Esperanzas desesperadas

Se agradece que la ministra Batet se exprese como las personas normales, llame a las cosas por su nombre (pues habla de "conflicto catalán") y se muestre presta a dialogar con la Generalitat. Se agradece. Siempre es mejor que contemplar los gestos adustos, altaneros de quienes creen que la respuesta al "reto" catalán es enviar a la Guardia Civil.

Otra cosa es la viabilidad de lo vagarosamente anunciado como si fuera una concreción: una reforma federalista de la CE para que Catalunya sea más feliz dentro de España. Es una linda esperanza, pero también desesperada. Pretende disfrazar la negativa a reconocer a Catalunya el derecho a decidir si quiere seguir dentro de España o no. Porque el problema está ahí, en el presupuesto que legitima la hipotética reforma de la CE. Si los catalanes tienen o no derecho a la autodeterminación, esto es a decidir si quieren ser "más felices" dentro de España y su Constitución o "más infelices" fuera de ellas. Los alambicados castillos conceptuales armados para dilucidar tan compleja cuestión se vienen abajo con el soplo escocés.

No obstante, aun no estamos en esa casilla sino en el puro comienzo. Hablar de reforma de la CE con 85 diputados es poco realista. Y aunque fueran muchos más. Esta Constitución está redactada de tal modo que su reforma necesita complicados trámites y mayorías parlamentarias cualificadas que hoy por hoy está muy lejos de reunir. El frente antirreformista vendrá además reforzado por la reacción de las CCAA que objetarán a las relacioness bilaterales Estado-Catalunya. No se olvide que esta es la Constitución del "café para todos".  

La encomiable disposición del gobierno al diálogo viene ensombrecida por la existencia de presos y exiliados políticos. Y eso que todavía no ha entrado en acción el aparato Borrell. La inercia y la anterior complicidad con la política represiva del gobierno del PP, incluido el apoyo al 155, hacen que ahora el PSOE considere adecuado hablar de "normalizar" la situación pero sin poner fin a la persecución judicial del independentismo, sin liberar a los presos políticos ni permitir el regreso de los exiliados. 

Pero tal cosa no es realista. En un Estado de derecho no puede haber presos políticos. 

En esos términos encara la Generalitat la negociación con el gobierno. Al saber de la propuesta de reforma constitucional de Batet, Torra ha contestado que da la bienvenida a todas las propuestas, pero el govern "parte del 1-O". Qué quiera decir esto se verá en poco tiempo pero, en principio, supone una referencia al mandato de independencia resultado del referéndum del 1-O que el gobierno central no pudo ni supo impedir sino solo reprimir con tan insólita brutalidad que deslegitimó la causa que decía defender. Y, para dejar clara la idea, la CUP emplaza al govern y a los partidos independentistas a recuperar la vía unilateral.

Como en las historias de venganzas heredadas de familias que trasmiten enfrentamientos cuyo origen se ha olvidado, aquí unos gobiernos heredan conflictos que arrancan de situaciones también olvidadas. Y sin embargo, se trata de un asunto simple, como aquí: admítase un referéndum de autodeterminación en Cataluña como los que se celebraron en Quebec y Escocia. Nada más. 

Y todo quedará resuelto. 

Cataluña según Cebrián

Para celebrar un aniversario de El País y que, con motivo de la imparable ruina de la empresa, él se ha metido otro millón y algo en el bosillo, Cebrián adoctrinó al otro país desde su diario. Según la crónica del correspondiente plumilla, el prócer diagnosticó que España ha de emplearse a fondo en tres graves cuestiones: mantener la recuperación económica, reducir la desigualdad con un plan d choque y hacer frente al "desafío independentista catalán" (sic). Por lo que se ve, la corrupción no es problema, aunque medio PP esté en la cárcel y parte de la Casa Real se apreste a hacerle compañía.

El problema es Cataluña. Cebrián no es tonto y tiene algo más de vuelo que los nacionalistas españoles de DENAES, la cabra de la legión, la Societat Civil Catalana o el círculo "Español cazi ná". Pero, a la hora de articular una propuesta inteligible sobre Cataluña, la Minerva le abandona y lo deja dando vueltas al atajo, como decía Machado. Cree que la voluntad mayoritaria de los catalanes de reclamar el derecho de autodeterminación es un "reto independentista", como una plusmarca de cien metros vallas. Opina que será preciso reformar la Constitución, como si los políticos españoles pudieran hacerlo, cuando ignoran por dónde empezar;  y espera que la reforma sirva para implantar un federalismo del que sabe tan poco que hasta le parece una terrible audacia llamarlo por su nombre. Por supuesto no parece haberse enterado de que quienes recurren a este conjuro mágico de federalismo dominan tanto la pócima como el bálsamo de Fierabrás.

Su evidente intención es la de siempre: Eadem sed aliter, como decían los escolásticos: que todo cambie para que siga todo igual; principio que Lampedusa ha elevado a ley universal del cambio sociológico. Dad unos abalorios federales a los catalanes y veréis cómo se tranquilizan. Ese es el nivel de la elite oligárquica española.

Hablar al catalán

Las buenas formas y maneras comienzan a abrirse paso en estos páramos mesetarios. El primer paso lo han dado los plebeyos, Iglesias y Sánchez que, por fin, han llamado a Puigdemont, flamante 130º presidente de la Generalitat. Si también lo hará Rajoy, otro plebeyo y futbolero, es un imponderable. Dudo mucho de que lo haga Rivera, que tiene un problema psiquiátrico y edípico con su país, Cataluña. No sé por qué no lo ha hecho Urkullu.   Y supongo que al Borbón habrá que llevarlo a rastras al teléfono y obligarlo a marcar el número para que ceda. Ignoro por qué se resiste de este modo cuando tiene ejemplos más que sobrados de flexibilidad en su familia: Carlos IV y Fernando VII corrieron a entregar la corona de España y su inmenso imperio ultramarino al Emperador Napoleón I. Isabel II coronó su veraneo en San Sebastián exiliándose en París y a Alfonso XIII le bastaron unas elecciones municipales para coger las de Villadiego. Quizá piense, como sus antepasados, que estos catalanes acaban siempre tragando.

Puede llevarse una sorpresa. ERC anuncia que no acudirá a consultas con el Rey si este no recibe antes a Forcadell y a Puigdemont. Son ganas de fastidiar. ¿Qué más les dará, si ellos son republicanos? Pues por eso precisamente. Así, entre su republicanismo y la ya patente ineptitud de la Casa Real, no ha comenzado la legislatura y ya tenemos un conflicto de negra honrilla. Típicamente español.

Pero vayamos a lo positivo. Pablo Iglesias sí ha llamado y ha expuesto a Puigdemont su punto de vista sobre la cuestión catalana. El más avanzado de todos los del nacionalismo español: referéndum unilateral con Podemos defendiendo el no a la independencia. Palinuro aplaude porque es por lo que viene abogando hace años. Pero ya no está muy seguro de si surtirá efecto. Las cosas han cambiado bastante y, a base de cerrazón española, la gente también, de forma que no es seguro que tenga mucho apoyo ahora, aunque lo respalde Colau. Y eso sin contar con un dato definitivo: Podemos necesitará bastante más diputados que 42 para conseguir que el Parlamento español autorice un referéndum unilateral en Cataluña, al que hoy por hoy, se oponen 253 diputados de PP, PSOE y C's.

