Los ladrones de pensiones y de todo lo demás

Ayer salía el atildado y manicurado petimetre que ejerce de portavoz de la banda de mangantes a soltar las habituales mentiras tras el consejo de ministros presidido por Emepuntorajoy (a) Sobresueldos. Entre las trolas y necedades de rigor, habló del gran respeto del gobierno por nuestros mayores y jubilados, cosa que demuestra robándoles hasta los gayumbos. Y no solamente robándoles, sino despreciándolos, como se demostró cuando, preguntado por cómo pensaba el gobierno cumplir concretamente su promesa de alzar las pensiones más bajas demostró no tener ni idea porque no sabe siquiera qué cálculo va a hacerse -si va a hacerse alguno- con el IPC. Es un desprecio porque el cursi regordete y sus compinches no tienen la menor voluntad de cumplir la promesa. Los pensionistas les dan igual igual e incluso menos que igual. Lo único que quieren son sus votos y, de no ser por estos, cuanto antes se mueran, mejor. 

Tienen por los jubilados el mismo respeto que por los jóvenes, los parados, los dependientes, las mujeres, los inmigrantes, los pobres, los trabajadores. Ninguno. Para ellos solo son seres humanos ellos mismos y sus amigos. Los demás, materia explotable y despreciable y, por supuesto, apaleable. Precisamente por eso acaban se subir el sueldo a los policías y guardias civiles que lanzan contra la población pacífica como matarifes. Para usarlos como arietes en protección de un hatajo de sinvergüenzas y corruptos. Y los matarifes se emplean a fondo en defensa de sus pagas

Hasta alguien con tan obvias carencias psíquicas, intelectuales y de educación como el Sobresueldos se cree listo y por encima de la media del país. Del resto de la cuadrilla del gobierno y el partido mejor es no hablar. Casos como Fátima Báñez, Rafael Catalá o María Dolores Cospedal desafían todo intento de comprensión en las escalas morales e intelectivas básicas. 

Esta banda de presuntos malhechores (dicen los jueces) ha entendido que su función al llegar al poder es vaciar el erario metiéndose el dinero de todos en los bolsillos o los de sus amigos. Lo llaman "privatización". Sus ideólogos, unos descerebrados neoliberales, sostienen que es mejor para el progreso general que los sectores públicos del Estado del bienestar. Sus televisiones, sus periódicos, sus profesores a sueldo, sus periodistas, sus curas, sus charlatanes y predicadores explican que la gente es tanto más rica cuanto más se la explota, según ellos entienden a Adam Smith. Se trata de poner el dinero en manos de un cogollo de parásitos que viven de los trabajadores en activo robándoles la plusvalía del momento y de los trabajdores en pasivo robándoles sus pensiones. Para nada. Para emplearlo en francachelas o esconderlo en las islas Caimán.

Porque el mismo sinvergüenza que en 2012 afirmaba que no tocaría las pensiones no solamente las ha reducido de hecho y de derecho, sino que ha esquilmado el fondo de reserva  para rescatar a los bancos que, por supuesto, no devuelven ni un céntimo, ha destrozado el sistema de aportaciones y ha tenido el morro de avisar a los actuales trabajadores de que hagan planes privados de pensiones. Él piensa seguir destrozando el sistema público hasta que no le quede un solo jubilado y estén todos al albur de las cuentas de resultados de los fondos buitres. La distinción entre "fondos buitres" (condenables) y "bancos" (no condenables) es una mera hoja de parra: no hay un solo banco en el mundo que no sea un "fondo buitre".

Esta manga de ladrones franquistas es tan estúpida que, por su codicia desenfrenada, está destruyendo el sistema del que se aprovecha. Como todos los parásitos. Han robado y siguen robando a los pensionistas afirmando que no hay dinero para las jubilaciones. Al tiempo, incrementan el paro, bajan la base de cotizaciones, suprimen impuestos y garantizan la ruina del sistema de pensiones. No es que no haya dinero. Es que lo han robado y siguen robándolo. Pero, justamente, ese dinero de las clses pasivas ayudaba a mantener a flote a las familias en paro, así como su capacidad adquisitiva. Al descender o desaparecer esta, se reduce y aniquila la demanda agregada y la producción sigue cayendo, profundizando la crisis. Hace falta ser muy idiota y muy mala persona para negarlo.

Han tenido que salir los propios pensionistas a defender sus derechos para que los delincuentes peperos empiecen a ponerse nerviosos y con ellos sus cómplices del PSOE y Podemos, habiendo hecho suyo ambos el discurso típicamente hipócrita y falso de que este saqueo no es una cuestión política sino técnica. Se trata simplemente de eliminar las barreras a la inmigración, lo cual es una decisión típicamente política. Es verdad que, en teoría no se puede hacer tal cosa cuando se tiene tan alta tasa de paro interna. Pero es que también la tasa elevada de paro es una cuestión política, una deliberada decisión política antiobrera y no una cuestión técnica.

Si el movimiento de los panteras grises que hoy sale a la calle en más de 100 convocatorias coge buen ritmo sería estupendo que arramblaran con todos los peperos que llevan meses, años, decenios, robando y que no hacen otra cosa que robar. Y no solo a los pensionistas. A todo el mundo.

De hecho, tienen el país en pie de guerra: además de los pensionistas se movilizan las mujeres, los murcianos y los del Lavapiés y, además, Catalunya se va. Los políticos franquistas solo saben robar y para todo lo demás son auténticos zotes.

