El cielo está en el centro

Ha sido necesario que Rufian resaltara que la constelación Podemos no se ha opuesto al 155 para que los morados se decidieran a dar el paso de presentar recurso de inconstitucionalidad. Un mes de retraso y a instancia de parte, por así decirlo, pero vale. Con su dejadez daban pábulo a la impresión de que quisieran no comprometerse en cuestion tan conflictiva. Porque, reconózcase, el 155 tiene mucho apoyo en España y rechazarlo quizá supongaga un coste electoral elevado.

No es cosa de dejarse llevar por el fariseísmo de la normalidad, según el cual un recurso de inconstitucionalidad podría prosperar dado que España es un Estado de derecho y el Tribunal Constitucional (TC), un órgano independiente. No hay caso. El TC no es un órgano independiente ya que está básicamente constituido por magistrados apoyados por uno u otro de los dos partidos dinásticos, ambos firmes defensores del 155 cuya constitucionalidad se cuestiona. Y España tampoco es un Estado de derecho desde el momento en que no hay división de poderes ni imperio de la ley, sino fusión de aquellos e imperio de la ley del embudo.

Quienes presentan el recurso saben que no prosperará en ningún caso, pues el TC no irá contra el bloque del 155 y, si va, será en el siglo XXII. La presentación no es pragmática sino simbólica. Y el símbolo puede salir electoralmente caro. La culpa es de Rufian, por obligar a Podemos a pronunciarse y abrir unn flanco peligroso de rechazo a un 155 que es popular en España.

Así que corresponde una contramedida, un contraataque que haga que, para los indepes, más dura sea la caída, como dijera con estro profético el difunto fiscal Maza. Y, en efecto, para señalar posición propia, independencia de criterio, autonomía de acción, originalidad de la opción, se ha instalado en un lugar que nunca falla: el centro, la equidistancia, el juste milieu, vous m'entendez. Ya sonaba la aristotélica virtud en la cantinela de "ni 155 ni independencia", sino todo lo contrario, vous m'entendez toujours Bueno, quizá no sea tan original y, para fortalecerlo, Podemos ha decidido matizar su criterio con un toque de nacionalismo español: avisan a PDeCat y ERC de que no los incluirán en el recurso porque son, atención, corresponsables de la situación. El mismo argumento de Rajoy y Sánchez, el del maltratador: la responsable de la agresión es la víctima. Estos creen actuar más sabiamente repartiendo la corresponsabilidad a partes iguales. Pero de sabiduría aquí no hay nada porque jamás será la víctima igual al victimario ni quien lo ignore, de izquierda.

Los dos frentes

El analista político español, si quiere atender a su oficio, acaba esquizofrénico. Vive en un país que, en realidad, es dos y mal avenidos. En cada uno de ellos, la dinámica política es distinta, los objetivos, los intereses, los partidos, hasta las palabras tienen diferentes significados: nación, soberanía, pueblo, democracia, ley, etc, términos esenciales en la política. Así son las cosas: dos realidades, dos países y menos mal que explícita o implícitamente se reconoce pues, hasta hace poco, el gobierno de España consideraba que el movimiento independentista catalán era una algarabía. 

Dos realidades, dos países que, además, en buena medida, se ignoran entre sí, al menos por la parte española. No estoy nada seguro de haber visto esta noticia de elMón.cat en ningún periódico español. Y tiene su importancia. El presidente saliente del Tribunal Constitucional reconoce que el conflicto catalán no puede resolverse en el marco de la Constitución que él estaba hasta hace poco encargado de interpretar. Hay que acudir, añade, al diálogo político, vulgo, negociación, eso de lo que Rajoy no quiere oír hablar. 

Por cierto, esta lúcida doctrina podría haber orientado sus decisiones en el Tribunal, en lugar de prestarse a servir de brazo ejecutor de la política del gobierno sabiendo, además, que era contraproducente. Y tanto más lamentable cuanto que descarga su conciencia en su alocución de despedida.

Proceso al proceso

El proceso penal contra Mas, Rigau y Ortega es un proceso político disfrazado de judicial. Lo niegan sus defensores, asegurando que se condena a los tres exmiembros del Govern por desobediencia a una prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Pero dicha prohibición tenía un innegable carácter político en referencia a la realización de la consulta del 9N promovida por los independentistas ante la negativa del gobierno español a permitir la realización de un referéndum. Es un proceso al independentismo, como lo demuestra asimismo que no es, ni será, el único. Detrás vienen los del diputado Françesc Homs y el muy simbólico de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán. Y detrás, los que se incoarán indefectiblemente a sus sucesores en los cargos si estos son inhabilitados. De todo ello se trata en mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Contra la indepèndencia, sentència y cuya versión castellana transcribo aquí:

CONTRA LA INDEPENDENCIA, SENTENCIA.

El debate es si el proceso de Mas, Ortega y Rigau es o no un juicio político. De un lado se señala que los tres han sido condenados por posibilitar la votación del 9N. De otro, que la condena ha sido por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Un asunto puramente retórico porque la supuesta desobediencia lo fue a una decisión del TC de prohibir el 9N. Luego, sí ha sido condena por permitir la votación y en un procedimiento penal al que se opuso la fiscalía catalana. Fue la Fiscalía General del Estado la que obligó a actuar a la fiscalía catalana por impulso directo del gobierno que es quien, en definitiva, ha determinado el fallo por razones políticas aunque, con la habitual estrategia de Rajoy de tirar la piedra y esconder la mano.

Una estrategia cuyo principio general, ya visible hace unos años, era utilizar a los tribunales en contra del independentismo catalán o, dicho de otro modo, sustituir a los militares –siempre ultima ratio del nacionalismo español- por los jueces. La apoyaba en sagrada “unión nacional” la otra ala del nacionalismo español, el PSOE de Rubalcaba, principal muñidor de la Ley de Seguridad Nacional, básicamente dirigida en contra de Cataluña. El problema de este criterio es que se abre a la obvia crítica de que el gobierno español está construyendo de nuevo una jurisdicción para perseguir sedicentes delitos de opinión. Juicios políticos, como siempre. En realidad no ha dejado de hacerlo. En muchos aspectos, la Audiencia Nacional es una jurisdicción especial que procede del espíritu del Tribunal de Orden Público de Franco.

El gobierno de Rajoy siguió en esa línea en su primer mandato. Con su mayoría absoluta impuso el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se legalizan competencias ultra vires para este, permitiéndole ejecutar sus sentencias, con lo cual ya no necesitará la intervención de otro órgano para encausar la desobediencia y podrá hacerlo él directamente. Una comisión asesora del Consejo de Europa emitió hace dos días una opinión que alertaba del peligro de la reforma porque, a su entender, otorga funciones ejecutivas al TC y desnaturaliza su función como órgano neutral. Un juicio que los españoles trataron de rebajar mediante sus habituales presiones entre bastidores y que ya era benévolo en exceso porque partía de la ingenua europea creencia de que en efecto, el TC español es algo parecido a un tribunal de justicia cuando no es más que un órgano político a disposición de los dos partidos dinásticos que se reparten los cargos entre sí y que está presidido por un militante acérrimo del partido del gobierno. Un órgano que es juez y parte descaradamente. Este es un dato que, en lo referente al nacionalismo catalán, afecta a toda la judicatura española pero que resulta escandaloso en el caso del TC.

Así las cosas no es solo que la sentencia del TSJC sea una sentencia política. Es que lo es toda la batería de medidas judiciales previstas por el gobierno en su confrontación con el independentismo catalán. Una justicia política que no puede ser justicia y no es sino una actividad de represión política disfrazada de actividad judicial, como se verá próximamente con las decisiones pendientes en los casos de Françesc Homs y Carme Forcadell, sin duda el proceso más peligroso debido al alto nivel simbólico del cargo de la presidenta de Parlamento catalán. Hay pocas dudas de que en esta inepta deriva autoritaria del PP por la vía judicial se darán las consecuencias que prevé la Comisión del Consejo de Europa: será necesario seguir inhabilitando cargos públicos en Cataluña, en una dinámica absurda cuyo único final previsible será el recurso a la legislación de excepción. El gobierno trata de evitarla, pero es evidente que a ella lo aboca su propia ceguera. Y las consecuencias son imprevisibles, sobre todo a la vista de la creciente preocupación europea por el modo en que evolucionan los acontecimientos en España.

Frente a ello, la supervivencia del proyecto independentista depende más que nunca de su unidad de acción. Hasta ahora se ha preservado. Carme Forcadell, próxima procesada, apoya a los condenados a quienes ella misma instó en el pasado a “poner las urnas”. El presidente Puigdemont ha dicho que la condena será invalidada por el voto en el referéndum que se realizará en la fecha prevista. ERC, guarda prudente silencio, pero mantiene la unidad de acción y lo mismo hace la CUP que, por cierto, podía reflexionar sobre la ironía contrafáctica de que, si no hubiese impedido el nombramiento de Mas, ahora el nacionalismo español se habría visto obligado a proceder penalmente contra un presidente.

La sentencia del TSJC es obviamente una sentencia política (lo cual explica su extrema “benevolencia” y el hecho de que se ignore el posible delito de prevaricación) como lo es el conjunto de la estrategia política represiva disfrazada de judicial del gobierno. Su finalidad es obvia: aprovechando la utilización mediática exasperada de la corrupción de los casos Palau y afines (por supuesto, juzgados con criterios muy distintos a los que se aplica a la corrupción de la derecha española) se trata de dividir el bloque independentista y enfrentar entre sí a sus integrantes. Su método también: calibrar la respuesta de la sociedad catalana.

