La realidad paralela

El viejo adagio latino de verba volant, scripta manent no se cumple en el caso del gobierno del PP en el que los escritos también vuelan, desaparecen, se hacen invisibles. El ministro no encuentra los informes paralelos de la policía sobre el 11-M, el caso Faisán y el asesinato de Marta del Castillo. Ya es misterio. Con el caso Faisán, los medios de la derecha tuvieron agobiado al gobierno de Zapatero y su ministro Rubalcaba; con el 11M tuvieron agobiado al país entero dando pábulo a las hipótesis más delirantes; no sé qué perseguirían con el de Marta del Castillo pero alguna otra maniobra sucia.

Porque desde que llegó la pareja de lunáticos, Fernández y Cosidó, al mando de Interior, los asuntos de esta competencia dieron un giro siniestro, autoritario, represivo. Su culminación jurídica llegaría con la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley mordaza porque constituye un ataque en toda regla a los derechos y libertades de los ciudadanos, singularmente la libertad de expresión y las de reunión, circulación y manifestación. Una ley que pretende convertir a los ciudadanos en vasallos silenciosos. Pero ya desde el comienzo, el dúo arrancó a velocidad de crucero, creando una "brigada paralela" que Zoido acaba de disolver y era una especie de brigada político-social al servicio del gobierno.

La afición del ministro del Interior por valerse de todos los medios imaginables para hostigar y perseguir a los políticos de otras tendencias solo es comparable, al parecer, a su pasión por condecorar vírgenes o mandar a la Guardia Civil de peregrinación a Lourdes.

Hay pendiente de apertura en el Congreso una comisión de investigación sobre la gestión de Fernández Díaz. No es posible que no haya responsabilidades por la froma de resolver el problema de El Tarajal; tampoco por los informes falsos filtrados a la prensa para desprestigiar al entonces alcalde de Barcelona, Trías; tampoco por la grabación de las conversaciones del ministro con un subordinado en las que complotaban para imputar falsedades a los adversarios y destrozar su sistema sanitario; tampoco por el culebrón de la grabación de La Camarga que destapó el caso Pujol.

Rajoy habla siempre de la obligación de cumplir la ley. Esto tiene su miga, aunque no hace ahora al caso. Lo que, sin embargo, no menciona es que las fuerzas de hacer cumplir la ley están dirigidas por un personaje por debajo de toda sospecha. Por ejemplo, la de que ha estado utilizando las fuerzas de seguridad del Estado en beneficio de su partido.

Desamordazando

La infausta X Legislatura con mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2015 consagró una involución democrática en el país de tales dimensiones que muchos empezaron a hablar de la "ruptura de los consensos básicos de la transición". Arrullados por los años de bonanza y la legislación esclarecida y generosa del primer gobierno de Zapatero y su problemática continuación en el segundo, los españoles se despertaron de repente ante un intento de retrotraerlos al franquismo. El mandato de Rajoy, con sus 186 diputados le permitió ignorar de hecho al Parlamento y gobernar por decreto ley con un autoritarismo que no solo se evidenciaba en las formas sinbo también en los contenidos. Los cuatro años en cuestión abundaron en normas arbitrarias, reaccionarias y nacionalcatólicas, pero cuatro de ellas tenían una importancia especial porque respondían al sentimiento más profundo de la derecha tradicional española, hoy maridada con una corriente neoliberal de procedencia anglosajona. Los cuatro puntos eran: la reforma laboral (que permitiera aumentar la tasa de explotación de los trabajadores activos o en el paro); la reforma educativa (que aumentara los privilegios de la enseñanza concertada y diera a la Iglesia de nuevo el poder en el sistema educativo); la reforma del aborto (que devolviera a las mujeres a la situación de subalternidad en la sociedad patriarcal); y el orden público (que estableciera un régimen de "seguridad ciudadana" represivo). Se añade a esto la actitud de hostilidad cerrada hacia Cataluña y el carácter estructural y generalizado de la corrupción y ya tenemos un régimen que cabe calificar tranquilamente de neofranquista. El que el PSOE ha permitido seguir en el poder merced a su abstención.

Pero hasta el granito escurialense que compone la mentalidad de la derecha española acusa el paso del tiempo. No fue necesario que el PP perdiera su mayoría absoluta en 2015 y 2016 para que alguno de sus ataques a las libertades y derechos de los ciudadanos se estrellaran contra la realidad. Tal el proyecto de Ley que el ex-ministro de Justicia, Ruiz Gallardón perpetró en contra de los derechos de la mujeres so pretexto de "emanciparlas" prácticamente prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Era tan retrógado, tan misógino, tan clerical el proyecto que hasta los compañeros de Gallardón se lo boicotearon y lo echaron para atrás. Así, de paso, nos quitamos de encima a quien, por otro lado, estaba dispuesto a poner la administración de justicia fuera del alcance de los justiciables que no fueran millonarios.

La situación actual del gobierno en minoría parlamentaria ya ha tocado los otros puntales del régimen involucionista de 2011: la reforma laboral, la educación y la seguridad ciudadana. Sobre la reforma laboral tenemos dos opiniones de dos empresarios radicalmente opuestas. Una, un catalán del gremio de hostelería que pide que se derogue y otra del dueño de las pipas "Facundo" que pide que se quede como está. El tal Facundo, según parece, está o ha estado en deuda con la Hacienda Pública. Juzguen ustedes quién tiene más autoridad moral al pronunciarse.

Las barbaridades de la LOMCE están siendo ya atendidas en una comisión tripartita del PP, el PSOE y C's. Las reválidas han quedado sin efecto. En realidad, toda la LOMCE ha quedado en el basurero de la historia y la legislatura apenas ha empezado. El gobierno ha hecho algún amago de defenderla, pero sin auténtica convicción.

Ahora le toca el turno a la desgraciada Ley Mordaza que probablemente sea la más simbólica de esta derecha neofranquista. La cúpula del ministerio del Interior, que la alumbró, especialmente el ministro Fernández Díaz, no solamente no era competente para el cargo sino que su conducta, su incapacidad para distinguir entre sus deberes públicos y sus alucinaciones privadas, lo hacía más idóneo para pasar una consulta psiquiátrica. Es una norma que muestra un espíritu cerrado, autoritario, arbitrario, reacio a la misma idea de derechos y libertades públicas y un desprecio por la dignidad del ciudadano. Otorga todo tipo de facultades discrecionales a los policías y despoja de sus derechos y libertades a lo ciudadanos, a los que apenas deja margen de recurso y a los que multa por comportamientos prohibidos con cantidades inverosímiles. Ese espíritu es el que compartían por aquellos años el ministro en cuestión y la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad. La gestión de esta en orden público estaba a tono con lo dispuesto luego en la ley: la policía podía hostigar a los ciudadanos pacíficos en la calle, se reprimía a voleo, poniendo multas a los viandantes a ojo de los agentes a los que no se podía ni fotografiar.

En fin esa norma abusiva, dictatorial (y eso que ha sido muy dulcificada al pasar por el Parlamento) es la que se pretende ahora derogar con el muy encomiable fin de devolver a las personas que vamos por la calle la condición de ciudadanos titulares de derechos, entre ellos, el de no ser hostigados a capricho por los agentes de la autoridad. Hay quien dice que no se puede derogar por completo porque se generarían vacíos legales. No tiene por qué. Si se deroga la Ley Mordaza puede volver a entrar en vigor la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que esta mordaza había sustituido. En todo caso, tampoco es imprescindible derogar. Bastará con que la comisión la reforme a fondo y elimine de ella todos los ataques a la seguridad jurídica de los ciudadanos, todas las posibles arbitrariedades de la policía y los poderes públicos y todo ataque a los derechos y libertades públicas de los ciudadanos.

Los otros dos asuntos fuera de programa, la cuestión catalana por un lado y la de la corrupción por otro, siguen su curso y no está claro que el Parlamento español vaya a hacer algo al respecto. La cuestión catalana depende casi exclusivamente de la iniciativa política del independentismo. La de la corrupción, de la acción judicial. En los dos casos, el gobierno tiene poco que hacer.

Las tornas han cambiado mucho entre la X y la XII legislaturas. Lo que esta augura es una derrota tras otra del gobierno en todos los asuntos excepto, probablemente, en la cuestión catalana en la que la oposición presumiblemente votará con el ejecutivo. Y no está claro que con su estilo soberbio y arrogante, Rajoy sea capaz de aguantar mucho la labor de deconstrucción de un parlamento con mayoría absoluta de la oposición. Acabará convencido de que, si no convoca elecciones, no podrá gobernar.

Pero la convocatoria de elecciones es arma de dos filos. La presunción de que, de convocarse, favorecerían al PP no se basa en nada y, en consecuencia, se tratará de estirar algo el tiempo, hasta tener más seguridad. Ese interés dilatorio es el que comparte el gobierno del PP con la junta golpista del PSOE que, saltándose una vez más su deber a la torera, ha aplazado la reunión del Comité Federal prevista para diciembre a enero de 2017. Es difícil hacer oposición a un gobierno con el que se tienen tantos intereses comunes.

Pero el mayor de todo y el que permite suponer que, aunque el cuerpo le pida otra cosa, Rajoy no convocará elecciones, vuelve a ser Cataluña. El nacionalismo español no puede permitirse el lujo de andar sin gobierno en 2017, mientras la hoja de ruta del independentismo va avanzando.

La regeneración consiste en reprimir.

