Tres factores de muy distinta naturaleza han puesto a los españoles en la situación en que se han encontrado antes otros pueblos a la salida de regímenes tiránicos, despóticos o terroristas, esto es, confrontados a la necesidad de entender su pasado y esclarecer los hechos que lo significaron desde un punto de vista moral y/o jurídico. Estos tres factores han sido: a) el paso del tiempo; b) la labor de un grupo de investigadores e interesados; c) la reciente decisión del juez Garzón de recabar información de las autoridades sobre las matanzas de los franquistas. Permítaseme abordarlos por separado.
a) El paso del tiempo. A veces se oye y lee por ahí que la transición, entendiendo por tal la transición propiamente dicha (entre 1975 y 1978) y la consolidación (entre 1978 y 1986 más o menos) fue un apaño, un pasteleo, una vergüenza, que la izquierda se dejó avasallar en el mejor de los casos y en el peor vendió sus viejas y justas reivindicaciones por un lugar al sol en una seudodemocracia monárquica que llega al día de hoy. Eso es fácil de decir ahora. Por supuesto, siempre será posible imaginar que lo que se hizo en un momento pudo haberse hecho mejor. Pero a la hora de formular un dictamen tan duro recuérdense las circunstancias de entonces.
El dictador había muerto en la cama en la plenitud de su poder. El ejército (con tres ministerios en el Gobierno) controlaba la situación y, aunque ligado por la lealtad al Rey, vigilaba todo de cerca y estaba presto a intervenir en cualquier momento, como hizo en febrero de 1981. Los pistoleros de los sindicatos campaban por sus respetos, como se prueba con la matanza de abogados laboralistas en Atocha en 1978. Los asesinos y torturadores de la Brigada Política Social seguían en activo. Todos los aparatos de la Dictadura estaban en pie. Enfrente una izquierda dividida y debilitada también vigilada en el exterior a causa de la Revolución portuguesa llamada "de los claveles" en 1974. Hasta el Partido Comunista de España traía una política de "reconciliación nacional" que quería decir exactamente eso: reconciliación, perdón, amnistía. Y aun así su legalización fue un momento crítico en que todo estuvo a punto de irse al garete.
En aquellas condiciones se hizo lo mejor que se pudo. Insisto: seguramente se hubiera podido hacer mejor pero que quienes critican ahora la transición digan en qué. Gobernaban con mano de hierro
los que ganaron la guerra y se beneficiaron de la represión/genocidio posterior y la condición que pusieron para permitir la transición fue que se clausuraran las responsabilidades del pasado. Y hubo que aceptar porque si no ahora no estaríamos aquí.
La transición se hizo por consenso, amnistía y perdón. Ahora podemos decir que no valen porque fueron arrancados por la violencia y con amenazas pero no sé cuánta gente estaría dispuesta a sostener este punto de vista. Máxime si se tiene en cuenta que, como argumentamos entonces consenso, amnistía y perdón no significaban olvido. No queríamos ni podíamos olvidar y por eso mismo, ahora que ha pasado el tiempo y cuando los beneficiarios del genocidio ya no pueden chantajear a los poderes públicos (aunque sí, y ya lo hacen, insultar y amenazar) pedimos la justicia que se debe a las víctimas: su reconocimiento y el conocimiento público de los victimarios. Queremos saber quiénes murieron, cómo, en dónde están enterrados, quiénes los asesinaron, por qué y qué beneficios obtuvieron de ello. Es obvio que esta exigencia ya no acarrea peligro de involución alguna y no lo es menos que no implica "reabrir heridas", como desatinadamente dice el señor Rajoy, dando así voz a todos los criminales que se ensañaron con la población indefensa, la torturaron, la asesinaron, le robaron sus propiedades y se lucraron con todo, esto es, a la columna vertebral de lo que siempre se ha llamado el "franquismo sociológico" y que hoy muestra su miedo a la verdad vociferando desde sus innumerables plataformas, partidos políticos, medios de comunicación, púlpitos, fundaciones y asociaciones.
b) La labor de un grupo de investigadores y personas interesadas que, durante estos años, de forma callada y ejemplar han estado buscando y rebuscando en los archivos y registros en condiciones muy duras; han hablado con los familiares, allegados y vecinos de las personas asesinadas en aquellos años a los que muchas veces les costaba decir lo que sabían porque habían interiorizado el miedo que aquel régimen de asesinos había esparcido por toda España, el miedo denso y espeso de los pueblos, las pequeñas ciudades de provincias, en donde las gentes habían visto cómo los guardias civiles, los chulos falangistas, los militares, asesinaban a la gente impunemente, la fusilaban y abandonaban los cuerpos en las cunetas y barrancos; han visitado cementerios, campos, dehesas en busca de las fosas comunes, los lugares donde estaban enterrados tantos asesinados y desaparecidos.