Todo el proyecto independentista se encuentra en la encrucijada. Si la unidad se mantiene y el apoyo social también, la sentencia del TSJC puede ser la señal de salida al último tramo hacia la independencia de Cataluña.

Como no sea Europa...

Desde la generación del 98, los atribulados liberales y progresistas españoles han visto en Europa su tabla de salvación frente a la brutalidad carpetovetónica, normalmente impuesta a sangre y fuego. No tenían muy claro cuándo se separó España del continente y tampoco cuánto duraría dicha separación que ellos encontraban (aunque no todos) insoportable. Hoy tenemos alguna respuesta más: España se distanció de Europa con la Contrarreforma y se enquistó en la defensa de unos principios absurdos y unos intereses oligárquicos y eclesiásticos muy concretos que la tienen postrada al día de hoy. El tiempo de la separación, a pesar de las jeremiadas de los del 98, los del 14 y los del 27, también llegaría a la actualidad.

Quienes nacimos en el franquismo sabemos que, en el fondo, la oposición jamás confió en sus propias fuerzas contra la dictadura, y esperaba, más o menos claramente, una intervención europea que nos salvara de la barbarie nacionalcatólica reinante durante 40 años y hoy de nuevo rampante.

Lo primero que hicieron los de la transición fue integrar el País en la CE en la ingenua creencia de que integrarlo en las estructuras era reintegrarlo en el espíritu europeo. Falso. España sigue siendo el mismo nido de intolerancia, represión, autoritarismo, clericalismo, estupidez y fascismo del tiempo de Franco. Con el añadido de que los franquistas actuales ganan a los anteriores en corrupción,  sivergonzonería y afición al pillaje.

Lo anterior es el trasfondo de la última pirueta de la carcunda hispana en Europa que parece haber encontrado respuesta negativa en el continente, aunque con la habitual blandenguería del lugar. El gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta en la Xª legislatura para perpetrar el trágala de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y atribuir a este competencias ejecutivas de sus propias sentencias. Esta decisión es una muestra típica del talante dictatorial de los neofranquistas del PP porque, al margen de otras consideraciones, aquí innecesaraias, equivale a convertir en agente político-policial a una instancia que ni siquiera es un tribunal de justicia, sino un órgano político que rellenan a su arbitrio los dos partidos dinásticos, repartiéndose las plazas y dejando de vez en cuando un sillín a algún representante autonómico. Todos sus magistrados son elegidos por sus filiaciones políticas y su anterior presidente, así como el que viene, son militantes radicales del partido de la derecha y el último, además, un sectario del Opus. La reforma permite al TC presentarse como lo que en realidad es: un órgano político al servicio del PP y, subsidiariamente del PSOE en la medida en que este se adapta al PP.

El dictamen del órgano consultivo del Consejo de Europa avisa de lo evidente: convertir en tribunal y corchete de sus propias decisiones a una camarilla de servidores del poder político es contrario al Estado de derecho, un atentado contra la separación de poderes y un paso más en el camino a la dictadura que es el único que conocen las recuas derechistas. El Consejo de Europa lo dice en tono melifluo, sobre todo porque el Estado español se ha empleado a fondo en lo único que hace a gusto: presionar a las escondidas, comprar voluntades, mentir, chantajear, amenazar y recurrir a la guerra sucia para conseguir que el dictamen no sea tan crítico con la habitual brutalidad autoritaria española.

Pero todo el mundo entiende de qué va este negocio: dar una apariencia de legalidad a las medidas antijuíridicas, represivas que están tomándose con Cataluña y seguirán tomándose. Así lo ha entendido el principal monaguillo del PP en los medios, El País que anuncia que el Consejo de Europa valida la reforma del Constitucional pero pide mejoras. Dos maneras de presentar la noticia: una crítica y la otra, servil. El País sabe de sobra, o debiera saber, que cuando el órgano europeo advierte de que el TC no debe tener esas facultades policiales, ignora de qué TC se está hablando y, en su buena fe típicamente europea, cree que es un tribunal imparcial y no un grupo de mandados al servicio de la derecha en su agresión a Cataluña. Y dar a un grupo de mandados del gobierno capacidad para juzgar y ejecutar lo juzgado es dar el último paso hacia la dictadura.

O Europa es más consecuente contra esta banda de delincuentes que, como siempre, viene engañando, o dentro de nada se encontrará con un estado de excepción en Cataluña.

Juzgan ideas, como siempre

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy, titulado Què es jutja? sobre la interesante cuestión de qué se juzga en el Tribunal Supremo (Homs) y el Superior de Justicia de Cataluña (Mas, Rigau, Ortega), si la comisión de unos supuestos delitos de desobediencia y prevaricación o unas ideas políticas acerca de la independencia de Cataluña y su posible forma republicana de gobierno, esto es, si es un proceso judicial o político. Desde el punto de vista de Palinuro es un proceso político, incluso inquisitorial, para seguir con las gloriosas tradiciones de la patria. De eso se habla en el artículo, cuya versión castellana viene a continuación:

¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, RIgau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.

Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.

La pequeña gran coalición

No es una gran coalición porque no hay un acuerdo expreso de gobierno ni, por supuesto, gobierno de coalición (aunque no falten ganas en ambos partidos dinásticos), ni siquiera un compromiso de apoyo parlamentario salvo en casos específicos. La junta gestora dice estar en la oposición y marcar de cerca al gobierno del PP, lo que podría llamarse una "oposición constructiva". Lo necesita para legitimarse en el desbarajuste que tiene en el partido, con las bases soliviantadas. Pero, por mucho que diga, al llegar los asuntos de importancia, hace piña con el gobierno.

La renovación del Tribunal Constitucional es uno de esos y muy señalado. La decisión que ahora se tome (los cuatro magistrados a propuesta del Senado) condicionará la orientación de este Tribunal los próximos años, hasta la siguiente renovación. ¿La importancia? Obvia: este Tribunal es el arma que el gobierno viene utilizando en su contencioso con el independentismo catalán. La primera y, de momento, única arma a que ha recurrido si se exceptúa alguna presunta operación de guerra sucia. Parece que los dos partidos dinásticos se repartirán los cuatro magistrados por mitades porque ambos comparten el criterio de utilizar el Tribunal Constitucional para afrontar un problema político que son incapaces de resolver.

Este es el sentido de la "oposición constructiva" del PSOE. Oposición en "lo social" y pequeña coalición en los asuntos "graves". La misma junta lo había dicho hace unas fechas: que estaba más cerca del PP en asuntos "cruciales" y más de Podemos en "lo social". Dicho queda y por ellos mismos.

La agitación interna del PSOE, lejos de amainar, se encrespa. Adquieren relieve figuras nuevas, como Zaida Cantera que está demostrando nervio, firmeza, compromiso personal en una tarea colectiva de recuperación; Odón Elorza viene a la Villa a pedir a Sánchez que dé el paso al frente y proclame su candidatura. Eso, probablemente, de darse, encenderá aun más a la militancia. Y someterá a los de la junta gestora a una presión insoportable para convocar las primarias. La junta, en realidad, tiene agotado su mandato con este brillante resultado: está en pequeña coalición con el PP del que, por eso mismo, es rehén y, en su partido, no le queda otra que convocar unas primarias que equivalen a su certificado de defunción con pena, pero sin gloria.

Accidentes del trayecto

Una vez más, el Tribunal Constitucional ha cumplido los deseos del gobierno y ha tomado una decisión en menos de veinticuatro horas. Pero astutamente no ha respondido a todos los requerimientos del ejecutivo. Ha suspendido, sí, la decisión del Parlamento catalán que precisamente se había adoptado en claro incumplimiento de una prohibición previa del alto órgano del Estado, pero no se ha dirigido a la presidenta Forcadell, como se le solicitaba. Suspender un acto que en sí mismo es nulo, según decisión previa de la autoridad suspensiva, suscita cierta perplejidad. Pero nada más. El resto de circunstancias que rodean estos hechos suscita más bien indignación y desconsuelo a partes iguales.

De aquí a septiembre tiene la presidenta Forcadell para informar sobre el procedimiento seguido y, es de suponer, para alegar lo que desee. De aquí a septiembre también podemos encontrarnos en la tercera campaña electoral y con un grado de enconamiento del conflicto catalán sin par hasta la fecha. Ahí es donde el tribunal tendrá que actuar por la vía de la inhabilitación y/o imposición de una multa a Forcadell. Y con un gobierno en funciones cada vez más claramente interesado en fomentar una situación de inestabilidad y zozobra en beneficio propio y teniendo un concepto muy amplio de "beneficio".

La voluntad de los indepes catalanes es manifiesta. Lo dice Puigdemont: obedecer, sí, pero al Parlamento de Cataluña, no al Tribunal que suspende sus decisiones y se arroga la competencia de fiscalizar sus actos en el momento en que se ponen en marcha. Vistas así las cosas, la cuestión es saber si con su actuación el Tribunal más que suspender el proceso independentista no está acelerándolo.

El Tribunal Constitucional a las órdenes del gobierno

Aquí, mi artículo de hoy en elMón acerca de una cuestión que dará mucho que hablar en próximas fechas y en torno a la que se ventilará muy probablemente el enésimo contencioso en el enfrentamiento de Cataluña con el gobierno del Estado.

