Vuelve la trampa saducea

Prefiero esta expresión antes que la manida referencia al lampedusismo de esta propuesta de reforma. Sí, la expresión que revitalizó Torcuato Fernández Miranda al inicio de la Transición. Porque esta iniciativa de poner en marcha una reforma de la Constitución vigente es como una máquina del tiempo. Nos lleva hacia atrás. Y a cometer los mismos errores que en la Transición.

En efecto, el primero de todos fue aceptar que unas Cortes elegidas como ordinarias, se autodesignaran constituyentes, sin un mandato popular expreso en ese sentido. La Constitución fue obra de un cuerpo legislativo no constituyente sino constituido y de acuerdo, parcialmente, con una legislación que él mismo derogaría. El poder constituyente de aquellas Cortes era el franquismo y así puede verse en la edición príncipe de la Constitución, que luce el escudo franquista. La situación es muy parecida. Unas cortes elegidas el pasado 26 de junio en unas elecciones generales ordinarias se autodeclaran constituyentes por cuanto encaran la reforma de una Constitución que, según ella misma admite y regula, puede ser total sin que ninguno de los partidos llevara este propósito en su programa. Es decir, como las Cortes de la transición, abordan una acción para la que están legitimadas, desde luego, pero para la que no tienen un mandato expreso del pueblo. Ese en el que, según se dice, reside la soberanía.

El debate puede iniciarse, máxime si, como según parece, ya han acordado sus límites los dos partidos dinásticos. No servirá para gran cosa, salvo para tener entretenidos a los medios y los auditorios con cuestiones bizantinas y soslayar los problemas reales e inmediatos, el primero de los cuales es la llamada cuestión catalana. Desde el momento en que el referéndum y la autodeterminación quedarán excluidos, los independentistas perderán interés en la quisicosa y proseguirán con su hoja de ruta, cuya realización hará saltar por los aires la reforma por irrelevante. También fuera, según parece, queda la conservación de la Monarquía frente a la reivindicación republicana. Otra exclusión que también afecta a Cataluña porque el independentismo es republicano. Y de tocar el estado de privilegio de la Iglesia católica, de Estado dentro del Estado, ni se mencionará.

La reforma de la Constitución es hoy necesidad sentida por todos los partidos, incluido el PP, cuya respuesta a la iniciativa reformista fue siempre negativa, a pesar de tratarse de un texto que un buen puñado de sus fundadores rechazó en la votación originaria. Se quiere una reforma cosmética, que no afecte a los cimientos de la Constitución, que se limite a tocar aspectos parciales como el Senado, el régimen autonómico, quizá el sistema electoral, el título relativo a derechos y algunas cosas más.

Sin embargo, la actual crisis institucional parece exigir una reforma de mayor calado porque lo que está en cuestión, precisamente, son los fundamentos de la Constitución. Sería mucho más práctico y honrado con los ciudadanos disolver estas Cortes y convocar elecciones constituyentes, a las cuales los partidos presentaran sus programas específicos de reforma constitucional. De modo que ningún partido ni propuesta se vea sometida a la trampa saducea de rechazar una reforma por la que sin embargo aboga.

Esa convocatoria cogería al PSOE en el marasmo. Pero podría recomponerse rápidamente si la izquierda fuera capaz de ponerse de acuerdo en un programa electoral que incluyera la plurinacionalidad del Estado y la forma de ponerla en práctica, empezando por la realización de un referéndum contra la cual no hay razones válidas. Si, además, vamos al referéndum sobre República/Monarquía y la situación de la Iglesia, miel sobre hojuelas.

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

Presentación teatre Romea (1ª) parte

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Aquí está por fin, el vídeo completo de la presentación de "La República Catalana" en el teatro Romea, Se divide en dos partes. La segunda, más abajo.

Una proeza técnica de mi amigo Bernat.

Presentación del teatre Romea (II parte)

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Lo dicho, segunda parte. Y bastante más larga.

Moltes gràcies, Bernat.

Abriendo camino al diálogo

Mañana comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell,  a declarar por una supuesta desobediencia a una providencia del Tribunal Constitucional. Ayer, sin embargo, este mismo Tribunal comunicaba a la misma presidenta que se suspende cautelarmente otra medida de su Parlamento y la apercibía de las desagradables consecuencias, incluso penales, que tendría una nueva desobediencia. ¿Quién dijo que los tribunales son lentos? El Constitucional, como se ve, es raudo como una centella cuando le interesa y también parsimonioso como el olivo cuando le interesa al gobierno. 

Desde que este tomó posesión, viene anunciando una consistente voluntad negociadora. Parece, incluso que hasta se hubiera enterado de que la situación ha llegado a este punto por su obstinación en cerrar toda puerta de diálogo. Quiere evitarla.  Ahora la hay, asegura. Y, para mostrarla se aceleran los procesos judiciales contra todo tipo de independentistas.  Suele decirse que esos procedimientos judiciales no dependen del gobierno y siguen su curso con independencia de este. Es una fábula. Es el gobierno el que insta la acción de los tribunales, bien recurriendo al constitucional todo suspiro del Parlamento de Cataluña, bien instando la acción de la Fiscalía para que "afine" lo que al gobierno le interese.

Por eso no es creíble la oferta de diálogo del gobierno, porque afirma su voluntad de seguir con la acción represiva, a la que llama "cumplimiento de la legalidad" pero no es otra cosa que la legalidad de la "ley del embudo". Es más, el propio gobierno, por boca del presidente, ha enumerado todos los asuntos en las que está dispuesto a dialogar y que coinciden con todos los de su programa electoral y obviamnte, le importan tanto como ese mismo programa. Solo le ha quedado uno en el fondo de la caja, uno sobre el que no está dispuesto a negociar: el referéndum. 

Pues ya está. Se acabó: si no hay referéndum, no hay diálogo. Todos podían haberse ahorrado las consideraciones en público. Pero que no haya diálogo no quiere decir que las partes no sigan actuando. Continúan haciéndolo pero sin hablar. En estas condiciones de intenso diálogo, los independentistas dicen que el referéndum se hará diga el Tribunal Constitucional lo que diga. La verdad es que dada la inexistente autoridad de este órgano, convertido en correa de transmisión del gobierno, no es de extrañar el propósito del independentismo. Y entonces aparece la vicepresidenta del gobierno y virreina de Cataluña, Sáenz de Santamaría a decir, amenazadoramente, que el gobierno dispone de medios para que el referéndum no se realice.

¿Queda claro? No hay diálogo. 

Por eso resulta absurdo el enfado bíblico de los pensadores del Think Tank de la FAES, encabezada por el siempre malencarado Aznar. Acusan al gobierno de haberse entregado ideológicamente a los que quieren romper España. Lo acusan de aceptar un complejo de inferioridad por someterse al mundo conceptual del adversario. O quizá no sea tan absurdo. El "NO es NO" de la FAES  a negociar nada con separatistas o quienes le hacen el caldo gordo es la habitual intemperancia del personaje con su ridícula prosopopeya. Pero sigue siendo lo mismo: no hay diálogo. 

El camino está cegado. Como siempre.

"La República Catalana" en el Romea

El acto de presentación de La República Catalana en el teatro Romea de Barcelona estuvo muy bien, aunque no me corresponda decirlo por razones obvias. Lo he leído por ahí, directamente en elMón.cat, que trae información cumplida. Como Salvador Cot, el director, estuvo moderando, la dirección del medio se disparó. Trae incluso una serie de fotos magníficas del gran Jordi Borràs, que lleva camino de convertirse en el mejor fotoperiodista del Estado. Dentro de unos días tendremos un vídeo gracias a la competencia de mi amigo B*** y colgaremos aquí para que el personal pueda hacerse idea de lo mucho que allí se habló. Lo pasé muy bien y creo que los demás también y los intervinientes, Carles Canut, actor y director de la Fundación Romea, Joan Carles Girbés, director de la editorial y los tres que compartimos el escenario, en especial Cot y Puigdemont, como puede verse en la foto. Aunque esa sensación de contento, me parece, es la habitual en el presidente de la Generalitat, dotado de un notorio sentido del humor tras el que se revela una clara y firme voluntad política.

Por mi parte hice una breve exposición del origen del libro, de cómo empezó todo hace más de cuatro años, cuando una mano anónima subió un vídeo a Youtube hecho con mis intervenciones en La tuerka sobre la cuestión catalana y terminó en el libro de marras. Una peripecia que estoy pensando escribir con algo más de detalle porque me sirvió para aprender mucho sobre el terreno. Me pateé literalmente la Cataluña profunda, la del litoral y el interior y sus provincias hasta entender la realidad de un pueblo y una cultura que tienen vida propia, que se expresan en su lengua y que se han mantenido así durante los siglos, a pesar de los intentos sistemáticos de asimilación del poder político y cultural castellano-hablantes. Que tienen conciencia de ser una nación.

