Fundido a negro.

Se extingue la señal de la radiotelevisión valenciana. Si todavía no lo ha hecho del todo, se debe a la denodada oposición que han mantenido los trabajadores, cerrando el paso a la brigada del cierre que envió el gobierno de la Generalitat de madrugada. Pero es cosa de horas. Se extingue la señal y deja detrás una asombrosa saga de incompetencia, despilfarro, caciquismo, enchufismo, partidismo, corrupción y delincuencia. Una historia para leer y no creer. Un resumen del abismo a que pueden llevar casi veinte años de gestión disparatada con poder absoluto sin dar cuentas nadie.

La RTVV fue creación del primer presidente de la Generalitat, Joan Lerma, quien, probablemente, pretendería utilizarla en favor de su partido, el socialista, porque son raros los políticos que resisten esa tentación. Pero o no fue así, o lo hizo muy mal porque, habiendo comenzado la tele a emitir en 1989, en 1995 el PP ganó las elecciones por mayoría simple (Zaplana) y, desde entonces, no ha abandonado el poder al que llega ahora generalmente por mayoría absoluta, en buena medida gracias a la manipulación de la RTVV.

Efectivamente, los medios públicos audiovisuales eran una central de propaganda del poder autonómico, usados para ensalzar el gobierno del PP y atacar la oposición. Y gestionados como un cortijo privado de los jerarcas del PP, sin contar con el hecho de que, al parecer, también tuvieron cumplida función en un par de estafas de la Gürtel, incluida una estilo Rufufú, con la visita del Papa a Valencia. Así resultó que, en mitad de la crisis, el gobierno autonómico se encontró con un ente monstruoso, inflado, con más de 1.500 trabajadores, con un dispendio majestuoso en pagos a tertulianos y periodistas afines, todo lo cual disparó la deuda a más de 1.500 millones de euros, superior a la de todas las demás televisiones autonómicas juntas.

A todo esto, los equipos de la RTVV jamás protestaron durante los largos años de masiva censura y manipulación informativas, que llegaban al extremo de ocultar sin más hechos relevantes porque perjudicaban la imagen del presidente. No hubo un plante, ni huelga, ni siquiera queja. El espíritu de lucha retornó cuando se encontraron con que la Generalitat pretendía ponerlos en la calle. Lo cual debilita mucho la legitimidad de su protesta.

Y, sin embargo, es una protesta legítima: el cierre del Canal Nou es un ataque al pluralismo informativo, a la libertad de expresión y al derecho a la información. Representa el fundido a negro de las libertades en España. Un fracaso colectivo que, sin embargo, es un triunfo para la derecha. Nunca ha querido esta medios públicos de comunicación si no puede tenerlos a su estricto servicio, como sucede hoy con RTVE y la RTV de Castilla-La mancha. Por supuesto, si no puede controlarlos, los desmantela, los arruina (o los arruina y desmantela precisamente poniéndolos a su servicio, pues sus cuotas de audiencia son bajísimas) y argumenta que es preciso cerrarlos.

Fundido a negro.

Fundido a negro el país entero. La LOMCE es un fundido a negro de la educación pública. La reforma del Código Penal y las tasas judiciales son fundidos a negro de las garantías y los derechos de los ciudadanos, especialmente el acceso a la justicia. La monstruosa Ley Mordaza es un ataque a los derechos y libertades ciudadanas, una ataque al espíritu y la letra de la Constitución, los prolegómenos de una dictadura basada en la impunidad policial.

Fundido a negro de la democracia en España, substituida por un Estado policiaco arbitrario que abusa del poder para sembrar el terror entre la ciudadanía mediante una actividad represiva y confiscatoria. Algo totalmente inaceptable en Europa en el siglo XXI. Esa ley es, en el fondo, un estado de excepción que ya está aplicándose de hecho en las calles de las ciudades, antes de la promugación de la misma Ley. Los acontecimientos de ayer en Moratalaz en Madrid apuntan en la dirección de una progresiva fascistización de los poderes públicos que es forzoso denunciar en todos los foros internacionales.

O se detiene este fundido a negro o corremos peligro de que la democracia vuelva a ser un paréntesis en la historia de este sufrido país.

(La imagen es una foto de la NASA en el dominio público).

El fascismo del sectario y la elegancia del demócrata.

Pocas veces podrá verse mejor la abismal diferencia entre los fascistas y los demócratas como en este vídeo de la intervención en el Congreso del ministro del Interior, Fernández Díaz, y el diputado del PSOE, Madina, sobre la Ley Mordaza con la que el PP pretende volver al régimen que añora: la dictadura.

Frente a la chulería y los insultos de un sectario del Opus que apenas sabe hablar, el diputado Madina tiene una intervención memorable: digna, valiente, clara y sensata en la que, con razones y argumentos, anuncia lo que, a juicio de Palinuro, debiera ser el norte del PSOE: que ese bodrio de Ley Mordaza será derogado. Como deben derogarse todas las tropelías que lleva dos años cometiendo este gobierno caracterizado por la mentira, la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción.

Que la ley es inconstitucional salta a la vista a cualquiera que la hojee. Como es inconstitucional la LOMCE y demás adefesios jurídicos perpetrados por este partido más parecido a una banda de malhechores. Además, en el caso de la Ley Mordaza, junto a su carácter dictatorial y antijurídico, se mezcla otro rasgo también muy preocupante: se trata de la obra de un demente con acusados delirios persecutorios. La salud democrática del país exige no solamente que se destituya a los principales responsables de este atentado contra el Estado de derecho y las libertades de los ciudadanos (básicamente Fernández Díaz e Ignacio Cosidó) sino que, por su propio bien, se los interne en algún frenopático.

Además - y ello no es asunto menor- este increíble debate ha servido para mostrar que Eduardo Madina tiene una solidez y claridad de ideas que vendrían muy bien al PSOE si, como es de desear, abandona ya la ambigüedad, la marrullería y los embustes rubalcabianos que amenazan con hundirlo del todo. Porque Palinuro no está muy seguro de haber entendido en su exacto alcance el gesto de Tomás Gómez, pero sí ha calibrado en toda su miseria moral y su falta de principios e integridad ese vergonzoso pacto PSOE-PP en el Consejo General del Poder Judicial, después de que los socialistas engañaran a todo el mundo, afirmando que ya no  habría más pactos con un partido corrupto como el PP y (añade Palinuro), enemigo de la democracia y profascista.

Inauguración del Máster de Política y Democracia. UNED.

El viernes, 8 de noviembre, a las 12:00 inauguramos el Máster de Política y Democracia con una lección magistral impartida por la catedrática de Filosofía y consejera de Estado Amelia Valcárcel sobre el tema que figura en el cartel. Por cierto, no se hará en el salón de actos, como reza el dicho cartel porque hemos tenido un accidente: una rotura de una cañería ha inundado la "pecera" del salón  y no podremos grabar la conferencia en streaming. Por ello, el acto se traslada al salón A de la contigua Facultad de Derecho que, de momento, está en secano.

Espero que guste la imagen del cartel. Es un dibujo de Edward Burne-Jones, un prerrafaelita tardío. La imagen del Minotauro es fabulosa y la obra tiene mucho humor.

Entrada al acto, libre.

España ya es una dictadura de hecho.

La banda de ladrones bajo apariencia de partido político que detenta el poder en España ya ha cerrado el círculo de convertir una democracia de derecho en una dictadura de hecho. Y una dictadura de corte cada vez más fascista. Estos son los datos:

1º) El presidente del gobierno miente siempre que habla; miente siempre: en el parlamento, en el extranjero; miente a todos y sobre todo. No hace otra cosa que mentir. Ha prostituido el debate público que ya no significa nada pues todo el mundo sabe que miente; él sabe que todo el mundo sabe que miente; pero le da igual. Todas sus mentiras pretenden siempre lo mismo: impedir que la justicia actúe y lo impute por sus evidentes responsabilidades políticas y penales en la mayor trama de corrupción de la historia del país.

2º) La asociación de presuntos malhechores tiene bloqueado el Parlamento, cerradas a cal y canto las posibilidades de debate. El Congreso español, como el Reichstag alemán de Hitler o las Cortes del genocida Franco, está para aplaudir las mentiras del Jefe y convalidar bovinamente todos los decretos que su arbitrariedad y carcunda le dicten.

3º) No existe opinión pública crítica articulada alguna. Los medios públicos de comunicación son puras oficinas de propaganda dirigidas por esbirros; los privados, en su inmensa mayoría, son de empresarios estrechamente unidos al gobierno, partes de ese estamento patronal que lleva veinte años financiando ilegalmente a la banda a cambio de contratas públicas choriceadas a los dineros del común. Igualmente tiene a sueldo decenas de periodistas e intelectuales dedicados a alabarlo e injuriar y calumniar a la oposición o a escribir memeces.

4º) Los fascistas que controlan el orden público en el país aplican una política represiva a ultranza. Emplean a la policía -a la que pagan también sobresueldos por apalear a la gente- como matones para intimidar, aterrorizar, hostigar, perseguir a la gente a fin de que no se manifieste y apalearla cuando lo hace. Identifican al azar a los ciudadanos, los multan arbitrariamente, los vejan en la calle, como escuadras de delincuentes armados.

