El expolio o el gran pelotazo.

El gobierno de la C.A. de Madrid ha consumado la expropiación del servicio público de salud a favor de la empresa privada. Lo que él mismo embellece con el término "externalizar", otros llaman "privatizar" y otros, más claros, "expoliar". Y lo ha hecho del peor modo posible, a la brava, en mitad de un tremendo conflicto social, sin asomo de consenso, por imposición del rodillo de la mayoría absoluta del PP. Que además haya concurrido el recochineo de unos diputados jugando al scrabble mientras se decidía tan grave asunto es anecdótico. Solo muestra la condición moral de quienes toman esas decisiones.

El atropello carece de toda justificación racional. La privatización no es mejor, ni más eficiente, ni más barata que el mantenimiento del estatus público del servicio, como muy bien se expone en la carta abierta a Ignacio González del Dr. José Luis Pedreira Masa. La Comunidad no ha aportado ni un solo estudio, informe o documento que pruebe lo contrario. Según la citada carta publicada en el Diario progresista ni siquiera el consejero competente en la materia, Fernández-Lasquetty, es competente en la materia. Lo cual prueba que la competencia, tanto en lo médico como en lo económico, es indiferente pues se trata de una decisión puramente política, una cacicada de ingentes proporciones en favor y beneficio de unas empresas privadas.

Es más, si hay pruebas prácticas de algo ya es de la ruina de estas privatizaciones como se prueba fehacientemente con la quiebra del privatizado hospital de Manises y el escándalo del de Collado Villalba que, confiado a la gestión de Capio, cuesta 900.000 euros mensuales a los madrileños y está cerrado. Y no es lo único. Todo cuanto se gestiona con estos criterios privatizadores acaba siendo ruinoso para la administración porque las empresas que se encargan del servicio siguen a rajatabla la conocida máxima de privatizar los beneficios y socializar la pérdidas. Lo que pasará con los hospitales y centros de salud hoy privatizados ya está prefigurado en la ruina de las radiales de Madrid, que descargan sus pérdidas sobre los madrileños y, por ende, todos los españoles. Y antes y a lo grande en la de las cajas de ahorros, gestionadas con objetivo de puro saqueo de lo público, arruinadas por prácticas erróneas cuando no delictivas, que ahora deben ser rescatadas con dineros de todos los ciudadanos.

Ese es el contenido del neoliberalismo español: poner el Estado al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas. Literalmente.

Y ¿qué hace la izquierda, confrontada con esta agresión sin precedentes a los fundamentos del Estado del bienestar que, en su formulación constitucional de Estado social y democrático de derecho daba ya como una conquista consolidada, inamovible? ¿Qué, frente a la aniquilación del régimen jurídico de las relaciones laborales y la pérdida de los derechos de los trabajadores? ¿Qué, frente a la ruina de la educación pública en favor de la privada? ¿Qué, frente a la manipulación de los medios públicos de comunicación puestos al servicio de los intereses de esta oligarquía político-empresarial?

Muy poco, por no decir nada, lo cual es llamativo, además de lamentable, por cuanto este atropello, perpetrado en sigilo e impuesto por un trágala una vez hecho público, ha suscitado una indignación generalizada en la sociedad. Es lo menos. Recuérdese que este mismo intento de privatización del servicio nacional de salud, incluso bastante menos chapuza que el madrileño, es lo que costó el cargo a Margaret Thatcher.

No se me ocurre si no que la izquierda no tendrá perdón posible si, ante la emergencia de la situación, no se une con un programa común mínimo consistente, quizá, en un solo punto: firme propósito de volver al sector público todo lo que le haya sido arrebatado. Y conviene que lo formule ya con suficiente claridad para que quienes se aprestan a consumar el pelotazo de la privatización se lo piensen dos veces. Querrán blindar su transacción cuanto puedan y creerán que será difícil deshacer lo hecho. Más difícil parecía cumplir la promesa de traer las tropas del Irak y fue la primera medida de Zapatero. Porque si este ganó contra pronóstico las elecciones de 2004 fue, entre otras cosas y de modo decisivo, por aquella promesa.

Retiren ese plan. Dimitan.

España cuenta con uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo. Eso es de conocimiento general. No lo niega nadie. Mejor en todos los sentidos, universalidad, eficacia, rapidez, profesionalidad, modernidad, etc. Sin embargo, el gobierno de la C.A. de Madrid lleva años convertido en punta de lanza de una actitud hostil hacia él, basada en el criterio de su insostenibilidad económica. Algo tremendamente subjetivo porque todo depende de cómo se hagan los cálculos y qué decisiones políticas se adopten de repercusión presupuestaria. En el fondo, una excusa para desmantelar el sistema nacional y entregárselo a las empresas privadas para que los amigos, parientes, deudos y enchufados de la derecha hagan pingües negocios a costa de la salud de los madrileños.

Esa hostilidad se ha manifestado no solamente en el terreno económico sino en muchos otros, con verdaderas campañas de desprestigio de la sanidad pública por ser eso, pública. El bochornoso episodio del intento de linchamiento institucional del doctor Montes, sus consecuencias judiciales, fue absolutamente ilustrativo del espíritu con que los gobernantes autonómicos se relacionaban con el sistema sanitario cuya gestión les estaba encomendada.

Para acelerar el expolio, el triunfo del PP en las pasadas elecciones ha traído una catarata de ataques al sistema público de salud, a través de restricciones, exclusiones del acceso al servicio, cese de la gratuidad de este y diversas fórmulas de repago que pondrán muchas prestaciones fuera del alcance de sus supuestos beneficiarios, dependientes, discapacitados, jubilados.