Lo decía ayer un maravillado Palinuro: Rajoy había comparecido en público para afirmar muy enfadado que lo que está pasando es vomitivo, de vergüenza. O sea que él mismo es vomitivo y de vergüenza porque no está pasando nada de lo que él más que nadie no sea responsable. La corrupción, en definitiva, por mencionar el término que hoy está en boca de todos y en la (sucia) conciencia de muchos. Entre ellos, él, que consagró como tesorero al vomitivo Bárcenas, que tuvo en su gobierno durante años a la vergüenza de Mato, que hizo nombrar presidente de Cajamadrid al supervomitivo Rato. Él, que estuvo veinte años cobrando sobresueldos, al parecer, mientras recomendaba austeridad a los demás y gimoteaba falsamente que no llegaba a fin de mes.

Ya ni siquiera disimula. Ha olvidado sus frecuentes proclamas de abanderar la lucha contra la corrupción en España. Obvio. No puede hacerlo porque la corrupción es él, su gobierno y su partido. Así que, hoy por hoy, la lucha citada y la regeneración democrática consisten en no responder de nada de lo que le afecte a él personalmente y parapetarse tras su mayoría en el Congreso para no comparecer jamás e insultar, como se ve, a sus compadres de faenas que, no siendo presidentes del gobierno, andan de juzgado en juzgado, como podría andar y quizá lo haga en el futuro el mismo Rajoy.

Se acabaron las bromas. ¿Explicaciones? Cero. ¿Rendición de cuentas? ¿De qué cuentas, las de la caja A, las de la B, las de los suizos o las de los falcianos? Punto en boca. El PSOE pide una investigación sobre el caso Pujalte. No ha lugar, responde la mayoría del PP, dado que su actividad era legal. Como legal sería, sin duda, la ingeniería fiscal de la esposa del presidente del Congreso que, hace unos años, consiguió quebrar un banco, hazaña que solo han emulado después escasos genios, como Blesa o Rato.

Lleno de paciencia, el PSOE pedirá ahora otra investigación sobre el otro murcianito, Trillo, actual embajador en Londres, que se embolsó una pastuqui siendo diputado por asesorar a un empresario al que luego el gobierno de Castilla y León, en el que el hermano del murcianito es alto funcionario, otorgó unos suculentos contratos públicos. Legal, por supuesto, y hasta ético, pues ¿qué hay más ético y fraterno que un hermano vea con simpatía a otro? El PSOE se quedará con un palmo de narices y, con el PSOE, el conjunto de la población española que querrá saber cómo está el país representado en Londres por un individuo de esta calaña.

Esta losa de la corrupción ha sepultado al gobierno, haga lo que haga y diga lo que diga y no podrá ya salir ni de noche con luna llena porque hasta la Iglesia le ha clavado una estaca en el corazón en forma de crucifijo. Incluso los curas se le han puesto en contra y los obispos rompen públicamente con las políticas del PP y piden perdón por no haber estado al lado de los pobres. Al margen de si, como dicen algunos, los prelados se han hecho de Podemos, quizá a través de ese "círculo espiritual", lo cierto es que, cuando un gobierno español pierde el apoyo de la Iglesia, tiene los días contados.

Los obispos piden perdón por no estar al lado de los pobres. Pues, monseñores, el asunto es simple: devuelvan ustedes a la colectividad los bienes que llevan veinte años sustrayendo en forma de inmatriculaciones subrepticias y expoliadoras, vendan ustedes el ingente patrimonio de la Iglesia y repártanlo entre esos ignorados pobres, renuncien ustedes a la financiación pública y obliguen al cardenal Rouco a vivir en un piso normal, como todo el mundo y no en una especie de palacio, con un nutrido cuerpo de casa.

En cuanto al gobierno, está claro: ni una explicación, ni una indagación, ni una rendición de cuentas. Nada.

Y no solamente no hay que explicar la realidad, sino que corresponde ocultarla. Por eso la señora Aguirre quiere hacer desaparecer a los sin techo de Madrid, muchos de los cuales seguramente lo serán por haber sido desahuciados por las políticas de la señora Aguirre y demás siniestros ángeles exterminadores del neoliberalismo. Mendigos, fuera. Como cuando Botella: putas fuera. O dentro. En la cárcel, por ejemplo, que es lugar al que estos nostálgicos de la dictadura gustan de enviar a la gente de la que no gustan. O los inmigrantes, los sin papeles y, luego, quién sabe, los chavales con piercings o los hombres sin corbata.

La gente es muy dada a protestar cuando la explotan, la roban y, además, se ríen de ella. Y eso es preciso cortarlo porque, siempre según Aguirre, con sus protestas ahuyentan el turismo. Además, añade Fernández Díaz, no hay limites, se confunde la libertad con el libertinaje y no se respeta el principio de autoridad, ni los símbolos patrios, ni la gloria de Dios. Razón por la cual han regenerado la democracia con una Ley Mordaza, que llaman de Seguridad Ciudadana,  una ley que ha sido noticia en la prensa internacional por recordar mucho el espíritu de la Ley de Orden Público de Franco. Una ley que garantiza la impunidad de las fuerzas de seguridad con independencia de la legalidad de su actuación. Una ley que confiere a la policía facultades discrecionales casi judiciales. Una ley de Estado policía.

Lo que necesita este Estado de corrupción y represión que dice estar regenerando democráticamente un país al que esquilma, amordaza y reprime. Por eso, para cerrar el círculo, el ministro de Justicia se propone ahora restablecer la censura.

Han tardado cuatro años, pero lo han hecho: ya estamos otra vez en la dictadura.Y, como siempre, una dictadura de mangantes. Y de zumbados. No les extrañe nada que, aprovechando la llegada de la censura, Fernández Díaz pida la vuelta de la Inquisición.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Mordaza o mortaja.

Realmente, esto está adquiriendo tintes siniestros. La Unión Europea, la Comisión, amenaza con sancionar a España por usar pelotas de goma. Ángeles del Señor estos comisarios europeos. Sancionan por haber usado pelotas de goma. No porque hayan muerto catorce personas con la presunta ayuda de las autoridades españolas o, cuando menos, quizá, su inhibición criminal. Ángeles del Señor, digo. No parecen haberse enterado de que la policía emplea pelotas de goma contra los ciudadanos españoles dentro de las fronteras. Son varias las personas que han quedado mutiladas. Pero no hubo amenazas de sanciones. ¿Será porque a la Comisión le importan tan poco los ciudadanos españoles como al gobierno, sañudamente aplicado a perseguirlos, reprimirlos, multarlos, apalearlos y detenerlos?

Y acallarlos. Aunque se quiera dejar la cosa en un asunto de exceso de celo de las fuerzas de seguridad (razón por la cual, obviamente, aquí no dimite nadie), la barbarie de Ceuta ha tenido la virtud de dibujar la alternativa, la opción que las autoridades ofrecen a la población: la mortaja o la mordaza. La política de la mortaja ha quedado patente. La cantidad de muertos y heridos que este gobierno carga sobre su conciencia es ya considerable si le añadimos las víctimas de la violencia de género y los suicidas por los desahucios. Es lo que tiene andar a palos y a tiros por ahí. El grado de violencia impuesto por una política de orden público autoritaria y represiva va en aumento y se contagia a la sociedad civil. Cada vez son más frecuentes las agresiones de los grupos de fascistas a las organizaciones democráticas y a los ciudadanos. La convivencia se hace más y más difícil. En un editorial de El País que ahora no encuentro se concluye citando la famosa expresión, creo que de Andreotti, refiriéndose a España: manca finezza. Sí, desde luego; y sobra brutalidad.

Quien no quiera aceptar la mortaja se encontrará con la mordaza. La ley mordaza castiga de forma exagerada y arbitraria, con afán amedrentador, la libertad de expresión y la de información: no se puede criticar a la autoridad, no se la puede grabar, ni fotografiar, ni siquiera mirar. Y por autoridad hay que entender no solamente los agentes públicos, sino también lo guardias de seguridad privada. Hasta los curas acabarán yendo con un pistolón, como en los mejores tiempos del fascio. Tampoco se podrá disponer del espacio público para actos colectivos (salvo, supongo, las procesiones con el brazo incorrupto de Santa Teresa) de protesta. Cifuentes y González presionan para que la ciudadanía no pueda manifestarse en la Puerta del Sol del Madrid. Supongo que quieren mandarla a los Monegros.

De hecho, ya empieza a detenerse a la gente arbitrariamente, sin explicarle por qué, sin informarla de sus derechos. Ayer varios supuestos antidisturbios detuvieron sin más miramientos y sin acusación formal alguna a un ciudadano granadino, Juan Manuel Garrido, destacado activista del 15-M y, cuando este inquirió por la causa de la detención, al parecer los policías le contestaron tú sabrás lo que has hecho. ¿Les suena? Su compañero no pudo grabar la detención porque no se lo permitieron. Así, porque sí, en mitad de la calle y sin más que hablar. Ser activista del 15-M es un delito. Mañana lo será ser afiliado al PSOE.

