Luego de dos años de bloqueo los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Prácticamente todos lo medios han interpretado la noticia señalando en ella dos aspectos perniciosos: a) el PSOE y el PP se han repartido desvergonzadamente el CGPJ según criterios partidistas y el órgano de gobierno de la magistratura es una especie de cónclave politizado y partidista y no independiente como debiera; b) los dos partidos tienen igual responsabilidad en este desaguisado porque los dos instrumentalizan las instituciones democráticas en su beneficio. No pongo referencias porque son inútiles. Salvo alguna excepción (que yo no vi pero consigno para salvar mi responsabilidad) todos los medios compartían este doble punto de vista y se rasgaban las vestiduras lamentando la manifiesta falta de independencia del órgano superior de la magistratura.
Se trata de un ejemplo de una forma superficial y sesgada de informar en la que la ignorancia y la desidia se confabulan para interpretar erróneamente un hecho y hacerlo además en detrimento de una concepción democrática de la sociedad. Cuando se produce una noticia como ésta lo fácil es sentar plaza de puro, arremeter contra la cortedad de visión de los partidos y lamentar la politización de la justicia. De tal forma, además de ocultar la falta de competencia profesional a la hora de informar y de analizar los fenómenos con mayor discernimiento (que siempre es fatigoso) se incurre en el fácil hábito autoritario de desprestigiar a las instituciones democráticas al hacer ver que son víctimas de los innobles intereses partitocráticos. Como Palinuro trata siempre de ir un poco más allá de la visión superficial que nunca es inocente y suele beneficiar a unos intereses específicos, por lo general antidemocráticos, se analizará la cuestión descomponiéndola en sus dos elementos citados: primero, el "partidismo" del CGPJ y segundo la igual responsabilidad de los dos partidos
Primero: el "partidismo" del CGPJ. Es este un problema que afecta a todos los países democráticos ninguno de los cuales ha encontrado hasta la fecha una solución enteramente satisfactoria. El problema de cómo constituir los órganos superiores de la magistratura, judiciales o no judiciales, puesto que toca tanto a órganos disciplinarios como el CGPJ como a los más altos tribunales por ejemplo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que es al mismo tiempo Tribunal Constitucional y que se compone de nueve magistrados vitalicios nombrados por el Presidente de la República cada vez que se produce una vacante, con intervención de la correspondiente comisión del Senado. Por supuesto el Presidente de los EEUU al que corresponde nombrar magistrados del Tribunal Supremo se rige por criterios de fidelidad partidista y a nadie se le ocurre decir que el TS estadounidense sea un órgano no independiente y partitocrático.
Hasta la fecha sólo hay dos formas de proceder a estos nombramientos de órganos superiores de la administración de justicia: o los hacen los órganos políticos democráticos (en última instancia los partidos políticos) o se confían a un sistema de cooptación de los propios jueces. Por supuesto, también hay formas mixtas que incorporan elementos de ambos procedimientos. A juicio de casi todo el mundo la vía de nombramiento por los órganos políticos democráticos es preferible a la otra porque se trata de órganos que gozan de legitimidad al ser de elección popular y responsables ante el electorado, mientras que los jueces carecen de legitimidad electoral y no son responsables ante nadie (de hecho, esta es la base de su independencia) por lo que confiarles el nombramiento de sus propios órganos superiores, disciplinarios, judiciales, etc, equivale a dar rienda suelta al espíritu corporativo que siempre anida en la judicatura. En otros términos, la administración y el gobierno de la justicia es algo demasiado importante para confiárselos a los propios jueces. Así que menos rasgarse las vestiduras y lamentarse de falta de independencia de la administración de justicia en España porque ésta es una situación generalizada.
Ciertamente el problema que plantea la solución del nombramiento político es que abre la vía a los abusos de la partitocracia y, por reacción, a las tendencias autoritarias y antidemocráticas que pretenden entregar a los propios jueces la competencia de estas decisiones y, de esta forma, sustraerlas al control democrático del electorado. No se olvide que, 
siendo estos asuntos del gobierno de los jueces y la administración de justicia normalmente bastante complicados, es fácil jugar a la mistificación y la confusión, atacando el funcionamiento de la democracia so pretexto de velar por su recto entendimiento. A ello contribuye mucho el citado modo superficial de informar sobre estos asuntos que recurre en cuanto puede al fácil expediente de la "politización" de la justicia. Máxime cuando, como es el caso, la única defensa eficaz frente al peligro de instrumentalización partidista es la existencia de una sólida cultura democrática en los partidos. Por ello es tan importante el segundo elemento del análisis.