Pedro Sánchez también ha llamado a contar a Puigdemont a su vez los planes federales del PSOE que, con la actual aritmética parlamentaria, no son tan cuento de la lechera como los de Podemos, pero no se diferencian mucho. Son, quizá, númericamente más viables que los de Podemos, pero de contenido y substancia mucho más vagarosos e improbables. Es difícil enseñar federalismo a los catalanes que, desde Pi y Margall son los que mejor o peor han venido defendiendo la idea. Y es difícil que un partido tan jacobino como el PSOE (a pesar de su jerga federal) pueda hacer una propuesta atractiva a día de hoy y como están las cosas.

Pero, y lo han comentado muchos en la Villa y Corte: tanto Iglesias como Sánchez han quedado gratamente sorprendidos de haber encontrado en Puigdemont una persona flexible, dispuesta al diálogo, con ánimo de concordia.

¿Qué esperaban? ¿Que mordiera? O tienen muy mala conciencia o ven demasiada Intereconomía.

Cabezas huecas que embisten

Sí, ya sé que todos los focos estuvieron ayer sobre el juicio en el que comparece Cristina de Borbón. Sí, ya sé que está lleno de lecciones políticas y morales, desde "¡oh, cómo funciona el poder judicial en una democracia!" hasta "ya veréis como a esta no le pasa nada". Sí, ya sé que el asunto puede extenderse al llamado Rey emérito y quizá a su hijo, Felipe V+I,  a nada que se descuiden. Sí, ya sé que este juicio es un palo a la Corona. Y Palinuro hará algún comentario sobre los Borbones y la necesidad de echarlos a todos y de implantar una República como un sistema político más acorde con los tiempos y más compatible con la dignidad de las personas. Somos ciudadanos y no somos ni queremos ser súbditos que tengan que aguantar esta astracanada de un linaje de señoritos, vendepatrias, putañeros e imbéciles. 

Pero de momento, el asunto más importante sigue siendo Cataluña. El domingo hubo una increible comparecencia de Mr. Sobresueldos a leer (mal) un papel y negarse a reconocer  su responsabilidad, que es toda, en este desastre que deja detrás de sí. Al día, siguiente, lunes, era el nuevo portavoz del PP, Pablo Casado, el que salía con amenazas más específicas y contundentes: el famoso artículo 155 que ni dios sabe cómo pueda aplicarse. Suspender la autonomía catalana, vamos, así, sin más ni más y sin que les "tiemble el pulso", como a Franco cuando firmaba órdenes de asesinatos que llamaban "penas de muerte".

Es un privilegio del PP: ponen siempre de portavoces a los más tontos. Este Casado acabará haciendo bueno a Floriano. Cabezas huecas o llenas de serrín, que solo sirven para embestir, como decía Machado. Porque, vamos a ver, ¿cómo piensan estos matones intervenir en Cataluña y obligar a las autoridades al "cumplimiento de la ley"? ¿Con qué medios cuentan? ¿Han pensado en que no solamente tienen que someter a las autoridades autonómicas sino a todos los gobiernos, las diputaciones, los ayuntamientos y las últimas pedanías, sin contar consorcios, empresas públicas, instituciones, asociaciones y la gente en general en apoyo a sus autoridades?

Ayer, Oriol Junqueras vaticinaba, no muy crípticamente, que se acercaban tiempos de mucho gandhismo en Cataluña. Para el resto de los mortales está claro, y por si no lo está para los zotes del PP (cuyo conocimiento de la política está por debajo de cero) debe avisárseles de que se trata de una desobediencia civil masiva, algo de esperar de una sociedad muy movilizada y con un alto grado de conciencia política, como la catalana. ¿Cón qué fuerzas cuentan los gobernantes y sus mariachis en los medios para mantener el orden público (que, por lo demás, nadie amenaza) hasta el último rincón de Cataluña? 

¿Se les ha ocurrido siquiera a estos "demócratas" medir las consecuencias de sus actos? Es evidente que no. ¿Puede España mantener una situación como la de la India entre 1945 y 1948 o bien como la de Irlanda hasta la independencia y el Ulster después? Está claro que no. Y está claro que ni se les ha ocurrido, porque la derecha española, el PP, el gobierno, no son democrátas ni saben lo que es la democracia ni les importa un pimiento. Su comportamiento es autoritario, de ordeno y mando, intrínsecamente fascista porque es lo que han aprendido en sus casas ya que, con escasas excepciones, tod@s proceden de familias franquistas. Y, por más que l@s franquistas se vistan con un redingote jacobino, siempre serán franquistas. Cabezas vacías, que embisten, pero no piensan. 

Estos, lo han dicho muchas veces, están en política para forrarse, básicamente lo que han hecho, a base de esquilmar y arruinar el país. A los más tontos los han cogido y están en los tribunales. Pero no están aun todos los que son porque quedan otros en el gobierno. Otros que, por supuesto, tampoco piensan ni tienen el menor sentido de la responsabilidad o de las reglas democráticas y cuando, por casualidad, piensan algo es malo. Y no malo en el sentido material o mecánico, sino moralmente malo. Como se ven ya amortizados y como Mr. Sobresueldos empieza a entender que no será presidente del gobierno, son capaces de hacer un disparate en Cataluña con la única intención de torpedear el posible gobierno de Pedro Sánchez.

Y, en efecto, vamos a Pedro Sánchez, que estuvo ayer en "El Intermedio", en donde lo trataron como a un enchufeta de la casa, sin ponerle en aprieto alguno. Por ejemplo, no le preguntaron hasta dónde piensa él llevar el apoyo que ha brindado al Gobierno "para hacer cumplir la ley". Si, aprovechando la confusión del momento, el hecho de que el Sobresueldos tiene que irse a su casa (¡a ver si se va ya de una vez!) y la conveniencia de que no se hable tanto del juicio a Cristina de Borbón, el gobierno decreta un estado de excepción en Cataluña, ¿se subirá Sánchez al primer carro de combate que entre en Barcelona por la diagonal? ¿Qué va a hacer? Lo dejaron también irse de rositas con tres vaguedades sobre unas alianzas de puro wishful thinking y una reforma constitucional que sabe de sobra que no podrá hacer.

Esto nos lleva a una consideración sobre la evolución de la situación catalana en los últimos tiempos que aquí solo bosquejaré pero que desarrollaré en un próximo post con cierta confianza porque hace años que vengo dándole vueltas y, en fin, sin falsa presunciòn, eso se nota. 

Sintetizando hay hoy cuatro propuestas sobre la mesa para resolver lo de Cataluña. Las enumero de menos a más factibilidad:

1ª) Un referéndum en toda España sobre una reforma constitucional federal. Solución PSOE en la que no cree nadie. Ni el PSOE.

2ª) Un referéndum en toda España sobre reforma constitucional federal que incorpore el derecho de autodeterminación de las naciones del Estado. Todavía menos. La proponía ayer Juan Ramón Capella. La proponía también un servidor en un libro publicado en los años noventa del siglo pasado. Muy nueva no es y tampoco factible. Al menos, ya no la propongo.