Amparado en esa actitud asimismo hostil al sistema del ministerio correspondiente, el gobierno autonómico de Madrid se ha sacado un nebuloso plan de privatizaciones de la gestión hospitalaria que prácticamente desmantela el carácter público de la sanidad madrileña y pretende imponer al mejor estilo del trágala, sin debate alguno, sin información previa, sin ninguna fundamentación. Esperanza Aguirre, cuya repentina dimisión sigue sin estar clara, continúa argumentando que no nos podemos permitir el sistema actual de salud. Y, como si fuera la orden de la Kommandantur, su substituto en el cargo, Ignacio González, ha dado las órdenes pertinentes y, de no remediarlo los dioses, ese plan de desmantelamiento de la sanidad pública echará a andar en una semana.

Llamarlo "nebuloso" es caritativo. Se trata de un plan secreto pues todo cuanto se pretende imponer en la realidad sin debatirlo previamente es secreto. Seguramente estará hablado, pactado, acordado con las empresas privadas que resultarán beneficiarias de las adjudicaciones, todas ellas con ánimo de lucro orientadas a la maximización de beneficios. Pero no pactado ni consensuado con nadie más, con la población interesada, los pacientes, el personal médico y hospitalario en general.

Es más, ese plan secreto no se justifica con ningún tipo de documentación mínimamente creible. Insisten en la insostenibilidad económica pero no la prueban. El consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, no tenía ni idea de cuánto se ahorraría aplicando las políticas por él propugnadas. Sospecho que no sabría si quiera si se ahorraría algo. Solo este dato demuestra el carácter profundamente arbitrario de la medida. No hay un solo estudio independiente que muestre la conveniencia de las privatizaciones desde ningún punto de vista. Lo único claro y evidente es que unas empresas privadas en las que, además, algunos políticos del PP parecen tener intereses, harán un negocio fabuloso a cuenta de las arcas públicas y al coste de deteriorar y encarecer la atención universal de salud, que es un derecho de los ciudadanos.

Se han encontrado, sin embargo, con una resistencia inesperada, fortísima. Todo el sector sanitario madrileño se ha opuesto al plan y lleva ya tres semanas de movilizaciones y huelgas, en una actitud de rechazo frontal. Cuenta, además, con un amplio respaldo de la población que se siente directamente agredida en el ataque a un derecho esencial. En estas condiciones, sorprendidas por la fuerza de la reacción colectiva, las autoridades no se han atrevido a recurrir a sus habituales tácticas de desprestigio. Pero, el enconarse el conflicto y amenazar los responsables de la atención sanitaria con la dimisión, les ha salido la vena autoritaria, despreciativa e Ignacio González, cuyo equipo (o él mismo) tuitea consignas cercanas ya al "Por Dios, España y su Revolución Naconalsindicalista", ningunea a los facultativos en actitud rayana en la chulería que únicamente va a agudizar más el enfrentamiento, sobre todo si Fernández-Lasquetty, en lugar de dimitir, se engalla y llama "irresponsables" a los de la marea blanca.

En estas circunstancias el gobierno central no puede intervenir pues la Comunidad actúa en el marco de sus competencias. Pero el PP, sí. Y debe hacerlo. Por supuesto, las empresas privadas presionan para comenzar ya el negocio porque les urgen los beneficios. Igualmente la Comunidad tiene prisa por culminar la operación para tapar los desastres y las ruinas de los acuerdos anteriores de Aguirre. La Comunidad, o sea, los madrileños, pagan 900.000 euros al mes por el hospital de Collado-Villalba, aunque está cerrado. Es uno de los cuatro hospitales de gestión enteramente privada de la CA de Madrid y está gestionado por Capio, la empresa que quiere más parte del pastel.

Pero, por muy urgido que esté el gobierno autonómico por los negocios, la sociedad española no puede permitirse este foco de conflicto permanente del gobierno madrileño en un momento especialmente duro para el conjunto del país y con otra bronca independentista montada en el Noreste de la Península. Alguien en el PP debe frenar al señor González, cuya concepción descarnadamente patrimonialista del poder político (en donde tiene colocada a casi toda su familia agnada y cognada) es más propio de latitudes sicilianas. Y debe frenarlo en los dos proyectos más simbólicos de su mandato, los dos igualmente oscuros, arbitrarios y, en el fondo, inmorales, esto es, Eurovegas y el sistema público de salud. Lo razonable sería que el gobierno autonómico retirara el plan y, con el plan, se retirara él.

La batalla de los hospitales y el socialismo zen.

A la izquierda, la sábana que cuelga Palinuro en seguimiento de la recomendación del personal sanitario que defiende la sanidad pública. No podemos perder esta batalla. Hay que apoyar a los médicos y al resto del personal de los hospitales públicos. Conseguir que sigan siendo públicos. Sin caer en las trampas y señuelos de los sofistas de la privatización. Es un expolio de la colectividad mediante el que se entregan a unas empresas privadas unas infraestructuras fabulosas por las que no han pagado nada para que hagan negocios opíparos. En definitiva, negocios a costa de nuestra salud.

Hasta la fecha el gobierno de la C.A. de Madrid no ha mostrado un solo estudio independiente que pruebe el ahorro o la mayor eficiencia de la privatización. Ni ha consultado una sola vez con los estamentos afectados. Ha impuesto un plan poco menos que secreto, probablemente pactado con las empresas y sin información pública creíble. Es una decisión política que queda en evidencia cuando el responsable del plan de privatización, el consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, espeta a un entrevistador que "no hay negociación posible". Fina sensibilidad democrática. Todo el mundo a callar y a hacer lo que yo diga, aunque no esté fundamentado en nada sino en mi deseo de enriquecer a mis amigos a costa del derecho a la salud de la población.

