Ecuador: la victoria de Correa.

El señor don Rafael Correa se ha salido con la suya y el pueblo ecuatoriano ha aprobado por un 67 por ciento más o menos (la cifra procede de sondeos) su proyecto de nueva Constitución, la vigésima desde que el país se independizara a raíz de la ruptura de la Gran Colombia en 1830. El texto fue el aprobado en la Asamblea Constituyente literalmente copada, en un setenta por ciento de escaños, por la gente del señor Correa, del llamado Movimiento PAIS (Patria Altiva y Soberana) y se supone que traduce en términos jurídico-políticos los ideales del Socialismo del siglo XXI, que también campan en estos momentos por Venezuela y Bolivia si bien en estos dos países las constituciones han tenido distinto sino ya que la de Venezuela no prosperó en el último referéndum y la de Bolivia está pendiente de ratificación asimismo en referéndum pospuesto a causa de los conflictos hasta comienzos del año que viene.

La nueva Constitución ecuatoriana es un farragoso texto de 444 artículos divididos en nueve títulos, a lo que se añaden treinta disposiciones transitorias, una derogatoria y un régimen de transición de otros treinta artículos. Toda una lectura. Se ha redactado contra reloj y eso se nota especialmente en que, además de prolija (innecesariamente prolija), no está muy bien ordenada y es reiterativa en varios aspectos.

Desde un punto de vista ideológico general el texto es muy progresista y clásicamente de izquierdas. Tiene una de las más minuciosas declaraciones de derechos que he visto y con bastante originalidad, no solamente porque enuncia prácticamente todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales que uno pueda imaginar sino porque determina muy diferentes titulares de estos: adultos y adultas mayores, jóvenes, niños, personas discapacitadas y personas privadas de libertad. Se añaden dos sujetos de corte muy innovador y avanzado: las colectividades indígenas (derechos colectivos) y la naturaleza (la Pacha Mama, así llamada en la Constitución) que también aparece como sujeto de derechos. Los derechos son de eficacia inmediata si bien no se ve de dónde sacará el Estado los recursos materiales para hacerlos efectivos.

La experiencia dice que tanto detalle y tanta prolijidad suelen ir de consuno con un carácter puramente alegórico del contenido constitucional. Y la tradición de la mayor parte de las Constituciones de los países latinoamericanos, empezando por el Ecuador, así lo muestra. Para evitar este inconveniente la propia Constitución establece el carácter positivo, directamente alegable ante los tribunales de todos sus preceptos, derechos y enunciados. Lo que sucede es que es difícil imaginar cómo pueda arbitrarse eso con preceptos como el art. 83, sobre los "deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos" que en su apartado dos dice: ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. O en su apartado siete: promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. O el apartado doce, siempre del mismo artículo: ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Y de esto hay mucho en el texto hasta resultar premioso.

La minuciosidad en la regulación corre pareja con su carácter posiblemente excesivo. Hay varios artículos dedicados a regular la libertad de expresión que despiden un tufo innegable a censura y, en general, a injerencia permanente del Estado -al que se confía una cantidad gigantesca de quehaceres- en los aspectos más recónditos de la acción humana.

Todo ese progresismo y todo el socialismo del siglo XXI no impiden sin embargo que la Constitución sea de inspiración netamente católica de forma que el art. 67, segundo párrafo, hace lo que los reaccionarios estadounidenses todavía no han conseguido, esto es, meter en la Constitución una definición de matrimonio como la unión entre hombre y mujer lo que obviamente excluye a los matrimonios homosexuales. A estos, a los/las homosexuales tampoco se les permite adoptar niños aunque formen parejas de hecho pues, como dice el art. 68, segundo párrafo: La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo (sic). O sea, que tampoco es tan avanzada y eso que ni hablamos del aborto.

La llamada Constitución económica tiene también un tratamiento tan minucioso y reiterativo, como confuso. Su carácter izquierdista se echa de ver en que el art. 408 declara de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado de los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo incluso las que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. La redacción deja bastante que desear pero parece que este artículo, en principio, tendrá prevalencia sobre el otro, el 321, que reza: el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental. De no darse dicha prevalencia lo que hay es dos normas que pueden contradecirse en cualquier momento.

