Lo hemos repetido hasta la saciedad: el 15-M no es sólo un problema de orden público (y eso, en el caso de que lo fuera de verdad) sino que es un problema político de envergadura, de calado, no indigno sino muy digno de consideración. Son afortunados los israelíes cuyas autoridades han entendido el mensaje a la primera y, a las veinticuatro horas de la magna manifa en Tel-Aviv y otras ciudades, ya han designado una comisión para negociar políticamente con los indignados. Es verdad que la comisión es de competencia económica pero no tengo duda de que los indignados israelíes, que están ultimando los textos de sus reivindicaciones, la desbordarán apuntando a más campos que el estrictamente económico.
Las autoridades españolas, mucho más lentas, no han reaccionado institucionalmente todavía, aunque Palinuro lleva dos meses diciendo que había que nombrar una comisión parlamentaria para negociar. Por desgracia Palinuro no es el monitor de La Moncloa. Las instituciones han seguido tratando el 15-M como un problema exclusivamente de orden público aunque, en privado, algunos políticos de la izquierda admitieran que es algo de mayor enjundia. Por fin, después de fracasar estrepitosamente en un par de ocasiones, las autoridades parecen haber aceptado el derecho de los indignados a seguir deliberando colectivamente en público marcando unos límites que estos acatan pero que desbordan de nuevo en cuanto pueden y siempre de modo pacífico.
Poco a poco se abre paso la idea de que lo que los indignados proponen es una revisión del contrato social, esa fértil invención con la que dio comienzo la teoría política moderna. Hay muchas propuestas de contrato social (Locke, Hobbes, Rousseau, Kant) pero la más útil a nuestros efectos aquí es la de Pufendorf, contemporáneo de Locke quien, con meticulosidad germánica, distinguía tres contratos o pactos sociales: a) el pacto de unión (los seres humanos deciden convivir), b) el pacto de ordenación (se dotan de una forma determinada de gobierno), y c) el pacto de sujeción (delegan en ese gobierno sus poderes para que vele por el bien común). Es fórmula feliz porque pone en términos prácticos la idea de Locke del gobierno por consentimiento; consentimiento de los gobernados.
La revisión de ese pacto es lo que los indignados plantean cuando requieren reformas constitucionales y medidas de control del poder político así como de organización de la democracia. Hay quien dice que están pidiendo una actuación del poder constituyente. Eso es muy rígido. Están planteando su derecho a una novación del pacto de sujeción porque el Estado no vela por el bien común y no hace un uso juicioso de sus poderes delegados. Si en esa renovación hay que tocar o no la Constitución y cómo, ya se verá. Lo inmediato es replantear la relación entre los poderes y los ciudadanos de forma que aquellos estén sometidos a estos y no al revés. El pueblo puede disolver el gobierno pero el gobierno no puede disolver el pueblo como quería el burlón de Brecht.
Además de moverse en este terreno especulativo y teórico, el 15-M realiza acciones prácticas y plantea problemas concretos que todo el mundo conoce. Tiene, por ejemplo, una acción en marcha en contra de los desahucios en toda España. Se pronuncia en contra de la privatización de los servicios públicos (sanidad, educación, etc, que tanto importan a los ciudadanos) y tiene convocada una manifa para el 18 de septiembre. En la actualidad está preparando la respuesta a esa payasada que ha montado la jerarquía católica con los dineros públicos para traer a Ratzinger (que viene en visita pastoral pero lo van a recibir todos los barandas del reino, desde el rey hasta el último macero) a rezongar de España, a regañarnos a los españoles y a poner verde al gobierno. Que este hombre que dice saber tanto ignore la elemental regla de educación de no faltar al anfitrión en su casa y cuando se viene de gorra es curioso y da que pensar que no es ignorancia sino soberbia, prepotencia y preocupación porque se le escape la clientela del negocio. Una España laica es una España que no engorda el cepillo, que es de lo que se trata.
Al mismo tiempo el 15-M está aportando ideas y prácticas nuevas en el campo de la movilización política. Muchos sostenemos que lo más conveniente sería que se convirtiera en partido o coalición y se presentara a las elecciones. Pero esa propuesta choca con la desconfianza de los indignados que tienden a ver los partidos como parte del poder que cuestionan. Tampoco hay que discutir por eso. De hecho ya son un partido, de nuevo tipo, con estructuras distintas y forma de organización también diferente pues es prácticamente un partido virtual. La decisión de presentarse o no a las elecciones es la que decidirá si el movimiento da el paso a convertirse en partido convencional o no. De todas formas tampoco es imprescindible dado que los partidos de la izquierda, que tienen un oído puesto en las asambleas, están adoptando partes de su programa porque, se ponga como se ponga el 15-M con el apartidismo y un cierto apoliticismo no confeso, este es un programa de izquierda.
IU está volcada en el 15-M. Le cabe además la honra de que algunas de las reivindicaciones indignadas son suyas de tiempo atrás, como la reforma del sistema electoral. Pero de ahí no pasa a causa de su cortedad de miras y falta de iniciativa. IU busca, dice, una unión de la izquierda. ¿Por qué no propone que ésta se haga tomando como programa común el de los indignados? No se me ocurre ninguna razón salvo la de que no se le ha ocurrido.
A su vez, el PSOE ya está prometiendo incluir reivindicaciones de los indignados en el programa electoral que presentará en septiembre. Una de las más significativas es la reforma del sistema electoral, cuestión a la que se había negado unos meses atrás. A ella añadirá otras como transparencia de las administraciones, reforma fiscal, etc. La crítica que suele hacerse aquí a los socialistas es por qué no las aplicaron cuando estaban en el gobierno. La respuesta sólo puede ser porque no quisieron o no pudieron. Dado que ahora dicen que quieren, estaría bien que pudieran. Entre otras cosas porque confiar en que pueda hacerlo IU es como confiar en encontrar un unicornio.
Igualmente es de plantearse lo siguiente: si los partidos de la izquierda llevan en sus programas electorales el programa del 15-M, en todo o en parte, ¿seguirá habiendo en éste esa corriente en favor de no votar a ninguno de los dos grandes partidos y, en cierta medida, tampoco a los más pequeños? La idea de crear un partido político para promover la abstención, teniendo en cuenta que lo definitorio de un partido es presentarse a las elecciones introduce un elemento de política surrealista que tiene su chiste. Si no es a través de los partidos en sede parlamentaria, ¿cómo piensa el 15-M que pueden realizarse sus reivindicaciones? ¿O no quiere que se realicen?
(La imagen es una foto de Motarile, bajo licencia de Creative Commons).
