La ley se hace al andar

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat. Puigdemont que, por cierto, hoy se verá con el Sobresueldos, tiene una actividad incansable, a diferencia de su interlocutor, que no pega palo al agua. El catalán no para: concede entrevistas, acude a los platós, da explicaciones, está siempre dispuesto a aclarar lo que sea. Es uno de esos políticos que los periodistas adoran. Da bien en la pantalla y él lo sabe. Es articulado, habla varias lenguas, tiene ideas y preside un gobierno con iniciativa y empuje. Estaremos atentos al resultado de su entrevista con el okupa de La Moncloa.

En su incesante actividad, Puigdemont explica que su intención (la de su gobierno y Junts pel Sí) es conseguir la "transición nacional catalana" yendo de la ley a la ley, a imitación de la transición española de 1978. En esto sigue la doctrina de Artur Mas. En sí misma la idea no es mala, pero tiene sus inconvenientes y peligros. Lo cuento en el artículo.

Aquí, la versión castellana:

Caveant Consules : “De la ley a la ley”

La infinita paciencia con que Carles Puigdemont explica en el páramo mesetario los propósitos de su gobierno, de Junts pel Sí, de la coalición que lo sostiene en el Parlamento merece la condigna glosa. Sobre todo porque, siendo prédica en yermo intelectual, no dé lugar a la conclusión errónea de que, explicadas las intenciones de la Generalitat y siendo estas bonancibles y democráticas, no encontrarán obstáculos ni dificultades.

El análisis toma pie de la fórmula de Puigdemont –explicada de nuevo con escaso éxito a la señora Pastor- “de la ley a ley”. Se entiende: el paso de la autonomía a la independencia se hará sin aventuras, sin peligrosos saltos en el vacío, sin solución de continuidad, yendo de la legalidad a la legalidad para que no haya incertidumbres en donde pueda acechar el caos. La tranquilizadora expresión procede de la proclamada por Torcuato Fernández Miranda, de quien se dice que fue el habilidoso artífice de la transición española de la dictadura a la democracia. Una maravillosa filigrana jurídica por la que la libertad sustituyó a la tiranía casi sin sentirlo.

La fórmula ya fue utilizada antes por Artur Mas con la misma finalidad de sosiego. Mas la encajaba en una teoría de amplio vuelo que presentaba la transición nacional catalana como una “segunda transición”, como beneficiándose y prolongando las enseñanzas de la española. De la ley a la ley. Segunda transición. Tranquilidad.

Esto de la “segunda transición” es expresión recurrente y ambigua en el lenguaje político español. Muchos hablan de ella, sobre todo quienes sostienen que la primera fue un fracaso (o, algo peor, una traición) en sus orígenes o bien ha fracasado después en su desarrollo. Prueba es que la proponen gentes tan aparentemente distintas como José María Aznar (“segunda transición”) y Pablo Iglesias (“nueva transición”). Se quiera o no, al llamar a la transición nacional catalana “segunda transición” es obligado refrescar el juicio sobre la primera. Y ahí salta un aspecto que no sé si está valorándose correctamente en los discursos independentistas.

La transición española fue la mudanza de una dictadura decrépita, desprestigiada, a un sistema que quería ser democrático. El paso de un régimen moribundo que solo sabía hacer daño, reprimir o destruir, pero no construir nada, a otro que abriera nuevas posibilidades. Nadie creía en la legitimidad del franquismo; ni sus servidores. Ni el Rey, que lo era por obra de Franco. Nadie era leal a los principios de un Movimiento Nacional que todos habían jurado. El sistema era una cáscara vacía, un tinglado sin sustancia, una mentira chapoteando en sangre ya seca.

Aun así, cambiarlo no fue tan sencillo ni tan fácil. El relato edulcorado de la transición pasa por alto demasiadas cosas: los muertos de Vitoria, los asesinatos de Atocha, el crimen de Yolanda González, las actividades terroristas de las policías y parapolicías del régimen, los asesinos de extrema derecha, las provocaciones y la intentona del 1981. No obstante es cierto que, en conjunto, el balance fue relativamente pacífico en comparación con los sobresaltos que se dieron en otras partes.

Pero el problema del uso metafórico de la “segunda transición” no radica en el pasado, sino en el futuro. Plantear una salida de la dictadura a la democracia en 1978 concitaba práctica unanimidad a favor. Plantear una independencia de Cataluña frente a la España de 1978 concita práctica unanimidad en contra en la misma España. A día de hoy hay 253 votos cerradamente en contra en el Congreso de los diputados, esto es, mínimo el 73% de la cámara. 73% de diputados que se corresponden, probablemente, con igual o superior cantidad de ciudadanos del Estado que defienden la legitimidad del régimen de la Restauración, la vigencia de la Constitución de 1978 (algunos quieren reformarla precisamente porque la apoyan) y no quieren que se cambie o transforme. Aquí no hay un problema de desprestigio del sistema como con la dictadura. Al contrario: hay toda una batería de propaganda que presenta el Régimen de la Restauración como algo dinámico, democrático, abierto y moderno (en su extremo más estúpido, una “gran nación”) y que tilda el programa independentista de parroquialismo, aldeanismo, demagogia cuando no algo peor, como fascismo o nazismo.