Segundo: la igual responsabilidad de los partidos en la instrumentalización de la justicia. Es este un fácil y muy socorrido expediente indiscriminado que conecta bien con un fondo popular autoritario, antipartidista y, en última instancia, antidemocrático que, so pretexto de atacar el partidismo de las instituciones, ataca a las instituciones democráticas mismas y, por lo general, coincide con las tendencias implícitas de la derecha y de cierta izquierda no democrática y revolucionaria. En ambos casos se trata de una evidente falta de cultura política democrática que tanto la derecha como esa izquierda radical y revolucionaria tienden a considerar como mero formalismo vacío que debe dejar el paso bien al gobierno de la élite, según las ideas de la derecha, bien al de la "verdadera" democracia, según la izquierda revolucionaria.
Un estudio más pormenorizado de cómo se han producido los hechos en cuestión en España nos ilustrará acerca de lo que aquí estamos hablando: en primer lugar, el bloqueo de dos años en la renovación del CGPJ no es atribuible por igual al PSOE y al PP sino que se debe exclusivamente al empeño del PP en mantener la mayoría de que gozaba en dicho órgano, reflejo de su mayoría parlamentaria de las elecciones del año 2000, pero que ya no se compadecía con la nueva situación generada tras las de 2004. Cuando hubo que proceder a la renovación en 2006 lo lógico hubiera sido que el CGPJ reflejara la nueva correlación de fuerzas y por eso el PP se negó a ello (recuérdese que ese bloqueo puede producirse porque la renovación precisa de una mayoría cualificada) con los más diversos pretextos que el señor Zaplana, entonces portavoz parlamentario de su partido, tampoco se molestó mucho en hacer presentables. Este bloqueo se mantuvo incluso frente a propuestas del PSOE para desatascarlo que incluso aceptaban renunciar a su mayoría, en beneficio de alguno de los grupos políticos minoritarios en la cámara (como ha hecho ahora) y en pro de la funcionalidad de la renovación.
En segundo término, el PP mantuvo el bloqueo del CGPJ hasta las elecciones de 2008 en la esperanza de que, si las ganaba, pudiera proceder a la renovación pero manteniendo su superioridad numérica. Por eso estuvo dando largas hasta el final en una ceremonia de la confusión que alimentaba el señor Zaplana con unas razones rocambolescas que ni siquiera guardaban las formas. Si al final ha habido acuerdo ha sido porque, al perder de nuevo las elecciones, el bloqueo de la renovación ya no se podía mantener.
En tercer lugar la renovación ha sido posible porque el PSOE ha aceptado igualdad numérica con el PP (nueve consejeros cada uno), sacrificando así en aras de la funcionalidad de la institución su mayoría parlamentaria y en beneficio de los grupos minoritarios en la cámara. En este momento, a pesar de que el PSOE forma Gobierno y tiene una clara mayoría parlamentaria, dispone exactamente de la misma cantidad de vocales que el PP lo cual es algo que el PP jamás hubiera hecho.
En cuarto lugar de los nueve consejeros del PP ninguno es independiente, todos pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura y varios de ellos han tenido una actitud claramente militante a favor del partido en asuntos propios de su actividad judicial mientras que, de los nueve vocales del PSOE cuando menos uno no es de la asociación progresista Jueces para la Democracia, sino que pertenece a la tercera asociación, centrista, de magistrados, la de Francisco de Vitoria, lo que quiere decir que el "cupo" del PSOE es más abierto y plural que el del PP y ello sin contar con que sus vocales son más despegados respecto al partido incluso alguno, como la magistrada Margarita Robles, aun habiendo sido secretaria de Estado en el ministerio de Juan Antonio Belloch adoptó posiciones muy críticas con el Partido Socialista en momentos cruciales para éste.
En resumen por lo tanto ni por aproximación cabe decir que los dos partidos hayan tenido similar actitud de instrumentalización del CGPJ. Quien sostenga tal interpretación sólo puede hacerlo por ignorancia o mala fe o ambas cosas a la vez, faltando a la verdad y con la finalidad última de desprestigiar a las instituciones democráticas.
Así que eso de que el CGPJ es un órgano politizado y los dos partidos tienen igual responsabilidad en el asunto, un argumento muy típico de una derecha que quiere presentarse como aparentemente crítica, es mentira.
(Las imágenes son una foto de germeister y otra de Juan G. Hurtado, ambas bajo licencia de Creative Commons).
