Las caras de la legalidad

Se aplicará el 155 para volver a la legalidad de la Gürtel. Y eso es lo que hay. Se escriben centenares de miles de palabras de todo tipo y calibre, se emplean miles de horas en atiborrar las ondas en la diatriba sobre la independencia/secesión de Cataluña. El ruido es espantoso. Se apresta una máquina de guerra que, si cuanto tiene de teatral lo tiene de eficaz, del enemigo no quedará ni el recuerdo.

Pero los hechos son tozudos: el partido de la Gürtel, con más de 700 imputados y condenados (exministros, expresidentes, etc), él mismo imputado por entenderse que es una presunta organización para delinquir, dirigido por un personaje acusado de cobrar sobresueldos en B y que ha comparecido ya como testigo, con una declaración que muchos consideran falsa, ese partido se encarga a sí mismo de imponer la legalidad en Cataluña. 

Y nadie piensa que será otro desastre.

La dimisión de Vidal y las consecuencias

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "las personas y el proyecto", trata de las desafortunadas afirmaciones públicas del juez Santiago Vidal y sus consecuencias, tanto para él como para la causa que representa. Personalmente, su comportamiento ha sido correcto: la dimisión como senador de ERC. Eso es lo que se espera de un político democrático en Europa. No lo es en España, claro, país en el que, hagan lo que hagan, los políticos (especialmente los de la derecha) no dimiten jamás. Un guasón diría que es una prueba más de que Cataluña no es España porque en Cataluña se dimite. Y poco importa si esa dimisión ha sido a propia iniciativa del interesado o por presión de su organización. Eso es indiferente. El hecho objetivo, claro, incuestionable es que, si alguien actúa inadecuadamente, debe asumir su responsabilidad.

Tiempo ha faltado a la oposición para exigir responsabilidades a todos los demás niveles: explicaciones, comparecencias, hasta una comisión parlamentaria de investigación. Produce cierta irritación ver que quienes no dimiten ni cuando los pillan con la mano en la caja sean ahora tan estrictos con los demás. Comportamiento típico de escribas y fariseos. Y, no obstante, el juez Vidal, ni ERC, ni el gobierno de la Generalitat pueden negarse o responder con un "y tú más". Esas explicaciones deben darse; esas comparecencias, producirse. Para que quede claro que el proyecto independentista no recurre a los mismos procedimientos de guerra sucia del Estado que quiere ahogarlo. Y si, de esas explicaciones se siguieran otras responsabilidades personales, también deben asumirse sin rodeos.

Las faltas, los errores, los cometen las personas, no los proyectos. Son las personas quienes deben arrostrar las consecuencias de sus actos y no los proyectos colectivos. Poco futuro cabe augurar a la hoja de ruta si recurre a los procedimientos del adversario. No solamente porque ello sería una inmoralidad sino también porque sería un error estratégico.

A continuación, la versión castellana del artículo:

Las personas y el proyecto

Se entiende por qué los políticos del PP no dimiten nunca, hagan lo que hagan, tanto si abusan de su poder como si impiden el ejercicio de derechos ciudadanos o cometen delitos. Saben que la dimisión no es nunca el fin de una aventura, sino su comienzo. A continuación vienen las exigencias de que se pida perdón, las peticiones de comparecencia o las comisiones de investigación. Es mucho mejor no dimitir y dejar que escampe.

Por eso no dimitió Trillo después de la catástrofe del Yak42 de la que es políticamente responsable. Por eso tampoco Rajoy pide perdón a los familiares de las víctimas 14 años después de aquel desastre acaecido cuando él era vicepresidente del gobierno y, por tanto, también responsable. Por eso igualmente tampoco dimitió Fernández Diaz aunque esté bajo vehemente sospecha de haber hecho todo tipo de juego sucio contra el independentismo catalán, incluida la presunta “hazaña” de intentar destruir la sanidad catalana. Dimitir es reconocer responsabilidad, quizá culpabilidad y eso no es práctica común de la derecha.

La dimisión de Santiago Vidal se aleja de la práctica hispana y se acerca a la europea. Se hacen declaraciones inoportunas o injustas o falsas y, en consecuencia, se dimite. Esta dimisión ha provocado la consabida avalancha de peticiones de la oposición, tratando de acorralar tanto al dimisionario como al gobierno catalán, principal afectado por las declaraciones del juez. Al margen de la torcida intención que tienen muchas de estas peticiones, es importante que el bloque independentista y especialmente ERC, organización a la que pertenece Vidal, continúen en el espíritu europeo iniciado por el juez, den todas las explicaciones que razonablemente quepa esperar y disipen la sombra de la duda en los procedimientos aplicados en la hoja de ruta.