Pero, no tengan cuidado; no les pasará nada porque los "izquierdistas" españoles que, con los indepes catalanes, son mayoría parlamentaria y podrían echar a los franquistas, no lo hacen. Prueba evidente de que aun son más zotes que estos.

La esperanza está en los "panteras grises"

Esa jaculatoria de "no podemos gastar lo que no tenemos" es la que, entre otras mentiras, empleó al pie de la letra el hombre de los sobresueldos para ganar las elecciones de 2011. Venía acompañada de otra, dicha en tono patriarcal de que "si hay algo que no tocaré serán las pensiones".

Y ya se ve en dónde nos encontramos. El PP de M. Rajoy y  los demás partidos parlamentarios pues todos han ignorado la cuestión de las pensiones si bien en distinto grado, se encuentran con un estallido que no esperaban de un sector muy importante electoralmente. Se azoran todos y andan lanzando propuestas y pidiendo la convocatoria del Pacto de Toledo. Mientras tanto, los teóricos fabulan el legado del 15 M, recogido ahora por trémulas manos.

El planteamiento gubernamental del asunto ha sido tan agresivo como el de un asaltacaminos: un día dice M. Rajoy que la gente vaya ahorrando para pagar por la educación (hasta ahora servicio público gratuito) y las pensiones, hasta ahora un derecho de los jubilados. Al día siguiente toma medidas a favor de los planes privados, con los que los bancos quieren enriquecerse más. Al otro se niega a subir las pensiones más que el oprobioso 0,25%, aduciendo que no tenemos dinero para pagar la subida. Lo remata el gobernador del Banco de España, pintando de negro el futuro de las pensiones (de los demás) y mirando con codicia las viviendas en propiedad de los jubilados con las que podrían financiarse su pensión; o sea, que se vayan al otro mundo hipotecadas.  

No es de extrañar que la gente estalle y lo haga como lo hace, espontáneamente. A unos jubilados que en muchos casos han de aportar su pensión al sostenimiento de algún parado en el hogar y han de pagar ahora por una asistencia sanitaria antes gratuita se les dice que no hay dinero para mantener sus pensiones (lo de subirlas es un eufemismo): que lo tienen crudo y pueden darse con un canto en los dientes pues aún están bajo techo.

El estallido es lógico. Las pensiones son un derecho de los jubilados por su trabajo a lo largo de sus vidas, no una gracia discrecional del gobierno. Es un derecho y el gobierno tiene que respetarlo, sacando el dinero de donde lo tenga. Porque, si ahora no hay dinero, antes lo hubo: 60.000 millones de euros del fondo, precisamente, de las pensiones. (Por cierto, tan mala no fue la herencia de Zapatero cuando le ha dado al M. para pillar 60.000 millones). Había dinero y dinero, además, de los pensionistas. ¿Qué han hecho con él? Es fácil, regalárselo a la banca (que ahora reparte dividendos de cine), rescatar autopistas quebradas, construir aeropuertos y AVES ruinosos, comprar deuda pública española, o sea, bonos basura y robar el resto a manos llenas. 

El saqueo no puede quedar impune. Los jubilados, que mantienen la protesta en la calle, aseguran hacerlo en nombre de sus hijos y nietos. Y de inmediato han comenzado las redes a afear a esos hijos y nietos que hayan de venir sus padres y abuelos a sacarles las castañas del fuego. 

Desde luego, si este ejemplo no mueve a la izquierda a echar a un gobierno corrupto que literalmente está destruyendo el país, este tendrá lo que merece.

Una historia de ladrones

En 2011, este sinvergüenza decía esto:

y en 2017, el fondo de las pensiones, saqueado por la banda de presuntos delincuentes estaba así

No ha "congelado" las pensiones.

Las ha saqueado en su propio beneficio y el de sus cómplices. Este año no había dinero para pagar la extraordinaria de julio y en un par más de meses no habrá dinero para las ordinarias.

Lo han robado todo y lo llaman crisis.

Ahora van ustedes, sobre todo los jubilados, y vuelven a votar a estos mangantes.

La mística de los datos

El mismo día en que el país se entera de que el gobierno ha vuelto a darle un tiento a la hucha de las pensiones y ha arramblado con 9.500 millones de euros para sus francachelas (esa parada del AVE en un pueblo perdido de Zamora, creo, es una francachela) y que el paro sube una barbaridad por cuarto mes consecutivo aparecen estos señores del gobierno, como Jorgito, Jaimito y Juanito con corbatas en armonía de rojos a hacer reír a la concurrencia con una ocurrencia: a finales de 2019, el paro estará por debajo de un modesto 13%. Tomen buena nota. Son los mismos que en 2010 prometían reducir a la mitad la tasa de paro si ganaban las elecciones de 2011. Ganaron las elecciones y la tasa de paro sigue siendo la misma. Pero ahora la reducción se aplaza a finales de 2019. Ese toque de precisión temporal da mucha verosimilitud a lo que asegura este triunvirato de prestidigitadores. Cumplen su función de eludir toda responsabilidad por los datos reales, que son pésimos, sin perspectiva de mejora, señalando un nebuloso futuro de prosperidad que se cifra en el 13% del paro como podía cifrarse en el 18% o el 20% o el 5% y para finales o mediados de 2018 o de 2022. Realmente no tienen ni idea ni, aunque la tuvieran, tienen idea de cómo llegar a ella. Están superados por los acontecimientos y los datos les bailan. Andan calculando en público cuánto van a sacar a los fumadores y bebedores y las bebidas azucaradas, al parecer para fastidiar a la Hacienda de la Generalitat. Suman el pellizco que van a pillar a las empresas, le añaden los 9.500 millones que han birlado del fondo de pensiones y así va haciéndose un calcetín hasta el momento en que haya que negociar qué más se recorta.