5º) Se cierra el círculo intimidando también a los observadores extranjeros, amenazándolos, forzándolos a que se vayan del país. No quieren testigos de su brutalidad para poder después mentir mejor cuando se vean sus fechorías ante órganos de investigación. Quieren eliminar de cuajo la única posibilidad que nos queda a los españoles de mantener un resquicio de libertades: la vigilancia de los extranjeros, la presencia de Europa. Nuestra única garantía, hoy como ayer, frente a la barbarie de los fascistas sean de los de porra, como Fernández Díaz; de rosario, como Gallardón; o de engolada petulancia como Wert. 

Es fascismo. Es fascismo rampante. Es dictadura. 

Han destruido España.

El grado de corrupción de España lo mide la última noticia sobre Ana Mato. Al parecer, asistió a la final de no sé qué importantísimo torneo de tenis en Nueva York en el que jugaba Rafa Nadal cargando el precio de la entrada (unos 940€) al presupuesto de su ministerio; es decir, al bolsillo de todos los españoles, raza sufrida que, entre otras ignominias, tiene que pagar los caros asuetos de unos gobernantes incalificables. La noticia muestra el grado de corrupción y, lo más grave, de tolerancia y aceptación social de la corrupción.

(Actualización de la mañana del sábado: según parece lo que Mato ha cargado al erario público ha sido todo: la entrada al Open, el viaje y el hotel en Nueva  York. Les importa un comino. Ellos han ganado las elecciones para robar y es lo que están haciendo a mansalva. 328 chupones llevaron a Buenos Aires a hacer el ridículo, a beber, comer y divertirse a costa de los españoles a los que se les recortan los salarios, las medicinas y las pensiones. Esto no es un gobierno sino una panda de sinvergüenzas y parásitos.)

Exactamente, ¿qué cree esta señora que significa ser ministra? Es verdad que Mato desmiente la noticia, pero no aporta prueba alguna de haber pagado la entrada y, vista la afición de la dama a que los contribuyentes le paguemos hasta los cumpleaños de sus hijos, el asunto es alarmante. Lo grave de la situación, lo que indica la desmoralizacion de nuestra sociedad, la destrucción de los valores democráticos más elementales, no es ya que Mato no haya dimitido, ni siquiera que Rajoy no la haya destituido; lo grave es no haya masivas peticiones de dimisión. En ningún país democrático se toleraría una ministra como Ana Mato, cobradora de sueldos barcénigos, beneficiada reiteradamente por la trama Gürtel y gorrona del erario público. En ninguno. Lo sabemos todos.

Lo sabe el mismo Rajoy. Claro que en ningún país democrático del mundo se toleraría un Mariano Rajoy de presidente del gobierno. En ninguno. Y ya no se hable del clima general de corrupción que el PP ha instalado en el país y del cual nos hacemos una idea hilando nombres que tienen que ver con ella directa o indirectamente, además del de Mato: su marido, Sepúlveda, el albondiguilla, El bigotes, El curita, Bárcenas, Correa, Matas, González, Cospedal, Arenas, Cascos, Rajoy, Aznar, Fabra, Baltar, Castedo, Urdangarin, veinte años de financiación ilegal. Han destruido la fibra moral de la sociedad. Si la alcaldesa Botella ha gastado dos millones de euros públicos en comprar la mediación de un conseguidor para que le dieran a Madrid unos juegos que Madrid no merecía o si el gobierno se apresta a cambiar la ley antitabaco para propiciar la radicación de algo como Eurovegas, eso quiere decir que la soberanía del parlamento, la supremacía de la ley, la base moral de la democracia, les importan un rábano. Que han destruido la moral pública de la sociedad.

Este gobierno se ha cargado, a fuerza de despreciarlas, las convenciones normales del Estado democrático de derecho en cuanto a responsabilidad y rendición de cuentas de lo gobernantes. Rajoy no cree que deba dar cuenta de sus actos, ni explicar su decisiones (ni niquiera informar sobre ellas), ni disipar las sospechas y acusaciones en sede judicial de ser un presunto corrupto. Su política consiste en bloquear la oposición parlamentaria, censurar la información y manipular los medios públicos de comunicación a su servicio, obstruir la acción de la justicia, cuando no presionarla, y sofocar la protesta ciudadana con intimidaciones y una intensa represión policial. Es decir, ha destruido las formas y procedimientos democráticos que quedaban en el país. Formalmente, España es una democracia; materialmente, vuelve a ser una dictadura.

Quedaba al gobierno pendiente el capítulo de la agresión al sistema de pensiones y lo perpetró ayer al aprobar la medida que las desvincula del IPC, con lo que condena a lo pensionistas al empobrecimiento progresivo. Era el último clavo en el ataúd del Estado social, que también han destruido: el régimen jurídico laboral, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales no son ni sombra de lo que eran.

Ahora ya tienen las manos libres para provocar similar destrozo en el Estado desde le punto de vista territorial. La política  de Rajoy en relación a Cataluña ha sido la que ha acelerado el movimiento soberanista/independentista. Precisamente quienes acusaban a Zapatero de romper España son los que, por atender a sus propios intereses ideológicos y materiales (y los de aquellos en favor de quienes gobiernan) han llevado a España a esta situación de ruptura.

((Breve digresión sobre ideología e intereses. Pueden ir unidos o no, según conveniencia. Por ejemplo, CiU, teóricamente enfrentada al gobierno y el PP en el sacrosanto asunto del dret a decidir, vota con aquel en favor de una Ley de transparencia que solo cabe considerar como un sarcasmo. ¡Una ley de transparencia de un gobierno cuyo presidente es sospechoso de corrupción! Ahí hay un interés común del PP y CiU.))

Frente a la efervescencia independentista, que ha dado pruebas suficientes de fuerza, arraigo social, carácter abierto, democrático, pacífico, que cuenta con grandes simpatías en todo el mundo (incluida España), la respuesta del nacionalismo español, analizada ayer por Palinuro (La respuesta) ha sido un NO cerrado, aunque con distintas músicas: Rajoy, como siempre, refugiado en el silencio; García-Margallo diciendo cosas sin sentido; Sáenz de Santamaría añadiendo vaciedades; y los matones más o menos a sueldo repartiendo estopa al grito de "¡Cataluña es España!", con el cual, sin duda, habrán convencido a muchos catalanes. Y esto no es más que la punta de lanza de la campaña de feroz anticatalanismo que se avecina, incluidas las amenazas procedentes de los cuartos de banderas

Resumiendo: han destruido la moral pública, la democracia, el Estado social y la convivencia territorial de los Españoles. Se han cargado España y les quedan dos años de legislatura. Cuentan con una oposición que no es tal, en parte porque no puede y en parte porque no sabe o no se atreve. Ello les añade un sentimiento de impunidad que puede ser peligroso porque son muy agresivos. Después de haberlo desspreciado durante mes y medio, Rajoy va a contestar la carta de Mas diciéndole, claro, que NO, pero que, si quiere unas perras más, pueden entenderse. Mientras tanto, las bandas fascistas se crecerán y la situación se deteriorará mucho.

Está claro que las elecciones de 2015 serán decisivas. Si las gana la izquierda, como es posible, dado el rechazo provocado por el PP, tendrá que deshacer todo el destrozo causado por la derecha. Tendrá que devolver los derechos a todos los ciudadanos. Una perspectiva que horripila a las clases dominantes, empresarios, banqueros, curas, enchufados y vividores de la política. Tanto que ya hay quien barrunta que no habrá elecciones en 2015 ni en los años siguientes. Palinuro no comparte esta opinión pues tiene confianza en que Europa no permitirá una deriva dictatorial (más dictatorial, ya claramente dictatorial) de la derecha en España. Pero lo fía a Europa porque a la derecha, sin duda, ganas no le faltan.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La mala fe de la derecha.

El mundo entero está perplejo de la desfachatez del presidente del gobierno español que, encontrándose bajo fundada sospecha de comportamientos corruptos durante años, no dimite, no rinde cuentas, no da explicaciones, no comparece en sede parlamentaria. Es comprensible. Se trata de un mundo en el que lo habitual, lo digno, lo democrático es dimitir a la sombra de una duda o la certidumbre de un comportamiento impropio, por insignificante que sea. El último ejemplo, un ministro japonés dimisionario por haber aceptado el equivalente a unos cuatrocientos euros indebidos. Cuatrocientos euros son la cuarta parte de lo que todos los meses se embolsan muchos diputados españoles que, teniendo casa en Madrid, cobran 1.600 euros para alquiler de piso en la capital; la 850ª parte de los 340.000 euros que, según los papeles de Bárcenas, ha cobrado en sobresueldos Rajoy. No es de extrañar que la negativa a dimitir de este sea portada de todos los periódicos, incluso los de Nueva Zelanda.

