La lógica empresarial.

El jefe de los patronos, sucesor de Díaz Ferrán, actualmente en la cárcel, suspira por privatizar los servicios públicos de la sanidad y la educación porque, dice, si se gestionaran según la lógica empresarial se obtendría mucho mayor rendimiento. ¿Qué es la "lógica empresarial"? Pues básicamente el afán de lucro del empresario. Su beneficio. Decir que esa lógica va a aumentar el rendimiento no es decir nada porque es preciso especificar el rendimiento para quién. Si se trata del rendimiento para el empresario, el asunto es, en efecto, lógico. Pero si se trata del rendimiento para otros, por ejemplo, para la colectividad, es menos claro. Demostrar que la lógica del lucro privado (que, por cierto, no conoce límites) en la gestión de los recursos públicos redunda en beneficio de la colectividad es arduo, en realidad, imposible.

Pero si la lógica empresarial es la del beneficio, su medio es el dinero. Con dinero se financian think tanks, escuelas de negocios, facultades de empresariales, círculos de debate y se pagan millonadas a ilustres conferenciantes para demostrar lo indemostrable y crear un ambiente en donde expresiones como "lógica empresarial" tengan connotaciones positivas. Así se dice en esos centros de doctrina que la gestión empresarial de los servicios públicos es más racional, evita el despilfarro, es más eficiente y, en consecuencia, más productiva. Lo lógico es ver los servicios públicos como empresas y sus usuarios como clientes.

 

Lo malo es que los servicios públicos articulan derechos y sus usuarios son ciudadanos, esto es, titulares de esos derechos. Y el concepto de derecho no entra en ningún cálculo de eficiencia según la lógica empresarial. La administración tiene que garantizar el acceso universal a estos bienes porque son derechos y todo el posible beneficio si lo hubiera, que no tiene por qué haberlo, iría íntegro a la ampliación y mejora de la actividad, sin margen alguno para el beneficio personal. En la empresa privada puede traer cuenta pagar indemnizaciones por accidentes mortales antes que afrontar una inversión mucho mayor en corregir algún defecto peligroso. En la administración pública esto no puede hacerse pues el administrador tiene que respetar a toda costa los derechos de los administrados, el primero de los cuales es la vida, aunque respetarlos no sea eficiente en términos de ganancia.

 

Por lo demás, Rosell no parece pedir el cierre de los servicios públicos y su desaparición de los presupuestos generales del Estado, atendiendo a un principio absoluto de libre mercado. Lo que solicita es que los gestores de los recursos públicos no sean políticos ni funcionarios sino empresarios. Además, podría prescindirse de los funcionarios, estamento enojoso que no solamente vigila el respeto a los derechos de la ciudadanía sino que él mismo está cargado de derechos que impiden tratarlo como mano de obra barata y precaria. O ya directamente esclava, desprovista de derechos, como quiere la patronal habérselas con la fuerza de trabajo. Porque, después de todos los dineros, las FAES, las escuelas de negocios, los medios comprados, los periodistas a sueldo y todo el andamiaje ideológico del capital, el meollo de la lógica de este, su núcleo esencial sigue siendo la plusvalía, esto es, la explotación del trabajo ajeno.

 

La propuesta parecería un ideal del libre mercado pero es, en realidad, una muestra de la lógica empresarial al más puro estilo español. Es una propuesta de captura del Estado por los empresarios. La CEOE sería el partido único del régimen.  Los servicios públicos siguen a cargo de los presupuestos generales del Estado, pero los gestionan empresarios con su lógica de la eficiencia y la productividad, o sea, el rendimiento para sus bolsillos. El negocio es redondo y típico del capitalismo de amigotes. No hace falta arriesgar capital propio; se gestiona el público. Y se tienen clientes forzosos, pues todo el mundo necesita educación y sanidad. El negocio está asegurado. Y, si no lo estuviera, siempre se acaban socializando las pérdidas, como estamos hartos de ver, últimamente con las autopistas radiales de Madrid.

 

Es una lógica que bordea sistemáticamente lo delictivo, la que ha llevado al antecesor de Rosell en el cargo, Díaz Ferrán, a la cárcel de Soto del Real. Este Díaz Ferrán es el que en cierta ocasión formuló uno de los axiomas de la lógica empresarial: "trabajar más y ganar menos" a los efectos de que los empresarios puedan trabajar menos y ganar más y, de esta forma, se restablezca el equilibrio universal de la lógica empresarial. Si defraudar al erario aumenta el rendimiento personal, el lucro privado del gestor, ¿qué ordena hacer la lógica empresarial? A veces estas inferencias lo llevan a uno a la cárcel, pero es que ir a la cárcel forma parte también de la lógica empresarial.

