Los equilibrios inestables

La sentencia del Tribunal Constitucional, que ha tardado cinco años (notorio el diferente ritmo de los procesos, según se trate de cosas del PP o del independentismo catalán), está haciendo polvo los inverosímiles equilibrios que va trabajándose el gobierno, cada vez más acorralado en todos los frentes, especialmente el judicial.

La anulación del decreto-ley, un asunto meramente formal, dice Hernando, revela que algo hicieron mal. Lo reconoce, aunque tiene disculpas por la dificultad del momento. Lo llama "errores" pero el TC viene a decir que se atentaba contra el deber constitucional de contribuir todos al mantenimiento de lo público según varios nobles principios, entre ellos el de la progresividad. Y aquí se consagraba la regresividad. No son errores. Son medidas inconstitucionales. Adoptadas por un gobierno que se pasa la vida esgrimiendo la Constitución contra el independentismo catalán, como si fuera una maza. 

Además de reconocer un error, el portavoz afirma que la dimisión de Montoro está en las manos de Montoro. Ciertamente la de todos los Montoros y los Monbueyes y las Monvacas del mundo y la de todo quisque. El que no dimite es porque no quiere. Incluso los despedidos a puntapiés, pues siempre pudieron dimitir antes. Lo que se quiere decir con esta esquinada fórmula es que el gobierno no ratifica su confianza en Montoro y no vería con malos ojos que causara baja voluntaria. Al fin y al cabo, el hombre ya cumplió su objetivo, que era amnistiar a los suyos y mantener sus identidades en secreto, ignoro en virtud de qué atribuciones que podrían ser hasta la aplicación de la Ley sobre Secretos Oficiales.

El problema del gobierno, ahora es cómo hacer frente a la creciente presión para que se publique la lista de los beneficiarios de esa amnistía inconstitucional que el Tribunal Constitucional ha constitucionalizado en beneficio de los dafraudadores porque ancha es Castilla.

Misterios de la lógica

El Tribunal Constitucional (TC) anula el decreto ley por el que se aprobó la amnistía fiscal de Montoro en 2012. No anula la amnistía fiscal, como dice El País. Antes al contrario. La consolida, mantiene y legitima con unos razonamientos de una lógica perversa que da por bueno aquello mismo que reprocha y rechaza. Y, al tardar cinco años en dictarla la hace ya prácticamente invulnerable.

De esa lógica se deriva también la que aplica el periódico, al entender que, aunque la sentencia carezca de efectos prácticos, supone un "duro varapalo" al Ejecutivo de Rajoy. La carencia de efectos prácticos tiene doble lectura. En primer lugar, es falsa. Claro que tiene efectos prácticos y muy positivos para los evasores, que son a quienes el PP pretendía beneficiara desde el principio : los de blindarlos más si cabe. En segundo lugar, si no hay efectos prácticos de reversibilidad, que es de lo que trata, es decir, de devolver la pasta, el Ejecutivo, este Ejecutivo, no se dará por vapuleado. Al fin y al cabo, piensan ¿en dónde está mejor el dinero que en el bolsillo de quienes lo roban? 

Al contrario, Montoro y su gente cantan victoria (¿cómo puede hablarse siquiera de dimitir, hombre?) y reducen ya el alcance de la sentencia a una cuestión meramente procedimental: inadecuación de la norma; el contenido (la amnistía) se avala. Cierto, es lo que dice la prensa que dice el TC: el decreto-ley  no es la norma adecuada. Los de Montoro, encantados de aceptar la anulación que viene a justificar la amnistía. Pero eso no es cierto. Según cuenta el periódico, el TC valora el fondo del asunto y lo hace muy negativamente, enmarcándolo en una figura casi incomprensible: la de un gobierno que incita por ley al incumplimiento de un deber y hasta la posible comisión de delitos. Desde luego, un decreto-ley no es el instrumento más adecuado para amparar el fraude. Pero esto plantea la intrigante cuestión de cuál sea el instrumento adecuado para que el gobierno incite al incumplimiento de la ley. Porque eso es lo que ha hecho y sigue haciendo con la amnistía y del modo más descarado. Unos pagamos impuestos. Otros, los amigos del PP y ellos mismos, no. Pura lógica.

Y estos son los que van por ahí diciendo a todo el mundo que hay que cumplir la ley y atribuyéndose competencia a sí mismos -es decir, a los que la incumplen- la tarea de aplicarla. Más pura lógica.

El TC ha anulado el decreto-ley. Ahí me los anuléis todos, dirán los defraudadores. Pero no la amnistía, que campa por sus (pocos) respetos. Ha anulado la causa eficiente, pero no la causa material ni la final que, como siempre, era no pagar a Hacienda. 

¡Desperta, testaferro!