También en España cunde la perplejidad y hasta la indignación por la insolencia de un gobierno deslegitimado por la corrupción que se niega a aceptar sus responsabilidades. Ese es el motivo de la moción de censura que anuncia Rubalcaba quien está consensuandola con el resto de la oposición. Ya se ha hecho un ensayo general con el compromiso por escrito de todos los grupos (excepto UPyD) de derogar la regresiva ley de Wert en cuanto ganen las elecciones. Será fácil con esto consensuar un sentido a la moción de censura que, en el fondo, asusta bastante al gobierno. Parece que el PSOE y la oposición en general caen por fin en la cuenta de que la actitud de la derecha con las instituciones democráticas y los poderes del Estado no es de recibo. Que no cabe acordar nada con ella porque solo es posible si se acepta sin rechistar su política autoritaria de imposición, de ordeno y mando y desprecio por la democracia.

Hubieran podido darse cuenta mucho antes de no haber aceptado crédulamente el discurso camaleónico del PP y sostenido por sus medios de ser el partido del centro derecha. No lo es ni lo ha sido nunca. No solo no es de centro sino que tampoco es de derecha si por tal se entiende la mayoría de las fuerzas conservadoras europeas, como el partido conservador británico, las democracias cristianas alemanas o las dos corrientes de la derecha francesa. Nada que ver con ellos. La derecha española es nacionacatólica y franquista hasta la médula. Es posible que en su seno haya una derecha homologable a la europea, pero no pinta nada. Hasta las corrientes neoliberales son nacionalcatólicas.

Los neofranquistas, como los franquistas, no son demócratas, no creen en la democracia, no hacen nada por protegerla y no les importa cargársela. Al fin y al cabo, para ellos era una época de "extraordinaria placidez". La expresión es estúpida, pero muy significativa. La derecha española gobierna en democracia porque no le queda otro remedio, pero no la respeta y no le importa nada que fracase y dé lugar a una nueva dictadura porque sabe que, en tal caso, nadie la perseguirá (como sucedería con la izquierda y hasta el verdadero centro) y, al contrario, seguirá en el gobierno. Así que su respeto por las instituciones democráticas -de las que suelta ditirambos mientras las dinamita- es inexistente.

En ese contexto general hay que enmarcar este nuevo episodio del presidente de Tribunal Constitucional, hombre de partido, del partido del gobierno. El País sale a voz en grito y dice que expertos juristas consultados lo dan como caso de clarísima incompatibilidad. Ignoro quién de ellos, si los juristas o el diario, invoca el artículo 395 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial que, dícese, es taxativo en la prohibición a jueces y magistrados de pertenecer a partidos políticos. Sí, es taxativo, pero no se aplica aquí. El Tribunal Constitucional no está sometido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino solo a su propia Ley Orgánica y a la Constitución que únicamente impide a los magistrados del Constitucional tener "funciones directivas" en un partido, pero no ser militantes de él. A más inri, que dicen los castizos, el señor de los Cobos no es juez ni magistrado, sino catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social y, por tanto, puede pertenecer a lo que le dé la gana. Su situación no es ilegal. El problema no es jurídico, es político.

Aquí es donde está el meollo de la actitud antidemocrática de la derecha española, en esta forma de vaciar de contenido las instituciones democráticas respetando su andamiaje externo. En la mala fe, en el permanente fraude de ley, en su inmoralidad. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Pero no, obviamente, porque sea algo absolutamente ajeno, de naturaleza intrínsecamente distinta a él, sino porque lo contiene en sí, siendo algo en cierto modo "superior". Argumentar esta "superioridad" es harto difícil y muchos dicen que imposible. Para un norteamericano es incomprensible que haya un Tribunal Constitucional ajeno al poder judicial. El Tribunal Supremo es tribunal constitucional. En España (y en otros lugares, como Italia, Alemania o Austria, países que han padecido dictaduras terribles) no es el caso. El Tribunal Constitucional no es el Tribunal Supremo. Pero, al menos formalmente, como si lo fuera. De hecho se llama tribunal y sus miembros, magistrados. Su jurisdicción es el llamado "bloque de constitucionalidad". La Constitución, su eje central, según doctrina al uso, es un texto de consenso, que incorpora y sintetiza visiones distintas del Estado español, tanto en lo ideológico como en lo orgánico. ¿Puede su intérprete único estar presidido por un hombre de partido y de un partido con opiniones y política tan extremas, tan radicales que sostiene puntos de vista que muchos, Palinuro incluido, consideran retrógrados, inhumanos, incluso atroces? Teniendo en cuenta, además, que la presidencia le otorga el voto de calidad en caso de empate. Legalmente, sí. Políticamente, no.

Ignoro qué dirá hoy el gobierno, si es que dice algo. Probablemente que el señor de los Cobos puede pertenecer a lo que quiera y sea legal y que, de todos modos, el hecho de estar al corriente en las cuotas del partido no significa gran cosa pues no hace de él un militante en sentido pleno. Es el punto de vista que sostenía Lenin, para quien el buen bolchevique no era solo el que pagaba las cuotas, sino el que trabajaba para el partido. Eso es, probablemente lo que se aprestaba a hacer De los Cobos cuando El País metió sus narices en donde no debía. ¿Por qué suponemos que se aprestaba a hacerlo? Porque ocultó el dato en la audiencia pública. Es su derecho, por cierto, reputarlo insignificante por cuanto esté convencido de que su militancia no condicionará su magistratura. Pero cualquiera en su sano juicio (él incluido) pensará que no todo el mundo será de la misma opinión y algunos habrían podido cambiar su voto de haber sabido de dicha militancia, ya sea en grado menchevique o bolchevique.

El caso es uno entre muchos. Rajoy tuvo paralizada durante años la renovación del Tribunal Constitucional porque no quería aceptar una composición política del órgano que no le fuera sumisa. Para ello se sirvió de una condición inaceptable: el nombramiento como magistrado del señor Enrique López, entusiasta colaborador de la FAES y activista político de la derecha extrema. El Tribunal Constitucional entró en barrena de desprestigio y acabó coronándose de gloria con la sentencia sobre el Estatut que ha tenido la virtud de poner a Cataluña en pie de guerra. Finalmente, habiendo ganado las elecciones, Rajoy ha impuesto a López. De nuevo legal; de nuevo políticamente lamentable. La alternativa ha quedado clara: si el Tribunal Constitucional no es un Consejo para sancionar las políticas del gobierno (algo parecido al Consejo Nacional del Movimiento, diría un guasón), que no sea nada.

Y no es solo el TC. Son todas las instituciones, distorsionadas, ninguneadas, aniquiladas. Rajoy gobierna de espaldas al Parlamento en el que su mayoría aplastante funciona como una guardia pretoriana que lo protege y lo libera de la enojosa obligación de comparecer a dar cuentas. Aparte, por supuesto de aprobar con aplauso todo lo que el gobierno envía a la cámara, sin variar ni una coma. Muy legal, ciertamente, pero inaceptable desde el punto de vista de los usos y costumbres democráticos, pero no hablar de la llamada "corrección parlamentaria" que la derecha ignora de arriba abajo. Ahí nace esa moción de censura que la oposición ya está tardando en presentar. Y Palinuro insiste en que no será suficiente y la oposición se verá forzada a actitudes de desobediencia, a votar con los pies, lo único con lo que la dejan ya votar.

Lo mismo con la Radiotelevisión pública. Ni un escrúpulo, ni una vacilación. En cuanto Rajoy tomó posesión, lo primero que hizo fue reformar la ley de RTVE vigente para nombrar al director que le diera la gana. Y es lo que hizo. Ese director nombró un equipo acorde con el mandato recibido: acabar con el pluralismo informativo y convertir lo audiovisual público en un aparato de propaganda del gobierno y su partido. Y los nombrados han cumplido. Se nota en las audiencias.

Y así en todo. ¿Qué tiene esto que ver con la democracia? Claramente, nada. Es una mala fe continua, un  permanente fraude de ley, una democracia en la forma y una dictadura en el fondo. La dictadura de un incompetente, embustero y presuntamente corrupto hasta la saciedad. España.

Regresa el patrón.

Pero ¿llegó a irse en algún momento? No; se mimetizó con el paisaje. Se hizo pueblo. Ahora ha vuelto y el pueblo es chusma.¿Qué se habían creído ustedes? ¿Pensaron que tenían la democracia garantizada en el Estado de derecho? Esa era la democracia de la chusma. El patrón trae la del señor y con exquisito respeto al Estado de derecho pues todas las medidas que toma las viste de leyes, de decretos leyes, pero leyes al fin y al cabo, que respetan el cascarón, la forma del Estado de derecho. Pero lo socavan y lo niegan en su contenido esencial: la igualdad ante la ley, precisamente.

¿No quedábamos en que la Constitución de 1978 era flexible y ambigua para amparar interpretaciones distintas y hasta opuestas como, se supone, es lo civilizado? Toca la interpretación conservadora, reaccionaria incluso que viene autorizada por la infausta reforma del artículo 135 acordada por el PSOE y el PP en agosto de 2011 que, al dar prioridad absoluta al pago de la deuda, ampara la barrida neoliberal que se ha producido. De agosto a noviembre de 2011, un paseo triunfal para la derecha y, en noviembre de 2011, un triunfo arrollador en las urnas con mayoría absoluta holgadísima.