No se puede grabar. No se puede informar. Mordaza a los medios. Raúl del Pozo cuenta en El Mundo algo que todo el mundo sabe: que el gobierno presiona y chantajea a los medios de comunicación. Desde el primer momento. Se ha fabricado un aparato de agitación y propaganda con los medios públicos, tiene comprada a una banda de periodistas y comunicadores dispuesta a partirse el alma (y, de paso, la cabeza de los antagonistas) en defensa cerrada del poder, sin matices, a la que salga y tuerce la voluntad de los medios privados críticos asfixiándolos económicamente, negándoles toda bicoca que reparte entre los fieles y dejándolos sin publicidad institucional. Televisiones públicas que han arruinado saqueándolas, han usado como medios de comisión de presuntos delitos (como en el canal nou en Valencia) y han convertido en maquinarias de desvergonzada censura y propaganda. Sin más explicaciones. Porque sí.

Mordaza o mortaja. Que suelen venir juntas. En el gobierno no dimite nadie, cosa habitual, pues está por producirse la primera dimisión de las varias docenas que debieran de haberse dado ya de ser España parte de Europa y no de sí misma. Pero, además -mordaza- tampoco se da explicación alguna. La vicepresidenta del gobierno no piensa difundir todos los vídeos sobre el incidente ceutí. ¿Por qué? Porque no le da la gana.¿Pasa algo?

Interior con pelotas de goma

¿De dónde sale este personal del ministerio del Interior? ¿En qué siglo vive?

Comparece el ministro en sede parlamentaria a desmentir las declaraciones de la guardia civil y el delegado del gobierno en Ceuta. Eso está bien y muy acordado con la doctrina del Opus Dei de no decir mentira. Un desmentido acompañado de una afirmación. Sí, se dispararon pelotas de goma, pero al agua, lejos de los infelices que trataban de pasar a España a nado y en ningún momento se puso su vida en peligro. Y eso, ¿no es mentira? ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Porque lo dice un ministro del Opus? ¿Porque le inspira Santa Teresa "que manda mucho"? El resto de explicaciones tensiona aun más la credulidad del auditorio. Las pelotas de goma fueron acompañadas de cartuchos de fogueo y de botes fumigadores que, para tranquilidad general "en el agua no funcionan", según aclara el mentado ministro sin aclarar nada. Y todo ese aparato pirotécnico no puso en ningún momento en peligro la vida de los inmigrantes. Si se ahogaron doce o catorce -aùn no lo saben- sería por otros motivos o porque así estaba escrito.

Las pelotas de goma han causado ya bastantes desgracias y, como se ve, se siguen utilizando alegremente, tratando de recabar la impunidad en su uso.  La política de orden público del ministerio, la de los órganos con mando directo sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, como las delegaciones del gobierno, es extraordinariamente autoritaria y con escaso o nulo respeto al ejercicio ciudadano de los derechos y libertades. La policía y la guardia civil actúan como si ya estuviera en vigor ese proyecto de ley mordaza que llaman de seguridad ciudadana y que, al arrebatar al control judicial partes importantes del orden público, provocan una situación de inseguridad de la ciudadanía, sometida a decisiones administrativas desmesuradas y probablemente arbitrarias. 

Es una política deliberadamente agresiva y violenta, basada en el hostigamiento y la provocación. Conjuntamente con una creciente censura en la opinión pública, se trata de amedrentar a la población, asustar a la ciudadanía para que no haya protestas frente a un gobierno deslegitimado por la corrupción y cuyas medidas antipopulares precisamente las suscitan.

El aumento de la represión sin más no suele resolver los problemas de fondo.

Una chispa de gamonal.

Quizá sea exagerado recurrir a la manida fórmula de ¿Arde España?, sobre todo si uno se informa por la prensa y los medios comerciales, incluidos los medios públicos. Pero, si enciende Twitter, saltan las imágenes de lo que está sucediendo en Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, Burgos, etc. Contenedores ardiendo, petardos, cargas, barricadas. Según Twitter, en efecto, arde España como la pradera incendiada por la chispa del Gamonal. La prensa de orden se lo toma con menos nervios. Así, El País da noticia de Una veintena de detenidos en varias ciudades en las protestas pro Gamonal, ilustra con una foto de un conato de disturbio y mantiene un tono moderado y moderador. La prensa sabe en dónde estamos y tiene miedo de echar leña al fuego. Eso es cosa de internet.

En efecto, en este conflicto han estado clarísimas las distintas funciones de los medios tradicionales y las redes sociales e internet. La pregunta es muy simple: ¿quién ha organizado esta oleada de protesta y de solidaridad? ¿Cómo se han coordinado las distintas y numerosas manifestaciones y quién y cómo ha tomado las decisiones? Ahora habrá gente que se ponga al frente de la manifestación por cuanto la victoria tiene muchos padres. Pero el movimiento es colectivo, horizontal y anónimo.

Gamonal ha sido un triunfo en toda regla de la resistencia popular. Nadie ha dado oídos a tonterías del tipo de atentados en el Gamonal o los comandos itinerantes violentos. Hay una obvia necesidad de reconocer la victoria del movimiento popular de resistencia por dos razones: a) la falta de legitimidad para hacerle frente; b) la preocupación por evitar males mayores.

a) La falta de legitimidad. La declaración de salida del alcalde de Burgos al comienzo de la movida fue fogosa, como la del toro que sale del chiquero: las obras no se pararían bajo ningún concepto. Para pararlas habría que pasar por encima de su cadáver. Diez días después, el mismo alcalde, aún vivo, anuncia la paralización definitiva de las obras. ¿Qué ha pasado en esos diez días? Que los vecinos no han cejado en su protesta y, entre tanto, han salido a la luz los dramatis personae del proyecto que tiene toda la pinta de ser un chanchullo más de corrupción en el que media un empresario exconvicto, poderoso prohombre del lugar, propietario del periódico más influyente y, al parecer, también de la empresa adjudicataria del proyecto que, según se lee, adeuda la nómina de cuatro meses a sus empleados. Un ciudadano Kane del lugar. Resulta que el ayuntamiento burgalés no tiene 180.000 euros para una guardería en el barrio pero sí ocho millones para enterrarlos en una obra que nadie quiere, salvo quien tenga pensado forrarse con ella; el cuadro típico de la corrupción del PP: políticos sinvergüenzas y trincones con empresarios trincones y sinvergüenzas estafando a la gente con ayuda de medios de comunicación lacayos. Con esa falta de legitimidad era imposible que la autoridad municipal se impusiera a las protestas vecinales. Así, las órdenes de arriba han sido tajantes: el señor alcalde se come sus palabras, el conflicto se cierra y se saca de las portadas de los periódicos.

b) La preocupación por evitar males mayores. Ahí es donde está la razón del retroceso del alcalde de Burgos y de la escasa cobertura que los medios comerciales conceden a las manifestaciones y las movilizaciones de solidaridad. Esto puede irse de las manos del establecimiento político y mediático. Los gobernantes empiezan a preocuparse. La vicepresidenta del gobierno se pone admonitoria diciendo que: Los indicadores de recuperación no casan con las protestas. En realidad es una amenaza: si seguís protestando, no habrá recuperación. Una amenaza basada en la fe de Santamaría, persona muy creyente, en las trolas que va por ahí soltando su jefe sobre la recuperación española. La verosimilitud de esta hipótesis se calibra a la perfección recordando que Rajoy habla de recuperación incluso con un 25% de paro.

Gamonal ha sido una chispa que ha encendido una pradera; la pradera de la conciencia de la gente de la necesidad de actuar y defenderse por sí misma. La pradera puede apagarse pero la conciencia se ha despertado y puede volver a encenderse con la chispa siguiente. Que saltará, sin duda alguna. Y en donde menos se espere. Hay un perceptible cambio en la forma en que la ciudadanía está empezando a comportarse. Los partidos políticos institucionales, absorbidos en sus rutinas orgánicas y sus cauces de acción predeterminados, viven de espaldas a esta reacción del cuerpo social al que teóricamente representan. Esta inoperancia propicia movimientos que están cambiando el sistema de partidos estatal en su forma consagrada de bipartidismo imperfecto. Incluso está alterando el esquema heredado de relaciones entre los partidos, los votantes y la gente en general. Especialmente en la izquierda.

Pero este asunto ya requiere una consideración propia en una entrada posterior.

Contra la ley mordaza

Nunca jamás ha servido de nada intensificar la represión para acallar las protestas cuando estas son justas por ir contra los poderes tiránicos como el actual español. Nunca. La experiencia debiera servir de algo, pero no será el caso con este gobierno reaccionario, anclado en el franquismo y menos con los psicópatas que dirigen el ministerio del interior, unos hipócritas fascistas y meapilas que tratan de aterrorizar a la población con normas inicuas y actuaciones brutales de la policía en violación de los derechos políticos de la gente.

Cuando la Ley Mordaza que estos orates del ministerio han preparado entre en vigor, difundir imágenes como la de la ilustración (por cierto tomada de Twitter) puede suponer 600.000 o 30.000 euros de multa. Se considera falta muy grave por haber grabado a los policías haciendo lo que los granujas que han redactado este texto legal consideran que es el trabajo de la policía: patear ciudadanos indefensos de modo bestial y con abuso de autoridad, de tres, cuatro agentes (que ya debieran estar expedientados) contra un viandante al que después, sin duda, detendrán y acusarán de insultarlos y de resistencia a la autoridad. 

Frente a la tiranía de este gobierno corrupto, apoyado en un partido que es una banda de malhechores, los ciudadanos hemos de resistirnos y hacerlo por nuestra cuenta porque, como puede observarse, la oposición parlamentaria no sirve para nada.

Hay que convocar huelga indefinida y desobediencia general para parar el fascismo de estos delincuentes.

¿Por qué no nos quieren, madre?