En un momento de esta experiencia de aprendizaje, Carles Canut me preguntó hace tres años si quería protagonizar junto a él un diálogo sobre el derecho a decidir en el teatro Romea. Le dije que sí, claro. Como a muchísima gente, me fascina el teatro, y no iba a perderme la ocasión de subirme a un escenario.  Hablamos del título. Él quería que se llamara El dret a decidir porque, por aquellas fechas, todavía se discutía algo tan obvio, particularmente en España, en donde oficialmente se reservaba al llamado pueblo español y se negaba a todos los demás. Para mí, entonces, como ahora, el derecho a decidir era un eufemismo de derecho de autodeterminación, que se quería evitar porque suena muy de batalla. Le propuse La nación como espejo y, al final juntamos los dos, el mío como título y el suyo como subtítulo. Así vivimos una jornada inolvidable. Tres años después, parece, la nación es un espejo; el espejo en el que la nación se mira; su imagen, que es su realidad, pues la nación no es otra cosa que la conciencia que de ella tienen quienes la viven en sus etapas a lo largo de su evolución histórica. Y aquella nación de hace tres años es la que reclama hoy su correspondiente derecho a dotarse de un Estado que proteja su supervivencia.

¿Pudo haber sido ese Estado el Estado español? Pudo, desde luego. Tiempo tuvo todo el que quiso y el catalán es un pueblo muy fier de lui même pero, al mismo tiempo, pacífico y con espíritu de colaboración. Pudo. Pero no lo hizo. Muchos piensan que porque no quiso. Otros, porque no supo. Fuere como fuere, no lo hizo y ahora el independentismo pide que ese Estado sea independiente. Recuérdese que era segunda pregunta de la consulta del 9N, la primera reacción contundente frente a la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Se trataron muchas otras cosas, pero entiendo que lo más sensato es esperar a que tengamos los vídeos para subirlos y que cada cual se haga su idea. Porque, por supuesto, las intervenciones de Puigdemont son decisivas y merece la pena escucharlas y el ejercicio de profesión periodística de Salvador Cot, también.

El diálogo y los radicales

El gobierno está en actitud dialogante. Lo dice su portavoz, que algo sabrá de eso. A todos los efectos prácticos esa actitud dialogante se observa tan solo en que lo dice. Pero hace lo contrario. Los procesos judiciales de una buena cantidad de independentistas siguen adelante. La presidenta del Parlament está citada a declarar ante los jueces el próximo día 16. Puede que haya diálogo, pero será entre imputados, investigados o acusados y jueces. No debe de ser este el diálogo al que se refiere el ministro. Pero el que él dice, no se ve.

Considera el ministro que la convocatoria del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD), un organismo creado hace unos años a instancias de Artur Mas con la idea de tejer un movimiento cívico-político, es un acto unilateral. Da gusto ser gobernados por gentes tan esclarecidas. Unilateral es todo lo que viene haciendo el movimiento independentista y la Generalitat luego desde hace años. El ministro no puede ignorarlo. El mayor acto unilateral hasta la fecha tuvo lugar el 9N de 2014, cuando él era ministro también, aunque de otra cosa. Unilateral es el proceso independentista y no parece que hasta la fecha el gobierno haya hecho algo para que deje de serlo, es decir para dialogar. Porque, con decirlo, obviamente, no basta.

Y es difícil dialogar con alguien que razona tan malamente. Esa acusación de que la convocatoria del PNDD se debe a la fuerza de la CUP, cuyos diez votos necesita Puigdemont para aprobar los presupuestos mueve a risa. El uso del término "radical" es muy significativo. Tiene gracia escuchárselo a un gobierno que ha dado pruebas de un radicalismo atroz durante cinco años, aunque en un sentido opuesto al que pueda suponerse anima a la CUP. Los radicales acusan de radicales a los demás en cuanto se descuidan un milímetro. De esa forma creen sentar plaza de "moderados", algo que la legislación, la crónica de tribunales y la práctica diaria contradicen. La "Ley Mordaza", por ejemplo, es una ley radical de derechas. Por eso, como todo el mundo sabe, en España no hay un partido de extrema derecha. Está en el PP. Y legisla.

La observación del ministro lleva incorporado el veneno de insinuar que el gobierno de JxS es rehén de la minoría de la CUP, a la que obedece, no por convicción propia sino por conveniencia. Esto equivale a decir que si JxS no necesitara los votos de la CUP, desistiría de su hoja de ruta, se olvidaría del referéndum y, lógicamente, no tendría que convocar el PNDD.

Y eso no sé de dónde se lo ha sacado el ministro.

El mismo gobierno que presupuesta una partida para el referéndum es el que se apresta a organizarlo con tiempo suficiente para que le salga bien.

Cataluña ya tiene su virreina

¿De qué se quejarán estos catalanes? Lo suyo es el puro victimismo. Todo el día lloriqueando por los rincones que los oprimen, los explotan, les roban. Y, sin embargo, poco a poco, van consiguiendo el restablecimiento de sus antiguas y queridas instituciones. Rajoy, cuya buena voluntad hacía Cataluña es proverbial, ha decidido restaurar la institución del virreinato, que estuvo vigente hasta la Guerra de Sucesión, cuando Felipe V arrebató sus leyes y libertades a los catalanes y, además, su querido virrey, sustituyéndolo después por un humillante Capitán General. Ahora, la marcha hacia la plena recuperación de la personalidad catalana ya no la para nadie.

Sáenz de Santamaría, que piensa pasar más tiempo en el AVE que en su casa, será la cabeza de puente de la Gran Nación en Cataluña, encargada de reconstituir esa fraternal unidad que tanta gloria nos ha traído siempre, como puede ver cualquiera que no tenga negros prejuicios antiespañoles. Obsérvese: apenas puesto pie en tierra, la ratita hacendosa se ha entrevistado con la representante de C's, Arrimadas y el PSC, Iceta, además de yantar con unos empresarios, como gesto significativo de qué intereses defenderá la señora en el Principado. 

Los eternos resabiados critican que la virreina haya dado audiencia antes a la oposición que al gobierno. Ganas de malmeter. Si fuera ese su propósito, habría empezado por entrevistarse con el dirigente de su partido en Cataluña. Lo más probable es que los dos recibidos, Arrimadas e Iceta, hayan sido los más madrugadores para ir a rendir pleitesía a la virreina, representante del poder español.

La Constitución

Hoy se celebra el aniversario de la Constitución de 1978 que hace la número ocho del país, según el autorizado criterio del Congreso de los Diputados. Faltan en la enumeración, la non nata liberal de 1856 y la republicana de 1873. La explicación es que el Congreso solo reseña las constituciones que han estado en vigor y aquellas dos, la una por el golpe de Estado del general O'Donnell y la otra por el general Manuel Pavía y su famoso caballo, no llegaron a estarlo. No pasaron de proyectos. No obstante, algunas historias del constitucionalismo las consideran. Pero dejar en ocho las constituciones que han estado en vigor en España plantea otro problema: en vigor también estuvieron la Constitución de 1808 o Estatuto de Bayona y las Leyes Fundamentales de Franco, ninguna de las cuales aparece en la relación del Congreso.

La "ideología" constitucional española ignora la Constitución de 1808, sin duda por considerarla un texto extranjero impuesto por la fuerza del ocupante, y las Leyes Fundamentales de Franco por no ser democráticas. Ambos argumentos, sin embargo, son más que dudosos. El Estatuto de Bayona fue una carta otorgada por quien tenía autoridad para hacerlo, José I, nombrado Rey de las Españas y las Américas por su hermano Napoleon, en cuyas manos habían puesto la corona los dos reyezuelos felones, Carlos IV y su hijo Fernando VII voluntariamente. Que la conciencia generalizada ignore el texto de Bayona, no quiere decir que no estuviera en vigor. Lo estuvo desde 1808 a 1813, fecha de la abdicación de José I, tanto en España como en América. Las Leyes Fundamentales franquistas lo estuvieron entre 1937 y 1978 y generaron unos efectos que llegan al día de hoy, razón por la cual se sigue discutiendo sobre la memoria histórica.

Total, según el punto de vista que se adopte España ha tenido ocho, diez o doce Constituciones, siendo la de 1978 la octava, décima o duodécima, según nos dé.

No es la única paradoja del constitucionalismo español. Hay otras también curiosas. Y lo mismo pasa con la vigente, que llega a su 38º aniversario en mitad de un clamor casi general pidiendo su reforma, cuando no su derogación sin más. Prácticamente todos los partidos piden revisar su texto. Hasta el PP, adalid férreo de la intangibilidad constitucional, se muestra abierto a sugerencias reformistas siempre que no vayan muy allá. Lo curioso es que el PP es el heredero de Alianza Popular, el partido de la derecha franquista de entonces bajo la dirección de Fraga Iribarne cuyos diputados se dividieron en tres grupos a la hora de la votación parlamentaria de la Constitución: unos votaron sí, otros votaron no y otros se abstuvieron. Los sucesores de estos "noes" son los partidarios de la intangibilidad de la Constitución. No deja de ser gracioso y significativo.