Es irritante ver cómo quienes actúan de modo prepotente y a veces supuestamente ilegal, quienes recurren a las cloacas del Estado para conseguir fines ilegales e inmorales, quienes censuran y abusan, se erijan en paladines de la democracia y el Estado de derecho. Pero eso no justifica el recurso al “y tú más” por la muy sencilla y poderosa razón de que ambas partes no son iguales. Nunca serán iguales quienes luchan por la libertad y quienes lo hacen contra ella, quienes quieren emanciparse y quienes sojuzgar a los demás. Quienes aspiran al pleno uso de los derechos nacionales no pueden recurrir a los mismos procedimientos que quienes quieren suprimirlos

Las desafortunadas declaraciones de Vidal comprometen a ERC, a JxS y al conjunto del bloque independentista porque afectan al comportamiento de las instituciones. Los responsables no deben ser reticentes a la hora de disipar dudas, evidenciar la falsedad de las sospechas, mostrar la limpieza del gobierno y sus departamentos. La oposición, incluida la más reaccionaria y xenófoba, está en su derecho de exigir cumplidas explicaciones y el gobierno catalán está en el deber de proporcionarlas. Las comparecencias de las autoridades en sede parlamentaria no deben ser obligadas, sino voluntarias. Y si llegara a demostrarse, que incurrieron en ilegalidades o actitudes reprobables, deben asumir su responsabilidad ipso facto y actuar en consecuencia. Son las personas responsables quienes deben pagar por ello so pena de que lo haga el proyecto.

La Constitución de la República Catalana, de la que el juez Vidal es uno de los corredactores, como el proyecto de emancipación nacional a que aspira no puede fundamentarse en comportamientos dudosos y actividades que no puedan hacerse públicas sin suscitar la suspicacia y el temor de la ciudadanía.

Vidal-Quadras explica en twitter que, cuando se abandona la protección del Estado de derecho, cuando se va contra la ley, la única solución es la fuerza. Es una amenaza obvia. Aunque cabe discrepar de la idea de la ley y el Estado de derecho que profesa el exeurodiputado del PP, en un sentido realista solo cabe darle la razón. Ir contra ley, por inicua que esta sea, es arriesgarse a sufrir el uso de la fuerza, que a nadie agrada.

Por eso es muy importante que todas las actuaciones del gobierno catalán sean escrupulosamente legales, para ajustarse al enunciado de Puigdemont “de la ley a la ley”. Es esencial que, al llegar el momento crucial de la confrontación política del referéndum, el Estado no haya recurrido al uso de la fuerza, amparado en una supuesta ilegalidad previa. Que se atreva a declarar ilegal el referéndum, a su vez amparado en una legitimidad que tiene un amplio reconocimiento interior y exterior.

Cataluña: legalidad vs. legitimidad

Palinuro comparte un vídeo muy ilustrativo sobre los argumentos del independentismo catalán. Es el quinto de una serie didáctica que trata la cuestión en sus diferentes facetas. Quien quiera ver completa la obra de Xavier Climent, la encuentra aquí. Esta quinta entrega plantea la cuestión de la legitimidad de la desobediencia civil en Cataluña. Cada cual puede pensar lo que quiera -incluso habrá quien opine que este debate es ilusorio, imaginario, absurdo, desvariado y hasta delictivo-, y es muy bueno que la cuestión se plantee. Las decisiones colectivas de envergadura deben ir acompañadas de debates de envergadura. Y he de añadir que es una suerte vivir en un tiempo y un lugar en los que se discute sobre alternativas que afectan a la estructura misma del con-vivir y, por lo tanto, del vivir personal de cada cual.

Legalidad y legitimidad son conceptos referidos a situaciones que pueden o no coincidir. Cuando coinciden de hecho, no hay discusión. Cuando hay discusión es porque no coinciden. Y la discusión es compleja. Para unos, los positivistas, la legitimidad es irrelevante pues no es otra cosa que la legalidad vigente. Para otros, los "negativistas", lo irrelevante es la legalidad cuando no coincide con la legitimidad.

"¡Ah! -Dicen los positivistas- pero la legitimidad es lo que cada cual quiera inventarse".

"Sí, -responden los negativistas-  y la legalidad lo que cada cual quiera interpretar".

De esos asuntos trata el didáctico vídeo de Xavier.

El empleo tramposo de la ley

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado La llei contra el poble y versa sobre ese recurso habitual de los nacionalistas españoles de invocar el respeto a la ley y la Constitución para frustrar las aspiraciones independentistas y la celebración de un simple referéndum en Cataluña. Esa invocación se da en tres niveles y en los tres el nacionalismo español hace trampa, de forma que su argumentación es inválida. De un lado se dice que el independentismo atenta contra el principio mismo del imperio de la ley y el Estado de derecho, siendo así que el proceso ha sido respetuoso con ese Estado de derecho en todo momento, con la legalidad, y que el Estado catalán que quiere construirse también será un Estado de derecho. De otro lado, se esgrime el derecho positivo, la ley vigente, como límite a las aspiraciones independentistas de los catalanes. Por supuesto, la ley cambia o se cambia, bien mediante la legalidad, bien mediante la desobediencia civil y solo así progresan las sociedades. Por último, el uso que el PP y el PSOE hacen de la ley y la Constitución es lo más parecido que hay a la "ley del embudo". De ahí que el proceso se haga para restablecer una legitimidad rota por una legalidad injusta.

Aquí el texto en español:

La ley contra el pueblo.

Siempre que se plantea el ejercicio de la autodeterminación de Cataluña, los unionistas, centralistas y nacionalistas españoles responden que no es posible porque la ley no lo permite. Esgrimen la ley como límite absoluto al ejercicio de un derecho del pueblo. Hacen servir a la ley contra el pueblo. Es una posición demagógica y tramposa que juega a la confusión mezclando tres órdenes que es preciso distinguir si queremos entendernos.

