A semejanza de los viejos partidos socialdemócratas europeos, Palinuro tiene un programa máximo y un programa mínimo en lo referente a la reforma constitucional, lo que también afecta el uso del referéndum. El programa máximo consiste en reformar la Constitución Española (CE) en los asuntos que entiende tienen verdadera enjundia, a saber, la forma de Estado (Palinuro es republicano), el sistema electoral (Palinuro es partidario de un sistema verdaderamente proporcional) y la organización territorial del Estado (Palinuro es federalista y partidario del reconocimiento del derecho de autodeterminación), mudanzas todas ellas que requerirían, entre otras cosas, un referéndum de ratificación. Pero esta reforma de programa máximo no tiene prácticamente apoyos; al contrario, hay un consenso abrumadoramente mayoritario para dejar las cosas como están si bien la reforma del sistema electoral parece ir ganando adeptos en el PSOE, a juzgar por lo que dice Rubalcaba. De los otros dos puntos casi nadie quiere oir hablar salvo minorías puramente testimoniales.
En esas condiciones, funciona el programa mínimo y éste dice que, con todos sus defectos, esta es la mejor Constitución que hemos tenido los españoles (salva la Constitución de 1931) y, por tanto, es bueno no tocarla. Y, si hay que tocarla, que se haga rápida, legal y tranquilamente, sin provocar más tratorno que el imprescindible. El modelo de la mini-reforma de 1992 (derecho de sufragio pasivo de los extranjeros residentes en elecciones locales y bajo principio de reciprocidad) es el más adecuado. Cualquier otro puede dar lugar a consecuencias no deseadas, por ejemplo el de solicitar que haya un referéndum con el cual sus partidarios parecen creer que conseguirían impedir la reforma que prevé constitucionalizar el límite del déficit. Además, y ello es esencial, no tiene posibilidades reales de prosperar por más peticiones y manifestaciones que se hagan. No tiene posibilidades reales por dos tipos de razones: las de fondo y las de forma.
En cuanto a las de fondo, debe recordarse que el tope del déficit ya existe, se fijó en el Tratado del Maastricht en un tres por ciento del PIB y se mantuvo en el de Lisboa. Lo que se nos está pidiendo ahora es que lo constitucionalicemos para darle mayor eficacia ya que, con un déficit en torno al diez por ciento, es evidente que no hemos sido capaces de respetarlo. No es una petición disparatada sobre todo si se evitan los efectos desastrosos para el Estado del bienestar si el tope se cuantifica y se hace rígido. Pero una vez que se ha pactado un texto con un nuevo artículo 135 que recoge todas las peticiones de flexibilizar el tope, no fijar una cantidad y remitir a una posterior ley orgánica su regulación, no hay razones para oponerse.
Se dice que es una imposición de los alemanes. No sería de extrañar pero, antes de volverse germanófobo, conviene pensar en dos cosas: la primera es que están en su derecho de pedir garantías a los socios que recurrimos a ellos para que nos saquen del atolladero y que sean la locomotora económica de Europa. Eso tiene unos costes y no es legítimo pedir que los soporten sin poner nosotros garantías de nuestra parte. La segunda razón es que los alemanes predican con el ejemplo pues ellos ya reformaron su Constitución en el sentido de limitar el déficit. En realidad la reforma propuesta española se inspira mucho en la alemana que, siendo flexible, no ha afectado a su Estado del bienestar.
Por si estos asuntos no hicieran mella, hay que advertir que las razones de forma son contundentes. El referéndum sólo es posible si lo pide un diez por ciento de diputados (treinta y cinco) o de senadores (veintiséis). Para que esas cantidades se alcancen es imprescindible que algunos diputados o senadores del PSOE y/o del PP rompan la disciplina de voto. Una posibilidad no enteramente descabellada (pues varios diputados o senadores del PSOE muestran proclividades referendarias por distintas razones) pero sí muy improbable. Tanto que algún diputado catalanista juega con la idea de votar a favor del referéndum... en la seguridad de que no va a salir, lo que le permitirá sentar plaza de avanzado pero dejando las cosas como están. La política tiene estas triquiñuelas. Si no se rompe la disciplina de voto, no hay reférendum, aunque lluevan peticiones o se multipliquen las manifas.