De un lado, El País; de otro, los desahucios.

La dirección de El País publica su versión de los hechos en un editorial pro domo sua, como es natural, titulado A nuestros lectores. Está llena de consideraciones mercantiles y bursátiles que apuntan a gestiones empresariales de los responsables. Otra porción importante del escrito se la lleva diversas consideraciones acerca de la muy democrática organización interna del periódico. La tercera exculpación consiste en invocar la similarmente penosa situación de otros afamados medios y sus medidas de supervivencia no menos dolorosas que las de El País. El resto son suposiciones acerca de las razones, más o menos inconfesables, que tengan quienes critican y hasta atacan las decisiones de la empresa en este conflicto. Aparecen la demagogia, la envidia, la vanidad, la frustración y hasta el libertarismo, ignoro si el antiguo o el moderno.

La explicación es muy insatisfactoria por razones obvias. Nadie duda de que, para sobrevivir, las empresas deban tomar a veces decisiones que implican sacrificios. Pero esas decisiones deben explicarse y acordarse; no imponerse. Recordar a continuación la estructura democrática de la adopción de decisiones en El País es mentar la soga en casa del ahorcado porque, además de que esa democracia interna es precisamente la seña de identidad del diario desde siempre, la invocación es para justicar un acto autoritario, un trágala. Y un trágala expuesto de muy malos modos, llamando viejuna a parte de la redacción y calificándola de dispendio. La referencia a la crisis general de los medios impresos es sumamente oportuna. ¿En cuántos de esos medios cobra el jefe un millón de euros al mes?

El escrito dice que las retribuciones del personal directivo pueden consultarse en internet. No se entiende, entonces, por qué no las comunican a la asamblea de la redacción. Este es el punto en cuestión: no que deban o no tomarse medidas sino qué medidas se toman y cómo y qué ejemplo dan quienes las toman. El País vivirá; al menos de momento. Es su espíritu el que ha muerto. Será un El País zombie, según la idea del propio Cebrián. Todos zombies, es verdad; pero unos zombies son ricos y otros, pobres.

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Y de los desahucios, ¿qué? El suicidio de Amaia ha electrizado el país. Han sido necesarios 400.000 desalojos y un par de suicidios para que los políticos que votaron en contra de la dación en pago se hayan convertido en reformistas de urgencia a fin de poner coto a esta catástrofe. Pero han sido necesarios 400.000 casos y dos suicidios. El primero, al parecer, no fue suficiente. El segundo marca tendencia y, por fin, los legisladores se aprestan a la acción. Con mucho temor. Con muchísima prudencia. Ya ha dicho un banquero que cuidado con premiar el impago. Y otro colega suyo, más científico, ha recordado que, si se tolera el impago, se pone en peligro la recuperación económica. A alguien puede sonarle esto a amenaza, pero debe de ser una fantasía. ¿Cómo van a amenazar los bancos si el Estado los ha sacado de la ruina y del impago con el dinero de todos?  Pues así es.

No es preciso cavilar mucho para dar con una fórmula sencilla: renegociación en donde se pueda; en donde no, periodo de carencia de dos años, en tanto se recupera la economía. Leo que el sindicato mayoritario de la policía se declara en rebeldía ante los desahucios y que una caja anuncia un cese temporal de los desahucios. Son movimientos en la buena dfirección. Ahora tiene que seguir la ley.
Hoy se habla poco ya de la burbuja inmobiliaria, que suena algo antiguo. Sin embargo es claro que estos 400.000 desahucios y los dos suicidios son las consecuencias hasta ahora de esa burbuja. De forma que quienes la inflaron en un primer momento y quienes no la desinflaron en uno segundo ya saben de lo que son responsables.

Los abusos de MRW y la censura en FB

Según opinión muy extendida, de la que participa Palinuro, internet es un ámbito de libertad de expresión. Pero eso no quiere decir que no se den intentos de censurarla y reprimirla. Sería ingenuo pensar así. La libertad de expresión, el más excelso de los derechos del hombre, sólo se consigue luchando por ella contra los reiterados intentos de coartarla y suprimirla, de convertir a las personas en siervas atemorizadas y silenciosas.

En la entrada de ayer de Palinuro, titulada El timo de las empresas de mensajería se exponían las prácticas abusivas de estas empresas y se denunciaba una caso concreto que afectaba a MRW. Habiéndola subido a Facebook, LinkedIn y Twitter, Palinuro se encontró con que desaparecía misteriosamente de la primera red y que ya no era posible restablecerla en estado original porque estaba bloqueada mediante un artilugio técnico y sin razón alguna. Dado que dicha entrada no era delictiva, ni inmoral, ni pornográfica, ni atentaba contra derechos de terceros, ¿cómo se puede justificar su censura?

