No tiene mucho de asombroso que le llamen Coz pedal a juzgar por la virulencia y hasta brutalidad de las afirmaciones de esta señora que más parece un personaje de estaca de teatro de guiñol que una (i)rresponsable política. Eso de que consta que la judicatura y la policía están haciendo escuchas ilegales a políticos del PP como si fueran la Camorra napolitana es acusar de cometer delitos a toda la judicatura española, las fuerzas de seguridad del Estado y al Estado mismo. Son comprensibles las reacciones airadas de estos estamentos pidiendo a la dicha señora que presente denuncia en los tribunales o se retracte.
Eso de que España es hoy un Estado policial al estilo del anterior a la Constitución (quiere decir el franquista) debe de ser el enésimo intento de los políticos del PP de desvincularse nominalmente de la Dictadura, como los que hace de vez en cuando la señora Aguirre en Madrid cuando habla mal del franquismo. Y eso mientras se oponen como gatos panzas arriba a que se despoje a Franco de los títulos y honores que la cobardía nacional fue otorgándole durante los cuarenta años en que la mayoría de los políticos de aquel partido con edad para ello vivía en "extraordinaria placidez" porque España se gobernaba según sus ideales.
Eso de que el Gobierno espía a la oposición, dicho por la secretaria general de un partido que tiene un proceso abierto en Madrid por espiar ¡a los suyos! es, además de una insolente provocación, una muestra de la acendrada táctica de proyeccion de la derecha, consistente en acusar a los demás de lo que hace ella.
Eso de que el Gobierno persigue más al presidente Camps que a ETA es de una desvergüenza que sólo se explica por el intento desesperado de los dirigentes populares de que no se hable de lo que realmente es noticia y tiene interés en España, es decir:
I.- Que el Curita mentiroso se ha visto amparado por unos jueces que han actuado supuestamente por criterios de amiguismo antes que de justicia, que parecen haber prevaricado, que la Fiscalía General del Estado ha recurrido en casación el auto del Tribunal valenciano presidido por un "más que amigo" del señor Camps y que, además, sobre ese "más que amigo" del señor Camps ya media una denuncia por falta muy grave.
II.- Que la corrupción del PP en Mallorca alcanza niveles pandémicos y que en las Baleares, como en Valencia, el propio partido pudiera no ser otra cosa que una red de influencias para las lucrativas prácticas del cohecho, la apropiación indebida y el saqueo de las arcas públicas.
III.- Que, al parecer, la trama corrupta del Gürtel untó con cientos de miles de euros a una serie de políticos del PP en Madrid a cambio de concesiones de obra pública que, en el mejor de los casos, serán fraudulentas.
IV.- Que en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) han venido produciéndose supuestos actos de espionaje de unos miembros del PP a otros en sus luchas intestinas por hacerse con el poder en el partido.
Estas son las noticias reales, las que configuran la actividad cierta del principal partido de la oposición, literalmente devorado por la corrupción y de las que la señora De Cospedal trata de desviar la atención con declaraciones dinamiteras que, poniendo en cuestión el Estado de derecho, hagan olvidar aquellas otras realidades, una táctica suicida que debiera dar sus lógicos frutos: la señora De Cospedal está moralmente obligada a probar sus acusaciones a jueces, policías y políticos del Gobierno o, en caso contrario, a retractarse de ellas y, de paso, lo que sería medida muy higiénica, a abandonar la política, a ver si marchándose a su casa le queda algo de tiempo para reflexionar sobre lo inadmisible de sus provocaciones sistemáticas.
Ha pasado el tiempo en que el lenguaje incendiario, las amenazas, los chantajes, las mentiras sistemáticas desde la derecha provocaba alguna reacción salvífica de otro estamento como el militar que pudiera traer otros cuarenta años de "extraordinaria placidez".
(La imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia de Creative Commons).
