia sino por la trama de corrupción del tres por ciento. Una insinuación tan cargada de mala idea como las interpretaciones de que los más de 40.000 asistentes a la marcha de Mas al Tribunal (según la Guardia Urbana) no eran espontáneos, sino que estaba movilizados por las autoridades catalanas.

La politización de la causa se hace más evidente cuando se observa que en lugar privilegiado, inmediatamente detrás de Mas y “chupando cámara”, como dice la prensa, estaba sentada una persona que es cargo público de la FAES, destacada activista unionista con una ideología de extrema derecha y a la que, por razones todavía sin explicar, se permitió hacer lo que los mossos d’Escuadra impedían hacer a los demás asistentes, por ejemplo, fotos de dentro a fuera del edificio.

Sustituir el diálogo y la negociación políticos por la acción de los tribunales para resolver problemas eminentemente políticos es un dislate al que es muy aficionado el autoritarismo español. Su inevitable resultado será legitimar la causa independentista y ganarle más apoyos sociales al tiempo que las instancias judiciales españolas hacen el ridículo. Sobre todo en la esfera internacional.

¿Quién prevalecerá?

"Fracaso de la Política" titula hoy El País su editorial, muy preocupado porque las cosas hayan llegado a este extremo de que los cargos políticos representativos y democráticos afronten un proceso penal no por delitos comunes sino por causas políticas. Es una de sus habituales manipulaciones. La Política no ha fracasado. La Política no puede fracasar ni no fracasar, como no puede la química o la contabilidad. Quienes han fracasado han sido los políticos. Y muy especialmente los unionistas españoles, que son lo que tienen mayor margen de maniobra y, por ende, más responsabilidad. Empezando por el presidente del gobierno, Rajoy el de los sobresueldos, cuya incompetencia en esto, como en todo, es pavorosa y seguido de su vicepresidenta, la Ratita Hacendosa que, fuera de enchufar a sus amigas, no sabe hacer la o con un canuto y, por supuesto, los don pelayos de El País.

Corre una apuesta entre los unionistas, especialmente los más fachas, según la cual, todo es cuestión de aplicar la ley sin mayores miramientos y se verá cómo las amenazas de que si se enjuicia y condena a los independentistas catalanes habrá sublevación, se quedan en agua de borrajas. Cuando se ilegalizó Batasuna y se encarceló a Otegi también se dijo que ardería el País Vasco... y no pasó nada. Pues lo mismo ahora: se aplica la ley, los tribunales hacen su trabajo, los cargos que hayan transgredido la legalidad sufren la condigna pena y aquí paz y después, gloria, y en Cataluña no pasa nada.

Vale. Es una apuesta a partir de hoy. El gobierno no tiene intención alguna de dialogar o negociar nada con los independentistas, sino que aplicará le ley vigente. Más concretamente, tratándose de un gobierno tan corrupto, su ley, la que sienta en el banquillo a un presidente autonómico, pero no a un ministro responsable político de 62 muertes, no a otro que se vanagloria de haber realizado actividades ilegales y destrozado el sistema sanitario catalán.

Después de la delirante recogida de cuatro millones de firmas "contra los catalanes", es lo más estúpido que ha hecho el presidente de los sobresueldos. 

La República Catalana hoy en Madrid

Hoy llegará La República Catalana a Madrid, a la emblemática librería Blanquerna, sita en la calle Alcala, 44, a las 19:00. Presentará el acto Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid e intervendrá Joan Tardà, diputado de ERC en el Parlamento español, y Palinuro, el autor del libro.

El encuentro promete ser interesante. Se quiera o no reconocer, el proceso independentista catalán es el problema más importante que tiene planteado el sistema político español. Llevo años diciéndolo y defendiendo el derecho de autodeterminación de los catalanes. Al principio, todos me miraban como un extraterrestre, por insistir en algo que parecía una quimera o completamente irrelevante, algo a lo que ninguno prestaba atención. La incapacidad de los políticos y de lo intelectuales españoles para ver lo que tienen delante de las narices es fabulosa. Y así siguen. Todavía hoy asombra el silencio de la clase política, incapaz de tomar una sola iniciativa, y del estamento pensante, dándose pote en sus columnas en los periodiquitos y en sus enchufes en la tertulias audivisuales en donde llevan años diciendo las mismas sinsorgadas. Ninguno dice o hace nada constructivo en relación a Cataluña salvo repetir como carracas que la autodeterminación es ilegal. Como lo fue la independencia de los Estados Unidos, por supuesto, y la de todas las posesiones españolas hasta la fecha, exceptuada la de Guinea, que fue legal, y la del Sahara que, además de ilegal, fue una traición. 