O sea, no tienen ni idea de lo que va a pasar pero vaticinan un 13% de paro para finales de 2019. Más o menos, tres años, que es cuando calculan que convocarán elecciones

El asalto a las pensiones

De todas las iniquidades que ha cometido este gobierno acosado por la corrupción rampante, involucionista, clerical y antisocial, la más repugnante de todas es la que afecta a los pensionistas. Pueden rastrearse declaraciones de Rajoy en la campaña electoral de 2011 afirmando, con la seriedad que su hipocresía normalmente le dicta, que no pensaba tocar las pensiones porque los pensionistas son los que ya no tienen una segunda oportunidad en la vida. Buen argumento, pero del que no ha hecho el menor caso.

Los pensionistas han pagado injustamente el precio de la crisis por partida doble, indirecta y directa. Indirectamente porque es muy elevado el porcentaje de pensiones que soporta el gasto de mantenimiento de hogares de parientes azotados por el paro y porque, además, se les han encarecido casi todas las prestaciones, comenzando con los medicamentos. Directamente porque el gobierno cambió arbitrariamente el Pacto de Toledo y desvinculó la pensiones del índice del coste de vida. Lo disfrazaron aprobando una subida mínima anual con independencia del coste de vida. Con eso afirma la ministra del ramo que con el PP las pensiones tienen la subida asegurada pero oculta que, por baja que sea la inflación, la capacidad adquisitiva de las pensiones desciende.

Ahora el gobierno ha recurrido a uno de esos torticeros mecanismos para hacer una injusticia, pero ocultarla a la opinión para no perder las elecciones. Antes del 26 de junio no se sabía que ya había decidido sacar 8.500 millones de € del fondo de reserva para pagar la extra. Pero no dijo nada. Solo se anunció de modo colateral, sin estar incluida en el índice de una rueda de prensa posterior, ni siquiera debatido en el consejo de ministros, lo que, por cierto, la convierte en ilegal. La mentira y la ocultación como formade gobierno son la raíz misma de la corrupción. En ninguno de los triunfalistas discursos del presidente de los sobresueldos, en los que se cacarea que la crisis "es historia" y que todo va viento en popa se ha hablado jamás de que el fondo de las pensiones, que era de 65.000 millones de € en tiempos de Zapatero esté hoy en un raquítico 25.000 millones. Dos tientos más y queda a cero.

Por eso es urgente despedir a Rajoy y su gobierno, apoyado en un partido penalmente imputado por la judicatura. Por eso y por la necesidad de aclarar cuál es la stuación real del fondo de reserva porque, al tratarse de cuentas y magnitudes que maneja esta gente, lo más probable es que los datos sean falsos. Por ejemplo, según parece, el gobierno ha estado empleando este dinero en titulos de la deuda, que no valen nada. A saber cuánto dinero queda en ese fondo.

Todos los partidos claman al cielo con este nuevo expolio. Dejen ya en paz el cielo, que tiene otros asuntos en que pensar, y pónganse manos a la obra a constituir un gobierno alternativo que, con PSOE, Podemos y C's sumaría mayoría absoluta de 188 y permitiría, cuando menos, poner fin a esta pesadilla de latrocinio.

Y ahí tropezamoss con guijarros en el camino que ya empiezan a fastidiar. Según oigo y leo, Iglesias y Errejón siguen hablando de la mano tendida al PSOE para formar un gobierno "de progreso". Pero, al parecer, Echenique ha emitido el condigno aviso de que ese gobierno no puede ser con C's. Un gran salto dialéctico. Así estábamos el 20 de diciembre y así seguimos. Quizá hayamos clarificado algo. Echenique dice estar resignado a un gobierno de la derecha. Razonar así cuando está en tu mano impedirlo equivale a apoyarlo. Está bastante claro. No es que no les importe un gobierno del PP; es que lo prefieren a uno del PSOE.

Y todo para que no vuelva a haber elecciones en seis meses, porque, si las hay, de Podemos no van a quedar ni las espinas, que son muchas.

Alegato sobre las pensiones

He aquí un conflicto que puede parecer gremial, sectorial y que, sin embargo, interesa al conjunto de la sociedad. El ministerio de Empleo obliga a los escritores, pintores, dibujantes, músicos, etc, a todos los creadores y otros profesionales a devolver sus pensiones porque, según la ley vigente, la percepción de estas es incompatible con la realización de actividades creativas remuneradas cuando su cuantía supere el SMI, de 9.172,80 euros al año.

Esto es un disparate que no hay por donde cogerlo porque, si se entorpece la labor creativa, no solo pierden los autores (a algunos de los cuales quieren multarlos con cientos de miles de euros), que no pueden escribir, ni pintar, sino que pierde la sociedad en su conjunto. Y no solo porque se la prive de unos productos que enriquecen el espíritu sino que pierde en un sentido mucho más material y prosaico, como se verá de inmediato.

Toda la cuestión de la jubilación y las pensiones es un conjunto de injusticias y atropellos. Para empezar la misma institución de la jubilación forzosa, en donde se dé, básicamente los funcionarios y empleados públicos, pero no solo ellos, debe desaparecer. Lo lógico, lo razonable, es que la jubilación sea voluntaria. Esto es, que haya un tope de edad (el que se fije, 65, 67 años) a partir del cual nadie pueda impedir que si alguien quiere jubilarse lo haga, pero nadie tampoco pueda obligar a otro a jubilarse si no quiere y sigue siendo válido para el trabajo.