La Lista Falciani tiene pinta de ser el sumidero por el que se van a ir los últimos restos de la autoestima colectiva. Y la indignación subirá varios enteros. Es lástima que no cotice en bolsa. Pero es visible, palpable. Por eso quienes poseen esta preciada información -hasta ahora bajo secreto en poder del ministro de Hacienda- están dosificándola para aumentar la tensión y el suspense. Dejan caer un par de sonoros nombres y cuelgan el cartel de continuará, como en las antiguas tiras de los periódicos.

El difunto señor Botín, al parecer, tenía unos 2.000 millones de euros a buen recaudo. Habiéndonos acostumbrado a apalear miles de millones ajenos o propios, pero enajenados por arte de birlibirloque, nadie observa que se trata de una fortuna. O al infeliz de Palinuro se lo parece. Sobre todo comparándola con sueldos de 500, 600, 1000 euros mensuales brutos. Un mileurista necesitaría trabajar 166.666 años para reunirla. Eso es igualdad. No hace falta recordar la relación entre el tiempo y el dinero. El tiempo es oro. Unos no tienen nada. Tienen que comprar su vida a base de venderla porque venden su tiempo. Los otros, los que lo compran, tampoco tienen más tiempo que el común de los mortales, como acaba de demostrar fehacientemente el señor Botín. Pero ese es otro asunto.

El mismo Botín que, hace poco, besaba caballeroso la mano de la presidenta de Andalucía,  manejaba esas ingentes sumas a través de testaferros, o sea, gente que gestiona dinero ajeno en circunstancias irregulares. Siempre me he preguntado cómo evitarán los ricos las traiciones de los testaferros. Pero lo hacen. Obviamente, si algún testaferro defrauda a su mandante, a nadie le interesa divulgar la noticia. Aun así los testaferros son sumisos, están atados por cadenas de oro. No se les puede gritar ¡desperta testaferro!, como los almogávares gritaban ¡desperta ferro! cuando se sentían traicionados y eran capaces de cualquier cosa.

Capaces de cualquier cosa no parecen los testaferros pero sí quienes están encargados de velar por la ley y su recto cumplimiento. Cada vez que se manifiesta el ministro de Hacienda da la impresión de amenazar a unos, avisar a otros y repartir dones y favores entre los demás. Eso es posible porque, a diferencia de otros lugares civilizados, los datos fiscales de los ciudadanos en España son secretos. Se pretextó el terrorismo para hacerlo así. El terrorismo pasó, pero los datos siguen siendo secretos. Y posibilitan que el ministro salga haciendo algo parecido a un uso indebido de información privilegiada.

Dos declaraciones suyas muestran que España es un país peculiar. De un lado sostiene el ministro que la lista Falciani es un asunto antiguo y, de otro, que es solamente el "aperitivo" de lo que hay en Hacienda. Es antiguo, ciertamente, pero el propio Montoro lo es en un ministerio en el que lleva más de tres años con la lista sobre la mesa. Lo del aperitivo, aparte de una metáfora de cafetería, suena a baladronada. También de cafetería.

Lo que tiene que hacer el ministro es publicar la lista de defraudadores. Y dejarse de amenazar a la gente de una forma innecesaria y estúpida. Si he leído bien, insta a Podemos a que presente declaraciones de todos sus dirigentes. Es absurdo. Eso tiene que hacerlo Podemos, No podemos y todo el mundo. Incluido el señor Montoro. Todos. Luego, corresponde al señor Montoro investigar si se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero carece de sentido advertirlo antes. Es como si la autoridad competente nos comunicara que tenemos que cumplir la ley. No hace falta. La ley ha de cumplirse incluso aunque se desconozca. ¿A santo de qué prevenir de la necesidad del cumplimiento? Pues para intimidar.

En esto de la caja común, las fortunas volanderas, los fraudes domésticos, los latrocinios desmesurados de mangantes que apandaban aquí e iban a depositar sus ahorros en nido suizo, toma fuerza el discurso de Podemos de la Patria que todo el mundo detecta como nuevo y difícil de refutar por vergüenza torera. La Patria no es la bandera, ni el himno, ni la monarquía, la religión, la lengua o el territorio. La patria son los cuartos y en dónde se tengan.

La cuestión es que existe libertad de circulación de capitales y el patriotismo de sus propietarios los lleva a apacentarlos en predios más ricos que aquel del que surgieron. Querer restringir esa libertad apelando al patriotismo puede ser una forma de acicatearla. Y, en definitiva, el dinero que se va, legal o ilegalmente, es dinero que no se invierte aquí. 

El despotismo de la derecha.

La cosa es ya tan patente, tan manifiesta y descarada, que hasta la oposión socialista, habitualmente en babia, se ha dado cuenta. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, advertía a su tocaya y vicepresidenta del gobierno que no subestimen la fuerza de la ciudadanía que tiene derecho a manifestarse. Lo decía a propósito de esa Ley Mordaza preparada por los psicópatas del ministerio del Interior y del nuevo dislate de entregar el orden público a unos vigilantes jurados que bien pueden ser matones a sueldo de las mafias que se organicen como empresas. Pero, de haber tenido un poco más de perspectiva histórica, la socialista habría podido exponer su advertencia con mayor fuerza. En efecto, el delirio apandador,  expoliador, de esta asociación  con ánimo de delinquir que pasa por partido político (¡y de gobierno!) está tensando irresponsablemente la cuerda en una situación ya de por sí muy peligrosa.