La derecha crecida no se molesta en guardar las formas. Tomarse lo de los nazis a la ligera cuando hay neonazis que matan como los otros (la diferencia es la cantidad) espanta. Pero no a la derecha que de siempre se ha entendido bastante bien con el nazismo. Por eso no es necesario guardar las formas. Nombrar magistrado del Tribunal Constitucional a una persona de destacada y fortísima militancia ideológica partidista contradice de plano el más tenue sentido de la imparcialidad y la dignidad de la Justicia. Que el TC no sea parte del Poder Judicial es una excusa trivial. ¿Las formas? ¿Para qué? Una comisión de 12 expertos para decidir sobre las pensiones públicas con ocho de ellos pagados por bancos y aseguradoras, interesados en privatizar el sistema de pensiones parece un chiste. Y lo es. Tanto como el hecho de que la audiencia de la televisión pública caiga por debajo de la de las privadas porque se obstina en ser pura propaganda tanto más estúpida cuanto la gente puede ignorarla conectando con los otros canales en donde encuentran verdadera información.

Pero es igual. No es necesario guardar las formas. Ni con el asombroso caso de corrupción Bárcenas-Gürtel en el que parece estar pringado casi todo el partido y, desde luego, sus principales dirigentes que llevan años dando lecciones de moral y ética y haciendo lo contrario de lo que predican. ¿Las formas? ¿Dar explicaciones, rendir cuentas, facilitar la labor de la justicia, colaborar sinceramente con ella, no encubrir a los presuntos culpables, investigar y denunciar en serio? Vamos, vamos, puras formas en un momento en que además de su triunfo arrollador, la derecha tiene ante sí una izquierda casi colapsada o en estado de permanente pero confusa e irrelevante agitación.

Esto viene del hundimiento del comunismo. La Unión Soviética fue la primera vez en que un partido de izquierda construía un Estado propio, un Estado de izquierda. Y se convirtió en símbolo. Por delante de la Comuna de París, relegada a la condición de sacrificada pionera. Y la izquierda construyó un Estado y un Estado potente que duró unos 75 años. A partir de cierto momento, en ese Estado prevaleció la condición de Estado sobre la de izquierda. Hay quien dice que esa degeneración estaba ya presente en el inicio mismo del poder bolchevique. Interesante cuestión pero a nuestros efectos bizantina porque, empezara donde empezara ese Estado, se hundió en 1991. Y dejó el campo libre a la derecha que lo ocupó de inmediato.

Carente de Estado rival, la derecha, propietaria del suyo, del capitalista, podía admitir que la izquierda, ganando elecciones, lo administrara en pro de sus ideales. Pero era siempre bajo la condición de administrador leal del Estado ajeno. La izquierda no tiene ejemplo o modelo de Estado viable alternativo. El bolchevique no es posible y el chino no parece deseable; queda alguna simpatía por el cubano pero tiene un aspecto más sentimental y simbólico que otra cosa. Como administradora fiel de la finca, la izquierda pudo montar una especie de negociado social llamado Estado del bienestar, dentro de una fórmula que se sacaron los alemanes del magín (y, además, los alemanes conservadores) llamada economía social de mercado.

Pero se acabó. Regresó el patrón y tomó posesión de lo que considera suyo y que, de hecho, siempre lo fue en España.

En primer lugar del Estado como corporación. Tanta es la unidad del meollo, de la alianza entre la empresa, el capital y la iglesia que el partido conservador parece una típica correa de transmisión cuya forma más conocida es la famosa puerta giratoria entre la política y los negocios. Llega esta hasta el Rey que, por ser una sola persona, no es puerta giratoria sino clásica, la de dos hojas o caras. El Rey es el jefe de la Política y el de los negocios y, podríamos decir, parafraseando a Protágoras, de los que son en cuanto son y de los que no son en cuanto no son.

En segundo lugar, el Estado como nación territorial. A ver ¿qué broma es esa de otras naciones no españolas dentro de la nación española? A comparación abierta, eso es un cáncer y los cánceres deben extirparse. Lo demás son paños calientes y titubeos socialistas, aunque últimamente, parece resurgir entre estos un recio sentido español en lucha con la Antiespaña que anida en su seno. Pero no haya cuidado, la Patria está en donde debe estar: en el corazón de quienes la ponen por encima de la democracia. Ha vuelto el patrón a recordar que España es suya. Los nacionalismos, como la izquierda, meros administradores de lo ajeno a los que se puede remover de un modo u otro, sobre todo si, malhaya, se extralimitan en sus competencias.

En tercer lugar, la Administración pública. Suya desde tiempos inmemoriales. Compuesta por los grandes cuerpos de funcionarios del Estado en los cuales hay numerosos miembros neoliberales, enemigos acérrimos de ese Estado del que viven. Suya de nuevo como una finca. Por más reformas y modernizaciones que ha habido de la administración, esta sigue siendo patrimonialista, poblada de enchufismos. Mírense las diputaciones de Orense y Castellón, dos botones de muestra. La actual reforma de la administración local destripa los ayuntamientos pero robustece las diputaciones, enclaves sempiternos del caciquismo español. Rubalcaba tartamudeó algo sobre la supresión de las diputaciones y le hicieron comerse sus palabras. Y si vamos a administraciones sectoriales, nada que envidiar. La administración de justicia en todos los niveles es tan suya que ha decidido ponerle precio y alto.

En cuarto lugar, las instituciones. Todas suyas o hegemonizadas por la derecha. La Iglesia, por supuesto, las fundaciones, las Academias (basta pensar en la de Historia, la más orwelliana de todas), los medios de comunicación, bateria de agitación y propaganda de las tesis más extremas de la derecha, esa que considera afeminado guardar las formas. ¿Y los partidos? Bueno, los demás que hagan lo quieran con los suyos, que son muchos y mal avenidos. El de la derecha, un partido unitario del campo conservador, se confunde con el Estado, lo patrimonializa y se convierte en un Estado B, pagando a sus dirigentes un sobresueldo, como si fueran funcionarios del partido. 

¿Guardar las formas? Hombre, por Dios, estamos en casa de Braulio, castellano viejo.

La belleza y la dignidad de la rebelión.

Me gustaría estar allí, quisiera estar allí, deseo estar allí. Allí en donde la gente se siente libre porque rechaza el miedo y se enfrenta a la bestialidad del poder, ese aparato servido por perros sin alma a las órdenes de potentados, banqueros, capitalistas, militares, curas y otras variantes de criminales y cobardes. Sé que no vale mucho, pero quiero expresar mi sentimiento de cercanía, mi identificación con esa gente a la que no conozco de nada que se ha levantado en Turquía, que ha recogido la antorcha de la marcha de la humanidad hacia un mundo en el que no haya más caos, más brutalidad, injusticia, explotación, despotismo, abuso, manipulación, movidos por los siniestros intereses del dinero, la codicia, el odio, la tiranía. Y en donde sus lacayos y agentes ideológicos en los medios, en las universidades, en las fundaciones, cenáculos intelectuales e iglesias ya no puedan mentir hablando de orden, tolerancia, justicia, bienestar, democracia, prudencia y libertad. No sé cuánto durará este hermoso ejemplo turco, ni si mañana la gente se abrazará en las calles o los gobernantes y sus esbirros en los partidos, la policía, el ejército, procederán a "restablecer la calma" masacrando a la gente como es su tendencia inmemorial. Ya es maravilloso haber llegado hasta aquí, con esa indomable voluntad de persistir que anuncia la máscara antigás de ese ciudadano, hoy icono mundial de la sempiterna lucha del pueblo contra los opresores de todos los tiempos y todos los países. 

Recordatorio de las jornadas de ciberpolítica.

Mi departamento y mi Universidad organizamos las segundas jornadas de ciberpolítica del 27 al 29 de mayo de este año. Colaboran con nosotros el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) y el Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos. Las jornadas, en cinco sesiones de mañana y tarde, se celebrarán en la sede del citado CEPC, el bellísimo palacio Grimaldi (también llamado Palacio Godoy) sito en la Plaza de la Marina Española, nº 9, contiguo al Senado. Supercéntrico, frente a los Jardines de Sabatini y cerca del Palacio Real.

La inscripción es gratuita pero, dado que el CEPC es un organismo oficial, está sometido a medidas de seguridad. Por tanto se requiere de tod@s aquell@s que quieran asistir, que se inscriban previamente para el control de entrada. Pueden hacerlo en cualquiera de los dos correos siguientes:

Sebastián Zambelli: sebastianzambelli@gmail.com
Juan Pizarro Miranda: jpizarromiranda@gmail.com

En ellos pueden igualmente recabar información. Se recuerda que la primera sesión se celebrará el 27 de mayo a las 16:00 en el CEPC (conviene estar un poco antes para pasar la seguridad y coger buen sitio) y en ella se facilitará un tríptico a los asistentes sobre los horarios e intervenciones. Esta misma información consta  a continuación. No me parece exagerado decir que, si se me excluye a mí, en esta reunión presentan su trabajo l@s estudios@s (y práctic@s) mejores y más vanguardistas del momento en ciberpolítica. Es, por tanto, una ocasión única. Los debates prometen ser muy animados.

PROGRAMA

Panel 1.- Campañas electorales. Ismael Crespo. (27/05: 16:00)

Ismael Crespo (Universidad de Murcia) Tendencias de la comunicación de campaña en América Latina.

Ana Belén Campillo. (Universidad de Murcia) La propaganda electoral tradicional en la era de las nuevas tecnologías.