Habitualmente es difícil contener la risa en las comparecencias de los gobernantes del PP, una banda de presuntos malhechores, mezcla de personajes de la picaresca quevediana y la comicidad berlanguiana, con unas gotas de fanfarronería al estilo del Capitán Fracasse. Debiéramos pagar entrada por ver balbucear mentiras al presidente de los sobresueldos; escuchar la desfachatez de Cospedal, la chulería de Hernando o los delirios de Casado. Pero, en no pocas veces, el pináculo de la desvergüenza lo alcanza ella sola la vicepresidenta del gobierno. En su comparecencia del viernes, 29 de enero pasado, anunció con gesto serio y trascendental que el gobierno instaría al Tribunal Constitucional a anular las decisiones que pudiera tomar la Generalitat consecuentes con la previa declaración de independencia del Parlament catalán. Lo términos eran graves y sonaban respetables: tribunal, Justicia, derecho, ley, procedimiento... Cualquiera diría que estaba hablando de algo serio: de someter a la prueba del Estado de derecho las posibles decisiones de un órgano de una Comunidad Autónoma.

Solo que ese Tribunal Constitucional tras cuya pretendida autoridad quiere ampararse el gobierno en su lucha contra la Generalitat no es un tribunal en serio ni merece más respeto que el que merezca cualquier órgano del PP. Está presidido por un exmilitante de ese partido y puesto ahí por el rodillo de la mayoría absoluta parlamentaria del partido del gobiern y, durante un tiempo, entre sus magistrados figuró otro servil ayudante de ese partido, Enrique López -también puesto con calzador- que hubo de dimitir cuando lo pillaron conduciendo beodo como una cuba y a quien sus propios colegas han apartado dos veces de causas penales contra el PP por su evidente partidismo.

En esas condiciones, llamar a esto "tribunal" es una hipérbole. Precisamente el problema de estos órganos constitucionales no judiciales pero a los que se quiere asimilar a órganos judiciales es una fina cuestión de legitimidad que es la primera que se rompe cuando, como es el caso con este, se puede probar que se utiliza como un ariete para justificar las arbitrariedades políticas del gobierno de turno. En fin, de eso va el artículo cuya versión española es la siguiente:

El Tribunal Constitucional, ministerio del gobierno español

El gobierno español presume de enfrentarse al independentismo catalán solo con las armas de la ley y el Estado de derecho. Dentro de ese espíritu, su vicepresidenta, en rueda de prensa del viernes, tras el consejo del ministros, anunció que el gobierno instaba al Tribunal Constitucional a anular todos los actos que la Generalitat realizara emanantes de una declaración de independencia. Sostenía que ello era lógico pues si tal declaración fue anulada en su día por ese mismo tribunal, sus consecuencias han de ser nulas.

En efecto, es muy de agradecer que el gobierno español no emplee en principio el ejército, la guardia civil, la represión y la violencia, como ha hecho tradicionalmente para contrarrestar el soberanismo catalán. Que recurra a la justicia e inste a los jueces a actuar en el marco de la legalidad en vez de proceder reventarla a cañonazos según inveterado proceder imperial.

Solo que esas declaraciones y ese espíritu son falsos y un engaño.

Alguien podría decir que el engaño, el fraude, consiste en “judicializar” un problema que no es jurídico sino político, esto es, en instrumentalizar a los jueces para que resuelvan un problema que los políticos no pueden solucionar. Fue una queja muy frecuente entre especialistas y estudiosos en los comienzos del rodaje del Estado de las Autonomías en los años 80, cuando se planteaban continuos recursos competenciales al Tribunal Constitucional y hasta los magistrados se quejaban de que el gobierno y los partidos los usaran como parapeto para ocultar su incapacidad de resolver los problemas por vía de negociaciones políticas.

Pero esto también era, no ya totalmente falso y embustero como las intenciones del gobierno actual, sino erróneo.

Y era erróneo entonces y es falso hoy porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ni forma parte del Poder Judicial. Llevar los problemas políticos ante él no es “judicializarlos”. Eso es falso, una estratagema. El Tribunal Constitucional es un órgano político compuesto por juristas nombrados políticamente y con una finalidad política. Su actual presidente está ahí porque fue militante del PP, del partido del gobierno, por cuanto sabemos, subjetivamente sigue siéndolo y su función es resolver los asuntos en sentido favorable a una parte, al PP que es quien lo puso en donde está.

O sea, usar el Tribunal Constitucional para zanjar un contencioso político no es “judicializarlo”; es “politizarlo”. El hecho de que la Constitución residencie la jurisdicción constitucional (esto es, la competencia para resolver problemas constitucionales) en un órgano ad hoc llamado Tribunal Constitucional, al que se acompaña de la parafernalia léxica de la justicia (autos, sentencias, providencias, etc) no quiere decir nada. El invento es una triquiñuela autorreferencial que no otorga a sus decisiones legitimidad alguna sino solo una legalidad de parte y, por tanto, inútil. El ejemplo más obvio: por sentencia de 2010, ese Tribunal Constitucional decidió que los catalanes no podían considerarse a sí mismos una “nación”. Como decidir este disparate carece de todo sentido jurídico hubo que hacerlo de tan alambicado modo que la decisión no es justa ni injusta sino, simplemente, ridícula porque el de “nación” no es un concepto sino un sentimiento y ningún tribunal del mundo podrá jamás imponer o arrebatar a nadie un ápice de sentimiento nacional.

Por tanto, la decisión del gobierno, anunciada a bombo y platillo, de no ir por la vía de la pura represión y de acudir a los tribunales es un engaño más consistente en emplear la represión disfrazada de acción judicial, utilizar los mismos elementos de violencia camuflándolos como magistraturas que, en realidad, obedecen las consignas del gobierno como podrían hacer los militares o la guardia civil.

Y eso es lo que hay que destapar como lo que es, como una superchería. Y hacerlo con atención porque puede resultar difícil explicarlo en el extranjero, en donde, en principio, la patraña de “judicializar” falsamente los problemas políticos puede encontrar crédito en función del prestigio que entre gentes civilizadas tienen palabras como “tribunal”, “jueces”, “magistrado” o “justicia”.

Quede claro que no hay tal. Se trata de referir a un órgano político una decisión política en el sentido favorable a los intereses del gobierno de turno. ¿Valor de este procedimiento a los ojos de la justicia, del Estado de derecho? Cero. ¿Valor para justificar luego un posible recurso a la violencia si el soberanismo persiste? Todo. Ahí reside el peligro y eso es lo que hay que denunciar.

Indepen... ¿qué?

Nadie está por encima de la ley dice, muy sentencioso, un hombre que está acusado en sede judicial de haber cobrado sobresueldos de procedencia dudosa; uno que, según parece, costea la dependencia de su padre con dineros públicos que niega a los demás dependientes; uno cuyo partido está literalmente plagado de corrupción; que hace con la ley lo que le da la gana cuando le da la gana porque, con su mayoría absoluta en el parlamento, puede permitirse el lujo de ignorarlo  de forma que su función es convertir en leyes con aplauso los proyectos que se le ocurren al jefe, cuando y como se le ocurren. El último ejemplo: el gobierno ha reformado por ley sin consenso alguno, con los solos votos de sus diputados, el estatuto del Tribunal Constitucional para ponerlo más a su servicio.

O sea, el nadie está por encima de la ley quiere decir que nadie está por encima de mi ley, excepto yo, claro, porque es mi ley, dado que la hago y deshago cuando me da la gana. La ley es mi voluntad y esto quiere decir que aquí se hace lo que yo quiero. Esa es la filosofía profunda del presidente de los sobresueldos cuando requiere a los independentistas catalanes que se atengan a la ley. A su ley.

El encargado de transmitir este mensaje es un órgano político desprestigiado y carente de crédito como el Tribunal Constitucional que se encuentra en tan penosa situación porque el PP se empeña en utilizarlo como su brazo jurídico y, para colmo, el partido del gobierno ha puesto de presidente a un militante de ese mismo partido. 

El Tribunal Constitucional, a una velocidad de relámpago, que contrasta con su lentitud de paquidermo en otras causas, ha tomado una medida de anulación por razones políticas y en una sentencia política que ya ha tenido respuesta en sede política en el Parlament de Cartaluña de que el proceso independentista no se ralentiza ni se frena. 

Los políticos parlamentarios españoles, especialmente los de derechas, han blandido la espada flamígera de la ley, como San Miguel, para expulsar del edén independentista a los autores de la declaración. Rivera cree que esa declaración es una "barbaridad jurídica y política", un juicio típicamente atolondrado entre quienes no saben de qué va. Lo mismo que Fernández Díaz, el ministro del Interior que condecora vírgenes. Rivera por un lado, con Inés Arrimadas de acompañante, pide a Mas que se vaya a su casa cuenta habida de la sentencia, como si esta, en lugar de ser un auto, fuera una orden de desahucio.

La Generalitat sostiene que esta sentencia no altera el proceso soberanista. Es decir, plantea una vía de hecho frente a otra de derecho. Y, de ese modo, se tiene un conflicto en paralelo. Para el hecho, el derecho es injusto; para el derecho, el hecho es delictivo. Esto no se puede resolver ya  así como así con alguna forma de negociación que sirva para desactivar las cargas que se han ido poniendo en los últimos años. Nadie ha querido ver que en España había un problema de encaje de naciones. Las consecuencias se pagan cuando las naciones deciden aplicar la llamada "doctrina Sinatra", es decir, ir cada una por su lado. 