Esto no hay comunicador que lo arregle. Ni los magos de Obama, capaces de volver a la gente del revés. El 75% de la ciudadanía desaprueba la gestión de Rajoy a los dos años de legislatura. Y su gobierno en conjunto y sus ministr@s un@ a un@ siguen cosechando un rechazo generalizado. No caen simpáticos prácticamente a nadie. Ni siquiera a sí mismos. Es un muro de antipatía y hostilidad. Do quiera que van los pitan, los abuchean, los insultan. "No", concluyen expeditivos, "esto no tiene arreglo; no es cosa de declaraciones, explicaciones o comunicación. Es cosa de palo, tentetiso y calabozo."

Dicho y hecho. Ahí está la Ley Mordaza, llamada con típica hipocresía clerical de seguridad ciudadana, en la que se atropellan todos los derechos de los ciudadanos. Con una ingeniosa novedad que el ministro vende como progresista: el calabozo es substituido por multas confiscatorias con embargo ejecutivo. Puesto que el ministro está tan preocupado por la seguridad de los ciudadanos, le sugiero rescate otra figura jurídica, injustamente olvidada: la prisión por deudas. De esa manera se hace complementario el calabozo con la pena pecuniaria. Y puede completar la seguridad del ciudadano cobrándole por la estancia en la mazmorra. Así ganará puntos entre los neoliberales de su partido. ¿Qué es eso de vivir de gorra del Estado? Y renta alta, nada de simbólica, pues, ¿en dónde estarán más seguros los ciudadanos que en la cárcel?

Puede parecer de orates, pero la ley de marras es de orates. Si un policía se cabrea contigo por la razón que sea, te acusa de haberlo insultado y te astilla 30.000e de multa pagaderos en el acto. De orates.

¿Y no entienden por qué la gente no los quiere? Es bien sencillo: porque son como son, autoritarios, despóticos, intolerantes, sectarios y más cosas que todo el mundo ve menos, al parecer, ellos.

Rajoy ganó las elecciones mintiendo sobre su programa electoral y luego se puso a hacer lo contrario de lo prometido. La doctrina del shock funcionaba y la gente estaba dispuesta a aguantar lo que le echaran en forma de medidas contra la crisis. Y así sucedió. ¿Qué necesidad había de acompañar al programa de austeridad una batería de medidas inútiles, represivas, ideológicas, en materia de justicia, de educación, de libertades ciudadanas? Ni el aborto, ni la religión en las escuelas, ni los derechos de las minorías, ni las normas de orden público eran urgentes. ¿Por qué tener a sectores de la población en permanente protesta en contra del retorno al nacionalcatolicismo?

Porque son como son, autoritarios. Lo suyo es el programa máximo impuesto por el rodillo de la mayoría absoluta. Ningún respeto por las convenciones democráticas. Gobierno por decreto ley y sin perder el tiempo en consensos. Y si la gente protesta, se la calla a mamporros. O arruinándola, penándola por faltas de absoluta discrecionalidad interpretativa (y por lo tanto, de arbitrariedad) como las "ofensas" a "símbolos" o los "insultos" a la policía.

Y esto lo hace un gobierno bajo consistente sospecha de corrupción sistemática actualmente en conocimiento de los tribunales, con un presidente acusado en sede judicial de prácticas supuestamente ilegales e inmorales. ¿De qué se asombran?

En realidad no se asombran de nada. Somos los ciudadanos los asombrados. Ellos ya lo dan por descontado. Por eso presentan esa ley, para que nunca más pueda faltárseles al respeto. Estos son muy del respeto. 

Así, el respeto que la gente no les tiene voluntariamente, van a imponerlo por ley. Como Franco.

La dictadura de hecho y la izquierda.

El Consejo de ministros ha aprobado el proyecto de Ley Mordaza, impropiamente llamado de seguridad ciudadana, cuando debiera llamarse de inseguridad ciudadana, de amedrentamiento ciudadano, si no de terror de Estado. La ley es obviamente anticonstitucional, contraria a los principios más elementales del Estado de derecho. Por supuesto, en los próximos días los medios se llenarán de sesudos análisis criticando sus demasias y su carácter más dictatorial. Cosas todas ellas patentes. Se denunciará que viola libertades y derechos civiles y políticos, reunión, manifestación, expresión, información, etc. Se expondrá cómo se excluye la intervención de los jueces y se amplia la actividad sancionadora de la administración, convirtiendo a las fuerzas de orden público en jueces de los conflictos en los que son parte. Cómo se consagra la impunidad y la arbitrariedad de la policía. Como se establece un Estado policiaco. Cómo la ley normaliza el estado de excepción. Crea faltas subjetivas caprichosas, como la ofensa a España, sus símbolos y otros entes de razón, los insultos a la policía y deja a esta la capacidad para interpretarlos y sancionarlos con dureza confiscatoria. Todo eso es evidente. El proyecto no lo oculta sino que lo proclama. Muchos lo consideran un golpe de Estado legal, aunque parezca contradictorio. No obstante, abundarán los dichos sesudos análisis poniendo de manifiesto lo que de manifiesto está.

Dejémoslos en esos lucimientos y vayamos a algo de más enjundia: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Básicamente perdiendo unas elecciones y dando mayoría absoluta a un partido que, sobre estar bajo sospecha de corrupción estructural, no es ni ha sido nunca leal a la Constitución que, por lo demás, tampoco votó a favor unánimemente cuando se trató de hacerlo. Un partido que no condena la dictadura de Franco, ni hace justicia a sus víctimas, no tiene apego a la democracia y no quiere correr riesgo alguno de perder de nuevo unas elecciones como en 2004.

Sigamos preguntando: ¿por qué perdió la izquierda las elecciones de 2011? Por ir desunida y por hacer las cosas mal. La desunión de la izquierda es suicida. Aquella consigna de PSOE, PP la misma mierda es pasará a la historia de la estupidez humana. Por muy "socialcapitalista", "socialneoliberal" que sea el PSOE, jamás podría aprobar algo como la Ley Mordaza. Eso es evidente ahora y lo era en 2011. Pero convenía decirlo para seguir con el enfrentamiento interno. Mucha gente en IU piensa que el PSOE es más enemigo que el PP. Agudeza visual. La derecha no comete ese error garrafal. Está unida. En su seno hay quien piensa que la dirección no es suficientemente de derechas y se dan fricciones, roces y alguna que otra espantada. Pero prevalece el interés unitario. En la izquierda, no. La parte de esta que se considera más pura no quiere saber nada de la "contaminada". Nada de nada. En Andalucía se desdice esto; pero en Extremadura se reafirma. Resultado, cero. Error tremendo. Y eso suponiendo sea un error y no el resultado de ese narcisismo propio de esta corriente política, en la que abundan las figuras señeras que claman por la unidad de todos en torno a cada una de ellas. Mientras tanto, claro, gobierna la derecha que, en el fondo, es lo que prefieren bastantes "izquierdas". Así ellas no se manchan.

A su vez, esa contumacia en el error está motivada en gran parte porque la otra izquierda, la mayoritaria, ha hecho y hace las cosas rematadamente mal. Hasta el punto de que en muchos asuntos, y no irrelevantes, en efecto, el PSOE coincide con el PP. Los más obvios, la planta territorial del Estado (con matices) y la Monarquía (sin matices). Pero hay otras.

Las dos legislaturas de Zapatero fueron un solo desastre continuado. La substitución repentina del alegre keynesianismo por las políticas neoliberales debería haberse explicado, incluyendo la parte de culpa del gobierno por no haber sido capaz de prever la crisis ni de actuar con diligencia. Aun así, podría haberse explicado. La gente no es tonta. Lo que no tiene perdón de los dioses es la reforma del artículo 135 de la CE que Zapatero anda estos días justificando por el ágora. Aquí juega ya a lo contrafáctico, al susto: "era eso o un gobierno de técnicos, como en Italia". Eso es una hipótesis y, aun así, ¿no hubiera sido mejor un gobierno de técnicos que otro de la derecha nacionalcatólica que ha tardado dos años en cargarse el Estado del bienestar y va a invertir los dos siguientes en cargarse el Estado de derecho? Por supuesto que sí, a ojos cerrados. En Italia no están peor que nosotros. Al contrario, están mejor. Por lo menos pueden manifestarse sin que los breen a palos y, encima, les roben sus ahorros a base de multas arbitrarias. 

De la primera legislatura se alaban las cotas en materia de derechos de las minorías, la igualdad de las mujeres y el espíritu cívico. Nada que objetar, aunque a uno le surja la duda de si ese espíritu tenía tanta relación con la realidad como el de Azaña cuando decía que España había dejado de ser católica. Tiene uno casi la certidumbre de que ese espíritu cívico procedía de la mujer del presidente. Al respecto, la primera legislatura es una legislatura de Sonsoles Espinosa. Ella debió ser la presidenta. Al menos quizá no hubiera cometido las pifias de su marido. La política de nombramientos de este fue un continuo dislate, ejemplificado en el del presidente del Tribunal Supremo, miembro del Opus Dei y dimisionario en el oprobio. Sus pundonorosos y alambicados equilibrios institucionales, como el de la Ley de RTVE, le duraron menos de veinticuatro horas al PP. Al final de su mandato, no solo no se había avanzado en la separación de la iglesia y el Estado sino que se había retrocedido. La iglesia estaba más fuerte que nunca, su asignación vía IRPF había aumentado y el gobierno había dado carpetazo a la Ley de Libertad Religiosa. De lo sucedido con el Estatuto catalán no hace falta hablar.

