En defensa de los conductores

Hay un saber convencional de las izquierdas, especialmente las municipales: la culpa de la contaminación, el tráfico y el ruido insoportables en nuestras ciudades es de los coches, de la sobreabundancia de coches. Nadie discute esta verdad que pasa por axiomática. No hay ayuntamiento progre que no excogite algún plan para salvar las ciudades de esta plaga automovilística. Es más, por malos que sean esos planes, serán éxito seguro porque van en contra de un sector de la población estigmatizado por todo el mundo: los conductores.

Todo el mundo, en efecto, de acuerdo, incluidos muchos conductores de buena fe: la culpa de que nos ahoguemos en las ciudades, de que no se pueda caminar por ellas, de que todo sea ruido y malos olores la tienen los coches y, por ende, los conductores, seres semisalvajes, egoístas, incapaces de hacer nada por los demás.

Hay algo de verdad en esto. Pero también hay algo de mentira y de exageración y, sobre todo, de injusticia. Veamos algunas precisiones que debieran obligar a los ayuntamientos progres a reconsiderar sus políticas de circulación.

1.- El coche ya no es un artículo de lujo, como en tiempos del franquismo, sino un medio de trabajo. Nuestro modo de producción está basado en la movilidad de la mano de obra dentro y fuera de las ciudades, gracias a los coches. Si se pierde esa movilidad, habrá problemas.

2.- La industria automovilística es uno de los sectores que más aporta al PIB. El porcentaje de población activa directa o indirectamente dependiente de ella es enorme. Todo el modelo está basado en la publicidad de los automóviles, de forma que esta consiste en fomentar en la gente el consumo de un medio que luego le prohíben utilizar.

3.- En buena medida, las haciendas locales se nutren del impuesto de circulación de vehículos que todos los conductores pagamos religiosamente. Sin embargo, los ayuntamientos prosiguen su política de excluir la circulación de superficies urbanas cada vez más extensas. Es decir, se nos obliga a pagar por un bien pero se nos impide acceder a él. En la medida en que los ayuntamientos eliminen la circulación automovilística de las ciudades debieran dejar de cobrar el impuesto de circulación.

4.- Y no solo por exclusión, sino también por un sistema de privilegios para unos cuantos y un trato injusto para los conductores ordinarios. El ejemplo más sangrante es el del gremio del taxi: entre otros injustificables privilegios a costa del contribuyente, los taxistas circulan por las vías reservadas a los servicios públicos y tienen zonas de estacionamiento prohibidas a los conductores normales. O sea, prohibidas a quienes pagamos los impuestos para conservar esos privilegios para que los disfruten quienes no los pagan. Suele decirse que el del taxi es un servicio público, pero eso no es verdad: es un servicio público de empleo singular, privado y costoso. Solo es público de nombre, pero no de contenido. Suele decirse, asimismo, que los taxistas necesitan los privilegios citados porque el taxi es su trabajo. Pero es que esa es la circunstancia de más del 70% de los coches que circulan por nuestras ciudades: trabajo. Los coches se usan para ir al trabajo y volver de él, para hacer gestiones, chapuzas, encargos. Casi siempre que vamos en coche por las ciudades, estamos trabajando. Ni más ni menos que los taxistas. Lo que los conductores no tenemos es un lobby, una asociación, un grupo de interés para presionar a las autoridades, amenazarlas con huelgas, etc., para lograr los privilegios.

Privilegios que tenemos que pagar los conductores, el sector estigmatizado por excelencia.

Tomen el último ejemplo: una empresa privada de alquiler de bicicletas convence al Ayuntamiento madrileño de lo progre y ecológico que es fomentar el uso de esos aparatos. Dicho y hecho: se reservan unos espacios (que se restan a las escasas y muy caras plazas de estacionamiento de los automovilistas) para las bicis y, por supuesto, se permite que los ciudadanos las usen sin el preceptivo casco ya que ello haría mermar los beneficios de la empresa. Si usted va pedaleando por su pueblo sin casco, le puede caer una multa; si va usted sin casco por Madrid no le cae nada porque el Ayuntamiento de Madrid, muy ecológico y progre, está al servicio de las empresas privadas y no de los ciudadanos, especialmente si son conductores.