¿Cómo es posible que FB, una de las redes más libres, en la que a diario aparecen criticas muy duras contra todos los poderes terrenales y celestiales y que sirve de cauce y catalizador contra las más diversas tiranías del mundo, censure una entrada en la que se denuncian prácticas de unas empresas contrarias a los intereses de los usuarios? La única explicación es por una solidaridad corporativa mal entendida. En otros términos, alguien en MRW debió de presionar a los administradores de FB para que suprimieran una entrada que le desagradaba. Ahora bien, esto no solamente es un desdoro para el espíritu libre de que se enorgullece FB, sino también una muestra más de cómo, si no se lucha contra él, el capitalismo tiende a la maquinación, la censura y la represión de los derechos de aquellos en cuyo interés dice actuar, los usuarios, los clientes, los ciudadanos en definitiva, a los que se quiere de silenciar para que no protesten cuando se los maltrata.

En el citado post se sostenía que los organismos públicos de correos son muy superiores en todos los sentidos a estas empresas privadas de mensajería cuya finalidad es el lucro y no el servicio a los ciudadanos. (Incidentalmente, esto vale para todas las actividades que se han privatizado. Los servicios públicos son mejores, más baratos y eficientes que los privados). Dado que esto es obvio para cualquiera con un mínimo de objetividad, ¿cómo se explica que las empresas que hacen los envíos contraten a estas mensajerías privadas en detrimento del servicio postal oficial y, de paso, de los intereses de sus propios usuarios? En el caso que nos ocupa, ¿por qué Amazon contrata los envíos con MRW y no con correos, mucho más barato y seguro que el otro? Obviamente por la razón que ya señalaba Adam Smith en su Riqueza de las naciones, vol. 1º, capítulo 10: "Rara vez se reúnen los empresarios del mismo negocio, aunque sea para entretenerse y divertirse, sin que el resultado sea una conspiración contra el público o una manipulación para subir los precios" (pág. 117 de la edición de Everyman's de 1910, reimpresa en 1970). Favorcillos que se hacen entre empresarios a costa del público.

Hay censura por razones morales, políticas y económicas. Al suprimir una denuncia de una práctica abusiva, FB, al fin y al cabo una empresa, se alinea con el abusador en contra del abusado. Ignoro si en FB hay un comité de ética empresarial que evalúe las razones por las que se censura la libertad de expresión. Si no lo hay, debe crearse. Y, si lo hay, debe justificar porqué se censuró la entrada de Palinuro.

(La imagen es una foto de Durova, en el dominio público.)

El timo de las empresas de mensajería.

Cuando se privatizaron algunos servicios de correos, en concreto los más lucrativos, esto es, la mensajería y la paquetería, la propaganda de las empresas privadas que querían quedarse con el negocio ya había acuñado una imagen destructiva, demoledora, del servicio postal: caro, lento, ineficiente, descuidado, las cartas se perdían, los paquetes se devolvían, etc., etc. Todo era mentira, como las demás "críticas" que se han estado haciendo a otros servicios públicos que el capital privado codicia. Porque en algo es realmente maestro este capital: en el arte de la publicidad engañosa y la propaganda. Frente a él, Correos no tenía nada que hacer porque, siendo público, no hacía publicidad de sí mismo.

Sin embargo, el servicio de correos, aquí y en todas partes en el mundo civilizado es mil veces mejor y más eficiente, que esos chiringuitos de mensajería que han proliferado como las setas en las ciudades. En las ciudades, claro es, no en los campos en los que el servicio ruinoso de llevar una carta al año al abuelo que vive en un pueblo perdido de la sierra recae sobre Correos. Y aun así, éste, el servicio postal, además de esta función encomiable, es más eficiente que las empresas privadas por no otra razón que éstas no están para prestar un servicio sino para lucrar a sus propietarios, darles cuantiosos beneficios. Y ¿de dónde saldrán estos sino de hacer que los clientes paguen el servicio de mil maneras además de la dineraria?

Veamos un ejemplo de cómo funciona una cualquiera de estas empresas: estás esperando un paquete importante; la empresa, sin consultarte, te lo lleva a domicilio cuando le peta. ¿Que estás? Tienes tu paquete. ¿Que no estás? Te has metido en un lío. Algunas de estas empresas te dejan un aviso escrito y te piden que vayas a recoger el paquete en persona a su sede, sita en las Chimbambas, con lo cual, ya me dirás qué has ganado con relación a correos, cuya estafeta suele estar a una distancia próxima de tu casa.