Seguro que alguien en el público se pregunta en voz alta en dónde están los intelectuales españoles en estas circunstancias. No es difícil responder: están con el poder español, como siempre. Y lo están también los de izquierdas, incapaces de reconocer una revolución como la que está dándose en Cataluña porque no se hace según sus apelmazadas consignas.

El referéndum está servido

La decisión de la CUP de apoyar los presupuestos de la Generalitat es un hito en el camino al referéndum. Utilizo el término referéndum y no independencia porque, siendo el primero un instrumento para lograr un fin, la independencia, también puede no lograrla. Con todo, con un poco de juicio, se verá que la mera convocatoria y realización del referéndum ya es un acto de soberanía, de independencia. Pero que se llegue a esto o no depende también en gran medida del gobierno español. La Generalitat insiste en que no se levantará de la mesa de negociación hasta el último momento, esto es, supongo, la víspera del referéndum. Se entiende que si el gobierno español se decide a hacer lo que invoca pero no hace, dialogar, y se llega a un acuerdo, cosa inverosímil, pero no imposible, podría hacerse un referéndum pactado, entendiendo por tal el que se convoque en Cataluña por acuerdo de ambas partes.

Dice Puigdemont que el "sí" de la CUP a los presupuestos es una "mala noticia" para el Estado. Malísima, desde luego. Lo entiende cualquiera medianamente informado del acontecer catalán. El problema es que en España, esa información no se recibe o no se quiere recibir o no se entiende o no se quiere entender. Viaja por las redes un agudo juicio, algo así como En Cataluña sabemos lo que pasa en España, pero en España no saben lo que pasa en Cataluña. Es decir, el "sí" de la CUP sería una "mala noticia" si el Estado supiera calibrar su importancia. Pero no sabe. Si habla de la CUP es para aconsejar a los de JxS que se alejen de los "radicales". 

Sin embargo debiera preocuparse porque ese "sí" reafirma la voluntad mayoritaria del Parlament de celebrar el referéndum en septiembre. A los efectos, los de la CUP avisan por boca de Arrufat de que es un sí "condicionado a la celebración del referéndum". Una advertencia creíble porque, al fin y al cabo, el voto de la CUP ha sido 39 a favor, 22 en contra y dos abstenciones. Aunque, por el momento, parece redundante. No hay razón para dudar de la palabra de Puigdemont, quien afirma que el referéndum se hará y será vinculante.

Y eso en un ambiente cada vez más enrarecido y crispado si, además de negarse en redondo a negociar, el Estado sigue con su política de persecución policial del independentismo. Encontrar formas de entenderse con alguien a quien se intenta meter en la cárcel no es tarea prometedora. Si, además, no se quieren encontrar, la tarea es absurda.

Pero a ver cómo paran ustedes ese referéndum sin meterse más y más en el laberinto.

Alérgicos a la libertad y la democracia

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Juego sucio en el que se reflexiona sobre el enésimo ridículo que han hecho los neofranquistas del PP en Europa. En vísperas de una conferencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, eurodiputado del PP, envió una carta redactada en inglés macarrónico a sus cofrades de la derecha para que no fueran a escuchar a los malvados independentistas que solo quieren subvertir la ley y el orden en la España democrática, representada por él y los que, como él, militan en un partido fundado por un ministro de Franco, autoritario, ordenancista, incompetente, corrupto y... monolingüe. De verdadera risa.

Este Pons y sus amigos del PP aún no se han enterado de que, en una sociedad libre, un intento de censura provoca el efecto contrario... siempre. Y así fue. La sala se llenó y cientos fueron a escuchar a los catalanes, muchos más de los que jamás irán a escuchar a Pons o su jefe, Rajoy, si la gente puede escoger entre ir o no ir.

