¿A quién está juzgándose en Mallorca?

Este país tiene una deuda inmensa con el juez Castro, ese hombre que, en cumplimiento de su deber, ha instruido la causa cuya vista oral se inició el lunes y en la que, entre otros acusados, se sientan en el banquillo una infanta de España y su marido. Es fácil intuir las inmensas presiones que ha debido resistir ese  representante del Poder Judicial, viendo el papelón que en la primera sesión de la causa estuvieron haciendo el fiscal y la abogada del Estado, empeñados en apoyar a la defensa de la infanta para exonerarla contra viento y marea.

Sí, el país entero debe un homenaje al juez Castro. La base de la civilización es la justicia y la base de la justicia, la independencia y la honradez de los jueces. De cada juez.

Porque no solamente el fiscal y la abogada del Estado defendían a la acusada. Todo el establecimiento mediático, todos los publicistas del régimen, que son muchos y muy bien pagados, todas las fuerzas vivas del orden y la tradición, apoyan que se otorgue a la infanta un trato de privilegio porque, en el fondo, no creen que la justicia deba ser igual para todos.

Sin embargo, el problema no es si esta señora es acusada, juzgada y condenada o no. Aunque parezca mentira, es lo de menos. Su importancia personal es cero. De hecho la Casa Real ya la ha despojado de su título nobiliario y la ha arrojado de su seno, que es como desnaturalizarla.  No, el problema no es ella personalmente, sino lo que representa. Ella no es más que un cortafuegos. De lo que se trata es de eliminar la posibilidad de que la incriminación llegue más arriba, a su hermano, a su padre, a la Corona, a la institución monárquica. Porque, aunque las magistradas ya hayan rechazado dos veces la petición de que Juan Carlos I y Felipe VI comparezcan como testigos, sus nombres seguirán apareciendo, las peticiones seguirán produciéndose y de ellas se harán eco los medios extranjeros.

Por mucho que pretendan evitarlo, en el banquillo de la Audiencia de Mallorca no se sienta sola la infanta de España. Se sienta, se quiera o no, la sombra de su padre (presente en la sala como el espíritu del padre de Hamlet) y el actual Rey en efigie. 

Se sienta la monarquía.

Suma de poderes.

¡Santo barón de Montesquieu, señor de La Brède, ya ves de qué sirven tus enseñanzas! ¡Qué imagen contemplan tus asombrados ojos! El príncipe en secreteos con el juez en presencia de un obsequioso legislador que, como lacayo, se tiene a respetuosa distancia. Sí, ya sabemos -cosa que tú ignorabas, noble patricio- que el Tribunal Constitucional no es poder judicial; pero, a los efectos, lo es. También sabemos -algo nuevo para ti- que el príncipe es ahora electo. Pero no te preocupes, Secondat,  ha sido electo por mayoría absoluta y él entiende lo de absoluta como los dos reyes que te tocaron, Luis XIV y Louis XV. Se hace lo que él dice y los demás miran y/o escuchan y, llegado el momento, aplauden.

El de esta exhibición de unidad de poderes, estimado barón, en esta vecina España que tú tenías por atrasada, fanática, medio africana, es el aniversario de la Constitución. Sí, querido señor de La Brède, esa norma dictada por los emperadores romanos que los independentistas norteamericanos resucitaron para inscribir en ella el principio de oro de todo gobierno civilizado: la división de poderes. Tu doctrina, maestro. Tu doctrina está en la constitución y los poderes la celebran abrazándose y dando testimonio de su unidad y jerarquía. La celebran convirtiéndola en público, sin recato alguno, no en una unión sino en una fusión de poderes.

¡Ah, admirado autor de El espíritu de las leyes! ¿Cómo ibas tú a imaginar que la razón de Estado seguiría siendo ley suprema doscientos cincuenta años después de tu muerte? El espíritu de la Ley es el espíritu del estado de excepción. ¿Que no lo entiendes? Pero, querido magistrado, la clave está en tus Cartas persas. El despotismo asiático. Al súbdito que sale a la calle a protestar le confiscan sus medios de vida y lo condenan a la pobreza.

Olvídate de la división de poderes. Aquí los poderes están unidos como una piña, como un puño de hierro, presto a golpear al catalán  que ha enarbolado bandera de facción y pone en peligro la unidad de la Patria. Te admirará saber, eximio filósofo que, siguiendo los pasos de la Ilustración, cuenta el poder español con un equipo de sabios encargados de explicar racionalmente cómo toda pretensión independentista es una superstición alucinada propia de pueblos atrasados que se dejan seducir por ideologías totalitarias, desde el carlismo al nazismo.

Mientras se termina de generalizar esa teoría que llaman nazionalismo  (y que, por supuesto, no se aplica a los poderes del Estado, uno en esencia y trino en apariencia), el Príncipe explica su táctica de wait and see frente al nacionalismo catalán que, por cierto, está en un momento crítico. Si fuera más versado en historia podría explicar a los socialistas que está aplicando una táctica fabiana, muy típica del socialismo británico, que la tomó de Quinto Fabio Máximo, Cunctator, el cónsul que se enfrentó a Anibal. Eso también te suena a ti, que eras gran admirador de los romanos. Una táctica fabiana para contener al bárbaro cataláunico.

A juicio del Príncipe, los socialistas se dejan llevar de los nervios y hablan de reformar la Constitución. Pero Quinto Fabio Rajoy dice que hay que esperar, frenar al faccioso. Siempre habrá tiempo de reformar. Tú también, querido Montesquieu, pasaste media vida pidiendo se reformaran las costumbres. Pero tú creías en las reformas; el poder uno y trino español, no. Lo ha dejado dicho Rajoy en una de esas reflexiones en las que da la medida de sus entendederas. En el fondo no quiere reformas porque  “no tiene sentido reformar por reformar para meter dentro a quien no quiere estar dentro”. Pues sí, maestro, ya ves. Tu ingenio es inimitable.

Está muy claro. No se reforma nada. Se recurre al Tribunal Constitucional, que es de los nuestros y se hace lo que haya que hacer. Por ejemplo, se puede multar con 30.000 euros a todos y cada uno de los nacionalistas catalanes por ofensas a España.

¿Que qué es "ofensas a España"? Lo que en tu tiempo se llamaba blasfemia.

Palabras mayores

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Hay perrofalutas por todas partes. A De Guindos le han montado un pollo en la London School of Economics. Se vive una especie de estado de insurrección social permanente frente a los gobernantes. También a Ignacio González lo increpaban los trabajadores de Telemadrid en los pasillos de ese ente o "entillo". Los perroflautas se multiplican. Es raro el desplazamiento de algún gobernante de cualquier nivel que no tropiece con uno u otro tipo de contestación o protesta de los colectivos bajo su jurisdicción. El foro público está agitado, como en abullición en un clima de oposición y crítica crecientes a un gobierno que no parece tener otro objetivo que empobrecer a la gente.

Mientras tanto el debate en los medios se ha llenado de grandes palabras: vuelve la reforma de la Constitución y trae añadida una coletilla más radical que pide un proceso constituyente; se replantea la independencia de Cataluña y regresa a la palestra el derecho de autodeterminación, cuestión sempiterna; se propone modular (esto es, restringir o suprimir) derechos fundamentales. Son términos que apuntan a controversias latentes que nunca se sabe si están zanjadas o no. Desde luego, la de la organización o planta territorial de España no lo está ni mucho menos. Esta conciencia es la que anima las nuevas propuestas de reformar la Constitución. Se quiere reformar la Constitución para encontrar ahora una vía nueva (la del federalismo tiene muchos partidarios al sur del Ebro) de encaje de las autonomías díscolas y que impida la secesión de Cataluña a la que, en poco tiempo, seguiría la del País Vasco.

Pero precisamente porque es un viejo problema español, el nuevo giro del nacionalismo periférico acabará encontrando algún tipo de arreglo con el nacionalismo español al menos por una temporada.

Lo interesante de las grandes palabras es lo referido a los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hay aquí una deriva autoritaria muy preocupante. El gobierno se empeña en considerar que el movimiento de protesta ciudadana es un mero problema de orden público y, amparado en ese criterio, aplica una política de represión preventiva claramente ilegal y se enfrenta a las concentraciones y manifestaciones pacíficas con desmesurada violencia, conculcando derechos fundamentales de la ciudadanía.

Y todo eso, además, según explica el ministerio del Interior, en defensa del buen funcionamiento de la institución clave de la democracia española, el Parlamento. Ya la delegada Cifuentes había calificado el movimiento 25S de golpe de Estado encubierto, algo cuya gravedad (completamente imaginaria) justificaría una política represiva particularmente dura y una criminalización de la oposición extraparlamentaria.