En la ausencia, otras empresas te dicen que llames a un número de teléfono en el que te espera un buen rato de audición de cualquier detestable musicanga repetida sin parar así como la gangosería habitual de "nuestros agentes están todos ocupados; por favor, espere" (y pague). Cuando alguno de esos ocupados se desocupa, te dice que pasaron a dejarte el paquete, que no estabas y que van a volver, si te viene bien, mañana por la mañana. Pides que sea por la tarde; por la tarde no trabajan. Fuerza es por la mañana. ¿A qué hora? No te lo pueden decir porque depende de sus trayectos; "a lo largo de la mañana". Lo cual significa que te quedas de guardia en casa, dejas de ir al trabajo y todo con el riesgo de que tampoco vengan. Es decir, tienes que regalarles tu tiempo porque sí, porque les da la gana y quieren hacer negocio a costa tuya.

Finalmente, otros te llaman ellos mismos y se produce un diálogo similar al anterior. Como gracia generosa te dirán que el repartidor te llamará una hora antes. Por supuesto, desde un "número privado", para que no puedas saber quién es ni puedas devolver la llamada ni llamar al repartidor por tu cuenta con algún cambio de planes. Lo tuyo es esperarte en casa hasta que a estos mendas se les canten las narices ir a entregarte un paquete que es tuyo, que has pagado o te has comprometido a pagar y que llevas días esperando.

¿A que le ha pasado a todo el mundo? Mi último caso son unos envíos urgentes pedidos el día 1º de enero, entregados por el proveedor, Amazon, el dos de enero a la empresa MRW, supuestamente especializada en esas urgencias, con una previsión de tres a cinco días de plazo y que, a día 10 de enero aún no me han sido entregados, ni lo serán porque tienen que hacer un trayecto de Madrid a... Madrid, nada menos. Sí me han estado volviendo loco en cambio con llamadas contradictorias y promesas falsas.

Mi anhelo más ferviente es que Amazon vuelva a confiar en Correos entre otras cosas porque, de seguir haciéndolo en la gente de MRW, no volveré a comprar uno solo de sus productos y contaré a todo el mundo, como lo hago ahora, el trato sufrido por unas empresas que presumen de lo que no son ni tienen.

(La imagen es una foto de robin.elaine, bajo licencia de Creative Commons).

Empredadores.

Entre los grandes empresarios españoles y los europeos hay un punto de identidad: todos quieren maximizar sus beneficios. Lo demás, son diferencias. Los españoles tratan de maximizarlos a costa de lo que sea, sin escrúpulos, despojando de sus derechos a los trabajadores si se puede; los europeos no tanto o mucho menos.

Los empresarios europeos empiezan a trabajar y arriesgar con márgenes de beneficios entre el tres y el cinco por ciento; los españoles no se mueven por menos del quince al veinte por ciento. Y garantizados: los europeos arriesgan; los españoles, no. Los europeos invierten en investigación, innovación y desarrollo (i + i + d); los españoles, no. Basta con echar una ojeada a los registros de patentes; en dónde se trabaja bajo licencia y en dónde no.

Los empresarios europeos hacen honor a su nombre y emprenden; los españoles, no. Van a lo seguro (o lo que creen seguro, que tampoco son unas águilas), como el ladrillo; pero no abren líneas nuevas de producción. Un ejemplo: España es el único país europeo importante que carece de coche propio de fabricación nacional. Todo lo que se produce es bajo licencia ajena; hasta el Seat. Y si hay alguna innovación suele ser promovida y amparada con dineros públicos.

Los empresarios españoles parasitan cuanto pueden el Estado del que maldicen, y hacen negocios con el BOE a la vista, refugiados en las subvenciones, los incentivos, las exenciones fiscales, las mamandurrias; los extranjeros, no o mucho menos. Los españoles tienen un poderoso grupo de presión en forma de confederación (CEOE) que disfruta de cuantiosas subvenciones públicas legales y, si pueden, ilegales, pero descalifican a los sindicatos por subvencionados y a los sindicalistas por parásitos. Los extranjeros, no; estos buscan siempre la conciliación con el mundo del trabajo; los españoles buscan la confrontación y la imposición.