No, no podemos perder esta batalla y el señor Fernández-Lasquetty debe dimitir.

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En mitad de este fragor, con el conjunto de la sociedad convulsa por todo tipo de conflictos, sociales, territoriales, profesionales, etc, el PSOE se esfuerza en emprender el camino de la suma perfección budista, alcanzar la imperturbabilidad absoluta que lo lleve a fundirse con la nada, a suspenderse en el cosmos. Cuenta El País que el pasado 16 de diciembre, antes pues de las elecciones catalanas, Rubalcaba reunió discretamente en Madrid a los barones de su predilección junto a otros altos cargos también cercanos en cuerpo y alma para arbitrar huis clos la marcha del partido en los próximos dos a tres años: nada de agitaciones internas, nada de cuestiones orgánicas, primarias o no primarias, nada de nombres y cargos: paz, ataraxia, quietud, nirvana. Necesitamos sosiego, apartamiento del mundo para la gran obra de regeneración ideológica que espera en un magno congreso en enero dedicado a las cosas de la teoría. Hay que reaparecer portando una nueva oferta a la ciudadanía, algo que permita al partido recuperar la confianza del electorado.

La dirección ha encargado a Ramón Jáuregui la tarea de poner negro sobre blanco el prodigio de la nueva Ave Fénix. Jáuregui ha reunido una nutrida cuota del estamento pensante -son, parece, trescientas cabezas- dividido en especialidades y se encargará luego de sintetizar sus propuestas y conclusiones en un documento programático. Algo que recuerda el extinto Programa 2000 que no pasó de la crisis de 1992. Ahora se pretende que la crisis no sea la enterradora, sino la partera de la nueva criatura a la que, por seguir la costumbre, podrían bautizar Programa 3000. Ya se sabe que estos programas no duran tanto, aunque tampoco suelen ser tan efímeros como el último de Rajoy. Para todo esto se requiere la paz, el olvido de un convento zen.

¡Esos jóvenes que han salido con un vídeo pidiendo perdón! Jáuregui les echa una paternal reprimenda. Lo del perdón está fuera de lugar. Quietos todos que hay que reflexionar. Sin embargo, los penitentes vuelven al ataque y es la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Díaz Pacheco, la que pide perdón en nombre propio y en el del presidente Griñán por haber reformado la Constitución sin consultar a la ciudadanía. No sé si Jáuregui estará de acuerdo pero esto es más que pedir perdón; esto es adelantar y sacar al ámbito público un debate que muchos quisieran interno y, a ser posible, que ni lo hubiera. Con tanto ruido es imposible alcanzar la perfección zen, consistente en la más absoluta inacción.

Téngase en cuenta que esa realidad conflictiva, con un gobierno que agrede sistemáticamente al pueblo y un pueblo que empieza a organizarse en formas de autodefensa, están produciéndose hechos que tendrán su influencia después en los resultados electorales de las izquierdas. De momento, la percepción que tiene la ciudadanía es que los únicos que están haciendo frente de verdad a las agresiones del gobierno son los de IU. Esa iniciativa que han tenido de querellarse contra Cristina Cifuentes por intentar criminalizar el ejercicio de los derechos constitucionales es magnífica y merece el aplauso y el apoyo de todos los demócratas. Hay que parar esta maquinaria de represión que nos viene encima en todos los niveles, físicos y mentales. Y los únicos que están presentes claramente en las movilizaciones de resistencia son los de IU. Esto recuerda los tiempos del franquismo cuando quien quería luchar contra Franco tenía que ingresar en el Partido Comunista, que era el único que lo hacía. Como ahora con el neofranquismo.

Eso es lo que tenía que hacer también el PSOE, aparte desde luego de la refundación ideológica: estar en la calle, ayudar a la gente que, según reconocen sus dirigentes, lo está pasando mal, pronunciarse sobre los abusos del gobierno y oponerse a ellos, combatirlos en el Parlamento y en los tribunales. La versión catalana de IU propone una conferencia de unión de todas las izquierdas para hacer frente a las políticas de expolio, que el gobierno llama de "austeridad". Ignoro si considera de izquierda el PSC, pero eso es lo que debía de estar haciendo el PSOE: convocar una conferencia unitaria de la izquierda en busca de una plataforma común de lucha contra la gestión neoliberal de la crisis con arreglo a la cual esta la pagan los sectores más desfavorecidos. Dejen el zen para otro momento.

(La imagen es una foto de Jessie Pearl, bajo licencia Creative Commons).

La sanidad pública no se vende. Se defiende.

Propone Tomás Gómez reformar la Constitución para, entre otras cosas (supongo), "blindar el sistema público de pensiones". De acuerdo. Pero también el sistema educativo y el sanitario públicos. Sobre todo el segundo por ser esencial ya que, si las pensiones afectan a los jubilados, la salud pública nos afecta a todos.

El sistema público de salud es un pilar fundamental del Estado del bienestar; los otros son el derecho del trabajo, la educación y las clases pasivas. Atacarlos es atacar el Estado, el modelo mismo de la sociedad del bienestar, relativamente pacificada con algunos atisbos de igualdad. Es volver a la sociedad del conflicto, el enfrentamiento, la desigualdad. Está pasando con las políticas del PP, que ya comenzaron con el PSOE. Del derecho del trabajo casi no queda nada, la educación está sufriendo muy duros golpes y los jubilados pierden capacidad adquisitiva.