Sin embargo, esta entronización del Parlamento no casa con el orden de prioridades del presidente del gobierno quien no tiene planeado asistir a él en todo el mes de octubre. Resulta irónico pretender encarcelar a la gente por protestar frente a un Parlamento que el propio presidente del gobierno desprecia hasta el punto de no pisarlo.

En realidad, con la mayoría absoluta del PP, el Parlamento toca la irrelevancia frente al gobierno. Y este no se para aquí sino que, cuando los jueces contradicen sus propósitos represivos, defienden la legalidad y se niegan a aplicar penas arbitrarias (lo que ha hecho el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional) los partidarios del gobierno los insultan y someten a un verdadero linchamiento moral con una impudicia que avergonzaría a cualquiera con un respeto mínimo por la independencia judicial. La finalidad está clara: amedrentrar a los jueces para conseguir de estos la misma obsequiosidad que el gobierno tiene del parlamento.

No lo conseguirá. Si lo consiguiese sería ya la conversión de la demediada democracia española en una dictadura completa.

(La imagen es un vídeo de de You Tube, bajo licencia Creative Commons).

La dignidad de los jueces.

¡Qué distintos son los destinos humanos! Por azares de la vida en un breve periodo de un año o cosa así dos relevantes jueces han ocupado el centro de la atención mediática por razones completamente diferentes, si no antagónicas. El juez Dívar y el juez Garzón, dos personalidades cuyo único punto en común es el de ser jueces y, por tanto, obligadas a un comportamiento por encima de toda sospecha.

Sobre los jueces, sobre la Justicia, pueden largarse parrafadas grandiosas, sublimes, abstractas en las que no hay discrepancia, pues todo el mundo las alaba, aunque luego haga otra cosa. La justicia es el anhelo más profundo y más antiguo de la humanidad, por eso el de juez sí que es el oficio más viejo del mundo. Los jueces son anteriores a los reyes, a los generales. Coinciden un tiempo con los sacerdotes y, en efecto, aparecen revestidos de una aureola sagrada de la cual posteriormente se han (y nos han) liberado. Todo esto y mucho más puede decirse de los jueces y nadie disentirá.

Para encontrar disensión es preciso ir a la práctica, a lo concreto, a la vida real, a ver cómo son y qué hacen los jueces individualmente considerados; no a lo que dicen sino a lo que hacen. Lo cual es muy importante pues cada uno de ellos porta personalmente el conjunto del Poder Judicial. Es decir, se deben considerar las peripecias concretas del juez Dívar y el Juez Garzón.

Dívar ha caído en desgracia por un comportamiento que, si no es penalmente reprochable, sí puede serlo administrativamente, es reprobable éticamente y, desde el punto de vista de la estética, incalificable. El asunto carece de grandeza. Las atribuladas explicaciones del afectado en una lamentable comparecencia pública eran irrisorias. En su despedida Dívar habló de una "persecución cruel y desproporcionada" y hay quien sostiene que todo es una venganza del sector garzonista del CGPJ tomada en frío de quien presidía en último término el tribunal que condenó a Garzón. No suena verosímil pero, si lo fuera, podría tratarse de un ejemplo práctico de evangélico el que a hierro mata, a hierro muere.

Pero ni en esto se salva la peripecia de Dívar. La intervención del gobierno en su favor a través de la vicepresidenta Sáez de Santamaría tratando de presionar a la consejera Uría, pone el asunto en los términos de enchufismo, amiguismo, caciquismo y componenda que tan contrarios son a la justicia como propios del PP. Las aclaraciones de la misma vicepresidenta asegurando que, en los asuntos graves, hay que preocuparse y conversar solo muestran que la dama carece de escrúpulos. El gobierno está interesado en tener un presidente del Tribunal Supremo que dependa de su apoyo para que no lo procesen. ¿Es eso un juez?

En el otro extremo de los casos prácticos, de la vida cotidiana, comprensible para todo el mundo, está la figura del juez Garzón, condenado en firme por el Supremo a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Fue la única condena que prosperó, aunque se intentó condenarlo en otros procedimientos por otras causas como falsedad, apropiación indebida, etc. Todo quedó en nada. Solo se mantuvo la prevaricación y el juez Garzón lleva una intensa vida pública al margen de la carrera judicial.

Sin embargo ayer aparecería una noticia extraña: Garzón solicitaba el indulto, al reconocer que la asociación MEDEL, que lo pedía, lo hacía en su nombre. La noticia era extraña porque pedir un indulto, que es una gracia del Jefe del Estado a propuesta del gobierno, implica reconocer que ha habido delito y, en lo que yo entiendo a Garzón, este sostiene no haber cometido delito alguno. Palinuro comparte esta opinión. Y si uno no reconoce haber cometido un delito (y, en consecuencia, sostiene haber sido injustamente condenado), uno no puede moralmente pedir el indulto. Eso lo hacen quienes reconocen haber cometido un delito. Por ejemplo, Gómez de Liaño, otro juez condenado por prevaricación. Pero no Garzón.

Y efectivamente así es, ahora sabemos que, ante la petición de indulto de MEDEL en nombre de Garzón, el ministerio de Justicia recabó de este información al respecto y Garzón respondió con una carta en la que explica que él no ha pedido el indulto ni ha hecho que otro lo pida en su nombre. Él reconoce, y eso es distinto, que la asociación MEDEL libremente, por iniciativa propia, lo ha pedido en su nombre. Pero nada más. Ese es otro juez, ¿verdad?
(La imagen es una foto de Franconohamuerto.com , bajo licencia de Creative Commons).

La dimisión que no iba a producirse en el país que no necesita rescate.

Dívar ha tardado tres meses en darse cuenta de lo que el 99 por ciento de los ciudadanos (incluido él mismo) sabe sin necesidad de que se lo expliquen,  que hay cosas que no se pueden hacer aunque uno sea presidente del Tribunal Supremo o Archipámpano de las Indias Occidentales. Como ir de gorrón a sitios de lujo o viajar en primera con un séquito propio de un sátrapa persa y con cargo indebido al contribuyente.

Esta es la crónica  de los broches dialécticos que han jalonado el proceso por el que Dívar ha acabado tomando conciencia del mundo que lo rodea:

Al enterarse de que hay una denuncia por cargar gastos de miles de euros de su findes caribeños al erario público: "¡Pero si es una miseria!"

Presionado para que dé una explicación sobre sus findes caribeños o dimita: “No se me pasa por la cabeza dimitir y no pienso dar explicación alguna”.

Obligado a dar una rueda de prensa para explicar su comportamiento en contra de su voluntad: “No pienso dimitir porque eso sería reconocer mi culpabilidad”.

Forzado a reconocer lo inevitable luego de una reunión del CGPJ: “El jueves tomaré una decisión contundente”

Abandonado de todos, hoy, jueves: “Presento mi dimisión”.

Ya a título de consolación: "Soy víctima de una campaña cruel y desproporcionada". Efectivamente, findes, hay que ser cruel y desproporcionado para querer que los jueces cumplan la ley.

En su lugar quedará un sustituto, Fernando de Rosa, con tan inexistentes méritos profesionales como él, pero de clara fidelidad política mesnadera a la derecha, amigo y amparo de Camps. El CGPJ no se repondrá de tan duro como pesado golpe.

A su vez, el ministro de Justicia, en un alarde de perspicacia, consideraba que Dívar había salido “fortalecido” por el hecho de que un fiscal y unos magistrados en manifiesto ejercicio de un corporativismo que los descalifica, no encontraran indicios de delito en el comportamiento de Dívar.

Sobre el rescate que el país no precisa (igual que Dívar no pensaba dimitir) pero que está a punto de solicitar apenas sepa la cuantía de sus necesidades hablará Palinuro en cuanto el gobierno dé alguna explicación, si es posible entenderla.

Las peticiones de los indignados

Sobre Chacón y las primarias

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El cartel de la foto es muy simpático. Está claro que para el autor sólo hay un mayo significativo, es de suponer, el de 1968. No podía ser, por ejemplo, el mayo de 1802, que inicia la lucha contra el francés o el mayo de 1871, última batalla de la Comuna de París que había empezado en marzo. Pero mayo de 1968 fue una llamarada, un fogonazo cuyas consecuencias se dejan sentir al día de hoy (la prueba, el cartel de marras) pero no porque el movimiento se hubiera puesto en práctica mediante algún tipo de reforma institucional. Al contrario, la inmediata reacción al mayo del 68 fue la movilización de la derecha. Mayo del 68 prendió en las conciencias y cambió muchos usos y costumbres de la sociedad civil pero a lo largo de los años. Nadie propuso una reforma concreta y específica de institución alguna sino que, a lo más, se formularon vagos deseos de una revolución de alcance indeterminado, incluso se hablaba de la revolución de la vida cotidiana.