Primero, el orden más abstracto. Se insinúa que los partidarios del referéndum catalán son contrarios al principio civilizatorio general del imperio de la ley. Que pretenden romper los fundamentos mismos del Estado de derecho. El discurso implícito es que España es un Estado de derecho y, cualquier intento de replantear su estructura, atentará contra aquel principio básico de la convivencia del rule of law. Con ello se desliza asimismo la sospecha de que, si se salieran con la suya, los independentistas establecerían una especie de despotismo arbitrario, una tiranía posiblemente de carácter etnicista. Se pasa por alto el hecho de que la autodeterminación es un derecho, que pretende ejercerse dentro de la ley y que es precisamente ese espíritu respetuoso con la legalidad el que justifica el recurso a la voluntad del pueblo, que es el origen de toda ley.

Después, en el orden concreto, el de la legislación vigente en un momento histórico determinado, se esgrime la ley positiva como el límite a las aspiraciones de autodeterminación de los pueblos, entre ellos el catalán. En el Estado democrático de derecho, se dice, cualquier aspiración es legítima y no tiene otro límite que la ley, a la que se someten por igual gobernantes y gobernados. El ordenamiento jurídico, con la Constitución a la cabeza, no permite ejercicio de autodeterminación de ninguna de sus partes. Ninguna Constitución lo hace, salvo algún caso estrafalario e insignificante. Este positivismo jurídico, que pretexta la vigencia de la ley como límite absoluto e inamovible de toda pretensión o acción ignora obstinadamente la realidad en que se mueve. Igualmente se opone a las inevitables tendencias de cambio que se dan en toda sociedad y que, forzosamente, obligan a ignorar o derogar las leyes que hayan quedado anticuadas o sean injustas.

¿Quién decide si una ley es o no injusta? Obviamente, la conciencia moral de quienes han de acatarla y cumplirla. Por supuesto, ningún orden legal puede permitir a los ciudadanos arrogarse el derecho a desobedecer las leyes por razones morales. Ningún orden legal puede aprobar una ley que autorice a desobedecer la ley. No obstante, eso es lo que sucede, que las leyes que son injustas (o que devienen injustas) son desobedecidas de hecho hasta que, finalmente, el ordenamiento jurídico cambia. Así es como han progresado todas las sociedades que han progresado. Si las sufragistas en el Reino Unido no hubieran desobedecido la ley vigente, las mujeres seguirían sin poder votar. Si Rosa Park no hubiera desobedecido la ley en Alabama, los negros seguirían viajando en la parte de atrás de los autobuses en los Estados Unidos. Si George Washington no hubiera desobedecido la ley inglesa, los Estados Unidos no existirían.

Por último, en el orden específico, el aquí y ahora, el debate adquiere sus tintes más estrambóticos y decididamente hispanos. Tanto Rajoy como Sánchez y Rivera, la santísima trinidad del nacionalismo español, se escudan en la vigencia de la ley, que es imperativo acatar. Además el sedicente derecho de autodeterminación de los catalanes no existe ya que pertenece al campo del derecho internacional en la relación entre metrópolis y colonias y no es el caso. Que sea o no el caso es materia discutible, pero innecesario hacerlo aquí, en donde hay cuestiones conflictivas más urgentes.

El referéndum catalán no es posible porque la ley y la Constitución no lo permiten y obligan por igual a gobernantes y gobernados, reiteran los tres tenores del unionismo. Pero esto no es cierto. Los dos partidos dinásticos no necesitan desobedecer la ley, como Rosa Parks, cuando les incomoda, porque tienen la llave para cambiarla siempre que les place. El PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en 24 horas en reformar la Constitución y en un asunto fundamental como el artículo 135, sin dar cuentas a nadie más. El PP lleva cuatro años valiéndose sin escrúpulos de su mayoría parlamentaria absoluta para cambiar las leyes a puñados cuando le ha interesado. Esas mismas leyes cuyo cumplimiento pretende luego imponer a los demás, quieran o no. Si la X legislatura puede pasar a la historia con un nombre, será con el de la “ley del embudo”.

Se dirá que los nacionalistas españoles cambian a su antojo la ley que sin embargo imponen a los demás como barrera mediante un procedimiento legal, ya que cuentan con la mayoría requerida para ello. Su acción es consecuencia legal del principio democrático de la decisión de la mayoría. Si otros quieren cambiar las leyes pueden hacerlo consiguiendo ser ellos mayoría a su vez. Pero en este caso concreto (y en muchos otros) este principio es falso y una trampa: los catalanes son una minoría nacional estructural en el Estado español y jamás conseguirán ser mayoría de forma que, para ellos, toda decisión de la mayoría de los españoles tendrá elementos de tiranía de la mayoría si es que no lo es por entero y, como tal decisión, radicalmente injusta, antidemocrática y antipopular.