Pero el más grave hasta la fecha es el ataque al sistema público de salud, con una ferocidad descomunal, probablemente porque lo perpetran las Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia. El plan de privatizaciones de Madrid es el mayor golpe que se haya dado hasta la fecha al servicio hospitalario en su conjunto. Llueve, además, sobre mojado, tras los conflictos sectoriales con el profesorado, los estudiantes, los mineros, los funcionarios (incluidos los policías), los desahuciados, los jueces, los trabajadores, etc.

Pero este conflicto de la sanidad es mucho más grave porque afecta a un derecho que la población tiene muy interiorizado y se vive con mucha más alarma e irritación, después del euro por receta y el repago de los medicamentos. Añádase a ello que el colectivo sanitario español en su conjunto seguramente es el que más prestigio tiene, el más valorado por la población. Y con justicia. Durante años las autoridades han presumido de que teníamos el mejor servicio de salud pública de Europa, con profesionales de renombre mundial y personal auxiliar de entrega absoluta. Un servicio de primer orden. Público. La gente lo sabe y muestra un apoyo cerrado a la huelga de personal sanitario que afecta a todos sus servicios, categorías y estamentos. Esta ha tenido un seguimiento entre el 80 y el 85%, según los organizadores, aunque la consejería correspondiente, en uso de su derecho a contar como la gobernadora Cifuentes cuando cuenta las manifestaciones que no le gustan, la reduce al 26,5%. Hasta le pone un decimal por lo de la verosimilitud.

El gobierno tiene un problema de primer orden por cuanto no es competente y puede chocar con los autonómicos de su propio partido, encontrándose, al final, con varios modelos de servicios sanitarios según comunidades autónomas. Un problema de primer orden con un colectivo de mucho prestigio, muy combativo y muy apoyado por la población que, con razón, se siente esquilmada.

Viene a la memoria que la señora Thatcher cayó en una sublevación interna de su partido a causa de dos propuestas vistas como muy antisociales: un impuesto de capitación y la privatización del Servicio Nacional de Salud. Obviamente, no hay similitud alguna en los otros datos. Thatcher llevaba once años en el poder y Rajoy acaba de estrenarse. Pero es cierto que la situación se contempla con inquietud. De no ser así, el PP de Madrid no hubiera sacado un vídeo justificando la privatización que es un ejemplo perfecto de la reconocida táctica del PP de la proyección, esto es, acusar a los demás de lo que uno hace. Porque el vídeo se llama, tiene narices, que no te engañen. Cuando el engaño es el alma misma de la privatización.

Porque ¿puede el PP, el gobierno de Madrid, Ignacio González o quien sea explicar por qué hay que privatizar el servicio público de salud? Se aducen razones de ahorro y eficiencia. Pero, que yo sepa, el gobierno autonómico no ha mostrado un solo estudio o dictamen que las justifique. Ni siquiera ha consultado la opinión profesional de los colectivos afectados, ni los jefes, ni los médicos, ni los enfermeros, ni, por supuesto, ha preguntado a los pacientes. Es una reforma por privatización de ordeno y mando en función de un proyecto que no se ha mostrado ni mucho menos debatido en público.

Y es que no puede ser de otro modo porque, como es evidente, la privatización implica beneficio, lucro privado de unas empresas, tres o cuatro, especializadas en vivir de las contratas públicas, de su relación de favor con el poder político. Son los mismos que luego te endilgan largas teóricas sobre la necesidad de separación entre el Estado y el mercado. Una separación tan nítida, decía Ayn Rand, como la de la iglesia y el Estado. El mercado tiene sus leyes. La fundamental, la ganancia, el lucro. Lo de menos es que se preste el servicio; lo de más, que deje beneficio. Y así es como se pone la infraestructura pública de la sanidad, financiada con el dinero de todos, al servicio de unos intereses privados que, con una reducida inversión, recogen ganancias fabulosas.

Reiteran las derechas privatizadoras que el servicio público de salud no es sostenible. Pero eso no es cierto. Lo es en todas partes en Europa y aquí si hay voluntad política de que lo sea mediante las correspondientes reformas y la política fiscal.

El conflicto de la salud pública nos afecta a tod@s y si tod@s admitimos perder el derecho a la salud, garantizado por el único que puede hacerlo, que es el sistema público, los poderes públicos, el infierno será el límite.

Mato y Cospedal son lo natural.

¡Qué lunes! De Guindos manda una misiva a Juncker, presidente del Eurogrupo, el de la pasta, en plan oficio franquista de los de dios guarde su vida muchos años, pidiendo dinero estilo Rinconete y Cortadillo: sin especificar cantidad, sin detallar condiciones, plazo de devolución ni interés. Primer Año Triunfal del Nuevo Régimen de Rajoy: suelten la guita, roñosos, calvinistas, protestantes, masones, que viene la grandeza del imperio. Lo irritante de los prejuicios europeos sobre los gobernantes españoles es que son ciertos: bombásticos, pretenciosos, gritones, harapientos, obtusos y sin hablar más lengua que la suya y esa no bien del todo. Le va a caer una chufa a este pintoresco ministro que, si fuera de otro país, dimitiría. A nadie le gusta que lo tomen por tonto y mucho menos, un tonto. De momento ya le han contestado que espere, que le mandarán el pliego de condiciones. Y será entonces cuando este esperpéntico De Guindos encuentre ocasión de explicar (sic) las cosas a Juncker, que ya hace falta ser petulante.