Y es entonces cuando el incompetente responsable de este desaguisado dice que no es responsable del desaguiado que ha organizado. 

Acuerdo o acuerdo.

Que tiene que haber acuerdo en el bloque independentista es obvio. La decisión de la jornada de debate de la CUP el domingo sobre la investidura de Mas fue negativa y a Palinuro le pareció muy bien como muestra de coherencia. Pero la coherencia sola no nos lleva a un acuerdo y la prueba es que ahora se convoca una asamblea con una finalidad similar, aunque no idéntica: seguir negociando para buscar un entendimiento y evitar lo que nadie quiere, esto es, elecciones en marzo. Está fijada para el próximo 27 de diciembre, lo que también es acertado porque pospone el posible acuerdo a las elecciones españolas del 20 del mismo mes. ¿Por qué es acertado que sean posteriores al 20? Por dos razones: para que el acuerdo no sea munición en la campaña de las elecciones del Estado y para tener el resultado de estas en Cataluña, que podría ser revelador, significativo y dar una pista.

Pero, llegados al 27 de diciembre, la cuestión será qué tipo de acuerdo se alcanzará. Según Baños, el domingo pasado no quedó todo cerrado, sino abierto; lo que quiere decir que puede llegarse a algún tipo de entendimiento satisfactorio para ambas partes o no. De darse el primer caso: un acuerdo satisfactorio para ambos que permita desbloquear la situación y avanzar en la hoja de ruta, Palinuro volverá a aplaudir. Pero de no darse y no alcanzarse una fórmula cada cual podremos dar nuestra libre opinión.

Palinuro piensa que, en esas circunstancias, lo más sensato es investir a Mas por diversas razones. Unas son más subjetivas y personales que otras. El hombre se lo ha ganado, ha impulsado el proceso hasta aquí y es posible (y probable) que sufra represalias, incluso aunque ahora dejara de tener responsabilidad en él. Es merecedor de una voto de confianza y la parte de venganza que pueda tener la negativa (si alguna tiene) no es de recibo. Se entiende la venganza, pero no sabría justificarla. Todos los enunciados que sirven para excluirlo sirven igual para incluirlo. Por ejemplo, cuando se dice que Mas no es el proceso. Efectivamente, no lo es y, por tal motivo, aquel no quedará afectado por la investidura ni por la no investidura. En resumidas cuentas, el empecinamiento de JxS en Mas equivale al de la CUP en el no-Mas igual que la posible cesión de la una equivale a la de la otra. Así las cosas, ambos tienen razón, pero reina la sinrazón. Algo que recuerda el famoso dicho de Carlos V: "Mi primo Francisco I y yo estamos de acuerdo: ambos queremos Milán."

Por supuesto lo anterior es subjetivo y tiene muchos elementos sentimentales. Menos subjetiva y  sentimental es la circunstancia de que, habiendo llegado hasta aquí, el proceso entra en aguas procelosas merced a la inminente anulación de la declaración de independencia mediante sentencia del Tribunal Constitucional que vendrá acompañada de la exigencia de acatamiento y obediencia a las veintiuna personas a las que este órgano se ha dirigido nominatim. Puedo entender todos los escrúpulos del mundo a la hora de investir a Mas o dejar de investirlo. Entiendo bastante menos que, por ellos, Cataluña carezca de gobierno capaz de hacer frente a una situación de emergencia. Porque, cuando comience esta, el objetivo no serán solamente las veintiunas personas mencionadas y el Parlament como institución. También entrarán los ayuntamientos que aprueben mociones adhiriéndose a la declaración de independencia. Y el conjunto de la sociedad civil.

No puede haber no acuerdo. Claro que también cabe decir que vengan las elecciones en marzo y salga el sol por Antequera. Y el sol saldrá por Antequera. Y, puestos ya en Antequera, no puede ignorarse el riesgo de que, en el límite, se rompa una de las dos partes del bloque. O las dos.

Estado de podredumbre.

Esto tiene ya muy difícil arreglo. Los meses que quedan hasta las elecciones de diciembre van a ser un verdadero suplicio de disparates. Con la fecha del 20 de diciembre, el gobierno no es que haya escogido la que más le convenía sino la última posible antes de entrar ya en el terreno de la ilegalidad, negándose a convocar elecciones, cosa nada de extrañar, vista su procedencia ideológica. Aquí, como en las últimas semanas de Dolores de Cospedal, ancha es Castilla y a conceder más contratos que en sus cuatro años de gobierno. En los tres meses y medio hasta diciembre habrá tiempo de ver verdaderos primores y auténticas barbaridades en contra del Estado democrático de derecho que parece provocar sarpullido a la derecha española.

Niegan Barberá y Fabra que el Senado sea una cámara para retirar elefantes. Con ello solo quieren decir que no se consideran "elefantes". "Elefantes" quizá no, primeramente porque no es necesario retirar los elefantes a sitio alguno; se retiran solos. Otra cosa son los "trastos viejos". Y para eso sí está pensado un buen rato el Senado: para retirar y acumular enseres, trastos viejos o inservibles. Rudi, Barberá, Fabra, Bauzá, han perdido las elecciones y se habían quedado sin curro partidista y, en algún caso, como Barberá, sin curro a secas, pues sospecho que fuera de la alcaldía de Valencia, no trabajó nunca de nada. Llevaba 24 años de alcaldesa y es fácil suponer que los valencianos se hartaron de verla. Los demás perdieron las elecciones por incompetentes. Su partido, por tanto, les busca un premio de consolación o una recompensa, que no está claro, a costa de los dineros del contribuyentes en el Senado que, en efecto, es una segunda cámara colegisladora de cuya pertinencia hay sobradas dudas. El Senado, o sea la mitad del poder legislativo, es un recinto para colocar enchufados. No vaya a ser que por un puñado de votos, la señora Barberá se quede sin un bolso de Vuitton. No sirve para retirar elefantes sino bolsos de Vuitton. En nombre de todos los dioses del Olimpo, ¿sobre qué puede intervenir Barberá en el Senado sin hacer el ridículo? O sea, efectivamente, el Senado no sirve para nada excepto como lugares de vacaciones a libre disposición de los partidos para adjudicarlas como quieran a sus amigos, compinches y enchufados y con nuestro dinero. 

El hijo de Tejero, ascendido, creo, a Coronel, ocupa un lugar en un Consejo de la Guardia Civil por delegación expresa del ministro del Interior. Ciertamente, los hijos no heredan los pecados de los padres. Pero tampoco se libran del todo de ellos porque los nombres son estirpes, a lo menos en lo simbólico. Un hijo de un golpista, condenado como tal, con puesto de importancia en la Guardia Civil manda un mensaje al ámbito público suficientemente significativo: la Guardia Civil es nuestra, como todo en este cortijo que llamamos España y ponemos en ella a quien nos da la gana porque esa es nuestra idea del Estado de derecho.

Por último el proyecto de reforma del Tribunal Constitucional deja definitivamente en claro que aquí se está dispuesto a pasar por encima de lo que sea por defender el orden constituido. Constituido ¿por quién o para quién? Por la oligarquía tradicional y parásita española: los terratenientes, los grandes financieros y banqueros, los empresarios, la jerarquía eclesiástica y para el adelantamiento de sus intereses. De esa tarea de gendarme quiere ahora el gobierno se encargue el TC contra toda lógica y espíritu jurídico. Aun en el supuesto de que cupiera convertir al TC en ejecutor de sus propias decisiones habría que justificarlo y eso no es posible. Dice Rubio Llorente que con este proyecto, el gobierno se carga el TC. No es así exactamente en nuestra opinión: el gobierno se cargó el TC mucho antes, cuando bloqueó durante años su renovación por intereses partidistas o cuando hizo que se nombrara presidente a un ex-militante del PP y contratado de la FAES. Ahora se limita a enterrarlo. Un tribunal concebido como órgano de ejecución de las decisiones del gobierno no es un tribunal sino un cuerpo de guardia de los gobernantes.

De Estado de derecho, que es contenido y forma, en España no queda nada. Los ciudadanos no somos iguales ante una ley que encarcela a la gente menuda y protege a los grandes ladrones; que abandona a los necesitados y les priva de los suyo para subvencionar a los ricos y las granes fortunas. Los procedimientos han saltado por los aires. El gobierno actúa en permanente fraude de ley que es como actuar ilegalmente y actúa con criterios despóticos, antidemocráticos, coartando la libertad de expresión, tratando de impedir que los catalanes puedan ejercitar sus derechos. Y todo ello al ritmo frenético de la gestión pública más absurda y corrupta de toda Europa.

De aquí a las elecciones "en torno al 20 de diciembre", (dice Rajoy) puede pasar y pasará cualquier cosa. Y ya veremos cuando se sepa con exactitud la fecha porque pueda hacerlas coincidir con el sorteo del Gordo y hasta asegurarse de en dónde caerá el gordo, una vez que el otro Fabra, al que siempre tocaba, ya está en la cárcel. No sería extraño en un personaje como Rajoy, capaz de adelantar o retrasar los plazos electorales por motivos exclusivamente electorales.

N.B.

Ayer lo pasé muy bien en el Ateneu de Tàrrega. Me encontré muy a gusto. Espero que fuera compartido. Muchas gracias a tod@s. 