Por último solo los ingenuos o los malintencionados aceptan que la decisión de la mayoría se refiera a la obligación de acatar la ley y la Constitución. Eso no existe. Lo que hay es la obligación de acatar una determinada interpretación de la ley y la Constitución ya que estas, como toda norma jurídica, son interpretables. Lo que los nacionalistas españoles imponen no es la ley y la Constitución sino su interpretación de la ley y de la Constitución, dentro de su manifiesta voluntad de emplearlas en contra de la voluntad del pueblo catalán y con la sola finalidad de sojuzgarlo.

Carta abierta a Felipe VI.

Estimado señor: en 1716, un antepasado suyo, Felipe V, abolió de un plumazo los derechos y libertades catalanas tras someter Barcelona mediante conquista militar. Trescientos años después quiere el destino que venga usted a impedir que los recuperen.

Acaba usted de espetar un discurso a un gobernante democrático, elegido por las urnas, como usted no lo ha sido, cuyo contenido esencial reside en recordar la necesidad de respeto al principio de supremacía de la ley, sin el cual, no es posible la sociedad civilizada.

¿Con qué autoridad dice usted eso a un presidente que, como él mismo señaló en una entrevista posterior, nunca se ha saltado la ley? Contestemos a esta fastidiosa pregunta.

Su autoridad personal en la materia que, a fuer de republicano, este blog no reconoce, es inexistente. Su poder viene directamente de la designación de un militar golpista, un delincuente perjuro que se alzó contra su gobierno y usted no ha tenido el coraje ni la gallardía de refrendarlo mediante una consulta a la ciudadanía, un referéndum en el que esta decida si quiere seguir con la monarquía o prefiere la República, el último régimen legítimo que hubo en España, pues el suyo no lo es.

Usted carece de autoridad pero se hace eco de la del gobierno español, ese sí, elegido por sufragio universal. Es este quien ha enviado a usted a Cataluña a recitar el catón elemental del Estado de derecho: el respeto a la ley, que a todos nos obliga, incluidos los gobernantes.

En términos abstractos esto es cierto. En términos concretos, aquí y ahora, en España, no solo no lo es, sino que es una burla. El gobierno que exige a Mas el cumplimiento de la ley, la cambia a su antojo, unilateralmente, sin consenso alguno, valiéndose de su rodillo parlamentario cuando le conviene, de forma que esa ley ya no es una norma de razón universal, general y abstracta que atienda al bien común, sino un dictado de los caprichos del gobierno del PP que, como sabe usted perfectamente, es el más corrupto, arbitrario e incompetente de la segunda restauración. Un solo ejemplo lo aclara: el mismo día que el presidente de ese gobierno, un hombre sin crédito ni autoridad algunos, sospechoso de haber estado cobrando sobresueldos de procedencia dudosa durante años, denuncia que los soberanistas catalanes intentan "cambiar las reglas del juego" al desobedecer la ley, sus acólitos presentaban un proyecto de ley de reforma del sistema electoral español para cambiar las reglas de juego a tres meses de unas elecciones. Y nadie en España, ni un medio de comunicación, ni un publicista ha denunciado esta arbitrariedad, esta ley del embudo.

Ciertamente, los gobernantes dicen que, si a los catalanistas no les gusta la ley, pueden cambiarla, pero legalmente, como han hecho ellos. No tengo a usted por una lumbrera, pero imagino que no se le escapará la impúdica hipocresía de este razonamiento pues los catalanes jamás serán mayoría en cuanto catalanes en España y, por tanto, no pueden materialmente cambiar la ley y están condenados a vivir bajo la que la mayoría les impone. Siempre. Por si no lo sabe usted, eso se llama "tiranía de la mayoría" y es tan odiosa como la de la minoría.

No, señor, el asunto ya no es de respeto a la ley. El asunto es de legitimidad, o sea mucho más profundo y antiguo. Pero, por no abusar de su paciencia, se lo expondré a usted en tres sencillos pasos a imitación de la triada dialéctica hegeliana que sirve para explicar la evolución de la realidad, pero también su involución.

Primero vino una guerra civil y cuarenta años de dictadura que forjaron una realidad española en la que se mezclaban los sueños de fanfarrias imperiales con los harapos de un país tercermundista, gobernado por los militares y los curas, como siempre. Fascismo, nacionalcatolicismo, centralismo, ignorancia, represión y robo sistemático. Fue la tesis.

Luego llegó la transición, la negación de la tesis, la antítesis. España se convertía en una democracia homologable con el resto de los europeas. Se negaba la dictadura. El Estado se descentralizaba y devolvía libertades a los territorios, se promulgaba una Constitución que consagraba la separación de la Iglesia y el Estado y propugnaba un Estado social y democrático de derecho. Y se acariciaba la ilusión de que era posible una continuidad normal del Estado, por encima de los avatares históricos.

Por último llegó la negación de la antítesis, la negación de la negación, la síntesis. Con el triunfo aplastante del PP en 2011, volvió el espíritu de la dictadura, el gobierno de los  curas (o de sus sectarios del Opus Dei), el nacionalcatolicismo. Se conservó la cáscara de la Constitución, pero se la vació de contenido con la ayuda del principal partido de la oposición, cómplice en esta involución y se procedió a recentralizar el país, atacando el régimen autonómico y burlando las expectativas catalanas, de forma que su estatuto carece de contenido. De nuevo con la ayuda del PSOE y la diligente colaboración de todas las instituciones del Estado. La que más se ha usado ha sido un Tribunal Constitucional carente de todo prestigio y autoridad moral por estar plagado de magistrados al servicio del gobierno o sectarios del Opus Dei, con su presidente a la cabeza, militante y cotizante del PP. 