Hoy todos los medios españoles mentirán como acostumbran, asegurando que la conferencia fue un fracaso. Ayer ya allanó el camino Rajoy, con su habitual inteligencia y capacidad, asegurando que Puigdemont había fracasado en Bruselas, en donde le habían dado "el trato que se merece" y asegurándolo dos horas antes de que la conferencia comenzara porque, en realidad, esta especie de castigo que ha caído sobre España no sabe ni en qué día u hora vive.

Aquí, la versión castellana del artículo:

Juego sucio

Entre otras cosas, la democracia es un juego sometido a reglas. El juego es limpio cuando las reglas se respetan. No lo es si no se respetan. Una de las reglas democráticas básicas es que los participantes en un debate público se identifiquen adecuadamente. Un encuentro en televisión de un par de horas, contemplado por cientos de miles, quizá millones, de ciudadanos es algo innegablemente público.

Estos encuentros en los medios no pueden ser anónimos, como en las redes, en donde suele haber perfiles falsos. Y no pueden porque es faltar a otra regla básica del juego: la de igualdad de oportunidades. En el encuentro con el presidente Puigdemont este era él mismo, se representaba a sí mismo, no podía ser otro. Algunos de los intervinientes, en cambio, ocultaron sus adscripciones ideológicas, incluso militancia o pertenencia a unas u otras organizaciones, simulando ser ciudadanos normales, de a pie. De todas formas, parece que el presidente ha ganado de calle porque el juego sucio no paga.

Y, mientras se debate apasionadamente sobre el programa de preguntas a Puigdemont, en Bruselas se ponía en marcha otra operación de juego sucio. Ahora se trata de boicotear la presencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en el Parlamento Europeo a explicar el llamado procés.

Este tipo de encontronazos son frecuentes en los últimos tiempos. El ministerio de Asuntos Exteriores debe de tener un departamento exclusivamente dedicado a seguir la pista de la acción exterior de la Generalitat, que no parece descansar. Cada vez que detecta un acto montado por el Diplocat, comisiona al personal de la correspondiente embajada para que le pongan todos los inconvenientes que se puedan. Parte del servicio exterior del Estado se dedica a combatir en un conflicto interior.

Pero ahora el asunto se plantea en otros términos, más agudos y simbólicos. El eurodiputado del PP González Pons ha enviado una carta circular a los diputados del PP para que no vayan a la conferencia de los catalanes. Lo pide como correligionario y como amigo, insistiendo en que las reivindicaciones de los conferenciantes quebrantan la ley, la Constitución y el Estado de derecho en España. La verdad, resulta divertido que un dirigente de un partido fundado por un exministro de Franco hable con tanta unción del Rule of law y de la Constitución en contra de la cual votaron algunos dirigentes de esa militancia.

No debe dejarse de lado el hecho de que también el PSC ha manifestado su opinión contraria al acto de JxS en carta dirigida al órgano central del Partido Socialista Europeo, pero no piden a los demás diputados de su orientación que no asistan. Es una posición mucho más respetuosa que la del PP y no juego sucio.

¿En qué consiste el juego sucio? En el hecho de dificultar a los demás el ejercicio de sus derechos. Puigdemont, Junqueras y Romeva comparecen en una sala de una comisión del Parlamento dentro de unos trámites y procedimientos legales. No hay razón para prohibir la comparecencia, aunque el empeño por boicotearla deja entrever que, si pudieran, la prohibirían. En todo caso, el boicot es una especie de censura porque se presiona a otros para que no accedan a una información, pero no se ofrece sustituirla por otra.

Esa es la parte más claramente antidemocrática de este juego sucio. Si los representantes españoles del PP en el Parlamento Europeo quieren proteger a sus colegas de toda contaminación con discursos ilegales, anticonstitucionales y contrarios al imperio de la ley, lo que tienen que hacer no es impedir que se escuchen sino ofrecerse voluntarios para mantener un debate con quienes traen tan protervos designios. Eso sería, además, una clara muestra de respeto a la dignidad del Parlamento, órgano capaz de escuchar y ponderar todo tipo de reclamaciones políticas sin que venga nadie a darle permiso.