Cristina Moreno. (Universidad de Murcia) La comunicación de políticas públicas en el marco de las campañas electorales. La política de inmigración en el caso de España.

Alberto Mora. (Fundación Ortega y Gasset) La influencia de los factores económicos en la popularidad del gobierno de José María Aznar (año 2000) y José Luis Rodríguez Zapatero (año 2011).

Antonio Garrido. (Universidad de Murcia) Networking y crowdsourcing en las modernas campañas digitales.

Antonia González. (Universidad de Murcia) El clima político preelectoral. La satisfacción con las instituciones y actores democráticos. El caso de España.  

Panel 2.- Gobierno y democracia electrónica. José Antonio Olmeda (28/05: 10:00)

Josep Reniu. (Universitat de Barcelona). Demasiados talones para un solo Aquiles. Los riesgos del voto electrónico.

Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. (UGR). Accountability y transparencia de información financiera pública en la Web.

Ignacio Criado. (UAM). eGobierno en perspectiva comparada.

José A. Olmeda. (UNED). Mitología digital y democracia.

Panel 3.- Redes sociales.-Mari Luz Congosto  (28/05: 16:00) 

Ismael Peña-López (UOC) Clictivismo en positivo: la política como reconocimiento de patrones y movimientos emergentes. 

Montse Fernández (Fundación Ortega y Gasset) Análisis de redes en campaña electoral: técnicas, herramientas y métodos

Esteban Moro (UC3M) Evolución de las campañas electorales en Twitter: elecciones catalanas a los 2020 y 2012.

Pablo Aragón (Barna Media) Datanalysis 15M: Evolución del sistema-red 15m a través de topología de redes.

Panel 4.- Movilización Social. Ramón Adell Argilés. (29/05: 10:00)

Ramon Adell Argilés (UNED): Interacción de los espacios físicos y virtuales en la participación sociopolítica.

José Manuel Robles Morales (Universidad Complutense de Madrid): Movilización social a través de las  redes sociales. La política con Internet y la política en Internet.
Rosa Borge Bravo (Universitat Oberta de Catalunya) y Marc Esteve del Valle (IN-3): Partidos ‘alterados’: Cambios organizativos, NTICs para la participación y entorno de protesta en los partidos socialistas europeos.  

Carmen Haro Barba (Universidad Rey Juan Carlos), José Manuel Sánchez Duarte (URJC) y Víctor. F. Sampedro Blanco (URJC): Activismo digital en campaña. De V de Vivienda al 15-M.

Panel 5.- Comunicación política y opinión pública. Ramón Cotarelo (29/05: 16:00)

Luis Arroyo (Consultores de comunicación pública) ¿La ciberutopía era esto? Sofactivismo, pandillerismo, nueva censura y privatización del espacio público .

Ramón Cotarelo (UNED) Ciberorganizaciones, ciberpartidos.

Óscar G. Luengo (Universidad de Granada) Twitter Vs Medios Tradicionales: la cobertura de la muerte de Hugo Chavez.

Víctor Sampedro (URJC), Perfiles y tipología de cibernautas en campaña electoral.

Las cosas que dicen y hacen

"
LO QUE DICEN.

Conócete a ti mismo es un antiguo adagio que procede seguramente del saber de la especie que lo condensa en fórmulas rotundas, como esta, tan cierta cuanto imposible. Véanse algunos ejemplos empíricos recientes:

• Aznar habla del odio que otros le profesan.
• Rajoy habla de dar la cara y llamar al pan, pan y al vino, vino.
• Cospedal llama nazis a los demás.
• Los obispos niegan legitimidad democrática a los otros y los acusan de totalitarios.
• Aguirre. Habla de mamandurrias refiriéndose al prójimo.
• Ruiz Gallardón habla de violencia estructural ajena.
• Botella se siente ofendida por la duda.
• Cifuentes quiere garantizar la seguridad ciudadana.

LO QUE HACEN.

Sembrar la incertdiumbre y la inseguridad ciudadanas con medidas arbitrarias, sobre todo en orden público. Hasta parecer que instigan a la policía y fuerzas de seguridad a comportamientos de acoso, de exceso de violencia represiva. Azuzar el desprecio y el odio hacia colectivos concretos, como los funcionarios, los médicos, los profesores o los catalanistas. Bloquear la información, censurarla, obstaculizar la libertad de expresión y convertir los medios públicos en comisariados políticos. Negarse a rendir cuentas y al escrutinio de la opinión pública ante la que se comparece a través de una pantalla de plasma, como si se fuera el oráculo de Pontevedra. Imponer a machamartillo la religión en las escuelas, de forma totalitaria, sin ningún respeto a la democracia. Saquear la administración y el erario públicos de modos legales e ilegales y llenar aquella de enchufados y cargos de libre designación, familiares y compañeros de partido; es decir, patrimonializarla. Despojar a las mujeres de sus derechos y someterlas a la violencia estructural de una doctrina sectaria.

PUNTO Y APARTE.

Aznar profirió todo tipo de infundios y amenazas sobre El País en su autoentrevista televisada y amenazó jupiterino con los rayos de sus querellas de las que espera ingresos ingentes solo porque el diario dijo que Correa (o sea, Gürtel en alemán) había pagado 32.000 euros para iluminar la boda de su hija. ¿Pues qué hará ahora que el mismo diario dice que, además, el tal señor Gürtel le pagó actos multitudinarios que contabilizaba como "regalos" y "pérdidas" y de las que se reponía después esquilmando los dineros públicos ,inflando las facturas de los contratos que trincaba gracias al PP? Realmente, lo han dejado sin habla. Recordemos la explicación de Aznar sobre el regalo a la boda: ¿qué cosa más natural que se hagan regalos en las bodas? Trasladémosla a la otra situación: ¿qué cosa más natural que se hagan regalos al presidente del gobierno? ¿Cuál habría de ser la respuesta?

PUNTO FINAL

¿Es verdad que hay dos periodistas detenidos? ¿Que fue la policía a buscarlos a sus casas? ¿Que se les acusa de agresión a la fuerza pública? Esto es una escalada de intimidación y violencia estructural. Los ciudadanos estamos viendo cómo un chaval puede pasar un par de meses en prisión bajo una vagarosa acusación policial mientras que un banquero, imputado en un delito concreto y con 2,5 millones de euros de fianza, sale a la calle en veinticuatro horas. Cómo se recortan los ingresos de todos excepto los de la iglesia católica. Cómo quienes han cobrado sobresueldos durante años, reducen y merman los infrasueldos de los demás. Cómo quienes defienden el derecho a la vida del embrión se lo niegan a los extranjeros indocumentados, a los dependientes, a los enfermos crónicos y llegan a la ignominia de discriminar negativamente a los desempleados, dando prioridad a los que cobran subsidio sobre quienes no lo cobran para ahorrarse un dinero a costa como siempre de los más castigados.

La indignación está generalizándose. Y la única respuesta del gobierno es aumentar la represión: moler a palos a la gente en la calle, hostigarla e impedirle el ejercicio de sus derechos constitucionales. ¿Cuánto puede durar esto?

Rompiendo amarras se presenta en Fuenlabrada.

Es el miércoles, 22 de mayo, a las 19:30, en el "espacio joven", de Fuenlabrada. Modera el concejal de la Juventud, Francisco Paloma, e interviene Tomás Gómez, secretario general del PSM. El cartel está muy bien. Yo había hecho uno mucho más aburrido que no me atrevo a sacar. Sin duda, el acto estará muy animado. Es una suerte que Tomás Gómez haya aceptado presentar la obra. Al fin y al cabo, modestamente, es una reflexión sobre las posibilidades de la izquierda hoy día y muy especialmente, del socialismo democrático. Nada mejor que uno de los principales representantes de una generación nueva en este campo. La presentación ofrece la oportunidad de contrastar las formulaciones teóricas con el punto de vista de quienes están en la práctica, en la tarea de aplicar en el día a día unas ideas que, teniendo una larga trayectoria y habiendo sido hegemónicas durante largos periodos del siglo XX en Europa, hoy se ven cuestionadas por la preponderancia neoliberal y obligadas a reformularse para hacer frente a esta pavorosa crisis y echar las bases de una sociedad más justa y más democrática.

Cordialmente invitadas todas las personas interesadas.

La tradición revolucionaria

Casi todos los análisis por ahí danzando sobre el M15M suenan a anticuados. Están hechos a partir de categorías políticas anteriores a internet, en el contexto de venerandas instituciones que vieron la luz cuando ni existía la máquina de vapor. La mayoría de ellos concluye que, si el M15M quiere ser eficaz, debe dotarse de algún estatuto orgánico y entrar en el funcionamiento de las instituciones. O, cuando menos, ha de encontrar formas de acción llamémoslas "simbióticas" con unos u otros partidos políticos, que son los que tienen la sartén por el mango. Alguno se lo plantea como reto. "Hágase partido político", le recomendaba hace días Cospedal. En resumen: si quieren ustedes conseguir algo, pasen por el aro.