El movimiento 15-M por el contrario, quiere transformar la realidad institucional aquí y ahora y, sin decirlo claramente, tiene voluntad de permanencia para lo cual habrá de dotarse de algún tipo de estructura orgánica, guste o no a los sectores más ácratas en su seno. Quizá un partido de nuevo tipo, igual que en su día hubo un ejército de nuevo modelo en Inglaterra en los tiempos de Cromwell y en la China en los de Mao. Un partido de nuevo tipo podría ser uno más participativo, todo lo asambleario que se pueda, con cargos rotatorios y revocables durante el mandato. No debe olvidarse, con todo, que estos factores suelen dificultar el funcionamiento de los partidos y que, para garantizar este, los partidos suelen recurrir a prácticas oligárquicas. Es un peligro de todos los partidos.

En Facebook ha colgado DRY un documento de mínimos, los puntos esenciales de su programa. Son mínimos en su contenido pero eso no quiere decir que no les sobre todavía algo de verborrea. Es de suponer que en su versión definitiva sean más concisos, más precisos, más completos. Los puntos son los siguientes:

• Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real. Este es el meollo de la cuestión. Ahora bien, la reforma electoral puede entenderse de dos modos: a) como cuestión que se planteará una vez elegidas las Cortes de 2012; o b) como reforma previa precisamente para elegir esas Cortes con una nueva y más justa ley electoral. Esta segunda opción debiera ser la que, a juicio de Palinuro, adoptaran IU, el PSOE y la organización que tenga a bien darse DRY. Una reforma electoral también de mínimos, que no obligue a reformar la Constitución, algo en la línea de lo ya recomendado por el Consejo de Estado: reducción a uno de los diputados de adscripción inicial a cada provincia, elevación a 400 de la cantidad de diputados y creación de una circunscripción nacional única para la adjudicación de los cincuenta diputados nuevos en proporción a los resultados de los partidos. Esta reforma, que necesita la mayoría absoluta, se puede tramitar en meses como ley orgánica y entrar en vigor a tiempo para las elecciones de marzo de 2012. La Cortes podrían tener entonces una mayoría de izquierda que permitiera abordar una revisión a fondo de la Constitución, incluida una nueva reforma del sistema electoral para hacerlo estrictamente proporcional. En principio las otras propuestas de DRY se seguirían de ésta.

• Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política. Aquí aparece ya la verborrea en ese "mediante normas, etc" que no quiere decir nada porque cualquier reforma se hará siempre mediante normas. De lo que se trata es de aportar propuestas prácticas y hay una que sería de eficacia probada contra la corrupción: la publicidad obligatoria de todas las transacciones económicas de las administraciones públicas. Si todos los organismos de la administración del Estado y otros entes suben a la red sus presupuestos y la información completa sobre su ejecución, las posibilidades de corruptelas disminuyen drásticamente.

• Separación efectiva de los poderes públicos. Esto es tan problemático que el punto entero se acerca a la verborrea. En los regímenes parlamentarios es imposible separar el legislativo del ejecutivo ya que éste no es otra cosa que una especie de comité del parlamento, ante el que rinde cuentas y que, en teoría puede sustituirlo igual que el gobierno puede disolver el parlamento. Para que haya separación completa de ejecutivo y legislativo hay que pasar al régimen presidencialista, al estilo gringo. Problema añadido es el del tercer poder, el del judicial. En ninguna parte del mundo existe una garantía completa de independencia del poder judicial aunque, por supuesto, hay países donde se da mayor y países donde menor independencia. La existencia del ministerio fiscal que es del Estado y en dependencia directa del gobierno o siendo gobierno el mismo ministerio viene a complicar las cosas. Por eso lo más sensato es copiar las soluciones que dan países en donde el poder judicial alcanza los mayores grados de independencia, por ejemplo, los Estados Unidos (a los que a veces se acusa de ser un gobierno de jueces) pero sin olvidar que algunas instituciones de aquellos no son fácilmente traspasables, por ejemplo los jueces y fiscales de elección directa de la ciudadanía.

• Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política.Una pretensión bienintencionada pero también con algo de verborrea. Hay que preguntarse si hace falta crear mecanismos nuevos, cosa nada fácil, o puede bastar de momento con activar los existentes que no se emplean. La responsabilidad política se substancia en los órganos representativos que tienen delegada esa exigencia. Si alguien cree que deben instituirse otros órganos fuera del Parlamento que realicen esa función, que diga cómo. ¿Comités ciudadanos de vigilancia parlamentaria? Eso no parece realista. Esa tarea la realiza el Parlamento y la cumple razonablemente. Si el gobierno se ve abocado a plantear la cuestión de confianza, lo hará. Si la oposición puede presentar una moción de censura con visos de prosperar, lo hará. De eso no hay duda. El punto flaco está en las comisiones, sobre todo las de investigación, que no suelen servir para nada porque las controla el ejecutivo. Reformar la composición de estas comisiones es un buen punto, pero complicado. En cuanto a los mecanismos nuevos cabe considerar la implantación de la revocación de mandato por iniciativa popular, que sería una buena experiencia aunque asimismo difícil de articular.

No sé si las gentes de DRY reparan en que sus propuestas presuponen un grado apreciable de conciencia ciudadana y de disposición a participar en asuntos de interés público que no es claro sea el predominante en nuestra sociedad, cuyo comportamiento colectivo está muy condicionado por la televisión.

Lo último lleva a la observación de lo que Palinuro cree que es una ausencia clamorosa en las propuestas, incluso recordando que son de mínimos: una referencia a los medios de comunicación, especialmente a los de titularidad pública que en algunos casos (Madrid y Valencia especialmente) son meros aparatos de agitación y propaganda del partido en el poder. Y, por supuesto, otra al libre acceso a la red.

(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).

Que respondan.

El PSOE, escandalizado por la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el juez Tirado, quiere que dicho órgano comparezca en sede parlamentaria para dar las pertinentes explicaciones.

Pues sí, que comparezca y que estos intocables a quien nadie elige pero se erigen en custodios del bien y del mal por encima de la gente que les paga el sueldo, respondan de sus actos como todo hijo de vecino. Téngase en cuenta que, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cuya titularidad reside en sendos órganos colegiados (el Gobierno y el Parlamento) del que los ministros y los diputados o senadores son parte, en el caso del Poder Judicial, su titularidad no recae sobre órgano colegiado alguno. El CGPJ es un órgano del Poder Judicial, pero no es el mismo Poder Judicial. Éste reside singularizada e individualmente en cada uno de los órganos judiciales, colectivos o individuales en la medida en que ejerzan la función judicial. Al actuar cada juez o magistrado actúa el Poder Judicial y al prevaricar un juez prevarica el Poder Judicial. Esto es lo que hace que este Poder, el único no representativo del Estado de Derecho, deba estar especialmente sujeto a la ley porque, de otro modo, todo un poder del Estado la quebranta y los ciudadanos padecen una especial indefensión; no tienen a quién recurrir en busca de amparo porque el supuesto amparador es el primero que los ha dejado en la estacada. Cuando un juez comete una falta o un delito, comete el delito la función jurisdiccional en pleno y de eso es perentorio que los jueces respondan.

En el caso que nos ocupa ya no es solamente que un juez haya cometido un hecho reprochable sino que ahora a esa presunta falta se suma otra cometida por un órgano colegiado, como una especie de burla al conjunto de la sociedad. Por eso es imprescindible que estos funcionarios públicos comparezcan ante la representación popular, rindan cuentas de sus actos y asuman la responsabilidad que les incumbe. Es preciso que entiendan que, aunque administren justicia en nombre del Rey (es decir, en nombre de alguien que no está sometido a la justicia), su verdadera legitimidad procede del pueblo, de los justiciables. Que no son los señores de estos, sino su servidores.

(La imagen es una foto de Público, bajo licencia de Creative Commons).

Nada de corporativismo: pura justicia.

¿Ven Vds., descreídos, como es cierto que ya no hay diferencias entre la izquierda y la derecha, según sostienen la señora Botella y otros intelectuales de similar abolengo? Como un solo hombre hicieron piña ayer los vocales-jueces del Consejo General del Poder Judicial, los de la izquierda y los de la derecha, para defender al pobre juez Tirado de este infame linchamiento mediático al que se le ha sometido a instigación directa del Gobierno. Vocales "progresistas" y vocales conservadores, con el presidente del Consejo a la cabeza, el ultracatólico señor Dívar, encontraron un terreno común ante el que palidecen sus respectivas convicciones ideológicas. ¡No podían dejar al juez en la situación que dictamina su apellido! Y no lo hicieron. Mil quinientos euros de multa entienden Sus Señorías que es pena suficiente para la negligencia del juez, consistente en dejar de ejecutar una sentencia que hubiera enviado a la cárcel a quien, estando en cambio en la calle, aprovechó para asesinar presuntamente a una niña. Mil quinientos euros. A los que el señor Dívar, tan católico, tan recto y tan justo habrá añadido para su coleto una docena de avemarías.