A su vez, Rajoy ha ido a mover el rabo ante el sanedrín de la patronal y por eso ha advertido ya que se avecinan nuevas reformas económicas "difíciles". No dice cuáles porque las desconoce hasta que los empresarios se las dicten. Pero ya se malicia él, no siendo tan negado como su ministro De Guindos, que no serán plato de gusto. A la gente nos sobra el dinero. Si no, ya habríamos incendiado el país, protestando contra los 100.000 millones de no-rescate que tendremos que pagar a la banca. Por tanto, es lógico que, además de pagar el no-rescate, nos rasquemos el bolsillo para que los empresarios aumenten sus ya escandalosos márgenes de beneficios.

Mientras los hombres del gobierno andan en la ruda pendencia con los pérfidos enemigos de España, en honor al principio de igualdad de género, la función de bufonas corresponde a las mujeres. ¡Gran conquista! ¿Por qué el oficio de bufón ha de ser una reserva machista cuando algunas damas lo bordan? Vean a Ana Mato diciendo ante selecta concurrencia de su partido que se proponen sustituir fármacos por "algo natural". Ella podría empezar por zamparse kilo y medio de zanahorias, a ver si le mejora la vista y se percata de que hay un jaguar en su casa. En cuanto a los demás, es muy sencillo. ¿Que le duele a usted la cabeza? Nada de aspirina, que es cara. Salga al campo y dé un mordisco al primer sauce que vea. Ya verá cómo se le pasa.

La otra, que es como Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno en una sola persona, sostiene que gracias al PP se ha salvado o se salvará la sanidad española. Es muy sencillo: se procede por el inteligente sistema ideado por los franceses durante la primera guerra mundial, llamado triage y que hoy se ha recogido en algunas urgencias españolas, aunque con buen tino. Consiste en dividir los pacientes en tres grupos: a) los que sanarán aunque no se haga nada; b) los que no sanarán, se haga lo que se haga; c) los que sanarán o no, según lo que se haga. A los a) se les da algo matosamente natural; para los b) se preparan buenos tanatorios de gestión acelerada; es en los c) en donde se concentrará la acción de las administraciones del PP que la entregará en manos de amigos, allegados, parientes y enchufados que quizá no tengan mucha idea, pero sabrán rezar. Y así se salvará la sanidad española, hace un par de años una de las mejores del mundo y hoy camino de ser una de las peores.

(La primera imagen es una foto del PP de Madrid, y la segunda una de Chesi - Fotos CC, ambas bajo licencia Creative Commons).

Una digna respuesta.

La educación, la sanidad, la vivienda, el seguro de desempleo y las pensiones son los pilares del Estado del bienestar, la conquista democrática del siglo XX en Europa basada en la idea de que esos servicios constituyen derechos de los ciudadanos. Como tales deben tener igual reconocimiento y garantía que los derechos clásicos civiles y políticos y los derechos fundamentales. Porque son derechos fundamentales, no mercedes graciables del poder ni actos de beneficencia de organizaciones privadas. Mucho menos negocios.

Esa conquista democrática es la que la derecha neoliberal quiere desmantelar y lleva camino de hacerlo si las sociedades bajo ataque no se defienden. Las pensiones están congeladas; el seguro de desempleo, reducido y acortado; el acceso a la vivienda es una quimera. Ahora el ataque es contra la educación y la sanidad que, privatizadas, son suculentos negocios. La novedad de la situación es que el neoliberalismo no niega ya (como sí lo hacía antes) que la educación y la sanidad sean derechos. Lo que dice ahora es que, por desgracia, no hay dinero para financiarlas y que, en época de crisis, hay que recortar. Pero esto es una excusa.

En primer lugar, no hay dinero porque hace años que está descapitalizándose el Estado a base de reducir los impuestos y renunciar a ingresos bajo la engañosa consigna de que "en donde mejor está el dinero es el bolsillo de los contribuyentes", sin especificar de qué bolsillos se habla. En segundo lugar si, con todo, hay que reducir partidas, habrá que pensárselo mucho, ser muy transparentes y justificar que no hay otro lugar del que reducir que no sean la educación o la sanidad. Si las exenciones fiscales y privilegios que la Comunidad Autónoma de Madrid concede a la enseñanza privada concertada alcanzan los ochenta millones de euros y esa es la cantidad que se ahorra con los recortes de la enseñanza pública, será preciso demostrar por qué es más justo privilegiar a la privada en detrimento de la pública. No blandir el hacha y asestar el tajo sin más explicaciones.

Esa es la política de la Comunidad de Madrid, la de los hechos consumados y las confrontaciones. Porque a Esperanza Aguirre no le interesa conservar la enseñanza pública sino desmantelarla en beneficio de la privada. Por eso no razona, sino que insulta. La historia de su mandato es de hostilidad a los servicios públicos. No da razones sino que va por la vía de hecho y, en lugar de, cuando menos, explicar las medidas tomadas, pues no las ha consensuado con nadie, trata de desprestigiar a los docentes (como intentó hacer en la legislatura anterior con la sanidad pública y las calumnias al doctor Montes) mintiendo sobre su jornada laboral, descalificando su labor y agrediendo a los sindicatos. Eso no es política democrática, de diálogo, sino política autocrática, de imposición. Y no es casual ni repentino sino algo calculado, planeado y ejecutado fríamente, es el desmantelamiento del Estado del bienestar.