El alcance de las reformas que los demás piden es muy variado y oscila entre asuntos de mayor y de menor calado. Pero, a su vez, el procedimiento de reforma constitucional previsto en la misma Constitución es tan complicado y difícil, impone tales requisitos y diferentes mayorías (según sea la entidad de lo que se quiera reformar) que en el fondo, dada la orientación política del electorado español y la composición de las cámaras, toda reforma suena a quimera.

La reforma que debiera considerarse más urgente es la de la organización territorial del Estado, porque es donde se concentra la iniciativa política independentista catalana. Pero esta es probablemente la revisión que menos posibilidades tiene de salir en el Parlamento español. A no ser que se negocie un referéndum de común acuerdo, cosa harto improbable, el independentismo no tiene más remedio que actuar a través de la unilateralidad. Y ello porque, lejos de reconocer su actitud intransigente, el Estado se limita a responder a las peticiones catalanas que hay que cumplir la ley. La ley que él mismo no cumple.

Siguiendo inveteradas prácticas, el PP está tratando de resolver el problema a su manera, esto es, pactando al margen de la Constitución con el PNV, cuyo apoyo necesita para los presupuestos. A cambio de conseguir nuevos favores y dádivas del gobierno de central, los nacionalistas vascos acabarán apuntalando el gobierno de Rajoy.

Eso deja el independentismo catalán como estaba porque ya el domingo Urkullu venía negando posibilidad de materializarse a la independencia. No es nuevo y confirma un entendimiento tácito del juego de la transición constitucionalmente consagrado. El País Vasco y Navarra tienen su soberanía fiscal reconocida en la Constitución. Cataluña, no. A estos efectos prácticos, Cataluña se halla fuera de la Constitución y así lo vienen entendiendo las instituciones catalanas que consideran a Cataluña fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Nada de extraño, por tanto, que en Cataluña muchos, por no decir casi todos, piensen que el seis de diciembre no hay nada que celebrar.

Visión de la independencia de Cataluña

Albert Carreras (2015) Volem l'independència? Reflexions per al futur immediat. Barcelona: Base, 142 págs.

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La polémica sobre la independencia de Cataluña es la cuestión política de mayor envergadura que se debate hoy -y desde hace bastantes años- en el Estado español. No querer verlo es uno de los más claros síntomas de la incompetencia de la clase política estatal.  En efecto, es tema que se elude, no se menciona, se evade. El contencioso apenas cuenta con bibliografía en España, pero sí la tiene y abundantísima en Cataluña. Los políticos españoles no quieren encarar el problema. Sus intelectuales, que se piensan clase "universal", prefieren enmudecer antes que decidir entre su "universalismo" y su "nacionalismo".  La ciudadanía, abundantemente desinformada por unos medios sesgados a extremos inverosímiles, tiene un grado de desconocimiento asombroso. 

En Cataluña, en cambio, es al revés. La independencia es el "tema de su tiempo", la que orienta la actividad de sus instituciones, alimenta el debate público y es motivo de atención preferente en sus medios de comunicación Y muchos de sus intelectuales, directamente implicados, producen abundancia de libros desde todas las perspectivas y analizando todas las circunstancias, explicaciones, cálculos, previsiones y consecuencias.  Albert Carreras, catedrático de Historia de las Instituciones Económicas de la Universidad Pompeu Fabra y convencido independentista, aporta el suyo.  Es un libro breve, sucinto, que va al grano y expone en términos claros las razones del independentismo y los medios políticos de que ha de valerse para conseguir su objetivo. Es casi un libro programático.

Carreras sintetiza en tres bloques las razones de la independencia: 1) la identidad nacional; 2) los  agravios económicos; 3) la hostilidad del Estado español. La identidad nacional (la lengua, los usos, las costumbres, la cultura, etc) solo puede salvagardarse disponiendo de un Estado propio. Como historiador echa mano del conflicto de 1640 y concluye que a Portugal le salió bien lo que a Cataluña no y de ahí se siguen los acontecimientos posteriores hasta el día de hoy.

En cuanto al desequilibrio económico territorial, Carreras entra en un terreno que normalmente no se menciona por razones políticas tácticas. En efecto, además de señalar la desigualdad de trato en materia de déficit fiscal contemporáneo, como hace la mayoría de los análisis de este tipo, plantea a las claras la situación de privilegio del Concierto vasco y el Convenio navarro (p. 34), asunto en el que incide varias veces para llevar al lector a la convicción de que, en el fondo, la cuestión es de mala articulación del Estado español en su conjunto puesto que si el Concierto y el Convenio se extendieran a todas las Comunidades, el país sería inviable. El coste de hacerlo viable, viene a decir Carreras, es someter a Cataluña a un régimen de práctico expolio no reconociéndole derecho a concierto alguno.

Así, mientras el PV y Navarra son fiscalmente independientes, la financión de la Generalitat es siempre insuficiente (p. 51) porque los cálculos (las famosas cuentas territorializadas) son siempre perjudiciales para Cataluña y muy favorables para Madrid que se beneficia del efecto capitalidad. Y sobre todo por la permanente hostilidad del Estado hacia Cataluña, cosa que se observa en las prioridades de gasto, inversiones, obra pública, etc. Ejemplos recientes apabullantes, las decisiones de AENA respecto a los aeropuertos del Prat y de Barajas y el AVE (p. 64). 

La ruptura del "consenso de la transición" con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que niega la condición nacional a Cataluña y ya había comenzado con el hostigamiento desde el PP a partir de 2010 (p. 71), es el acicate que impulsa la nueva reivindicación independentista hasta acercarse al 50% del electorado. Parece un buen momento para conseguir el Estado propio. Y, justo ahora (el libro está escrito en 2015) las fuerzas independentistas se dividen. En la disyuntiva de primar el eje nacional frente al social, los independentistas, lamenta Carreras, prefieren el segundo al primero. Y sin unidad de esas fuerzas independentistas, tanto en las instituciones y partidos como en la sociedad civil, no habrá independencia ni, por tanto, Estado propio, ni cuestión social que atender.

A ese objetivo se dedica la segunda parte de su libro titulada "Estrategias de la independencia" y que, en realidad, se reduce a una sola recomendación: mantener la unidad, formar una sola candidatura en todos los procesos electorales: elecciones locales, autonómicas, generales o europeas. Hay que estar en las instituciones españolas pero hablando con una sola voz, la de la petición de un referéndum.

Después de una especie de digresión sobre la robusta historia del nacionalismo catalán, con expresa remisión a la obra clásica de Pierre Vilar Cataluña en la España moderna y una mención a las enseñanzas de la experiencia escocesa, el autor considera todos los procesos electorales mencionados uno a uno para argumentar que la unidad es indispensable en todos ellos. ¿Qué harán los catalanes en Madrid? Luchar por el referéndum. La voluntad independentista ha de mostrarse en todas las elecciones. Ganándolas todas. Hasta conseguir ese objetivo del referéndum (p. 132). El independentismo se presenta pacífico y democrático. Y viable.

En algún momento considera Carreras la posibilidad de que, por las razones que sean, el Estado se avenga a negociar y, al final, en efecto, se negocie algo, tipo Concierto, por ejemplo. Es una hipótesis que se maneja mucho, aunque con escasa base porque el Estado no ha mostrado hasta la fecha voluntad negociadora alguna. En todo caso, Carreras que, como economista, es hombre práctico, recomienda aceptar lo que se negocie. Como hombre realista, al mismo tiempo, también recomienda insistir en la reclamación del referéndum porque recuerda que los pactos con el Estado español deben blindarse ya que depender de su voluntad es, en realidad, estar vendido.

El Desconcierto

Las relaciones entre el nacionalismo vasco y el catalán han sido siempre complicadas. Y, como se ve, seguirán siéndolo. Su sistema de alianzas es muy variable, según de qué asuntos se trate. Pero en el fondo de la cuestión se encuentra siempre la de la independencia. A pesar de los "años de plomo", el País Vasco no tiene una vocación tan independentista como Cataluña. En realidad es legítimo pensar que precisamente esos "años de plomo" fueron rémoras en las alas independentistas.

Ahora Urkullu sostiene que la independencia es imposible. En un mundo globalizado. Dicho así, en términos filosóficos, solo cabe asentir. En la globalización somos todos interdependientes y nadie puede ser independiente. Sí, es una verdad general; tan general que no significa nada. El significado está en el contexto: Urkullu avisa a los independentistas catalanes de que la independencia es una quimera y se ofrece como mediador entre las dos partes, el Estado -de quien espera una reconsideración drástica de su negatisvismo- y Cataluña -de la que espera acepte una solución no independentista.