Estos análisis ignoran la realidad de la forma más crasa. Desde el primer aniversario, el M15M está demostrando una eficacia rotunda. 1.400.000 firmas metieron a Ada Colau y la PAH directamente en el Congreso y las llevaron luego al Parlamento Europeo. 929.903 ciudadanos madrileños han firmado en contra de la almoneda de la sanidad pública por cabezonería e interés del neoliberalismo rampante. La marea verde ha paralizado la Ley Wert con su ataque al derecho universal a la educación y las movilizaciones cudadanas lo han hecho con el asalto eclesiástico a los derechos de las mujeres a través del piadoso ministro de Justicia. Ahora el M15M pide un escrache al sistema.  Está clarísimo: en su proteica manifestación (ajena a toda estructura orgánica) el M15M es muy eficaz y se retroalimenta a sí mismo. Nadie hablaba de escraches en la Acampadasol del año pasado.

Claro que el M15M sigue vivo y tiene un gran impacto social. De hecho, el panorama político está cambiando. Desde el punto de vista conservador, rige un principio formal: la legitimidad se obtiene habiendo ganado unas elecciones y esa legitimidad ampara toda acción del gobierno, incluso la contraria al programa con el que se ganaron esa elecciones (en el caso de Rajoy) o la que no estaba prevista en tal programa (caso Fernández-Lasquetty en Madrid).

Pero esta es una concepción de la democracia como régimen de opinión tan anticuada como los análisis antes mencionados. El triunfo electoral  ya no puede ser un cheque en blanco hasta las próximas elecciones. Estas garantizan el gobierno por consentimiento de las mayorías. Pero, por un lado, las mayorías cambian a lo largo del tiempo y, por otro, rara vez serán homogéneas. Antes no era posible detectar estas variaciones con seguridad y por eso se ignoraban. Pero ahora es posible hacerlo a través de las TICs y en tiempo real. Si hay una mayoría, habrá siempre una o varias minorías y la calidad de la democracia se mide por el trato que esas minorías reciben.

Lo que posibilita esta movilización masiva es internet. Y, si lo puede hacer la gente con sus escasos medios, más podrá hacerlo el Estado con los suyos, siempre poderosos. Lo que le falta al Estado es voluntad; justo lo que le sobra a la gente. Y por eso esta puede con todo. Se dirá que el 1.400.000 firmas de Colau o las más de novecientas mil firmas de la sanidad proceden de la difusión a través de los medios. Sin duda. Pero esa difusión mediática (política 1.0) viene ahora replicada al infinito en la red, en donde la información circula prácticamente a la velocidad de la luz, se universaliza en tiempo real y, sobre todo, permite ser administrada libremente por todos los individuos que no son solo receptores de la información sino también emisores y, desde luego, replicantes (polítca 2.0) en el ciberespacio y haciendo ciberpolítica.

El predominio de las redes y la difusión fulminante de la información permiten, a cambio, una acción real más pausada, más elaborada en los procesos asamblearios, con mayor alcance y más posibilidades de eficacia. Lo decían al comienzo, hace dos años: vamos despacio porque vamos lejos.   

Este es el problema.

El problema del golpismo. La permanente amenaza de intervención militar, de la que España no parece ser capaz de liberarse. La última asonada fue en 1981 pero, desde entonces, ocasionalmente, se oye el refunfuñar de algún alto mando del ejército. Suelen ser de la reserva, pero eso no les resta significado; al contrario, se lo añade, pues la situación de reserva pareciera aligerar en los militares el deber de obediencia. El más reciente, ese general exjefe de la infantería de marina quien sugiere la posibilidad de intervención militar en Cataluña. Y con un razonamiento bien curioso. "La Patria", dice, "es un sentimiento, mientras que la Constitución no es más que una ley". Obsérvese el desprecio por la ley. Es imposible explicar a una persona así que la ley prevalece sobre el sentimiento, que si no fuera por eso la sociedad sería imposible pues cada cual se tomaría la justicia por su mano. Imposible de todo punto. Imposible explicarle que sus sentimientos, por muy nobles que se le antojen, no son superiores a los del vecino, quizá opuestos a los suyos. Imposible incluso mostrándole el ejemplo de Gran Bretaña en donde la eventualidad de la independencia de Escocia no ha suscitado ni un murmullo entre el alto mando del ejército. A propósito, va a ser muy difícil explicar por qué lo que puede hacerse en el Reino Unido, no puede hacerse en España. Explicar con razones, no con el cornetín de órdenes.

Por eso, lo más recomendable es aplicar la legislación constitucional vigente y sancionar un comportamiento que está fuera de ella, pues pretende dar autonomía al ejército frente al poder civil. Y este es un asunto no negociable: el Estado de derecho se basa en la supremacía de la ley, incluso en el ejército. Esa propuesta de que la patria está por encima de la ley es inadmisible porque quiere decir que el sentimiento de patria del general y sus amigos prevalece sobre la ley, manifestación de la razón y de la voluntad colectiva. Es posible que el poder político civil requiera la acción de las fuerzas armadas, pero eso no puede ser por decisión de estas, sino de aquel, que la tomará en el contexto de un debate político. Y habrá que ver cómo la justifica en un contexto europeo en donde no se aceptaría una solución militar en España.

La Patria es lo que dice la Constitución. Este es el nudo de la doctrina del patriotismo constitucional que todo el mundo invoca si bien no respeta. En el entendimiento de que la Constitución puede decir otra cosa. Las descripciones de España han cambiado mucho en las Constituciones de los siglos XIX y XX. La descripción actual podría cambiar si así lo decidiera una  mayoría de los españoles pacífica y democráticamente. La Constitución puede reformarse y, si llegara a admitir el derecho de autodeterminación, como muchos propugnamos, este se ejercería a su amparo con todas las consecuencias, sin que los militares tengan nada que decir. Ningún orden político puede sobrevivir con un actor tomando decisiones que influyen en las de los poderes del Estado o las condicionan. En todo caso, el ejército podía aprender de la Iglesia, otro agente que condiciona la acción de los poderes del Estado, pero lo hace sigilosamente, en el secreto de los despachos o las sacristías en donde obtiene pingües beneficios, superiores a los de los militares. Pero no es el espíritu de estos, más aficionados a andar a tambor batiente.

La política y la corrupción.

Incluyo aquí un artículo que publico hoy en el magnífico blog Publicoscopia, cuya lectura recomiendo. Del blog, claro es, no necesariamente de mi artículo.

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En su sátira contra Cleón, Los caballeros, de Aristófanes, unos criados tratan de convencer a un choricero que pasa por allí de que llegará a ser el gobernante del Estado. Este es el diálogo: 

Primer servidor.- ¿Cómo es eso? ¿De qué te crees indigno? Albergarás todavía algún buen sentimiento. ¿Pertenecerás acaso a una clase honrada?

El choricero.- No, por los dioses; pertenezco a la canalla.

Primer servidor.- Entonces, oh mortal afortunado, estás ricamente dotado para la política.

Choricero.- Pero, buen amigo, yo no he recibido la menor instrucción; sólo sé leer, y eso mal.

Primer Servidor- Precisamente lo único que te perjudica es saber leer, aunque sea mal. Para gobernar al pueblo no hacen falta hombres provistos de buena cultura y de buena educación. Se necesitan ignorantes que, además, sean unos granujas. No desprecies lo que los dioses te prometen en sus predicciones."

Este desprestigio de la política y los políticos en Atenas, venía ya de antiguo. S. N. Kramer comenta que el primer caso de soborno se registra en Sumer, unos 3.000 años antes de Cristo. De forma que, al abordar el problema conviene no olvidarse de que no es novedad ni algo privativo de nuestro tiempo. Pero este hecho tampoco debe inducirnos al fatalismo, al relativismo y a la resignación. Que haya políticos corruptos; que los haya habido siempre; que incluso impongan el tono de la gobernación en todos los tiempos, no dice nada sobre la política en sí misma, sino sobre los políticos que se corrompen.

Al contrario, cuanto más lejos nos encontremos de aquella política que Francis Bacon llamaba alta, más ejemplos se darán de la perversión de esta noble arte y más se extenderá la desafección entre la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza de esa vocación. Ello es especialmente llamativo en el caso de la democracia que, por definición, consiste en la identidad entre gobernantes y gobernados.

Los enemigos de la democracia suelen argumentar que esta forma de gobierno es especialmente proclive a la corrupción y señalan en su apoyo la proliferación de casos que en ella se dan de prácticas ilegales y criminales. De este modo no solo justifican sino que incluso fomentan el despego de la gente hacia el sistema democrático en la esperanza de sustituirlo por alguna forma de tiranía, más acorde con sus intereses.

Sin embargo, la democracia no solamente no es la forma de gobierno más corrupta sino, al contrario, quizá sea la menos corrupta. Los escándalos, cierto, sacuden la vida cotidiana pero, en buena medida, porque nuestra sociedad es mediática y, aunque no lo parezca, mucho más transparente que todas las anteriores. De haber libertad de información y expresión en las dictaduras, en las monarquías absolutas, podría verse que la corrupción es en ellas mucho más grave que entre nosotros.