Hermenéutica de una chapuza.

Por fin una portada de El País que no imita el tebeo de Marhuenda, sino que informa y con enfoque crítico. Luego lo estropea con un lamentable editorial en el que considera un grave error lo que no es más que un atropello, una cacicada y una ilegalidad. Pero, cuando menos, la portada explica bien lo que quiere hacer el gobierno: poner todos los poderes del Estado a sus órdenes y dictar una ley para perseguir a un ciudadano. Algo contrario a todos los principios jurídicos del Estado de derecho. Por eso la vicepresidenta del gobierno mostró el cinismo que caracteriza a esta asociación de presuntos malhechores al afirmar que la reforma tiene carácter general, como diciendo que no está pensada como un acta de proscripción personal contra Mas. Pero no cuela: esa reforma (inconstitucional e ilegal) es lo más parecido que cabe hoy encontrar a un bill of attainder (norma penal contra un ciudadano concreto, en este caso, Artur Mas), expresamente prohibido en la Constitución de los Estados Unidos.

Por eso dice Artur Mas, a su vez, el ciudadano a pique de proscripción, que con la reforma el gobierno se carga el Estado de derecho. Corto se queda el hombre. Hace mucho tiempo que el PP y el presidente de los sobresueldos se han cargado el Estado de derecho. Solo que hayan gobernado mediante decretos-leyes ya identifica su estilo con el de la arbitrariedad más contraria a esa forma de Estado que se basa en el imperio de la ley. No del decreto-ley. Le viene bien a Mas saber con quién ha de habérselas porque, hasta hace poco tiempo, el PP y la derecha catalana se han venido apoyando y tapando las vergüenzas mutuamente. A lo mejor no le sirve de nada pero tome nota el presidente de que, cuando vayan por él, a su lado solo tendrá demócratas.

A mendigar apoyos internacionales en contra del nacionalismo ha salido Rajoy con la falta de dignidad que lo caracteriza. A sus abyectas peticiones ha respondido una reticente Merkel que hay que respetar los tratados de la Unión. De Perogrullo. Pero no ha dicho que una Cataluña independiente haya de salir de la UE. Y aunque lo hubiera dicho, ¿no es España una gran nación? ¿Desde cuándo van las grandes naciones pidiendo árnica? Y no es lo único. El mismo personaje de los sobresueldos planea reunirse con Cameron el viernes y presionarlo también para que se declare a favor de la unidad e integridad territorial de España. Hace falta ser ruin cuando se recuerda que Cameron es el primer ministro de un país que, dueño de Gibraltar, rompe esa unidad e integridad territorial españolas que a Palinuro le parecen una filfa, pero estos neofranquistas dicen tener el fondo de su corazón.

Pedro Sánchez acusa al PP de cortejar a la extrema derecha con esta reforma, lo cual es obvio. Pero esa no es toda la historia. Sí, se pretende dar carnaza a la chusma anticatalana que hay en el PP, empezando por su presidente cuando recogía firmas contra el Estatuto de 2006. Pero no solo eso. También se pretende proyectar una imagen de duros de película con las veleidades separatistas catalanas para ganar los votos de la España profunda y dejar al PSOE y a la izquierda en general en dique seco. La reforma, en efecto, es un atropello, un puñetazo encima de la mesa, como diría Albiol, cuyas dimensiones externas son inversamente proporcionales a las internas, para ganar las elecciones de diciembre. Pero, ¿qué propone el PSOE? ¿Una imprecisa reforma constitucional que el PP -cuyo voto es imprescindible para ello- ya ha rechazado expresamente? ¿Qué, si no? Y ahí está el problema, en que el PSOE no propone nada con consistencia mínima, ni una idea. Cero. Su actitud es la mejor garantía de que, pase lo que pase en Cataluña, las elecciones en España las ganará el PP. Y eso ya sí que es el colmo: que por la pobreza mental, la indolencia, la falta de talla política y la de coraje y arranque de la actual dirección socialista, la gente en España esté en riesgo de verse otros cuatro años gobernada por una banda de sinvergüenzas y ladrones.

A su vez, la reacción de los de Podemos aun es más lamentable que la del PSOE. Obsesionados con la centralidad, la ambigüedad y la necesidad de no mojarse en el asunto de la independencia para no perder votos en España, que es lo único que les importa, equiparan a Rajoy con Mas y sostienen que ambos juegan al despiste y a lanzar cortinas de humo. Por no pronunciarse en el espinoso asunto de la autodeterminación de las catalanes son capaces de la mayor vileza, esto es, igualar al agresor y al agredido y sostener que la víctima y el victimario son iguales. Y esa sí que es una cortina de humo revestida de miseria teórica y ruindad moral.

El resto de las reacciones al nuevo atropello de la asociación de presuntos malhechores, da para un vademécum de la risa. El candidato del PP a la Generalitat, Albiol, alma (roma, pero alma) de esta chapuza da el tono verdadero del grupo de matones que la apoya. Según él, se acabó esta broma. Ni es una broma, ni va a acabarse porque cuatro descerebrados de derecha cerril confundan la España de 2015 con la del 18 de julio de 1936 que es la suya.

Duran Lleida, también instalado en la plataforma de El País, escribe un lacrimógeno artículo repartiendo culpas con una equidistancia bochornosa y viniendo a decir que la lucha de los catalanistas por sus derechos es equiparable a la de una manga de presuntos ladrones, neofranquistas y nacionalcatólicos por mantener sus privilegios y seguir esquilmando a un país que ya está al borde del colapso. Algo tiene que ver, desde luego, el hecho de que él mismo haya vivido a cuerpo de rey sin acordarse en treinta y tantos años de enmendar de forma eficaz una situación de cuya injusticia se queja ahora, cuando sus privilegios pueden desaparecer.

Parecida intención de escabullir el bulto muestra Ada Colau que cada día defrauda más expectativas, cuando gimotea que no deben judicializarse los conflictos políticos. Por supuesto. Pero es que no es el caso. La chapuza del Tribunal Constitucional no judicializa nada porque ese órgano no es parte del poder judicial. Simplemente es una arbitrariedad y un atropello contra el que toda persona de bien y de convicciones demócratas debe alzar la voz. 

Pero en este país, cuando son los amos del cortijo quienes alzan la voz, muchos, demasiados, tienden  a bajar la suya y hablar en susurros.

La contrarrevolución en marcha.

Empezaron enviando a la Guardia Civil, a ver si podían hundir a Convèrgencia y, con Convergència, la lista conjunta y con la lista conjunta, el movimiento independentista catalán acusándolos de corrupción, algo en lo que el gobierno, su partido y el sobresueldos que los dirige tienen máxima nota y muchos trienios.

Muy mal han de venir los sondeos que el PP encarga en secreto con nuestro dinero para que no se haya "filtrado" en agosto ninguno de esos que augura la derrota del Sí. El paso siguiente fue encargar a Felipe González una carta comparando a los independentistas con los nazis y los fascistas. No con los franquistas, claro, pues se podría descubrir el sucio truco de condenar a las víctimas llamándolas victimarias. Una carta vergonzosa que El País, otro pecio de indignidad de lo que antaño fue un periódico decente, trompeteó a los cuatro vientos, ganándose de paso la subvención de la cuadrilla de facinerosos y más desprecio (si cabe) de la gente libre de este país.

La vicepresidenta del gobierno gorgojeó a continuación su gran aprecio por la carta de González. En otro tiempo, el espaldarazo de esta ratita hacendosa, cobradora presunta de sobresueldos dudosos, hubiera sido un desdoro. En otro tiempo. No tardó en salir Aznar, símbolo del encanallamiento político español más hondo, a dar unas palmaditas satisfechas en el lomo de González por la carta y, de paso, una colleja, al recordarle que con la epístola se limitaba a enmendar yerros pasados. Y Felipe González, el gran líder de la renovación española, depositario de una tradición de la izquierda, callado y con los ojos bajos. Una humillación mucho mayor de la que puedan haber sentido los independentistas catalanes a quienes el presidente de honor del PP trata con el desprecio y la chulería de cuarto de banderas que acostumbra. Mucho mayor porque estos independentistas se han enfrentado a este rancio franquista amenazador con una gallardía de la que González carece.

A su vez, el presidente de los sobresueldos decidió, con su perspicacia habitual, internacionalizar la cuestión catalana, metiendo la pata, como acostumbra, según señaló ayer Palinuro en su post sobre la revolución catalana. Para arreglarlo ha convencido hoy a Frau Merkel para que le eche una teutónica mano, advirtiendo al personal de la perogrullada de que los tratados y la ley han de cumplirse. Lo que no le ha dicho a su amiga (y, por tanto, la ha engañado, como siempre que habla con alguien) es que esa ley que hay que cumplir, el primero que no la cumple es él. Y no solo que no la cumple sino que, cuando le molesta, simplemente la cambia de un plumazo por medio del rodillo parlamentario de que dispone compuesto por diputad@s ovin@s a l@s que basta con despertar de un codazo para que voten lo que se les diga. Que para eso se les paga. Y se les repaga. Y se les sobrepaga. Y se les deja hacer asesorías verbales cuando los pagos, repagos y sobrepagos no les parecen suficientes.

