Hoy se celebra el aniversario de la Constitución de 1978 que hace la número ocho del país, según el autorizado criterio del Congreso de los Diputados. Faltan en la enumeración, la non nata liberal de 1856 y la republicana de 1873. La explicación es que el Congreso solo reseña las constituciones que han estado en vigor y aquellas dos, la una por el golpe de Estado del general O'Donnell y la otra por el general Manuel Pavía y su famoso caballo, no llegaron a estarlo. No pasaron de proyectos. No obstante, algunas historias del constitucionalismo las consideran. Pero dejar en ocho las constituciones que han estado en vigor en España plantea otro problema: en vigor también estuvieron la Constitución de 1808 o Estatuto de Bayona y las Leyes Fundamentales de Franco, ninguna de las cuales aparece en la relación del Congreso.
La "ideología" constitucional española ignora la Constitución de 1808, sin duda por considerarla un texto extranjero impuesto por la fuerza del ocupante, y las Leyes Fundamentales de Franco por no ser democráticas. Ambos argumentos, sin embargo, son más que dudosos. El Estatuto de Bayona fue una carta otorgada por quien tenía autoridad para hacerlo, José I, nombrado Rey de las Españas y las Américas por su hermano Napoleon, en cuyas manos habían puesto la corona los dos reyezuelos felones, Carlos IV y su hijo Fernando VII voluntariamente. Que la conciencia generalizada ignore el texto de Bayona, no quiere decir que no estuviera en vigor. Lo estuvo desde 1808 a 1813, fecha de la abdicación de José I, tanto en España como en América. Las Leyes Fundamentales franquistas lo estuvieron entre 1937 y 1978 y generaron unos efectos que llegan al día de hoy, razón por la cual se sigue discutiendo sobre la memoria histórica.
Total, según el punto de vista que se adopte España ha tenido ocho, diez o doce Constituciones, siendo la de 1978 la octava, décima o duodécima, según nos dé.
No es la única paradoja del constitucionalismo español. Hay otras también curiosas. Y lo mismo pasa con la vigente, que llega a su 38º aniversario en mitad de un clamor casi general pidiendo su reforma, cuando no su derogación sin más. Prácticamente todos los partidos piden revisar su texto. Hasta el PP, adalid férreo de la intangibilidad constitucional, se muestra abierto a sugerencias reformistas siempre que no vayan muy allá. Lo curioso es que el PP es el heredero de Alianza Popular, el partido de la derecha franquista de entonces bajo la dirección de Fraga Iribarne cuyos diputados se dividieron en tres grupos a la hora de la votación parlamentaria de la Constitución: unos votaron sí, otros votaron no y otros se abstuvieron. Los sucesores de estos "noes" son los partidarios de la intangibilidad de la Constitución. No deja de ser gracioso y significativo.
El alcance de las reformas que los demás piden es muy variado y oscila entre asuntos de mayor y de menor calado. Pero, a su vez, el procedimiento de reforma constitucional previsto en la misma Constitución es tan complicado y difícil, impone tales requisitos y diferentes mayorías (según sea la entidad de lo que se quiera reformar) que en el fondo, dada la orientación política del electorado español y la composición de las cámaras, toda reforma suena a quimera.
La reforma que debiera considerarse más urgente es la de la organización territorial del Estado, porque es donde se concentra la iniciativa política independentista catalana. Pero esta es probablemente la revisión que menos posibilidades tiene de salir en el Parlamento español. A no ser que se negocie un referéndum de común acuerdo, cosa harto improbable, el independentismo no tiene más remedio que actuar a través de la unilateralidad. Y ello porque, lejos de reconocer su actitud intransigente, el Estado se limita a responder a las peticiones catalanas que hay que cumplir la ley. La ley que él mismo no cumple.
Siguiendo inveteradas prácticas, el PP está tratando de resolver el problema a su manera, esto es, pactando al margen de la Constitución con el PNV, cuyo apoyo necesita para los presupuestos. A cambio de conseguir nuevos favores y dádivas del gobierno de central, los nacionalistas vascos acabarán apuntalando el gobierno de Rajoy.
Eso deja el independentismo catalán como estaba porque ya el domingo Urkullu venía negando posibilidad de materializarse a la independencia. No es nuevo y confirma un entendimiento tácito del juego de la transición constitucionalmente consagrado. El País Vasco y Navarra tienen su soberanía fiscal reconocida en la Constitución. Cataluña, no. A estos efectos prácticos, Cataluña se halla fuera de la Constitución y así lo vienen entendiendo las instituciones catalanas que consideran a Cataluña fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Nada de extraño, por tanto, que en Cataluña muchos, por no decir casi todos, piensen que el seis de diciembre no hay nada que celebrar.