Las dos revoluciones más importantes de la Edad Moderna, la estadounidense de 1776 y la francesa de 1789 comenzaron a causa de la tiranía y el despotismo del poder político en materia de impuestos. En los Estados Unidos, fue una sublevación contra la arrogancia del Parlamento británico que se creía legitimado para imponer gravámenes a las colonias sin consultarlas. En Francia fue una sublevación del Tercer Estado, la burguesía, los campesinos, los únicos que pagaban impuestos mientras que tanto la nobleza como la iglesia estaban exentas de ellos.

Lo mismo que sucede en España: un gobierno despótico y tiránico carga arbitrariamente todas las exacciones fiscales sobre las clases medias y los trabajadores de modo unilateral, sin debate alguno, por decreto, en una especie de frenesí confiscatorio. Entre tanto, la Iglesia no solamente no tributa sino que vive parasitariamente de los impuestos que pagan los sectores trabajadores. Igual que los ricos, quienes no solo no pagan (esa vergüenza de las SICAV ya clama al cielo), sino que defraudan sistemáticamente a Hacienda, evaden capitales a paraísos fiscales, se benefician de las amnistías otorgadas por un gobierno de mangantes y, encima, consumen los servicios públicos que pagamos los demás.

La impresión de injusticia, de despotismo y tiranía, empieza a ser insoportable. Por eso tiene razón la Soraya socialista, aunque ni ella misma sepa hasta qué punto: esta arbitrariedad, esta sensación de robo impune, de expolio, está alimentando una rabia y un odio que, como la presión en las marmitas, pueden estallar en algún momento. Se añade a ello una pública complicidad de los gobernantes con los delincuentes, cosa por lo demás natural porque son los mismos. Si un cargo público del PP defrauda, roba, cosa que pasa con frecuencia, su partido y gobierno obstaculizan la acción de la justicia, destruyen pruebas, si necesario es persiguen al juez y, si, a pesar de todo, no consiguen evitar que el ladrón sea condenado, lo indultan. Como se aprestan a hacer con el delincuente Matas y el delincuente Hernández Mateo, ex-alcalde del PP de Torrevieja.

Cuando la presunción de delincuencia se cierne sobre alguna persona del entorno real, como la infanta Cristina, ya es todo el Estado, desde la Fiscalía hasta el ministerio de Hacienda y la abogacía del Estado, el que se moviliza para impedir la acción de la justicia y que las fechorías de las personas reales queden impunes, como lo están las de los ricos (¿hay algún banquero, de esos que han robado cientos de millones con las preferentes y otros timos trileros, en la cárcel?) o las de los curas.

Conscientes estos gobernantes ilegítimos, ellos mismos sospechosos de ser tan corruptos como los corruptos a los que persigue la justicia, de que la situación está poniéndose peligrosa, tratan de promulgar normas restrictivas, autoritarias, arbitrarias, como la mencionada Ley Mordaza para  aterrorizar a la población confiscando sus bienes si se le ocurre ejercer sus derechos constitucionales y permitiendo que estas arbitrariedades las cometa la policía, sin ningún tipo de garantía ni protección de los tribunales pues ya el hipócrita ministro del Interior se ha ocupado de poner las tasas judiciales fuera del alcance de los posibles recurrentes. Vía libre a la policía para que actúe a su antojo en la calle, hostigando, amedrentando a los ciudadanos, crujiéndolos a palos y a multas, actuando como bandas de matones con absoluta impunidad.

Y como esto les parece poco, ahora privatizan estas tareas autorizando a los vigilantes privados a las órdenes de ciudadanos particulares a identificar y detener viandantes en espacios públicos. En estas condiciones ¿quién puede estar seguro? ¿Qué impide al amigo Mayor Oreja, propietario, al parecer, de una empresa de seguridad y directo beneficiario de esta nueva atrocidad, ordenar a sus asalariados que vayan por la calle deteniendo a todos aquellos a quienes tenga ojeriza? 

Y lo que me extraña es que el gobierno se limite a esta nueva provocación y, ya puestos, no faculte a los seguratas para imponer asimismo multas de 600.000 euros. Al fin y al cabo un paso más en el objetivo obvio de este gobierno consistente en oprimir a la población, amedrentarla y confiscarle sus medios de vida. 

No se extrañen estos sujetos, incluidos los socialistas, que no se enteran gran cosa, si en algún momento pasa algo gordo.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

Los paraísos fiscales.