Los empresarios españoles ocultan capitales ingentes en paraísos fiscales. El último ejemplo, presunto, por supuesto, el del empresario Iñaki Urdangarín. Los empresarios europeos, que también lo hacen, lo hacen mucho menos y los pillan mucho más. Los empresarios españoles evaden cifras astronómicas de impuestos, miles de millones de euros, según diferentes cálculos, lo cual da lugar a esa indignante situación de que la cantidad media de impuestos que pagan los trabajadores sea superior a la de los empresarios (y profesiones liberales), que es sangrante; los empresarios europeos tienen una mucho mayor conciencia fiscal.

Los empresarios españoles pretenden explotar a los trabajadores, pagarles salaríos ínfimos, despedirlos libremente, negarles seguridades contractuales, sujetarlos a la incertidumbre y mantenerlos indefensos frente a las arbitrariedades de la jefatura. Los empresarios extranjeros, que también tienen esta tendencia, se moderan mucho más. Incluso cuando los españoles piden imitar a los extranjeros lo hacen en detrimento de sus propios trabajadores. La petición de vincular los aumentos salariales a la productividad, como en Alemania, pasa por alto que la productividad es un factor que depende sobre todo de la acertada práctica empresarial; que en Alemania es alta y en España, baja.

En resumen, los empresarios españoles no merecen ese nombre, ni el de emprendedores, sino algún otro, todavía pendiente de formular como se hará cuando quede clara la peculiar peripecia del anterior presidente de la patronal, Díaz Ferrán, experto en concursos de acreedores. No existe un criterio objetivo respecto a qué sea la buena actividad empresarial (la que crea riqueza), a pesar de que hay facultades universitarias dedicadas al estudio de la ciencia empresarial. Tampoco existe, que yo sepa, una escala de categoría y calidad de los empresarios europeos, aunque hoy día se mida el rendimiento de prácticamente todo. No obstante, no es exagerado aventurar que, si existiera, los empresarios españoles ocuparían lugares modestos. Ni siquiera descuellan como financiadores de empresas benéficas o culturales, como podrían hacerlo ya que invierten poco o nada en la modernización de sus negocios. No, no se merecen el nombre de empresarios, al menos en el registro de los ciudadanos a los que la colectividad deba estar agradecida.

A pesar de ello, están todo el día predicando, diciendo a la gente lo que tiene que hacer que es básicamente someterse a sus dictados de explotación. Y lo hacen con pretensiones dogmáticas, haciendo pasar por conclusiones razonables un mazo de topicazos y prejuicios que tratan de favorecer sus intereses y lesionar los de la colectividad. El último ejemplo, el de los irritantes propósitos del jefe Juan Rosell sobre los funcionarios. No es preciso detenerse a demostrar que sus presupuestos y conclusiones son falsos, pues ya lo han hecho voces más autorizadas que la de Palinuro, como la de Juan Torres López, catedrático de Economía aplicada, en un post en su blog Ganas de escribir, titulado En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren.

Como esto no se oculta a los empresarios, conviene indagar los designios por los que hacen tan desconsideradas reclamaciones y que son: a) acabar con los restos del Estado del bienestar, privándolo de personal que lo gestione y aprovechándose de los caudales que así se ahorrarán; b) suprimir el viejo principio de la intervención reguladora y redistributiva de los poderes públicos, vinculado a la idea hegeliana del Estado como incorporación de la eticidad. Nada de eticidad; en la sociedad, que rija la ley del más fuerte; c) eliminar funcionarios y no sólo los de la caricatura de los manguitos sino tambièn en otros órdenes vinculados a la vigilancia de la legalidad en la actividad mercantil, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, jueces, fiscales, sobre todo los anticorrupción, etc. A cambio, deben ampliarse los funcionarios de prisiones y los cuerpos de seguridad, para contener a la chusma; d) incrementar el paro -que es el medio ideal de chantaje, casi terrorista de los empresarios sobre los trabajadores- porque permite forzar el descenso generalizado de los salarios y el aumento de las jornadas, hasta llegar a esa situación ideal de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar todo el día por nada; e) suprimir la base de seguridad en el empleo de un colectivo que tradicionalmente la ha tenido a cambio de sus bajos salarios y someterlo a la situación de precariedad e inseguridad en que tiene a los trabajadores del sector privado cuando debiera ser al revés, esto es, consolidar y asegurar la posición de estos; f) amedrentar a los trabajadores públicos sometiéndolos a la arbitrariedad de los políticos de turno y restablecer la institución de los cesantes, que tanto propicia el caquisimo y la corrupción, práctica inveterada del empresariado español, como puede verse en el caso de la Gürtel.