Especial interés tiene la aplicación del Sumak Kawsay, expresamente mencionado en el texto y que significa el buen vivir, un concepto obviamente enraizado en el mundo intelectual indígena y al que se dedica también un buen puñado de artículos, algunos francamente peculiares. En general lo indígena tiene un extenso tratamiento en el texto; no tanto ni tan decisivo como lo previsto en el proyecto de Evo Morales para Bolivia pero sí lo suficiente para pergeñar un régimen de autonomía eficaz para las comunidades indígenas a las que, además de reconocérseles una pila de derechos colectivos e individuales, se permite que se organicen según sus tradiciones e incluso administren su propia justicia.

Por último, desde un punto de vista más pragmático, la Constitución aumenta los poderes de la Presidencia (que puede disolver la Asamblea Nacional, órgano unicameral, previo dictamen de la Corte Constitucional) y fija su mandato en cuatro años, renovables por una vez por otros cuatro, cosa que no estaba prevista en la anterior Constitución de 1998 ahora expresamente derogada por ésta en su cláusula derogatoria. El triunfo de ayer en el referéndum quiere decir que a tenor del art. 1º del "regimen de transición", las autoridades vienen obligadas a convocar elecciones en menos de un mes a todos los órganos unipersonales y pluripersonales de la República, empezando por el la Presidencia, a la que se presentará ex novo el señor Correa que, de salir elegido, gobernará el Ecuador hasta 2017.

No sé si esta Constitución refleja bien el espíritu del "Socialismo del siglo XXI" pero me temo que un texto tan alambicado y mal apañado en cuyo preámbulo aparecen en ecléctica amalgama invocados la Pacha Mama y Dios hará compañía en poco tiempo a los otros diecinueve que lo han precedido.

El manifiesto y la controversia de las lenguas.

¡Pardiez, señores, que se ven en el siglo usos desaforados que fueran más propios de los tiempos pretéritos! Al decir de gentes avisadas la lengua castellana o española (que de ambas formas es conocida como se ve en el título de la obra de Covarrubias, editada por el insigne Martí de Riquer) es objeto de menosprecio en las nacionalidades bilingües y hállase próxima a su extinción merced a las órdenes, pragmáticas y decisiones que emanan de las públicas autoridades locales. Siéntese asi movido un grupo de ingenios de la Corte a dar a luz un Manifiesto por la lengua común. Forman la compaña al viajero los nombres siguientes: Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner. Como se ve hay de todo pero abunda la gente culta, inteligente y brillante.

Tal temprana luminaria refulgirá en el firmamento, desde donde llegará al último rincón del globo, como próvido maná acrecido por la homilía semanal del pregonero mayor del Reino desde el temor por el fin del mundo que las generaciones venideras llamarán "plataforma mediática". Héteme aquí que en su día se juzgó provechoso para el bien común que tanto preocupaba al Aquinatense, y la gloria del magnánimo Borbón permitir que los habitantes de los lugares con lengua vernácula puedan servirse de ésta entre sí y en sus tratos con los agentes de la autoridad. Al tiempo debía asegurarse que en todas las posesiones de la Corona en donde se hablan lenguas vernáculas, el castellano o español reine como lengua franca de común entendimiento. Échase de ver, no obstante, que en el ejercicio práctico del poder en las nacionalidades bilingües, las autoridades actúan en provecho local y menoscabo de Corte. Anhelan que desaparezca la lengua común castellana y pretenden imponer el solo uso y cultivo de la suya vernácula. ¿Ha de obligar el Rey a sus súbditos en lueñes tierras a falar la lengua del Imperio?

Adviértese aquí de que no se trata sólo de la justa indignación que experimentan las almas refinadas cuando oyen hablar la lengua común a la que creen en franco deterioro, pues "ya nadie habla un castellano correcto", sino de la aventura de sumarse al movimiento del Manifiesto amparándolo y dotándolo de portentosos artificios para que su causa se oiga en tierras recónditas y ampare los derechos de todos. Porque son los seres humanos los titulares de derechos y no los territorios y menos aun las mismas lenguas. Este argumento se esgrime con frecuencia en un sentido equívoco. Nadie negará que son los seres humanos los titulares de derechos y no los territorios o las colectividades. Suspende el ánimo no obstante que quienes así de sagazmente discurren no caigan en la cuenta de que esos derechos de titularidad individual pueden ser antagónicos y habrá que establecer un orden de prioridades. La prioridad castellana puede encontrarse enfrente de la prioridad catalana y ¿cuál es el orden de preferencia?