Y no es solamente que la CE esté blindada por obra del acuerdo entre los dos grandes partidos sino que, además, las razones de los partidarios del referéndum no son convincentes en absoluto. Las razones referidas al contenido, esto es, la indeseabilidad del techo de déficit no se pueden invocar por lo que se ha dicho más arriba.
Hay otra razón que se esgrime mucho, sobre todo por los indignados y los jóvenes en general y es el hecho de que ellos no votaron la CE y que ahora quieren votar en un asunto tan importante porque mantienen la idea de que la Constitución que los vincule debe haber sido votada por ellos. Esta actitud revela un adanismo asombroso. Las constituciones, como todas las leyes, tienen voluntad de permanencia a lo largo del tiempo y no existe un derecho generacional (supuesto que quepa fijar las generaciones) a renovar su voto a la legislación como el que renueva un juramento. En otro caso, ¿por qué limitarse a la Constitución y no exigir votar asimismo la ley de aguas, la de sociedades mercantiles o las ordenanzas municipales? Ya sé que cuesta entender que la sociedad en la que nacemos no comienza con cada uno de nosotros, que somos lo más importante del mundo, sino que la heredamos bastante hecha. Cuesta, sí, pero conviene ir acostumbrándose a una realidad que hace posible la convivencia. La última generación que votó la Constitución de los Estados Unidos murió en el siglo XVIII y, desde entonces, con sus veintisiete enmiendas, a nadie se le ha ocurrido que haya que votarla de nuevo.
Estoy especialmente interesado en señalar que, con esto, no vengo a decir que el pueblo soberano no pueda cambiar de Constitución, derogar la anterior y darse una nueva o ninguna. Lo que estoy diciendo es que no se puede entender en términos de un derecho legal que nos asista y que los poderes sólo pueden ignorar prevaricando. Es, sí, un derecho, pero no es legal, no está reconocido, no se pide permiso para ejercerlo: se toma. Es un derecho a la revolución que, de ser algo, es moral o, si se quiere para quienes gusten de otra terminología, "natural." Pero, según parece, no se trata aquí de eso que en definitiva requiere pasar a los hechos, sino de pedir que se reconozca un derecho que no está previsto. Cierto que puede argumentarse que negarse a hacerlo implica un déficit de legitimidad democrática. Es posible, según de qué concepto de democracia se parta; si es del de la democracia directa, hay déficit; si es del de democracia representativa, no lo hay. Pero, además, es perfectamente legal y constitucional. Esta reforma no es un nuevo golpe de Estado financiero, como dice melodramáticamente Democracia Real Ya. Es competencia del Parlamento representativo (a través de ese diez por ciento de parlamentarios) decidir cuándo debe y cuándo no debe haber referéndum en la reforma digamos "liviana". De "golpe de Estado", nada de nada.
Entiendo, sin embargo, que la izquierda no socialista insista en pedir el referéndum. Prácticamente lo ha convertido en caballo de batalla porque piensa que el PSOE saldrá aun más debilitado para las ya muy cercanas elecciones generales. Dado que lo más probable es que no haya referéndum, IU tendrá cartel electoral presentando el acuerdo PP-PSOE como la verdadera pinza, por fin descubierta. Es de nuevo un cálculo similar al del diputado catalanista mencionado: propugnar algo a sabiendas de que no va a salir porque, si saliera, sería perjudicial para el que propugna que, de este modo, nada y guarda la ropa. En efecto si, por la razón que fuera, hubiese referéndum, lo más seguro es que ganara el "sí" por abrumadora mayoría e IU quedaría derrotada una vez más, lo que no ayudaría en absoluto a su reconstitución.