La fórmula “de la ley a la ley” tiene encanto, pero puede ser ingenua y sembrar ilusiones sobre la dura realidad de los hechos. Porque, por muchas fórmulas que se empleen, cuando las instituciones de autogobierno catalán hacia la independencia comiencen a funcionar, habrá una confrontación, habrá una conflicto, quizá desobediencia, quizá represión.

Nadie lo quiere. Pero, para que las cosas no sucedan no basta con no quererlas. Hay que prepararse para combatirlas.

Una lección de oratoria

Primero fue la comparecencia de Mas el sábado, en la que este habló sin leer durante una hora y contestó las preguntas de la prensa en catalán, español, inglés y francés, algunas complicadas. El acto cerraba un complejo y tenso episodio político cuyos matices no todo el mundo que no tenga la información necesaria puede entender fácilmente. Nivel europeo, y de los altos. 

Después, al día siguiente, sesión de investidura del nuevo presidente en el Parlamento que el PP trató de boicotear hasta el último instante con una triquiñuela legal fracasada de Albiol. Discurso del candidato, Puigdemont, intervenciones de los grupos y réplicas. De nuevo nivel europeo muy alto. Y, encima, camino de la independencia. Y tod@s tan content@s.

Esto no podía quedar así. Alguien tenía que dar un puñetazo sobre la mesa, pues estamos en España y ha de saberse quién manda aquí, que no es ningún Mas ni Menos ni Puchcomosellame. Aquí manda Rajoy. En funciones, pero manda. Así que el presidente de los sobresueldos decidió dejar alto el pabellón y ayer mismo, mientras se desarrollaba la sesión de investidura catalana, compareció en La Moncloa en carne mortal, como la Virgen del Pilar, y no en plasma, a tranquilizar a los españoles y reafirmar el principio de autoridad, el único principio que tiene.

Para lo que hizo, pudiera haber recurrido una vez más al plasma y, de ese modo, hubiera cerrado su inenarrable mandato de forma capicúa, o sea, como empezó. Leyó torpemente unas páginas, balbuceando como siempre, ante unos dummies que pasaban por periodistas a los que no se les permitió hacer preguntas, con lo que podrían haberlos sustituido por muñecos de cera. Al terminar la lectura, por llamarla de algún modo, se despidió con un insultante "gracias por estar ahí" y se fue por donde había venido, seguido de cerca por la ratita hacendosa que tiene a modo de vicepresidenta.

Esa fue su comunicación verbal: frases deshilvanadas, reiterativas, mal leídas, con errores cómicos, como siempre, y balbuceos que consumen la paciencia de cualquier auditorio. En cuanto a la comunicación no verbal, también lo de siempre, empeorado por el paso de los años y la oscura sospecha de que, en definitiva, ha metido al país en un callejón sin salida por su pura incompetencia. O sea, ceño, gesto adusto, abundancia de guiños, casi descontrolados y miradas sombrías que traducían su soberbia y su irritación por tener que comparecer en domingo a responder a una manga de insurrectos institucionales que hablan una lengua incomprensible, en lugar de estar viendo un partido de fútbol y jugando al dominó.

Desde estos dos puntos de vista, la comparación entre los dos presidentes, Mas y Rajoy, no hace falta decirlo, mueve a risa. 

En cuanto al contenido, una lamentable reiteración del no, nada, nunca, apoyado en un recurso reiterado a la ley y al Tribunal Constitucional, un discurso vacío, ayuno de toda idea o propuesta o sugerencia o indicación: no, nada, nunca. La ley y el Tribunal Constitucional como amenazas. Cabe advertir que consideró necesario decir que solo respondería a lo que los catalanes hagan con el Estado de derecho, pero con todo el Estado de derecho; solo con la ley, pero con toda la ley. Sabiendo de quién se trata, es de agradecer que no haya empezado por amenazar con enviar chulos falangistas, matones a sueldo, la policía, la guardia civil o el ejército. Pero también sabiendo de quién se trata, no lo pierdan de vista.

La comparecencia fue un ejemplo de manual del comportamiento autoritario de la derecha española de toda la vida: lo que no le gusta, no lo ve ni lo oye ni le hace el menor caso. Sus antecesores ideológicos eran más contundentes: fusilaban sin más explicaciones a quienes pensaban, hablaban o hacían lo que no les gustaba. Estos se han hecho demócratas. Lo dijo ayer el presidente de los sobresueldos en un tono en el que se notaba que la palabra le quema la boca y con la intención de tachar de no demócratas a los independetistas catalanes que lo son mil veces más que él.