¿Cual ha de ser? Por supuesto, el español porque es una lengua universal en permanente expansión, sólo superada por el inglés y el chino. Pero esto no es una razón convincente. No es disparatado que alguien invoque como mérito del orden de preferencia inverso que el carácter frágil, exiguo y minoritario de una lengua debe ser un criterio de la política de las autoridades educativas. Además, si tan seguro y próspero es el español, ¿por qué le atribula que en una porción relativamente pequeña de tierra, en Cataluña o en el País Vasco deje de hablarse? Obviamente porque el español es una lengua potente e impotente al mismo tiempo, en expansión o en contracción, según quién hable.

El discurso de la lengua es y ha sido siempre el discurso del poder político. Dios concede a Adán la potestad de poner nombre a las cosas, le da poder. Y de poder es de lo que se discute en esta controversia de la lengua; del poder de imponer la lengua. Si, lejos de querer forzar exclusivamente el castellano, el Rey, mediante disposición tan generosa como justa según dicen los del Manifiesto, autoriza el empleo de otra lengua vernácula en situación de confrontación a muerte, ese es el punto de vista del Rey, que compartirá quien lo comparta, que habrá que cumplir por imperativo legal pero no hay por qué aceptar sin más. Otrosí si el criterio es el número, lo mejor es que todos aprendan chino.

Argumentan los redactores del Manifiesto que el derecho de todos los españoles (incluidos los que viven en la marca cataláunica) deriva de lo preceptuado en la Constitución Española, art. 3, 1: El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y digo que deriva de la Constitución (algún sentido había de tener el famoso "patriotismo constitucional") porque es la Constitución la que crea tal derecho y deber. Barrunto que los redactores no tendrán una concepción iusnaturalista del derecho a usar el español que les haga decir que la Constitución no lo crea sino que lo reconoce porque es anterior a ella, como un derecho fundamental, con lo que habría que luchar porque todos los habitantes del planeta pudieran ejercitarlo.

Ahora bien, que algo esté amparado por la Constitución no quiere decir que quede hipostasiado a juicio de los manifestantes. Al contrario: ellos mismos piden del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos).... O sea, la Constitución puede modificarse en lo atingente a la regulación jurídicamente vinculante de la lengua. Pero podrá hacerse en más de un sentido. ¿O no pueden los nacionalistas pedir también una reforma de la Constitución para que el artículo 3,1 diga algo así como: "Las lenguas oficiales del Estado serán las cuatro oficiales en las distintas comunidades autónomas"?

Con razón han elegido el término "Manifiesto" para el título de su acción, un término político, insurreccional, a veces militar y en otras artístico. Pero siempre un texto para dejar clara de forma sucinta la posición de un grupo o bandería en una controversia.

(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).

Blogorismos.

DISTINTO Y DISTANTE.

Dicen sus hijos que el señor Calvo-Sotelo falleció de pronto e inesperadamente. Me da que era lo que cabía esperar de su forma de ser. No lo conocí personalmente, pero he leído sus libros la Memoria viva de la transición y Pláticas de familia. Me falta Papeles de un cesante. Además, he leído bastante sobre él y escuchado numerosas anécdotas contadas por gentes que lo trataron. Todos coinciden en señalar que su cualidad más llamativa era la discreción, aunque parezca un contrasentido. Tocaba el piano, pero no presumía de ello. Tenía un curioso sentido del humor con un toque de ironía. Y abundante campo para ejercerlo pues llegó a presidente del Gobierno literalmente en medio de una intentona militar, casi como en una puja, a ver quién se hacía con el Gobierno, si los chusqueros o el civil de carrera. El asunto tenía un aura como a julio de 1936, con otro Calvo-Sotelo, su tío (que suele haber un Calvo-Sotelo en el Gobierno de españa; ahora mismo hay una ministra), apodado "el protomártir" durante la Dictadura.