A este grupo de historiadores, investigadores y familiares debemos agradecer todos un trabajo que hoy empezará a dar sus frutos también en beneficio de todos. Por cierto que en los últimos días he leído muchos artículos y reportajes sobre la tarea de los historiadores que han venido documentando la memoria histórica, todos ellos muy meritorios. Pero me ha llamado la atención no haber visto mencionado (quizá no he dado con él) el nombre de mi colega Alberto Reig, uno de los que empezó a interesarse ya en los años sesenta por las víctimas de la represión franquista y de los que tiene más documentada y rigurosa obra publicada al respecto. Tanto por el debido reconocimiento como por el beneficio para la colectividad el nombre de Alberto Reig debiera encabezar estas relaciones de investigadores.
c) La providencia del juez Garzón. No tengo duda de que ha sido una providencia justa que es lo mejor que puede decirse de los actos de un juez y así lo dije en dos posts hace unos días titulados Tres hurras por el juez Garzón y Nueve hurras por el juez Garzón. El magistrado ha recabado información sobre los asesinados por los franquistas durante la guerra civil y la posguerra con 
el fin de determinar el tipo de delito de que se trata y si es o no competente para proceder a la instrucción. Esta providencia es decisiva porque con independencia de las conclusiones a las que se llegue, por fin las víctimas de la vesania fascista en España (aproximadamente unas 130.000 personas asesinadas y hechas desaparecer entre desde 1936 hasta los años cincuenta, según parece) verán reconocida su existencia y el Estado estará ya obligado, cuando menos, a proveer a su localización, exhumación y devolución a sus familiares y allegados. Sólo por eso ya merece aplauso el juez Garzón.
El otro aspecto, el del tipo de delito que aquí se trate es más problemático. En principio no puede ser considerdo genocidio ya que éste aparece definido en el art. II de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de las Naciones Unidas de (Resolución 260/III de la Asamblea General de 12 de enero de 1951) como los actos "perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso." Es decir, quedan excluidos los asesinatos de grupos políticos o sindicales, lo que se ha llamado politicidio. El primer borrador del texto incluía los crímenes políticos, pero estos se excluyeron por presiones de la Unión Soviética y otros estados que temían que se los encausara precisamente por eso. Esta definición restringida de genocidio es la que recoge expresamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998 en su artículo 6. Para mi santiguada, el juez no podrá tipificar los crímenes franquistas como genocidio porque no lo ampara ningún texto legal. Pero, si no jurídicamente, moralmente fueron un genocidio y un genocidio anterior al Holocausto. Y por tal los reputo: un genocidio de republicanos como antes lo hubo de armenios y después de judíos, tutsis o bosniacos, por no citar más que algunos casos.
El citado Estatuto sin embargo en su artículo 7 tipifica el crimen de lesa humanidad como los asesinatos, exterminio, esclavitud, etc que se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque." Y aquí sí encajan los asesinatos franquistas perfectamente pues fueron generalizados y sistemáticos y contra la población civil. Cabe tipificarlos así y es de esperar que el juez Garzón lo haga. Pero aunque la Convención, el Estatuto y otros instrumentos declaran que estos crímenes son impresciptibles, reconocen a los asesinos el privilegio de la irretroactividad penal por lo que no podrán ser procesados porque cometieron sus crímenes antes de la entrada en vigor del Estuto.
Pero que no puedan ser procesados los autores no obsta para que los tribunales de justicia sentencien que los delitos se cometieron y podamos saber los nombres de las víctimas y de los asesinos. Y esto no es en modo alguno, repito, abrir heridas, sino cerrarlas. Cerrarlas y que cada palo aguante su vela. La acción del juez Garzón tiene además una notable proyección exterior puesto que viene a resolver la contradicción que se estaba produciendo por el hecho de que España, que persigue crímenes de lesa humanidad y genocidio en otras partes del mundo como Chile, la Argentina, Guatemala o el Tibet, no hubiera sido capaz hasta la fecha de poner orden en su propia casa, sacar a luz y juzgar y condenar (aunque sólo sea moralmente) a los asesinos que durante años se cebaron en una población civil derrotada, inerme, empobrecida y aterrorizada.
(Las imágenes son sendas fotos del criminal Francisco Franco con Hitler en Hendaya, con Mussolini en Bordighera y con la jerarquía eclesiástica, bajo palio entrando en San Francisco el Grande el 3 de marzo de 1941 a los funerales por Alfonso XIII.)