La cuestión aquí es la de la propia autoridad de Urkullu para postularse como mediador. En realidad, a todos los efectos prácticos, el País Vasco y Navarra son independientes pues se autofinancian mediante el concierto y el convenio económicos respectivos. Regímenes de privilegio que todo el mundo evita mencionar como tal. Pero lo son y la prueba es que, si el concierto/convenio se generalizara a todas las CCAA, el país no podría financiarse.

Así que bienvenida sea la invitación al diálogo de Urkullu y ojalá convenza al gobierno de Rajoy de adoptar una actitud dialogante, pero no es realista que pida a los independentistas que renuncien a su objetivo en función de un criterio filosófico. Sobre todo porque él está instalado en una cómoda independencia de facto a la que otros han aspirado sin que se les haya permitido.

La inútil represión

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "L'ésser i el voler ser", en el que sostengo que el diálogo aparentemente ofrecido por el gobierno central a la Generalitat es falso pues ni siquiera tiene el gesto de paralizar los procedimientos penales que él mismo pone en marcha. El artículo glosa el caso del juez Vidal, a quien el Supremo confirmó ayer su pena de tres años de suspensión de empleo y sueldo. En él se sostiene que afrontar la cuestión catalana como un problema de orden público con medios exclusivamente represivos no servirá para nada al nacionalismo español y, al contrario, avivará el independentismo catalán.

No había terminado de escribir el artículo y ya se conocían los siguientes pasos en este peculiar diálogo en dos dimensiones absolutamente distintas, como en diferentes galaxias. El juez Vidal, trocado en senador Vidal, intervino en la sesión de ayer en presencia del gobierno y pronunció un alegato impecablemente razonado, con lógica judicial, de la absoluta falta de legitimidad del gobierno y el Estado españoles en materia de independencia de la justicia. Un alegato demoledor, avalado por el hecho de que quien lo pronunciaba es víctima directa de lo que denuncia. Merece la pena ver el vídeo del juez Vidal y las caras y los gestos de Rajoy y Sáenz de Santamaría.

Pero no se quedó ahí la cosa. Ayer, el Congreso votó en votación secreta conceder el suplicatorio para que el Tribunal Supremo proceda contra el diputado Homs por presunta desobediencia, creo. Si no he leído mal vino Puigdemont a Madrid a apoyar a Homs. Eso es mucho. El gobierno y toda la clase política debieran pensar a dónde conducen el país por la senda del sostenella y no enmendalla. Porque ahora viene otra andanada mediática: Forcadell citada a declarar en el procedimiento que también se le sigue y del que puede resultar una inhabilitación. La única respuesta que tiene el Estado a la demanda de un referéndum sostenida por más del 70% de los catalanes es procesar a sus representantes, democráticamente elegidos por cumplir el mandato de sus electores. Y eso no tiene salida. Solo la unilateral. 

A continuación, la versión castellana del artículo.

El ser y el querer ser

El Tribunal Supremo mantiene la sanción al juez Vidal de tres años de suspensión de la carrera judicial por haber contribuido a la redacción de un proyecto de Constitución para la República Catalana. No se han considerado sus razones de que la sanción no tiene fundamento jurídico sino ideológico y de que, en todo caso, la posible falta ya había prescrito cuando se le sancionó. Por supuesto, lo esencial es la primera razón, si motivaciones jurídicas o ideológico/políticas.

Para decidir habría que saber qué carácter reviste ese proyecto de Constitución, si es un panfleto, un comunicado, un llamamiento a la movilización. Teniendo en cuenta que es una Constitución de la República Catalana, es decir, un futurible, hasta podría tratarse de una utopía. Las utopías no han gustado nunca al poder. A modo de aviso, el fundador del género, Tomás Moro, murió decapitado.

Hasta aquí no se llegará en la presente ocasión, pero es conveniente saber hasta dónde se llegará. Por supuesto que en la sanción al juez Vidal hay una gran carga ideológica. Pero es una ideología básica del Estado español, que lo ve como única nación y a la mayoría de los jueces no le parece ideología sino el fundamento mismo de legitimidad de su actuación. Lo mismo le sucede, aparentemente, al juez Vidal, tan movido por su idea de la legitimidad de la nación catalana como sus colegas sancionadores por la española.

Es un conflicto de legitimidad que se está dirimiendo en un terreno de legalidad, mucho más estrecho. En este, cada una de las partes no puede sino hacer lo que hace. El juez Vidal propugnar la independencia de Cataluña; los tribunales españoles sancionarlo por ello. Los dos saben que es un proceso de acción-reacción que se autoalimenta hasta conducir a situaciones (más) indeseables. Pero no pueden evitarlo, como en las tragedias griegas.

Actualmente el juez Vidal es senador. Desde el Senado, en representación de ERC, seguirá argumentando en pro de la independencia de la República Catalana. Es más, al encontrarse “suspenso” de la carrera judicial, podrá intervenir también en la vida pública catalana, incluso reanudar sus tareas redactoras del proyecto. Habrá quien sostenga que, estando “suspenso”, sigue en la carrera judicial y, por lo tanto, podría solicitarse ya su expulsión completa. Pero eso sería una arbitrariedad ya que el senador podría argumentar que está redactando un proyecto de Constitución de la República Catalana para presentarlo a la consideración de las Cortes españolas, por si tuvieran a bien aprobarlo. Entra dentro de lo filosóficamente imaginable que el Estado que es, deje lugar para el Estado que quiere ser.

Es obvio que la política meramente represiva no va a bastar para aquietar el impulso independentista. Al contrario, va a avivarlo. La experiencia, el sentido común, el realismo, así lo muestran. El independentismo se ha ganado el ser tratado como una cuestión político-constitucional que está pidiendo negociación bilateral urgente. El considerarlo, cual ha hecho hasta ahora el gobierno central, como un mero problema de orden público, solo da como resultado aumentar la movilización independentista fabricándole un panteón de héroes y mártires, Vidal, Mas, Forcadell, etc, tienen una enorme proyección simbólica, son referentes que focalizan una voluntad colectiva.

Parece atisbarse un nuevo talante en el gobierno del PP, un mayor empeño por entenderse con Cataluña y la Generalitat lo ha acogido con gran celeridad por iniciativa del vicepresidente. Justamente ahí parece haberse introducido un equívoco, si es un equívoco y no una manipulación infantil cuando se insinúa que los independentistas cambiarían la hoja de ruta y el referéndum por unas conversaciones del nivel que fuera con el Estado.

La negociación posible que el gobierno apunta y la Generalitat acepta tendrá que empezar con la cuestión del referéndum ¿Con qué, si no? La feroz oposición de principio del PP del “carácter innegociable de la soberanía nacional” se elimina a base de negociar un referéndum catalán y someterlo a la aprobación de las Cortes españolas, que son las depositarias de dicha soberanía. Si el gobierno se presentara ante el Parlamento con un proyecto de referéndum negociado, con una pregunta binaria clara, “sí” o “no”, las mayorías necesarias también negociadas y negociado asimismo el plazo de carencia hasta el siguiente referéndum, ¿por qué no iba a aceptarse si es la única forma democrática y civilizada de encauzar este conflicto?

El arte de titular

Pues, ¡qué!, ¿los independentistas recogen velas? Eso de que están dispuestos a "trascender" el referéndum tiene un eco eclesial, acorde con la pinta de sacerdote laico de Junqueras. Además, al fin y al cabo, todo conspira a bajarles los humos. El juez Vidal se ha quedado "suspenso" de la carrera judicial por tres años por independentista y el ex-presidente Mas reconoce que el independentismo no es mayoritario en la sociedad catalana. ¿Qué más se quiere? Cunde el desánimo. El independentismo se estanca o retrocede.

Todo eso es posible, pero el titular de El País es, simplemente, falso. Junqueras no acepta una negociación "que transcienda el referéndum" sino, como dice luego el texto del artículo, invita a un diálogo que trascienda las conocidas y, tal vez, evitables discrepancias sobre el referéndum previsto para septiembre de 2017, es decir, justo para lo contrario que dice el titular. Lo que quieren es "trascender" las dificultades que hay en el camino al referéndum de septiembre de 2017. Dan el referéndum por hecho, no trascendido. Caramba con la prensa y, encima, entrecomilla.. 

El desgobierno de la derecha

Aquí, el artículo de Palinuro que publicó ayer el periodico Berria, titulado "El sistema es antisistema"y en el que se da un repaso a la situación en que queda la política española, especialmente la parlamentaria, tras la traumática decisión del PSOE de abstenerse para facilitar un gobierno del PP. Con esa decisión, los socialistas han dado un paso quizá irreversible hacia su desaparición como partido de relevancia en el sistema político español y, con ello, también la continuidad de ese sistema, basado en un bipartidismo turnista ue parecía estable.