(La imagen es una foto de Público, bajo licencia de Creative Commons).

Justa retribución.

No han pasado veinticuatro horas desde que el Gobierno socialista y su presidente en concreto, el señor Rodríguez Zapatero, hubieran entregado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en manos de los conservadores cuando estos le han devuelto ya el favor en su estilo más acendradamente agresivo. Si el señor Rodríguez Zapatero creía que renunciando a su derecho (y probablemente a su obligación) de designar a un jurista progresista para la presidencia del CGPJ se ganaría la colaboración de buena fe del PP que renunciaría a sus posiciones maximalistas en pro de la concordia y del bien común está ya claro que no sabía por dónde le venía el viento. A su irresponsable dejación de su deber de garantizar que el gobierno de los jueces refleje la relación de fuerzas izquierda/derecha que han arrojado los resultados de las elecciones de marzo pasado, ha respondido el señor Rajoy con el infumable trágala de imponer para el constitucional a sus dos candidatos preferidos, el señor Francisco José Hernando, expresidente del CGPJ y el señor Enrique López exportavoz del mismo órgano.

Ninguna de las dos propuestas es aceptable para el PSOE a quien retribuye así el PP por su caballerosidad en la propuesta del señor Carlos Dívar, el de las "profundas convicciones religiosas". ¿Y por qué no es asumible ninguna de las dos propuestas para el PSOE? Sencillamente porque tanto el señor Hernando como el señor López han sido virulentamente combativos con el PSOE y con todo lo que huela a progresista en general y, en el caso del señor López, probablemente por su corta edad, se añade el hecho de haber sido protagonista de algunas declaraciones como portavoz del CGPJ que, para decirlo suavemente, provocan una sonrisa cuando no una risa a carcajadas. Los dos por lo demás son los principales responsables de que el CGPJ haya culminado su lamentable trayectoria en la última legislatura con el bochornoso espectáculo de haber perdonado la sanción a la juez rebelde que se niega a cumplir la ley casando parejas de homosexuales.

Estos son los dos personajes que el PP quiere incrustar en el Tribunal Constitucional y no está claro cómo podrá evitarlo el PSOE. Mejor dicho, si atiendo a mi experiencia más inmediata, ni siquiera tenemos claro que quiera evitarlo. Hasta cabría acusarlo de incongruente porque, ¿qué grado de verosimilitud, crédito y confianza hemos de otorgar a unas gentes que se llenan la boca a hablar de las avanzadas leyes en materia de derechos que piensan aprobar pero que facilitan que los órganos judiciales, que posteriormente habrán de interpretar y aplicar dichas leyes, caigan en manos de los elementos más conservadores, retardatarios y contrarios al espíritu del conjunto de la legislación socialista?

Esta actitud de sumisión de la izquierda al ordeno y mando de la derecha o, en general, a su actitud permanentemente autoritaria no es algo circunstancial e imprevisto sino que hace años que se viene observando. Pasa siempre: cuando la izquierda llega al poder legítimamente suele hacerlo tan acomplejada por el alcance de algunos de sus postulados teóricos de la época revolucionaria (lucha de clases, internacionalismo, nacionalización, etc) que siente la irrefrenable necesidad de garantizar a los sectores más reaccionarios respecto a sus intenciones: queremos a la Patria por encima de todo, somos firmes partidarios de un orden público sin fisuras, las fuerzas armadas están para defender a la nación y tienen necesidades que el pueblo no comprende, la bandera alegra nuestros más dulces sueños, a los beneficios del capital que no nos los toquen y menos aun a la Iglesia. Si es preciso ponemos a sus monagos al frente de lo que sea.

Esta actitud de falta de integridad ideológica y de subordinación intelectual no sólo se da con los gobernantes de izquierda que tratan de que se los admita en los círculos fetén a base de ser más papistas que el Papa sino también y muy especialmente con sus intelectuales orgánicos. Ningún articulista, columnista, plumilla o gacetillero de la derecha que escriba en términos críticos (generalmente muy agresivos) de la izquierda sentirá la necesidad de compensar sus ataques con otros mandobles a la derecha. En el caso de los correspondientes de la izquierda la situación es distinta: ningún juntaletras de izquierda que arranque con una crítica o ataque a la derecha se priva de incluir luego algún párrafo para dar estopa también a la izquierda a los efectos de sentar plaza de ecuánime e imparcial. En definitiva los dos, el político u hombre de acción y el escritor o intelectual orgánico comparten el mismo complejo de inferioridad de las clases subalternas de pensar que la derecha tiene una especie de plus de legitimidad. Y así no vamos a sitio alguno.

(La imagen es una foto de Pablovenegas, bajo licencia de Creative Commons).

El miedo de los socialistas.

No salgo de mi asombro al ver los últimos nombramientos para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La enseñanza que supongo sacará el PP es que si te pasas dos años de bronca en bronca, saboteas la renovación del CGPJ y del Tribunal Supremo, paralizas la administración de justicia y te pones bravucón, al final el PSOE se achanta y te da todo lo que pides. Lo dicho, asombroso. Empezó el PSOE cediendo en el equilibrio numérico de vocales del CGPJ de forma que hoy tienen ambos partidos igual número, nueve/nueve, sin que se respete el hecho de que el PSOE es partido mayoritario en la Cámara. Eso no lo hubiera hecho el PP ni loco. Pero pudo atribuirse a un gesto de elegancia de los sociatas que, además en principio tampoco comprometía a mucho ya que en caso de empate decidiría el voto de calidad del presidente y al presidente lo nombraba el PSOE

Pero héteme aquí que el señor Rodríguez Zapatero, pues al parecer la decisión es suya, ha impuesto como presidente del CGPJ al señor Carlos Dívar, conservador y "profundamente católico". Vaya por delante que no tengo nada contra el señor Carlos Dívar y que, según noticias, es un magistrado ejemplar. Sí tengo y mucho contra el hecho de que los jueces sean de "profundas convicciones religiosas" y más tengo aun contra que pertenezcan a sectas, como el Opus Dei. No veo por qué se prohíbe a los jueces afiliarse a partidos políticos pero no a sectas que son más parciales que los partidos, como la citada del Opus. También tendría algo que decir sobre el catolicismo, especialmente el "profundo", pero todo esto se quedará para un post posterior.

De lo que se trata aquí es de saber por qué el PSOE nombra un presidente cuyo conservadurismo y confesión religiosa ostentosa no le hace coincidente con el espíritu que anima al partido, a los vocales del mismo CGPJ que él ha nombrado y desde luego a sus votantes entre los cuales está este bloguero cada vez más harto de un Gobierno que tira a la derecha como la querencia del burro. Porque si los sociatas se han quedado sin la presidencia del CGPJ ocupada ahora por alguien a quien alaba la derecha ésta no ha perdido ocasión de proponer para la vicepresidencia a un duro y fajado militante de su partido, un hombre de probada parcialidad y agresividad en contra de la izquierda. Es decir ésta, teniendo mayoría en el Parlamento, la ha perdido en el órgano de gobierno de los jueces. Y lo ha hecho sin necesidad porque hasta el señor Rajoy aceptaba en principio (ya había sacado bastante con el 9/9) que el presidente fuera un progresista.

¿Por qué no lo ha sido? Se admiten apuestas. Yo tengo dos explicaciones que se me vienen a la cabeza y las dos plausibles: a) en el fondo este Gobierno no es de izquierda o, si lo fue alguna vez, ha dejado de serlo como se ve en toda su trayectoria. Este nombramiento es la prueba certifical definitiva y lo que permite augurar que lo que pretende es obstaculizar la aplicación de la ampliación del aborto pero no hacerlo él, sino poniendo al frente de la jerarquía judicial a un hombre de profundas convicciones católicas, de los que piensan que el aborto es un pecado y un asesinato; b) lo que tiene el Gobierno es miedo a la derecha y lo consume un afán de hacer méritos a los ojos de ésta para no sufrir sus ataques. Miedo disfrazado de objetividad, ecuanimidad y talante. Pero miedo que hace ceder ante las imposiciones ajenas y ceder la confianza que los votantes han depositado en él. ¡Qué lejos queda ya el ¡Zapatero no nos falles! No ha hecho otra cosa que fallar. Clamorosamente desde las elecciones de marzo.

(La imagen es una foto de germeister, bajo licencia de Creative Commons).

El PP contra el Tribunal Supremo.