El señor Calvo-Sotelo, grande de España, la presidió brevemente. Pero dejó hecho algo que todo el mundo sabía que había que hacer pero nadie lo reconocía abiertamente: meter a España de cabeza en la OTAN. Se daba perfecta cuenta de que aquel ingreso era tan impopular que el Presidente que lo hiciera perdería las elecciones siguientes. Por eso, caballero como era, cedió la candidatura a la presidencia del Gobierno al señor Landelino Lavilla, cuya ambición era tan desmedida que no veía que iba a un batacazo electoral. Se lo dio y renunció al acta de diputado con lo que el señor Calvo-Sotelo, que iba segundo por Madrid y no había salido, pudo recuperar su escaño una vez pasado el burel de las elecciones. A esta suerte muy vistosa y elegante llaman chicuelina

(La imagen es una foto de20Minutos, bajo licencia de Creative Commons).

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BOLIVIA. LOS RICOS SE VAN.

Y algunos no tan ricos. Hoy se celebra el llamado "referéndum de autonomía" en la provincia de Santa Cruz, referéndum que el Gobierno boliviano de Evo Morales considera ilegal pero que no parece en condiciones de impedir. Y es el primero de los que vienen detrás para las otras provincias "secesionistas", Tarija, Beni, Pando, Chicahuasca y Cochabamba, entre las que hay ricas y pobres. Pero todos los prefectos son de derechas y todos relacionados con la oligarquía terrateniente, las "n" familias, o siendo parte de ellas. O bien gentes que ya llevan eso del separatismo metido en los huesos, como el dirigente de una organización cívica separatista cruceña, el croata Branco Marinkovic.

Desde que Evo Morales accedió a la presidencia de la República el país andino está amenazado de partición y en una situación pintoresca: las provincias "separatistas" no reconocen la Constitución indigenista que el señor Morales ha sacado adelante, el señor Morales no reconoce la autoridad de las provincias para convocar referéndums y las provincias no parece reconocer la autoridad del señor Morales.

Los oligarcas quieren la independencia, pero sostienen que sólo pretenden la autonomía a la usanza española. Algo lleno de enseñanzas para todo el mundo.

(La imagen es una foto deSzeke, bajo licencia de Creative Commons).

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TIRAD SOBRE EL PIANISTA .

Pide el PSOE consenso al PP para una reforma de la Constitución de 1978 limitada a la sucesión en el Trono de España y al Senado. No me va mucho en ello pues, como republicano, lo que quiero es que no haya Monarquía y no que, habiéndola, la línea sucesoria sea una u otra. No obstante como se trata de eliminar una muestra de discriminación por razón de sexo la apoyo y la apoyo con tanta vehemencia que solicito que sea con efectos retroactivos y se reponga en su derecho a la infanta doña Elena. Que ya está bien.

Por lo demás, sugiero al Gobierno que en lugar de pedir consenso para una reforma doble lo pida para dos reformas y que separe los asuntos porque tengo para mí que sera facil alcanzar un acuerdo sobre la sucesión al trono y no lo será en modo alguno alcanzarlo respecto al Senado al que, estamos todos de acuerdo, habrá que reformar a fondo. La cuestión es y ¿por qué no abolirlo? La II República fue unicameral y algunas de las democracias más avanzadas del planeta, como los páises nórdicos, también lo son, habiendo abolido las cámaras altas a mediados de los años cincuenta.

A favor de la abolición hablan multitud de razones empezando por el hecho de que la cámara es inútil. En contra, el de que España es un país tan descentralizado que casi parece federal y el bicameralismo es rasgo constitutivo de todo Estado federal. Sin embargo las Islas Comores (aunque no sean buen ejemplo por la cantidad de golpes de Estado que han tenido) son un Estado federal y unicameral.

(La imagen es una foto de Lademocracia.es, bajo licencia de Creative Commons).

La reforma de la Constitución.