Palinuro está de acuerdo, por supuesto, en que son necesarias políticas municipales medioambientales y que es preciso poner coto a la invasión automovilista. Pero no por el procedimiento fácil, demagógico e injusto de cargar todas las culpas sobre los conductores a los que se pretende expulsar de las ciudades al tiempo que se les siguen cobrando los impuestos de circulación. Y ello para que los taxistas, los ciclistas (que, por cierto, no suelen respetar las reglas de tráfico) y otros privilegiados (por ejemplo, los repartidores de géneros en comercios o bares, que interrumpen sistemáticamente la circulación) puedan seguir disfrutándolos sin pagar.

Fuera los aforados

¿Alguien tiene duda alguna de que el PP ha puesto a Rita Barberá en el Senado con objeto de aforarla para defenderla de su procesamiento? La señora sabe tanto del Senado como de tagalo y no pinta nada en él. Claro que los demás senadores, tampoco. Es cierto que la Cámara, que no sirve para nada más que para entorpecer, es un depósito de zombies políticos, personajes que algún día fueron algo en las instituciones y ahora no tienen acomodo, pero tampoco quieren dejar de vivir de gorra. Barberá da perfectamente el tipo. Después de 24 años forrándose, al parecer, en el Ayuntamiento dee Valencia, ahora seguirá cobrando de las arcas públicas como si hiciera algo que lo mereciera. Pero, además de garantizarle un jugoso estipendio, lo que se quiere con su nombramiento de Senadora es librarla en la medida de lo posible del alcance de la justicia que, por fin, empieza a ocuparse del robo sistemático que los peperos han perpetrado en la Comunidad Valenciana bajo el mando de diversos personajes que parecen de chiste, entre los cuales, Camps, Barberá y otros.

Hace muy bien Cristina Cifuentes en pedir que la zafia y vulgar ex-alcaldesa de Valencia renuncie al aforamiento y responda ante los jueces de sus supuestas fechorías que, por lo que va sabiéndose, bien pudieran encajar en más de media docena de delitos del código penal. Quizá no persiga Cifuentes un único objetivo regenerador sino también tenga cálculos de ambición personal, haciéndose visible y propiciando sus posibilidades como presidenta del PP de Madrid, en lugar de la también achulapada Aguirre. Es lógico que quiera fomentar su carrera haciendo como que reprime la corrupción. Pero el hecho es que la presunta ladrona Barberá debiera renunciar al aforamiento. Nada hay más anti-sistema que ver cómo el sistema protege a los sinvergüenzas.

Porque de eso se trata. En sus orígenes, el aforamiento era una precaución para proteger a los diputados de las arbitrariedades de los reyes que los hacían acusar ante sus jueces de cualquier barrabasada que se hubieran inventado para encarcelarlos. Es decir, era una medida progresista que garantizaba la libertad de expresión de los representantes del pueblo. Pero, con el tiempo, ha degenerado y, bajo el dominio de esta banda de presuntos ladrones a la que llaman partido, se ha convertido en un procedimiento para garantizar que los delincuentes de su organización se libren de la acción de la justicia. Como es el caso de esta supuestaa ladrona que era alcaldesa de Valencia, según parece, para enriquecerse ella, sus amigos, parientes y demás patulea. 

Pero hay más. El aforamiento debe desaparecer -y debiera ser una de las primeras medidas legislativas del Parlamento si quiere que nos tomemos en serio lo de la lucha contra la corrupción- por otra razón de igual o mayor peso: porque es una injusticia para los otros procesados en los sumarios en que haya un aforado. La sola presencia de uno de estos privilegiados, obliga a abrir la causa ante la última instancia de la justicia, lo cual hace que los procesados que lo acompañan (y siempre son bastantes) pierdan el derecho al "juez natural" y el de la doble instancia penal. Es decir, para que los aforados mantengan sus privilegios, los demás justiciables del proceso tienen que perder sus derechos.