Podrán decir que la manifa convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para hoy en contra del fallo del Tribunal Supremo no es en contra del Tribunal Supremo, como sostiene el señor Acebes, cuya capacidad para mentir sin inmutarse es proverbial. Podrán decir que es en apoyo de las víctimas. Podrán decir lo que les dé la gana, pero el hecho crudo es que el mismo partido que hace un par de semanas denunciaba al PNV por convocar una manifa en protesta por una decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pilla ahora la pancarta y se va del ganchete con la dirección de la AVT, que es una especie de comité de la nueva derecha, a dar los gritos callejeros de rigor en contra de sus señorías, los magistrados del Supremo. Otro tribunal cuyo prestigio pretenden cancelar, para que esto sea la ley del más fuerte.

Enésimo ejemplo de la estrategia del espejo. "No hay que presionar a los jueces", dicen cuando sale a la calle el PNV. Pero luego literalmente se ponen a la cabeza de la manifa para protestar en contra de esos mismos jueces con un afán netamente intimidatorio. Porque el acto es exactamente el mismo: un tribunal toma una medida y los justiciables salen a la calle a dar gritos. ¿Podría el PP explicar si hace lo que condena o condena lo que hace? La otra posibilidad de este misterio es que el señor Acebes -que va a la manifa en compañía de Esperanza Aguirre, Mayor Oreja y María San Gil, tres espíritus abiertos del PP- crea que la población tiene tan pocas luces como él. Todo es posible.

Pero lo gracioso de esta octava manifa convocada por la AVT es que en ésta no participa tan sólo como asociación de ciudadanos afectados y políticamente activos, sino también como parte personada en el proceso, ya que la AVT representaba a una acusación popular. Esto es, por un lado, según se dice, el PP trata de conseguir en los tribunales lo que no consiguió en las urnas, razón por la cual judicializa la política. Y, por el otro, trata de conseguir en la calle lo que tampoco consigue en los tribunales para lo cual, a su vez, politiza la justicia. El caso ez embarullarlo todo, a ver si en el barullo, la gente se confunde y acaba votándolo.

Por último, sí parece que la nueva manifa ahora contra el Tribunal Supremo y siempre antipazateril (¿qué nos apostamos a que se insulta a Zapatero y se habla de "rendición" y otros hallazgos demagógicos?), está provocando marejada en el PP. Los señores Rajoy y Gallardón se han desmarcado. El señor Rajoy, que es como el inspector Clouseau de la política, puede haberse equivocado en el camino de vuelta a casa. Pero el señor Gallardón indudablemente esgrime aquí el supuesto espíritu centrista que lo embarga siempre en visperas electorales cuando, provisto de un hisopo y un casco de seguridad, inaugura tramos, puentes, vías, enlaces, como Cristo curaba tullidos. Ese espíritu por el que van a lloverle castañas hasta en el cielo del paladar de aquí a las elecciones de mayo. Lo que, probablemente, hará que las gane.

Al final ya no se sabe si TVE quiso acallar al señor García o hacerle publicidad gratis para que le suba el caché, pero lo que está claro es que Telemadrid es una oficina de agitación y propaganda al servicio de lo más neofacha del PP. Ayer pasaban un anuncio (pagado con nuestros impuestos) de la manifa contra el Tribunal Supremo, prometiendo cobertura completa de un acto que, lejos de presentar como el enésimo asalto que, con dinero público, organiza una cuadrilla de extremistas y neonazis (doble contra sencillo a que pasean de nuevo banderas de la Falange y de Franco) le parece una muestra de la sensibilidad ciudadana. Luego, la señora Aguirre dirá que estuvo bien pagado porque fueron seis millones de patriotas.

Lxs madrileñxs tenemos lxs gobernantes que merecemos.

El juicio de Atocha.

Hoy se abre la vista oral del juicio por el atentado del 11 de marzo de 2004 en Atocha. Esa apertura es la coronación del titánico esfuerzo realizado por las fuerzas de seguridad del Estado, la administración de justicia, cientos y cientos de funcionarixs de las distintas administraciones, profesionales y gentes anónimas para llevar ante los tribunales y garantizar un juicio justo a los presuntos culpables de aquella abominable masacre. Es un triunfo de las instituciones del Estado de derecho y la prueba de la madurez de una población que siempre ha cerrado filas en apoyo solidario a las víctimas de la matanza.

Entre todxs ellos merece especial mención el juez el Olmo, quien, como han reconocido altas instancias judiciales, ha hecho una instrucción escrupulosa y ejemplar, a pesar de la complejidad de la materia y de los sistemáticos ataques y descalificaciones e insultos que se le han estado dirigiendo a veces de la forma más abusiva y bastarda. Y si alguien cree que exagero, que pinche aquí para ver una repugnante imagen que algún/a desaprensivx ha colgado en la red y que me niego a reproducir en directo. Personas como del Olmo dignifican a la profesión judicial, son el orgullo de su país y merecen el aplauso y la admiración de sus conciudadanxs.

En cuanto a las víctimas, es claro que nadie va a devolverles lo que perdieron en aquella aciaga mañana, pero estoy seguro de todas las gentes mencionadas en el primer párrafo harán cuanto esté en su mano porque reciban cumplida la justicia que está al alcance de los seres humanos. Y todxs lxs ciudadanxs de buena fe las acompañaremos en estos momentos en que la reproducción judicial de lo sucedido seguramente reavivará su dolor. Quienes crean en Dios, rezarán por ellas y quienes no creemos, las tendremos en nuestros pensamientos. El país entero se volcará con ellas, no tengo duda alguna.

Sería magnífico que la cohorte de comunicadorxs, tertulianxs, periodistas y opinantes que lleva tres años haciendo negocios de todo tipo a base de propalar teorías delirantes, de cuestionar el funcionamiento de las instituciones, de deslizar dudas sobre la integridad de los funcionarios y trabajadores de todo tipo, de sembrar bulos y falsedades sin cuento con la intención de reventar el proceso y que éste no tenga lugar, se callara de una vez. Es obvio que ya ha fracasado en su primer intento, de impedir la celebración del juicio a base de fabular patrañas que nos han hecho perder a todos un tiempo precioso y una no menos preciosa paciencia. Pero tengo poca duda de que, a pesar de todo, seguirá en su empeño.

Me niego a tomarme en serio ese cocktail de cuentos, insidias y artimañas sobre mochilas, furgonetas, ácidos bóricos y etarras disfrazados de floreros con que lxs antedichxs comunicadores han tratado también de prestar un servicio al principal partido de la oposición que no vio venir el atentado más grave de la historia del país cuando estaba en el gobierno y que, una vez se produjo éste, pretendió engañar a toda la ciudadanía fabricando una imputación tan falsa como conveniente para él. No debe de haber muchos precedentes en los países democráticos de un partido en el que abundan exministros de justicia, de interior, altos funcionarios, etc empeñado en sustituir el procedimiento judicial ordinario por un barullo mediático sensacionalista para fabricar el consabido río revuelto.

En todo caso, sería muy de desear que el antedicho partido, comprendiendo que la vista oral se ha abierto, a pesar de sus esfuerzos y los de sus aliados y que, al final de ella, la autoridad judicial establecerá la verdad de los hechos y castigará a los culpables, dejara trabajar a la justicia y, por una vez, rindiera un servicio al conjunto del país ayudando con su silencio a que la verdad resplandezca.

Nuestro embajador en Guantánamo.

Es rarísimo y huele fatal este asunto de los policías españoles desplazados a Guantánamo a interrogar a las personas que los EEUU tienen allí secuestradas en contra de todas las normas del derecho internacional, de las convenciones de Ginebra y de los usos y costumbres de las sociedades civilizadas; las de verdad, no las del señor Rajoy. Una vez el caso destapado, los dirigentes del PP dijeron no saber nada de nada. Más tarde, el señor Gustavo de Aristegui, portavoz de Asuntos Exteriores del PP afirmó que sí se sabía algo: en 2002, en tres ocasiones, habían ido policías y diplomáticos, funcionarios del ministerio de Exteriores, con autorización de la Audiencia Nacional (AN) a interrogar a algunos de los secuestrados para determinar cuáles fueran españoles y ayudarlos. La AN afirma, sin embargo, que jamás se dio tal permiso, que no se solicitó y, en consecuencia, no se impartió y que el asunto debió de ser algo salido de la Minerva de los propios policías.

La pregunta inmediata es: ¿en calidad de qué se presentaron los policías y (según dice el señor De Aristegui), los diplomáticos en la base estadounidense de Guantánamo? Y más aun: ¿que condición jurídica tiene ese campo de desaparecidos de Guantánamo para las autoridades españolas? Para los Estados Unidos, Guantánamo no era entonces territorio de los EEUU y las personas allí secuestradas no estaba amparadas por los tribunales estadounidenses. Con posterioridad, esos mismos tribunales han matizado esta extraordinaria doctrina, reconociendo a los secuestrados acceso a los tribunales de justicia en los EEUU. Pero, cuando el viaje se produjo, en 2002, Guantánamo era un limbo legal y judicial, no sometido a ordenamiento jurídico alguno, a todos los efectos, una especie de antro de piratas y secuestradores. ¿Qué pintaban allí los funcionarios de un Estado de derecho como España? ¿Por qué hemos de creer que iban a proteger a los ciudadanos españoles y no a ayudar a los secuestradores y torturadores (basta con ver la imagen más arriba) a mejor cumplir su odiosa tarea?