En una sociedad ilustrada, avanzada, integrada y moderna, el capital es una relación social (Marx) y la propiedad cumple una función de interés general (Papa León XIII), es decir, la actividad empresarial se hace un contexto de responsabilidad social en el que el conjunto de la colectividad tiene derecho a pedir cuentas a los empresarios del uso que hacen de sus favorables condiciones; porque la propiedad no es absoluta, sino que está sujeta al interés social. Y en el entendimiento, además, de que serán tratados como ellos tratan a los demás y medidos con la misma vara.

Se entiende porqué Palinuro propugna que, así como los empresarios se arrogan el derecho a juzgar sobre la calidad del trabajo y el rendimiento de los funcionarios y los trabajadores en general, la sociedad haga lo mismo con el trabajo de los empresarios. Que si los funcionarios y trabajadores son despedidos, los empresarios incumplidores sean expropiados. Y, cuando delincan, cosa nada infrecuente, que vayan a la cárcel y el Gobierno no los indulte. Es un principio de justicia.

(La imagen es una foto de Izquierda Unida, bajo licencia de Creative Commons.

La Gürtel se come la monarquía.

La ya legendaria trama Gürtel, cuyas ramificaciones son más frondosas cada día que pasa, parece haber sido la más potente forma de delincuencia organizada en los últimos años, con participación de empresarios sin escrúpulos, funcionarios y cargos electos del PP presuntamente corruptos. Una especie de mafia dedicada a esquilmar los dineros públicos cada vez que se movían. La reaparición de Francisco Camps, el de los trajes impagos, quien supuestamente se valió de Urdangarín como pantalla para trajinarse los euros a millones, reorienta las andanzas del duque de Palma hacia la ciénaga gürteliana en la que éste corre peligro de quedar sepultado.

Los últimos acontecimientos, el retorno a la condición de procesado imputado de Carlos Fabra (cuyos supuestos delitos no han prescrito), la inmediata comparecencia de Camps en la causa por cohecho impropio y las nuevas revelaciones sobre los posibles chanchullos de la Generalitat valenciana bajo su mandato, hacen inexcusable que el PP afronte sus responsabilidades con ese nuevo código de buenas prácticas que, no bien se publicó, cayó en desuso. No es aceptable que ningún político procesado en causa penal ostente cargo público alguno. Fabra, Camps y todos los que, en su situación, tengan responsabilidades oficiales deben abandonarlas ipso facto. De no ser así, el PP acabará siendo corresponsable de sus posibles fechorías a ojos de la opinión pública.

Pero el daño mayor de la presunta implicación de Urdangarín en este fenomenal contubernio de corrupción, expolio, despilfarro y malversación lo sufre y lo sufrirá la monarquía española. He leído a algunos expertos afirmar que la Corona no tiene que temer daño alguno, que no hay implicación de hecho en nada delictivo, que el asunto afecta personalmente a Urdangarín y otras interpertaciones de exoneración que carecen de valor porque no hacen al caso. Si hay o no implicaciones directas de la Casa Real (por ejemplo, la infanta Cristina) en las presuntas ilegalidades del yerno del Rey es cosa que los tribunales determinarán en su día pero, para entonces, el daño estará ya hecho.

La Corona carece de poder real; su importancia, fundamental por lo demás, es meramente simbólica. Y lo simbólico se mueve por reglas distintas a las procesales. El Rey ennobleció a Urdangarín haciéndolo duque y el duque, según parece, aprovechó su ducado y el nombre del Rey para enriquecerse por medios fraudulentos a toda velocidad pero no tanta que al jefe de la Casa Real no le diera tiempo a indagar por el origen de los ingresos de su yerno que le permitieron comprar un buen puñado de inmuebles, incluido un palacete en Barcelona en dos o tres años.

Los partidarios de la monarquía, de la dinastía, del Rey, afirman que nada de lo sucedido afecta a la institución, pero no es eso lo que piensan los ciudadanos cuya valoración de la Corona es cada día más baja y hasta hoy se sitúa por debajo del suspenso. No quiero ni imaginar en dónde estará cuando se les vuelva a preguntar. Es comprensible que esos monárquicos, de izquierda o de derecha, socialistas o populares, traten de evitar al país el inevitable trastorno que se seguiría del fin de la monarquía.

Comprensible pero no justificable. Esa monarquía fue instaurada por Franco y es lógico pensar que hereda la falta de legitimidad y de ética cívica que caracterizó a aquella dictadura. Es un baldón de origen que se refuerza con el comportamiento de sus allegados. La República nunca ha tenido ocasión de demostrar su superior legitimidad. Y es hora de que la tenga.

Ya están negociando con las indulgencias.

