En un artículo publicado ayer en El País se preguntaba Rosa Díez ¿Quién defiende a España? y se respondía que ella y, con ella, el partido Unión, Progreso y Democracia, del que es portavoz porque, asegura, es la defensa de la mayoría. Díez y UPyD están en su derecho de defender lo que quieran, por más que lo defendido no parezca tener otra entidad -según lo expuesto por la autora- que la suma de los ciudadanos españoles. Esta suma, la ciudadanía española bajo el techo de la Constitución de 1978, parece a Rosa Díez un bien en sí mismo por el que merece la pena luchar frente a otros ciudadanos, también españoles de momento, que han dado en la flor de no querer serlo y de buscarse la habichuelas por su cuenta. Las razones de estos ciudadanos -únicos a los que Díez llama "nacionalistas", adjetivo que no se aplica a sí misma y del que parece abominar según la cita de Camus en cabeza del artículo- le resultan detestables, étnicas y hasta tribales.
Para ella, Díez prefiere el término patriota, lo cual nos pone sobre la pista del trasfondo no explícito del artículo: una aplicación a España de la doctrina del patriotismo constitucional, elaborada por cierta iuspublicística alemana en los años cincuenta del siglo pasado y paradójica conversión del espíritu alemán de la sangre y el suelo al nacionalismo liberal de raigambre francesa. Al haber fracasado el intento de los liberales españoles (los de verdad; no este remedo de la carcunda nacionalcatólica hoy gobernante) de conseguir lo mismo en España, vino bien hace unos años recurrir al hallazgo germánico. Y hacerlo ignorando que el problema de este préstamo hispano era el mismo en ambos casos, pues ni Francia ni Alemania hubieron de lidiar con naciones y nacionalismos contendientes de alguna magnitud que cuestionaran esa asimilación de la nación al ideal ilustrado liberal y a su objetivación constitucional.
Se escandaliza Díez de que la nación española carezca de defensores (llega a decir que los dos partidos dinásticos han renunciado a defenderla), siendo así que hoy se basa en la existencia de una Constitución que garantiza la igualdad de todos, con independencia de su etnia y del territorio en el que habiten. Una ciudadanía sumatorio de todos los españoles en aquello que tienen en común, por encima de los particularismos, el ser sujetos de derechos como individuos, no como razas, territorios o tribus. A ese propósito orienta Díez la acción política de UPyD.
El patriotismo es constitucional porque es la Constitución la que otorga los derechos a la totalidad del pueblo español, conjunto de ciudadanos que son tales por ser individuos sujetos de esos derechos. Esto es un razonamiento circular o falta un elemento sobreentendido. En efecto, se trata de la nación española, la que aparece en el famoso artículo 2 y que fundamenta la Constitución. Y ¿que existencia tiene esa nación? La que da la atormentada historia de España y ese artículo 2. La Constitución no otorga derechos sino que reconoce unos pre-existentes, pudiendo, por tanto, reconocer unos y no otros, a tenor de la decisión de esa previa nación española. La Constitución no puede otorgar el derecho de los españoles a tener una constitución, por ejemplo.
El razonamiento de Díez resulta desfasado pues retrotrae la controversia al punto de origen sobre los sujetos de los derechos cuando hasta un ex-presidente del Consejo de Estado y ex-magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, ve posible y conveniente realizar la consulta del dret a decidir de los catalanes. Tampoco es tan estrambótico. Se trata de una opinión dada con autoridad, en el sendero de otras también de mucho peso como la famosa recomendación del Tribunal Supremo canadiense en relación con Quebec y la actitud civilizada y pragmática de Gran Bretaña en el caso de Escocia. Habría que reformar la Constitución, dice Rubio Llorente. Bueno, otros piden modificarla con distintos motivos cercanos o alejados de este. La Constitución es una norma reformable. Es la nación la que decide. Y ¿por qué habría la nación de negar a una comunidad parte de ella el derecho a ser asimismo una nación con todos sus atributos si así lo desea una mayoría cualificada democrática en ambos casos (como nación española y nación catalana)? ¿Por qué no pueden los catalanes constituirse en una nación animada por el mismo patriotismo constitucional? Las expresiones peyorativas de "tribu", "etnia", "territorio", ¿no son asimismo predicables de los españoles?
Y aquí es donde la exposición de Diez alcanza su interés. En realidad, no merecería la pena reflexionar sobre esta pieza de pobre retórica electoral en busca de los votos de una mayoría que, en realidad, es la del nacionalismo español, de no ser porque, en la exposición, se escapan a la autora dos gazapos muy reveladores respecto al contenido de este enfrentamiento entre nacionalismos en España. Uno de ellos es la referencia a la transición modélica que, mira tú, se ha descuajaringado. El otro el lamento por la ruptura de los vínculos con los que se estaba constituyendo nuestra incipiente ciudadanía española.
Dejo a los transitólogos críticos la carnaza de ese modélica que los pondrá a cien. Lo interesante aquí es el alfa y el omega del drama que pone en pie de guerra a Díez y la UPyD: la transición (o sea, la Constitución de 1978) y la ruptura de los vínculos etc. Hay varias interpretaciones de este lapso. Me voy a la más benévola.