No se pudieron hacer peor las cosas. Y así seguimos in aprender. Si este gobierno y este partido ganan las próximas elecciones, la culpa será de la izquierda. De toda.

Curso de anticomunicación política.

La próxima vez que alguien elabore una teoría de la comunicación, tómese la molestia de contrastar empíricamente sus hipotesis en España. Si saca una teoría, será a prueba de bomba, una teoría pegada a la tierra. Ya está bien de filosofías y logomaquias. Verdades como puños, lógica, precisión, qué se sepa a qué atenerse.

En España hay un criterio de certidumbre absoluta. Si Rajoy niega algo, por ejemplo, que este año se haya destruido empleo, es porque se ha destruido. Y, a la inversa, sabemos que algo no se da cuando Rajoy afirma que se da; por ejemplo, los brotes verdes, la luz al final del túnel, el fin de la crisis. Se trata de un criterio simple, por cierto, pero tan válido como su contrario (incluso más), según el cual, si la autoridad se pronuncia sobre algo, dice la verdad o algo aproximado. Aquí es al revés: un modo de entender la comunicación que tiene tres etapas: 1ª) bajo ningún concepto se dice nada; 2ª) si, por casualidad (por ejemplo, la siempre fastidiosa presencia de algún mandatario extranjero) hay que decir algo, sea ello cualquier cosa lo más alejada posible del asunto en trato; 3ª) si hay que referirse al asunto por imperativo legal, bajo ningún concepto se dice la verdad.

Una buena teoría de la comunicación es flexible, capaz de adaptarse con agilidad a las reacciones del auditorio. Ha de tener todas las opciones abiertas, incluso la del ridículo. La cúpula de orates enemigos de las libertades públicas que ha ocupado el ministerio del Interior, pasó la semana agitando sádicamente el espantajo de una ley monstruosa que multa con 600.000€ (casi tanto como la media de sobresueldos presuntamente pillados por los dirigentes del PP) el hecho de manifestarse frente al Parlamento. Vista la indignación generalizada, propone ahora rebajar la multa a 30.000€. Del programa máximo, al programa mínimo, como en los tiempos de la socialdemocracia revolucionaria. 30.000 € sigue siendo una cantidad absurda, desmesurada. Pero es bueno que se discuta de la cartera, así el personal no repara en que lo más intolerable de la ley mordaza, lo más anticonstitucional, es la prohibición de que los ciudadanos puedan grabar la actuación de la policía cuando hace su trabajo. Porque su trabajo bien puede ser matar a otro ciudadano indefenso a patadas y puñetazos como, al parecer, acaban de hacer los mossos catalanes y de lo que la opinión se ha enterado gracias a las grabaciones de los vecinos. Máxima de la nueva teoría de la comunicación: no se pueden difundir las pruebas de posibles delitos cometidos por la autoridad. El éxito de la anticomunicación es aquí total, prueba de la demencia absoluta de los redactores de este bodrio, porque lo que se está haciendo con esa prohibición es obligar a los ciudadanos a no cumplir con el deber de denunciar los posibles delitos de que fueran testigos, un deber de alcance discutido pero indudable en sí mismo.

La calidad de la nueva teoría de la comunicación se mide por su impacto directo, completo, fulminante. El mensaje se coloca de inmediato y obtiene un resultado indiscutible. Apenas propone el ministro de Educación, Cultura y Deporte otorgar una distinción a un importante músico catalán que este la rechaza y se la devuelve apuntándole al cogote. Es un triunfo rotundo de la empatía y la sensibilidad. Siendo el agraciado catalán, razonaba sin duda el ministro con su modestia habitual, se sentirá agradecido con una distinción española, de esas que españolizan. Así que, ¿para qué molestarse en sondear antes si la medalla sería bien recibida? ¿Cabía alguna duda? Y no se crea que se trata de un caso aislado. Ni hablar. Este es ya el ministro al que más feos han hecho en público los estamentos bajo su mando, al que más saludos se han negado, más se ha abucheado y pitado, más espaldas se han vuelto, más veces se le ha dicho a la cara que no es persona grata; el que más actos ha tenido que interrumpir y más veces se ha visto obligado a entrar o salir por la puerta de servicio. Un éxito universal de la anticomunicación. Todos los dichos estamentos lo detestan, alumnos, profesores, padres, investigadores, becarios, artistas, cineastas, actores, bibliotecarios, archiveros. El mensaje ha calado desde el primer momento. Así ha conseguido también ser el ministro peor valorado por la opinión pública de la historia de España desde los tiempos de Calomarde, como diría don Jacinto Benavente. 

¿La comunicación en España? Un éxito rotundo que nos envidian las naciones civilizadas de la tierra. 

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

El Estado policiaco.

Proyección. Es el término que emplean los psicólogos para designar la táctica preferida de la derecha española. Se trata de atribuir a los demás las intenciones propias, de acusarlos de lo que uno mismo hace. No es el clásico y socorrido "y tú más" sino un intento de ocultar las fechorías de un bando adjudicándoselas al otro. ¿Quién no recuerda a Cospedal hace un par de años denunciando a bombo y platillo el "Estado policial" que había implantado o quería implantar el PSOE? La misma Cospedal afirmaba ser objeto -ella o sus compañeros de partido- de espionaje ilegal. Por supuesto, no puede demostrar nada en los tribunales. Es más, ni siquiera acude cuando es citada en las querellas por calumnias y, cuando acude, no se ratifica en sus acusaciones. Porque son falsas. Son pura proyección pues, además, se hacen en los momentos en que se destapa algún caso propio, como el de esa increíble Gestapillo madrileña.

La Gestapillo. Según denuncias hoy en los tribunales, el gobierno de la Comunidad de Madrid pudo tejer una red de espionaje ilegal, incluso delictivo, para obtener información comprometedora sobre rivales del mismo partido del gobierno. Es un caso bastante zarrapastroso, como del neorrealismo italiano, por eso le va tan bien el nombre. Ahora, según dice El País, la policía puede estar recurriendo a métodos ilegales, también delictivos, para hundir las reputaciones de los politicos catalanes soberanistas. Que (parte de) la policía se dedique a delinquir no es nuevo en España ni en ningún lugar del mundo. La policía de Franco era, en realidad, una organización criminal, como la Gestapo alemana o la Stasi, asimismo alemana. Los socialistas españoles también pasaron su bautismo de fuego con el vergonzoso caso GAL, nunca enteramente aclarado. Ahora es el gobierno del partido que acusa a los demás de "Estado policial" quien parece recurrir a él.

Publicidad. Y en una dinámica especialmente grave porque consiste en calumniar una opción política pacífica y legal con un gran despliegue publicitario. Esas presuntas actividades delictivas de la policía probablemente sean el origen de los famosos documentos falsos que publicó en su día El Mundo con la obvia intención de dañar las expectativas electorales de CiU. Puro montaje para torpedear una opción política por ser soberanista. Se pregunta El País si los mandos del ministerio del Interior conocen estas actividades parapoliciales. Una pregunta retórica. ¿Cómo van a ignorarlas si llevan ya casi un mes investigándolas? Lo mandado ahora es la comparecencia del ministro del Interior para que, entre rezo y rezo, explique las líneas de actuación de su departamento.

Explicaciones. El ministro y los más altos cargos de Interior están obligados a explicar en sede parlamentaria su política de orden público y las actividades de las fuerzas que coordinan. En lo específico y en lo más general. Debe hacerse la luz sobre esa sórdida historia de los informes apócrifos, si son o no falsos y, si lo son, como parece, quién los ha redactado y por órdenes de quién. Pero no basta con estas explicaciones concretas. Los responsables de Interior deben explicar cuál es su actitud en general en el orden público y por qué presenta un aspecto tan autoritario y propio de un Estado policiaco.

El Estado policiaco. Hace unas fechas el gobierno indultó a cuatro agentes de la policía catalana condenados en firme por un delito, entre otros, de torturas. España no ha conseguido salir de la lista de negra de países en los que se recurre a la tortura, pero este gobierno da un paso especialmente grave al indultar a torturadores.

El gobierno tiende a entender todo acto de protesta o crítica, todo ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación como peligros de orden público y reacciona frente a ellos de modo autoritario, represivo, arbitrario y en buena medida, ilegal. La delegación del gobierno en Madrid desarrolla una actividad represiva consistente en hostigar a los ciudadanos en la calle, obligarlos a identificarse sin motivo solo para denunciarlos después y condenarlos a multas por faltas imaginarias. Es un uso de los cuerpos de seguridad que los asemeja a matones a sueldo pues su función consiste en intimidar a la ciudadanía. Esos casos en que la Guardia Civil ha detenido autocares en dirección a Madrid en los que viajaban gentes cuyo propósito era acudir a una manifestación en la capital son más propios de un estado de excepción que de normalidad democrática.  Y eso cuando no se fabrican montajes para simular que se han cometido delitos inventados por la propia policía. O se detiene y aprisiona gente de forma harto irregular a modo de rehenes.

Es obvio que las autoridades máximas del ministerio están al corriente de estas prácticas y las alientan. El mismo director general de la policía, Cosidó, proponía no hace mucho prohibir la grabación de las actuaciones policiales en las calles, es decir, pretende garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando actúan ilegal y hasta delictivamente.

¡Cómo no van a conocer estas gentes las andanzas de sus policías en Cataluña!
El Estado policial, señora Cospedal, es el suyo.