La colectividad de enseñantes, padres y alumnos respondió ayer ejemplarmente por segundo día en la calle con una manifa multitudinaria que es en realidad una enmienda a la totalidad de la política educativa de Aguirre y de su consejera, Lucía Figar, esa pía dama que según ella misma dice, piensa entregar suelo público gratuito para que las sectas ultracatólicas que son de su agrado pueden adoctrinar a los niños de la región. Visto lo visto imagino que estas sectas edificarán en los terrenos públicos unos colegios de excelencia para los hijos de los ricos y, al lado, unas chabolas para enseñar el catecismo a los hijos de los pobres que, bien pensado, es lo único que necesitan aprender.

Y no acaba ahí el alcance político de la combatividad de Aguirre. No solamente desprestigia a los docentes y miente sobre su jornada sino que ataca la legitimidad de la huelga atribuyéndosela a los sindicatos, el PSOE, los indignados y "los de la ceja" y, en definitiva, al gobierno central. Es decir, todo el conflicto está provocado y planeado por la Comunidad de Madrid con el fin de plantear un problema más al gobierno central y como eso es absurdo porque éste carece de competencias en la enseñanza en Madrid, se lleva por el lado de la demagogia, asegurando que está alentando a los huelguistas y poco menos que sosteniendo que la huelga está organizada por Rubalcaba y que el ministro de Educación dimita por ello. Una actitud de tan disparatada frivolidad en un asunto de tal importancia muestra que a Esperanza Aguirre la enseñanza pública y los docentes le importan un comino. Y los alumnos, menos.

El color de la piel de Obama.

Dice el expresidente Carter, un hombre de convicciones, que buena medida de las agrias acusaciones y los insultos que está recibiendo el señor Obama se debe al color de su piel porque todavía queda un poso de racismo en la sociedad gringa. Responde, sin embargo, el interesado diciendo que no es así, que el Presidente está inmerso en la habitual batalla política y el racismo tiene poco que ver con ello.

En mi modesta opinión lleva la razón el Presidente. Sin duda la barbaridades, procacidades, denuestos e insultos que sufrió el pasado fin de semana tienen su origen en la concentración de ultraderechistas, supremacistas blancos y simples orates que se celebró en esa fecha como parte del programa de movilizaciones de la extrema derecha en contra de la reforma del sistema sanitario. Por supuesto el color de la piel de Obama es importante y racismo hay un rato largo en Gringolandia y no sólo un poso, pero el objeto esencial del odio de la derecha está en las políticas del Presidente y muy especialmente en la dotación de un sistema integral de atención sanitaria en los Estados Unidos.

Para la derecha estadounidense, cuya representante más acabada debe de ser la exgobernadora de Alaska, la señora Sandra Palin (a quien no conviene infravalorar pues puede llegar a su vez a presidenta del país), el señor Obama, además de negro, es un socialista, cuando no un furibundo bolchevique. Este tipo de exageraciones, similar al que hace la derecha española al tildar de "radicales" al señor Rodríguez Zapatero y sus colaboradores, es muy típico de las posiciones políticas simples y maniqueas, pero tiene mucha fuerza propagandística y en un país en el que hay millones de armas de fuego en manos de otros tantos ciudadanos, extraordinariamente peligroso.

El "socialismo" del señor Obama se reduce a la pretensión de que los estadounidenses disfruten de lo que para la inmensa mayoría de los europeos occidentales constituye uno de los pilares del Estado del bienestar que da por supuesta, esto es, una cobertura sanitaria universal, cosa que también la derecha europea está tratando de destruir, como se evidencia en las políticas privatizadoras de la sanidad del gobierno de la señora Aguirre en Madrid.

El mismo Mr. Obama subrayó hace poco que los EEUU son la única democracia avanzada que no tiene un sistema similar. Los dos programas en vigor, Medicaid, para los pobres de solemnidad y Medicare para la población anciana, siendo muy necesarios, apenas pueden pasar por algo parecido a los sistemas europeos y deja desprotegida, sin seguridad médica a más de la sexta parte de la población. Este proyecto de reformar la sanidad gringa haciéndola pública y, a ser posible, gratuita, ha sido la piedra en la que han tropezado algunos intentos, el último, el del señor Clinton, merced a la feroz oposición de la mencionada derecha, en buena medida sostenida y financiada por las poderosas empresas de seguros médicos y las farmacéuticas. El negocio sanitario mueve un porcentaje apreciable del PIB estadounidense y no es de esperar que quienes se benefician de él, faciliten la tarea de hacerlo accesible sin coste o con costes mínimos a los que más lo necesitan. Esa es la razón última de la feroz oposición al señor Obama y no su negritud, aunque su negritud pueda servir también para descalificarlo ante ciertos auditorios.

Finalmente, la Comisión de Asuntos Financieros del Senado ha presentado una proposición de ley que rebaja algo las pretensiones del Presidente (singularmente, la implantación de un sistema público de salud) pero atiende a su objetivo último de conseguir la universalización de la atención sanitaria con cargo a una nueva batería de impuestos (que gravarán sobre todo a las aseguradoras, compañías farmacéuticas, médicas, etc) y racionalización del gasto de forma que, aunque el coste sigue siendo elevado, no aumentará el abultado déficit estadounidense. La administración se hará facilitando la contratación de seguros privados a través de subvenciones y ayudas para las familias que no puedan permitírselos y poniendo en pie una red de cooperativas sin ánimo de lucro. Todas las familias estarán obligadas a suscribir cobertura médica por estas vías bajo amenaza de una importante penalización económica; sólo quedarán fuera los inmigrantes ilegales, calculados en unos doce millones de personas. La ley regula de modo más estricto a las aseguradoras privadas de forma que no puedan recurrir a prácticas perversas para maximizar beneficios como la de excluir a aquellos asegurados que contraen enfermedades caras y prolongadas.