Martínez Camino, ese clérigo atildado, relamido y petimetre de sonrosadas mejillas y lustroso semblante, dice que quienes nos manifestaremos en contra de esta visita del Papa somos grupúsculos minoritarios que lo que hacen es parasitar. Eso de "grupúsculos" me suena mucho. Es el lenguaje del poder que he escuchado muchas veces probablemente porque he pasado media vida en grupúsculos, alguno tan exiguo que sólo constaba de mi modesta persona. De "grupúsculos" tildaban los franquistas a los estudiantes de izquierda; de "grupúsculos" Carrillo a quienes se oponían a su política en el Partido Comunista de España. El término revela la altanería y prepotencia de quien se arroga la representación de una gran masa y el derecho a hablar en su nombre. Pretende ridiculizar a los que designa simplemente por la escasez de su número, como si la razón, la moral, el valor de las actitudes dependieran de la cantidad de gente que las suscriben. En esto, como en todo lo demás, los curas practican lo contrario de lo que predican. Porque ¿sabe Martínez Camino cuál fue uno de los primeros grupúsculos de la historia? El de los doce apóstoles en el conjunto de Imperio romano. Un grupúsculo que permitió siglos después que pueda existir un Martínez Camino, lo que no es un éxito.

Además, un grupúsculo de parásitos. Y eso lo dice un cura. Parásitos son los animales que viven de otro, como la iglesia española del Estado, por ejemplo. Pero el elegante prelado, que pasaría por un clérigo libertino del XVIII de no ser porque no dice más que insultos y tonterías, en realidad se refiere a que los laicos pretendemos sacar partido o tajada de la visita del Papa. "Parasitar" significa aquí el deseo de adquirir notoriedad y visibilidad públicas aprovechándonos de la luz que irradia el sumo pontífice. Está hablando de un parasitismo mediático que es, en el fondo, lo que le preocupa, que la visita del Papa quede oscurecida por el ejercicio de la libertad de manifestación y expresión que los laicos hemos conquistado en contra de todos los Martínez Caminos. Con la dictadura lo tenían más fácil. No había laicos y si los que había pretendían manifestarse, se los encerraba en la cárcel, en un acto de caridad para defenderlos de sí mismos.

Lo mediático es aquí determinante porque esta visita está concebida desde el principio como un espectáculo y un negocio, al servicio de los cuales estas gentes, oficialmente dedicadas a Dios pero entregadas al becerro de oro, ponen sus creencias y dogmas. Comos buenos mercaderes, entienden que todo se compra y se vende. Parece mentira, pero ya están otra vez comerciando con las indulgencias, como en los tiempos de Martín Lutero. Así, el Papa perdonará los pecados a todos los que vengan a verlo y cumplan ciertos requisitos de confesar y comulgar, es decir, de usar los servicios de la iglesia y de rezar por Benedicto XVI. Se supone que, cuanto mayores sean los pecados que se perdonen, más inflamados serán los rezos. Rezos no por la paz en el mundo o por el hambre y la miseria sino por la salud corporal y espiritual del que les ha perdonado los pecados. En fin, no sabe uno ya qué decir.

Igual que monseñor Rouco Varela permite levantar la excomunion de quienes hayan abortado, siempre que profesen arrepentimiento. De aquí sale por lo menos un reality show. A estos eficaces gestores de la empresa eclesiática no se les ocurre pensar que excomulgar a una mujer por abortar es un acto de violencia, un pecado contra el evangelio y una afrenta a su dios. Mucho menos lo que sin embargo es evidente, que tendrían que ser las que han abortado quienes los perdonasen a ellos, cosa difícil porque son muy soberbios.

Y mentirosos. Gran parte de la crítica a la visita toma pie en el lujo y el boato de que viene rodeada en época de escasez; en los millones de euros que se van a gastar a costa de los contribuyentes. Pues bien, la jerarquía asegura que la visita no costará un euro a las arcas del Estado y que quienes hablan del coste para los contribuyentes son demagogos o ignorantes o paletos, otro insulto muy típico de señoritos. La financiación no es pública, dicen, porque el grueso proviene de donaciones de empresas y comercios. Pero no dicen que esas donaciones están acogidas a una generosa desgravación fiscal que permite trasladar prácticamente la totalidad del gasto al Estado, es decir, a los contribuyentes en forma de un dinero que Hacienda no recauda. De no ser así, de no salir prácticamente gratis las donaciones, seguro que los comercios exigían contraprestaciones materiales, por ejemplo, que la casulla del Papa mostrara el logo de Nokia o Addidas o el Corte Inglés.