Así están hoy las cosas en España, señor mío. Un gobierno de neofranquistas y nacionalcatólicos, empeñados en imponer sus convicciones como ley de la colectividad, impregnado de corrupción, basado en un partido al que algún juez considera una asociación de delincuentes. Un gobierno que ha provocado una involución sin precedentes, una quiebra social profunda (lea usted las estadísticas de pobreza, las de paro, las de productividad, las verdaderas, no las que fabrica esta manga de embusteros) y una quiebra territorial mucho más profunda, que él mismo reconoce de una gravedad extrema y de la que es el único responsable por su incompetencia, autoritarismo y corrupción.

¿Cree usted que ese gobierno tiene autoridad para hablar de la ley?  ¿La tiene usted?

No le extrañe que los catalanes quieran liberarse de esta tiranía personificada en estúpidos provocadores como ese que quiere "españolizar a los niños catalanes". Muchos otros, si pudiéramos, haríamos lo mismo. No quieren, no queremos, vivir otra vez el franquismo. 

Y usted, le guste o no, lo representa.

El grano y la paja.

Diferenciar el grano de la paja, la ganga de la mena, lo accesorio de lo enjundioso, lo accidental de lo esencial es el primer paso para interpretar correctamente lo que se ve, oye o siente. Por cierto, ello no nos libra de la subjetividad y la parcialidad; lo que para unos es grano, es paja para otros. O eso dicen. Pero distinguir, hay que distinguir. Ayer hubo dos noticias que refleja hoy la portada de El País: una, la rueda de prensa de Rajoy en Granada que no pudo substituir por el silencio o el plasma al hallarse en compañía de un mandatario extranjero ante quien preciso es guardar las apariencias, como si el cortijo fuera una democracia. Dos la noticia de que los cobros de la caja B, de Bárcenas, se hacían por partida doble.

Sin duda la noticia una es más vistosa y más jacarandosa que la dos. Estando en Granada, Rajoy relató una fábula legendaria, al estilo de Washington Irving, sobre las intenciones de su pundonoroso gobierno dos días después de que sus tres más destacados ministros confesaran estar sin resuello ante el fracaso de su política. Fue interesante estudiar la mímica del presidente, sus especiosos argumentos, su mecánico alzar y bajar el antebrazo, como si estuviera dirigiendo el bolero de Ravel, sus etéreas afirmaciones de cuño sentimental ("sé cómo se sienten...; no lo ven, pero estamos mejor; sé que hay mucha frustración, pero...") y su impavidez,  cómicamente parecida a la de un pingüino, por no decir su inverencundia. Muy vistoso, sí y hasta Palinuro sucumbió a la tentación de subir una entrada titulada La rueda de prensa del presunto, pues nunca hay que perder el sentido del humor.

Pero las gracias tienen un límite. La noticia gorda, la grave, la que debiera monopolizar el debate público es la dos, la de que los sobresueldos de los mandarines del PP se abonaban por partida doble y conceptos distintos. Hasta 10.000 euros mensuales cobraron durante años un puñado de electos de los dioses y su representante en la tierra, Bárcenas. Una pasta. Ser dirigente del PP era (y quizá siga siendo; aquí ya nadie se cree nada) un verdadero chollo. Que se lo digan a Cospedal, a quien faltan manos para cobrar sueldos. Si a esto añadimos la Gürtel y su conexión urdangarinesca así como la pedrea de corruptelas baleares, levantinas y madrileñas, habremos de confesar que el país vive un momento de emergencia gobernado por un partido bajo sospecha de corrupción estructural continuada con un presidente que, siendo quien más veces aparece en los papeles dichosos, no está en situación de ejercer su cargo con la autoridad necesaria.

De forma que lo verdaderamente grave en España hoy no es si el gobierno gobierna o no, pues ya está claro que no. Lo grave es la corrupción. Lo que impide que el país recupere la confianza de los mercados es la corrupción, tanto más grave cuanto que afecta al presidente del gobierno. Al respecto es obvio que, vistos el silencio y la pasividad del interesado, hay que hacer algo. Ciertamente, pero ¿qué? Desde el punto de vista judicial, los procedimientos siguen su curso y lo único que cabe es respetarlos y colaborar con la justicia. Otra cosa es lo que después sucede, pero de eso hablaremos en otro momento.

Entre tanto -y pueden pasar meses o años- es importante que la opinión se esclarezca respecto a estos hechos. Según parece, la defensa del PP se basa en que estos comportamientos no son delito y, aunque lo fueran, habrían prescrito: pero, sobre todo, se insiste, dada la naturaleza de los partidos políticos, esos cobros no eran ilegales. Ese es el asunto crucial, el que no se puede soslayar: determinar claramente si los famosos sobresueldos son o no ilegales y si, siendo legales, son o no inmorales. Aquí nos hacen falta reflexiones de juristas y de profesores de filosofía moral y política.