No sé si esa comparecencia podría convertirse sobre la marcha en un diálogo/debate entre las dos posiciones. Sería muy precipitado. Pero sí podría proponerse en serio por los canales oportunos para un futuro a corto plazo, inmediato, un nuevo encuentro en el Parlamento europeo entre representantes de la Generalitat y del Gobierno español. De ese modo, el gobierno español podría ejercer ese diálogo que pregona y hacerlo delante de un público muy interesado. Seguro que no habría problemas de asistencia.

Bilateralidad

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado De igual a igual, versa sobre la última formulación del independentismo catalán. En la poderosa carta de Puigdemont a Rajoy hace un par de días en la que el catalán rechaza una vez más la invitación a asistir a la conferencia de presidentes de CCAA y afima que no sirven para nada, sostiene que Cataluña se ha ganado hace ya tiempo el derecho a relaciones bilaterales con España. Se trata de una reivindicación catalana antigua que el nacionalismo español, empeñado en tratar a las naciones como regiones para someterlas a todas, no puede aceptar. Y si, por ejemplo, Rajoy la aceptara, los presidentes autonómicos se le echarían a la yugular, empezando por la presidenta andaluza, cuya idea de Cataluña todavía es más españolista, obtusa y malintencionada que su catolicismo trianero.

Cataluña tiene perfecto derecho a exigir esa bilateralidad en función de su condición nacional que los nacionalistas españoles no pueden aceptar porque temen quedarse sin país. En realidad responde a una vieja práctica eclesiástica cuando una sola diócesis se dividía en dos y ninguna de ellas quería quedar supeditada a la otra. La iglesia las declaraba entonces aeque principaliter, esto es, iguales en dignidad, jurisdicción y competencias. Eso es lo que quiere el independentismo catalán y si en el Estado español hubiera un adarme de inteligencia, se apresuraría a aceptarla. Pero no lo hará y será él mismo quien provoque la independencia de Cataluña que trata de evitar.

A continuación, la versión cstellana del artículo:

De igual a igual

Las relaciones de Puigdemont y Rajoy son una imagen de las de España y Cataluña. Rajoy dice en una entrevista en terreno amigo en “La Razón” que el referéndum catalán no se hará y que eso lo sabe todo el mundo. Ignoro si el presidente considera a los catalanes parte del mundo pero, por si acaso, muchos de ellos parecen desconocer esa brillante verdad y hasta persisten en el error. Puigdemont, por ejemplo, asegura que habrá referéndum y será vinculante. Es decir, según Rajoy, no sabe y no sabe que no sabe.

Junqueras, el vicepresidente, tampoco sabe que el referéndum no se celebrará y hasta profundiza en el error afirmando que el referéndum se hará y lo que está por ver es qué hará el gobierno para impedirlo.

Eso es imposible saberlo y es bastante probable que ni el gobierno lo sepa. Desde luego, intentar que lo explique Rajoy es perder el tiempo, pues ostenta el record de políticos capaces de hablar más tiempo sin decir nada o diciendo algo y su contrario. Está claro que el referéndum es el primer desencuentro y el más patente, justo en la línea de confrontación. De ahí que Puigdemont hable de adelantarlo en el caso de que la justicia española proceda a inhabilitar a representantes catalanes. No parece muy seguro que el gobierno tenga pensada una respuesta a la convocatoria oficial del referéndum y mucho menos de que la tenga si el llamado a urnas se acelera.

De igual modo, hace tiempo ya que Puigdemont anunció que no pensaba asistir a la conferencia de presidentes de las CCAA como, por otro lado, también ha hecho el presidente de la CA Vasca, Urkullu. La insistencia del gobierno (Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy) en convencer al primero de que acuda a la reunión y su fracaso, en el fondo, relativiza el valor de los acuerdos que adopte el cónclave. La ausencia del vasco es llevadera por el asunto del concierto, pero la del catalán equivale a un veto, ya que es un contribuyente neto al fondo. Un veto al gobierno del Estado es una especie de ejercicio de soberanía de hecho. Un acto por el cual se pone un límite a la soberanía del Estado. Algo que este no puede aceptar por lo que se trata de otro desencuentro.

La carta de Puigdemont a Rajoy en respuesta a su invitación y rechazándola plantea que Cataluña se ha ganado el derecho a mantener una relación bilateral con el Estado. Es la vieja idea confederal del “aeque principaliter” o igualdad de jurisdicciones y soberanías. Un enunciado revolucionario que el gobierno no puede aceptar sin una reforma constitucional.