Con la abstención, el PSOE se ha constituido en rehén del PP. Prometió compensar afirmando que haría una oposición muy dura, pero stá claro que eso no podrá ser ya que el PP cuenta con el arma para impedirlo: la convocatoria de elecciones anticipadas. Cosa que no interesa a nadie, salvo al propio PP, razón por la cual es razonable pensar que, en elgún momento habrá elecciones anticipadas.

En el fondo, el conjunto del sistema hace aguas. Los dos partidos de la izquierda, enzarzados en una lucha cainita, son inbcapaces de coordinar su acción. La derecha tiene farantizado el gobierno para muchos años. Y eso que no hace nada por mantener el sistema, aunque sea con la apariencia de un Estado democrático de derecho. Falso. El PP no es un partido democrático no sabe qué hacer con un Estado de derecho que no sean trampas.

A continuación, la traducción del artículo al castellano:

El sistema es antisistema.

Parece como si la noticia del desbloqueo político gracias a la claudicación del PSOE hubiera sido una catástrofe en lugar de la ventura que todos los partidarios del sistema se prometían. “España necesita un gobierno” fue la consigna que movilizó la solución final. “No podemos ir a terceras elecciones”, remachaban. Es urgente. Hay que tener altura de miras, etc.

Por eso acabaron aceptando el gobierno de Rajoy como “mal menor” y “aunque no se lo mereciera”. No son precisamente parabienes. Era hacer de necesidad virtud y tragarse sapos sistémicos. Está de acuerdo hasta el mismo gobierno, principal beneficiado de la debilidad de la oposición para imponerle condición alguna. De los pactos con C’s Rajoy se acuerda para incumplirlos. No se ha molestado en cambiar nada salvo media docena de rostros que apenas hay modo de distinguir de los anteriores. Continuidad, orden y progreso a cargo de un gobierno minoritario, desprestigiado, acosado por la corrupción de su partido y con varios de sus componentes acusados de haber cobrado sobresueldos. Casi parece el reinado del Padre Ubu, pensado para de dinamitar el sistema.

Por sostenerlo lealmente y cuidar de la estabilidad, el orden, la gobernanza, o eso dice, el PSOE se ha suicidado, primero como oposición y ya veremos si también como partido. En la oposición será irrelevante porque funciona como un rehén del gobierno, que amenaza con disolver las Cortes si estas no se pliegan y con convocar elecciones anticipadas. En realidad, las terceras elecciones que los socialistas querían evitar y ante cuyo espantajo dieron el reciente golpe de mano intrapartista.

No siendo posible una “gran coalición”, como pedía el PP, al final, con la abstención del PSOE, han firmado una especie de pacto de gobernabilidad que la lleva implícita. El PSOE promete realizar una dura oposición en lo económico y social (aunque ya está perdiendo la esperanza de derogar la legislación anterior más agresiva) y formar frente nacional con el PP y C’s en la cuestión catalana. Pero ni eso va a ser funcional al sistema porque la amenaza de elecciones anticipadas tiene mucha fuerza y los empresarios ya han lanzado su heraldos a avisar de que, si el gobierno no puede gobernar (en su beneficio, claro), habrá que convocar elecciones anticipadas. El gobierno y los empresarios suelen decir lo mismo y se refuerzan mutuamente. Por eso es creíble la amenaza del PP que lo es no solo para el PSOE sino para los demás partidos de la Cámara, también con regulares perspectivas electorales.

El desbloqueo del sistema ha consistido en un gobierno de la derecha, en minoría parlamentaria, autoritario, neofranquista, con unos historiales de los ministros que producen pavor en cuanto a su competencia; un gobierno empeñado en tratar el problema más grave que afecta al Estado, esto es, el proceso independentista catalán, como una cuestión de orden público y una política de represión, sin negociación ni diálogo. A cualquiera, obviamente excepto al gobierno, se le alcanza que el solo recurso a la represión no resolverá sino que agravará el problema.

Cuando se trató de enfrentarse a la violencia de ETA, la situación era muy distinta porque precisamente la violencia deslegitimaba la causa que pretendía defender y, en cambio legitimaba la represión y la negativa al diálogo. Se decía entonces que cuando callaran las armas, se podría hablar de todo. Sin embargo, la actitud del Estado frente al proceso independentista catalán demuestra que aquella promesa era falsa. Las fuerzas nacionalistas españolas, básicamente el PP, el PSOE y C’s se niegan en redondo a considerar que Cataluña sea una nación y, por lo tanto, a negociar nada sobre la base de esa inaceptable pretensión. Propuestas de reforma, de revisión, proyectos, cero. El sistema carece de capacidad de autodiagnosticar la disfuncionalidad que lo afecta. Ni siquiera la comprende. Piensa que metiendo en la cárcel a unos puñados de independentistas, va a erradicar la voluntad de ser independiente cuando lo que puede hacer es destruirse a sí mismo.

Dado el carácter abierto, transversal, pacífico, democrático de la reivindicación independentista catalana y la masiva exigencia de un referéndum sobre la cuestión, la política represiva carece de toda legitimidad. Aunque sea muy legal. La legitimidad tiende a caer más del lado de un pueblo que reclama de modo masivo y pacífico su deseo de ejercer un derecho que otros pueblos en todo similares a él, como el escocés o el quebequés, han ejercido.

El giro dado por Pedro Sánchez como base de su candidatura a la SG del PSOE podría ser el inicio de un cambio de actitud del nacionalismo español en busca de una solución con el catalán. Pero es muy tenue. Aun suponiendo que Sánchez formule el programa con claridad, no está claro que vaya a convencer a su partido para que lo siga por esa vía si, como es presumible, su candidatura ha de competir con alguna otra que esgrima el patriotismo español.

La desobediencia catalana

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy. 

El gobierno ya no está "en funciones". Ahora funciona, aunque, ante el panorama, seguramente añorará aquella interinidad que le permitía no hacer nada. Lo primero que afronta es la cuestión catalana. Sáenz de Santamaría está a la cabeza de una task force que debe resolverla. A su modo, claro, reprimiendo. La derecha no admite el carácter político del conflicto y lo reduce a una cuestión de orden público. Por eso refuerza la dirección del aparato represivo del Estado. Teniendo luego en cuenta la tradición española de acabar encomendando el orden público a las fuerzas armadas no extrañará que gente tan tradicionalista haya puesto al frente de estas a a la aguerrida dueña de La Mancha, tan capaz de mandar divisiones como de cerrar ambulatorios. 

La versión castellana, a continuación:

Velocidad de crucero

La confrontación España-Cataluña va cogiendo momento. La manifestación del pasado día 12 no fue solo un acto de apoyo a las personas, cargos públicos e instituciones procesados, sino también uno de reafirmación de una voluntad colectiva de llevar adelante el proceso independentista. Una voluntad de no acatamiento, ayer, hoy y mañana.

La actitud del gobierno central no varía un ápice. Lo suyo es el recurso al palo y la zanahoria. Aunque, como siempre con la derecha, el palo es bien visible, pero la zanahoria no acaba de materializarse. El palo es una batería preparada para responder por vía represiva, judicial y penitenciaria si llega el caso a las iniciativas independentistas. Porque el gobierno sostiene, contra toda evidencia, que la cuestión catalana es una cuestión de orden público. Y para eso están los policías, los jueces y las cárceles. La justificación es que la ley ha de cumplirse y es obligación del gobierno hacerla cumplir. Si la ley es injusta o tiránica No hace al caso. No más preguntas y menos sobre la ley. Circulen.

La zanahoria es un ente de ficción. Hasta ahora se ha limitado a una solicitud expresa de Rajoy a Puigdemont para que asista a la Conferencia de presidentes autonómicos, constándole ya la negativa del catalán. El argumento es: “no se pierde nada asistiendo”, típico de la indolencia mental del personaje y que retrata la importancia real del conciliábulo. No es seguro que Rajoy entienda la respuesta de Puigdemont cumpliendo su palabra de no asistir porque eso de cumplir la palabra dada carece de sentido para él.

La inasistencia no es exactamente un desacato, pero sí va a herir el orgullo del nacionalismo español que no puede imponer su idea de España por ordeno y mando. No es un desacato, pero sí sitúa al presidente al frente de la mencionada voluntad colectiva.

Con la toma de posesión de Rajoy y el apoyo entre bambalinas del PSOE dio comienzo la cuenta atrás para una escalada de la confrontación con Cataluña. La última, ficticia, zanahoria fue la de la Conferencia en cuestión, que, por lo demás, tampoco pintará mucho sin los catalanes. Ahora vienen los palos. Y vienen cubriendo la línea del cielo, como los apaches a asediar el fuerte catalán. Hay cientos de procedimiento judiciales abiertos en distintas instancias locales en toda Cataluña, por los más diversos motivos, una bandera u otra, un retrato, unas declaraciones, una ordenanza municipal, etc. Todo es susceptible de convertirse en un acto de desobediencia punible. En Cataluña el PP tiene un solo ayuntamiento por lo que es de esperar el ejemplo de los otros se extienda y multiplique. ¿Cree el gobierno que tiene la administración de justicia en situación de hacer frente a eso?