Mientras llegan, hagamos una rudimentaria construcción del razonamiento. Nos ponemos en la hipótesis más favorable a los acusados: los cobros de sobresueldos no son ilegales. Pero ¿son morales? Es evidente que no. De otro modo, las reacciones a las acusaciones hubieran sido menos tremendistas, alocadas, absurdas: desde negarse a pronunciar el nombre de Bárcenas hasta rechazar lo evidente, dar por evidente lo falso, amenazar con baterías enteras de querellas pero no presentar ninguna, mentir sobre las relaciones laborales documentadas e inventarse otras. Está claro: no lo quieren reconocer porque es inmoral. Y lo saben. Es inmoral cobrar sobresueldos atípicos, bordeando (si no infringiendo) la legislación de incompatibilidades. Como es inmoral cobrar dietas indebidas, aunque el Tribunal Supremo diga que es legal. Lo que no puede es decir que también es moral, pues no lo es.

La corrupción, por tanto, es lo más importante de las dos noticias. Sin querer enmendar la plana a nadie, yo hubiera reservado el máximo espacio a los sobresueldos y solo una columnilla a la derecha a los Cuentos de la Alhambra. La corrupción impide que el país salga adelante mientras no cambie el gobierno. Leo que El Mundo da por amortizado a Rajoy y prevé sea substituido hacia Navidad. No sé si es un vaticinio basado en la quiromancia o la exposición de un plan con un objetivo. En cualquier caso, es de felicitarse que la derecha vaya despertado de su aletargada digestión. A este paso, pierde las elecciones y no ha logrado imponer su programa o, en dicho castizo que suele atribuirse a Andalucía: ni cenamos ni se muere padre. Pues eso, hay que hacer algo antes de que este gobierno cada vez más enfrentado a la población y con menos apoyos, nos lleve a algún conflicto grave.

Y no me invento nada. El modo de tratar la cuestión de Cataluña es preocupante. Quienes empezaron el mandato queriendo españolizar a los niños catalanes carecen de flexibilidad para entender a la otra parte y buscar fórmulas dialogadas y consensuadas de arreglo. Lo suyo es una cruda dicotomía: comprar o reprimir. Por la primera se ofrece al nacionalismo burgués una forma de financiación tan cercana al modelo vasco-navarro como sea necesario para hacerle abandonar el campo soberanista. O sea, comprarla. Por la segunda, para el caso de que el nacionalismo burgués rechace toda compra y se mantenga independentista, se recurre a las vías de excepcionalidad que la legalidad vigente prevé y que, por supuesto, comprenden el empleo de la violencia por medios militares, llegado el caso. Los independentistas republicanos, de izquierda, pueden verse traicionados o reprimidos, según vayan los pactos. No se olvide que tanto para CiU como para el PP la idea de nación computa en la cuenta de pérdidas y ganacias. Todo legal. Pero ¿es moral? También en esta cuestión resulta impensable que un gobierno acosado por la corrupción tenga la autoridad necesaria para actuar. Por mucho que el gobierno y/o el partido dominante de la Generalitat puedan estarlo igualmente.

Más sobre la desobediencia en Sol.

Incluyo aquí una magnífica crónica de Isabel Paz acerca de la intervención de Palinuro en la jornada de la Uni en la calle y a la que pertenece la foto de la imagen. La ha publicado en su blog El mundo es un pañuelo, que está en licencia Creative Commons, como Palinuro. Me felicito doblemente: porque la crónica es fabulosa, con una visión literaria y unas fotos estupendas y porque su contenido viene a corroborar lo que contaba servidor en una entrada anterior. Andar allí a vueltas con el Padre Mariana, el tiranicidio, la expulsión de los jesuitas, la legitimidad, la legalidad y el derecho de resistencia fue una experiencia inolvidable. Somos parte de una trayectoria secular que cuenta con gloriosos antecedentes, la resistencia de las sufragistas y los abolicionistas, la desobediencia civil de Thoreau y el Mahatma Gandhi, Rosa Parks y la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, la de la guerra del Viet Nam, la de la caída de los regímenes comunistas, los foros sociales y hasta hoy. Nosotros tampoco dimitimos.

Al fondo, Rodilla vendía sus sándwiches.

¿De qué está hecho el capital?

El capital; no el dinero. El pobre dinero no tiene la culpa de nada. Cuando, en mis años mozos, traduje La filosofía del dinero, de Simmel, quedé convencido de que se trata de uno de los más maravillosos inventos de la humanidad. El dinero es la materialización de una idea, de algo que, en sí mismo, carece de consistencia: la idea del valor y la necesidad de medirlo. Por eso al principio la idea estaba adherida a la cosa que era valiosa normalmente por escasa, la moneda (que viene del latín Moneo, de Venus Moneta) era la cosa misma: la sal, la piel, la oveja, la vaca. Luego se descubrió el valor nominal y apareció el papel moneda, el dinero, que ya era rizar el rizo de la segunda abstracción. Pero el valor seguía midiéndose en términos de escasez.

