¿De dónde, voto al chápiro, han salido estas gentes? ¿Qué idea tienen del Estado de derecho, del principio de legalidad, de la igualdad ante la ley, de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿Qué se han creído? Pregunta retórica a fuer de sabida la respuesta: creen que ellos y quienes ellos digan, esto es, los ricos, están por encima de la ley. Si, para conseguirlo, hay que cambiar la ley, se cambia, como han hecho con la de RTVE; si hay que imponer una excepción, se impone, como la amnistía fiscal a los del dinero negro; si hay que legislar ex novo, se legisla, como sucede con la nueva ley de tasas judiciales.
Ahora vienen los peajes. En España el límite en autopista son 120 Km. Si te pasas y te pillan, te multan y mucho. Pero, si tienes dinero, te puedes pasar tranquilamente pagando el peaje que, al fin y al cabo, razonaría un cínico, es como un par de multas en cómodos plazos. En román paladino: la ley es igual para todos menos para los ricos, que están exentos. Como estará exento Adelson (Eurovegas) de pagar impuestos porque a estos gobernantes les da la gana. Es parte del cuadro general que también afecta a la sanidad, la educación; la justicia, ahora la circulación viaria y mañana la seguridad urbana. Y esa es la cuestión esencial del nuevo ataque del gobierno al Estado de derecho y a la democracia. La única que, al parecer no se discute. Y, sin embargo, es la importante porque esa medida es anticonstitucional.
Al presentarla, el PP ha hecho una escenificación entre sentimental y práctica que pretende obviar esa cuestión de fondo de que la propuesta sea anticonstitucional. Que la defensa haya sido a cargo de un diputado parapléjico a causa de un accidente de coche, en su silla de ruedas tiene, desde luego, mucho efecto mediático, pero no el que su partido pretende. El límite de velocidad está para impedir estas desgracias. Utilizar la imagen de esta desgracia para eliminar el límite de velocidad carece de sentido. Salvo si lo que se quiere decir es que la seguridad aumenta con la velocidad y, por tanto, lo mejor es abolir los límites. En peaje, claro. No sería de extrañar pues es su lenguaje habitual: prohiben el derecho de la mujer a decidir con la intención, dicen, de garantizar su libertad; imponen tasas al uso de la justicia para asegurar la gratuidad de la justicia, etc.
Los razonamientos (merece la pena leer el artículo vinculado más arriba) no pueden ser más pedestres y falsos: se pide la elevación del limite de velocidad para garantizar la sostenibilidad de las autopistas de peaje, ya que son deficitarias. Y eso lo hacen los que dicen que el Estado no debe intervenir en el mercado. Obviamente, salvo cuando los ricos están en peligro. Se añade que el tráfico que se vaya al peaje aliviará la densidad de circulación de las autopistas públicas. No se dice pero es muy de suponer, que estas se deteriorarán a gran velocidad y empezará a haber conductores migrantes al peaje en contra de su voluntad. Porque aquí se asiste a una privatización más y en forma de bandidaje de la alta sierra o highway robbery. Ciertamente, se trata de una suposición. Como también se trata de una suposición la malicia de que en las autopistas de peaje no se impondrán multas, ni habrá radares, ni cámaras fotográficas. ¿Nos apostamos algo? Las multas las pagarán los desgraciados de los 120 Km y tocarán a más porque el Estado no aceptará el lucro cesante.
El resto de los argumentos esgrimidos por quienes presentan la proposición no de ley hacen abrigar serias dudas sobre el grado de madurez intelectual de los autores. Sostienen estos, al parecer, que el circular más rápido acorta los tiempos de desplazamiento y ayuda a dinamizar la economía española. No me dirán que lo primero no es brillante: ir más rápido permite llegar antes. Es alucinante. Claro que, en el fondo, no es un enunciado o un aserto sino un reclamo simbólico en donde lo que se quiere decir es si pagas, llegas antes. Bueno, al fin y al cabo es en lo que se basan los servicios de urgencias, incluido el de Correos, un servicio público: si pagas (más), tus envíos llegan antes. El problema es que las autopistas son negocios privados a quienes se exime del cumplimiento de la ley por un pago en metálico para eso, para bolsillos privados.
La segunda afirmación, es que eximir a los ricos del cumplimiento de la ley ayuda a dinamizar la economía española. Es mentira como lo era su teoría madre del trickle down (la teoría del "goteo") reaganiana que, en el fondo, era la elaboración neoclásica de la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro y tan fatástica como esta. Además de mentira es una invocación de rigor, como los gritos que daban sus antecesores ideológicos, aquellos del cuya vida guarde Dios muchos años.
Pero si los proponentes tienen este nivel, el de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo supera hacia abajo. Dice una responsable de la DGT que solo se admitirá la subida del límite si se dan tres condiciones: que mejore la economía, que haya un “récord histórico” en baja accidentalidad en los tramos afectados y, siempre, estaría condicionada a las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas. Lo de las circunstancias del tráfico y las condiciones meteorológicas es como lo de llegar antes. Pero eso de imponer como condiciones dos futuribles es ya puro esperpento.