Por si no lo habían pensado ustedes, la jubilación obligatoria es una discriminación. Denle las vueltas que quieran: es una discriminación tan odiosa como la de género, raza, religión etc., y tanto más indignante cuanto que en unas actividades se da y en otras, no. Es una discriminación porque supone hacer víctima a una persona de algo de lo que no es responsable: su edad. Y, como toda discriminación debiera estar prohibida. El día que los jubilados tomen conciencia de este hecho y se organicen, conseguirán la abolición de esta vergüenza. Por eso hay ya por ahí salvajes de la cepa neoliberal que pretenden suprimir el derecho de sufragio de las clases pasivas. El fascismo está siempre al acecho.

Pero hay más. El trato que dispensa el Estado, el ministerio de Empleo, a los jubilados es indignante y probablemente ilegal. Aparte de la evidente injusticia de que la pensión sea incompatible con el rendimiento del trabajo personal pero no con el cobro de mil tipos de rentas como bonos, dividendos, alquileres, etc., se da la circunstancia de que el Estado carece de título para establecer estos limites y regulaciones porque la pensión no es una gracia que los poderes otorgan porque sí, ni siquiera es un salario sujeto a normativas de incompatibilidades. La pensión es un derecho subjetivo de la persona que lo deriva del hecho de haber estado cotizando durante su vida laboral. Nadie puede negarle a un jubilado el derecho a cobrar lo que es suyo ni ponerle condiciones que le sean lesivas.

Y todavía más. Este cúmulo de injusticias y arbitrariedades no solamente perjudica a los jubilados sino al conjunto de la sociedad y directamente en su bolsillo. Échese una ojeada a la pirámide de población en España en el año en curso. Puede verse que, con los índices de natalidad prevalentes hace 25/30 años y dado el sistema de pensiones a base de cotizaciones, en otros 25/30 años no podrán pagarse las pensiones de las clases pasivas que, de hecho, ya está costando mucho pagar hoy y sin contar con el latrocinio a que el gobierno de Mr. Sobresueldos ha sometido la hucha de las pensiones, vaciándolas para sufragar gastos diversos, entre ellos, según parece, los cuidados a su padre dependiente. 

A la vista de la situación, el puro sentido común manda suprimir el carácter forzoso de la jubilación y, en todo caso, permitir que el cobro de esta sea compatible con cualquier actividad lícita remunerada sin límite. Cuanta más riqueza se genere en los grupos más altos de edad, más alivio habrá para los bolsillos de los castigados cotizantes actuales. Y ello sin contar con el hecho, aun más dramático de que, con el desarrollo de la crisis, crece la cantidad de población activa pero parada que sobrevive gracias a las pensiones de los abuelos. Si ahora se las quitan o se las reducen, la situación puede llegar a ser desesperada. 

He aquí una de las diversas tareas de urgencia que el Parlamento de mayoría demócrata y con sensibilidad social (no de los de "que se jodan") tiene que acometer. Es una de las prioridades. Evitadnos la vergüenza de que gentes como Landero o Javier Reverte o Forges tengan que pagar cientos de miles de euros de multa por deleitarnos la vida.

Sobre la vejez II.- Las bocas inútiles.

(Continúa la serie sobre la vejez, que empezó con Molon Labe.)

Hay que proponer una segunda Ley de Godwin. Si la clásica dice que "a medida que se alarga un debate online, la probabilidad de una comparación con los nazis o con Hitler tiende a 1", la nueva diría: "a medida que se alarga un debate online en el que haya algún viejo la posibilidad de que se le llame senil tiende a 1". La primera fórmula se usa para explicar cuándo una discusión ha alcanzado un momento en que es inútil proseguirla. Lo  mismo pasa con la segunda.

 

Es muy frecuente que, allí donde jóvenes o adultos maduros discuten con gente mayor, traten de zanjar las diferencias hablando de los años, de que el adversario chochea o está gagá. Esta generalización, como todas, tiene su punto cierto: con la edad suelen darse manifestaciones diversas de pérdida de facultades mentales que, de modo precipitado, abusivo y por lo común insultante, se resumen como senilidad. Es un abuso que solo podría admitirse si quien invoca la condición posee pruebas empíricas de que se da en el caso invocado. De no ser así, no pasa de ser un exceso, un insulto, parecido al que emplean a veces los viejos tachando a los jóvenes de ilusos, precipitados o inexpertos, si bien esta actitud no es tan injusta ni denigrante.

 

En realidad, el trato a la vejez en la sociedad, habiendo mejorado mucho desde las costumbres nómadas de sacrificar a los ancianos que ya no podían desplazarse o eran un estorbo, sigue siendo cruel y, a veces, inhumano. El gran fallo del Estado del bienestar, suelen decir muchos responsables políticos, es el aumento de la esperanza de vida. En otros téminos más llanos, dichos por la señora Lagarde, baranda del FMI, que los viejos viven demasiado y son muy caros. Con igual carga de desvergüenza y estupidez, una alto cargo del gobierno del PP se preguntaba en público si tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema. Obviamente, aunque esta señora no lo crea, eso dependerá de qué sentido se dé al término "sentido".