El atropello viene ahora por vía de una reforma exprés del Tribunal Constitucional, apañado por los miembros más franquistas y catalanófobos del PP con el fin de proceder contra Mas y yugular el proceso catalán con una apariencia de legalidad. En realidad, un berrido de jayanes de taberna, lo que son los Albioles y Hernandos y otros finos juristas, perfectamente inútil por tres razones: 1ª) porque, por motivo de forma y contenido, la propuesta es inconstitucional; 2ª) porque es ociosa pues el ordenamiento jurídico ya pone a disposición del gobierno -incluso uno tan incompetente y corrupto como este- los medios precisos para conservar la legalidad; y 3ª) porque nada puede conseguir que un Tribunal Constitucional, presidido por un militante del PP y enchufado directo del presidente, adquiera una autoridad y prestigio de los que carece y menos que nada este último atropello.

Pero, claro, el atropello no pretende justificarse jurídicamente, sino que es una argucia política. Al presidente de los sobresueldos le importa una higa lo que pase en Cataluña en donde ya sabe que nadie va a votarlo. Lo que le importa es ganar votos en España a base de mostrarse duro, recio, íntegro, español, con los catalanes. Eso, calcula él, paga en votos y, al tiempo, deja hecha unos zorros a la oposición de izquierda, que ya no sabe que hacer.

Y no le falta razón. ¿De qué le sirvieron sus jeremiadas a González? ¿De qué el españolismo impostado de Iceta en Cataluña? ¿De qué las patochadas e inmoralidades de Sánchez gritando "¡más España!", como si fuera Millán Astray, o envolviéndose en la rojigualda o, vergüenza inmunda, yendo a manchar el monumento a Lázaro Cárdenas con la bandera contra la que el expresidente mexicano luchó toda su vida? De nada. Enésima lección de que el acobardamiento, el apaciguamiento, la miseria moral frente a la oligarquía española y otras especies de chulos mesetarios no paga.

Ya es tarde. En medio del griterío bravucón de estos franquistas neoliberales o nacionalcatólicos, el PSOE no tiene tiempo (ni su gente categoría intelectual) para tratar de explicar al electorado español las posibilidades de un enfoque distinto, dialogante, negociador que, con buena voluntad y respeto a los derechos de los pueblos, apunte a una posibilidad de solución que no sea un trágala perro. Y para su bochorno tendrá que uncirse al carro de la derecha más bestial y beber todas las cicutas de lo que vaya a pasar porque, como es de suponer, los independentistas no cederán (ni tienen por qué) y la confrontación entrará en una vía de "fuera terceros".

Y a la llamada izquierda transformadora, en su versión tradicionalmente anguitesca o en la nueva de los rollos podémicos, ya ni merece la pena referirse. Muda de terror y espanto ante un conflicto que ha demostrado su vacío estratégico y su perfecta inutilidad, solo aspira a que el viento de la historia pase y no le desmantele el chiringuito seudo-radical.

El duende del proceso seguirá informando.

El veneno de la "doctrina Parot"

El escándalo montado con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dando la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la aplicación en su caso de la "doctrina Parot" es un fiel indicador del estado moral de nuestra sociedad. Apenas conocido el hecho, un miembro de Nuevas Generaciones tuiteó su furia insultando al diputado Alberto Garzón, quien había celebrado el fallo del TEDH por entenderlo ajustado a derecho y respetuoso de los derechos humanos que, por lo demás, es para lo que está el Tribunal de Estrasburgo. El cachorro de NNGG llamaba de todo al diputado de IU (payaso, gilipollas, hijo de puta) y, finalmente, lo amenazaba de muerte. NNGG salía al paso rápidamente, censurando a su miembro y abriéndole un procedimiento de expulsión. El propio insultón, habiéndose enfriado un tanto, presentaba acto seguido su dimisión.

Es solo una muestra del estallido de indignación que la sentencia produjo en mucha gente, especialmente las víctimas del terrorismo, quienes hablan en su nombre, la opinión pública derechista y conservadora y una buena parte de la de izquierda, incluida IU. Era muy de ver cómo algunos izquierdistas se ponían estupendos, argumentando unas insospechadas complejidades técnicas de la cuestión con el objetivo implícito pero muy habitual, de desautorizar a quienes como Garzón y, desde luego, Palinuro, consideran que la sentencia es justa, arguyendo falta de competencia específica en el asunto. Es un viejo truco de leguleyos: tratar de llevarse la razón aduciendo profundidades misteriosas que, no estando al alcance del común de los mortales, deben ser suficientes para que estos se callen.

Y no ha lugar porque, afortunadamente, el TEDH no está en manos de rábulas sino de jueces capaces de hacer justicia en un lenguaje llano comprensible para todo el mundo. Según su sentencia, el Estado español ha vulnerado los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que él mismo firmó y se comprometió a acatar en todos sus términos. El artículo 5 habla del derecho de toda persona a un proceso justo y el 7, prohíbe algo que también prohíbe el ordenamiento jurídico español, esto es, la retroactividad de las normas sancionadoras y penales. Pero hay más, la segunda parte del art. 7,1 del citado convenio dice: Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida, que es exactamente lo que hace la llamada "doctrina Parot" que el Tribunal Supremo se sacó de la manga en el caso Parot en 2006: prolongar injustamente una pena de prisión más allá de la aplicable en el momento del delito. Así que el TEDH ha hecho justicia y eso es para alegrarse.

Las gentes de mala ralea -muchas-, siempre retorciendo las cosas, inquieren escandalizadas: ¿se alegran ustedes de que los asesinos etarras salgan en libertad? En modo alguno. Nos alegramos de que se haga justicia porque vivimos en un Estado de derecho bajo el imperio de la ley y odiamos que sea ese mismo Estado quien la infrinja porque eso es una especie de terrorismo. Si por cumplir la ley se beneficia a personas que, según las convicciones morales imperantes en el momento, no debieran beneficiarse, será la ley quien deba resolver la situación y no una decisión de un tribunal adoptada, según se ve, contra el mismo derecho que, como tribunal, está obligado a defender.

No hay mucha diferencia entre los GAL y la doctrina Parot. Ambos son veneno para el Estado de derecho. La única es que mientras los primeros fueron una chapuza de terroristas y criminales más bien toscos, la segunda tiene el refinamiento de saberse amparada por tan altos tribunales como el Supremo y el Constitucional que, evidentemente, cuando establecieron esa "doctrina", no estaban en su mejor día o quizá lo hicieron dejándose arrastrar por las pasiones del momento. Algo que un juez no debe hacer jamás. 

Nadie se alegra de que los asesinos salgan en libertad antes de tiempo. Pero es que no salen antes de tiempo sino, según establece la sentencia del TEDH, después de tiempo a tal extremo que hemos llevado nuestra ignominia a tener que pagar una indemnización de 30.000 € más intereses, impuestos, costas, etc a la terrorista Inés del Río. En verdad, una vergüenza.

Es comprensible la indignación de las víctimas del terrorismo y sus allegados, pero no es necesariamente justificable. Las víctimas (en el fondo, todos, pues todos somos, directa o indirectamente, víctimas de los crímenes terroristas) están en su derecho de protestar, mostrar su disgusto, hasta su rabia. Pero no pueden obligar al Estado a desacatar una sentencia firme de un tribunal cuya jurisdicción ha aceptado voluntariamente; no pueden obligar a las instituciones a ir contra la ley del Estado de derecho. No pueden dictar su voluntad al resto de la sociedad porque, en el momento en que intenten hacerlo, su indignación se troca en odio y venganza y ninguna sociedad puede sobrevivir sobre el odio y la venganza.

Si las víctimas del terrorismo creen que los terroristas convictos deben padecer mayores castigos que los previstos en la ley, si quieren imponer la cadena perpetua o la pena de muerte, por ejemplo, que lo propongan abiertamente y será la colectividad la que decida. Pero, a falta de eso, carecen de todo derecho a exigir de esta y de sus autoridades comportamientos ilegales. 

Porque lo que ha hecho el TEDH ha sido algo muy sencillo: obligar al Estado español (o sea, a todos nosotros) a cumplir la ley que nos hemos dado y que excluye taxativamente la retroactividad, como hace el art. 25, 1 de la Constitución española: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Alguien podría decir que esta prohibición no afecta a los cálculos o cómputos sobre aplicación de beneficios penitenciarios hechos por los tribunales, que es de lo que va la doctrina Parot . Es absurdo y además no merece la pena detenerse en esto. Lo que el TEDH sentencia es que España ha infringido no su Constitución sino el vigente Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 5, 1, más arriba citado, y que repito aquí como colofón:Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. A nadie, incluida la terrorista más sanguinaria.

Contra Bárcenas no hay Alaya que valga.

Es patente la alegría con que la vicepresidenta del gobierno ha saltado sobre la noticia del estrambótico auto de la jueza Alaya imputando sin imputar a Chaves y Griñán. Tanta que se ha olvidado de que lleva meses diciendo que ella no habla de asuntos judiciales (si se trata de Bárcenas) y, en dos minutos ha valorado el asunto judicial del PSOE en Andalucia. Cualquier otro ser humano hubiera tratado de disimular tanta desvergüenza. Pero no es el caso con esta aparente mosquita muerta que, como su jefe, miente siempre que habla. Es el enésimo intento de recurrir a la técnica del ventilador, para tapar la mierda propia con la ajena. La corrupción ha existido y existirá siempre, asegura, filosófica, Sáez de Santamaría, antes de invitar hipócritamente al PSOE a reconocer que los dos partidos están en lo mismo, en la corrupción. Falso. El caso Bárcenas no afecta a unos políticos de una comunidad autónoma, y en la gestión de un aspecto específico del presupuesto, sino a toda la cúpula del partido del gobierno, incluido su presidente actual y el anterior, Aznar, y durante veinte años en que ese partido ha estado ganando elecciones amañadas con trampas. Ni color. Tampoco depende de un auto más o menos estrafalario y quién sabe si prevaricador, sino que es un denso procedimiento penal con cientos de actuaciones y sólidas pruebas; no alambicados subterfugios que dejan ver a las claras los entresijos de una justicia partidista.