Los señores Alejo Vidal Quadras, Santiago Abascal, Iñaki Ezquerra, Francisco Caja e Inmaculada Castilla de Cortázar se reunieron ayer en un hotel de Madrid y presentaron un proyecto de reforma de la Constitución para frenar a los nacionalismos periféricos, fijar de una vez por todas el Estado autonómico y garantizar la unidad de la Nación española. Son objetivos que están más o menos en el aire y que se asemejan a los que postula la UPD de los señores Rosa Díez, Fernando Savater et al., así como en buena medida el partido Ciutadans. Los primeros señores mencionados hablaron en nombre de sus respectivas organizaciones, a saber, la Fundación Concordia, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, el Foro de Ermua y la asociación Convivencia Cívica Catalana, asegurando que la iniciativa no tenía nada que ver con el PP (aunque el señor Rajoy estaba al tanto) y a pesar de que algunos de los citados son militantes del partido de la derecha y uno en concreto eurodiputado del PP. ¿Cabe hablar, como hacen ellos mismos de un resurgir de la sociedad civil española? Para mí que no. Si tomo en consideración a los otros grupos mencionados (UDP y Ciutadans) más me parece un resurgir del nacionalismo español, ese nacionalismo que no admite que en España puedan convivir varias naciones en pie de igualdad que es exactamente lo mismo que sostienen los nacionalismos periféricos. Si es además una rebelión de la sociedad civil podrá verse en un futuro ya cercano.

¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? No diré que "degenerando" como hizo en cierta ocasión Belmonte cuando le preguntaron cómo había llegado a gobernador civil uno de sus monosabios. No diré "degenerando" porque no quiero ganarme más enemigos que ya tengo muchos pero sí "evolucionando". Las sociedades evolucionan como lo hacen los individuos, sacando conclusiones de las experiencias pasadas, adoptando su comportamiento a nuevas circunstancias, analizando sus errores y beneficiándose de sus aciertos. No lo hacen por medio de entes colectivos ilusorios como la "conciencia colectiva" o el "espíritu del pueblo", sino por medio de debates públicos en los que se va formando ese otro ente magmático e indefinible, la opinión pública, de la que sólo conocemos sus huellas en forma de resultados electorales periódicos.

Si analizamos ahora la evolución en los últimos treinta años en España vemos que tres decenios de intentos de acomodar a los nacionalismos periféricos en una España común no han dado fruto, que estos no han depuesto sus objetivos últimos de independencia y, en consecuencia, no han sido leales con el Estado, situándolo permanentemente ante una reivindicación abierta con amenaza de separación que a la larga entorpece mucho el gobierno de España. Treinta años de congraciarse con los nacionalismos periféricos no los han moderado sino que los han exacerbado de forma que hoy la bandera española oficial no puede ondear en muchas partes del territorio y si vas por ahí hablando de España te puede caer un chufa proveniente de los cuarteles nacionales periféricos que tienen sus banderas hasta en el retrete y se llenan la boca a hablar de entes de voluntad política como "Euskal Herria" o los "Països catalans". Tengo amigos que, con buen juicio, se niegan a hacer el ridículo bailando sevillanas y dando vivas al Cura Merino El empecinado pero es porque prefieren hacerlo bailando sardanas y vitoreando a Sabin Arana.

A mi modesto entender los del hotel madrileño aciertan en el diagnóstico de que el nacionalismo periférico no es leal a una España compartida y no es "recuperable", como también lo hacen los de UPD y ciutadans en lo que tienen de común con aquellos. Estos prometen la movilización de los sectores del nacionalismo español democrático y liberal para demostrar que no tiene por qué ser siempre fascista, golpista, excluyente y criminal. Ojalá tengan razón; faltan menos de cinco meses para verlo. Pero no es el caso de los del hotel madrileño.

¿Por qué? Porque proponiendo una gran coalición PSOE-PP para cumplir el requisito de mayoría que se exige para la reforma de la Constitución, lo primero que dicen es que hay que derrotar al PSOE en marzo para forzarlo así a la gran coalición. Es decir no solamente no creen que el PSOE sea un partido nacional español como pueda serlo el PP (como de hecho es y en muchos casos más que el propio PP) sino que anteponen los intereses electorales de este partido a los que presumen son los generales del país. Mienten pues en relación con el PSOE como hace el PP. Pero mientras en el caso del partido la mentira es comprensible en función de la batalla electoral no así en el caso de organizaciones que dicen ser la sociedad civil.