Cuando, en los años del terrorismo etarra en alguna ocasión se constituyeron mesas de negociación del gobierno con ETA, los ataques eran que el Estado no podía negociar con una banda terrorista. Que se depusieran las armas, llegara la paz y se podría hablar de todo. Y, sin embargo no era cierto. Esa exigencia de relación bilateral de España y Cataluña no es una petición de que el Estado negocie con una banda terrorista sino con una nación. Esta no está defendida por pistoleros sino por sus más altos cargos institucionales, una mayoría parlamentaria absoluta y millones de ciudadanos que los respaldan.

La cuestión es ahora si esa masa crítica que se supone aportará el referéndum puede esperar al resultado de un prolijo, incierto e inseguro proceso de reforma constitucional en España que, en lo referente a Cataluña, reformará muy poco. De aquí que en el sector independentista aumenten en volumen las voces que piden seguir con la hoja de ruta y también las de quienes propugnan una DUI ya. El argumento que usan para convencer a los confederalistas es que lo inteligente es ir a la independencia y si, más tarde, España tiene alguna propuesta interesante de unión, asociación o colaboración será bienvenida y estudiada.

Buen fin de año que viene

Traigo lo que se llama una "comparativa" de dos lenguajes que señalan dos mundos distintos; dos lenguajes excluyentes. Si Rajoy cumple su voluntad de gobernar él los cuatro años, Puigdemont no podrá hacer el referéndum. Si Puigdemont consigue hacer el referéndum es poco probable que Rajoy gobierne más allá de septiembre. Poco probable, no imposible, porque Rajoy está probando que para él no hay imposibles. Que su vida es un firme acto de voluntad, ya que no de razón.

¿Con qué medios cuenta Rajoy para frustrar el referéndum catalán? Aparte, naturalmente de su reiterada negativa a darle vía libre con el escueto argumento de que no puede hacerse porque la Constitución no lo permite. Tiene muchos, desde luego, algunos ya está usándolos como la supuesta "guerra sucia" desde el ministerio del interior o la persecución judicial de los independentistas y su hostigamiento. El juez Ismael Moreno, un expolicía del franquismo tardío, magistrado de la Audiencia Nacional, el que instruyó la causa contra los titiriteros, ha mandado traer a Madrid esposado al independentista Joan Coma a declarar acerca de una metáfora sobre que para hacer una trucha, hay que partir los huevos. A lo mejor lo que se le reprocha a fuer de contumaz independentista catalán es que diga "trucha" en vez de "tortilla", que es para lo que se parten los huevos en el imperio. (Me advierten amables lectores que en catalán "truita" es tanto "trucha" como "tortilla". Pues más divertido aun si cabe. Ya decía yo que no encajaba bien lo de los huevos con la trucha). 

No se crea que los medios a disposición de Rajoy tengan todos este nivel. Los hay serios. El procesamiento de las autoridades de la Generalitat, empezando por Carme Forcadell, por presuntos delitos de desobediencia o prevaricación, apunta a empeños de más graves consecuenciass. Detrás de estas medidas judiciales puede llegar la aplicación del art. 155 según el cual el gobierno puede ordenar a las autoridades autonómicas el cumplimiento de la ley. Y, por descontado, también cuenta con la posible declaración de algún estado excepcional, en el caso de encontrarse con una actitud de desobediencia civil de las autoridades quizá apoyada por una mayoría de la población. Llegados a este punto se certificaría el absoluto fracaso del gobierno español que, por su absoluta cerrazón a toda forma de negociación, habrá llevado el conflicto a una situación sin salida. Una intervención excepcional de la autonomía catalana, manu militari o no, sería más de lo que la UE estaría dispuesta a tolerar. Asustadas las instituciones europeas por el bloqueo político de España, acabarán imponiendo una mediación que se basará en un referéndum, digan Rajoy y el nacionalismo español (PP, PSOE, C's) lo que digan. 

Muy pocos en Europa admitirán que se niegue a una minoría nacional de más de siete millones de personas el derecho a decidir por su cuenta. 

La Generalitat está articulando un buen argumentario político y jurídico para posibilitar una transición, como dice Puigdemont, de la postautonomía a la preindependencia. La independencia se dará después del referéndum.

