La tozudez del gobierno en torpedear la normalización institucional de Catalunya empeora las cosas, al menos para sus propios intereses. Por "normalización institucional" se entiende aquí el reconocimiento del resultado de las elecciones del 21 de diciembre pasado y la constitución de un govern presidido por Puigdemont.
De eso no quiere ni oír hablar el B155 y, por tanto, la situación queda bloqueada. Pero el bloqueo no puede sostenerse. En realidad, ninguna solución que no sea la apuntada podrá sostenerse. Esta en concreto por el quebranto que la situación provoca en las haciendas autonómicas. Las Comunidades Autónomas (CCAA) están necesitadas de un nuevo marco de financiación y, sobre todo, de numerario y urgente. Innecesario recordar cómo siempre se dice que, al establecer los planes generales de financiación, preciso es ir con cabeza fría y pies de plomo. Cuando llega la urgencia, se procede en caliente y con pies alados, como los de Hermes, patrón de los ladrones. Dicen las CCAA que no cabe esperar más a los catalanes a la hora de fijar el reparto de recursos. Tanto más cuanto los indepes no parecen tener intención de participar en las deliberaciones, cuenten o no con un govern.
Y como no cabe esperar más, las CCAA piden a M. Rajoy que, enarbolando el 155, asuma la representación de Catalunya para establecer la nueva forma de financiación común. A título de política práctica, inmediata, la decisión sería un desatino más. Nadie va a creer que, haga lo que haga el gobierno en lugar de la díscola Catalunya, irá en beneficio de esta. Nadie que la propuesta emanada de esa deliberación sea sostenible a la vista de las circunstancias.
Pero lo más grave de esta decisión de deliberar en ausencia de Catalunya sobre deberes y derechos de esta es que abre el camino al planteamiento político que el independentismo está buscando: la relación bilateral entre España y Catalunya. Por un lado, las CCAA, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera se entienden entre sí (las de régimen común y las de foral o las especiales) y todas articulan una propuesta de financiación del Estado español que luego se negocia con Catalunya. Esto no es exactamente lo que tienen en la cabeza los estrategas de La Moncloa, pero es a donde llevan sus pasos, que nunca está guiados por el sentido común del que tanto se alaban.
El gobierno echa la culpa del bloqueo de la investidura a los indepes, tras haberse tomado la molestia de prohibir la investidura consecutiva de tres candidatos y la adicional de encarcelar a dos de ellos. Así que ahora se encuentra de nuevo con el primero, que solo está en el exilio y es quien personifica la legitimidad en primera instancia según las mentadas elecciones del 21 de diciembre.
Hay una idea de que la decisión de proponer de nuevo a Puigdemont tropieza con un malestar creciente en el movimiento independentista, en cuyos encuentros cada vez se ven más caras serias y preocupadas de hasta dónde puede llevar el empecinamiento de Puigdemont. Pero la verdad es que, por las noticias y reportajes de la prensa alemana, Der Spiegel y el Süddeutsche Zeitung, el ambiente en el independentismo es de optimismo: los independentistas no se rinden.
Ni tienen por qué. Están ganando en la medida en que las mismas decisiones del gobierno central van en contra de sus intereses. El nerviosismo de las CCAA es una prueba más de lo que está revelándose como experiencia de la situación actual: que España no es gobernable en confrontación institucional con Catalunya. Esa confrontación se mantendrá mientras no haya un govern apoyado en el libre consentimiento de los ciudadanos, y el Estado no desista en su política de judicializar el conflicto y mantenga en vigor el 155.
Y todo esto sobre el fondo de unas elecciones cada vez más cercanas.