Y no termina ahí la cosa. Efectivamente, la AN no concedió un permiso previo a las gestiones policiales en Guantánamo pero, luego, las admitió como pieza en un proceso al marroquí nacionalizado español Lahcen Ikassrien, quien vino extraditado desde Guantánamo. La AN absolvió al acusado y anuló las pruebas presentadas por la policía. Igualmente, el juez Garzón recibió un informe de los policías a su regreso de Guantánamo y los interrogó como testigos en el contexto de unos sumarios que instruye. Pueden comprobarse ambos extremos en sendas noticias publicadas ayer en El País. De nuevo hay aquí una pregunta: ¿no debieron los jueces de la AN poner en conocimiento de los jueces de la AN la extraordinaria y no autorizada misión de los policías españoles en el campo de desaparecidos de Guantánamo? Efectivamente, el asunto es extrañísimo. O los policías viajaron con alguna autorización y hay que saber quién la dio o viajaron sin ella en cuyo caso, lo correspondiente es abrir una investigación para depurar las correspondientes responsabilidades. Con pieza separada para los jueces de la AN que, teniendo conocimiento de un posible ilícito, no lo persiguieron con la debida diligencia.

Un ministro de Justicia de izquierdas.

Ahí está el señor Mariano Fernández Bermejo prometiendo el cargo. Por cierto, supongo que forma parte del protocolo de la ocasión, pero ¿es necesario que el Estado no confesional ponga el crucifijo hasta en la sopa? De todas formas no parece que haya protegido al ya ministro de las jupiterinas iras de la oposición que, como se cree delegada de la divinidad en este mundo, ya ha dictaminado negativamente el nombramiento. Los señores Acebes, Zaplana y Astarloa que, como las Grayas mitológicas, comparten un solo ojo, el clínico, y un solo diente, el colmillo, ya han dicho que el nombramiento es para enfrentar y dividir y que el señor Fernández Bermejo viene para traer la "política-bronca". No se dirá que no es enternecedor: los de la bronca permanente dicen que son los demás los de la bronca. Ejemplo de manual de estrategia del espejo.

Fernández Bermejo ha empezado diciendo que es de izquierdas. Lógico. Un gobierno de izquierdas tiene que nombrar ministros de izquierdas. No va a nombrar al señor Gómez de Liaño. Además, el izquierdismo del Gobierno es bastante moderado, así que tampoco supongo que el señor Fernández Bermejo sea un sanguinario bolchevique. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que es buen dato. Eso de "progresista" causa irritación a las derechas y a las izquierdas que dicen ser radicales. Las derechas porque no son amigas del progreso sino del regreso a las esencias puras. La "verdadera" izquierda porque le irrita lo que de gradual tiene todo progreso, cuando lo que hay que hacer es asaltar los cielos...o quedarse en casa. Con lo cual se pasa la vida en casa.

Ser de izquierdas y pertenecer a la UPF no tienen por qué ser obstáculos al adecuado ejercicio del cargo. ¿Quieren Vds. saber lo que me parece un obstáculo para el ejercicio de un cargo judicial o fiscal? La pertenencia a una secta, al Opus dei, por ejemplo. Y, sin embargo, el Fiscal General que nombró el gobierno del PP, don Jesús Cardenal, era miembro del Opus Dei, cosa que debiera inhabilitar para ejercer cargos jurisdiccionales en la administración de justicia. No está permitido que jueces y fiscales pertenezcan a partidos mientras estén en funciones. ¿Por qué sí a una secta que tiene más de partido que otra cosa pues aspira al control del poder político?

Dos terremotos.

El terremoto que sacudió ayer el suroeste de la Península y que se hizo sentir en Madrid causó menos excitación que el fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación interpuesto por el preso etarra Iñaki de Juana Chaos contra la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que lo condena a doce años y seis meses por dos artículos en Gara. El alto tribunal rebajó la pena a tres años, con lo cual ha venido a dar (casi toda) la razón a quienes sosteníamos que la sentencia de la AN era un despropósito, un abuso, una injusticia, dictada por el afán de venganza y bajo la presión de los energúmenos de la derecha, especialmente los dirigentes del PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, personada en el proceso con una petición de noventa y seis años. ¡Noventa y seis años por dos artículos de periódico!

(Estamos a punto de presenciar el desenlace de esta escabrosa historia, queridxs niñxs. Ved a qué situación ha llevado a Caperucita su incuria y despreocupación. El lobo se apresta ya a comérsela. Aunque hablar de comer en estas circunstancias pueda resultar algo sardónico).

Digo casi toda la razón porque el TS ha tratado de establecer un término medio, un juste milieu entre los cuatro magistrados que, al parecer, se inclinaban por la libre absolución del reo y los dos que pensaban que enjaretándole noventa y seis años por los dos artículos se rendía servicio a la justicia. Para este modesto bloguero, ese fallo -que respeta, acata y pone sobre la cabeza, desde luego- tampoco es justo ni equitativo, porque entre la justicia (libre absolución ya que, nos pongamos como nos pongamos, tenía razón el juez de instrucción y aquí no había delito) y la injusticia (esa monstruosidad de los noventa y seis años) no puede haber término medio equitativo.

Para el reo pueden resultar más cómodos los tres años que los doce y seis meses y, por supuesto, que los noventa y seis. Pero a los ojos de la Justicia, son igual de inicuos. Lo que sucede es que, al ser más benigna la condena, parece magnánima. Pero sigue sin serlo. Esos dos artículos contienen juicios acalorados y metáforas más o menos subidas de tono, propias de los escritos políticos. Pero no amenazas, terroristas o no terroristas, salvo que se admita, como hacía la sentencia de la AN, que lo sean "implícitas". Implícito en la vida puede ser todo, hasta la vida misma.

Lo que ha hecho el TS ha sido lavarse las manos (y, de paso, lavar la cara de la AN) como Pilatos y remitir de nuevo el asunto al Gobierno, como diciéndole: nosotros lo hemos condenado; ahora, si quieres, libéralo. Ecce homo. Es de esperar que el Gobierno no se amilane, como tiene por costumbre, y excarcele al señor De Juana, quien hace año y pico que tenía que estar en la calle.

Ojalá que el nuevo ministro de Justicia, que parece hombre menos pusilánime que el anterior, no se arrugue ante las presiones de los linchadores de la derecha, que quieren ver a De Juana encarcelado de por vida. Porque, hablando de independencia judicial (el 75 % de la población, según la SER piensa que la justicia está polítizada; lo asombroso es qué piense el otro 25%) y no injerencia en la función de los tribunales, el espectáculo que ha proporcionado la AVT es de avío. Con anterioridad al fallo, la asociación del señor Alcaraz declaró que si el TS fallaba aminorando o eliminando la pena, sería una agresión a las víctimas del terrorismo. Y con posterioridad a él, no se han ahorrado críticas y descalificaciones, asegurando que la sentencia del TS satisface a los asesinos, pero no a las víctimas. Sí señor, eso es respeto a la la Justicia y acatar sus decisiones... siempre que comparemos a España con Colombia, país hermano en donde unos facinerosos hace unos años asesinaron a nueve miembros de la Corte Constitucional sin que sucediera nada. Si la comparamos con algún otro país europeo, la cosa es diferente. Sobran por tanto los energúmenos que quisieran ver a los magistrados del TS convertidos en jueces de la horca.

(Y ya veis, queridxs niñxs, qué poco dura la alegría en casa (y cama) del pobre: el lobo se abalanza sobre Caperucita y se la come. Vienen luego lxs analistas, lxs críticxs, estructuralistas y deconstructorxs, a decirnos que en eso del comer, sobre todo del comer en la cama, hay mucha ambigüedad y que a saber quién se come a quién. Pero el cuento se ha acabado).

Calculo que De Juana saldrá en libertad en cosa de días. Y, para entonces, el terremoto político en las radios, los periódicos y las teles de la derecha superará a todo lo visto hasta la fecha.

Respuesta cívica.

La derecha lleva tres años mintiendo, vituperando, agrediendo, insultando, amenazando; lleva tres años a base de denuncias, querellas y más querellas, trampas, calumnias e insidias, que han convertido el debate público en un foro de crispación y enfrentamiento, que han dividido a la sociedad, enfrentado comunidades entre sí (basta recordar quién apoya las campañas anticatalanas), hecho trizas las instituciones del Estado; tres años dando rienda suelta a sus políticxs mendaces, sus obispos trabucaires, sus periodistas manipuladorxs, sus gárrulxs locutorxs insultantes.