Porque de esto se trata, ni más ni menos. De cómo la derecha trata de utilizar hoy la judicatura como antes hacía con los militares: en su propio beneficio y en contra del interés público. Como hace con todas las instituciones del Estado: si no puede ponerlas a sus órdenes, las destruye. Así ha sido con el Tribunal Constitucional, al que ha puesto bajo la dirección de un militante cuyo respeto por la legalidad vigente desaparece cuando se trata de sus intereses personales y los de su partido y cuya demagogia y odio a Cataluña debieran ya haberlo apartado del cargo que tan impropiamente ostenta.

Las dos cortinas de humo preparadas para ocultar la corrupción del PP, el gobierno y su presidente Rajoy en el caso Bárcenas, Gibraltar y los juegos olímpicos, han fracasado estrepitosamente en medio del más penoso ridículo.  La majadería ilimitada de Ana Botella, exhibiendo a ojos del mundo en un inglés macarrónico su vulgaridad de vendedora de feria, obligaba a sacarse de la manga algún otro espectáculo que distrajera la atención del verdadero problema que es el de un país gobernando por un presunto mangante, a quien en cualquier momento un juez puede llamar a declarar en un procedimiento penal y no mediante sofismas e interpretaciones traídas por los pelos, bordeando la interpretación delictiva de la ley, sino en aplicación de criterios jurídicos transparentes y de puro sentido común.

Aquí están las diferencias que nos llevan a concluir que, en efecto, el PP trata de valerse de los jueces (de los jueces que se dejan, claro) para torcer la justicia y salir beneficiado en sus tropelías. Veámoslas:

1ª) Sin base alguna, sin competencia para hacerlo, como ella misma reconoce, la jueza Alaya imputa de hecho (que no de derecho) a Chaves y Griñán y, por si hubiera alguna duda de qué es lo que espera de su sospechosamente poco equitativo acto, habla del impacto "mediático" de la medida. Así es: lo que busca es el ruido mediático -con grave riesgo para el prestigio de la justicia-para acallar el cachondeo con el ridículo de Ana Botella y el presunto latrocinio del PP en el caso Bárcenas.

2ª) Con toda la base y la competencia del mundo, el juez Ruz todavía no ha citado a declarar a Rajoy ni siquiera como testigo, siendo así que sí lo ha hecho con los otros secretarios generales del PP por ser secretarios generales del PP. Rajoy también lo fue pero, misteriosa e inexplicablemente, aún no se le ha citado sin que medie explicación alguna de por qué este tratamiento favorable.

3ª) En los años ochenta del siglo pasado, el juez Barbero, instructor del caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE, ordenó un registro de la sede de este partido que hicieron funcionarios judiciales sin previo aviso, por sorpresa y con carácter exhaustivo, llevándose con ello mucho material incriminatorio.

4ª) A meses vista de que se conocieran los presuntos delitos del extesorero del PP, Bárcenas, delitos supuestamente cometidos, entre otros lugares, en la sede del partido en la calle Génova, el juez no había ordenado registro alguno y, cuando, por fin, se decidió a reclamar una prueba concreta, los ordenadores del imputado, dio cinco días a quienes estaban en posesión de ellos, por si todavía no habían terminado de inutilizarlos por entero a efectos probatorios.

¿Queda alguna duda sobre el carácter partidista y a favor del PP de la justicia española?

Y, sin embargo, esta vez no les saldrá bien. Con el caso Bárcenas -y la presunta complicidad de Rajoy- la derecha se ha pasado veinte pueblos y el asunto no tiene arreglo, por muchos incondicionales que movilicen en la judicatura, llámense como se llamen.

La pintoresca imputación/no imputación (solo para efectos mediáticos) de Chaves y Griñán pasará sin pena y gloria (y es posible que le cueste un disgusto a la jueza Alaya) y el fantasma de Bárcenas volverá a ensombrecer el horizonte del PP.

¿Por qué? Porque Bárcenas es Rajoy.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La destrucción del Estado de derecho.

Después de haber desmantelado prácticamente el Estado del bienestar, el gobierno parece decidido a destruir igualmente el Estado de derecho. Ya le ha asestado golpes de muerte. Ha suprimido de un tajo -y es lo primero que hizo- el pluralismo y la imparcialidad de los medios de comunicación públicos, convirtiéndolos en una máquina de agit-prop, a las órdenes de verdaderos comisarios políticos y se ha cargado, de paso, el derecho a la información y la libertad de expresión. Ha bloqueado toda actividad de control del Parlamento y ha relegado su función legislativa a la nada, gobernando por decreto y sin comparecer en sede parlamentaria. Impone sus proyectos legislativos retardatarios y recentralizadores por ordeno y mando, sin dialogar con las partes interesadas y mucho menos escuchar a la oposición.

Corona su actividad con la última astracanada del Tribunal Constitucional. Rajoy y el PP habían dado pruebas abundantes de no tener en ninguna consideración este órgano salvo que se pliegue bovinamente a sus designios, razón por la cual lo tuvieron actuando en manifiesta ilegalidad durante años al negarse a su renovación por entender que esta daría una composición que no le sería favorable. Con su mayoría absoluta lo han poblado de militantes del partido y han acabado por destruir el poco prestigio que le quedaba. El episodio del señor Pérez de los Cobos ha sido, como dice el profesor Sánchez Muñoz, la puntilla para el Tribunal Constitucional.

El caso de Pérez de los Cobos es paradigmático del modo en que la derecha vacía de contenido las instituciones del Estado de derecho y las pone al servicio de su política de partido. Es una muestra clarísima de la mala fe de los conservadores. Palinuro tituló así la entrada correspondiente al día en que se descubrió que De los Cobos es militante del PP, la mala fe de la derecha y a ella se remite. Desde el principio estaba claro que la condición de militante del PP del presidente del Constitucional no era ilegal. Pero, al mismo tiempo, era y es inmoral y políticamente inaceptable, y la prueba es que el interesado la ocultó tanto en el Senado como a sus compañeros de tribunal. Es decir, De los Cobos está obligado a dimitir, no por ser militante del PP, sino por haberlo ocultado, porque de esa ocultación van a derivarse consecuencias desastrosas para el TC y para el conjunto del Estado de derecho en España.

En efecto, la cuestión planteada no es una de ley positiva estricta, sino de equidad. El señor De los Cobos ha intervenido y su voto ha sido decvisivo en cuestiones que afectaban a su partido, del que era oculto militante. Fue juez y parte, algo que nadie puede aceptar en ningún caso y bajo ningún supuesto porque vulnera un principio elemental de toda justicia. Y en efecto, por más que De Los Cobos y sus compañeros de partido se obstinen en negar la obligación de dimitir, las personas físicas o jurídicas que hayan sido perjudicadas por las decisiones torticeras de un magistrado que se pronunciaba en cuestiones en las que tenía un interés directo sin hacer este explícito están en su derecho de pedir la anulación de todo lo actuado de este modo. El primero ha sido Garzón, cuyos abogados han pedido ya la nulidad absoluta de actuaciones en el caso de la providencia del TC que rechazaba el recurso de aquel contra su inhabilitación porque lleva la firma de Pérez de los Cobos. Y detrás de este, vendrán los demás: siempre que en una decisión pasada del TC aparezca la fima de De los Cobos en asuntos de interés para su partido, la nulidad es patente, digan lo que digan la Ley Orgánica del Poder Judicial, la del Tribunal Constitucional y el sursum corda. Todas esas resoluciones están viciadas por la mala fe del magistrado y deben anularse. Luego, él, que no dimita si no quiere y siga presidiendo lo que quede del TC y con la legitimidad que cabe colegir.

Pues bien, esto mismo es lo que puede pasar en el conjunto del sistema político español. El partido del gobierno que, a tenor de lo descubierto en los papeles de Bárcenas y la contabilidad colgada en la red, podría considerarse como una asociación delictiva y, por lo tanto, ilegalizable, lleva veinte años recaudando fondos presuntamente ilegales, pagando substanciosos sobresueldos a sus dirigentes y financiando ilegalmente sus campañas electorales. Esa financiación ilegal, oculta hasta la fecha, como la militancia de De los Cobos, convierte en nulos todos los triunfos electorales obtenidos desde los años noventa y en nulas todas las actuaciones de unos gobiernos ilegítimos de origen por ser este fraudulento. España no está gobernada por un partido político como otro cualquiera sino por uno que supuestamente ha venido actuando con criterios mafiosos. Los delitos, de haberlos, habrán prescrito penalmente; pero no políticamente.

Si esto no es destruir el Estado de derecho, no se sabe qué lo será.

La dimisión de Rajoy, quien se niega a presentarla de un modo cerril que empieza a ser patético, es inexcusable. El país no puede estar gobernado por una persona sospechosa haber estado cobrando y haber permitido que muchos más cobren durante años sobresueldos de dinero ilegal y que, presuntamente, ha ganado las elecciones porque, al financiarlas ilegalmente, hizo trampa. La financiación ilegal de elecciones es como del dopaje en el deporte. Y si a Armstrong se le pueden quitar no sé cuántos maillots amarillos, a Rajoy y al PP hay que anularles unos resultados electorales obtenidos con juego sucio.