 

Se trata de una actitud muy extendida, producto de los prejuicios y de la ceguera pues parece partir del principio de que quien considera a los viejos un estorbo o bocas inútiles, no lo será a su vez, llegado su momento. Todas las formas de discriminación son crueles, inhumanas y estúpidas. Pero la discriminación por razón de la edad es la más estúpida de todas. En efecto, el blanco que discrimina al negro, el machista que lo hace con la mujer, etc., saben que, salvo milagro, nunca serán víctimas de esa discriminación mientras que quien maltrata a un anciano es un imbécil que piensa que él no lo será.

 

Porque de discriminación se trata. Y aceptada y legal. ¿Cómo? ¿Acaso no prohíbe la Constitución toda discriminación por cualesquiera razones? Sí, cierto. ¿Y no incluyen estas la edad? También cierto. Pero no lo es menos que existe algo también legal que se llama la jubilación forzosa, allí en donde se da. Y ¿acaso no es la jubilación forzosa una discriminación por razón de edad para quienes, estando en posesión de sus facultades físicas y mentales, quieran seguir trabajando? Evidentemente lo es. Transcurridos determinados años -algo de lo que la persona directamente interesada no es responsable- el individuo en ciertas situaciones (en la función pública, por ejemplo) se ve obligado a retirarse, quiera o no y a cambiar el conjunto de sus existencia en contra de su voluntad. Es una obvia discriminación por razón de edad y carece de toda justificación.

 

Por supuesto, no se está diciendo aquí que la jubilación deba desaparecer o alargarse. Se está diciendo solamente que, llegada la edad determinada, se jubile quien quiera hacerlo y quien no quiera, pueda seguir en su quehacer como sucede de hecho en las profesiones liberales. Que nadie pueda obligar a otro a trabajar más allá de la fecha límite, pero que nadie tampoco pueda obligar a otro a dejar de trabajar si no quiere y está en condiciones físicas y mentales de hacerlo.

 

Ahora que se eliminan muchas formas de discriminación tradicionales, emboscadas en los pliegues más profundos de los prejuicios y estereotipos sociales, sigue dándose una discriminación odiosa e imbécil. Odiosa porque afecta negativamente a una colectividad de personas que tiene una capacidad de respuesta y rechazo muy limitada e imbécil porque la sociedad prescinde de sectores enteros de gentes que poseen la sabiduría, la experiencia y, cuando así lo quieren, la capacidad para ser útiles a la colectividad.

 

Esto tiene que cambiar. Los ancianos, los jubilados son un potencial político numérico considerable en nuestra sociedad. Pero, por el sistemático abandono, la ignorancia y el desinterés de los demás sectores, no disponen de la influencia que les corresponde. Si los más de ocho millones de jubilados que hay en España se organizaran políticamente, tendrían un potencial tremendo. En una época en que los discursos políticos apuntan al "empoderamiento" (o sea, en castellano, la "habilitación") de los sectores más perjudicados, proceder así con los jubilados, sin duda, cambiaría el panorama español. Por ejemplo, consiguiendo que, quienes toman decisiones sobre la cuantía, duración y circunstancias de las pensiones en el sistema público, no sean los pájaros de mediana edad que creen que con ellos no va a rezar.

 

Dada la base de solidaridad intergeneracional del sistema público de jubilaciones en España, es obvio para todos -excepto para quienes quieren reventarlo a fin de favorecer los muy dudosos planes privados de los bancos- que las pensiones no son mercedes o gracias que el Estado otorga a los jubilados sino que estos se las han ganado como un derecho a lo largo de su vida activa. Los jubilados son los únicos que carecen de opción a defender sus derechos.

 

Y el asunto es, además, más grave cuando se recuerda que, en condiciones de crisis como las actuales, en una infinidad de casos, las pensiones no solo sirven para mantener a los jubilados sino también a sus familiares en el paro o a los dependientes a su cargo y eso sin contar que también mueven demanda que tira de la economía. 

 

Los viejos no son bocas inútiles sino que deben ser bocas que hablen y, si es necesario, que muerdan. Por eso seguiremos con la serie sobre la vejez.

 

(La imagen es una foto de Wikimedia Commons, con licencia Creative Commons).

Pensiones: la derecha contra los derechos.

El PP, la derecha, la expresión política de la clase dominante, son alérgicas a la idea misma de derechos en cuanto titularidad subjetiva a determinadas acciones y posesiones amparada por los tribunales. Para sí misma quiere todos los privilegios y para la inmensa mayoría de la población, si llega, la caridad y la beneficencia. Pero nada de derechos. Nada que permita a la gente tener una base de dignidad independiente de los caprichos de los señores y sobre la cual proyectar una existencia de ser humano libre.

 

La derecha quiere esclavos, siervos. Quiere que la gente, despojada de toda seguridad jurídica, se someta a la incertidumbre de las relaciones personales y fie su bienestar, su vida misma, al capricho de los amos.

El ejemplo más evidente y último (por ahora) es esa reforma de las pensiones perpetrada por el gobierno con el auxilio de unos expertos sin escrúpulos ni moral, directamente a sueldo de las entidades financieras que se beneficiarán con el desmantelamiento del sistema público de pensiones y su substitución por sus esquemas privados. Al desvincular las pensiones del IPC -como hasta ahora estaban por ley- dejan la actualización de aquellas al libre albedrío de los gobiernos, convertidas en un acto graciable de estos, eliminado su carácter de derecho de los pensionistas. La inenarrable ministra del ramo, Báñez, afirma que, con su subida garantizada del 0,25% anual las pensiones subirán siempre. Y, claro, no menciona que, si el IPC aumenta por encima del 0,25%, como suele suceder y al gobierno no le da la gana de compensar la diferencia, las pensiones perderán poder adquisitivo de modo sistemático hasta desaparecer. Esta señora piensa que el auditorio tiene un nivel de estulticia muy superior al suyo, que ya es gigantesco. La reforma de las pensiones del PP es, simplemente, un expolio sistemático y en diferido a los pensionistas.