En el supuesto de que gane el sí. En la actualidad, el sí y el no están muy igualados. Por ello, ese referéndum es el momento político más importante en el Estado. Prohibirlo y tener sojuzgada una comunidad en la que el 85 por ciento de la población lo reclama, no es de recibo. Admitirlo y atenerse a las consecuencias, sean estas las que sean, abriría el camino a la democracia en España.

Mal camino

Según van las cosas en las relaciones entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.

Ayer, dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo. 

Hay algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella se cumpla.

En esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más crispadas y precarias. 

No hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.

La extrema derecha se separa de la derecha extrema

El desplante final de Aznar presagia tormenta. Primero desvinculó la FAES del PP y la convirtió en baluarte privado de la ideología neoliberal, confiado en las aportaciones voluntarias de sus clientes naturales, los del dinero. Luego se desvincula él mismo de los deberes patrios de partido. El paso siguiente es alzar bandera con un programa de restauración de los recios valores de la ultraderecha, sobre todo en cuanto a Cataluña, pero también en cuanto a otras blandenguerías de Rajoy y demás gentes de la derecha vergonzante. Una nueva reacción de la "derecha sin complejos" a la que seguramente se adherirá Aguirre. O sea, un programa de un partido nuevo, de extrema derecha. Se acabó aquello de decir que en España la extrema derecha estaba en el PP. Ahora está en contra del PP.

Los ex-presidentes de gobierno tienen destinos muy distintos. Dejando aparte los dos primeros, ya fallecidos, González se ha convertido en una especie de Kurtz, de Conrad; Aznar, en un guerrero integrista atlántico que anda, como siempre, batallando; Zapatero, aún indeciso, parece decantarse por conjuras del casino. 

Esa pulsión batalladora de Aznar en defensa de los valores occidentales impregna la trayectoria entera del personaje. Su presencia constante, sobre todo en momentos de crisis, con discursos intransigentes, recriminatorios y hasta amenazadores, le han fabricado una mala imagen y fama de agresividad. Eso pueden ser handicaps o ventajas, según se configure el proceso político en el próximo futuro. 

En España está articulándose un discurso autoritario en consonancia con el recrudecimiento de la extrema derecha estilo Trump o Le Pen. Pero en disonancia en un aspecto esencial, el de la xenofobia. Para la derecha española el peligro no viene de fuera sino de dentro. El enemigo no es exterior sino interior. Y lo que se exige es mano dura, represión de toda desobediencia, inhabilitacion, suspensión, estado de excepción si es necesario. 

Es obvio, sin embargo y da un poco repelús decirlo, que nadie en sus cabales cimenta el orden normal en la situación de excepción. Hoy, como en tiempos de Locke, el único gobierno legítimo es el gobierno por consentimiento. Si hay que imponer el consentimiento, la legitimidad se esfuma.

La división de la derecha reproduce en cierto modo la de la izquierda: dos extremas y dos más "moderadas" pero, en definitiva, muestra la incapacidad de los partidos para afrontar la situación real del país. Esta solo puede afrontarse ya en un encuentro multilateral con presencia de todos los intereses territoriales en igualdad de condiciones. Una situación que la derecha ni la izquierda españolas podrán jamás aceptar. Razón por la cual el conflicto no tiene solución, salvo que haya algún tipo de mediación internacional.

La agresión dialogante

Mi artículo de hoy en elMón.cat. La idea es que la alternancia en la acción del gobierno frente a la Generalitat del palo y la zanahoria no funciona porque hay palo, pero no zanahoria. La zanahoria del diálogo no es tal porque el gobierno excluye expresamente diálogo alguno sobre el referéndum que es, justo, el punto clave del diálogo para los independentistas. El diálogo es imposible. La zanahoria no existe. No hay más que el palo. La cuestión es hasta dónde llevará el palo el gobierno y hasta dónde la Generalitat la resistencia. 

A continuación, la versión castellana.

El diálogo agresivo

El gobierno de la derecha continúa considerando la llamada “cuestión catalana” como un asunto de orden público. La abogacía del Estado pretende procesar a la mesa del Parlamento catalán, concretamente a los miembros que secundaron la decisión de la presidenta Forcadell por la que esta ya ha comparecido ante el TSJC. Las decisiones políticas se entienden en clave penal y a las iniciativas de las instituciones catalanas se responde enviando a los guardias. Ánimo de entendimiento: cero.