No sé de dónde saldría esa base electoral del nacionalismo español democrático y liberal (el "demoliberalismo", del que hablaban con ira los fascistas españoles, desde Franco a Arrese, pasando por Girón, Giménez Caballero, Beneyto, etc) pero, de estar en algún sitio, habrá de ser en parte en el PSOE y en parte en el PP. No hay más cera que la que arde. De existir ese nacionalismo, cosa que me haría feliz, pues me considero nacionalista español no impositivo y respetuoso con el derecho de autodeterminación de quienes componen la actual nación española, me atrevería a hacer una propuesta de reforma constitucional sobre la que llevo un tiempo meditando.

Antes de nada,la justificación: creo que, en efecto, se impone una reforma de la Constitución a la vista del hartazgo que suponen unos partidos nacionalistas periféricos no leales con el Estado y que, manteniendo abierta la opción independentista obtaculizan lo que pueden -que es mucho- la política española siempre en su propio beneficio convirtiéndola en un continuo rifirrafe en el que todo se cuestiona bilateral o multilateralmente, desde la recaudación de impuestos hasta el lugar de las banderas, pasando por todos los protocolos imaginables, las selecciones deportivas y los nombres de las ciudades. Todo. Lo que resulta escasamente fructífero y muy tedioso.

Mi propuesta de reforma de la Constitución tiene dos bloques. El primero es el de los arreglos institucionales, en el que tengo coincidencias con los grupos mencionados. El segundo, el del reconocimiento del derecho de autodeterminación en el que sé muy bien que no hay la más mínima coincidencia. En cuanto a los arreglos institucionales entiendo que hay que cerrar al menos por un período razonable el Estado de las autonomías, delimitar con claridad el régimen de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, racionalizar las de éstas y, si es necesario que el Estado reasuma algunas de ellas, que lo haga. Asimismo hay que reformar el sistema electoral que tanto beneficia a los partidos nacionalistas para obstaculizar o impedir si se puede que haya representación de intereses territoriales en el Congreso canalizando ésta hacia el Senado. Ello obliga, por supuesto, a una reforma radical del Senado como cámara no necesariamente electiva pero con auténticos poderes políticos de veto de la política del Estado, al estilo alemán.

Ciertamente, esto no se puede hacer por imposición, a la brava, como pretenden hacer los del hotel madrileño (de ahí que crea que no representan un nacionalismo español democrático y liberal) , sino por medio de una negociación y acuerdo común. Así, junto a la reforma constitucional "institucional", que garantice la unidad nacional española, propongo otra más de contenido: el reconocimiento del derecho de autodeterminación de cualesquiera entidades territoriales administrativas dentro de los límites que a cada cual atañen en el marco de la entidad administrativa superior, esto es, el derecho de los municipios a decidir en referéndum si quieren seguir formando parte de una provincia o incluirse en otra; el derecho de cada provincia a decidir en referéndum si quiere seguir formando parte de su Comunidad Autónoma o sumarse a otra o articularse como Comunidad Autónoma propia, que ya tendría gracia ver al Gobierno de Lakua gobernando para la provincia o herrialde de Álava; el derecho de cada Comunidad Autónoma a decidir en referéndum si quiere seguir siendo Comunidad Autónoma de España o adherirse a otro ente nacional o montarse su propia experiencia como Estado independiente y sujeto de derecho internacional.

Por supuesto el ejercicio del derecho de autodeterminación debe estar sujeto a una serie de garantias: no se puede estar planteando cada lunes y cada martes; no pude incluir por la fuerza a las provincias, territorios o herrialdes que no quieran hacerlo o que haciéndolo muestren deseos distintos a los de la mayoría y tiene que producirse en un ámbito pacificado, sin violencia y sin amenaza de violencia.

Y no se me diga que con esto reduzco indebidamente las posibilidades de acción política de los partidos nacionalistas porque esas posibilidades están basadas en un defecto de funcionamiento del sistema político español (un sistema bicameral cuya cámara alta no funciona) y porque las mantienen incólumes en el orden autonómico, que es al que pretenden reducirse voluntariamente, incluido el derecho a propugnar (y eventualmente conseguir) la independencia.

La cosa consiste en buscar alguna salida legal, práctica y pacífica a una situación que, como está, no la tiene.

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