3ª) Un referéndum vinculante solo en Cataluña. La propugna Podemos, o parte de Podemos (ya veremos por cuánto tiempo) después de la castaña que se pegaron en las elecciones catalanas  del 27 de septiembre de 2015. Coincide con la que defendía Palinuro también en los últimos años, sin conseguir convencer de su conveniencia a los de Podemos hasta que no se dieron la castaña. Tampoco la propongo ya; y no porque sea veleidoso, sino porque el tiempo no pasa en balde y nos hace más y más escépticos. Sí es posible que, al final, a pesar de todo, salga pero solo la veo ya como una imposición de la Unión Europea cuando, habiéndose agravado la cuestión catalana, como se agravará, gobierne el partido dinástico que gobierne (pues en esto son como flechas y pelayos), nos obliguen a aceptarlo a cambio de su mediación.

4ª) Un referéndum  vinculante dentro de 18 meses sobre la nueva Constitución de la República catalana. Este es el que me parece más verosímil. Tiempo habrá de hablar sobre él cuando volvamos a tratar este asunto pero voy adelantando por qué me parece el mejor: porque no confía en ninguna ayuda, acuerdo o pacto con fuerzas ajenas, sino que es un proyecto que se basa exclusivamente en las propias, lleva a término un plan votado democráticamente y confía tan solo en la movilización de su propio pueblo.

Un artículo inútil.

Hace unos días Felipe González publicaba una desafortunada Carta a los catalanes también en El País en la que sugería semejanzas entre el fascismo y el nazismo y el independentismo catalán. Hoy, el secretario general del PSOE escribe en el mismo medio una breve "Tribuna" más contenida de trato pero igualmente vacua. No obstante, es muy de agradecer el último intento de Pedro Sánchez de encontrar alguna forma de acomodo a cuarenta y ocho horas de unas elecciones que son decisivas para España, aunque los dos partidos dinásticos se hayan obstinado en ignorarlo sistemáticamente. Es de agradecer pero no resulta convincente.

Es claro, como dice el autor que, "sin Cataluña, España ya no sería España". Pues sí, es cierto. De pronto, los políticos españoles tienen la revelación de que se encuentran ante una crisis descomunal, de Estado, de nación, de país, para la que no están preparados. Porque nunca se habían tomado en serio la cuestión catalana. Entendían que el Estado autonómico, al garantizar a Cataluña las "mayores cuotas de autogobierno de su historia" (como suelen decir), aceleraría el proceso por el cual la Comunidad autónoma querría configurarse como nación y, eventualmente, como Estado. Pero nunca consideraron seriamente que tal cosa sucediera y por dejación o por falta de información, no prepararon nada y confiaron en que la situación sería llevadera. Insisto, no hicieron nada.

En su tribuna, Sánchez no se ajusta a la verdad. Sostiene que los socialistas españoles venimos diciendo, desde hace años, que deberíamos reformar la Constitución, pero no es cierto. Tuvieron casi catorce años de mandato en tiempos de González con tres legislaturas con mayorías absolutas y no hicieron nada en ese sentido. De la autodeterminación dejó de hablarse y del federalismo también. En el fondo, González era un jacobino sevillano, como se prueba ahora y de Guerra no hace falta hablar. Volvieron luego al gobierno en condiciones más precarias, con Zapatero y tampoco hicieron nada. O hicieron lo que quizá no debían: reformar la Constitución por mandato de una UE neoliberal y con acuerdo de la derecha.

Empezaron a acordarse de la reforma constitucional territorial en el congreso de 2013, cuando estaban en la oposición y con unos propósitos tan inseguros e inciertos que aun no se sabe en qué consisten. Eso no es "desde hace años". Ni hablar. La preocupación es de ahora mismo, cuando han visto en dónde se han metido y presas de los nervios porque, a pesar de los bailes de Iceta, se temen un bajón en Cataluña, tradicional granero de votos del PSOE en España. O sea, como suele pasar en España, improvisan forzados por la necesidad. Porque se quedan sin país.

Pero, como viene a decir el título, nunca es tarde, "si hay voluntad". O sea, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero tiene que ser buena. ¿Qué propone Sánchez?

Una vía que cree ancha entre las dos extremas que juzga minorías, la "separatista" y la "inmovilista". Y, ¿en qué consiste esa vía? En una reforma de la Constitución en sentido federal que acomode a los catalanes. Por supuesto, queda en el aire cómo se les preguntará sobre esa vía federal y es de sospechar que de ninguna manera. 

Las expectativas electorales del PSOE, aun las más halagüeñas, no auguran una mayoría parlamentaria para hacer dicha reforma en absoluto. En el mejor de los casos, tendría que contar con el PP y este ya ha dicho que no colaborará. Es decir, el contenido de la tribuna de Sánchez es pedir a los independentistas que depongan su actitud ante una promesa que es obvio que no puede cumplir. 

Y ese el punto más débil de este apreciable intento que lo afecta a él y, en general, a todos los intentos de equidistancia en este proceso. Lo más llamativo de la tribuna no es lo que dice sino lo que no dice. Igualando "separatistas" e "inmovilistas" se olvida que ninguno de los dos lo ha sido siempre. Los "separatistas" antes no lo eran tanto, sino que han ido creciendo exponencialmente en los últimos años; y los "inmovilistas", en realidad no han dejado de moverse pero siempre en contra de Cataluña. 

La importancia de los diez últimos años, desde la peripecia del Estatuto de 2006, es inmensa para explicar una situación como la actual. Pasarlos por alto es un grave error. Pero aun es peor no mencionar los últimos cuatro años, la legislatura del PP, un gobierno con mayoría absoluta que, además de corrupto, ha sido agresivo contra la mayoría de la población y, muy especialmente, contra Cataluña. Un régimen de involución que, vaciando de contenido la democracia, la ha sustituido por uno autoritario y represivo de clara inspiración franquista. 

Durante este tiempo el PSOE ha estado prácticamente desaparecido, cuando no ha prestado su colaboración a las mayores demasías del gobierno. La oposición socialista, obsesionada con los pactos de Estado, que remiten a una mentalidad conservadora de esa que se nutre con la idea de la "seguridad nacional", ha sido cómplice de la destrucción de la democracia y el Estado de derecho en España. Y ahora, cuando le caen encima los cascotes del Estado del bienestar y la cohesión territorial del país, quiere encauzar los acontecimientos con unas fórmulas cuyo contenido desconoce y acerca de cuya factibilidad no posee certidumbre alguna. 

No puede extrañar al secretario general del PSOE que los catalanistas, que ven la posibilidad de iniciar un camino nuevo ahora, no quieran esperarse a ese dudoso futuro. ¿Que ese camino tiene dificultades y no está exento de conflicto? Por supuesto, pero dígase: ¿acaso el presente no lo está igualmente? Pero, sobre todo, esa esperanza en un futuro incierto lleva en su seno la posibilidad cierta (y bastante verosímil) de que el PP vuelva a ganar las elecciones en España. No puede extrañar a Pedro Sánchez, por muy en la luna que se encuentre, que los independentistas no quieran aguantar otra legislatura como la que ha vivido este desgraciado país. Sobre todo porque el mismo Sánchez ya ha dicho que no admitirá referéndum de autodeterminación en Cataluña. Como el PP.

Realmente, el interés por esperarse es cero. El artículo de Sánchez es inútil.

El frente (constitucionalista) del Ebro.

