Entre las peores experiencias de la humanidad se cuenta comprobar cómo, llegados los momentos finales de los conflictos más prolongados, enconados y crueles, se hace patente que no sirvieron para nada; que todo el sufrimiento y la muerte que ocasionaron se hubieran evitado si la obcecación y la soberbia hubieran dado paso a actitudes más dialogantes y civilizadas.
Reza lo anterior con la presentación pública de los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale, Sortu, con el que aquella entierra el espíritu cómplice con el terrorismo de Batasuna y pasa por el aro de aceptar la legalidad democrática. Dicho aro se impuso a raíz de la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 27 de junio de 2002. Casi diez años ha necesitado Batasuna para plegarse a lo inevitable. Y quizá no lo hubiera hecho de no haberse producido en 2009 la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideraba ajustada a derecho su ilegalización. Ese pronunciamiento plasmaba la derrota jurídica de sus pretensiones. La política se había producido mucho antes, cuando la existencia de partidos independentistas en otros lugares de España demostró que era posible defender todos los programas políticos de modo pacífico.
Pasar por el aro significa acatar y cumplir la Ley de Partidos Políticos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la interpreta, como hacen estos estatutos; significa incorporar a su texto al pie de la letra el famoso artículo 9 de dicha ley, cosa que también hacen. Un criterio picajoso podría decir que el texto que se presenta al registro de partidos políticos no "condena" taxativamente la violencia de ETA. En efecto, los estatutos la "rechazan". Pero es que la Ley de Partidos, si no estoy equivocado, no habla de condenar y la jurisprudencia del Supremo considera sinónimos el rechazo y la condena. Lo importante es que se rechace específicamente a ETA, que se rompa con ella; y así se hace.
En principio las condiciones impuestas por legisladores y jueces se cumplen y debiera proceder la inscripción del nuevo partido. Es cierto que éste ha escogido la opción más débil de la alternativa que planteaba Rubalcaba con el último comunicado de ETA: o ETA desaparece o Batasuna condena la violencia etarra. Rechaza, más que condena, pero eso forma parte de la retórica al uso para consumo de fieles. Igual que oponerse a toda clase de violencia, acordarse de todas las víctimas de todas las violencias sufridas en el País Vasco, aceptar los principios de Mitchell o decir con desfachatez que ese pasar por el aro se hace dentro de la reflexión estratégica de la izquierda abertzale. Música celestial de tiempos pasados.
El Gobierno parece no fiarse y hace bien cuenta habida de la larga historia de chanchullos de unas gentes empeñadas en incumplir la ley que ampara las instituciones en las que pretenden estar presentes. Por tanto anuncia que remitirá el expediente del registro a la sala especial del Tribunal Supremo. Normalmente no es bueno endilgar a los jueces los conflictos políticos pero es que, en este caso, el conflicto político está ya resuelto y Sortu plantea la cuestión en un terreno puramente jurídico y judicial. Ahí debe tener la respuesta: que decidan los jueces.
Está claro que la izquierda abertzale ha hecho más que nunca por conseguir un pronunciamiento favorable pues le va en ella la supervivencia. Eso es bueno, pero no justificaría que se le diera ventaja alguna. La ley debe aplicarse y los jueces deben decidir sin favoritismos y sin inquinas.
Sin inquinas. La derecha está ya encrespada y en pie de guerra contra la posibilidad de ver a la izquierda abertzale en las instituciones y ya ha tronado el habitual cañón giratorio de González Pons sosteniendo que legalizar Batasuna sería como si los aliados pactaran con los nazis al entrar en Berlín, lo que demuestra en qué términos bélicos ve el asunto el PP. El ejemplo hubiera estado más propio si hablara de un pacto de Franco con los republicanos al entrar en Madrid fusilando a mansalva. Mismo espíritu, misma saña. Pero esa actitud no puede llevar a las fuerzas democráticas a estrechar el aro e imponer condiciones antes inexistentes a Sortu porque eso es contrario a derecho y, además, rompería la unidad de esas fuerzas democráticas.
La democracia es un régimen de respeto a la ley que no puede ser retroactiva, ni confusa, ni moldeable a capricho de intereses políticos. Por supuesto cabe la posibilidad de que la izquierda abertzale, como ha hecho otras veces, juegue sucio con las instituciones. Pero para eso ha arbitrado ya respuesta el Tribunal Supremo al especificar las causas de incompatibilidad sobrevenida de los cargos electos. Supongamos que hubiera un atentado de ETA dentro de unos meses, cosa improbable pero no imposible. Los diputados de Sortu tendrían que condenarlo/rechazarlo expresamente o perderían sus actas.
La cuestión política está clara; si también lo está la jurídica, a reserva de lo que dictaminen los jueces, el nuevo partido podrá registrarse y presentarse a las elecciones. Para entonces serán muy de oír las imprecaciones de la derecha contra el Gobierno; pero también puede ser el momento en que ETA, falta de espacio vital, decida disolverse y entregar las armas.
(La imagen es una foto de Diotime, que se encuentra en el dominio público, vía Wikimedia commons).