El fascismo avanza

Lo que pretende hacer el director general de la policía, Ignacio Cosidó, de impedir que se hagan fotos de la policía "trabajando" (dice; quiere decir, reprimiendo) y penar que se difundan por la red es inconstitucional, ilegal, inmoral y profundamente antidemocrático. Es prueba del talante fascista de los actuales gobernantes. Es el mismo espíritu con el ya trataron de impedir que las televisiones cubrieran la manifa del 25S y hostigaron y amenazaron a los periodistas.

Quieren la impunidad para que la fuerza pública pueda actuar sin control, cometer todo tipo de tropelías y que no haya testigos. Quieren, tanto Cosidó como Cristina Cifuentes y otros mandos policiales, así como el ministro del Interior, establecer un Estado policía. Un Estado policía al más puro estilo fascista: ningún derecho para la población e impunidad para los policías para que puedan hacer lo que les dé la gana sin testigos.

Además es un atentado frontal contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Sostiene Cosidó que hay que velar por la seguridad de la policía cuando hace su "trabajo". Es obvio que si la policía hace su trabajo con arreglo a la ley, las imágenes que se tomen jamás podrán comprometer su seguridad. Pero lo que quiere este individuo es que queden protegidos también cuando se saltan la ley y abusan de su poder, que no son pocas veces. Quiere suprimir de raíz el derecho que tenemos los ciudadanos a ver y saber cómo actúan los policías a los que pagamos con nuestros impuestos; incluido el salario de ese señor Cosidó que aspira que sus policías nos abran la cabeza sin que podamos siquiera protestar.

Pero la maniobra es aun más siniestra de lo que parece, mucho más que el intento de garantizar la impunidad para los abusadores y la supresión de los derechos fundamentales. Es un intento de edificar un verdadero Estado policía en la medida en que, si nadie puede fotografiar lo que hace la policía está claro que será esta la que fabrique los relatos de lo que haya sucedido, siempre culpando a la población civil, eximiéndose ella misma, cargando sobre los manifestantes los más pintorescos delitos, en definitiva, fabricando las pruebas y los montajes a su capricho sin que los ciudadanos podamos defendernos. Y esto es no es una fábula: lo están haciendo ya. Lo hicieron al intentar acusar a los detenidos el 25S de delitos imaginarios que los jueces han rechazado. Lo haceb cuando envían policía disfrazados, agentes provocadores, con la misión de provocar violencia para justificar las cargas más bestiales y acusar luego de aquella a la gente en los tribunales. Obviamente, no quieren pruebas de sus fechorías. El fascismo nunca quiere testigos de sus delitos.

Si ese proyecto de impedir que los ciudadanos podamos fotografiar y grabar lo que pasa en la vía pública sale adelante, junto a las actividades represivas ilegales de la delegada del gobierno en Madrid, el fascismo habrá ganado otra batalla contra una sociedad esquilmada, explotada, oprimida, engañada, apaleada y ahora despojada del resto de sus derechos.

Lo único sensato que en democracia y en un Estado de derecho aceptable de nivel europeo cabe hacer con estos dos elementos de Cristina Cifuentes e Ignacio Cosidó es destituirlos fulminantemente por enemigos jurados de las libertades y los derechos de los ciudadanos..

La destitución de Cifuentes, una necesidad de higiene democrática.

¿Con qué autoridad moral y competencia jurídica impone la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, 6.000 euros de multa a un ciudadano acusándolo de los desórdenes y violencias de la manifa del 25S, ella, que, al parecer, envió provocadores disfrazados precisamente para que hubiera ese desorden y esa violencia? ¿Cómo puede demostrar que los disturbios fueron causados por el ciudadano en cuestión y no, como es mucho más probable, por sus agentes  infiltrados entre los manifestantes? ¿No es ilegal e incluso delictivo que agentes del orden se hagan pasar por agitadores y provoquen violencia y destrozos sin identificarse en ningún momento como policías? ¿No es delictivo que una responsable como Cifuentes provoque supuestamente violencia en una manifestación ordenando a la fuerza pública saltarse la ley y actuar con manifiesta ilegalidad? ¿No estaría obligada a identificar a los agentes provocadores a sus órdenes y castigarlos como merecen compartiendo de paso parte del castigo por su comportamiento ilegal?

¿Qué garantías tenemos los ciudadanos en el Estado de derecho cuando la autoridad encargada de velar por el orden público recurre a medios ilegales y/o delictivos con el fin de provocar disturbios, culpar de ellos a inocentes y multarlos luego en un evidente cuanto irritante abuso de autoridad? ¿En qué se diferencia el Estado de derecho de una dictadura fascista cuando el orden público está en manos de gente de la condición de Cifuentes?

Y no se crea que se trata de un acto aislado, quizá producido por el aturdimiento o la inexperiencia, no. Es un comportamiento premeditado, madurado, consciente y seguramente alevoso de una persona cuya corta pero intensa trayectoria en un cargo delicado demuestra no solamente que está absolutamente incapacitada para la función sino que ella misma es un peligro público para las libertades democráticas, el Estado de derecho, la seguridad juridica de las personas y la paz civil. En definitiva, que es una gobernadora arbitraria, autoritaria, partidista y sin categoría intelectual alguna.

Desde que se sentó en la poltrona no parece haber hecho otra cosa que mostrar un talante abusivo, rayano en el fascismo. Cabe interpretar que ha utilizado sistemáticamente a la policía como si fuera una banda de matones para hostigar a la población con identificaciones caprichosas, detenciones injustificadas y hostigamiento general de la ciudadanía. Ha pretendido de muy diversas formas amedrentar a la opinión pública con distintos tipos de amenazas y declaraciones inadmisibles, sin contar la elaboración de listas negras de ciudadanos "sospechosos" de las que, en su estolidez, Cifuentes empezó presumiendo para negar acto seguido que existieran cuando alguien le sopló que eso era también delictivo. Ha tratado de restringir ("modular", dice la doña, en un ejercicio de hipocresía) los derechos fundamentales de los ciudadanos según sus caprichos personales, en función de la orientación política de los manifestantes. Y, por último, en una muestra de obvia ignorancia del principio de división de poderes, ha intentado que los jueces actúen sumisos a sus dictados, acusando a los justiciables a voleo de los delitos que ella se inventa en su delirio ordenancista y, como no lo ha conseguido, ha dado en la flor de multar a un ciudadano acusándolo de los desórdenes que pueden haber cometido los agentes provocadores que ella misma ha enviado.

Los policías tienen que pasar pruebas psicotécnicas muy estrictas para vestir un uniforme. ¿Qué pruebas ha pasado esta señora que aparece investida de la capacidad de dar órdenes a esos policías? Obviamente, ninguna. De otro modo, los psicólogos -quizá los psiquiatras- hubieran detectado el infinito narcisismo, la mitomanía galopante, el exhibicionismo profundo de una mujer cuyo único objetivo consiste, al parecer, en hacer méritos ante sus jefes (muy parecidos a ella en cuanto a su concepción del orden público) al precio que sea, incluso al de cometer tropelías sin cuento, abusos de autoridad y arbitrariedades detestables cuya única respuesta debiera ser -y debe ser urgentemente- una destitución fulminante.

Por si acaso, sugiero al 25S que vaya presentando denuncia contra Cifuentes por el empleo de agentes provocadores o policías infiltrados en las manifestaciones.

Confesiones de un antidisturbios.