En resumen, un sistema flexible que pretende conjugar universalidad con sistema privado, todavía muy alejado de los públicos europeos pero que la prensa gringa ya celebra como un eco de la revolucionaria ley que estableció la seguridad social en la era Roosevelt, en 1935. Y por esto, que es algo de justicia elemental, la derecha berrea que el señor Obama es un peligroso comunista. Un negro comunista o un comunista negro.

(La imagen es una foto de C4Chaos, bajo licencia de Creative Commons).

Contra la privatización de la sanidad pública.

Los de la Asociación en Defensa del Hospital Severo Ochoa (ADHSO) han puesto en marcha una campaña con el muy noble objetivo de sentar al señor Lamela, responsable de las calumnias al doctor Montes, el banquillo con el titulo de Lamela al banquillo. Quien quiera leer las muy sólidas razones de la Asociación que pinche en Lamela al banquillo

Por lo demás, los de la ADHSO nos piden una módica contribuición de 10 € para ayudar a esta causa que conlleva un proceso costoso en el que la otra parte no dudará en emplear los recursos públicos para defenderse:

Si no estás dispuesto a consentir que nuestra falta de medios económicos permita su impunidad…

Ingresa o transfiere 10 € a la cuenta corriente de
La Caixa: 2100 1745 56 0200090640

Indica en el concepto “Lamela al banquillo”

Igualmente, en el nombre de la cuenta hay que poner ADHSO..

Toma globalización.

En menos tiempo del que nos hubiera gustado hemos recibido un par de clases prácticas acerca de qué significa la globalización a base de buenos mamporros. Primero fue la crisis financiera, convertida después en crisis de la economía real, que está dejando al mundo en cueros, a la gente en el paro, a los bancos tiritando, a las empresas en quiebra, a los gobiernos a bout de souffle. Comenzó con las famosas subprime en los Estados Unidos el verano pasado y en el otoño ya se había extendido por el mundo entero. Nadie está libre de la crisis que no respeta fronteras ni diferencias entre sistemas económicos. Hay tantos parados en China como en España, relativamente, claro es. Así hemos aprendido la lección amarga de la globalización: la internacionalización del capital, la universalización del comercio, todo apunta a la realidad de la famosa teoría del aleteo de la mariposa.

La globalización, ¿es buena o mala? La pregunta es hoy, como ayer y como lo será mañana, estúpida: la globalización, simplemente, es. Si, además de ser (y ser inevitable) resulta buena o mala, dependerá de muchos factores, circunstancias y situaciones. Dependerá incluso de los tiempos: a veces será buena y a veces, mala. Lo que es incomprensible es que todavía no se hayan elaborado los mecanismos internacionales para gestionarla. Gracias a la crisis global estamos asistiendo a una febril actividad de reuniones y cumbres que solamente ponen de manifiesto la dejadez con la que los Estados han actuado en los últimos veinte años, aproximadamente desde la caída del comunismo. Se acababa la guerra fría y, según decía el presidente Bush, padre del orate que ocupó la Casa Blanca los últimos ocho años, nos correspondería cobrar los dividendos de la paz. Y así ha sido: hemos cobrado dichos dividendos en forma de guerras y, ahora, la crisis más bestial del capitalismo desde 1929, merced a la aplicación irrestricta de los dogmas neoliberales.

Y ahora, la pandemia de la gripe porcina. Hay algo apocalíptico en este suceso. Como lo hay en el hecho de que haya empezado en México, D.F., la ciudad más populosa del mundo, con más de veinte millones de habitantes. Dicen que los chilangos y defeños en general están asustados. No me extraña. ¿Quién puede detener el contagio en una ciudad de veinte millones de habitantes, esto es, como dos veces Portugal?

Pero hay más: ¿quién puede detener el contagio del planeta entero en plena globalización? En tiempos de la peste negra que, como se recordará, se llevó por delante en el siglo XIV a un tercio de la población de Europa, la plaga se extendió con una lentitud que hoy daría verdadera envidia pues le llevó cuatro años para pasar de Turquía (en 1347) a Suecia (en 1351) a través de España, Francia, etc. Hoy, el virus de la gripe porcina ha tardado cuarenta y ocho horas en ir de México a España y a Nueva Zelanda. La pandemia está aquí. Ya veremos cómo se presenta la situación y qué cabe hacer. Pero es, obviamente, otro recordatorio de que hoy día los problemas son globales y sólo pueden resolverse con soluciones globales. Las medidas nacionales sólo debieran tener carácter subsidiario de las que se tomaran en el orden internacional mientras que ahora serán las únicas que se adopten y, en todo caso, tendrán que contar con la intervención decidida de las instancias públicas. Vamos a ver asimismo cómo funcionan los servicios de salud privatizados por estos nuevos piratas del siglo XXI llamados neoliberales y neoconservadores que se diferencian de los somalíes en que no se juegan la vida en sus actos de pillaje.

Además estoy seguro de que el señor Rajoy acabará acusando al gobierno socialista de haber traído la peste porcina.

(La imagen es una foto de 20 Minutos, bajo licencia de Creative Commons).

Contra la privatización de la sanidad pública.