Lo anterior se ve claramente con un ejemplo cotidiano: ¿es hoy el trabajo escaso? No, hay de sobra. El trabajo, por tanto, vale muy poco, casi nada. Y los salarios tienden a cero. Esto, sin duda, es inhumano, dado que el trabajo, la fuerza de trabajo, es todo con lo que cuenta la inmensa mayoría de la humanidad para sobrevivir. Pero la culpa no es del dinero, sino del capital que no son lo mismo, aunque a veces se confundan. No todos los ricos son capitalistas, pero seguramente todos los capitalistas serán ricos.

El capital es el dinero en acción, igual que el viento es el aire en movimiento. El capital es una relación social, como decía Marx. Esa relación se da en una sociedad con una determinada distribución del dinero, de la riqueza, en la que algunos tratan de incrementar la suya a base de cambiar la vida de los demás. Es entonces cuando actúan como capital y pueden hacerlo de modo legal o ilegal, moral o inmoral. El capital tiende a saltarse la legalidad y la moralidad, las que experimenta siempre como enojosas restricciones al logro de su objetivo del máximo lucro. Un ejemplo bien claro y evidente es la noticia de que algunas afamadas empresas españolas o extranjeras pero con presencia en España explotan trabajo infantil en otros continentes. Y, de seguir las cosas así, quizá se haga también en este y en este país.

Le viene de antiguo al capital. Prácticamente todas las empresas capitalistas del mundo comenzaron con eso que los economistas llaman "acumulación primitiva" de capital. Fundamentalmente actividades de robo, saqueo, piratería o rapiña luego consagradas con el paso del tiempo y las leyes y hasta ennoblecidas. El capital tiende al delito como la cabra al monte. Por eso se inventaron las regulaciones, intervenciones, legislaciones que el capital está siempre tratando de sacudirse. Es legítimo preguntarse ¿de qué está hecho el capital?

Pues básicamente de lo que un juez -obligado siempre a hablar de casos y personas concretas- acaba de dictaminar en el de Urdangarin, que este está poseído por un desmedido afán de lucro. Un desmedido afán de lucro lleva a alguien a traspasar la línea de la legalidad y jugarse su buen nombre y el de los suyos en actividades empresariales, de acumulación primitiva, en las que todo vale, el nombre del Rey o de una amiga del Rey.

Más o menos lo mismo que impulsa a Bárcenas. Sus actividades empresariales parecen ser muy variadas, desde el sector agropecuario al comercio de obras de arte. Pero están fundamentadas en un dinero acumulado de modo presuntamente ilícito. El capitalista, ya se sabe, tiende a ignorar las barreras legales y, cuando estas se levantan, a aprovecharse de ello. Por eso Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal de su compañero de partido, el ministro Montoro. Y, de paso, ha creado un nuevo problema político al gobierno. Sin duda por orden de este, Hacienda se columpió negando en declaración pública que Bárcenas se hubiera acogido a la amnistía fiscal. Bárcenas ha probado ante el juez que, en efecto, "blanqueó" casi once millones de euros. Es decir: ahí, señoría, están once milloncejos del ala, "regularizados", como dice la ley y no "blanqueados", como dice la chusma. De los otros once hasta los veintidós que había en un principio, aquí nadie sabe nada.

¿De qué está hecho el capital? De lo que dice el juez, "el desmedido afán de lucro". Y otro día hablamos de la Iglesia.

Una cuestión de legitimidad.

Después de Platón y Aristóteles, el hombre que sentó las bases de la filosofía política moderna y formuló una teoría de la legitimidad del poder, hasta ahora irrefutada, fue el médico y filósofo John Locke. Su pensamiento alienta en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es legítimo el gobierno por consentimiento. Por consentimiento de los gobernados. Todas las demás teorías son glosas de esta.

Según la encuesta de Metroscopia para El País, el apoyo popular a Rajoy está bajo mínimos. El 84% de la población confía poco o nada en él y el 74% desaprueba su labor de gobierno. Aquí hay poco consentimiento lockeano. Hasta los suyos lo rechazan. Cerca de la mitad de votantes del PP tiene una impresión negativa del gobierno. Y el 68% de la población opina que improvisa sobre la marcha. Es imposible confiar en alguien que improvisa y que, por cierto, se pasó meses acusando a su adversario de improvisar.

¡Alto ahí! Ruge fiero Rajoy. Eso son sondeos. El consentimiento del pueblo se mide aquí cada cuatro años en unas elecciones libres en las que la gente vota un programa para eso, para cuatro años. Lo demás es filfa.

Efectivamente, así es, responde Palinuro en nombre de Locke, pero es que usted ganó las elecciones con otro programa. Usted pidió el consentimiento para hacer una cosa y está haciendo la contraria. Engañó usted a la gente. Incluidos, como bien se ve, los suyos. Esas elecciones, caballero, fueron una estafa. Usted mismo lo reconoció al admitir que estaba haciendo lo contrario de lo prometido, pero que seguiría haciéndolo si creía que era lo mejor para España. Pero no es usted quien tiene que decidir eso, sino los votantes. Salvo que usted entienda la democracia como un lugar en el cual la gente vota cada cuatro años a un lider carismático con carta blanca para hacer lo que quiera, incluso romper sus promesas. ¿Por qué no entonces abolir las eleciones?