"Pues sí, Palinuro, ha sido un placer conocerte. Ahora que nos hemos quedado solos en el bar, agarrados a esta botella que ya va pidiendo otra, de mí para ti, para que me entiendas, te voy a decir lo que pienso yo de toda esta mamonada que se ha montado con los perroflautas, los políticos y los rollos esos. Porque a los antidisturbios nos llaman de todo: cabrones, asesinos, lacayos, perros, torturadores, vagos; bueno, la hostia. Todos esos mierdas hijos de papá que no tienen media leche y no han pegado palo al agua en su vida. Sobre todo ellas, son las que más me joden, esas niñatas que no saben lo que es un tío de verdad, te juro que las estrellaba. Bueno, antes se iban a enterar de lo que vale un buen peine. Y detrás, ellos, todos medio gays, que se dice ahora, gays, gayas, los pringaos esos, que les metía yo la porra por el culo para que espabilaran. Que esos no saben lo que es pasarlas putas; eso lo sé yo, que soy hijo de un albañil. Coño, como casi todos los de mi unidad, todos hijos de currelas, que sabemos lo que nos espera. Pero como salimos cachas y servimos para dar hostias, pues nada, al servicio. Un trabajo como otro cualquiera. ¿Que no? Toma, y más jodido porque no tenemos derechos y nos jugamos la vida porque no todo son los niñatos de la capital; también hay mineros que tiran cohetes y tíos muy bestias por ahí; los vascos, ni te cuento, qué tíos más brutos. Joder, joder. Y todo por la paga. Bueno, cuando vamos de marcha nos dan un sobresueldo. Pero es que, ya te digo, joder, a nadie le gusta que le llamen hijoputa o que le den una pedrada. Y a nadie le gusta zurrar. Bueno, te confieso que, cuando la cosa se calienta, es que se te va la mano casi con alegría, casi ni te enteras. Procuramos apuntar siempre a las piernas, el culo, los brazos, pero a veces se tuerce la cosa y les arreas en la cabeza. Oye y no veas cómo suena eso. Lo siento por los chavales, de verdad. Pero es que son gilipollas. Se dejan manipular por unos cabecillas demagogos y pagan justos por pecadores. Eso nos lo explican en las teóricas en la academia, en donde nos meten los rollos sobre los derechos y eso. El rollo de la identificación. Hay que joderse. Que llevemos la placa para que nos denuncien y luego algún político nos meta un paquete cuando le canten las bolas. Porque si se creen que nos tragamos los rollos de la academia van listos. Son todos iguales. Todos a chupar del bote. A mi me pagan por defenderlos y así, dicen, defiendo la ley y el orden. Y a veces me dan una medalla. Y cuando cambian con las elecciones, los defiendo igual. Estos de ahora entienden mejor a la policía, no como los otros que eran intelectuales, o sea, gays. Y nosotros los entendemos a ellos algo más. Pero no te fíes nunca de un político y menos de los tuyos, si los tienes. Al final somos tan pringaos como los pringaos que tenemos enfrente. Unos nos usan y nos desprecian; otros nos combaten y nos temen. Pero, coño, somos personas. Dicen que torturamos. Te juro que en mi vida, en mi vida, vaya. Pero tienes que entender la situación: llevas ocho horas de pie, con toda la armadura puesta, el casco, corriendo de un lado a otro, aguantando mecha, zurrando cuando te lo ordenan y, al final vuelves a la comisaría o donde coño mierda sea, destrozado, y te encuentras esos mierdas ahí todos gimoteando y piándolas y encima tienes que decirles lo del abogado y la leche, así que a algunos les da por gastarles bromas, los ponen de rodillas, o les dicen cosas, sobre todo a las tías que es que te ponen y mira que las hay feas, o no les dan de beber. Es difícil controlar los nervios de los hombres. Ya verás como a la próxima ponen cámaras de televisión en las comisarías para meternos un puro. Dicen que somos un cuerpo de elite. De elite de mierda, porque todo el mundo nos teme o nos desprecia. Joder, hasta los bomberos los tenemos enfrente que a veces me dan ganas de que se coman el jodido casco que llevan. ¿Qué, no te convence? El mundo es la hostia, amigo. Ya ves, tengo una noche libre y salgo a tomar una copa y le cuento mi vida al primero que llega. Vivo obsesionado, con stress, como todos los compañeros. Fíjate en los que infiltramos. Ahí sí hay que echarle huevos porque te pueden dar de hostias los dos bandos, aunque nosotros vamos ganando. Menudo stress. Nos pasamos el día en el gimnasio y dicen que eso apaga el stress. Ni de coña. Lo sube. Y encima corres el peligro de que a otro le dé por ti y tengas un lío, que hay mucha mala leche por ahí. Jodido clima. Necesitaría un psiquiatra, lo sé. Pero esas son gaitas de los de arriba, que se ponen los cuernos sin enterarse y tienen que contárselo a alguien. Yo, en cambio, ya ves tú, al primero que me encuentro. Porque, vamos a ver, nosotros ¿qué jodida culpa tenemos de que los de arriba sean unos ladrones o no tengan ni idea de lo que hacen? Nosotros cumplimos órdenes, coño, órdenes, ¿lo entiendes? ór-de-nes. Si incumples, date por jodido. Y luego ¿en dónde te van a dar trabajo? En las discotecas, en donde echan unas horas muchos de los nuestros. Oye, es práctica del oficio y no te llaman hijoputa. Pues eso. Que con la crisis que hay aquí todo el mundo tiene que ingeniárselas o comes mierda. Sobre todo las tías. No veas cómo ha aumentado el puterío con la crisis. Van tiradas. Y detrás vendrán los tíos, ya verás, con la cantidad de gays que hay. La vida es una mierda y los de abajo tienen toda la razón del mundo de protestar, joder, claro que sí, lo reconozco. Coño, tengo ojos en la cara. Van de culo. Pero tienen que hacerlo por los cauces legales. Por la ley. Y como las leyes las hacen los de arriba pues, yo qué sé. Yo cumplo órdenes. Si cambia la ley pues nosotros cambiaremos. Pero me da que seguiremos siempre igual. Y no te hablo ya de los mandos. Esos son los peores. Están haciendo carreras políticas y se dan patadas unos a otros en nuestro culo. Y nosotros, a callar, a salir a la calle de Robocops, a meter miedo al personal. Fíjate que algunos, antes de salir a dar hostias, confiesan y comulgan. O sea, antes de dar las hostias, las reciben. Yo, los curas...lejos. Son muy falsos. Por eso se ligan a los chavales, que eso sí que es un asco. Los tenían que capar. Oye y los banqueros, ¿qué me dices de los banqueros? Su oficio es robar y como no saben ni eso, al final mandan a los políticos a robar a la gente para ellos. ¿Lo ves? Estamos todos al cabo de la calle. Mandan los de la pasta, que la tienen hasta cuando no la tienen, que ya es la hostia. Y los demás, que nos den". 

(La imagen es una captura de un vídeo de You Tube, 29S Antidisturbios entran en el bar Quevedo violentamente, bajolicencia Creative Commons).

La noche no es suave.

Entre 11 y 12 de la noche la salida de la calle de Cedaceros a la Plaza de Neptuno que, por cierto, se llama de Cánovas del Castillo, presentaba este tenso aspecto. La coordinadora del 29S había dado por terminada la manifa cantando victoria y, dado que los antidisturbios (más conocidos como "prodisturbios"), venían por todas partes arreando estopa, recomendaba marcharse por la calle de Huertas, aún transitable, para reunirse mañana, domingo, en los jardines del Retiro. Pero ciento y pico manifestantes se negaron a irse y en un acto típico de desobediencia civil, un sit out, se sentaron con la espalda contra la valla metálica de la policía y quedaron encerrados entre los antidisturbios detrás de ellos y los que venían en las lecheras delante de ellos. La policía no debía de tener órdenes y no cargó, en espera de tenerlas. Después de una hora hubo unos parlamentos y los manifestantes abandonaron el lugar sin ser hostigados ni identificados.

Este hecho encierra la clave de la victoria del movimiento. Si la policía no identificó a estos ciento y pico con la que habían montado, ¿qué valor tienen todas las demás identificaciones a gentes que pasan por las calles? Así que, para resarcirse, más tarde los prodisturbios invadieron Lavapiés, entrando en los locales, sacando a la gente y apaleándola entre las lecheras. Puro terror urbano a cargo de unos funcionarios públicos que, según parece, cobran 200€ por cada noche que salen a aporrear a los ciudadanos. Si esto es cierto -y el ministro debe aclararlo en las Cortes- cabe decir que nuestra policía está compuesta por mercenarios, lo cual explica su saña y hace inútil razonar con ella.

Pero esa victoria vino al final de una jornada muy dura que comenzó en tonos bélicos, pidiendo la autoridad desde el principio a los periodistas que acudieran con cascos. La señora Cifuentes, cada vez más ciega en su furia represiva, declaró que la manifestación era absolutamente ilegal. No debe de tener asesores que la ilustren de que no es ella quien determina la legalidad o ilegalidad de los actos. A las cuatro de la tarde, la policía impidió que se instalaran estructuras para las cámaras de TV. El Ayuntamiento, o sea, Ana Botella, lo había prohibido sin que conste razón alguna para ello. No querían cámaras. No querían periodistas. No querían testigos que recogieran las marranadas del ¡que soy compañero, coño! y otras provocaciones. Querían la oscuridad y el silencio.

Pero justamente eso encendió las redes, en donde brilló de inmediato la inteligencia de las multitudes. Se empezó a pedir a los vecinos que fotografiaran y grabaran desde los balcones y terrazas aledaños y muchos de ellos los abrieron a que lo hicieran los manifestantes. Los periodistas aguantaron las amenazas de multas y se mantuvieron a pie firme, con lo que todos los periódicos trajern cumplida información de lo que estaba pasando en streaming, en directo, en tiempo real. Además, debidamente avisados, los medios extranjeros comenzaron a difundir la información y la autoridad, básicamente la delegación del gobierno, porque el ministro del Interior está escondido, se pensó dos veces su proyecto originario de disolver la manifestación por la violencia. Simplemente, no se atrevió.

La incompetencia de la delegada Cifuentes es fabulosa. Plantea el conflicto exclusivamente como una cuestión de orden público e intensifica el antagonismo hasta ponerlo en términos de guerra, que ya se sabe que es la continuación de la política por otros medios, como se echa de ver en sus amenazas, sus medidas preventivas, la difusión de mentiras e informaciones falsas para desmoralizar al enemigo, la última de las cuales fue cifrar la asistencia entre 2.000 y 4.500 personas cuando la BBC ya hablaba de 100.000. Y 100.000 entusiasmados porque había otros 100.000 en Lisboa exigiendo lo mismo: la dimisión de los parlamentarios, del gobierno, la apertura de un proceso constituyente.

El fracaso de Cifuentes es colosal. Es injusto que cargue ella sola con la monumental pifia que es de todo el gobierno. Porque resulta evidente que no pueden parar el movimiento. Y no pueden por su incapacidad para entender la política en la época del ciberespacio.

Por poner un ejemplo que entiende todo el mundo: hoy hay convocada una asamblea en el Retiro para decidir las próximas acciones en octubre. Empeñada como estaba anoche la policía en impedir que esta asamblea se produzca, ¿a quién o quiénes iría a detener esta madrugada a sus casas? ¿Quién dirige el movimiento? ¿Cuál es su estructura? ¿A quién se puede acusar?