La lista de 130.000 grandes evasores fiscales del mundo entero revelada por un consorcio internacional de periodistas contiene la clave de la presente crisis y la fórmula para resolverla si se tiene voluntad política. El "Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación" ha accedido a la información por un procedimiento similar al de la "lista de Falciani", solo que ahora la evasión es planetaria, hay documentadas millones de fichas y, según parece, el dinero que los ricos del mundo tienen oculto oscila entre 16 y 24 billones de euros, equivalentes a la suma de los PIB de los Estados Unidos y el Japón. En Alemania en concreto, como se ve en la imagen, casi el equivalente al 18% del PIB está en paraísos fiscales y el 1% en paraísos fiscales con los que hay tratados de intercambio de información.  Con ese dinero en circulación en sus países probablemente no habría crisis.

A este extremo hemos llegado a través de una curiosa paradoja. Hace unos 175 años, en los primeros tiempos de la revolución industrial, se lanzó la consigna de proletarios del mundo, uníos, pues se creía que el proletariado era una clase internacional y en su lucha contra el capital debía organizarse internacionalmente para evitar que se le dividiera y enfrentara con discursos nacionalistas. 175 años después lo que verdaderamente se ha internacionalizado ha sido el capital. El proletariado sigue tan dividido y enfrentado como siempre. En lugar del internacionalismo proletario tenemos el internacionalismo del capital. El nombre técnico es "libertad de circulación de capitales" que hoy, con la globalización, es prácticamente irrestricta en casi todo el mundo, mientras que no hay libre circulación de personas, salvo en algunos puntos, como la UE y en esta demediada.

Esa libertad de circulación es la fuerza del capital. Este ahueca el ala cuando la legislación de un Estado le incomoda, y desaparece de la noche a la mañana, refugiándose en países mejor avenidos o en los paraísos fiscales. Estos son, en realidad, como islas de bucaneros desde las cuales el capital especula en la economía mundial, arruina a los países y pone de rodillas a los gobiernos que, limitados al ámbito de la soberanía territorial carecen de armas para combatir los ataques del capital. A más de 40 años del lanzamiento de la idea de la tasa Tobin, todavía no se ha implantado impuesto alguno sobre las transacciones financieras (ITF), como propone Attac. Hay un tímido proyecto en la UE de establecer uno mediante un sistema de cooperación reforzada de un modesto 0,1%. Eso es todo.

Pero los paraísos fiscales, los masivos fraudes a las haciendas de los países, recuérdese, no son solamente causas de la crisis sino verdaderos delitos que deben ser perseguidos en los tribunales. El SPD propone en Alemania una bateria de ocho medidas concretas para luchar contra el fraude fiscal en la esperanza de que sirvan de acicate para otros Estados. Son dos cuestiones muy claras: 1ª) la lucha contra los Oasis fiscales (es el nombre alemán) es prioritaria; 2ª) además, es internacional. La lucha contra los abusos del capital internacional solo puede hacerse con instrumentos internacionales. Es una tarea inmensa, pero si hay voluntad política, puede ser decisiva para poner orden en un planeta desquiciado.

Entre tanto y mientras ese momento llega, debe hacerse justicia como hasta la fecha, en el ámbito estatal o nacional. El Consorcio famoso debe entregar sus listas a los tribunales de justicia (en todo caso, muchos de los 270 periódicos coordinados en el proyecto ya están publicándolas) para que estos procedan. Entre esos 130.000 nombres hay, al parecer, una cantidad de españoles. Sería el momento de cotejarlos con los de la lista Falciani y hacerlos públicos todos. Hay que recuperar el dinero defraudado y castigar a los culpables. Y dejarse de amnistías fiscales, "regularizaciones" y otras triquiñuelas que solo benefician a los evasores.

En todo caso, los nombres deben ser públicos. Aunque solo sea para comprobar cuántos de estos evasores fiscales acostumbran a largar discursos a la peña sobre el patriotismo y la nación, sea esta española, catalana, vasca, etc. Más que nada, para saber de qué va cada uno. A ver si resulta que el nacionalismo consiste en hablar aquí de la Patria y de darlo todo por ella pero de llevarse luego los dineros a Suiza. Es decir, a ver en qué medida los nacionalistas (todos, por supuesto, los españoles los primeros) hacen como escépticamente dictamina Martín Fierro:

De los males que sufrimos
hablan mucho los puebleros,
pero hacen como los teros
para esconder sus niditos:
en un lao pegan los gritos
y en otro tienen los güevos.

(La imagen es una foto de Wikimedia Commons en el dominio público).

Rajoy: explicación o dimisión.