Tres años haciendo irrespirable la vida política del país; augurando sombriamente la ruptura de España para que no se hable de su responsabilidad en las tramas de corrupción de las administraciones locales y autonómicas bajo su mandato; profetizando la venta de Navarra o la rendición ante ETA para ocultar su responsabilidad en la criminal guerra del Irak (en donde ahora resulta que no había armas de destrucción masiva); amenazando con que España se ve anegada de inmigrantes ilegales para ocultar su culpabilidad por negligencia en el atentado del 11-m.

(Arriba, Vincenzo Danti, El honor triunfa sobre la falsedad.)

Hora es de que haya una respuesta cívica, una reacción ciudadana, un ¡basta ya! verdadero que ponga a cada cual en su sitio. Y, por fortuna, parece que está empezando. Una especie de rebelión democrática contra la carcundia atosigante y agresiva y, en parte también, los asesinos etarras. Está en sus comienzos, pero ha arrancado. Tiene nombres y apellidos y hay que reseñarlos aquí, tributarles los honores que merecen, señalarlos como guías morales y difundir su ejemplo.

Son los siguientes:

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ANDREU BUENAFUENTE

El señor Buenafuente ha rechazado un premio porque también se lo dan al señor Jiménez Losantos. Así se hace. Hay que marcar las diferencias intelectuales y morales entre un buen periodista y persona cabal y un sujeto dedicado a insultar, agredir, difamar, amedrentar a la gente de bien, encizañar la convivencia entre las personas y envenenar la vida pública. Una cosa es un periodista y otra un indeseable. Y el señor Buenafuente lo ha dejado bien claro con una contundencia y una altura moral que nos marca al resto de lxs ciudadanxs el camino a seguir: no más contemplaciones con estxs individuxs. Que escuchen ellxs sus radios, lean sus periódicos o se premien entre sí. De ahora en adelante ya sabemos cuál es el deber de lxs ciudadanxs honorables cada vez que se requiera su presencia en algún tipo de acto, debate, homenaje, premio o similares: si participa o asiste algunx de esta cuadrilla de crispadorxs profesionales, no aceptar la invitación.

Ya se ha dicho suficientemente que las doctrinas que estxs sujetxs predican desde los micrófonos de la COPE son contrarias al Evangelio sin que la Jerarquía se inmute. Ha llegado el momento de hacer ver a esta Jerarquía que pasamos de las palabras a los hechos. A los hechos civilizados y dignos, con altura moral, como el del señor Andreu Buenafuente: con estos individuos no vamos ni a recoger un premio. Dice Luis del Olmo que se bajará del escenario si el señor Jiménez Losantos acude a recoger su premio. Hazlo, Luis, y te ganarás el aplauso de lxs demócratas.

Enhorabuena, señor Buenafuente; es Vd. un ejemplo de comportamiento cívico.

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JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CASANOVA

El profesor González Casanova publicaba anteayer un artículo en la edición catalana de El País, titulado ETA y el PP, la pareja suicida en el que en síntesis, decía que el PP y ETA coinciden objetivamente en sus propósitos políticos (que no medios), cosa con la que estamos de acuerdo muchxs españolxs. Ayer, el citado profesor era objeto del habitual linchamiento a cargo del señor Losantos en la COPE, quien pidió a gritos que el PP se querellara contra El País, supongo que por injurias y calumnias; él, que vive de injuriar y vilipendiar a medio país. Acto seguido, en fiel obediencia, el señor Acebes anunciaba una probable querella. Por si ésta prospera, sepan lxs querellantes que el autor de este blog suscribe por entero el artículo del profesor González Casanova.

Y diré más: espero que la blogosfera se movilice y seamos muchxs los que nos declaremos coautorxs del artículo. Es una buena ocasión para que
Hugo Martínez Abarca ponga en marcha su magnífica idea de activar el blog de solidaridad (aunque cambiando el título, Hugo; nosotrxs no somos delincuentes; son ellxs) con ese ciudadano ejemplar que es González Casanova y ese medio de comunicación que tanto molesta a la derecha cavernaria.

Y más aun: tenemos que pedir a lxs jueces que no solamente no admitan esa querella a trámite, sino que sancionen al PP por el uso abusivo de la justicia que hace con cargo a los impuestos de todos lxs españolxs y con la aviesa finalidad de acallar a lxs disidentes, amedrentar a las personas de bien, censurar la libertad de expresión y recrear el clima de miedo en que le gusta vivir. Lxs jueces no son verdugos de ningún proyecto político oscurantista o totalitario.

Enhorabuena, José Antonio, por tu magnífico artículo que suscribo de la cruz a la fecha.

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AMNISTÍA INTERNACIONAL E IÑAKI DE JUANA.

Dice Amnistía Internacional que no ampara al preso etarra De Juana porque incita a la violencia y al odio. Pues claro. Si lo amparase, yo me daría de baja en Amnistía Internacional, a la que estoy muy orgulloso de pertenecer.

Defiendo y defenderé el derecho del señor De Juana a estar en libertad al haber cumplido su condena. Defiendo y defenderé el derecho del señor De Juana a un juicio justo. Defiendo y defenderé el derecho del señor De Juana a que se anule esa sentencia inicua que lo condena a 12 años y seis meses por dos artículos de opinión en un periódico. Defiendo y defenderé el derecho del señor De Juana a estar en huelga de hambre y dejarse morir de inanición en protesta por las injusticias que padece.

Pero no olvido que el señor De Juana es un asesino convicto y confeso que privó de la vida a 25 personas, ni ignoro que un asesino convicto y confeso, capaz de semejante monstruosidad, no es ni podrá ser jamás un “preso político”. Porque un preso político es siempre una persona que está en la cárcel por sus ideas, por sus convicciones, no por asesinar a lxs demás.

Lo digo en nombre de lxs presxs políticxs que hay en el mundo.

Y en mi propio nombre, como expreso político del franquismo, y a mucha honra.

Que no nos confundan con asesinxs.

Enhorabuena a Amnistía Internacional.

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OLEGUER PRESAS

El señor Oleguer Presas ha publicado un valiente artículo a propósito de la situación de De Juana en una revista catalana que recojo y enlazo aquí dando las gracias a un lector de InSurGente, que lo ha pegado en catalán, hermosa y clara lengua que no necesita traducción para un hispanohablante. Suscribo también lo que dice el señor Oleguer cuando señala la doble vara de medir que caracteriza a la justicia española, según se trate de castigar a terroristas de Estado o a terroristas de ETA. No sé si el señor Presas considerará a estxs últimxs terroristas. Yo sí. Pero me uno a él en pedir para ellxs la aplicación imparcial de las leyes justas, so pena de padecer un Estado de derecho que no es tal, sino arbitrariedad y tiranía.

Según parece, la casa patrocinadora del señor Presas le ha rescindido el contrato. Es muy libre. Y yo lo soy de decir que, aunque considero al señor De Juana un asesino, coincido con el señor Presas en su denuncia por cuanto lxs asesinxs tienen también derechos, sobre todo si, además, ya han saldado su deuda con la sociedad.

Enhorabuena, señor Presas, además de deportista, es Vd. un ciudadano ejemplar.

Más sobre De Juana.

Ayer decía que hoy haría el post sobre De Juana pero la verdad es que se me han quitado las ganas porque, en definitiva, tendría que decir lo que ya dije ayer: que no hay derecho a mantener en prisión a quien ha cumplido la condena, que no se puede "construir causas" para retener a los presos que deben salir en libertad, como quiere el ministro de Justicia, que no se puede condenar a alguien por delitos inexistentes. Eso en el orden jurídico. En el político, que es un desatino forzar la ley para mantener en prisión a un individuo, convertido en una especie de rehén o, aun peor, de mártir y de mártir por la ¡libertad de expresión! Quien quiera ver el asunto con mayor detenimiento, vaya al post de ayer, porfa.

(Más arriba, la página de The Times, que reproduzco de 20 Minutos)

Sin embargo, al hilo de este desaguisado de De Juana, es oportuno hacer referencia a la cuestión de la orientación política de las decisiones judiciales. Las últimas sobre De Juana (la condena a 12 años y 6 meses por amenazas y la decisión de mantenerlo en prisión a pesar de su estado de salud) parecen ejemplos de la crítica que hoy mismo dirige al poder judicial Enrique Gil Calvo en un artículo de El País, titulado Metodología:

"Dime de qué presumes y te diré de qué careces, pues (los jueces) sólo son independientes del Gobierno para interpretar las leyes al servicio de la oposición, demostrando así por la vía de sus autos que dependen políticamente de quién les nombró. Una independencia judicial que se reclama no para garantizar la imparcialidad de sus decisiones, como corresponde, sino para inmunizar su sectaria parcialidad a discreción."