Los tiempos se aceleran. La maquinaria represiva del Estado, es segura, intimidatoria, pero muy lenta. Antes de resolver los mencionados cientos de causas pendientes, ya se le echan encima varios cientos más si, como propone Ómnium Cultural, los ayuntamientos abren el próximo sacrosanto día 6 de diciembre y atienden a la gente. Algo que podría justificarse con la famosa “libertad de horarios” de los neoliberales. Los juzgados, inundados de nuevo.

Y mañana puede ser otra decisión de desobediencia en cualquier otro ámbito o con otra resonancia, pero seguida por una sociedad muy movilizada. Es la iniciativa política. El que la ejerce determina el día, la hora, el sitio, la forma de la confrontación y lleva las de ganar. El adversario que solo está a la defensiva, a base de represión, lleva las de perder.

Esa permanente confrontación del independentismo catalán con el nacionalismo español, además de dar seguridad sobre el curso de la hoja de ruta, contribuye a mantener la hegemonía del independentismo, la que ya hay en el Parlamento, también en la calle. Eso mantendrá a raya las aventuras del bloque En Comú Podem, obligándolo a tomar partido por una de las dos partes del conflicto sin configurarse él como tercera.

Los ataques del nacionalismo español van orientados contra JxS y la CUP. La otra izquierda, oposición en Cataluña y también en Madrid, no cuenta en ninguno de los dos sitios. En Cataluña, el protagonismo y la solidez del independentismo no deja lugar lógico alguno a un soberanismo no independentista y que, por no contagiarse, tampoco parece ser republicano.

La incapacidad para el diálogo del nacionalismo español se ve en la decisión de encomendar los tratos con Cataluña a la vicepresidenta del gobierno que nombrará de inmediato un gabinete de expertos y asesores y agentes del CNI. Entienden así la política, en cónclaves y secreteos. Sin embargo, está claro que tratándose de un problema de choque de legitimidades los foros más adecuados son los respectivos parlamentos.

Con todos los respetos

Digamos que el crédito de Hernando está por debajo de mínimos. Sobre todo si sale esgrimiendo el no es no que defendió con ardor hasta cinco minutos antes de decir no es sí con el mismo ardor. ¡Ah la volubilidad del carácter humano! ¡El chaqueteo de los políticos!

Seguramente el PSOE votará "no" a los presupuestos. Razones no faltan. Pero solo lo hará si es seguro que aquellos se aprueban con su voto en contra. Si la aprobación depende de ese voto, comenzarán los problemas, las divisiones, los conciliábulos, las presiones. Los golpistas de Vendimiario dirán que no tiene sentido permitir el gobierno de Rajoy para no dejarle luego gobernar. Justo lo mismo que dirá el propio Rajoy. Este, además, agitará el espantajo de las elecciones anticipadas para insuflar el miedo en los miembros de la Junta. Y si Hernando y los suyos insisten en el no es no, los junteros pueden dar un segundo golpe de mano, pues lo tienen de querencia.

La obsesión catalana de la derecha del PSOE es la responsable de esta situación. Los bonzos de antaño, con los medios de hogaño, defenestraron al SG a la mera sospecha de insinuación de que estaba enredado en un contubernio con los indepes. La izquierda española, antes española que izquierda, enfrentada al reto catalán a la idea de una única nación española, claudica ante la derecha, le pasa los trastos de matar, y nunca mejor dicho, y se sienta a ver pasar el cadáver independentista.

Entre tanto, el PSOE está literalmente en llamas. Mientras la Junta manda sus emisarios en los medios a explicar los arcanos de sus decisiones, las bases se agitan, se organizan, se movilizan y cuestionan su acción política. La Junta está ya también en los tribunales por iniciativa asimismo de la militancia. Hay un clima de enfrentamiento total. Cuando las bases entreguen las más de 100.000 firmas limpias cual patenas, a saber qué triquiñuela se ocurrirá a los intrigantes de la Junta y su musa andaluza para ignorar la opinión de la militancia y seguir a lo suyo, que ahora ya nadie sabe lo que es. Ni ellos.

Porque el golpe se dio para frenar la deriva izquierdista del PSOE y uncirlo al carro de la derecha. En el entendimiento de que esta sabría cómo poner coto a las demasías catalanas, que los socialistas españoles encuentran indigestas. La derecha tiene ahora la posibilidad de hacer lo que no se ha hecho nunca: buscar un terreno de entendimiento con Cataluña. La encomienda de la tarea a la vicepresidenta del gobierno apunta a ese sentido. Y ¿qué cara se le quedaría al PSOE si el PP negocia con los indepes un referéndum? Téngase el amable lector antes de soltar un respingo. No sería tan insólito. Escocia hizo un referéndum bajo mandato de Cameron, tan conservador como Rajoy. El general De Gaulle, gloria de la France, reconoció la independencia de Argelia; Franco dio la suya a Guinea. La derecha es doctrinaria y fanática, pero también pragmática. Si, al final, negocia con el independentismo catalán una fórmula que lo satisfaga, el PSOE habrá hecho un doble ridículo.

Muchos militantes confiesan en las redes que les resulta difícil defender su militancia y muchos también están dándose de baja porque se sienten defraudados y su partido no les merece crédito ni respeto. La situación es lamentable para el PSOE (en manos de unos auténticos desnortados) y catastrófica para la izquierda en general, ya que los apoyos que pierden los socialistas no van a parar a Podemos. Al contrario, este puede ver reducidos los suyos, precisamente por su incapacidad para cumplir su objetivo de llegar al poder o ser decisivos en su ejercicio. Y ni lo uno ni lo otro.

La rebelión de las bases, incitada por el golpe de Vendimiario e inspirada en los modelos asamblearios estilo Podemos es una realidad aplastante y creciente. Ignorarla no va a ser posible. Se le suma la campaña iniciada por el destituido Sánchez en busca de apoyos para retornar a la SG. Un líder que busca seguidores y unos seguidores que buscan un líder. Salvo acontecimiento por sorpresa, el resultado será el que cabe esperar. La cuestión es en qué medida puede Sánchez conseguir el apoyo de su partido esgrimiendo lo que El País llama con gran escándalo, sus "nuevas opiniones". En especial la más nueva de todas, la afirmación de que Cataluña es una nación.

El estado del gobierno del Estado

Aquí mi artículo de elMón.cat de hoy, L'estat del govern de l'Estat. Su objetivo es averiguar qué puede traer de nuevo para Cataluña el recién jurado gobierno de la derecha neofranquista, el más reaccionario y nacionalcatólico de toda la transición. En apariencia, mucho. En realidad poco. Lo más significativo es que se ha encomendado a la ratita hacendosa, Sáenz de Santamaría, la tarea de coser España. Muy femenino. ¿No se propone la Lady Macbeth de Carmona coser el PSOE? Pues la vicepresidenta quiere a su vez coser España. Algunos medios ven en este movimiento un buen augurio de recomposición de relaciones con Cataluña, pues descubren en la segunda de Rajoy capacidad, voluntad y seguridad de entendimiento con el independentismo catalán. Lo deducen de sus relaciones personales, su buena sintonía con Junqueras y Tardà y -me imagino- su buena suerte con el tarot. Todo eso es posible. Ignoro qué amistades o enemistades tiene esta señora entre las gentes de Junts pel Sí. Me rijo por la experiencia: como buena e impenitente franquista, Sáenz de Santamaría ha sido el puntal de la política "catalana" del gobierno de Rajoy, consistente en negarse en redondo a toda negociación y en recurrir sistemáticamente a la represión. ¿Voluntad de recomponer con Cataluña? Ninguna. Es posible que esta señora, ejemplo sumo del filisteísmo de la derecha católica, haya visto la luz de la verdad como Saulo camino de Damasco, pero habrá sido hace 24 horas. Hasta ese momento, fue el puntal más catalanófobo del gobierno.

Mientras los hechos no demuestren lo contrario, el nuevo ejecutivo del PP es más hostil y más agresivo contra Cataluña que el anterior y su política será provocar una confrontación con el Principado para tener una excusa y aplicar una política de sojuzgamiento. Parece que la Ratita Hacendosa ya ha dicho que Cataluña es el problema principal del Estado español. No es rápida la moza precisamente. Eso era evidente hace años. Claro que quienes la rodean no dan pruebas de ser más espabilados. Ni el gobierno ni la oposición. Todos han dejado pasar años y años, simulando no estar afectados por el desarrollo del independentismo catalán, intentando sepultarlo bajo el olvido, el infundio y la calumnia. Y, al final, no les queda otro remedio que reconocer las cosas como son.