¿Y lo de Mas, tanto como decían que el asunto del independentismo interesaba tanto al PP como a CiU para que así no se hablara de los problemas reales? Pues lo de Mas se ha quedado en una baladronada. Quería el mandato para sentirse como Sir Galahad en su empeño, pero no convocará el referéndum hasta estar seguro de ganarlo. O sea, nunca.

Un columnista del Telegraph dice que España debe abandonar el euro y ve a Rajoy como un muerto viviente. A mí me pasa lo mismo con Rubalcaba. Lo veo un poco zombie. Y, en general a la dirección del PSOE. Tan descolocada en el asunto de la resistencia popular extraparlamentaria como en el rebrote de la autodeterminación. Preguntado respecto a la primera convocatoria de ocupa el congreso, Rubalcaba dijo que le parecía mal. En esa respuesta laten al unísono el apoltronamiento del político profesional y el miedo a dar al PP una baza patriótica estilo don Pelayo. Las bases del PSOE están mayoritariamente, creo, con el movimiento (como lo está el conjunto de la sociedad, la mayoría silenciosa que pretende usurpar Rajoy entre caladas al Cohíba) y la dirección parece lamentablemente desorientada. No se atreve a repudiar un movimiento cívico popular pacífico tan obviamente cargado de razón y de moral pero, por otro lado, tampoco osa respaldarlo por dos razones: porque tiene demasiados intereses creados en el juego institucional que el movimiento cuestiona por inútil, corrupto y antipopular y, porque teme ser aniquilada electoralmente ante un potente discurso de la derecha centrado en el mantenimiento del orden público, la seguridad jurídica, el crédito exterior de España y ¡el respeto a la Constitución!.

Así que, en definitiva, nadie sabe qué hacer, excepto los de un movimiento que, por no tener, no tiene ni nombre.

(La imagen es una foto del streaming publico.es, bajo licencia Creative Commons).

El orden público.

Este del "oden público" es un concepto muy complicado por ser muy subjetivo. Lo que unos llaman "orden", otros lo llaman "desorden". Es decir, es interpretable, aunque la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, parezca creer que es un concepto unívoco, como "piedra pómez", por ejemplo, y coincidente al dedillo con su idea del orden público. Una idea maximalista, cual se echa de ver en el desmesurado lenguaje que emplea al referirse al movimiento/marea ocupa el congreso como un golpe de Estado encubierto. Si se le hace el favor de no preguntarle qué diantres quiera decir "encubierto", el solo término golpe de Estado pone el orden público en términos militares. En un golpe de Estado tiene que intervenir el ejército, por supuesto. Pero solo si se acepta el disparate de llamar a un movimiento cívico pacífico golpe de Estado.

La gestión hasta la fecha de Cifuentes muestra una jefa de la policía con una idea del orden público en la tradición reaccionaria de ¡El orden reina en Varsovia! o ¡El orden reina en Berlín!, en el eco que se hizo Rosa Luxembourg, horas antes de que la asesinaran. El orden del silencio, de la represión. La diferencia entre Cifuentes y quienes mandaban a los soldados a asesinar civiles es que ahora, de momento, no hace falta recurrir a tales brutalidades pues se dispone de una amplísima panoplia de medios tecnológicos avanzados que permiten reprimir preventivamente las alteraciones del orden público. La palabra mágica es prevención, siempre mejor, se dice, que la represión. Eso depende, como siempre, de qué se quiera prevenir. Puede llevar, por ejemplo, a detener gente porque se supone que tiene intención de cometer un delito. Que es exactamente lo que hacía Franco, mandando detener a todos los desafectos de los lugares que pensaba visitar, que figuraban en listas de la policía y la Guardia Civil.

Listas como las que Cifuentes dice tener, con unos mil sospechosos identificados. Listas ilegales. Los tribunales de justicia deben entender en el caso de una autoridad que recopila datos de los ciudadanos sin la autorización de estos, sin mandato judicial, por meras sospechas. Es cierto que los ciudadanos están denunciando a la policía por identificaciones intimidatorias de carácter político y detenciones ilegales. Y hacen muy bien. Pero es necesario igualmente denunciar ante los tribunales el hecho de que la delegación del gobierno espíe a la gente y confeccione listas de sospechosos.

En los tiempos de la cameralística y en el siglo de oro del derecho público español, al recto gobierno de la colectividad se le decía policiar el reino y un tratado de policía era, en realidad, uno de política. Más tarde, cuando las dos se escindieron y la política ascendió a los grandes temas de Estado, la policía se quedó en una actividad pretendidamente técnica de garantía del orden público. Como tal actividad supuestamente técnica tiende a aislarse de la política, a independizarse, a convertirse en un Estado dentro del Estado; el Estado policía. Es el peligro de las concepciones autoritarias del orden público al estilo de Cifuentes. Y por las listas se empieza.

Porque las listas son solamente una pieza de un plan diseñado por Cifuentes para atemorizar a la población de Madrid. Además de emplear conceptos tremebundos y espiar a la población, la delegada del gobierno se vale de la policía para merodear por las calles hostigando a los ciudadanos, provocándolos y amenazándolos con detenerlos si van a la manifa del 25S. Es decir, Cifuentes basa el orden público en una táctica de desvertebrar el movimiento antes de que este haya podido actuar dentro de la más estricta legalidad, pero presuponiendo la ilegalidad. Para aflorar esta se empieza actuando a su vez de forma ilegal, provocando, tratando de encender conflictos que justifiquen la represión abierta y se termina comulgando con la idea del orden público de Martínez Anido, buen modelo para Cifuentes, y el somatén. Dicho en otros términos, el orden público basado en la intimidación y el miedo. Un orden público fascista.

Como, a pesar de todo, estamos en algo parecido a una democracia, a la hora de justificar las detenciones, la jefa de la policía tiene que esgrimir un delito y este es indefectiblemente el de resistencia a la autoridad que, por supuesto, se inventa cada vez que lo enuncia. Por desgracia para Cifuentes, los ciudadanos van ya por la calle con móviles, tablets y demás artilugios para grabar lo que sucede y bien a la vista está que las detenciones del día 15 se hicieron por la pancarta. Lógicamente, todo ciudadano al que se detiene arbitrariamente no solo puede sino que debe resistirse a que se le prive del derecho fundamental de libre circulación si no es en debido proceso. Convertir esa legítima defensa en la causa originaria de la detención es una desvergüenza que la señora Cifuentes debiera tener el decoro de evitarnos.

Su concepción del orden público arbitraria, provocadora, llena de incidentes de infiltrados, sesgada hacia los católicos y la ultraderecha y hostil a todo movimiento ciudadano democrático y libre es una fórmula muy eficaz para provocar un conflicto civil. No será la primera vez que se da un golpe de Estado con la excusa de evitar un golpe de Estado.

¿Esto es un gobierno?

Al consejo de ministros de ayer ya dieron respuesta condigna los mercados poniendo la prima de riesgo en 612 puntos, igual que la habían dado los ciudadanos un día antes echándose a las calles a cientos de miles  en contra del expolio de un país por sus gobernantess, del atraco de estos a la ciudadanía, de la rendición al Diktat alemán, de la resignación a dejarse robar con tanto descaro. Frente a todo ello, el gobierno no ha hecho otra cosa que mostrar su incompetencia, su nerviosismo, su falta absoluta de información y sentido común; en definitiva su carencia de cualquier dote intelectual. Durante las elecciones presumieron día y noche de competencia técnica, de tener los datos, de saber qué hacía falta, de sentido común y experiencia. Nunca estuvo tan claro lo de "dime de qué presumes..." No tenían nada de lo que presumían. Eran y son un atajo de inútiles, desbordados por los hechos, un puñado de auténticos irresponsables tan carentes de escrúpulos morales como de facultades intelectuales. Y los votaron por mayoría absoluta, quizá por eso. En todo caso, ahí quedan unas preguntas que este gobierno de incompetentes no sabe responder:

• ¿En qué momento será intervenida España?
• ¿Quién tomará la decisión y cómo?
• ¿Se molestará en comunicárselo previamente al gobierno?
• ¿Sabe el gobierno de lo que habla?
• El gobierno no contempla la intervención. Pero, si se produce, ¿tiene algún plan B preparado?
• ¿No va a dimitir Báñez por el juego sucio del ERE del PSOE y a pesar de la denuncia?
•  Báñez, Santamaría, Montoro seguirán cobrando los 20.000 euros anuales de dietas falsas?
• ¿No les da vergüenza estafar de este modo a los contribuyentes?
• Montoro ¿dejará de amenazar a la gente?
• ¿Alguna vez coincidirán los números que esgrimen los gobernantes?
• ¿En dónde está el presidente Rajoy?
• ¿Ha aclarado ya cuánto cobra entre la presidencia del gobierno, la del partido y el registro? 
• ¿Sigue cobrando fraudulentamente las dietas de desplazamiento viviendo en Madrid?
• ¿Ha conseguido entender de qué va esta crisis?
• ¿Ha superado la vergüenza de estar haciendo lo contrario de lo que predicaba a gritos?
• ¿Seguirá su gobierno tomando a los españoles por imbéciles?
• ¿Continuará negando derechos y libertades con el cuento de la crisis?
• ¿Seguirá tratando de aterrorizar a lo población con tácticas represivas ilegales y semifascistas?
• ¿Destituirá a la delegada del gobierno en Madrid por evidente incompetencia?
• (La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).