La garantía de la democracia frente a la corrupción no está en el intento de erradicarla (aunque no esté nunca de más intentarlo) sino en el hecho de la publicidad. Es imprescindible que todos los actos de la esfera política reduzcan o eliminen el silencio, el secreto, las zonas de penumbra –en donde el poder hace sus chanchullos- o de opacidad. La corrupción, la venalidad, la falta de lealtad, de honradez no se eliminarán nunca porque son tan inherentes a la naturaleza humana como sus contrarios. Lo que sucede es que, por una especie de actuación de una ley de Gresham moral, son más visibles que estos. 

Lo que la democracia precisa no es amontonar códigos éticos que nadie cumple y solo sirven para hacer demagogia, sino disponer de medios prácticos y eficaces para prevenir la corrupción y, desde luego, obligar a los gobernantes a atenerse a ellos, a dar explicaciones de sus actos y a sufrir las penas correspondientes. Esa es precisamente la razón del agudo deterioro actual de la democracia española. No es solamente la sospecha de que los gobernantes actuales, desde Rajoy hasta los cargos de las Comunidades autónomas, sean unos corruptos y un puñado de granujas dedicado al saqueo de las arcas públicas. Antes bien, es la comprobación de que, dado el funcionamiento constitucional del sistema, la ciudadanía carece de medios para obligar a estos gobernantes indignos, presuntos prevaricadores y ladrones, a dar cuenta de sus actos, dimitir y sufrir los castigos pertinentes.

En nuestro tiempo, la expansión de internet, la política 2.0 y el “periodismo ciudadano”, han facilitado el acceso de las multitudes al control crítico del gobierno. Sin embargo, el bloqueo institucional de este mediante medidas autoritarias y reformas reaccionarias de la legislación represiva, producen el efecto de que, de todas las democracias del mundo, la única que está dirigida por un partido que más parece una asociación de delincuentes, con un presidente presuntamente dedicado al enriquecimiento personal ilícito sea la española. 

Justamente una razón más para que la ciudadanía mantenga e incremente la presión extraparlamentaria, en la calle, a los efectos de que los gobernantes corruptos, empezando por el presidente del gobierno, dimitan y se pongan a disposición de los tribunales de justicia. 

La política, sobre todo la política democrática es corrupta o no; los ciudadanos pueden profesar desafección hacia la política o no, dependiendo de lo que ellos mismos hagan. La política la hacemos los ciudadanos; no los gobernantes. La corrupción de estos se aprovecha de nuestro desinterés. En gran medida cabe decir que la corrupción se da porque los ciudadanos la toleran.

Frenos y contrapesos.

Es una verdad de la ciencia política que solo el poder frena el poder. Un poder que carece de otro enfrente tiende a extralimitarse, a avasallar, a convertirse en tiránico. Por eso, el constitucionalismo moderno se aferra a la teoría estadounidense de los frenos y contrapesos, los checks and balances que los admiradores de todo lo yanqui creen tan universales y eternos como las stars and stripes. ¿Qué entes, qué instituciones pueden ejercer un poder que frene y contrarreste el poder político, en este caso el gobierno? En principio, los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial y, además, el cuarto poder, reforzado por lo que algunos llaman ya el quinto poder, la web. Siendo España régimen parlamentario, el parlamento es inexistente, víctima de la mayoría absoluta del gobierno. El sistema mediático está abrumadoramente al servicio del gobierno que lo utiliza sin ningún reparo: todos los medios audiovisuales públicos son oficinas de agitprop gubernamental y una parte importantísima de los medios impresos.

De freno y contrapeso están actuando el poder judicial y la web. Pero no es mucho. El gobierno desoye las decisiones de los tribunales. Así, el ministerio de educación sigue privilegiando los centros que discriminan por sexo frente a decisiones firmes del Supremo que lo prohíben. Eso cuando el de Justicia no decide conceder el indulto a delincuentes condenados por la justicia, con razones por lo menos especiosas. La vigilancia de la web es universal, generalizada, llega a todos los rincones del ejercicio del poder. La web es un Argos siempre al acecho. Pero se estrella ante la indiferencia de los gobernantes, quienes ignoran el estado de ánimo de las redes o las llenan de apologetas suyos actuando como trolls.

Es decir, el gobierno del PP no tiene contrapesos. Tampoco oposición parlamentaria. Esos 110 diputados socialistas poco más pueden hacer que aplaudir a su lider cuando pide la dimisión de Rajoy. Y aun eso, con moderación y prudencia. Ya ha salido el venerable González a decir a los jóvenes lobos de su partido que no estén pidiendo continuamente la dimisión del presidente. No sea que este se enfade. Esas dos carencias se notan mucho. El gobierno tiene una tendencia autoritaria evidente. El presidente apenas comparece en Parlamento, gobierna por decreto-ley, rompe acuerdos y pactos escritos y no escritos en su intención de desmantelar el Estado del bienestar, privatiza servicios públicos a mansalva y, los que no puede privatizar, los reduce y descapitaliza. Algun@s gobernantes  autonómic@s pretenden privatizar el dominio público, los valles y montes de España, una especie de reamortización.

Y todo esto lo ponen en práctica unas autoridades electas pero sobre las que pesan fuertes sospechas de corrupción y que no solamente se niegan a dimitir sino incluso a dar explicaciones de sus actos, con los medios a su servicio. Muchas de las medidas del gobierno exceden de sus competencias y entran de lleno en el ámbito de la reforma de la constitución material del país, mediante un vaciamiento de sentido de la constitución formal. No hay derecho a la vivienda digna, ni a la sanidad y educación públicas, ni a la tutela efectiva de los tribunales, aunque el texto de la Constitución vigente siga proclamándolos.

La oposición está obligada a plantear esta crítica como fundamento a su moción de censura y con propuesta de un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. El gobierno no está legitimado para hacer lo que hace. Ni subjetiva ni objetivamente. Y  mucho menos lo contrario de lo que prometió en el programa electoral. Las personas que lo están haciendo no son las más adecuadas y lo que están haciendo no es lo más conveniente para el país. La moción de censura es inexcusable. El gobierno debe explicarse ante la opinión pública si no de grado, por fuerza.

(La imagen es una captura del vídeo de La Moncloa en el dominio público).

Bronca en el patio trasero.

 Aguirre ha entrado a saco en un cónclave de su partido. Ha venido a pedir la dimisión de Ana Mato, a criticar a Cospedal por su falta de nervio en el escándalo Bárcenas y a poner cual no digan dueñas a Ana Botella por la gestión del Madrid-Arena. Los expertos intuyen detrás del ataque aguirresco un movimiento de partidarios suyos, apoyado por Aznar, para substituir a Rajoy. No parece muy certero. Si Aznar hiciera causa con Aguirre esta no atacaría a Botella. Aguirre es más un cañón giratorio y aprovecha una buena oportunidad (por eso la llaman oportunista) de hacerse con el partido invocando una necesaria regeneración democrática. Es inteligente y audaz pero no lo más apropiado para la expresidenta de Madrid, tan necesitada de regeneración democrática como el conjunto de su partido.

El partido está hecho unos zorros, vive de sobresalto en sobresalto, pendiente de la última revelación del caso Bárcenas, tapando vías de agua. Sus reacciones, en sus principales figuras son irreflexivas, precipitadas y nada convincentes. Cospedal y Floriano han amenazado con querellas prácticamente contra todo el mundo. Pero hasta la fecha no se ha interpuesto ninguna y menos aun contra Bárcenas, a quien los portavoces del PP ignoran, como si no existiera pues, dicen, es una persona privada; no pertenece al partido.

El presidente, después de las dos pintorescas ruedas de prensa, ha retornado a su actitud silente. Solo una vez ha rozado el viscoso asunto de la corrupción y ha sido para respaldar a la ministra Ana Mato. Si se observa es puro estilo Rajoy: respaldar a l@s presunt@s corrupt@s cuando más cuestionad@s son. Lo hizo con Camps, con Matas y hasta los puso de ejemplos. Lo hizo a la chita callando con Sepúlveda y Bárcenas al conservar el sueldo al primero en su fantasmagórica condición de funcionario del PP y el despacho, el coche y la secretaria al segundo, mucho después de haber este dimitido como tesorero y senador. Lo hace ahora con Ana Mato. Suena a táctica. Sabiéndose en falso, en el punto de mira de la lucha contra la corrupción por ser él también sospechoso de haber recibido sobresueldos, se rodea de gentes en sus circunstancias que le sirvan de colchón.

Tampoco la gobernación del Estado se le da mejor. El paro ha aumentado en más de 135.000 personas en enero. Todas las magnitudes son negativas. El barómetro del CIS de enero es terrorífico. El 90,8% de la población piensa que la situación económica es mala o muy mala. El 65,9% cree que es peor que la del año pasado y el 40,2% piensa que el año que viene será aun peor. El resto de los datos es de este deprimente jaez. La valoración de Mariano Rajoy es bajísima. El 82,1% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en él. En el caso de Rubalcaba esa cantidad se eleva al 88%..

La situación es disparatada. El gobierno no quiere o no sabe gobernar y la oposición no tiene alternativa.

Los eternos preguntones.

Carlos Fernández Liria (2012) ¿Para qué servimos los filósofos? Madrid: La Catarata.

