Hagamos un esfuerzo de entender cómo razonan nuestros gobernantes. "No habrá referéndum en Cataluña" dice sentencioso el ministro, y añade "más claro no se puede decir". Desde luego que no. Más claro no puede estar. Pero no tiene por qué ser cierto. Claro es que el ministro no quiere que haya referéndum en Cataluña. Respecto a si lo habrá o no lo habrá, ni el ministro profeta puede asegurarlo por más claro que hable. Ese es el problema de toda mentalidad autoritaria. No se le ocurre decir: "nosotros no queremos referéndum en Cataluña y haremos lo posible porque no se dé". Nada de eso. Afirma, arrogante, que "no habrá referéndum en Cataluña" porque, como todas las mentes ofuscadas por el sectarismo, confunde la realidad con sus deseos.
Por lo demás, el pronunciamiento del ministro era una declaración preventiva de lo que fuera a tratarse en la cumbre del referéndum por la tarde. Y se trató, y se escuchó al ministro como quien oye llover. La cumbre da paso a un Pacto Nacional por el Referéndum en el que están todas las entidades presentes en la cumbre: instituciones, partidos y organizaciones de la sociedad civil. Y la idea es lo misma que la del ministro, pero con el signo cambiado: el referéndum que el ministro niega hoy y mañana y siempre por toda la eternidad es el que la cumbre está dispuesta a celebrar a fecha fija, preferentemente pactado con el Estado pero, de no haber otra salida, sin pactar. La señora Colau parece distanciarse de la segunda parte de esta conclusión.
De no darse referéndum pactado y no haber acuerdo para celebrarlo sin pactar, cabría transformarlo en unas elecciones catalanas (prerrogativa absoluta de la Generalitat) con carácter referendario. Llegado ese momento, sin embargo, seguramente habrá sectores más decididos en el movimiento independentista que propugnen saltarse el referéndum y proclamar una DUI.
La posición del Estado no puede ser más desafortunada: depende de la iniciativa política del indepndentismo, su actitud es puramente reactiva y represiva, sin reconocer la dimensión de crisis constitucional de este conflicto. Y, lo que es peor, carece de alternativa en sí mismo pues las otras dos fuerzas políticas coinciden plenamente en la política (o falta de política) catalana y entre las tres constituyen más del 72 por ciento de la cámara. Mayoría absoluta del nacionalismo español, que no está dispuesto a reconocer condición nacional a Cataluña.
¿De qué se puede dialogar en esta situación? Por supuesto, de cuestiones prácticas, de administración, competencias, financiación, etc. Pero el problema no está ahí. El problema está en la cuestión que el gobierno español excluye expresamente del diálogo.
Un diálogo para negociar los términos de un referéndum pactado.