No vamos a recordar las veces que el embustero Rajoy afirmó que jamás tocaría las pensiones. Nadie espera ya del presidente otra cosa que mentiras e indignidades. Vamos a situar este último atropello en un contexto más amplio.

Han hecho con las pensiones como con la sanidad, la educación y, en general, todas las prestaciones del Estado del bienestar: suprimirlas sobre la base de decir que no podíamos permitirnos estos lujos gratuitos. Ahí empieza su mentira: nada de eso es gratuito. Todo, absolutamente todo, lo hemos pagado de antemano a través de los impuestos y las cotizaciones. Lo hemos pagado, además, quienes pagamos impuestos y no los que los evaden, es decir, en su inmensa mayoría gente del PP (como quienes no declaraban lo sobresueldos) o sus amigos y votantes, evasores fiscales a quienes sus obedientes políticos amnistían después. De gratis, nada.

Pero hay más: el expolio, el hurto, residen además en recortar o suprimir esos servicios, hacerlos de repago si acaso al tiempo que se siguen subiendo los impuestos ciertamente a los de siempre. Y ¿para qué quieren recaudar más cuando gastan menos en servicios o, simplemente, como hace Cospedal, los suprimen? Sencillo, con tres objetivos:

1º) Seguir robando y metiéndose directamente el dinero en el bolsillo (Bárcenas, Gürtel, etc).

2º) Despilfarrarlo en proyectos faraónicos inútiles, mamandurrias de cientos de enchufados o comitivas de chupones a Buenos Aires o donde sea.

3º) Dárselo a las empresas privadas que los financian a su vez ilegalmente con las correspondientes mordidas, estilo López Viejo y otros.

¿Cómo va la derecha a respetar los derechos si lo suyo es expoliar a la gente, someterla por la inseguridad y el miedo y reprimirla a palos o como sea si se solivianta?

(La imagen es un montaje de El Jueves, en GAtos Sindicales).

No son expertos; son agentes del capital.

La comisión de “expertos” sobre pensiones que ha reunido el gobierno para tomar una decisión que será trascendental sobre el futuro de las jubilaciones cuenta con doce miembros de los que ocho están o han estado a sueldo de aseguradoras privadas, cajas y bancos, algunos de los cuales pueden haber cometido las mayores estafas de los últimos tiempos y arruinado a miles de cuentacorrentistas, depositantes y preferentistas. Obviamente, esos ocho expertos pagados por las entidades financieras no tienen el menor interés en adoptar decisión alguna que favorezca a los jubilados sino a las entidades que los pagan cuya finalidad es acabar con el sistema público de pensiones y quedarse con un suculento negocio de miles de millones de euros sin duda incrementados por la serie de estafas posteriores que se les ocurrirán para arruinar más a sus clientes.

En estas condiciones los tales expertos, seguramente serán muy expertos pero, sobre todo, son unos inmorales, sin escrúpulo alguno y sin empacho en destruir la vida de millones de jubilados cuyo último recurso son esas pensiones que la ministra de Trabajo quiere poner en manos de los buitres del capital. Una ministra de Trabajo, por cierto, que solo conoce este de verlo escrito en la cartera de su ministerio.

Lo llaman “factor de sostenibilidad” por darle algún nombre que vista. Podían llamarlo “primicia metafísica”. En el fondo, de lo que se trata es de encontrar alguna justificación medianamente plausible para robar a la gente el producto de una vida entera de trabajo y consiste en dos elementos, a cada cual más canallesco:

a) desvincular el aumento de las pensiones del IPC. b) recalcular la cuantía de las pensiones según la esperanza de vida del momento y otras cuentas que echará el Estado en cada caso.

Con ello se consiguen dos finalidades: rebajar año tras año las pensiones hasta que desaparezcan, cosa que también puede suceder fulminantemente. Imaginemos varios años seguidos con una inflación del 20 %, algo nada extraño en Europa. En tiempos de los Pactos de La Moncloa, la inflación en España estaba en el 18 %.  Al final la pensión de los jubilados será del cero por ciento . No se olvide que, según la ideología neoliberal que estos servidores del amo llaman ciencia, la inflación es la típica arma con la que el poder político roba sus ahorros y fortunas a la gente del común. Máxime a los jubilados, que no pueden incrementarlos. Es una propuesta tan repugnante e injusta que disgusta hasta escribir sobre ella. Pero los sedicentes "expertos" no se detienen ahí. Por si no les saliera bien la treta del expolio mediante la inflación, quieren asegurarse de que en ningún caso puedan subir las pensiones por encima del IPC. Es en estos detalles en los que se aprecia la vileza de esta gente.

Igualmente se consigue –y este es un objetivo que la derecha y sus intelectuales a sueldo buscan sistemáticamente-  hacer depender la cuantía de las pensiones de factores imponderables, el capricho del mandatario de turno, su buena voluntad, lo que le dé la gana. Los pensionistas pierden así un derecho y caen en la dependencia de la arbitrariedad o la caridad de sujetos como Báñez. Exactamente lo que quiere la derecha para todo el mundo: para los trabajadores, los parados, las mujeres, los jóvenes y, por supuesto, los jubilados. Que la gente viva en la incertidumbre, no pueda hacer planes ni reaccionar ante cualquier agresión. Eliminar la fiabilidad en el cálculo de las pensiones es lo mismo que suprimir la seguridad en el empleo o terminar con la condición de funcionarios: poner a los trabajadores a merced de los caprichos de los capitalistas.