Los almuerzos en La Moncloa a raíz de las elecciones del 24 de mayo demuestran que Rivera es un político veloz. Su objetivo, según parece, era forjar un frente constitucionalista en Cataluña, eso que los soberanistas llamarán indefectiblemente frente unionista o españolista. Su visión estaba puesta en las elecciones autonómicas catalanas de septiembre. No habiendo obtenido ningún alcalde en Cataluña, C's pretende volcar sobre la Comunidad el notable apoyo de que goza en España. Quiere consolidarse en el Principado. El gobierno no se entusiasma con la idea porque ve que C's absorbe su apoyo electoral. Pero, al mismo tiempo, no puede rechazar una alianza nacional-española. Conclusión: da el caso por perdido, deja la cuestión a las escasas habilidades de Sánchez Camacho y se concentra en ganar las elecciones de noviembre. Pero puede suceder que el resultado de estas esté condicionado por el de las catalanas en medida que no le agrade,

Esa idea del "frente constitucionalista", que trae efluvios del que se articuló en el País Vasco hace años, tropieza, sin embargo, con el rechazo del PSC. Habiendo este renunciado previamente al dret a decidir, su marchamo español está fuera de toda duda. Si hubo un "frente constitucionalista" en Euskadi fue porque ETA asesinaba. Pero el independentismo catalán es pacífico y, por tanto, se responde con una oferta de reforma constitucional. Esa opción del PSC de reforma constitucional con modelo federal que reconozca el carácter nacional de Cataluña es tan legítima como cualquier otra. Lo importante es ver cuánta gente la apoya. Y cuánta gente apoya las demás. Lo importante es que haya elecciones y todo el mundo acepte el resultado.

Luego lo interpretaremos sin duda de formas diversas. De momento, hay un dato llamativo: tanto C's como el PSC y Podemos se han visto obligados a acompasar sus discursos con la peculiaridad catalana. El PP se deja por imposible.  El PSC es quien parece haberlo hecho de modo más claro y sin alteraciones: es la versión catalana de un partido socialdemócrata español con un avanzado programa federalizante pero no independentista. Si esta actitud tiene mayor o menor apoyo electoral se sabrá en septiembre. Pero algo queda claro ya: sea cual sea el resultado, tendrá un efecto beneficioso en el empeño del PSOE de presentarse a su vez como partido consecuentemente español en España.

Cataluña es una china en el zapato de Podemos. Su deserción del frente del Ebro es lógica ya que resulta impensable alianza alguna con el PP. Pero también parece serlo con Convèrgencia. Iglesias tiene tan mala opinión de Rajoy como de Mas. Quizá peor, porque abarca incluso a quienes lo abrazan. Así se ve obligado a encontrar una equidistancia entre el nacionalismo español y el catalán. Las equidistancias son malas y, en la medida en que presentan algún rasgo positivo, alabando la centralidad, el carácter de puente, ya está el PSC con su dorada oferta federal-nacional. Nada de extraño que Podemos no dé con el discurso propio en Cataluña. En especial porque descubre que su pelea es, como la que tiene en España, con la socialdemocracia.

Algo similar con C's. Si el frente constitucionalista no incorpora al PSC, el partido de Rivera quizá considere menos interesante la formación de una aliana a solas con el PP. Si C's no obtuvo ningún alcalde en Cataluña en las pasadas municipales, el PP consiguió uno. No suena a coalición de vencedores. El Partido Popular no es popular en Cataluña y, verlo del brazo de C's puede redundar en un mal juicio sobre estos especialmente a cuenta de la lucha contra la corrupción.

Si, al final, el PP se hunde en la marca catalana, como vaticinan las encuestas más solventes y lo hace a favor de un robusto C's, como vaticinan otras encuestas, aunque no tan solventes, es ingenuo pensar que ello no se hará sentir en el resultado de las elecciones de noviembre. La lectura obvia será que trae más cuenta una derecha neoliberal pero civilizada y decente que otra ultramontana, cerril, que no conoce más medios que los autoritarios y represivos. Y de ahí se seguirá un poderoso trasvase de votos del PP a C's. Ese trasvase se dará probablemente si, como también es muy posible, los dos partidos de la derecha españolista, PP y C's se dan el batacazo. De todas formas, la valoración de Rivera es muy alta, incluso como candidato a la presidencia del gobierno, mucho más que la de Rajoy. Claro que eso tampoco tiene mérito. Mejor valoración que Rajoy tendría la momia de Tutankamon que, encima, es más comunicativa que él.

España una, cincuenta y una y dos ciudades.

Jaime Ferri Durá (Dir.) (2013) Política y gobierno en el Estado autonómico. Valencia: Tirant lo Blanch, 463 págs.

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Entre los numerosos misterios que encierra España, considerada como el “enigma histórico” de Sánchez Albornoz, no es el menor el de su articulación territorial. Guste o no guste a los españoles, la historia de nuestro país es un continuo tejer y destejer de formas organizativas para encuadrar a sus habitantes en ámbitos político-administrativos que den sentido a sus vidas, las faciliten y hagan del país en su conjunto algo más próspero y mejor. La prueba de que, hasta la fecha, tal cosa no se ha conseguido es que hace casi cuarenta años inauguramos una nueva planta y esta aparece sometida a fuertes tensiones que amenazan con romperla.

Si alguien cree que tal amenaza proviene exclusivamente de los nacionalismos independentistas más o menos periféricos, solo se quedará con media canción. La otra media la entonan formas no nacionalistas y no independentistas de entender la organización y convivencia territorial del Estado. En efecto, es dudoso que las tendencias centrífugas hayan causado mayor daño a la legitimidad del Estado autonómico que el hecho de que este se haya desplegado en todas sus potencialidades y haya llevado a una exacerbación de los particularismos localistas y la práctica irrefrenable del caciquismo, ambos responsables de que el apoyo popular a la fórmula autonómica actual en España no sea muy alto. Sin duda, la corrupción, como uno de los fenómenos de la época, es difícil de entender, analizar y combatir pero de lo que no hay duda es de que es responsable de la caída del prestigio de las CCAA. Es difícil contener la indignación cuando se ve cómo una cuadrilla de verdaderos forajidos lleva más de veinte años robando a los valencianos (y a todos los españoles), esquilmando las arcas públicas y enriqueciendo a unos políticos/mangantes del PP y sus adláteres y compinches en el proceloso mundo de la delincuencia organizada gracias a las llamadas "instituciones de autogobierno".

Sin duda es injusto generalizar y no es cierto que todas las CCAA autónomas se hayan administrado con el mismo grado de corrupción y presunta criminalidad que Valencia que más parece un reinado de la Camorra o la Cosa Nostra. Pero lo cierto es que el ejemplo valenciano, aunque con menor intensidad, se ha extendido a otras comunidades como Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia o Baleares. Desde luego,  ello no es consecuencia de las estructuras autonómicas mismas pero, por supuesto, estas ayudan.

Así que, aunque el libro en comentario es un trabajo objetivo, académico, riguroso, imparcial del funcionamiento del Estado español en cuanto Estado de las autonomías, leyéndolo, no solo se aprende mucho sobre los caracteres de nuestro Estado en cuanto a su base territorial sino sobre los motivos por los cuales aparece parasitado por presuntas organizaciones de malhechores que persiguen el enriquecimiento ilícito de estos y la destrucción de la base estatal.

