Cuando Creonte ordena que no se dé sepultura al cuerpo de Polinices porque atacó la ciudad, dicta una norma positiva en principio acorde con la razón de Estado. Como lo está la decisión de tributar honras fúnebres a Eteocles, el hermano de aquel, por haber muerto en defensa de esa misma ciudad. Pero es una norma que va contra la costumbre y contra la "ley de la sangre" o la "ley natural" que manda a los parientes, especialmente a las mujeres, (ya que las "leyes naturales" suelen ser muy patriarcales) honrar a sus muertos sin preguntarse por el valor moral de la causa a la que sirvieron. Así que Antígona arrostra la muerte por enterrar a su hermano rebelde y sienta con ello un ejemplo que nutre los debates de filosofía moral y política hasta el día de hoy y hasta el que hay en España sobre la memoria histórica y la llamada "impunidad de los crímenes del franquismo".
Con la cuestión de la memoria histórica España se ha llenado de Antígonas que quieren a toda costa dar sepultura a los suyos para lo cual antes han de encontrarlos y desenterrarlos de donde estén. Porque, a diferencia de Creonte, los franquistas no ordenaron dejar sin enterrar a las víctimas de sus crímenes sino que se las enterrara en cualquier parte, a las escondidas y que, a ser posible, no quedara recuerdo de en qué lugar se hallaban para que los familiares no pudieran ir a llorarlas. Y esa situación se mantuvo casi cuarenta años.
Pero los muertos pugnan por salir porque los vivos tiran de ellos y es sólo cuestión de tiempo para que se abran todas las fosas del franquismo, y son cientos, y se identifique a la mayor parte de los asesinados por las escuadras falangistas, la guardia civil o los señoritos del pueblo. Como lo es que se identifique a las personas vejadas, humilladas y perseguidas durante la Dictadura, muchas veces con el auxilio del clero y se haga lo mismo con los victimarios. Se trata de una cuestión que, por muy diversos motivos, quedó pendiente en la Transición o, mejor dicho, quedó resuelta de un modo viciado con la Ley de Amnistía de 1977, que era una ley de autoamnistía de los franquistas.
Esta transacción, consistente en aceptar una democracia a cambio de no remover el pasado y, con el pasado, los huesos de los asesinados podrá enjuiciarse hoy de forma más o menos benévola o crítica, pero lo que no puede hacer es negar la legitimidad del cambio de régimen que tuvo y sigue teniendo un apoyo ampliamente mayoritario entre los españoles. Enjuiciar la Transición como un modelo es una ilusión y tacharla de traición, otra. La historia es un sucederse de cambios de juicio moral sobre los hechos; algo de lo que una época se enorgullece, otra se avergüenza. Hasta es posible que quienes se enorgullecieron se contagien de la vergüenza y viceversa. Está en la naturaleza humana, sobre todo cuando actúa a los dictados del miedo. Y miedo hubo mucho durante la Transición; el miedo que habían infundido los crímenes franquistas y que se palpaba en la calle en momentos críticos, como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha o el golpe de Estado de Tejero, Armada y Milans del Bosch.
Aquel miedo quizá guardó la viña antaño, pero ya no la guarda hogaño. Los hijos, las hijas, sobrinos, nietas de los paseados, fusilados, asesinados sin más y enterrados por las cunetas del país forman una especie de Antígona colectiva. Cargada con la razón moral de la tragedia de Sófocles no parará hasta conseguir su propósito de honrar a sus muertos, un anhelo que nadie se atreve a negar a otro. Es decir, la recuperación de la memoria histórica en España es imparable hagan lo que hagan las autoridades, los legisladores -cuya timorata norma ya ha sido superada por la movilización social- y hasta los jueces, cuya indefinición y marrullería corren el peligro de que otra justicia, en este caso la argentina, recabe para sí el conocimiento de un presunto delito de genocidio que los tribunales patrios se niegan a reconocer.
Porque esa parece ser la cuestión, un debate más o menos abstracto acerca de si hubo o no genocidio en el franquismo, un debate tan inane como el de dilucidar si la razón de Estado sui generis que se invocó para justificar la transición (el advenimiento de la democracia) sigue o no siendo válida. Y son inanes porque el discurso que tienen enfrente ya no es otra abstracción, las víctimas del franquismo, sino los relatos de vidas y muertes concretas de gentes concretas, con nombres y apellidos, con un rostro y una peripecia vital. Surgen como espectros de un pasado que es imposible mantener sellado; son como voces que llaman a la conciencia colectiva de los españoles haciéndoles ver que tienen que compartir una memoria histórica común y muy amarga porque cuenta la historia de lo que, efectivamente, fue un genocidio.
Que el único pendiente de responder ante los tribunales sea precisamente el juez que pretendió investigar el presunto genocidio es, en verdad, alucinante.
(Las imágenes son sendas fotos de Jaume d'Urgell, bajo licencia de Creative Commons. Se trata de republicanos fusilados por los golpistas en 1936).