¿Cuál es la nación española pre-existente que fundamenta la Constitución? Obviamente la media nación (para entendernos) del franquismo que se puso de acuerdo con parte de la otra media (la otra parte estaba bajo las cunetas y ahí sigue) para dotarse de una Constitución y hacerse respetable. Para lo cual empezó por aprobar una Ley de punto final (pues eso es la Ley de Amnistía de 1977) anterior a la Constitución. Tan modélica, obviamente, no fue. Habló la media nación franquista, nacional-católica. Los demás acataron y negociaron un lugar al sol con la promesa de un régimen democrático. De ahí viene la incipiente ciudadanía española. Estaba haciéndose. La Constitución fue un contrato. Una parte pagó en el acto y la otra difirió su cumplimiento. Y no cumplió.
Así se entendió en la época y eso es lo que los españoles votaron mayoritariamente (con las habituales pejigueras vascas) en 1978. Fue un gesto de magnanimidad ingenua. Pero funcionó mientras el reto a la unidad española provino de la violencia etarra, del terrorismo, incluso en los momentos más difíciles cuando este estuvo a punto de destruir el menguado Estado de derecho, convirtiéndolo a su vez en terrorista con los GAL. La democracia resistió y las gentes siguieron esperando el avance de España hacia una forma de democracia desarrollada a partir del compromiso de mínimos de 1978.
Pero había de suceder al revés. Silenciadas las armas, creció en potencia el nacionalismo pacífico catalán y, en paralelo, creció el nacionalismo de la derecha española, el nacionalcatolicismo de siempre. A lo mejor Zapatero pecó de ingenuo -la ingenuidad de la transición- al hablar del Estatuto catalán. Pero quien lo tumbó fue la derecha.
La derecha sin complejos, intacta en sus tradiciones gracias a la modélica transición que lleva ahora dos años arremetiendo contra el nacionalismo catalán, negándose a todo tipo de conversación o negociación, acicateando su deriva independentista. Hay quien dice que lo hace por pura brutalidad y desconocimiento. Hay quien lo atribuye a intenciones más bastardas como su uso a título de cortina de humo del caso Bárcenas o como medio perverso de destripar el PSOE.
Sea como sea algo está claro: el nacionalismo español enfrentado al nacionalismo catalán es el nacionalcatolicismo de siempre revivido en este gobierno de la derecha radical que, además, está desacreditado por su presunta corrupción. Lo cual, dicho sea de paso, es un elemento decisivo en la legitimación del independentismo por más que las elites conservadoras catalanas sean tan corruptas como las españolas. El nacionalcatolicismo que, cual sarpullido veraniego, se ha extendido por diversos puntos de España brazo en alto y que proyecta montar un espectáculo en Barcelona el próximo 12 de octubre.
Bueno, pues tal es la razón por la cual España no tiene quién la defienda, al decir de Díez. Ciertamente, cabe un nacionalismo español que no descanse sobre los bates de baseball, pero será preciso encontrar las razones que no aparecen por lado alguno en el discurso de Díez. Este consiste en propugnar una moral republicana (en hopalanda monárquica), cívico, laico, basado en la igualdad de derechos pero que niega de raíz el derecho de algunas minorías territorialmente localizadas a decidir por su cuenta. Tampoco hace falta afinar mucho. El discurso nacionalista español tendrá siempre amplio respaldo electoral. El franquismo tuvo mucho apoyo social. A la vista está. Ahí hay votos, pero ¿para qué?
De seguir la dinámica como va, la negación del derecho de autodeterminación lleva en último término al empleo de la violencia institucional. Es de suponer que casi nadie abogue por soluciones militares (excepto algunos militares) pero, ¿acaso serán más viables y más sostenibles en el contexto europeo las soluciones civiles de la suspensión o la declaración del estado de excepción?
La derecha sin complejos, intacta en sus tradiciones gracias a la modélica transición que lleva ahora dos años arremetiendo contra el nacionalismo catalán, negándose a todo tipo de conversación o negociación, acicateando su deriva independentista. Hay quien dice que lo hace por pura brutalidad y desconocimiento. Hay quien lo atribuye a intenciones más bastardas como su uso a título de cortina de humo del caso Bárcenas o como medio perverso de destripar el PSOE.
Sea como sea algo está claro: el nacionalismo español enfrentado al nacionalismo catalán es el nacionalcatolicismo de siempre revivido en este gobierno de la derecha radical que, además, está desacreditado por su presunta corrupción. Lo cual, dicho sea de paso, es un elemento decisivo en la legitimación del independentismo por más que las elites conservadoras catalanas sean tan corruptas como las españolas. El nacionalcatolicismo que, cual sarpullido veraniego, se ha extendido por diversos puntos de España brazo en alto y que proyecta montar un espectáculo en Barcelona el próximo 12 de octubre.
Bueno, pues tal es la razón por la cual España no tiene quién la defienda, al decir de Díez. Ciertamente, cabe un nacionalismo español que no descanse sobre los bates de baseball, pero será preciso encontrar las razones que no aparecen por lado alguno en el discurso de Díez. Este consiste en propugnar una moral republicana (en hopalanda monárquica), cívico, laico, basado en la igualdad de derechos pero que niega de raíz el derecho de algunas minorías territorialmente localizadas a decidir por su cuenta. Tampoco hace falta afinar mucho. El discurso nacionalista español tendrá siempre amplio respaldo electoral. El franquismo tuvo mucho apoyo social. A la vista está. Ahí hay votos, pero ¿para qué?
De seguir la dinámica como va, la negación del derecho de autodeterminación lleva en último término al empleo de la violencia institucional. Es de suponer que casi nadie abogue por soluciones militares (excepto algunos militares) pero, ¿acaso serán más viables y más sostenibles en el contexto europeo las soluciones civiles de la suspensión o la declaración del estado de excepción?
(La imagen es una foto de www_ukberri_net, bajo licencia Creative Commons).