El planteamiento de que, mostrando las declaraciones a Hacienda se disipan las dudas sobre el posible cobro de dineros ilícitos es tan estúpido que solo puede ocurrírsele a políticos españoles de la derecha o a sus asesores, alguno de los cuales cobra cientos de miles de euros por parir semejantes mamarrachadas. Como era de esperar, la publicación de la contabilidad del PP, apañada por el propio PP, no aclara nada de las cuestiones turbias de las finanzas del partido. Al contrario, aumenta las dudas. Lo mismo había pasado ya con la publicación -a regañadientes de la interesada- de las declaraciones de bienes y patrimonio de María Dolores de Cospedal que puso de manifiesto un "olvido" de 7.000 euros y una composición de ingresos que Palinuro considera ilícita aunque todavía no se cuestione públicamente. Me refiero a esa práctica de que tanto la secretaria general del PP como su presidente, Rajoy, consideren normal, legal, lícito y así lo declaren, el hecho de cobrar dos sueldos, uno derivado del cargo institucional que ocupan y otro abonado por el partido. A juicio de Palinuro es un cobro ilícito que quebranta el espíritu de la vigente Ley de Incompatibilidades de 1984 y que será preciso seguir denunciando hasta que el asunto se discuta en sede parlamentaria y estas personas dejen de cobrar sobresueldos "legales" o se cambie la ley.

Pero la publicación de las declaraciones de la renta de Rajoy (los ya famosos papeles de Rajoy) entre 2003 y 2011 ponen de manifiesto una situación fiscal del presidente del gobierno turbia, extraña y sospechosa y más necesitada que nunca de aclaración. Los papeles de Rajoy no solo no disipan las dudas sobre las prácticas ilícitas en el acopio de retribuciones y remuneraciones del más variado origen, sino que las aumentan y agravan. A estas horas es urgente que Rajoy comparezca en sede parlamentaria a petición de la oposición (que a ver si, por fin, cumple con su deber) a responder a la pregunta que aún no ha contestado:

Exactamente, señor Rajoy, ¿cuánto cobra usted al mes y por qué conceptos?

Antes de seguir, una salvedad. El hábito de la derecha de confundir inocencia con prescripción no es de recibo. Si un político ha cometido un delito o tenido un comportamiento impropio, el hecho de que haya prescrito supone que se ha extinguido la responsabilidad penal. Pero no la política. No es admisible un político presuntamente delincuente solo porque el supuesto delito haya prescrito. El caso ejemplar al efecto es el de la ministra Ana Mato. Que sus supuestas ilegalidades no sean ya juzgables no quiere decir que sea inocente, como intenta colar falazmente Ruiz Gallardón y otros miembros del partido, más movidos por la solidaridad e interés de grupo que por amor a la verdad, cuando utilizan el sofisma de que "el caso se archivó". Se archivó por prescripción, no por inocencia y no hubo absolución. Pues bien, lo mismo cabe decir de Rajoy y con mayor motivo. Si, en el pasado, siendo ministro de Aznar o en otras circunstancias, Rajoy cometió ilícitos que hoy han prescrito, queda a salvo del reproche jurídico y quizá penal, pero no del político.

Si Rajoy no puede dar una explicación satisfactoria de su muy enredado régimen de retribuciones de una vez, debe dimitir ipso facto.

¿Qué muestran los dichos papeles? Muestran los siguientes elementos oscuros:

• Los apuntes de Bárcenas señalan pagos de dinero ilícito a Rajoy hasta 2003. Los papeles que este ha hecho públicos comienzan precisamente en 2003, con lo cual es evidente que no demuestran nada y, al contrario, dejan más en entredicho la honradez del presidente del gobierno.
• La declaración de la renta de Hacienda de Rajoy no coincide con la declaración presentada en el Congreso y no coincide en cantidades elevadas.
• Rajoy mintió en 2007, cuando declaró cobrar unos 8.000 euros al mes, siendo así que, en su declaración de la renta de ese año aparece una retribución mensual de 14.000 euros. Una mentira de 7.000 euros mensuales, esto es, 84.000 euros al año, es mucho más que los 7.000 euros que Cospedal "olvidó" en su declaración de este año.
• En la declaración al Congreso Rajoy consigna 98.225 euros del PP en concepto de dietas y gastos de representación, pero en la declaración a Hacienda figuran 181.098 euros, lo que quiere decir que ocultó 82.873 euros al Congreso y tendrá que explicar por qué.
• En 2003 y 2004, Rajoy cobró tres sueldos, del Gobierno, del PP y del Congreso, lo cual es obviamente ilegal, por muy permisivo que se quiera ser con la vigente Ley de Incompatibilidades de 1984. Aquí ya no basta con una explicación sino que es precisa la devolución de las cantidades indebidamente devengadas.
• En la declaración de la renta de 2011 aparecen 163.305 euros de unas misteriosas "actividades empresariales" de Rajoy que, según el Blog Salmón solo pueden deberse a una actividad empresarial o profesional, en alta durante el ejercicio 2011 ó a algún ajuste extraño con el Colegio de Registradores.  Es posible que esté aquí la clave de lo más oscuro de los ingresos de Rajoy, lo que lleva tiempo investigando Miguel Ángel Aguilar y cuyas sospechas se plasmaron en un artículo en El País, titulado El dinero perdido de Rajoy. La sospecha es que Rajoy haya seguido cobrando rentas de su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola sin decir nada. Por supuesto, El País de papel censuró el artículo de Aguilar y lo retiró de la web aunque, como se ve, no con la suficiente celeridad.
• Resumen, los papeles de Rajoy, si algo muestran, es que el presidente del gobierno puede haber mentido repetidas veces y a todo el mundo: al público, a los periodistas, al Parlamento y a Hacienda. De ser esto cierto y ofrezca la explicación que ofrezca, solo le resta el camino de la dimisión más ignominiosa, por embustero. Y cuanto antes, mejor.