Aquí la versión castellana del artículo:

El estado del gobierno del Estado

Por fin hubo gobierno. Cambian algunas caras, pero se mantiene sin variación el eje económico, prueba de que se seguirá aplicando la misma política económica de recortes y recetas neoliberales. Se refuerza el poder del Opus Dei con todos los ministros jurando la Biblia, no por la Constitución. Y eso que es la suya. Cesan los ministros más abrasados por la pirotecnia de su incompetencia, el de Exteriores y el del Interior. Los dos que llevan más de cuatro años fustigando el proceso independentista, a veces con medios presuntamente ilegales, y sin conseguir otra cosa que consolidarlo y adelantarlo. Los dos sustitutos se inscriben en la línea de belicosidad anticatalana. El señor Zoido (Interior) ya ha avalado la actitud de su antecesor en relación con sus conversaciones presuntamente ilegales contra sus adversarios políticos. El del abigarrado García Margallo parece dar un perfil de mayor competencia a la hora de cortocircuitar la acción exterior de la Generalitat. Es algo buscado. Por lo menos, para dejar de hacer el ridículo en los foros internacionales, algo garantizada con el ministro anterior.

Cataluña está muy presente en el nacimiento de este gobierno. Sin decirlo, por supuesto, ya que la política oficial sigue siendo negar la existencia de algo más que un problema de orden público. La nueva configuración de la vicepresidencia así lo prueba. Sáenz de Santamaría se desprende del cargo de portavoz y se dedicará primordialmente a Cataluña. Dispone de recursos formales al conservar el ministerio de Administraciones Territoriales y materiales muy potentes, al tener el CNI a sus órdenes.

Hasta ahora, la vicepresidenta ha sido quien ha arbitrado la acción del gobierno ante el independentismo catalán, acción con dos vertientes: negativa cerrada a todo planteamiento de diálogo que suponga aceptación directa o indirecta de un referéndum, y recurso sistemático a la vía represiva ante todo tipo de actos de las instituciones catalanas, desde el Parlamento a los ayuntamientos. Su dedicación a tiempo completo parece indicar un propósito de perseverar en las dos vías. Cuenta para ello con un implícito apoyo parlamentario de la oposición, al menos de Ciudadanos y el PSOE, en una especie de unión sagrada que ya se ve a la hora de propiciar o no el suplicatorio para el procesamiento de diputados independentistas. Si la mayoría de la oposición avala la actitud de cierre a toda negociación, es decir, a toda solución política; si se niega a debatir sobre legitimidad, la cuestión queda reducida al ámbito de la legalidad.

Es decir, represión y acción de los tribunales, pero sin solución visible. A cualquiera le llega que el grado de apoyo social e imbricación en las instituciones que ha conseguido el independentismo no se puede tratar como un problema de orden público bajo pena de enquistarse en un círculo de acción-reacción, de desobediencia y represión hasta que una de las dos partes o quizás las dos, estén al límite de sus posibilidades. El sentido común y la experiencia muestran que una situación de confrontación sostenida en el tiempo con recursos y contrarrecursos permanentes, realmente disminuye y mucho la capacidad de acción de las instancias enfrentadas. Sin embargo, la decisión de confiar la política "catalana" a una sola persona de talante tan autoritario como la vicepresidenta muestra la voluntad de tratar el conflicto con la mentalidad impositiva de siempre. Si hubiera el menor ánimo de buscar una solución negociada habilitaría un órgano ad hoc, como un consejo o una comisión interministerial que pudieran canalizar alguna forma de entendimiento.

El enroque del Estado, sin ninguna iniciativa, en una actitud de negación permanente, no deja otra posibilidad a las autoridades electas con un mandato independentista que seguir adelante de forma unilateral con su hoja de ruta. La legitimidad de esta manera de hacer no deriva sólo de su propia intención sino de que el interlocutor rechaza toda solución que no sea la abierta hostilidad. De aquí sólo puede surgir una situación de desobediencia civil de los cargos públicos electos que abre un evidente panorama de inestabilidad e ingobernabilidad.

Dos riesgos apuntan al horizonte independentista. En primer lugar, el alcance de la desobediencia. Esta corresponde del todo a los cargos públicos electos. No hay que exigírsela a los funcionarios. Se trata de una situación de doble poder, como la que se da en los procesos revolucionarios. Pero esta, a pesar de ser revolucionaria en el fondo, no lo es en la forma en la que debe prevalecer el carácter pacífico y el imperio de la ley. El proceso es cosa de los políticos. Los funcionarios, como el conjunto de la población, deben quedar protegidos. Su participación será voluntaria e individual pero de ninguna manera obligada.

El segundo riesgo es de carácter más político y nace de la propia dinámica catalana. Nace de este nuevo partido de la izquierda soberanista, hecho desde En Común, dirigido, al parecer por el señor Domènech y bajo inspiración general de la señora Colau. Por mucho que sus fundadores envuelvan sus manifestaciones en confusiones de carácter soberanista, será imposible disipar la sospecha de que su razón de ser, en gran medida, es servir de voz a un electorado catalán de izquierda que no es independentista.

Conservar la estabilidad, sin fracturar la gobernación y mantener la ventaja sobre las ofertas unionistas son las tareas del independentismo que el nuevo gobierno del Estado intenta frustrar

Mañana, Palinuro en Vilanova i La Geltrú

Vamos a hablar de la República Catalana con motivo de mi libro de idéntico tema. Presenta Quim Arrufat, de CUP, cuya candidatura apoyé con mis escasas fuerzas en las elecciones de 27 de septiembre. Aparte de la satisfacción que siento por tan estupendo presentador, me permito señalar que esta es una de esas ocasiones de mostrar de hecho cómo el proceso independentista es transversal. Y debe seguir siéndolo. Mientras no se haya llegado al final, todos somos todos: PDC, ERC, CUP. Cuando esto se corone cada cual irá con su querencia.

En realidad, de la República Catalana pienso no hablar mucho porque es tema ya bastante tratado. Voy a intentar un sendero relativamente nuevo, hablando de la democracia catalana. Es y no es lo mismo que la República Catalana. Por supuesto, esta será democrática, no elitista, ni oligárquica. Pero democrática con una forma especial de democracia: una democracia insurgente, rebelde, una democracia de la dignidad y la respuesta; una democracia activa. La ciencia política occidental puede seguir hablando de apatía, desafección y alienación de la ciudadanía y del desprestigio de las instituciones democráticas. Será verdad. Será verdad en todas partes menos en Cataluña, en donde hay una permanente, sostenida, consistente movilización social por un objetivo emancipador. Y, sobre todo, en donde hay una identificación del pueblo con las instancias de la sociedad civil, los partidos políticos y las instituciones. Es una fórmula aparentemente muy sencilla: si se quieren instituciones prestigiadas hay que ponerlas al servicio del pueblo; si se quieren unos partidos políticos útiles y leales al mandato popular, deben coordinarse con las aspiraciones de emancipación y cumplir su función de instrumentos.

Cataluña será una República. Pero, sobre todo, será una democracia. Una democracia republicana.

Aventurarse a lo nuevo

Por más que los de Podemos batallen por ser el centro de la atención mediática, el foco de interés sigue siendo la crisis del PSOE. El País, cuyo grado de entusiasmo con Sánchez ha quedado demostrado en los últimos tiempos, descubre que, además, este buen hombre tiene nuevas opiniones. En general eso está mal visto en estos pagos. Está mal visto hasta tener opinión. Pero, si además, es sobre asuntos de la máxima importancia, como la tendencia a la izquierda y la cuestión catalana, el asunto es temerario. Ese es el meollo del drama en el PSOE: Podemos y Cataluña.

Se supone que el PSOE tiene que elegir entre aliarse a la derecha (PP) o a la izquierda (Podemos). Unos animan hacia la izquierda; otros, a la derecha y estos parecen ser poderosos porque han desencadenado la crisis con un golpe de mano o de fuerza, que viene a ser lo mismo. Sin embargo, no está nada clara esa obligación de optar. De hecho, aunque la abstención haya sido una claudicación, lo ha sido por la mínima, pues no obliga a la acción mancomunada. Hay un espacio de opinión y electoral entre la derecha del PP y la Izquierda de Podemos. La primera es heredera directa del franquismo, revestido de neoliberalismo y con una incontenible ansia de expolio del común. Los segundos, que llegaron al socaire del movimiento 15M, trayendo promesas de nueva política, se han adaptado al juego institucional y su discurso y su práctica son confusos. Reverdece en ellos la vieja izquierda comunista carente por entero de lo que siempre presume, un programa, y solo interesada en el sorpasso.