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Una pregunta encabeza este libro, lo cual es muy propio de los filósofos quienes, como los científicos, son seres específicamente inquisitivos. Y, de preguntar, empezar por uno mismo. ¿Para qué sirven los filósofos? Para hacer preguntas, algo constitutivo de los seres humanos. Así es este libro, una serie de preguntas saltando aquí y allá a lo largo de unos capítulos no escritos con una unidad de sentido, sino recogidos en un volumen con diversa procedencia. Tiene pues algunos (pocos) de los vicios de este género y algunas (muchas) de sus virtudes. No es reiterativo y, en cambio, es muy variado, siempre dentro de la mirada filosófica. El socorrido hilo conductor lo proporciona la lucha contra el plan Bolonia en donde el autor viene siendo muy activo desde 2000. Bolonia es la destrucción de la Universidad humboldtiana e implica el retorno a una oscurísima Edad Media (p. 139). Palinuro coincide y le llama la atención ese recurso a la nueva Edad Media que nos acecha. Viene a ser una idea parecida (aunque de otro signo) a la de Alain Minc en su libro de ese título, La nueva Edad Media, de 1993. Y los dos recuerdan la célebre obra de Nicolás Berdiaeff, aunque, para este, la nueva Edad Media, lejos de ser oscurísima era brillantísima. La Edad Media como metáfora.

Pero el libro va mucho más allá y mucho más acá del combate antibolonio. Hay en él otro tipo de temas muy sugestivos que, al aparecer y desaparecer a lo largo del texto, es preciso reorganizar, con el consiguiente riesgo de interpretar mal

¿Para qué sirve la filosofía? Para nada y para todo. Para gobernar a los hombres y, a través de ellos, el mundo. Así se sigue del brillante y original capítulo sobre el proceso de Sócrates quien habla aquí, no por boca de Platón, sino del propio autor. La pretensión de la filosofía se justifica por su uso de la razón, de la razón pura, desinteresada, exenta de contaminaciones histórico-culturales. Una razón de inmediato asimilada a la Ley por sus caracteres de abstracción, universalidad y generalidad (p. 55) Lo propio del Estado de derecho, identificado con la respuesta a la eterna cuestión de la filosofía política sobre la mejor forma de gobierno. Fernández Liria lo tiene claro: el Estado de derecho con tres notas concomitantes de división de poderes, publicidad en el sentido kantiano, e inmunidad de los representantes parlamentarios, "artilugios institucionales" (p. 44). El imperio de la ley se da por supuesto.

El problema de esta forma política es su coexistencia con el capitalismo (p. 72) que viene a ser entendido como el triunfo de la burguesía frente a los ideales de la Revolución francesa y taxativamente condenado como el mayor obstáculo a la libertad (p. 99).

En el análisis de la Ilustración, Fernández Liria señala que el requisito para la independencia civil en el Estado de derecho imaginado por los iusnaturalistas es la propiedad. Esta es la prueba de la verdad o falsedad del orden político. No siendo la propiedad universal, la consecuencia es el sufragio censitario, modo crudo de consagrar la desigualdad de los seres humanos precisamente con aquello que los hace tales. Locke sostenía que los tres derechos naturales esenciales a todo ser humano eran la vida, la libertad y la propiedad. Que eso de la propiedad lockeana es peligroso se delata en que su seguidor, Jefferson, no la incluyó en los derechos de la declaración de independencia que pasaron a ser: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hasta la libertad podía quedarse en una declaración firmada por propietarios de esclavos, pero no la propiedad.

Tema conflictivo el de la propiedad. Si no lo he entendido mal, el autor propone resolverlo universalizándola mediante criterios posibilistas, tipo Tasa Tobin o renta básica (p. 79). En la medida en que el Estado es pensado, como siempre y, desde luego, desde Hegel, como el único interesado en la universalidad de estos propósitos de la ley y la razón, corresponde hoy a los trabajadores, a los asalariados, defenderlo frente a los ataques de la burguesía neoliberal que apunta a la nueva Edad Media (p. 47), la selva de las privatizaciones. Ese tipo ideal de Estado de derecho no es compatible con ninguna forma de conquista partidista del Estado, ni siquiera de la del partido de uno mismo si lo tuviere. Identificado el Estado con el derecho, su empleo partidista equivale al uso de una justicia partidista, esto es, una contradicción en los términos, un oxímoron.

No sé si, a fuerza de coincidir con el autor, le atribuyo intenciones que no tiene, pero detecto en su punto de vista una forma de razonar que precisamente trato de exponer en una obra de próxima aparición. Una forma de razonar que se abre paso con otra pregunta: ¿se equivocó la izquierda al entender que debía "superar" la Revolución francesa? Sin duda el capitalismo consagra una especie de traición de los ideales de la revolución imponiendo ese sistema que el marxismo critica con la dualidad democracia formal/democracia real. Pero, a su vez, aquí viene lo interesante del punto de vista del autor, el marxismo cometió el grave error de aceptar los vicios del capitalismo (p. 94), con aberraciones como la del "hombre nuevo" (p. 47) para acabar produciendo una forma de totalitarismo (p. 96). Imagino que se refiere más especialmente al comunismo. Pero la crítica es, desde luego, formidable para venir de quien se considera a sí mismo "comunista antisistema", si estoy en lo cierto.

De ser correcta esta interpretación, desde luego lo imperativo es volver a los ideales de la Revolución francesa. Es mi punto de vista, rehacer el camino, no tirar al niño con el agua sucia. Cuando un ideal se falsea, la culpa no es del ideal sino de quien lo falsea. La falta de respeto a los derechos humanos no es un argumento en contra de los derechos humanos. Así que también aplaudo su recuperación de la idea ilustrada del progreso como una victoria frente al tiempo (p. 86). Este es válido incluso en el problemático sentido moral. Su confianza en el derecho lo lleva a negar el relativismo. La prohibición de la esclavitud y el avance del feminismo son pruebas objetivas del progreso. Ello sin ignorar que puedan producirse retrocesos, incluso muy pronunciados. Él mismo predice uno con la nueva Edad Media.

Ya no me resulta tan convincente la reiterada condena del capitalismo como el mayor obstáculo a la libertad (p. 99). No porque se contradiga el canto que hace Marx al capitalismo en el Manifiesto como gran liberador de fuerzas productivas y avance sino porque, no habiendo sido capaces los anticapitalistas de procurar un orden social más libre que los capitalistas, la afirmación de que el capitalismo es el mayor obstáculo a la libertad solo puede sustentarse en una convicción de futuro, en una ideología. Cierto que el capitalismo ha posibilitado la extensión de esas instituciones en las que el espíritu objetivo hegeliano facilita la libertad, pero lo que hoy está en marcha es un proceso de destrucción de lo avanzado (p. 115). Cabe imaginar qué pensaremos de la situación si decidimos que el mercado es el cerebro de la totalidad hegeliana (p. 115) y, al mismo tiempo le otorgamos la condición de demente. Suena aquí la idea de la anarquía del mercado pero el hecho es que, demente o anárquico, injusto y cíclicamente catastrófico, el mercado garantiza la existencia de los órdenes sociales mientras que las formas de organizar la producción al margen de él, no lo han conseguido. Por eso, el problema de la relación del capitalismo con la libertad es complicado.

Desde luego puede compararse la privatización neoliberal con un nuevo feudalismo. Todo relaciones entre privados. Bolonia es un ataque directo a la Universidad como servicio público que se debe, no a la sociedad, sino a la verdad. Privatizarla es un suicidio; algo tan absurdo como privatizar la justicia (p. 149). Sin embargo, hasta esto está en recámara. No tanto la actividad judicial en sí (aunque el encarecimiento de las tasas es una forma de privatización) como otras acividades de la administración de justicia, cual los establecimientos penitenciarios. Los anarcocapitalistas probablemente los pondrían en pública subasta. O sea, los externalizarían. Puede ser un negocio tener mano de obra barata en un penal. Así que el proceso de privatización de la Universidad es un frente de batalla abierto.

El ataque a la Universidad pública es, en el fondo, un ataque a la función pública. Fernández Liria analiza agudamente cómo la condición de funcionario, con el colofón de la libertad de cátedra es lo que da a estos la libertad. La libertad es posible con seguridad en el empleo (p. 119). Esa faceta es la que la privatización pretende romper para someter la crítica y el espíritu libre a la ignominia de la incertidumbre y el miedo al futuro que convierte a unos hombres en dependientes de otros, lo cual es la base de la tiranía como algo opuesto a la obediencia a la ley que es la base de la libertad, según recordaba Rousseau. Esa convicción es la que lleva a muchos neoliberales a propugnar la abolición de la tenure, estadounidense, esto es, la seguridad en el empleo del profesrorado universitario El odio neoliberal al Estado es el odio a esa condición exenta de los funcionarios y así, mientras la izquierda pretende extender la condición funcionarial a toda la sociedad como base de seguridad generadora de libertad, la derecha pretende eliminarla, reduciendo a la mayoría de los seres humanos a la condición de inseguridad y dependencia de los caprichos del amo o las fuerzas ciegas del mercado.

Paso por alto, pues no puedo eternizarme, algunas interesantes elaboraciones sobre los ideales universales de lo bello, lo bueno y lo justo y otras sugerencias. Es un libro valioso, lleno de ideas y de preguntas que invitan a la reflexión y a la respuesta.