Ha quedado absolutamente claro que esos displicentes y altaneros discursos acerca de que el hombre vino a la política "perdiendo dinero" son falsos, puro afán de disimulo y escaqueo. Como todos los de su orientación, parece haber llegado a la política "a forrarse" y puede haber estado haciéndolo impunemente durante años.

Ahora hay que explicarse o dimitir, amigo.

Las listas negras, las grises y las marrones.

Anuncia el ministro Montoro en el Senado con rostro adusto y mirada iracunda que publicará las listas de los grandes evasores de impuestos, como se hace, dice, en otros países, por ejemplo Irlanda y Gran Bretaña. Está el ministro irritado por el fracaso de su generosa amnistía fiscal (que él llama "regularización fiscal") a esos mismos grandes evasores. Esperaba 2.500 millones de euros y solo ha recaudado 1.200, lo que quiere decir que han aflorado 12.000 millones. Una futesa. Es muy humillante que desprecien tu magnanimidad. Así que ahora, que se preparen estos defraudadores recalcitrantes, que vamos por ellos.

Primeramente hay que resolver algunos problemas. Por ejemplo, cómo determinar quiénes figuran en las listas negra de la vergüenza. De problema, nada. La ley tipifica como delincuente a quien defraude por encima de 120.000 euros. Pues esos. De lo que se trata es de dar publicidad a los nombres de los presuntos delincuentes que, por lo demás, ya debieran ser públicos por estar la Hacienda obligada a interponer denuncia de oficio.

Otro problema es la necesidad de respetar el mandato de reserva de los datos fiscales de personas físicas o jurídicas. Un mandato de reserva que Montoro se saltó a la torera cuando habló de las deudas con Hacienda de los medios de prensa críticos con el gobierno. O sea, para entendernos, El País. El carácter absoluto de esa reserva, al extremo de encubrir delitos, quería justificarse antaño con la necesidad de ocultar los nombres de los contribuyentes por temor a las extorsiones etarras. Eso se ha pasado y, además, no es necesario modificar norma alguna porque, al tratarse de presuntos delincuentes, sus nombres deben estar ya en los tribunales que, como se sabe, funcionan por el principio de publicidad. Es decir, en el fondo, la única novedad de las listas debiera ser ordenar por orden alfabético los nombres de los defraudadores. O por orden de cuantía de lo defraudado, que tiene más morbo.

El último problema que dice Hacienda encontrar es cómo dar a conocer la lista negra de defraudadores y evasores. Piensa en subirla a su página web pero cree que debe acudir a más formas de publicidad, con lo que demuestra su ignorancia de la tecnología digital, el ciberespacio y la ciberpolítica. No se preocupen: ustedes cuelguen la lista en su página web y en cosa de minutos habrá llegado por viralidad al último confín de la tierra, estará en las portadas de todos los medios digitales y de papel del día siguiente, se encontrará en miles de enlaces de Google y otros buscadores. Ustedes limítense a subir la lista y verifiquen bien los nombres porque, como se les cuele un inocente, les (nos) va a sacar los untos en reparaciones.

Lo importante es la lista. El ministro está decidido a sacarla. La mayoría de la oposición aplaude. ¡Lista negra fuera! ¡Que cada palo aguante su vela! Que paguen de una vez, brama el ministro justiciero.

Y todo el mundo está de acuerdo. Tanto, tanto que algunos empiezan a plantear problemas. Así, el PSOE apoya la publicación de la lista negra pero añade que también quiere una gris. El diputado socialista Pedro Saura pide que asimismo sean públicos los nombres de los defraudadores que han regularizado su situación con Hacienda gracias a la amnistía fiscal. Parece bastante lógico y aunque estos evasores "legalizados" puedan sentirse molestos, supongo que nadie les prometió sigilo en su operación "rescate".

Pero, siendo lógico, es peligroso, ya que pone de relieve la injusticia de publicitar los nombres de los defraudadores excepto los de aquellos que tampoco pagan impuestos pero gozan del beneplácito del Estado. Que no son solamente los blanqueadores "legales". Son, sobre todo, los capitales que evaden impuestos mediante las SICAV. Una bolsa de cientos, quizá miles de millones que no tributan a la luz del día. Una medida recaudadora muy similar a la amnistía pero implantada por el partido del diputado Saura y mucho más ingeniosa que la amnistía pues no es única ni excepcional sino permanente, continuada, prolongada en el tiempo. No se deja de contribuir una vez; no se contribuye nunca, salvo el 1%.