En el comienzo de la obra, una especie de introducción general sobre el modo en que el Estado autonómico se ha gestado y engordado, Jaime Ferri (“la construcción del sistema autonómico”) sostiene que está sometido a una “espiral centrífuga inacabable” (p. 22, 40). Traza la historia más reciente de la formación de España como Estado deteniéndose en las peculiaridades de Cataluña y el País Vasco y considera la articulación del Estado autonómico desde la Constitución hasta la malhadada LOAPA. Claro que eran otros tiempos. No estoy muy seguro de que el Constitucional actual hubiera actuado con aquella ley como lo hizo el otro. Sigue con acierto los avatares políticos de los últimos años, mezclando la política nacional con los de los sucesivos gobiernos, el “Plan Ibarretexe” (p. 54) y la reforma del Estatuto catalán de la que advinieron estos lodos (para otros amanecer radiante) de la exacerbación del independentismo catalán. La conclusión entre irónica y prudente del autor es que, después de treinta años, el balance del Estado autonómico está “abierto”, algo que le parece “más positivo que negativo” (p. 60), lo que tampoco suena precisamente a parabienes.

Esther del Campo García (“territorio y poder en perspectiva comparada”) plantea un buen cuadro descriptivo sobre los modelos o tipos ideales de organización territorial de los Estados, divididos en unitarios y compuestos y estos en autonómicos y federales (p. 70) con todas las cautelas pues, como siempre con los tipos ideales, los reales suelen ser más confusos y algo chapuceros. Así, España viene a ser un “federalismo encubierto” (p. 77). He perdido ya la cuenta de los eufemismos de los expertos para calificar España de Estado federal sin llamarla federal. No hay duda de que la descentralización territorial estuvo muy de moda a fines del siglo pasado. Que siga siendo algo de interés general en plena vorágine de la globalización es asunto distinto. Para Del Campo, resignada, entiendo, a la esencial indefinición española,”lo que importa son los procesos” (p. 87). Algo así como cuando te dicen que lo importante no es ganar sino participar.

Eliseo López Sánchez, Joaquín Sánchez Cano y Álvaro Aznar Forniés (“las instituciones autonómicas y su funcionamiento”), parecen ser jóvenes promesas de la politología española y, como tales, ha debido corresponderles el típicamente académico honor de habérselas con lo más árido: la descripción del entramado institucional de las CCAA, verdadera selva laberíntica, entre cuyos oscuros parajes pueden perderse los más aguerridos expertos. Territorios exentos en los que medran personajes e intereses locales que dan a la organización autonómica española ese aspecto un poco absurdo de intentar calzar en un molde racionalista rígido la imprevisible proliferación de las castas caciquiles con las más pintorescos mangantes. Traten de encontrar parangón en la Europa cartesiana a personajes como Baltar o Fabra. Los autores lo hacen muy bien, y el resultado resulta lo suficientemente sistemático, metódico e indigesto para cumplir con creces la evidente finalidad del libro de ser un manual; con distintos registros, pero un manual. Solo recomendaría para alcanzar el objetivo plenamente que, en una segura reedición del texto, los autores presten alguna atención al poder judicial autonómico y no lo dejen tan solo en el legislativo y ejecutivo.

Juan Carlos Cuevas Lanchares, un autor con otro tipo de preocupaciones, menos en un terreno institucional y más en otro ideológico o teorético, acomete el análisis de los “hechos diferenciales”. Es una buena idea y el resultado del esfuerzo, prometedor. Los “hechos diferenciales” son como el pedigrí de las partes componentes de esta realidad proteica que es España. Pero su afanosa generalización lleva al concepto a un terreno casi caricaturesco. Los tales “hechos diferenciales” se han generalizado por impulso de la idea del “café para todos” de la segunda ola autonomista. España viene así a ser un agregado de diecisiete “hechos diferenciales” y dos barruntos de tal cosa en las ciudades de Ceuta y Melilla. Hasta Madrid cuenta con el “hecho diferencial” de carecer de “hecho diferencial” (p. 175), lo que viene a ser como una plasmación autonómica de la paradoja musiliana de la identidad del hombre sin atributos. Llegadas aquí las cosas está claro que convendría ponerse de acuerdo sobre el alcance semántico del concepto de “hecho diferencial” para que no parezca solamente un intento de aguar las expectativas de Cataluña, País Vasco y, si acaso, Galicia ya que, en último término, “hechos diferenciales” los hay en cada villorrio. ¿O cree alguien que es lo mismo un leonés de la Maragatería que un segoviano? ¿Un madrileño de Móstoles que otro de La Moraleja?

Francisco Javier Loscos Fernández, (“los sistemas de financiación”), un reconocido experto en la materia, sintetiza en más de ochenta densas páginas la intendencia de este complejo armatoste del Estado autonómico. Es una exposición sistemática que, de nuevo como en el caso del capítulo sobre las instituciones, cumple de sobra la función propedéutica del conjunto del libro con un rigor y una prolijidad que pueden ser algo áridos; es decir, ideal como texto. Porque el alumno puede encontrar aquí todas las claves y fórmulas de los diversos modelos de financiación del mencionado laberinto académico. Hasta accede a los cálculos y fórmulas matemáticas de los regímenes de concierto o convenio (p. 240), que esos sí que son “hechos diferenciales”, como suspiran, llenos de envidia, los nacionalistas catalanes. El autor, quien tiene una visión optimista del tema y considera positiva por lo fexible (a la fuerza ahorcan; esta idea de “flexibilidad” quizá sea la más repetida en el libro) entiende que la financiación del Estado autonómico ha ido construyéndose pari passu con el propio Estado y en su exposición se guía por los principios que, en teoría, han de regir el proceso: suficiencia, autonomía y solidaridad (p. 255) Principios que la obstinada y díscola realidad política se empeña en ahormar aquí y allí cuando le parece y que, salvo si el gobierno central está en manos de una mayoría absoluta incuestionable, seguirá haciéndolo. No en balde el autor vuelve una y otra vez –para tratar de ignorarlo- sobre el hecho de que el reparto al 50% de los ingresos fiscales principales (IRPF e IVA) entre el Estado y las CCAA dé una pobre imagen de la respectiva responsabilidad política de las administraciones a la hora del feed-back de la opinión pública sobre las necesidades de financiación.

Luis Pérez Rodríguez, Eva Martín Coppola y Pedro Pablo Martín Parral, de nuevo otras tres promesas politológicas se atreven con un capitulo también medular en este asunto: las políticas públicas en materia de sanidad, educación y algunas cuestiones de la seguridad social como la dependencia (p. 294). En realidad, el capítulo viene a ser como un complemento parcial del de Loscos pues mientras este estudia los ingresos, nuestros autores lo hacen con los gastos, si bien no todos, ya que se limitan a los aspectos más típicos del Estado del bienestar, obviando transportes, infraestructuras, etc. Considerando que España es un “Estado autonómico del bienestar”, la cuestión que mejor resume su exposición es la pregunta final: “¿qué ocurrirá con el Estado autonómico a raíz de los actuales recortes del Estado de bienestar?” (p. 306) Pues dependerá de quién gane las próximas elecciones generales y de por cuánto las gane.