La mala fe de la derecha.

El mundo entero está perplejo de la desfachatez del presidente del gobierno español que, encontrándose bajo fundada sospecha de comportamientos corruptos durante años, no dimite, no rinde cuentas, no da explicaciones, no comparece en sede parlamentaria. Es comprensible. Se trata de un mundo en el que lo habitual, lo digno, lo democrático es dimitir a la sombra de una duda o la certidumbre de un comportamiento impropio, por insignificante que sea. El último ejemplo, un ministro japonés dimisionario por haber aceptado el equivalente a unos cuatrocientos euros indebidos. Cuatrocientos euros son la cuarta parte de lo que todos los meses se embolsan muchos diputados españoles que, teniendo casa en Madrid, cobran 1.600 euros para alquiler de piso en la capital; la 850ª parte de los 340.000 euros que, según los papeles de Bárcenas, ha cobrado en sobresueldos Rajoy. No es de extrañar que la negativa a dimitir de este sea portada de todos los periódicos, incluso los de Nueva Zelanda.

También en España cunde la perplejidad y hasta la indignación por la insolencia de un gobierno deslegitimado por la corrupción que se niega a aceptar sus responsabilidades. Ese es el motivo de la moción de censura que anuncia Rubalcaba quien está consensuandola con el resto de la oposición. Ya se ha hecho un ensayo general con el compromiso por escrito de todos los grupos (excepto UPyD) de derogar la regresiva ley de Wert en cuanto ganen las elecciones. Será fácil con esto consensuar un sentido a la moción de censura que, en el fondo, asusta bastante al gobierno. Parece que el PSOE y la oposición en general caen por fin en la cuenta de que la actitud de la derecha con las instituciones democráticas y los poderes del Estado no es de recibo. Que no cabe acordar nada con ella porque solo es posible si se acepta sin rechistar su política autoritaria de imposición, de ordeno y mando y desprecio por la democracia.

Hubieran podido darse cuenta mucho antes de no haber aceptado crédulamente el discurso camaleónico del PP y sostenido por sus medios de ser el partido del centro derecha. No lo es ni lo ha sido nunca. No solo no es de centro sino que tampoco es de derecha si por tal se entiende la mayoría de las fuerzas conservadoras europeas, como el partido conservador británico, las democracias cristianas alemanas o las dos corrientes de la derecha francesa. Nada que ver con ellos. La derecha española es nacionacatólica y franquista hasta la médula. Es posible que en su seno haya una derecha homologable a la europea, pero no pinta nada. Hasta las corrientes neoliberales son nacionalcatólicas.

Los neofranquistas, como los franquistas, no son demócratas, no creen en la democracia, no hacen nada por protegerla y no les importa cargársela. Al fin y al cabo, para ellos era una época de "extraordinaria placidez". La expresión es estúpida, pero muy significativa. La derecha española gobierna en democracia porque no le queda otro remedio, pero no la respeta y no le importa nada que fracase y dé lugar a una nueva dictadura porque sabe que, en tal caso, nadie la perseguirá (como sucedería con la izquierda y hasta el verdadero centro) y, al contrario, seguirá en el gobierno. Así que su respeto por las instituciones democráticas -de las que suelta ditirambos mientras las dinamita- es inexistente.

En ese contexto general hay que enmarcar este nuevo episodio del presidente de Tribunal Constitucional, hombre de partido, del partido del gobierno. El País sale a voz en grito y dice que expertos juristas consultados lo dan como caso de clarísima incompatibilidad. Ignoro quién de ellos, si los juristas o el diario, invoca el artículo 395 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial que, dícese, es taxativo en la prohibición a jueces y magistrados de pertenecer a partidos políticos. Sí, es taxativo, pero no se aplica aquí. El Tribunal Constitucional no está sometido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino solo a su propia Ley Orgánica y a la Constitución que únicamente impide a los magistrados del Constitucional tener "funciones directivas" en un partido, pero no ser militantes de él. A más inri, que dicen los castizos, el señor de los Cobos no es juez ni magistrado, sino catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad social y, por tanto, puede pertenecer a lo que le dé la gana. Su situación no es ilegal. El problema no es jurídico, es político.

Aquí es donde está el meollo de la actitud antidemocrática de la derecha española, en esta forma de vaciar de contenido las instituciones democráticas respetando su andamiaje externo. En la mala fe, en el permanente fraude de ley, en su inmoralidad. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Pero no, obviamente, porque sea algo absolutamente ajeno, de naturaleza intrínsecamente distinta a él, sino porque lo contiene en sí, siendo algo en cierto modo "superior". Argumentar esta "superioridad" es harto difícil y muchos dicen que imposible. Para un norteamericano es incomprensible que haya un Tribunal Constitucional ajeno al poder judicial. El Tribunal Supremo es tribunal constitucional. En España (y en otros lugares, como Italia, Alemania o Austria, países que han padecido dictaduras terribles) no es el caso. El Tribunal Constitucional no es el Tribunal Supremo. Pero, al menos formalmente, como si lo fuera. De hecho se llama tribunal y sus miembros, magistrados. Su jurisdicción es el llamado "bloque de constitucionalidad". La Constitución, su eje central, según doctrina al uso, es un texto de consenso, que incorpora y sintetiza visiones distintas del Estado español, tanto en lo ideológico como en lo orgánico. ¿Puede su intérprete único estar presidido por un hombre de partido y de un partido con opiniones y política tan extremas, tan radicales que sostiene puntos de vista que muchos, Palinuro incluido, consideran retrógrados, inhumanos, incluso atroces? Teniendo en cuenta, además, que la presidencia le otorga el voto de calidad en caso de empate. Legalmente, sí. Políticamente, no.

Ignoro qué dirá hoy el gobierno, si es que dice algo. Probablemente que el señor de los Cobos puede pertenecer a lo que quiera y sea legal y que, de todos modos, el hecho de estar al corriente en las cuotas del partido no significa gran cosa pues no hace de él un militante en sentido pleno. Es el punto de vista que sostenía Lenin, para quien el buen bolchevique no era solo el que pagaba las cuotas, sino el que trabajaba para el partido. Eso es, probablemente lo que se aprestaba a hacer De los Cobos cuando El País metió sus narices en donde no debía. ¿Por qué suponemos que se aprestaba a hacerlo? Porque ocultó el dato en la audiencia pública. Es su derecho, por cierto, reputarlo insignificante por cuanto esté convencido de que su militancia no condicionará su magistratura. Pero cualquiera en su sano juicio (él incluido) pensará que no todo el mundo será de la misma opinión y algunos habrían podido cambiar su voto de haber sabido de dicha militancia, ya sea en grado menchevique o bolchevique.

El caso es uno entre muchos. Rajoy tuvo paralizada durante años la renovación del Tribunal Constitucional porque no quería aceptar una composición política del órgano que no le fuera sumisa. Para ello se sirvió de una condición inaceptable: el nombramiento como magistrado del señor Enrique López, entusiasta colaborador de la FAES y activista político de la derecha extrema. El Tribunal Constitucional entró en barrena de desprestigio y acabó coronándose de gloria con la sentencia sobre el Estatut que ha tenido la virtud de poner a Cataluña en pie de guerra. Finalmente, habiendo ganado las elecciones, Rajoy ha impuesto a López. De nuevo legal; de nuevo políticamente lamentable. La alternativa ha quedado clara: si el Tribunal Constitucional no es un Consejo para sancionar las políticas del gobierno (algo parecido al Consejo Nacional del Movimiento, diría un guasón), que no sea nada.

Y no es solo el TC. Son todas las instituciones, distorsionadas, ninguneadas, aniquiladas. Rajoy gobierna de espaldas al Parlamento en el que su mayoría aplastante funciona como una guardia pretoriana que lo protege y lo libera de la enojosa obligación de comparecer a dar cuentas. Aparte, por supuesto de aprobar con aplauso todo lo que el gobierno envía a la cámara, sin variar ni una coma. Muy legal, ciertamente, pero inaceptable desde el punto de vista de los usos y costumbres democráticos, pero no hablar de la llamada "corrección parlamentaria" que la derecha ignora de arriba abajo. Ahí nace esa moción de censura que la oposición ya está tardando en presentar. Y Palinuro insiste en que no será suficiente y la oposición se verá forzada a actitudes de desobediencia, a votar con los pies, lo único con lo que la dejan ya votar.

Lo mismo con la Radiotelevisión pública. Ni un escrúpulo, ni una vacilación. En cuanto Rajoy tomó posesión, lo primero que hizo fue reformar la ley de RTVE vigente para nombrar al director que le diera la gana. Y es lo que hizo. Ese director nombró un equipo acorde con el mandato recibido: acabar con el pluralismo informativo y convertir lo audiovisual público en un aparato de propaganda del gobierno y su partido. Y los nombrados han cumplido. Se nota en las audiencias.

Y así en todo. ¿Qué tiene esto que ver con la democracia? Claramente, nada. Es una mala fe continua, un  permanente fraude de ley, una democracia en la forma y una dictadura en el fondo. La dictadura de un incompetente, embustero y presuntamente corrupto hasta la saciedad. España.