Las dificultades se multiplican. Es imposible tomarse en serio los propósitos de lucha contra el fraude fiscal de un gobierno que asiste impávido al proceso por el que la Comunidad de Madrid, de modo arbitrario y manifiestamente injusto exonera de sus obligaciones fiscales a una empresa privada como Eurovegas. El magnate Adelson dejará de ingresar a la Hacienda española 3.200 millones de euros. Hará muchas otras barrabasadas. Se ciscará en la ley y la soberanía españolas, pero eso no hace ahora al caso. (OFF: Palinuro promete dedicar un post al peculiar paletismo de los gobernantes españoles, al estilo de l@s Aguirres, Gonzáleces, Camps, Fabras y otros a l@s que los estadounidenses venderán un día el Empire State Building.)

Si Montoro pretende de verdad luchar contra el fraude por imperativo moral, como dice, tiene que acabar con el ilegal y el legal al mismo tiempo. Bien está la lista negra, pero publique también la gris. En esta, los amnistiados, los de las SICAVs, los Adelsons y Adelfathers. Tod@s.

Sin embargo ya sabemos que no será así. Y lo sabemos no porque desconfiemos de la voluntad de publicar la lista gris sino porque ni la negra será completa. El gobierno se niega a revelar los nombres de la lista Falciani, una relación de más de cien nombres con cuentas corrientes en el banco HSBC en Ginebra. Es más, tiene en la cárcel al pobre Falciani, el bancario suizo que reveló las listas de cientos de miles de supuestos evasores de varias nacionalidades. Pero ahora que lo pone en libertad la Audiencia Nacional, aunque aún se le pueda extraditar a Suiza, ¿quiere el gobierno explicar a la ciudadanía por qué no da a conocer el contenido de esa lista? Hay más de 120.000 ciudadanos que apoyan la carta abierta de Público titulada muy acertadamente Señores ministros: ¿quiénes son los que nos están robando?.

Porque, vamos a ver, señor Montoro: ¿cómo justifica usted que se dé publicidad a los nombres de quienes defraudan a la Hacienda Pública a la pata la llana pero no a los de quienes lo hacen en el selecto club del HSBC? ¿Porque son los de la lista marrón que algunos llaman "dorada"?

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

País de corruptos.

Que España está al borde del precipicio se sabe desde que el mentiroso compulsivo que nos gobierna para nuestra desgracia asegurara lo contrario. Y el país está al borde del precipicio porque, además de las turbulencias económicas y financieras generales en Europa aporta un grado de corrupción tan alto que parece retratar mejor la esencia nacional que los toros, la navaja en la liga, y el indomable orgullo del español. Una corrupción generalizada que lo impregna todo, desde los tratos entre ciudadanos particulares hasta las grandes decisiones, desde las profesiones más modestas a las grandes empresas que defraudan al fisco miles de millones de euros. La corrupción, epidemia, lacra nacional, agrava la crisis porque impide calcular con exactitud ingresos y gastos y cuadrar las cuentas. Al hacerlo, mina el crédito del país en el exterior, los inversores desconfían de España pues sus cifras suelen ser falsas bien por fraude bien por incompetencia e impide que pueda recuperarse; antes bien, al contrario, al ser la situación convulsa, más gente incurre en prácticas corruptas en la esperanza de que el río revuelto traiga mayores ganancias de los defraudadores. Como así ha sido con la reciente amnistía fiscal que el gobierno ha otorgado a los grandes ladrones con capitales de origen delictivo en diversos paraísos fiscales. Una prueba patente de la connivencia entre el gobierno de la derecha y los grandes ladrones.

La corrupción generalizada, además, trenza una sórdida capa de indiferencia como rasgo esencial de la cultura política. En España puede pasar cualquier cosa que nadie dimite y a nadie se fuerza a dimitir. Especialmente entre la derecha, que es en donde se concentra el 95 por ciento de la corrupción del Estado. Es verdad que esta, la corrupción, afecta a todos los partidos, pero en absoluto con la misma intensidad. El PP es un partido mucho más corrupto que el PSOE. Pero nadie dimite y a nadie se expulsa. Diríase que los políticos premian a los ladrones y las últimas elecciones de 20-N ya han demostrado que, desde luego, los electores lo hacen. Y si es así con los políticos, que gozan de práctica impunidad, ¿por qué no habría de serlo con otros cargos y con la gente del común? No debe de haber muchos países civilizados en la tierra en los que defraudar al fisco sea timbre de gloria en las conversaciones de bares.

Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo, acusado de malversación de fondos con pruebas e indicios más que razonables, se niega a dimitir y siendo profundamente religioso, sin duda ofrecerá sus sufrimientos al Señor. Los sufrimientos. Los placeres pagados con el dinero de los demás, supuestamente se los ofrecía a sí mismo y a su acompañante, que parece ser el hombre de su vida.

