Ya es mala pata. El día asignado a reflexionar, a repensar todo lo que se ha embaulado en los últimos quince pasan dos cosas tan gordas que sumen en las tinieblas de la ignorancia y el olvido los mítines de cierre de campaña de cada partido. Han sido celebraciones a bombo y platillo en un ambiente de gozo y alegría, repleto de futuros, conquistas, cambios, novedades y otras venturas que tenemos a nuestro alcance siempre que no erremos en el voto. La palma del esfuerzo mitográfico, para mí, se la lleva la vicepresidenta del gobierno, Sáez de Santamaría, pinchando discos en el mitin de cierre de campaña del PP, como si estuviera en una performance antisistema, desmelenada. Y todo ha quedado oscurecido.
Los dos hechos que eclipsaron los cierres, sus pompas y glorias y amenazan con ser motivo de la reflexión de hoy son el "no" británico a la EU y la decisión del ministerio del Interior o quién sabe de quién de enviar la policía judicial a confiscar un material posiblemente incriminatorio sin mandamiento judicial. De lo primero ya hemos hablado en el post
sobre la Brexit. Lo interesante es la aventura policial estilo Eliott Ness: lo grave no es que el ministro conspire con un cuate con fines presuntamente ilegales, una operación de
guerra sucia de la más baja ralea. Lo grave es que ese complot se haya grabado y hecho público en un medio de comunicación. La autoridad, enfurecida, embiste, en lugar de emplear la cabeza para algo más productivo como pensar. Porque esas conversaciones han sido grabadas, con toda probabilidad, por gente del propio ministerio, seguramente policías con agravios contra el mando político que, la verdad, es como de psiquiátrico. Podían empezar por preguntar en casa.
Y, lo más grande, ¿cómo puede mandarse la policía judicial sin mandamiento del juez? En verdad, yendo tan livianos de acreditación los policías podían presentarse a las tres de la madrugada, como hacían los del anterior Jefe del Estado, a cuya tumba va a rezar de vez en cuando el ministro en busca de inspiración.
Fernández Díaz no piensa dimitir, ni por asomo, por no darle el gusto a Puigdemont y los independentistas. Él concibe su acción ministerial como una guerra contra Cataluña. Por ello emplea tácticas de guerra. Se le acusa de haber amparado la fabricación de informes falsos, difundidos entre la prensa amiga, para destrozar las carreras de Mas y el exalcalde Trías. Ahora mucha gente exige a Colau y a Iglesias que pidan perdón por haber utilizado esas falsedades con fines electorales.
Interviene la baronesa del Sur y lanza una pregunta que es una carga de profundidad: esas prácticas de complot, ¿se limitan a Cataluña o benefician a otros lugares del Estado? Buena pregunta. Conviene saberlo.
Pero lo más grave de este increíble episodio en el que se mezclan el autoritarismo, el juego sucio y la más fabulosa ineptitud es que el principal responsable, ese hombre que parece un característico de Hollywood serie B, no solamente no piensa dimitir sino que será el encargado de velar por la legalidad y transparencia de las elecciones de mañana.
En efecto, es para reflexionar y mucho. Un ministerio de seguridad al servicio de las opciones políticas de un partido es un peligro público del que cabe esperar todo lo malo. Si el ministro no dimite, el presidente del gobierno debe destituirlo fulminantemente. Si no lo hace, todo el proceso electoral olerá a pucherazo.
