80 aniversario del golpe de Estado protagonizado por un militar perjuro y felón que desembocó en tres años de cruenta guerra civil. Tras la guerra, el mismo militar y sus cómplices instauraron un régimen genocida, de terror, dedicado al exterminio de todos quienes no fueran sus partidarios. Aquel régimen de delincuentes erigió un remedo de Estado y ordenamiento jurídico que acabó siendo reconocido por la vía de hecho por los demás países.
Durante toda la dictadura España siguió siendo un régimen de hecho, pero no de derecho. Y así sigue a día de hoy porque, mientras no se reconozca el delito cometido hace hoy 80 años, no se haga justicia con los responsables y no se resarza a las víctimas, en puridad del concepto, no podrá hablarse de Estado de derecho. Ni 40 ni 400 años de ejercicio del poder pueden convertir a una banda de criminales y asesinos en un gobierno respetable de gentes honradas.
Y ese es el problema que sigue impidiendo la plena homologación de España con las naciones civilizadas y democráticas. Un país en el que sigue habiendo más de cien mil personas asesinadas y enterradas en fosas comunes a las que no se ha hecho justicia es un país enfermo, que no puede mirar a su pasado ni puede encontrar paz en el presente.
Durante los cuatro años de gobierno de los neofranquistas del PP, se ha paralizado el tímido e insuficiente intento de hacer justicia de la Ley de la Memoria Histórica. Una prueba obvia de que los herederos biológicos e ideológicos de los criminales de julio de 1936 siguen en sus trece y pretenden que el país olvide su deber de conciencia para con las víctimas del genocidio franquista.
La verdad es que, en esta lamentable actitud de olvido participa desde el comienzo la izquierda, que debiera ser quien presionara sin descanso para que se haga justicia al más inhumano, más cruel y despiadado episodio de la historia de España. El error comenzó con la propuesta de "reconciliación nacional" que hicieron los comunistas en el exilio en los años 60. Los franquistas entendieron el mensaje y, durante la transición, engañaron a todo el mundo con una ley de amnistía que también los amnistiaba a ellos y una izquierda ingenua acabó aceptando como justa una ley de punto final. Pero que una ley inicua sea aceptada como justa no la hace menos inicua.
Y los torturados, asesinados, los exiliados, los niños robados, las gentes expoliadas, quedaron en el olvido, al margen de toda justicia. La corrupción fundamental sobre la que estaba erigida la dictadura de Franco, esto es, la conversión de la delincuencia y la ilegalidad en legalidad y viceversa ha llegado al día de hoy porque la transición cambió una "constitución" irrisoria por otra que ha acabado siendo tan irrisoria como la anterior, pero no cambió en absoluto el conjunto del ordenamiento jurídico. Y es aquel ordenamiento jurídico de la dictadura, perverso y degenerado, en el que, al modo de Orwell, la ilegalidad era la legalidad, el delincuente, inocente y el crimen una virtud, el que explica por qué la corrupción es un fenómeno endémico en España: porque es herencia del régimen de Franco, contrario a todo principio de derecho.
Pero, como sucedía en el mundo griego, como sucede en Antígona, si los muertos no son honrados, los vivos no conocerán la paz. Por mucho que estos franquistas del gobierno, esta banda de presuntos malhechores y corruptos, trate de evitar que se haga justicia a la víctimas y los victimarios ocupen el lugar de deshonra e infamia que les corresponde, la justicia acabará imponiéndose. Mientras tanto, España seguirá siendo un país enfermo.