Las instituciones, hasta las más flexibles, son rígidas y tienden a ignorar la voz de la calle. Obviamente Rajoy puede seguir gobernando pues cuenta con holgada mayoría parlamentaria. Pero es un poder fáctico, no moral. Así se comporta, de hecho. Incluso menosprecia al Parlamento y gobierna por Decreto-ley. ¿Para qué perder el tiempo? El creciente descontento en la calle, las manifestaciones continuas (por cierto, tres hurras por la Marea blanca por la lucha del personal sanitario, digno descendiente de su antecesor Locke), los millones de horas perdidas en huelgas, el desbarajuste en todos los sectores, el conflicto territorial de nuevo arreciando, a todo eso puede hacerse frente, piensa el gobierno, con la fuerza pública.

Es legal; pero ¿es legítimo? ¿No sería lo legítimo convocar nuevas elecciones o, cuando menos, como piden los sindicatos, un referéndum sobre el nuevo programa?

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

¿Que incita a la violencia?

En 1939, hace ahora 73 años, terminó la guerra civil que desencadenó un grupo de militares delincuentes y genocidas contra el gobierno legítimo de la IIª República española. Fue un acto de violencia fascista contra un régimen liberal, democrático y pacífico con ayuda de los países fascistas de la época, Alemania, Italia y Portugal. Al concluir las hostilidades, los militares delincuentes establecieron unas dictadura totalitaria y ejecutaron un minucioso plan de genocidio, consistente en asesinar a cientos de miles de personas desarmadas, torturar a muchas más y aterrorizar así a una población indefensa que había quedado a merced del vencedor después de la contienda solo para descubrir que el vencedor no conocía la piedad ni la clemencia que sus curas, sin embargo, predicaban en los púlpitos. Esta labor de exterminio de los rojos (esto es, todos quienes habían hecho algo por la República, fuera lo que fuera, desde combatir en su defensa hasta haber participado en las festividades del 14 de abril) siguió durante los años siguientes más o menos hasta finales de los cincuenta.

En un ejemplo paradigmático del trastorno psíquico que los psicólogos llaman "proyección", los militares genocidas y sus auxiliares (los curas, los falangistas, los banqueros, etc) "juzgaban" (puras farsas), condenaban y ejecutaban sumariamente o simplemente asesinaban en las cunetas de las carreteras a los rojos (y mucho cuidado porque, para los descendientes ideológicos de estos criminales que están hoy en el gobierno, seguimos siendo eso, rojos), acusándolos de sublevación militar, es decir, acusándolos de los crímenes que habían cometido ellos. Los soldados, civiles y milicianos que habían cumplido con su deber defendiendo el régimen legítimo y pacífico de España, sus instituciones y su bandera, frente al asalto de una banda de forajidos sangrientos, pasaron a ser los criminales, los sublevados, los violentos según, claro está, los medios de comunicación de la época, todos ellos sujetos al férreo mando militar y sometidos a la censura política previa o posterior, de la que se encargaba precisamente el falangista Fraga Iribarne, luego fundador del PP.

Esa proyección, ese dar la vuelta a las cosas propio de los criminales fascistas que gobernaron España durante 40 años en la época más tenebrosa de la historia patria es la que esgrime el actual gobierno de la derecha, del partido fundado por el ministro del genocida, de herederos ideológicos de los criminales del 36.,

¿Que la bandera tricolor incita a la violencia? Es igual que decir que los militares que mantuvieron su honra y honor defendiendo el régimen al que habían jurado lealtad frente al asalto de los criminales perjuros eran los delincuentes. Revela la misma mentalidad canalla en los gobernantes actuales.

Y hoy eso es tan falso como entonces. Los republicanos no se habían sublevado contra nadie y la bandera tricolor es símbolo de paz y legitimidad. La que es ilegítima e impuesta por la violencia es la roja y amarilla de los fascistas victoriosos en la guerra y que el Estado español la tenga por oficial no la hace legítima sino que plantea preguntas (de respuestas obvias) sobre la legitimidad de ese Estado.

Pero es que, además de legítima, la bandera republicana es legal, según sentencia del 15 de diciembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba una decisión del Ayuntamiento de Torrelodones (entonces del PP, claro) por la que se ordenaba retirar una bandera republicana de un chiringuito de IU porque ... ¡podía incitar a la violencia!

Como se ve, los franquistas reinciden y reinciden porque lo que quieren es suprimir la bandera tricolor misma y, como ya no pueden asesinar a los rojos, tratan de despojarnos ilegalmente de nuestros símbolos. En el fondo, la razón es clara: la bandera republicana no solo es legítima y legal sino símbolo de la justicia, la libertad y la igualdad y su ondear recuerda a estos neofranquistas del gobierno su procedencia ideológica: el crimen, el terror, el genocidio que tratan de ocultar como sea.

Pero ese abuso de los gobernantes no puede quedar impune. La izquierda tiene la obligación de defender el empleo de los símbolos republicanos todos ellos pacíficos. Esa multa es ilegal y hay que hacer que la retiren. Nuestros representantes están para eso, no para achantarse y bajar la cerviz frente a la chulería y el fascismo de los herederos de un genocida.
(La imagen es una captura del blog Unidad Cívica por la República, bajolicencia Creative Commons).