Los señores Alejo Vidal Quadras, Santiago Abascal, Iñaki Ezquerra, Francisco Caja e Inmaculada Castilla de Cortázar se reunieron ayer en un hotel de Madrid y presentaron un proyecto de reforma de la Constitución para frenar a los nacionalismos periféricos, fijar de una vez por todas el Estado autonómico y garantizar la unidad de la Nación española. Son objetivos que están más o menos en el aire y que se asemejan a los que postula la UPD de los señores Rosa Díez, Fernando Savater et al., así como en buena medida el partido Ciutadans. Los primeros señores mencionados hablaron en nombre de sus respectivas organizaciones, a saber, la Fundación Concordia, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, el Foro de Ermua y la asociación Convivencia Cívica Catalana, asegurando que la iniciativa no tenía nada que ver con el PP (aunque el señor Rajoy estaba al tanto) y a pesar de que algunos de los citados son militantes del partido de la derecha y uno en concreto eurodiputado del PP. ¿Cabe hablar, como hacen ellos mismos de un resurgir de la sociedad civil española? Para mí que no. Si tomo en consideración a los otros grupos mencionados (UDP y Ciutadans) más me parece un resurgir del nacionalismo español, ese nacionalismo que no admite que en España puedan convivir varias naciones en pie de igualdad que es exactamente lo mismo que sostienen los nacionalismos periféricos. Si es además una rebelión de la sociedad civil podrá verse en un futuro ya cercano.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? No diré que "degenerando" como hizo en cierta ocasión Belmonte cuando le preguntaron cómo había llegado a gobernador civil uno de sus monosabios. No diré "degenerando" porque no quiero ganarme más enemigos que ya tengo muchos pero sí "evolucionando". Las sociedades evolucionan como lo hacen los individuos, sacando conclusiones de las experiencias pasadas, adoptando su comportamiento a nuevas circunstancias, analizando sus errores y beneficiándose de sus aciertos. No lo hacen por medio de entes colectivos ilusorios como la "conciencia colectiva" o el "espíritu del pueblo", sino por medio de debates públicos en los que se va formando ese otro ente magmático e indefinible, la opinión pública, de la que sólo conocemos sus huellas en forma de resultados electorales periódicos.
Si analizamos ahora la evolución en los últimos treinta años en España vemos que tres decenios de intentos de acomodar a los nacionalismos periféricos en una España común no han dado fruto, que estos no han depuesto sus objetivos últimos de independencia y, en consecuencia, no han sido leales con el Estado, situándolo permanentemente ante una reivindicación abierta con amenaza de separación que a la larga entorpece mucho el gobierno de España. Treinta años de congraciarse con los nacionalismos periféricos no los han moderado sino que los han exacerbado de forma que hoy la bandera española oficial no puede ondear en muchas partes del territorio y si vas por ahí hablando de España te puede caer un chufa proveniente de los cuarteles nacionales periféricos que tienen sus banderas hasta en el retrete y se llenan la boca a hablar de entes de voluntad política como "Euskal Herria" o los "Països catalans". Tengo amigos que, con buen juicio, se niegan a hacer el ridículo bailando sevillanas y dando vivas al Cura Merino El empecinado pero es porque prefieren hacerlo bailando sardanas y vitoreando a Sabin Arana.
A mi modesto entender los del hotel madrileño aciertan en el diagnóstico de que el nacionalismo periférico no es leal a una España compartida y no es "recuperable", como también lo hacen los de UPD y ciutadans en lo que tienen de común con aquellos. Estos prometen la movilización de los sectores del nacionalismo español democrático y liberal para demostrar que no tiene por qué ser siempre fascista, golpista, excluyente y criminal. Ojalá tengan razón; faltan menos de cinco meses para verlo. Pero no es el caso de los del hotel madrileño.
¿Por qué? Porque proponiendo una gran coalición PSOE-PP para cumplir el requisito de mayoría que se exige para la reforma de la Constitución, lo primero que dicen es que hay que derrotar al PSOE en marzo para forzarlo así a la gran coalición. Es decir no solamente no creen que el PSOE sea un partido nacional español como pueda serlo el PP (como de hecho es y en muchos casos más que el propio PP) sino que anteponen los intereses electorales de este partido a los que presumen son los generales del país. Mienten pues en relación con el PSOE como hace el PP. Pero mientras en el caso del partido la mentira es comprensible en función de la batalla electoral no así en el caso de organizaciones que dicen ser la sociedad civil.
