Este asunto de la presunta corrupción estructural de la administración catalana es un nubarrón que ensombrece el radiante horizonte de la independencia. Sin duda se trata de asuntos bajo indagación judicial y han de mantenerse al margen del proceso político independentista. Las gentes de CDC, con Mas a la cabeza, sostienen que se trata de un hostigamiento político con disfraz judicial. En efecto, hay algunos flecos llamativos: si la corrupción es de CiU, ¿por qué solo se investiga a Convergència? Por supuesto, el 3% es un escándalo, pero en las mismas fechas Correa ha confesado otro 3% en el PP que ha pasado sin pena ni gloria, como si lo que es un escándalo en Cataluña fuera el pan nuestro de cada día en Madrid. También es cierto que en diez años de investigaciones no ha recaído una sola decisión judicial condenatoria.
Con todo, ahora hay una investigación en marcha y las autoridades que la conducen actúan bajo el principio de legalidad. Se trata de averiguar si ha habido corrupción, cómo, cuándo y cuánto. Si ha habido financiación ilegal. De hecho, Mas se ha visto obligado a comparecer en el Parlament a dar explicaciones. Estas no parecen haber levantado el entusiasmo entre sus aliados. Y los de la CUP mantienen su negativa a la investidura argumentando en parte con la corrupción. En sus explicaciones, Mas se ha extendido en las contrataciones públicas bajo su mandato y ha defendido su impecabilidad. Pero el asunto no parece estar tan claro puesto que los concursos públicos de la Generalitat se amañan.
Por supuesto, en esta acusación y las acciones judiciales hay elementos añadidos de interés político por dificultar el proceso independentista. La cuestión es si los independentistas siguen con su hoja de ruta, que incluye un mecanismo de desobediencia a todo acto de la autoridad central o si aplazan su decisión hasta ver en qué queda la acusación de corrupción estructural a la generalitat. Ambas decisiones tienen pros y contras.
La de seguir con la hoja de ruta tiene la ventaja de que plantea la cuestión en el terreno político y recaba más apoyos; tiene el inconveniente de que se resta legitimidad porque parece una huida hacia delante, un intento de sustraerse al castigo por incumplimiento de la ley.
La de aplazar la decisión tiene la ventaja de que mantiene la dimensión moral de legitimidad del movimiento al someterse a la ley; tiene el inconveniente de que puede desmovilizar a la gente, según como sea la decisión final respecto a la conducta pasada de las autoridades de la Generalitat.