Resulta patente: la derecha odia la idea misma de derechos porque, al dar seguridad a la ciudadanía, la hacen fuerte, independiente y crítica y eso no se puede tolerar. Quiere asimismo acabar con las pensiones sobre las que, sin embargo, ha hecho recaer en muchísimos casos la última posibilidad de supervivencia de las familias que tengan a todos sus miembros en paro, habiéndoles arrebatado las prestaciones. Y quieren hacerlo ya, de forma que toda la población quede sumida en la pobreza. En nombre de cuanto hay decente en la vida solo cabe calificar a quienes maquinan estos planes inhumanos como canallas para quienes las personas solo son recursos. 

Todo esto lo saben a la perfección los “expertos”, pero lo hacen porque su función en la comisión del gobierno no es resolver el problema de las pensiones –por lo demás inexistente-, sino destruir el sistema, entregar a los viejos en manos de la codicia del capital y, probablemente, hacer ellos su agosto pues así como los banqueros y los estafadores (en la medida en que haya alguna distinción entre ellos) se aseguran pensiones millonarias y se las blindan, también apartan jugosos premios para quienes les hacen el trabajo sucio en nombre de teorías falsas.

Este es el verdadero rostro de estos “expertos” e “intelectuales”, presididos por Víctor Pérez Díaz,  vocal de FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros y cuya misión obvia es llevar adelante el expolio de las pensiones en beneficio de sus pagadores. Dado que estos individuos se sienten fuertemente respaldados por un gobierno que, con su mayoría absoluta, lleva año y medio agrediendo al conjunto de la sociedad, empobreciéndola y expoliando el erario público y una UE al servicio de las ideas más reaccionarias del neoliberalismo y en favor de los bancos, piensan que lo más oportuno es pisar el acelerador y aplicar su programa máximo. "Ahora o nunca”, se dicen. Y así proponen aplicar de inmediato su programa de expolio del sector más vulnerable de la sociedad. El año que viene. No esperar pues se pueden perder las elecciones y el que las gane puede no aplicar este plan de destrucción de gente.

Si el plan sale adelante en el Pacto de Toledo, la izquierda tendrá la ocasión de cambiar las cosas en las elecciones con bastante claridad. Con nueve millones de votos, los jubilados son una fuerza electoral temible. Lo único que tiene que hacer la izquierda para ganarlas es prometer que devolverá a los jubilados lo que ahora estos pseudointelectuales carentes de todo sentido moral les arrebaten.

Porque las pensiones no son una dádiva graciosa del Estado que cuatro tecnócratas puedan variar a su antojo. Las pensiones son un derecho de los trabajadores por el que han cotizado toda su vida. Si se les niega, se comete una arbitrariedad, una injusticia que los tribunales tendrán que combatir y, si no los tribunales, la gente en la calle. La situación es explosiva y este atropello de las pensiones, la yesca que encienda el fuego de la revuelta popular que ya está tardando.

(La imagen es una foto de ANSESGOB, bajo licencia Creative Commons).

Cómo nos roban.

El 4 de enero de este año, el Wall Street Journal (WSJ) publica un artículo titulado España recurre al fondo de reserva de las pensiones para comprar su propia deuda. Está en inglés. Quien quiera una versión española, puede acudir al blog de Armak de Odelot, con una entrada titulada España saquea el 90% del Fondo de Seguridad Social para comprar su propia deuda, que trae una versión del artículo del WSJ aunque, al estar traducida por Google, a veces no se entiende gran cosa. El asunto es bien sencillo: después de prometer que jamás tocaría las pensiones y después de tocarlas a la baja (aunque diciendo lo contrario) el gobierno ha esquilmado el fondo de reserva de la seguridad social, utilizándolo para los más diversoso menesteres. Queda menos del 10% de los 65.000 millones de la reserva. Es un atraco en toda regla y a la chita callando a los pensionistas, cuyo futuro se ensombrece aun más si cabe. Según el gobierno no hay ningún problema, los fondos están garantizados por la deuda española que cada día vale menos y está a punto de desplomarse. No la deuda, sino la capacidad de pagarla. Y entonces habrá quita y adiós el fondo de reserva de la Seguridad Social, eso que no es el Estado cuando al Estado le va bien pero sí lo es cuando le va mal. Un robo en toda regla a los pensionistas.

El otro atraco de miles de millones es el rescate de la banca con dinero público. Aquí el desfalco es en bastantes casos por partida doble porque muchos de quienes han de sufragar el rescate de la banca con sus impuestos son aquellos a quienes esa misma banca ha arruinado.

La enorme evasión de impuestos es otro latrocinio en forma de lucro cesante de la colectividad. Los impuestos evadidos al Estado, en miles de millones, son impuestos pagados por quienes no los evaden. Es decir miles de millones que están obligados a pagar porque los otros no cumplen. No solo no cumplen; el Estado los protege, los amnistía, no los persigue y se niega a dar publicidad a sus nombres.