No sé de dónde saldría esa base electoral del nacionalismo español democrático y liberal (el "demoliberalismo", del que hablaban con ira los fascistas españoles, desde Franco a Arrese, pasando por Girón, Giménez Caballero, Beneyto, etc) pero, de estar en algún sitio, habrá de ser en parte en el PSOE y en parte en el PP. No hay más cera que la que arde. De existir ese nacionalismo, cosa que me haría feliz, pues me considero nacionalista español no impositivo y respetuoso con el derecho de autodeterminación de quienes componen la actual nación española, me atrevería a hacer una propuesta de reforma constitucional sobre la que llevo un tiempo meditando.
Antes de nada,la justificación: creo que, en efecto, se impone una reforma de la Constitución a la vista del hartazgo que suponen unos partidos nacionalistas periféricos no leales con el Estado y que, manteniendo abierta la opción independentista obtaculizan lo que pueden -que es mucho- la política española siempre en su propio beneficio convirtiéndola en un continuo rifirrafe en el que todo se cuestiona bilateral o multilateralmente, desde la recaudación de impuestos hasta el lugar de las banderas, pasando por todos los protocolos imaginables, las selecciones deportivas y los nombres de las ciudades. Todo. Lo que resulta escasamente fructífero y muy tedioso.
Mi propuesta de reforma de la Constitución tiene dos bloques. El primero es el de los arreglos institucionales, en el que tengo coincidencias con los grupos mencionados. El segundo, el del reconocimiento del derecho de autodeterminación en el que sé muy bien que no hay la más mínima coincidencia. En cuanto a los arreglos institucionales entiendo que hay que cerrar al menos por un período razonable el Estado de las autonomías, delimitar con claridad el régimen de competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, racionalizar las de éstas y, si es necesario que el Estado reasuma algunas de ellas, que lo haga. Asimismo hay que reformar el sistema electoral que tanto beneficia a los partidos nacionalistas para obstaculizar o impedir si se puede que haya representación de intereses territoriales en el Congreso canalizando ésta hacia el Senado. Ello obliga, por supuesto, a una reforma radical del Senado como cámara no necesariamente electiva pero con auténticos poderes políticos de veto de la política del Estado, al estilo alemán.
Ciertamente, esto no se puede hacer por imposición, a la brava, como pretenden hacer los del hotel madrileño (de ahí que crea que no representan un nacionalismo español democrático y liberal) , sino por medio de una negociación y acuerdo común. Así, junto a la reforma constitucional "institucional", que garantice la unidad nacional española, propongo otra más de contenido: el reconocimiento del derecho de autodeterminación de cualesquiera entidades territoriales administrativas dentro de los límites que a cada cual atañen en el marco de la entidad administrativa superior, esto es, el derecho de los municipios a decidir en referéndum si quieren seguir formando parte de una provincia o incluirse en otra; el derecho de cada provincia a decidir en referéndum si quiere seguir formando parte de su Comunidad Autónoma o sumarse a otra o articularse como Comunidad Autónoma propia, que ya tendría gracia ver al Gobierno de Lakua gobernando para la provincia o herrialde de Álava; el derecho de cada Comunidad Autónoma a decidir en referéndum si quiere seguir siendo Comunidad Autónoma de España o adherirse a otro ente nacional o montarse su propia experiencia como Estado independiente y sujeto de derecho internacional.
Por supuesto el ejercicio del derecho de autodeterminación debe estar sujeto a una serie de garantias: no se puede estar planteando cada lunes y cada martes; no pude incluir por la fuerza a las provincias, territorios o herrialdes que no quieran hacerlo o que haciéndolo muestren deseos distintos a los de la mayoría y tiene que producirse en un ámbito pacificado, sin violencia y sin amenaza de violencia.
Y no se me diga que con esto reduzco indebidamente las posibilidades de acción política de los partidos nacionalistas porque esas posibilidades están basadas en un defecto de funcionamiento del sistema político español (un sistema bicameral cuya cámara alta no funciona) y porque las mantienen incólumes en el orden autonómico, que es al que pretenden reducirse voluntariamente, incluido el derecho a propugnar (y eventualmente conseguir) la independencia.
La cosa consiste en buscar alguna salida legal, práctica y pacífica a una situación que, como está, no la tiene.