A todo esto, el gobierno anuncia estreno de nuevo talante dialogante con Cataluña, sin que haya dato alguno que explique por qué quiere ahora lo que lleva cuatro años negándose a hacer: dialogar, negociar. Se trata de una medida táctica, propagandística, sin ningún crédito y, si lo tuviera, ya está ahí Aznar afirmando desde la FAES que todo diálogo con el independentismo es una traición al ser mismo de España. La derecha neofranquista sigue fiel al legado de su caudillo.

Los nacionalistas españoles de todos los matices hacen ver que las dos vías de actuación del Estado en Cataluña no son contradictorias, sino un ejemplo actualizado del palo y la zanahoria. El palo: el gobierno no está autorizado a dialogar ni negociar nada con quienes quieren partir España. Al contrario, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, porque la ley es igual para todos, cosa de Estado y no de mero gobierno. La zanahoria: siempre que se cumpla la ley, el gobierno será benevolente y dialogará si bien debe quedar claro desde el principio que no lo hará sobre el referéndum. Es decir, la zanahoria no tiene raíz ni hojas; no existe. Si no se puede dialogar sobre el punto de discrepancia sobre el que se ha de dialogar, ¿en dónde está el diálogo?

El mantenimiento e intensificación de la acción represiva del gobierno con o sin gestos de búsqueda de un terreno común demuestran que el independentismo debe mantener los compromisos de su hoja de ruta si quiere vislumbrar su meta. A medida que la ruta avance se multiplicarán los obstáculos de todo tipo (políticos, jurídicos, mediáticos, de guerra sucia, de conflictividad institucional, amenaza y extorsión) que dificultarán el trayecto. Para superar las turbulencias, la experiencia muestra que es básico mantener la unidad del bloque independentista. En ese sentido, las relaciones entre la CUP y JxS son esenciales para el mantenimiento de la trayectoria. En principio, lo habitual será que se diga que, cualesquiera diferencias que pueda haber entre sus sectores, deben pasar a segundo plano en pro de la unidad de acción.

Pero en política nada es permanente, rígido, sempiterno. Obviamente la unidad es un bien en sí mismo, pero no a cualquier precio. Si la conservación de la unidad se hace a expensas de que las fuerzas que las componen tengan que abandonar sus objetivos e incurrir en crisis internas, quizá no sea muy inteligente perseverar en ella. Y esto vale para todos los sectores implicados. Poner los intereses generales por encima de los de partido, grupo o fracción es propósito general, pero no siempre puede conseguirse. A veces, los conflictos de valores no dejan lugar a entendimiento alguno.

Frente a la intensificación de la acción represiva del Estado y las dificultades que puedan plantearse en el seno del independentismo, el gobierno de la Generalitat tiene un recurso que, por supuesto, abrirá una serie de imponderables: las elecciones anticipadas. Todo depende de hasta dónde esté el Estado dispuesto a llevar su acción represiva y el elemento coactivo. Si, al final, no es posible celebrar el referéndum por causa de fuerza mayor, la opción de elecciones anticipadas parece la substitución lógica. Pero habrá que ver antes en qué términos quedan las cosas, después de esa intervención coactiva del Estado y qué notas tenga. Y, sobre todo, cómo quedará el panorama político catalán, el más variable de todo el Estado y en el que se anuncia la acción de un nuevo partido, un país en común, que puede variar el equilibrio de fuera.

Pero, al mismo tiempo, también cobra sentido otra posibilidad que, desde luego, incrementaría notablemente la incertidumbre pero mantendría la iniciativa en el campo independentista. De no poder realizar el referéndum, en lugar de convocar elecciones anticipadas que solo servirían para prolongar la situación actual, la Generalitat podría proponer al Parlamento la votación de una DUI, siempre y cuando las relaciones entre ambas partes del bloque independentista lo permitieran. La situación política se clarificaría, la “cuestión catalana” se internacionalizaría y el Estado vería muy reducidas sus posibilidades de actuación, viéndose obligado por fin a tomar una decisión para la que no tiene margen en el orden internacional y que, en el nacional, probablemente le obligara a su vez a convocar nuevas elecciones.