Paloma Román Marugán, (“los sistemas de partidos de las Comunidades Autónomas”), aporta su reconocida competencia y ya larga experiencia al análisis de uno de los aspectos a veces más intrincados y sorprendentes de nuestro tema: los partidos. Román enmarca las diecisiete CCAA y dos ciudades dentro del contexto de un hipotético sistema estatal que ya en sí mismo, presenta caracteres difíciles, como el hecho de que la autora admita que, al clasificarlo, tanto quepa considerarlo como “multipartidismo moderado” o “bipartidismo” (p. 317), con lo cual ya va el lector preparándose para cuando llegue el plato fuerte, esto es, la clasificación de los 19 sistemas de partidos de España, tarea de la que Román Marugán sale airosa confeccionando un muy ilustrativo cuadro de los sistemas autonómicos (p. 329), siguiendo los criterios de Sartori y en donde, en muchos casos, decidir si el sistema de partidos de tu comunidad es bipartidismo o multipartidismo depende de que en él actúen fuerzas como la Unión del Pueblo Leonés, el Partido Riojano o la Agrupación Herreña.

Argimiro Rojo Salgado y Enrique José Varela Álvarez (“la buena gobernanza del Estado autonómico: un largo camino por recorrer”) hacen casi un enunciado programático de su capítulo al señalar de entrada que queda trecho. Tiene mérito abordar la cuestión valiéndose de un concepto cuya equivocidad es tan evidente que tiene uno la sospecha de que hasta el título es redundante por cuanto no son pocos quienes atribuyen al término “gobernanza” ya de por sí una connotación positiva de forma que no habría “mala gobernanza”. En todo caso, valiéndose de una acepción instrumental a la que los autores llegan por agregación (p. 344), concluyen que las relaciones intergubernamentales del Estado autonómico son esenciales para su gobernanza pero que esta presenta déficit considerables (p. 356). Y tanto. En la medida en que por gobernanza entendamos una amplísima panoplia que va desde administrar bien los regadíos hasta acuñar una identidad colectiva como región, nacionalidad o nación lo más obvio es que el Estado autonómico tiene que recuperar la cultura de la negociación y el consenso (p. 359), cosa nada fácil en un mundo exterior lleno de señuelos a favor de la centrifugación como se ve por el hecho de los autores hablen de un “más allá del Estado-Nación” en el contexto de la globalización (p. 364). En efecto, un largo camino por recorrer hasta contestar a la pregunta que formulan al final: “¿es posible la buena gobernanza autonómica?”, a la que no responden con un “sí” o un “no”, sino con un “depende” (p. 369).

Argimiro Rojo, que hace doblete, redacta un interesante e innovador capítulo sobre “la acción exterior de las regiones: el caso de las Comunidades Autónomas” en el que resalta que dicha acción exterior, un tema siempre delicado, parece ya estar “institucionalizada” (p. 381) y no solamente por la aportación de las regiones a la Unión Europea que la tiene más o menos prevista (p. 388) sino porque dicha aportación será un elemento positivo en pro de la “buena gobernanza europea”, cosa que aun se verá más, según Rojo, a medida que Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado ponga orden en este mundo para que la acción exterior de las CCAA sea una “realidad reconocida, consolidada y normalizada” (p. 399).

Javier Gómez de Agüero López, (“las relaciones institucionales de las Comunidades Autónomas”) presenta un trabajo minucioso sobre un aspecto esencial, cambiante, difícil y muy problemático, el de la multiplicidad y variedad de relaciones de todo tipo entre las CCAA, entre las CCAA y la administración del Estado y entre aquellas y la Unión Europea sobre todo a través del Comité de las Regiones, pero no solo de este. Estas relaciones vienen siendo hasta la fecha un campo de vectores cruzados de todo tipo, a través de la cooperación multilateral (conferencias sectoriales), la cooperación bilateral (comisiones bilaterales de cooperación, convenios de colaboración) o la conferencia de presidentes, que viene a ser la instancia decisiva, una especie de “consejo europeo” a escala peninsular (p. 410). En cualquier caso, lo que el capítulo deja en claro es que el principal defecto de un sistema que no cumple con las expectativas es la falta de un órgano adecuado de coordinación de este abigarrado conjunto de relaciones en distintos planos. Debiera serlo el Senado pero, como bien se sabe, no lo es. En su ausencia debiera serlo la Conferencia de presidentes; pero tampoco lo consigue con lo que, al final, quienes vienen a rellenar esta laguna son los partidos políticos (p. 422), cosa poco avisada por cuanto estos, por su naturaleza y sus condiciones no debieran ser puntales de sistema alguno que pretenda estabilidad y continuidad.

Antonio Garrido (“las reformas estatutarias”), aunque hace un sucinto repaso histórico para situarnos en el marco diacrónico de los mecanismos de reformas de los estatutos, no se interesa tanto por dichos mecanismos como por sus resultados prácticos y, en concreto, se centra en el análisis de lo que llama la “tercera ola” de reformas y los estatutos de segunda generación (entre 2004 y 2011) (p. 429). El símil de la “tercera ola” tiene prosapia ensayística, aunque algún relativista, conociendo el país y sus paisanos, pueda apostar que quizá se alcance la “novena ola” que hunde su aciaga fama en lo más profundo del romanticismo. Corona el autor su capítulo con unas atinadas observaciones respecto a los contenidos y similitudes de los estatutos de la tercera ola, claramente articulados en torno a las tres grandes cuestiones que afectan al Estado autonómico: los derechos, las competencias y la financiación (p. 444). Con harta sabiduría concede atención solo de pasada a los temas identitarios, cuya relevancia a estos efectos de difundir conocimientos por medio de la enseñanza es relativa y quizá encuentren mejor acomodo en aquello de los “hechos diferenciales”.

En fin, buen repaso, muy actualizado, al Estado autonómico por lo que este vale.

La España oficial y la España real.

El presidente afirmaba solemne en su lamentable comparecencia del día de los Inocentes: Creo en España y en su futuro. Estaría bueno. Cabe imaginar cómo sonaría otro tipo de enunciado, por ejemplo: No creo en España ni en su futuro. Ningún presidente del gobierno puede decir algo así. Y, como tampoco es cosa de andarse con pamplinas del tipo de mediocreo en España y en su mediofuturo, la expresión primera resulta obligada y es una vaciedad. Porque si Rajoy no creyera en España y en su futuro, ¿por qué empeñarse en ser presidente del Gobierno? Para los neoliberales, tan admiradores de lo empresarial, sería como si un fabricante de quesos, por ejemplo, dijera no creo en mis quesos ni en su futuro. 

Son las perogrulladas de Rajoy. Adornadas, además, por el hecho de no saberse nunca qué diantres quiera decir. Porque, en efecto, ¿qué significa exactamente creer en España? Por supuesto, nada. No significa nada. Es una consigna de la España oficial, perfectamente encarnada en esa esfinge sin secreto del presidente Rajoy, especialista en la retórica vacua de creer en España, como si España fuera el misterio de la trinidad. Son expresiones genéricas, vagarosas, sin substancia concreta: saldremos de esta todos juntos, trabajando con tesón, con confianza, con comprensión. Somos un país serio, capaz de afrontar los sacrificios necesarios para salir adelante. Somos una gran nación. Pero ni una referencia específica a medidas prácticas, propuestas para resolver los problemas.

El PSOE es también parte de la España oficial pero, al estar en la oposición, no tiene por qué compartir la retórica del gobierno y puede aportar soluciones. Al parecer trae hoy una de manifiesto calado, consistente en reformar la Constitución para implantar un Estado federal. La reforma necesitará el consenso del PP y, como es harto improbable que lo consiga, ello nos evita dedicar espacio a la propuesta federal en sí misma, al menos hasta que se formule con detalle. Es bueno, sin duda, que la España oficial se digne reconocer uno de los dos grandes problemas que la atosigan, el de su planta territorial, aunque la propuesta federal esté lejos de ser la panacea como algunos se figuran. El otro, el de la crisis económica y social aguarda aún soluciones, después de cinco años de un proceso de deterioro sin precedentes.