En Baleares, el llamado partido bisagra, Unión Mallorquina, que presuntamente saqueaba las arcas públicas al amparo de sus alianzas consecutivas con el PP y el PSOE, ha dejado un reguero de implicados, ladrones y estafadores de toda laya, unos ya condenados en espera de sentencia y otros pendientes de procesamiento.

La corrupción del ámbito valenciano abarca toda la Comunidad que, en un ejemplo de gobiernos mafiosos del PP, ha acabado arruinado al otrora próspero Reino de Valencia. La policía cree demostrada la financición ilegal del PP de Camps en las elecciones. Pero no solamente las elecciones: prácticamente todas las actividades de la administración autonómica del PP son un ejemplo de corrupción. El director de la RTV valenciana está imputado por el desvío de más de seis millones de euros a la trama Gürtel procedentes de la estafa que se hizo con motivo de la visita de Benedicto XVI.

De lo más alto a lo más bajo. Del Papa, a la basura. El consorcio de gestión de los residuos sólidos (basura) de Alicante, constituía otra red por la que una pandilla de chorizos, entre cargos del PP y empresarios (ya condenados) y otros por condenar (encabezados por Ripoll, presidente del PP de Alicante) esquilmaba las arcas públicas y se llenaba los bolsillos. Como se los llenaba el presidente de la diputación de Castellón, Fabra. Él dice que porque le tocaba la lotería. Otros sostienen que a base de mordidas y corrupción en su gestión.

Hasta la caridad y la solidaridad están vestidas de corrupción en la Valencia del PP. Una de las mayores tramas para robar los dineros públicos se tejió en torno en la administración de las cantidades de ayudas a la cooperación que, en lugar de encaminarse a mitigar las desgracias del Tercer Mundo se quedaban en manos de militantes y cargos del PP más ladrones que Caco y que se compraban pisos, terrazas, garajes con ellos para su beneficio y solaz personales.

Ayer salió en libertad el presunto cabecilla de la trama Gürtel, la mayor red de corrupción de la democracia española, previo pago de unos miserables 200.000 euros. Existe el riesgo no solamente de que este menda, que lleva tres años a la sombra, siga robando dineros públicos o desaparezca de la circulación, sino también de que favorezca a sus compinches, muchos de ellos, probablemente, altos cargos del PP de los que quizá hoy no se sospeche y que a lo mejor son quienes han presionado para que se ponga en libertad al pájaro.

En libertad, de momento, está el yerno del Rey, Urdangarin, implicado en una serie de presuntos delitos que, en el fondo, se reducen al mismo: saqueo de dineros públicos. Pudiera estar implicada su esposa, un infanta de España y, según como se mire, hasta el Rey, al menos en la medida en que, conocedor de los "negocios" de su yerno, no activó la maquinaria de la justicia.

En la Junta de Andalucía, la administración que el PSOE ha hecho de los EREs a lo largo de los años parece haber sido un largo relato de abusos, arbitrariedades, ilegalidades, aprovechamiento, fraudes y robos muchas veces en beneficio de unos personajes que parecen salidos de un episodio de Mackie el Navaja. Es la única corrupción imputable al PSOE a la altura de las del PP en cantidad. Pero es, y con ella se rompe la pretendida inocencia de los socialistas, algunos de cuyos alcaldes y concejales en lugares de menor entidad, son tan granujas y ladrones como los del PP.

Y, finalmente, Bankia, el Titanic del robo organizado por el PP, la gran plataforma en la que la derecha en Madrid y Valencia enchufaba a legiones de amigos, simpatizantes y parientes, aunque no supieran hacer la "o" con un canuto, la gran ventanilla en la que los cargos y dirigentes se autoconcedían préstamos en condiciones fabulosas y el partido en su conjunto, se provisionaba con cargo a créditos que las cajas ya daban por perdidos al concederlos y quién sabe si también se concedían las recompensas a los truhanes que cambiaran el voto en favor de la derecha. Bankia, el ejemplo perfecto de una crisis que es una estafa pues no solamente sus entidades componentes estaban todas quebradas por la pésima y delictiva gestión de sus encargados sino que, en el último momento puso en marcha un gigantesco esquema para estafar a la gente, a los pequeños inversores, a través de los llamados productos preferentes con los que pueden haberse quedado ilegalmente con los ahorros de cientos de miles de personas. Bankia, la quintaesencia de la administración del PP, consistente en lo esencial, en robar los fondos públicos que se supone ha de salvaguardar.

En este país de la corrupta cucaña permanente, en donde roban desde los gobernantes hasta el último pichichi (si bien aquellos lo hacen en proporciones incomparablemente mayores y sabedores de su impunidad, mientras que, al pichichi, cuando lo pillan, se le cae el pelo), un rescate de 100.000 millones es un peligro muy grande: los prestamistas corren el peligro de no volver a verlos.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).