¿Con qué autoridad moral y competencia jurídica impone la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, 6.000 euros de multa a un ciudadano acusándolo de los desórdenes y violencias de la manifa del 25S, ella, que, al parecer, envió provocadores disfrazados precisamente para que hubiera ese desorden y esa violencia? ¿Cómo puede demostrar que los disturbios fueron causados por el ciudadano en cuestión y no, como es mucho más probable, por sus agentes infiltrados entre los manifestantes? ¿No es ilegal e incluso delictivo que agentes del orden se hagan pasar por agitadores y provoquen violencia y destrozos sin identificarse en ningún momento como policías? ¿No es delictivo que una responsable como Cifuentes provoque supuestamente violencia en una manifestación ordenando a la fuerza pública saltarse la ley y actuar con manifiesta ilegalidad? ¿No estaría obligada a identificar a los agentes provocadores a sus órdenes y castigarlos como merecen compartiendo de paso parte del castigo por su comportamiento ilegal?
¿Qué garantías tenemos los ciudadanos en el Estado de derecho cuando la autoridad encargada de velar por el orden público recurre a medios ilegales y/o delictivos con el fin de provocar disturbios, culpar de ellos a inocentes y multarlos luego en un evidente cuanto irritante abuso de autoridad? ¿En qué se diferencia el Estado de derecho de una dictadura fascista cuando el orden público está en manos de gente de la condición de Cifuentes?
Y no se crea que se trata de un acto aislado, quizá producido por el aturdimiento o la inexperiencia, no. Es un comportamiento premeditado, madurado, consciente y seguramente alevoso de una persona cuya corta pero intensa trayectoria en un cargo delicado demuestra no solamente que está absolutamente incapacitada para la función sino que ella misma es un peligro público para las libertades democráticas, el Estado de derecho, la seguridad juridica de las personas y la paz civil. En definitiva, que es una gobernadora arbitraria, autoritaria, partidista y sin categoría intelectual alguna.
Desde que se sentó en la poltrona no parece haber hecho otra cosa que mostrar un talante abusivo, rayano en el fascismo. Cabe interpretar que ha utilizado sistemáticamente a la policía como si fuera una banda de matones para hostigar a la población con identificaciones caprichosas, detenciones injustificadas y hostigamiento general de la ciudadanía. Ha pretendido de muy diversas formas amedrentar a la opinión pública con distintos tipos de amenazas y declaraciones inadmisibles, sin contar la elaboración de listas negras de ciudadanos "sospechosos" de las que, en su estolidez, Cifuentes empezó presumiendo para negar acto seguido que existieran cuando alguien le sopló que eso era también delictivo. Ha tratado de restringir ("modular", dice la doña, en un ejercicio de hipocresía) los derechos fundamentales de los ciudadanos según sus caprichos personales, en función de la orientación política de los manifestantes. Y, por último, en una muestra de obvia ignorancia del principio de división de poderes, ha intentado que los jueces actúen sumisos a sus dictados, acusando a los justiciables a voleo de los delitos que ella se inventa en su delirio ordenancista y, como no lo ha conseguido, ha dado en la flor de multar a un ciudadano acusándolo de los desórdenes que pueden haber cometido los agentes provocadores que ella misma ha enviado.
Los policías tienen que pasar pruebas psicotécnicas muy estrictas para vestir un uniforme. ¿Qué pruebas ha pasado esta señora que aparece investida de la capacidad de dar órdenes a esos policías? Obviamente, ninguna. De otro modo, los psicólogos -quizá los psiquiatras- hubieran detectado el infinito narcisismo, la mitomanía galopante, el exhibicionismo profundo de una mujer cuyo único objetivo consiste, al parecer, en hacer méritos ante sus jefes (muy parecidos a ella en cuanto a su concepción del orden público) al precio que sea, incluso al de cometer tropelías sin cuento, abusos de autoridad y arbitrariedades detestables cuya única respuesta debiera ser -y debe ser urgentemente- una destitución fulminante.
Por si acaso, sugiero al 25S que vaya presentando denuncia contra Cifuentes por el empleo de agentes provocadores o policías infiltrados en las manifestaciones.