Las privatizaciones son lo mismo: formas más o menos disimuladas de hurtar el dinero a la colectuvidad. No son tan solo muestras de la corruptela de la puerta giratoria entre la política y la empresa. No se limitan a casos especialmente escandalosos por lo inmoral, como el del fichaje de Rato por Telefónica, la empresa privatizada por él. Van mucho más allá. En las privatizaciones de la sanidad pública y la gestión privada de los hospitales en Madrid se está hipotecando la Comunidad por los próximos treinta años. Es una práctica perversa la de ahorrar dinero hoy para transferir su pago a los gobernantes y las generaciones posteriores. Y eso sin contar con que es falso que la gestión privada ahorre. Al contrario (a la vista está en Manises y en Collado Villalba) es mucho más gravosa para el erario público. Pagamos más por servicios peores. O sea, más robo. Privatizar es poner lo público al servicio de lo privado y en manos de unas empresas que actúan prácticamente como monopolios y monopsonios, con un único cliente, el Estado, del que viven, acogidas a esa intolerable práctrica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

Todas las medidas del gobierno hasta la fecha son de saqueo de los ciudadanos: las subidas de impuestos directos e indirectos, de las contribuciones, de las tasas, de las matrículas, la imposición de nuevas exacciones como el doble pago de los servicios, la disminución de las becas, todo ello es sacar directamente a la gente el dinero del bolsillo. Atraco.

Y a todo ello es preciso hacer frente con el salario congelado o mermado. Y eso, el que lo tiene.

(La imagen es una foto de Images_of_Money, bajo licencia Creative Commons).

Pensiones: incumplir la palabra y la ley.

Hasta la fecha la crisis provocada por la codicia de los especuladores financieros y los bancos vienen pagándola los inmigrantes, los trabajadores en general, los funcionarios en particular, los parados, los jóvenes, los dependientes y los jubilados; los sectores mayoritarios y más débiles de la sociedad. No la pagan los especuladores ni los directivos de las entidades que han arruinado. Lo hacen los más desfavorecidos. Algunos, por partida doble, con un repago, como los jubilados, quienes ven mermar de hecho sus ingresos por un lado y, por otro, se les aumenta el gasto con un repago más de medicamentos, por ejemplo. Son medidas que están haciendo la vida muy difícil, si no imposible (los suicidios a causa de los desahucios) a millones de personas. Es un ataque en toda regla al bienestar de la población.

Y fundamentado en una serie de mentiras, en un incumplimiento flagrante de los compromisos electorales. Las hemerotecas rebosan de testimonios escritos y orales de cómo Rajoy aseguró que no haría lo que después hizo. El más llamativo, por ser además el último incumplimiento, es el referente a las pensiones. En varias ocasiones dijo el hoy presidente que no las tocaría y que las revalorizaría; lo dijo en la campaña electoral por la televisión ante millones de españoles y lo repitió luego en su discurso de investidura ante los diputados.

Ha sido la mentira última, la que todo el mundo esperaba pero no por ello menos chocante y menos vergonzosa. Ya el hombre se había despojado de toda dignidad cuando reconoció que estaba dispuesto a hacer lo contrario de lo que había dicho si creía que las circunstancias se lo demandaban. Es aquello del "principio" NHA o "no hay alternativa". Lo prometí, pero la realidad no me deja cumplir mi promesa. Es la típica ignorancia del mendaz, quien no sabe o finge no saber que el valor del cumplimiento de la palabra dada reside en el hecho de honrarla en condiciones adversas. 

¿Y por qué aseguraba Rajoy con tanta contundencia que no haría lo que pensaba hacer, lo que seguramente tenía ya decidido hacer? Porque los pensionistas son más de ocho millones de votos. Muchos de ellos eligieron PP fiados en su palabra. Y los ha defraudado, los ha engañado. Su victoria electoral no vale nada pues se consiguió mintiendo a los electores y la victoria electoral es lo que le autoriza a tomar las drásticas, crueles medidas que está tomando.

Además de incumplir su palabra, Rajoy incumple la ley puesto que por ley estaba garantizado que las pensiones se revalorizaban automáticamente con el IPC de noviembre. Un incumplimiento que se hace también por ley. Rajoy sigue gobernando por decreto, en una clara deriva autoritaria y por Decreto-ley ha decidido incumplir la ley vigente. Sáez de Santamaría habla de suspensión de esta. Por supuesto, todo incumplimiento no sancionado supone una suspensión de la ley: todo el que quebranta la ley la suspende. Es un curioso y típico modo cumplir la ley, cosa que exige siempre la derecha de modo perentorio a los demás. "La ley", decía recientemente la alcaldesa Botella, "está para cumplirla". Ella misma, la derecha, la cumple siempre porque, cuando no le gusta, la cambia (como hizo con la ley de RTVE) o la suspende. Todo esto debiera estar en consideración de los tribunales pero no sucederá porque la llamada judicialización de la política es un rasgo de la derecha que no comparte la izquierda.
Es terrible lo que está pasando. El país, gobernado por unas gentes que todo lo cifran en estar en el poder, pero no saben lo que hacen. El hecho de entrar a saco por segunda vez en el fondo de reserva de las pensiones para pagar estas y escuchar a continuación a la vicepresidenta del gobierno afirmando que "las pensiones están garantizadas" pone lo pelos de punta. Especialmente cuando se entera uno de que, habiendo llegado al cupo de adelanto del fondo en 2012, han tenido que modificar otra ley para tener acceso al fondo de 2013. Es decir, van a "adelantar" las pensiones de diciembre con cargo a 2013 porque ya se han fundido todo lo que tenían para 2012 dedicándolo, además a los fines más variopintos con el típico argumento de broker de que esas reservas están para eso, para destinarlas en donde hagan más falta.
Son capaces de destruir el sistema entero de la seguridad social.