Hace días que vengo posteando sobre la ya más que evidente coyunda entre el Gobierno dizque socialista y las empresas inmobiliarias. El veinticinco de este mes, el post se titulaba El Gobierno financia a la mafia del ladrillo, a propósito de la decisión de la ministra de la Vivienda, señora Corredor, de destinar trescientos millones de euros (y no de su bolsillo, claro) a comprar suelo a las constructoras con el pretexto de edificar luego viviendas de protección oficial (VPOs) pero con la intención clara de acudir en auxilio de aquellas para que no se vean obligadas a bajar los precios, sobrevalorados en un 40%, esos precios que impiden que la gente pueda acceder a la vivienda. Esta decisión mereció un editorial muy crítico de El País al día siguiente, veintiséis de julio, titulado Una receta equivocada en el que se ponía en solfa la decisión de la ministra, por entender que trataba de evitar que bajaran los precios.
La ministra (y su mentor espiritual, el señor Sebastián, ministro de Industria que, para desgracia de la gente, parece manda mucho en La Moncloa) debe de ser un peón del lobby del ladrillo en el Gobierno, pues sólo vela por sus intereses, al punto de intentar engañar a la buena gente hace un par de meses, incitándola a comprar vivienda con el cuento de que Es el momento adecuado para comprar una vivienda, que hace falta tener caradura, cuando sabe que los precios no han bajado todavía y, si de ella depende, no bajarán pues, como se ve, está dispuesta a emplear recursos públicos que faltan en otros ámbitos de acción del Gobierno, especialmente en la legislación de dependencia y otras políticas sociales.
Es decir, este Gobierno de "izquierda" está muy interesado en "facilitar el asalto al poder de los amigos ladrilleros" del ministro señor Sebastián. Véase al respecto el interesante artículo de Carlos Sánchez en El Confidencial, titulado ¿En qué se parecen Miguel Sebastián y el profesor Franz de Copenhague? y que contiene el siguiente demoledor párrafo: "Sostiene Sebastián ahora que la solución a los problemas inmobiliarios de este país es que los poderes públicos compren suelo y se dediquen a construir viviendas. Sin duda que estamos ante la formulación más brillante de su larga y fructífera carrera como economista profesional. Resulta que en un país en el que el 16,2% del parque de viviendas está desocupado (datos del Censo de 2001), en el que el número de viviendas por hogar es de 1,55 (datos del Banco de España) y en el que hay entre 800.000 y un millón de pisos sin vender, la solución es seguir construyendo más y más. Y lo dice quien se quita la corbata y viaja en metro para ahorrar energía. Ni al mismísimo profesor Franz de Copenhague se le hubiera ocurrido una solución tan ‘imaginativa’."
Y el asunto es peor de lo que parece. En principio podría pensarse que se trata de un caso de mera incompetencia, pero lo que se va sabiendo tiene mucha peor pinta. Según informa hoy El País, el señor David Taguas, amigo y colaborador del señor Sebastián y exdirector de l Oficina Económica de La Moncloa estuvo intrigando desde su puesto ante bancos y cajas y con los ministros del Gobierno para tratar de salvar con dinero público a la empresa Martinsa que, como se sabe, está hoy en concurso de acreedores. El señor Taguas dejó su puesto hace cosa de mes y medio para presidir la patronal de las grandes constructoras (SEOPAN), una especie de alto estado mayor del ladrillo, provocando un problema de posible incompatibilidad que el Gobierno resolvió de modo poco elegante, cerrando el paso a una investigación parlamentaria con ayuda de los catalanistas. Es decir, mientras era asesor del presidente del Gobierno, el señor Taguas defendía los intereses de las inmobiliarias y su salto al sector privado es un pago diferido. Nos entendemos ¿verdad?
O sea, el asunto no es tan cándido como parece a primera vista; no se trata solamente de que un par de ministros no sepan de la misa la media y, digamos, propugnen soluciones erróneas por desconocimiento. Nada de eso. Todo parece indicar que se trata de una operación deliberada del lobby del ladrillo para entrar a saco en las finanzas del Estado con el apoyo de los gobernantes, cuando menos de los ministros señores Sebastián y Corredor, para evitar el ajuste natural del mercado después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria a través del descenso de los precios que será la única forma en que la gente, especialmente los jóvenes que llevan años en las casas de los padres, pueda acceder a una vivienda. Es más que ignorancia o estupidez y, en consecuencia, es de esperar haya una interpelación parlamentaria de la oposición que lleve a investigar qué relaciones hay entre los señores Sebastián y Corredor y los empresarios del ladrillo. Antes de que alguno de ellos, o los dos, den un salto parecido al del señor Taguas.
(La imagen es una foto de Daquella manera, bajo licencia de Creative Commons).