Muy bien visto. Esas decisiones, en el caso de De Juana, sintonizan con los deseos del PP, que son los de los medios que lo sostienen y los que azuzan a una parte de la opinión pública a mostrar un comportamiento de linchadores. Pero no lo hacen con la justicia, ni son útiles a la pacificación del País Vasco, ni beneficiosas para España.

Pero no haya cuidado, que no se tomarán medidas que eviten la que se avecina. Al contrario, ya están levantándose voces que exigen averiguar cómo pudo The Times entrevistar a De Juana. O sea, van a ver si pueden matar al mensajero. Por cierto, al margen de todo, eso sí que es un scoop; eso sí que es periodismo de investigación y sin necesidad de hacer demagogia puesto que el diario no se refiere a De Juana como "preso político" o fiera sanguinaria y rabiosa, sino que con característica sobriedad británica, lo llama ETA killer, es decir, asesino etarra. A su vez, como decía más arriba, lo típicamente español es convertir a un "asesino etarra" en un mártir por la libertad.

¡Soltadlo ya, estúpidxs!

(Actualización a las 15:00 del lunes, 5 de febrero de 2007)

Siempre me lo decía mi madre: lo peor que se puede ser en esta vida es estúpido. Y quienes han retenido contra derecho, contra razón y justicia al asesino de Juana en la cárcel, retorciendo las leyes, trampeando, condenándolo desmesurada e injustamente (tan desmesurada e injustamente que los mismos que lo condenaron pedían que se lo indultara) han conseguido algo insólito: convertir a un asesino en un mártir por la libertad, presentar a los ojos del mundo al Estado español (el Estado en cuyo nombre actúan) como una bárbara tiranía, capaz de condenar a un hombre a 12 años de cárcel por dos artículos de opinión en un periodiquito, dar lustre de movimiento patriótico y justiciero a una organización terrorista, provocar una oleada de simpatía con la situación de un preso martirizado desde hace más de 90 días, atado a una cama, alimentado forzosamente en condiciones asimilables a la tortura.

Efectivamente, madre, lo peor que se puede ser en esta vida es estúpido, además de tirano.

Esto se veía venir desde hace meses, desde la primera huelga de hambre de De Juana. Algunos estamos diciéndolo desde el verano: que ese conjunto de disparates políticos, basados en atrocidades jurídicas en un mundo en que las tropelías de este tipo ya no se pueden esconder, conseguiría lo contrario de lo que se propone. A la vista está.

Mañana postearé sobre este asunto, pero es tal la indignación que siento que no puedo resistirme a adelantar dos consideraciones, las dos orientadas a pedir que los estúpidxs que han organizado este desastre pongan en libertad a su víctima sin más dilaciones. ¿Por qué?

Porque es lo que ordena la decencia humana, el sentido de la justicia, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. No se puede inventar delitos con el fin de retener en prisión a un hombre que ha cumplido su condena en las condiciones que se estipularon cuando se le impuso, por monstruosos que fueran sus crímenes.

Pero, en fin, si a los perpetradores de este desaguisado no se les alcanzan estas motivaciones, que sea por simple sentido común y consideración táctica de haberse metido en un berenjenal del que van a salir trasquiladxs. Y, más específicamente, a los genios del gobierno (empezando por ese ministro de Injusticia, López Aguilar, capaz de decir la infamia de que se construirían causas para que De Juana y lxs otrxs De Juanas no salieran a la calle) que no se han dado cuenta de que, además de quedar como lo que (espero) no son, esto es, unos matarifes, han hecho el juego a los más cavernícolas de la oposición.

No se me escapa que el margen de maniobra del Gobierno en este caso era estrecho y que en buena medida se encuentra a merced de los magistrados de la Audiencia Nacional (heredera del TOP franquista), y dispuestos a aplicar la justicia del vencedor, para más estúpido "inri", sin serlo. Pero, precisamente por esto, su comportamiento hubiera tenido que ser otro, algo más gallardo, y no el del conejo asustado ante los ladridos de la jauría mediática.

Soltad a De Juana ya, y que el señor ministro de Injusticia se vaya a su casa.

¿Y quién nos defiende de los jueces?

Cual un solo hombre, vive Dios, ha salido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a amparar a los jueces vascos y a pedir que se los deje trabajar en paz. Como si alguien los hubiera estorbado. Llama la atención que un CGPJ tan dividido como éste entre la minoría progresista y la mayoría reaccionaria hable de algo con una sola voz cuando no lo hace jamás. ¿Cuándo sucede este milagro? Cuando cree que la judicatura está amenazada por afuereños. Es decir, el CGPJ es un órgano corporativo típico.

Incidentalmente, ¿por qué hay una mayoría conservadora en dicho órgano que debiera haberse renovado el pasado 7 de noviembre de acuerdo con la ley 6/1985 de 1º de julio? Obvio: porque el PP tendría que ceder la mayoría en él al PSOE y no quiere hacerlo, con lo que tiene bloqueada la renovación porque pretende valerse de los jueces en el logro de sus finalidades políticas. Ahí es nada contar con el presidente del Tribunal Supremo y una mayoría de fieles seguidores en el órgano de gobierno de la judicatura para otorgar o denegar amparo cuando los conservadores estimen oportuno. Por tres veces ha propuesto la mayoría reaccionaria del órgano al juez Gómez Bermúdez para presidir la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, ante la que ha de verse el proceso por el 11-M, a pesar de que en dos de ellas el nombramiento ha sido rechazado por el Tribunal Supremo porque ese juez aducía méritos que no tenía en el momento de la convocatoria ¿Es adecuado que un juez que presenta papeles amañados a un nombramiento presida una sala que ha de tener tanta trascendencia? ¿Por qué insiste la mayoría reaccionaria en ese nombramiento? Parece claro, ¿no? Porque confía en ese juez. ¡Cómo van a permitir que el órgano se renueve! No podrían seguir haciendo estas maniobras. Porque son maniobras y maniobras que perjudican a la justicia y, por ende, a los ciudadanos.

Así que sale el señor Rajoy a la palestra, en nombre de la derecha, a defender a los jueces a los que juzga atacados, ultrajados, vilipendiados anteayer en Bilbao. Es una pena que el señor Rajoy no escuche lo que dicen de los jueces en la COPE cada vez que estos fallan algo que disgusta a la derecha mediática o se piensan una decisión, existiendo la posibilidad de que fallen en ese sentido. Mas no paremos mientes en estas pequeñeces y vayamos al asunto de fondo, que es el prestigio que la judicatura debiera tener entre la ciudadanía y el que realmente tiene. Por razones fáciles de entender, el CIS no incluye en sus baremos una pregunta sobre el prestigio de que gozan las diferentes profesiones en España, esto es, abogadxs, arquitectxs, médicxs, profesorxs, juecxs y es una pena porque nos enteraríamos de cosas suculentas. Como, por ejemplo, que el grado de prestigio de lxs juecxs es bajísimo, probablemente cercano al de lxs políticxs.

¿A qué se deberá que lxs juecxs no disfruten del aprecio y el respeto de lxs ciudadanxs en España, como sí lo hacen en los EEUU, en Inglaterra y otros países civilizados? Básicamente a dos vicios de funcionamiento de la justicia ampliamente percibidos como tales: el activismo judicial y la ley del embudo, todo lo cual sucede, además, en un contexto de clara politización de la justicia y judicialización de la política. El activismo judicial, un defecto muy típico de una actividad jurisdiccional desmedida consiste en que los jueces interfieran en los terrenos reservados a los otros poderes, el legislativo y, especialmente, el ejecutivo, entorpeciendo la labor de éste por motivos que, casualmente, coinciden con los intereses de la oposición, algo que todos los ciudadanos pueden ver cuando, aun en contra de las decisiones expresas del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco llama a declarar al Lehendakari, admitiendo a trámite una querella desaforada.

El segundo vicio es el que se conoce con el nombre popular de "ley del embudo". Hay una clara percepción popular de que existen dos varas de medir en la justicia penal española, según que lxs acusadxs sean nacionalistas vascxs o no. El caso de De Juana Chaos, condenado a 12 años y seis meses por dos artículos publicados en un periodiquito independentista vasco, Gara, es el último conocido y más claro. Que los jueces mantengan en la cárcel a los señores Parot y De Juana, que ya han cumplido sus condenas, pero hayan puesto en libertad a los señores Galindo y Vera, que apenas han cumplido las suyas, habla por si solo.

Es decir, los jueces nos defienden de los malhechores, como es lógico; pero ¿quién nos defiende de los jueces?