Se agradece que la ministra Batet se exprese como las personas normales, llame a las cosas por su nombre (pues habla de "conflicto catalán") y se muestre presta a dialogar con la Generalitat. Se agradece. Siempre es mejor que contemplar los gestos adustos, altaneros de quienes creen que la respuesta al "reto" catalán es enviar a la Guardia Civil.
Otra cosa es la viabilidad de lo vagarosamente anunciado como si fuera una concreción: una reforma federalista de la CE para que Catalunya sea más feliz dentro de España. Es una linda esperanza, pero también desesperada. Pretende disfrazar la negativa a reconocer a Catalunya el derecho a decidir si quiere seguir dentro de España o no. Porque el problema está ahí, en el presupuesto que legitima la hipotética reforma de la CE. Si los catalanes tienen o no derecho a la autodeterminación, esto es a decidir si quieren ser "más felices" dentro de España y su Constitución o "más infelices" fuera de ellas. Los alambicados castillos conceptuales armados para dilucidar tan compleja cuestión se vienen abajo con el soplo escocés.
No obstante, aun no estamos en esa casilla sino en el puro comienzo. Hablar de reforma de la CE con 85 diputados es poco realista. Y aunque fueran muchos más. Esta Constitución está redactada de tal modo que su reforma necesita complicados trámites y mayorías parlamentarias cualificadas que hoy por hoy está muy lejos de reunir. El frente antirreformista vendrá además reforzado por la reacción de las CCAA que objetarán a las relacioness bilaterales Estado-Catalunya. No se olvide que esta es la Constitución del "café para todos".
La encomiable disposición del gobierno al diálogo viene ensombrecida por la existencia de presos y exiliados políticos. Y eso que todavía no ha entrado en acción el aparato Borrell. La inercia y la anterior complicidad con la política represiva del gobierno del PP, incluido el apoyo al 155, hacen que ahora el PSOE considere adecuado hablar de "normalizar" la situación pero sin poner fin a la persecución judicial del independentismo, sin liberar a los presos políticos ni permitir el regreso de los exiliados.
Pero tal cosa no es realista. En un Estado de derecho no puede haber presos políticos.
En esos términos encara la Generalitat la negociación con el gobierno. Al saber de la propuesta de reforma constitucional de Batet, Torra ha contestado que da la bienvenida a todas las propuestas, pero el govern "parte del 1-O". Qué quiera decir esto se verá en poco tiempo pero, en principio, supone una referencia al mandato de independencia resultado del referéndum del 1-O que el gobierno central no pudo ni supo impedir sino solo reprimir con tan insólita brutalidad que deslegitimó la causa que decía defender. Y, para dejar clara la idea, la CUP emplaza al govern y a los partidos independentistas a recuperar la vía unilateral.
Como en las historias de venganzas heredadas de familias que trasmiten enfrentamientos cuyo origen se ha olvidado, aquí unos gobiernos heredan conflictos que arrancan de situaciones también olvidadas. Y sin embargo, se trata de un asunto simple, como aquí: admítase un referéndum de autodeterminación en Cataluña como los que se celebraron en Quebec y Escocia. Nada más.
Y todo quedará resuelto.