Las corrupciones, II.

Antes de nada un matiz a los amigos de eldiario.es a cuenta del titular. El coste de la reforma del medio millón de euros del ático de Rouco no recae sobre la Iglesia sino sobre los contribuyentes, que somos quienes pagamos esta vida de lujo asiático porque nos sobra el dinero. La Iglesia se financia casi en su totalidad directamente con transferencias netas de dineros públicos e indirectamente por sus privilegios fiscales.

Al asunto en sí y tratado en modo civil. Luego vamos al espiritual. Monseñor okupa Rouco Varela se muda a un ático de 370 metros cuadrados, seis dormitorios, cuatro WCs, en la calle Bailén, pegando al arzobispado, con una vista de ensueño, con un cuerpo de casa compuesto por dos monjas y un cura. Se hace uno una idea. Pero se puede completar yendo a idealista.com y buscando algo parecido. Aquí está. Ático de 470 metros cuadrados en el mismo sitio por 2.100.000 euros. Son 100 metros cuadrados más. Bajen el precio a 1.800.000 porque el de Rouco tiene mejores vistas y, además, no vamos a reñir por calderilla. Merece la pena verlo. Tiene gimnasio y una biblioteca que parece de Oxford. No está mal para un jubilado forzoso que quiere seguir vigilando la recristianización de España y necesita un lugar acorde a su importancia.

Además, córcholis, lo mismo hizo SS. Benedicto XVI, retirado como está a un palacio de dos plantas al que llaman monasterio Mater Ecclesiae, construido en los años 90 dentro de los jardines del Vaticano, cabe la Fontana dell'Aquilone y regido por clarisas. Y ¿qué decir del arzobispo de Granada, cuestionado por su gestión de los abusos sexuales en su diócesis, que vive como un Boabdil, en un palacio de más de 1.200 metros cuadrados, con Visa oro a cargo del arzobispado y gastos estratosféricos? Si lo hacen Ratzinger y Javier Martinez, ¿por qué no Rouco?

 

El modo espiritual tiene otras facetas. La obvia: hay que ver qué vida se dan los encargados de difundir el mensaje de uno que dicen que nació en un pesebre y siempre estaba de visita porque no tenía domicilio propio. Con estas cosas se enciende el ánimo de las llamadas comunidades de base, compuestas por "auténticos cristianos", indignados por conductas que no creen compatibles con el Evangelio. Estos protestones se sienten hoy respaldados por el Papa Francisco quien, para dar ejemplo, reside en un apartamento de cincuenta metros cuadrados. Sí, es un ejemplo. Cincuenta metros cuadrados. Pero en San Pedro.

 

Y es que hay una contradicción insalvable en el catolicismo. Uno no gestiona una gran empresa ecuménica, con intereses materiales y espirituales en todas partes del planeta desde un pesebre; no confía las relaciones diplomáticas con los poderes de la tierra a los frailes mendicantes; no envía a los de la teología de la liberación a negociar unas u otras medidas legislativas de los gobiernos. Hay que ser alguien en el mundo. Tener un Estado. Con Guardia suiza. Y un banco. O más. Y pisos, casas, tierras, palacios, monumentos, catedrales, iglesias. Y un PIB altísimo, aunque no creo haberlo visto nunca. 

 

Sería ideal que un renacimiento evangélico purificara a la Iglesia de la corrupción. Los cristianos de base hacen bien en esperarlo. Tienen experiencia. También esperan la vuelta del Mesías y, según parece, la resurrección de los muertos. La esperanza es lo último que quedó en la caja de Pandora.

 

Y, mientras esto llega ¿por qué la Iglesia católica, que es una asociación privada, no se financia por sus propios medios? O sea, ¿por qué no cumple lo previsto los Acuerdos vigentes con la Santa Sede?