Así pues, la España oficial conjuga el viejo españolismo huero con una propuesta de reforma de la organización territorial del Estado.

¿Y la España real? Es esta especie de democracia autoritaria en la que, a cuenta de una crisis todavía inexplicada, se desmantela aceleradamente el Estado del bienestar y se despoja de sus derechos a sectores enteros de la población, empezando por los trabajadores. La manipulación de los medios oficiales y la concepción represiva del orden público dibujan un panorama desolador con el que nadie, ni siquiera quienes lo están imponiendo, puede estar de acuerdo. Esta España real es fácil de encontrar pues se pasa el día en la calle, en manifestaciones, huelgas y actos de protesta en contra del gobierno del PP. Es una masa gente de todos las profesiones, oficios y andaduras de la vida en estado de permanente movilización, la acción de multitudes que tan pronto se manifiestan como revientan en acciones concretas todos los actos públicos de las autoridades. Esta acción colectiva, sin embargo, a duras penas se cuela en las informaciones de los medios y nunca consigue de los gobernantes un mínimo de consideración, una reflexión, una flexibilización o modificación de sus medidas más agresivas. 

Esa España real se organiza cada vez más de modo espontáneo a través de las redes. Se da, pues, la paradoja de que la España real es virtual. Pero es y tiene cada vez mayor presencia. Es una sociedad civil en marcha contra un gobierno empeñado en imponer una concepción ideológica doctrinaria radical, un modelo de capitalismo expotador y primitivo, rechazado por la mayoría de la gente (pues no debe confundirse la mayoría electoral con la social) y contrario a las convicciones jurídicas y morales contemporáneas.

Ese movimiento de multitudes, al enfrentarse al gobierno, cuestiona el conjunto del sistema político y sus fundamentos: el procedimiento electoral, la representación parlamentaria, la Constitución misma y, en la medida en que postula un proceso constituyente, rechaza las instituciones incluidos los partidos. Sin embargo, hay entre estos algunos parlamentarios, singularmente IU, y otros extraparlamentarios de la llamada izquierda anticapitalista interesados en tender puentes con el movimiento social y encontrar vías de integración y/o acción conjunta.

Son formas nuevas de acción y están por explorar. No es desdeñable que parte de la España oficial busque unidad con la España real, pero no contará con amplias expectativas en tanto el PSOE, como la fuerza mayoritaria de la izquierda en la España oficial no dé el paso de hacer una propuesta de integración de las reivindicaciones de este movimiento similar por su definición a la que hace acerca de la organización territorial del Estado.La formulación de una alternativa económica y social al neoliberalismo salvaje importado y autóctono que el país está padeciendo no es algo tan sencillo como una propuesta federal. Si no se hace, sin embargo, el abismo entre la España oficial y la real puede llegar a ser infranqueable y tomar formas inesperadas.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La secesión de Cataluña.

¡Qué pronto ha cambiado el tono de los españoles al referirse al propósito catalanista renovado de ir a la independencia! Lo que empezó siendo una algarabía catalana, según calificación de Rajoy, cuya capacidad para el análisis realista es inexistente, ha acabado siendo una algarabía española. Algunos de esos que siempre lo saben todo habían descubierto que, en el fondo, la petición independentista no era más que una cortina de humo para que la gente no se fijara en los asuntos verdaderamente importantes, los recortes, la crisis, etc. Esos mismos están hoy dispuestos a mandar la Guardia Civil o lo que haga falta para frenar a unos independentistas que cada vez hablan más claro.

La algarabía española está siendo atronadora. De Guindos dice que lo sucedido en el Camp Nou da "mala imagen" de España en el extranjero y en la red le contestan que peor la dan Cospedal y Sáez de Santamaría vestidas con el burka católico, poniendo la nota negra en el Vaticano. Gallardón, a quien gusta sentar plaza de avisado, sostiene que la secesión de Cataluña sacaría a España del euro, algo sorprendente porque, en primer lugar, no está claro que seguir en el euro sea bueno y, en segundo, tampoco lo está por qué España habría de salir de la eurozona si los catalanes se van.

Al final ya no hay ni razones. Así, Felipe González afirma en un mitín en Bilbao (creo) que ningún territorio de España va a ser independiente, lo que no se sabe si es una profecía o una amenaza, aunque suena más a lo segundo. Aquí nadie se independiza porque no nos da la gana.

¿Independencia de Cataluña? Por encima de mi cadáver, piensa Rajoy, quien también se muestra rotundo afirmando que no va a admitir separaciones de ninguna clase. Sí señor, alto y claro y bombardeo de Barcelona si necesario fuese. Con afán de modular algo su rotunda negativa, Rajoy echa mano de un argumento tan necio que ya nadie más se atreve a emplearlo: ¿a dónde van estos independentistas cuando el sentido de nuestro tiempo es, dice, la integración por arriba, cuando desaparecen las fronteras y los Estados? Siendo esto así, ¿qué más da a Rajoy y resto de integristas que Cataluña se sume al gran agujero negro de la Unión Europea, al Estado continental, como parte de España o fuera de España?

Resumen final: de independencia, nada, catalanes. No hay nada que hacer. Pero, por si acaso, el gobierno ha ido corriendo a Bruselas a chivarse y a pedir a las autoridades comunitarias que se opongan a la independencia de Cataluña, con lo cual ya la han fastidiado estos águilas porque han conseguido lo que han tratado siempre de evitar, esto es, la internacionalización del asunto.

Y, por otro lado, guste o no a los nacionalistas españoles va a debatirse en el Congreso la petición de ERC de que se autorice al Parlament la competencia para convocar un referéndum de autodeterminación.

Ahí está la palabra. Autodeterminación. El escollo de la convivencia.

En mitad de la algarabía española, ayer Rubio Llorente publicaba un artículo en El País, titulado Un referéndum para Cataluña en el que trata establecer algo de cordura en el tumultuoso y apasionado debate echando mano del célebre dictamen del Tribunal Supremo Federal canadiense de 1988 en relación a Quebec. La doctrina es clara: la autodeterminación no cabe en la Constitución del Canadá (de hecho, Rubio Llorente no la menciona en el artículo) pero si hay una mayoría de quebequeses partidarios de la independencia, habrá que hacer algo, en concreto un referéndum, negociando previamente las condiciones aceptables para todos. Lo mismo propone el autor para Cataluña.

A Palinuro, que lleva años defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos de España lo del referéndum le parece muy bien, aunque desconfía de su carácter excepcional. Por eso es partidario de reformar la Constitución de 1978 para que, entre otras cosas, recoja el derecho de autodeterminación. Cree Palinuro que, si ese derecho se ejerce, tanto el País Vasco como Cataluña votarán mayoritariamente a favor de la conservación de España, aunque está convencido de que tal mayoría desaparecerá si el nacionalismo español se empeña en negar ese derecho a las naciones llamadas periféricas. Así que, cuando el referéndum se celebre, que habrá de celebrarse inevitablemente, quizá haya mayoría a favor de la independencia.

Si así fuera, España debe reconocerla.