Este demócrata, miembro de un partido demócrata, fundado por un demócrata, apoyado por los socialistas y los neofalangistas de C's, contrapondrá a las aspiraciones independentistas toda la ley y (es de suponer) todo el Tribunal Constitucional. Una ley que él ha hecho y deshecho a su antojo, con absoluta arbitrariedad durante cuatro años, basado en el rodillo de su mayoría absoluta y una ley que, en muchos casos (según se ve, no en todos) la oposición que lo apoya en esto se ha comprometido a derogar. Y un Tribunal Constitucional que él mismo ha desprestigiado y prostituido, nombrando magistrados que no reunían ni reúnen las condiciones políticas y morales para serlo, empezando por su presidente.

Esta es la respuesta que el Estado español da a una reivindicación popular sostenida, masiva, de la sociedad catalana con el apoyo de sus instituciones.

Cualquiera que no sea un zote puede ver que esta cerrazón -apoyada por una parte de la oposición tan responsable del desastre como quien en buena medida lo ha organizado por su inutilidad- conduce al país a un tiempo de conflicto causado por la incapacidad de los nacionalistas españoles de aceptar algo tan sencillo como la celebración de un referéndum igual al que hicieron los quebequeses y los escoceses. Un conflicto interinstitucional (una probable desobediencia masiva de los órganos de gobierno de la sociedad catalana a todos los niveles) que nos hubiéramos podido ahorrar.

Y que es tanto más absurdo cuanto que todos sabemos que, al final, habrá que hacerlo.

Comienza el baile.

Primeras consecuencias de las elecciones del 27 de septiembre que desbaratan los análisis de los resultados de los partidos españoles. La carta abierta de Podemos, las autocríticas de IU, el triunfalismo de C's, la renovada trifulca en el PSC y el frenesí propagandístico del PP, cometen el mismo error: dan por cerrado el episodio catalán y se concentran en las generales de diciembre, como si fuera un camino marcado y un panorama diáfano. Falso:  el periodo hasta las legislativas promete ser muy agitado y tumultuoso precisamente a causa de las elecciones catalanas. Casi parece mentira que sigan sin verlo.

La conferencia política de la CUP, cuyos diez diputados son decisivos para la investidura del presidente independentista, ha levantado máxima expectación. Los cupaires que quizá tengan que tragar al final a Mas si l@s de Junts pel sí se obstinan en que es imprescindible, juegan con habilidad sus bazas. Proponen decisiones concretas, antes de la investidura, que crearán hechos consumados para quien ocupe eventualmente la presidencia de la Generalitat. Esas medidas son decisivas a la hora de calibrar el grado de enfrentamiento entre Cataluña y España: muy alto. El partido movimiento propone no acatar el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, no obedecer sus decisiones. Justo el supuesto para el que se ha aprobado una reforma de la Ley de dicho Tribunal. Curso de confrontación desde el primer momento. Igualmente, la CUP propone no aplicar la LOMCE, esto es, la Ley de Wert, un bodrio que tampoco quieren aplicar otras Comunidades Autónomas del PP y, por supuesto, ignorar olímpicamente la Ley Mordaza. Una panoplia de incumplimientos que apuntan a un estado de desobediencia generalizada. Para coronarla, la CUP pide que el Parlamento elegido el 27 de septiembre sea constituyente y lleve el camino de la construcción de la república catalana. Este es el aperitivo. La revolución. Luego, se hablará de nombres.

Mas, el presidente en funciones y el principal nombre aquí en juego, ya anuncia que, en los próximos días, presentará una declaración de intenciones independentista en el Parlament. Es un audaz intento de mantenerse en su pretensión a base de propugnar y poner en práctica medidas conducentes a la independencia. De este modo, Mas quiere pasar de presidente en funciones a presidente in péctore. Y la CUP tendrá difícil aferrarse a su negativa del principio.

En estas circunstancias, con una revolución nacional en marcha, resulta por lo menos ingenuo pensar en que quepa planificar las elecciones generales de diciembre de este año cuando no es así. No sabemos cómo reaccionará el Estado frente a alguna de las medidas, como la de convertir un Parlamento ordinario en uno constituyente en un proceso descaradamente ultra vires que, de un modo u otro, vendrá apoyado por una mayoría absoluta de diputados. ¿Qué cabe hacer cuando, como en el Juego de la Pelota, los Estados Generales ordinarios se autoproclaman Asamblea Nacional constituyente? Lo esperable será una anulación de la medida a cargo del Tribunal Constitucional cuya autoridad no es reconocida. Lo que venga después, es imprevisible.

A tal crisis profunda ha llevado el país la fabulosa incompetencia de Rajoy. La indiferencia de los españoles ante el poder político les impide ver que, cuando este se confía a alguien inapropiado para ejercerlo, las consecuencias tienen infinidad de ramificaciones, pero todas desastrosas. El gobierno neofranquista es incapaz de imponer el lema de la dictadura: una, grande, libre y se encuentra en la desagradable situación de negociar la ruptura que él mismo ha propiciado por su carácter autoritario.

Rajoy ha sido la mayor fábrica de independentistas de la historia.