Entre estas dos posiciones hay un espacio considerable, agrandado por el hecho de que ellas, las posiciones, son extremas. Es el espacio que ha habido siempre, el del socialismo democrático, la socialdemocracia. Y aquí es donde aparece el proyecto de Sánchez que dice querer para el PSOE autonomía frente los poderes fácticos y la tentación populista. Si el PSOE se obstina en sus "viejas opiniones" y se mantiene como auxiliar del PP, es probable que cave su tumba electoral, al estilo PASOK. Pero no es seguro. Las "nuevas opiniones" de Sánchez ¿darían para fundar un tercer partido de la socialdemocracia renovada? Espacio hay, probables partidarios, también. La izquierda democrática, reformista que quiere parar a la derecha pero no a costa de aliarse con una izquierda cuya relación con la realidad es problemática. Lo que no está claro es si hay liderzgo y capacidad para articularlo.

Y luego está el otro asunto, el que de verdad importa, Cataluña. Muchos de quienes seguirían a Sánchez en su giro a la izquierda, lo abandonarán si el giro, además, afecta al Principado. De este asunto no se habla porque las ideas están clarísimas: de independencia, nada. Y así como el agonizante Franco se despidió de Juan Carlos diciéndole que guardara la unidad de España, ha bastado que Sánchez haya compartido alguna cerveza con Joan Tardà para que el poder en la sombra en el PSOE lo mande a él a ellas, camino del ostracismo.

El punto flaco de Sánchez es Cataluña. En realidad, es el talón de Aquiles del sistema de la III Restauración. En el PSOE es donde más se aprecia. Basta ver las complicadas relaciones con el PSC. Pero Sánchez no tiene otra opcion que formular una propuesta de negociación con los independentistas. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que explicar a la opinión que la política de cierre al diálogo y la negociación, la de la hostilidad permanente, no ha dado resultado sino que, al contrario, ha exacerbado el conflicto. Y cuando una fórmula fracasa, hay que buscar otra. Y rápido, porque la hoja de ruta de los independentistas sigue su curso y augura un futuro de mayor confrontación que nadie quiere y el Estado español, fácilmente presionable por las potencias europeas, no puede permitirse.

Para el nacionalismo español (el del PSOE incluido) lo más esperanzador en Cataluña es ese nuevo partido abanderado por la señora Colau, en clave izquierdista y pronunciadamente ambiguo en la cuestión de la independencia. El nuevo partido amenaza a sus rivales más próximos, el PSC y Podemos y quizá a sectores de un independentismo tibio. Pero eso son futuribles. Aquí y ahora, el PSOE tiene que decidir qué respuesta da al independentismo, si el cerrado "no" sin más del PP o una "nueva opinión" estilo Sánchez que incluya sentarse a negociar una salida civilizada y democrática al único conflicto real del Estado español.

El reestreno

Merced a la implosión del PSOE, Rajoy ha vuelto a ser investido presidente del gobierno y ya ha jurado el cargo ante la Biblia, la Constitución, un crucifijo y varios personajes de esta ridícula comedia de la política española: el que hace de Rey, el que de ministro, el que preside el Senado, etc. Algún día habrá que analizar la naturaleza podrida y repulsiva del catolicismo español: una religión que admite que un embustero complusivo, un mentiroso sin escrúpulos, un falsario incapaz de cumplir una sola de esas promesas que va lanzando por ahí pueda jurar solemnemente delante sobre los Evangelios. Se me dirá que ese es asunto de la conciencia de cada cual y que el catolicismo como creencia colectiva es posible. Pero no basta. La vida de Rajoy es de dominio público y todo el mundo sabe que es un embustero, un cínico, un tipo capaz de engañar a la colectividad y provecharse de ella. ¿Imagina alguien algo más anticristiano que privar a los dependientes de las subvenciones que le corresponden pero financiar la atención al propio padre con el dinero público, como hace Rajoy? ¿Algo más inmoral y repugnante? No, el asunto no se zanja hablando de la "conciencia de cada cual". Aquí hay algo más: la complicidad de los católicos con estas odiosas prácticas. Por eso votan a Rajoy las monjas, los curas, todo el nacionalcatolicismo.

En realidad, mi artículo de hoy en elMón.cat versa sobre el primer encontronazo que ya se ha dado entre el recién estrenado presidente español y el catalán. Puigdemont pide una entrevista de presidente a presidente para tratar del referéndum, ese del que Rajoy no quiere oír hablar y Sánchez comienza a considerar tras liberarse de la retardataria y reaccionaria influencia de Rubalcaba.

Muy probablemente llega tarde. En esta legislatura de la derecha se producirá el definitivo encontronazo con Cataluña.

Aquí, la versión castellana del artículo:

LA INAUGURACIÓN

Tras la investidura de Rajoy por K.O. de los socialistas, vino la solemne toma de posesión en envenenado por la petición Puigdemont de celebrar una reunión de presidente a presidente para tratar la cuestión del referéndum y otras cuarenta más. Digamos que es una forma catalana de convertir un gesto protocolario como una felicitación por la investidura en algo de contenido práctico. Se invita al recién nombrado presidente del gobierno a ejercer sin más dilaciones su pleno Halloween y el juramento tuvo algo de “truco o trato”. Pero el momento estaba autoridad abordando una negociación urgente, indebidamente aplazada durante diez meses.

Todos los caminos conducen a Roma pero, para llegar hasta allí, hay que recorrerlos. El de Madrid, también. Cuantas veces haga falta. Para que quede claro que se han hecho todos los intentos posibles de diálogo y negociación. Es acumular bazas. Para reforzar la posición de la Generalitat, Puigdemont no asistirá a la reunión estatal de presidentes de CCAA sobre financiación autonómica que lleva ya tres años de retraso Acostumbrado a dejar pudrir los problemas sin que nadie proteste, Rajoy se encuentra que no puede aplicar esa táctica con Cataluña. El Estado no puede obligar a Puigdemont a asistir a la reunión y, sin Cataluña, poca será la financiación que acuerden los demás. Cataluña ejerce ya su soberanía de hecho negativamente.

La respuesta del gobierno de la derecha es sabida de antemano: la condición del referéndum es inaceptable y ello no imposibilita pero sí dificulta las negociaciones en otros ámbitos. Quizá sea una suposición prematura. No es de esperar que el nuevo gobierno modifique los criterios básicos de Rajoy pero quizá sí que los modifique el mismo Rajoy. Muchas veces le habrán dicho que tenga en cuenta el caso escocés que resta toda validez a la negativa española a hacer lo mismo en Cataluña. Pero eso es poco probable por razones hasta caracteriológicas.

El gobierno se siente fuerte pues cuenta con el bloque constitucionalista, de PP, PSOE y C’s. Mayoría parlamentaria abrumadora. La Generalitat también se siente fuerte, con un gobierno respaldado por una mayoría absoluta. No es previsible que ninguna de las partes ceda en su pretensión inicial referéndum sí, referéndum no. En consecuencia solo cabe augurar un futuro a corto y medio plazo de mayor confrontación, un tiempo en el que las dos partes van a medir hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado y hasta dónde a resistir el Parlamento catalán.

Entre tanto, el tiempo pasa. La desconexión catalana se consolida. Y el Estado sigue sin hacer propuesta alguna, no ya constructiva, sino mínimamente alentadora. Ninguna iniciativa cívica o política en España a favor de una solución pactada con Cataluña. Ni un foro, diálogo o encuentro promovido por esos intelectuales siempre tan activos en defensa de los derechos de los saharauis o los tibetanos. El cierre es total. En el caso del PP, el no rotundo desde el inicio al derecho a decidir no solo se ha mantenido sino que se ha hecho vociferante. Rajoy no quiere oír hablar de referéndum. Literalmente. Negociaciones sobre reformas del sistema de financiación siempre que no haya demanda de referéndum, las que se quieran. Nos quedamos como estamos y toda ruptura de la legalidad vigente con la motivación que sea será tratada como una cuestión de orden público por la vía penal.

En el PSOE, el discurso no es muy diferente. Los socialistas comparten el recio nacionalismo español del PP pero, el mismo tiempo, son favorables a formas etéreas de descentralización política, como el federalismo. La fórmula ha perdido toda credibilidad teniendo en cuenta que necesita la reforma de la Constitución. Por eso, Sánchez, dejó entrever de que la solución vendría “votando” y sobre una “reforma constitucional”. El federalismo era tan eficaz como el bálsamo de Fierabrás. La mención al voto apunta elípticamente al referéndum como si fuera una gran concesión. Sin embargo, al tratarse de una reforma de la Constitución, el referéndum es obligado, en unos casos por razón de lo que se reforma y en otros si así lo decide una décima parte de los diputados o senadores. Eso no es aceptar el referéndum catalán sino tratar de pasar el español de matute.

Los dirigentes españoles no tienen una idea clara del problema a que se enfrentan y sus recursos son muy limitados, pues ni siquiera cuentan con un proyecto común. No son un peligro real para el avance del proceso independentista. Ese peligro está comenzando a tomar forma en el interior de Cataluña, a través de la formación de un nuevo partido de izquierda que, no siendo independentista, puede propugnar diferentes grados de soberanismo.