Cedo este post a la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid que hace una campaña pidiendo la

Derogación de la Ley/15/97 que permite la privatización de la Sanidad pública

Quien quiera colaborar con la campaña, que firme aquí una petición dirigida al Gobierno de España. Más abajo, información cumplida sobre los siniestros planes de convertir la sanidad madrileña en un negocio de ese equipo de gentes sin escrúpulos en torno a la señora Aguirre.

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Se habla de privatización de la sanidad en Madrid; han empezado con los laboratorios y ya han cerrado centros de especialidades casi de un día para otro sin avisar al personal de los centros.
¡La sanidad no se puede privatizar!


Sanidad Pública Comunidad de Madrid.
Lo que hay que saber:

1) Los nuevos hospitales de *gestión privada* han cubierto sus plazas con médicos de los hospitales públicos, que se han quedado sin buena parte de su personal. En el caso de La Paz se ha ido el 40% de los médicos.

2) A pesar de haberse ido, sus nóminas corren a cuenta de sus antiguos hospitales de origen. Es decir, esos médicos trabajan para un hospital privado pero *su sueldo sale del hospital público.*

3) De momento 3 de los hospitales privados no han abierto por falta de personal. No obstante *están cobrando de la Comunidad una cuota fija diaria* (a pesar de estar cerrados y sin estrenar).

4) A pesar de la clamorosa necesidad de médicos de los hospitales públicos para cubrir las bajas de los que se fueron a los privados, tienen *prohibido contratar nuevos médicos*, en tanto que no se cubran las plazas de todos los hospitales privados para que estos puedan empezar a funcionar.

5) Cada hospital privado cobra de la Comunidad *300 € por cada paciente* que atiende, independientemente de lo que le haga (diagnóstico, pruebas, consultas, etc). Esta cuota sigue siendo 300 € aunque lo que le hagan cueste mucho menos.

6) Cuando llega *un paciente cuya prueba cuesta más de 300 €, el paciente es desviado automáticamente a un hospital público*. Así el hospital nunca pierde dinero, y además no compensa en otros pacientes sus ganancias cuando ha atendido a otro paciente por menos de ese dinero (es decir que es como en el casino, siempre gana la banca).

7) Ninguno de estos hospitales tiene *laboratorios* para hacer sus propios análisis de sangre, de bioquímica, citología, etc. Estos servicios son contratados a* empresas privadas externas* que cobran sus servicios.

8) Como muchos médicos no se fían mucho de lo que hacen estas empresas externas, en la práctica es frecuente mandar las muestras para analizar por duplicado, por una parte a la empresa externa responsable de ese servicio, y por otra parte a un laboratorio amiguete de la pública del hospital de procedencia. *La sanidad pública está pagando cada análisis de hecho por duplicado.*

>En definitiva, dentro de unos años no sé qué tipo de médicos nos van a poder atender. Teníamos una sanidad pública que era de las mejores del mundo y no hace falta ser muy listo para sospechar cómo va a evolucionar esto. Afortunadamente para los que vivan fuera de Madrid, esto no está pasando en otras comunidades. No entiendo cómo, por muchas transferencias en sanidad que haya, cuando se comete en una comunidad un desaguisado de este tipo con la clara intención de desmantelar el sistema, el gobierno central no da un puñetazo en la mesa ni pone las cosas en su sitio.

El otoño se presenta caliente en la sanidad madrileña. Por favor informaos y contrastad éstas y otras informaciones. Nuestra pasividad es lo que más les conviene a los que quieren desprestigiar y desmantelar la sanidad pública. Buscad la verdad y reaccionad. Es realmente importante lo que nos estamos jugando.

Si alguien quiere dejar su salud en manos de una empresa, cuyo objetivo (como el de todas las empresas) es ganar dinero, allá él. No me parece ni medio lógico dejarse operar por alguien que, como primer objetivo, va a estar más pendiente de obtener beneficios económicos que de proporcionarnos la mejor atención posible.

En favor del doctor Montes y de la sanidad pública.

La campaña que se ha iniciado en la blogosfera a favor del Doctor Montes y de los otros profesionales vilipendiados y perseguidos por el gobierno de la Señora Aguirre en la Comunidad de Madrid es más que un movimiento de solidaridad a favor de las víctimas de un manifiesto abuso de poder, que ya es bastante pues constituye un deber elemental de solidaridad alzar la voz cuando se cometen tales injusticias. Es más también que una acción en pro de la sanidad pública, en defensa de los intereses generales contra las maniobras privatizadoras de unos gobernantes que sólo atienden a los (sus) intereses privados, que también es mucho. Esa campaña es una cuestión de principios y en ella nos jugamos asuntos de enjundia. Hay que poner coto a los desmanes de un poder reaccionario y arrogante que no solamente recurre a la mentira y la demagogia sistemáticas y desobedece los fallos de los tribunales de justicia, considerándose por encima de la ley, sino que se niega a rendir cuentas a los ciudadanos, tratándonos no como a tales sino como a siervos. Esa campaña, por lo tanto, constituye un deber cívico y no debemos cejar en ella hasta alcanzar nuestros objetivos:

reposición del doctor Montes y otros represaliados en sus puestos;

petición pública disculpas de las autoridades a los damnificados y a la población en general;

cese fulminante del consejero, señor Lamela, responsable del atropello.

La campaña en marcha comprende en primer lugar una recogida de firmas, que irá seguida luego por otras movilizaciones y actividades. Quien quiera firmar ya que pinche aquí. Hay que acabar con la arrogancia y la impunidad de estos retrógrados.

(La foto es de Olmo González, bajo licencia de Creative Commons.

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