Como financiación pública es el uso masivo y sin pagar de medios y personal público, desde los conserjes de los colegios en que se hospedarán los peregrinos hasta las rebajas en los transportes públicos, justo en el momento en que suben para todos los demás. Prácticamente la totalidad del coste de la visita del Papa recae sobre los contribuyentes siendo, además, una visita privada. Quien diga que esto no es así obviamente falta a la verdad. O sea, miente, cosa nada extraña en esta partida de desalmados que basa su negocio en la mentira y el engaño.

La fe, las creencias de la gente, el respeto a los demás, la convivencia ciudadana; todo eso les importa un rábano. Lo único que les importa es el negocio. El becerro de oro.

(La imagen es una foto de Iglesia en Valladolid, bajo licencia de Creative Commons).

La estafa del ladrillo.

Leo en Público y no salgo de mi asombro que la Junta de Andalucía plantea convertir en VPO los pisos sin vender. Es decir, como los empresarios del ladrillo no dan salida a las 600.000 viviendas que han construido a precios abusivos, en lugar de bajar estos, pretenden colocárselas a los poderes públicos como viviendas de protección oficial (VPO), con lo que se aseguran sus beneficios especulativos a costa de todos los contribuyentes (compren o no vivienda) y después esas viviendas salen a venta al precio reducido al que tendrían que haber estado desde el principio. No me digan que no es una jugada astuta de los empresarios... y una estafa indignante para todos los demás que no puede consentirse en modo alguno.

Un poco de historia: las inmobiliarias llevan diez años forrándose con márgenes de beneficio entre el 40 y el 50%, haciendo verdaderos fortunones a base de construir pisos de pacotilla con paredes de pladur, valiéndose de mano de obra en muchos casos ilegal y archiexplotada, pisos que luego venden a precios increíbles como si fueran casas de verdad. Un porcentaje elevado de la población ha tenido que entramparse en hipotecas a 40 o 50 años para poder comprar estas porquerías de chicha y nabo que construyen los del ladrillo, y la juventud no tiene posibilidades de emanciparse porque la vivienda está fuera de su alcance. Fue necesario obligar por ley a los empresarios a construir VPOs porque no querían hacerlo, ya que no les garantizaban los escandalosos beneficios que obtenían con la vivienda en el mercado "libre". Y ahora que vienen las vacas flacas, cuando la demanda se contrae y nadie puede ya pagar los 3.000 a 4.000 euros el metro cuadrado, que es un robo, quieren acabar con el mercado "libre" y que todo sean VPOs para seguir forrándose colocando el "stock" no vendido a la ciudadanía a sus precios artificialmente altos.

Y la Junta de Andalucía y el señor Chaves están considerando aceptar el chantaje. Es un chantaje porque los empresarios del sector amenazan a las autoridades con el aumento del paro que se seguirá de la crisis inmobiliaria. O la Junta de Andalucía y el señor Chaves a la cabeza se han hecho del PP (porque esto es lo que hace el PP en Madrid: privatizar los beneficios y socializar las pérdidas) o no se enteran de por dónde viene el viento. En cualquier caso corresponde que la ciudadanía se subleve contra semejante expolio. Los contribuyentes no tenemos por qué pagar las aventuras especulativas y usurarias del capital; no tenemos por qué pagar el supuesto desfalco de Afinsa ni tenemos por qué someternos al chantaje del ladrillo. Si los empresarios quieren vender el stock acumulado que bajen los precios que están inflados entre un 20 y un 40 por cien, como todo el mundo sabe aquí y en el extranjero.

Frente a este desatino estuvo muy bien ayer el señor Solbes diciendo que el Estado no tiene por qué acudir en auxilio de un sector que lleva años hinchando una burbuja a costa de centenares de miles de familias, de jóvenes, de ciudadanos de bajo poder adquisitivo que no pueden procurarse no ya una vivienda "digna"; ni siquiera una "indigna". Es el propio sector el que tiene que salir del bache con un ajuste. Y el ajuste no es otra cosa que bajar los precios, reducir sus exorbitantes ganancias y se verá cómo la economía se reanima y el paro se reabsorbe. Ahora sólo toca recordar al señor Chaves que si quiere compensar a los empresarios de la construcción por el lucro cesante que lo haga con dinero de su bolsillo y no con el de todos los españoles. Y que ese lo dedique a ayudar a las familias entrampadas hasta las cejas por hipotecas agobiantes.

Valiente socialismo el de estos señoritos...

(La imagen es una foto de La Niña Graphics, bajo licencia de Creative Commons).

Socaliñas.

Mi amigo Julio me envía un correo con el aviso que se lee más abajo y que me ha parecido tan importante que merecía la pena sacarlo aquí en beneficio de nuestros estrujados bolsillos. Gracias, Julio.

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