La educación, la sanidad, la vivienda, el seguro de desempleo y las pensiones son los pilares del Estado del bienestar, la conquista democrática del siglo XX en Europa basada en la idea de que esos servicios constituyen derechos de los ciudadanos. Como tales deben tener igual reconocimiento y garantía que los derechos clásicos civiles y políticos y los derechos fundamentales. Porque son derechos fundamentales, no mercedes graciables del poder ni actos de beneficencia de organizaciones privadas. Mucho menos negocios.
Esa conquista democrática es la que la derecha neoliberal quiere desmantelar y lleva camino de hacerlo si las sociedades bajo ataque no se defienden. Las pensiones están congeladas; el seguro de desempleo, reducido y acortado; el acceso a la vivienda es una quimera. Ahora el ataque es contra la educación y la sanidad que, privatizadas, son suculentos negocios. La novedad de la situación es que el neoliberalismo no niega ya (como sí lo hacía antes) que la educación y la sanidad sean derechos. Lo que dice ahora es que, por desgracia, no hay dinero para financiarlas y que, en época de crisis, hay que recortar. Pero esto es una excusa.
En primer lugar, no hay dinero porque hace años que está descapitalizándose el Estado a base de reducir los impuestos y renunciar a ingresos bajo la engañosa consigna de que "en donde mejor está el dinero es el bolsillo de los contribuyentes", sin especificar de qué bolsillos se habla. En segundo lugar si, con todo, hay que reducir partidas, habrá que pensárselo mucho, ser muy transparentes y justificar que no hay otro lugar del que reducir que no sean la educación o la sanidad. Si las exenciones fiscales y privilegios que la Comunidad Autónoma de Madrid concede a la enseñanza privada concertada alcanzan los ochenta millones de euros y esa es la cantidad que se ahorra con los recortes de la enseñanza pública, será preciso demostrar por qué es más justo privilegiar a la privada en detrimento de la pública. No blandir el hacha y asestar el tajo sin más explicaciones.
Esa es la política de la Comunidad de Madrid, la de los hechos consumados y las confrontaciones. Porque a Esperanza Aguirre no le interesa conservar la enseñanza pública sino desmantelarla en beneficio de la privada. Por eso no razona, sino que insulta. La historia de su mandato es de hostilidad a los servicios públicos. No da razones sino que va por la vía de hecho y, en lugar de, cuando menos, explicar las medidas tomadas, pues no las ha consensuado con nadie, trata de desprestigiar a los docentes (como intentó hacer en la legislatura anterior con la sanidad pública y las calumnias al doctor Montes) mintiendo sobre su jornada laboral, descalificando su labor y agrediendo a los sindicatos. Eso no es política democrática, de diálogo, sino política autocrática, de imposición. Y no es casual ni repentino sino algo calculado, planeado y ejecutado fríamente, es el desmantelamiento del Estado del bienestar.
La colectividad de enseñantes, padres y alumnos respondió ayer ejemplarmente por segundo día en la calle con una manifa multitudinaria que es en realidad una enmienda a la totalidad de la política educativa de Aguirre y de su consejera, Lucía Figar, esa pía dama que según ella misma dice, piensa entregar suelo público gratuito para que las sectas ultracatólicas que son de su agrado pueden adoctrinar a los niños de la región. Visto lo visto imagino que estas sectas edificarán en los terrenos públicos unos colegios de excelencia para los hijos de los ricos y, al lado, unas chabolas para enseñar el catecismo a los hijos de los pobres que, bien pensado, es lo único que necesitan aprender.
Y no acaba ahí el alcance político de la combatividad de Aguirre. No solamente desprestigia a los docentes y miente sobre su jornada sino que ataca la legitimidad de la huelga atribuyéndosela a los sindicatos, el PSOE, los indignados y "los de la ceja" y, en definitiva, al gobierno central. Es decir, todo el conflicto está provocado y planeado por la Comunidad de Madrid con el fin de plantear un problema más al gobierno central y como eso es absurdo porque éste carece de competencias en la enseñanza en Madrid, se lleva por el lado de la demagogia, asegurando que está alentando a los huelguistas y poco menos que sosteniendo que la huelga está organizada por Rubalcaba y que el ministro de Educación dimita por ello. Una actitud de tan disparatada frivolidad en un asunto de tal importancia muestra que a Esperanza Aguirre la enseñanza pública y los docentes le importan un comino. Y los alumnos, menos.