Está claro el dilema. Las propuestas de federalización de España, probablemente tardías, también son bienvenidas, cómo no. Pero dan la impresión de no estar muy bien pensadas. En primer lugar España es ya de hecho en buena medida un Estado federal, a falta de un par de nombres y eso no ha mitigado en absoluto las pretensiones independentistas. En segundo lugar el cupo de los territorios vascos y la soberanía fiscal navarra rompen todos los moldes federales, incluidos los del federalismo asimétrico. 

No obstante, la situación puede ser la tensión entre un impreciso federalismo y la desintegración de un Estado que nunca consiguió estar integrado salvo a la fuerza.

(La imagen es una foto de Huhsunqu, bajo licencia Creative Commons).

Els catalans.

El señor Rodríguez Zapatero clausura hoy el congreso de los socialistas catalanes. Una prueba más de la centralidad del PSC en la vida política española. Porque no ha ido a la clausura de otros congresos socialistas, como el Aragón o Extremadura. Ciertamente, con sus veinticinco diputados en el Congreso y el hecho de ocupar la presidencia de la Generalitat, los socialistas catalanes son cruciales en la gobernación de España y la presencia del señor Rodríguez Zapatero es resultado de ese hecho obvio y conocido.

Pero precisamente tal centralidad catalana hace que las relaciones entre el PSC y el PSOE no estén exentas dificultades. Por lo demás algo habitual en el encaje de la "sección catalana" (por así decirlo) de cualquier partido español de ámbito estatal. Así sucedió tradicionalmente entre el Partido Comunista de España y su vertiente catalana, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, cuando los partidos comunistas eran alguien en Europa y así está sucediendo (con sus pertinentes connotaciones) con el PP y el PPC. En resumen, la cuestión es siempre la misma: no hay modo de saber si el partido catalán es filial, asociado o sección del partido de ámbito estatal o es un partido federado o, incluso, una formación independiente que sólo coincide con el otro en el nombre. Una situación que refleja también la ambigüedad del encaje territorial de Cataluña en España, nunca enteramente resuelta.

En las relaciones entre el PSC y el PSOE, la ambigüedad es patente. El PSC no es una mera federación regional del PSOE, pero tampoco es un partido independiente. En el congreso, el secretario general, señor Montilla, ha dicho que los socialistas catalanes y Cataluña tendrán "voz propia" en España, en Europa y donde quiera haya que levantarla . La voz, dice el señor Montilla, "més exigent". La fórmula concreta de tener esa voz propia en España es constituir un grupo parlamentario propio en el Congreso, cosa que el de los socialistas catalanes ha vuelto a plantear, aunque sólo para dejarla en hibernación de momento. Se estará de acuerdo en que ser un único partido pero disponer de dos grupos parlamentarios (situación que ya se dio en el pasado) no es fácil de entender desde el punto de vista del principio tradicional de identidad que dice que A no puede ser A y no A al mismo tiempo.

Sucede que, para no ser un segundón sempiterno en la política catalana y hacer realidad su vocación de gobierno, el PSC se ve obligado a competir con la fuerza nacionalista más poderosa que es CiU en el terreno de esta misma, esto es, el nacionalismo. Así, los catalanistas en el seno del PSC han acabado imponiéndose y, gracias a ellos, está el PSC en la Generalitat. Pero ese giro tiene unas consecuencias. La más importante es la radicalización nacionalista de CiU, que se ha hecho soberanista, lo cual obliga al PSC, ya en esta dinámica, a contrarrestar la opción soberanista cosa que ha hecho el PSC declarando ser una nación con territorio, lengua y cultura propios y pidiendo una reforma constitucional en un sentido federalista lo que, en principio, no tiene por qué molestar al PSOE que es un partido que dice ser "federalista".

Ahora bien, el asunto sigue sin ser de fácil acomodo. En primer lugar porque no es el federalismo la opción que propicie CiU, a quien fastidia el tono general igualitario del federalismo convencional, en donde todas las entidades subestatales son iguales. El catalanismo no es federalista pero sí es posible que, a cuenta de la reivindicación federal, CiU radicalice aun más su discurso en un sentido independentista.

Y todo para nada porque, estas alturas del desarrollo autonómico, la reforma federal de la Constitución será problemática (ya que la gente tiene asociado el federalismo al peligro de la desintegración de España) pero no variará sensiblemente la planta autonómica del Estado que es, de hecho, un Estado federal. Es decir, la solicitud de reforma federalista habría de entenderse en el sentido de que los socialistas más catalanistas han colocado un "brindis al sol" en su Congreso, de no ser porque los tales socialistas no suelen hacer brindis al sol.

En efecto, lo que verdaderamente traduce el espíritu de la propuesta federalista es la ambigüedad de que se hablaba más arriba. En el fondo, la petición de Cataluña es a ser tratada en el conjunto deEspaña como un aeque pincipaliter, lo cual deja poco lugar a federalismo alguno y se abre más a la idea de iberismo que se ha resucitado a raíz de que en una encuesta no hace mucho en Portugal, el40% de los encuestados dijera que quería una unión con España. No ha lugar a unificación alguna porque, en contra de lo que creen muchos portugueses difícilmente se encontrará un 40% de españoles partidario de esa uniòn.

Y, en definitiva, el iberismo ¿qué es? Cuestión nada trasparente porque significa cosas distintas para los distintos autores pero sí se podrá decir que, sea lo que sea, lo que es indudable es que es una forma de organización confederal. Y esa sí que tiene peligros para España.

(La imagen es un cartel en las recientes elecciones en Italia, un cartel de la Lega Nord, cuyo obetivo final es la independencia del norte de Italia a lo que llama "la Padania")

De la Coruña a Bélgica.

Nos hemos venido a La Coruña, en donde dirijo un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre el ciberespacio y la blogosfera que está siendo muy animado, con intervenciones interesantes de un grupo de diputados mexicanos que se han desplazado a la Madre Patria para debatir estos asuntos. El curso se celebra en la sede de la Fundación Caixa Galicia que es un edificio todo él de diseño elegantísimo, muy confortable y con todos los adelantos precisos para hacer las exposiciones con presentaciones de powerpoint y los demás adelantos tecnológicos.

Por cierto estoy leyendo un libro que ya comentaré en su día, de Núria Almirón y Josep Manuel Jarque sobre El mito digital en el que se hace un ataque en toda línea de lo que los autores consideran el "discurso mítagógico" del digitalismo, una especie de superchería. Es un libro interesante. Los autores no quieren en modo alguno que se los asimile a unos tecnófobos, pero en sus ataques al nuevo mito digital sí parece que hay cierta animadversión a las TICs. Ya lo veremos con mayor detenimiento. En el curso, en todo caso, esztá quedando claro que el ciberespacio y todo lo que tiene que ver con la red está ganando la pelea por KO.

En esta ciudad joven, que se vuelca en las playas cuando hace buen tiempo, me entero de que el Primer Ministro de Bélgica, el democristiano flamenco Yves Leterme, quien llevaba cuatro meses en el cargo después de otros diez en que el país estuvo negociando la composición del gobierno, ha presentado su dimisión al Rey. Parece que la dimisión se debe a un ultimatum de su propio partido.

La pregunta hoy es si el Estado belga, una construcción bastante artificial, resiste este nuevo envite sin quebrarse, dado que ya está al límite de sus posibilidades de descentralización. Y, por todo lo que sé, sus próximos avatares se seguirán con mayor interés en España que en la propia Bélgica.

(La imagen es una foto de Fieraz01, bajo licencia de Creative Commons).