Es rarísimo y huele fatal este asunto de los policías españoles desplazados a Guantánamo a interrogar a las personas que los EEUU tienen allí secuestradas en contra de todas las normas del derecho internacional, de las convenciones de Ginebra y de los usos y costumbres de las sociedades civilizadas; las de verdad, no las del señor Rajoy. Una vez el caso destapado, los dirigentes del PP dijeron no saber nada de nada. Más tarde, el señor Gustavo de Aristegui, portavoz de Asuntos Exteriores del PP afirmó que sí se sabía algo: en 2002, en tres ocasiones, habían ido policías y diplomáticos, funcionarios del ministerio de Exteriores, con autorización de la Audiencia Nacional (AN) a interrogar a algunos de los secuestrados para determinar cuáles fueran españoles y ayudarlos. La AN afirma, sin embargo, que jamás se dio tal permiso, que no se solicitó y, en consecuencia, no se impartió y que el asunto debió de ser algo salido de la Minerva de los propios policías.
La pregunta inmediata es: ¿en calidad de qué se presentaron los policías y (según dice el señor De Aristegui), los diplomáticos en la base estadounidense de Guantánamo? Y más aun: ¿que condición jurídica tiene ese campo de desaparecidos de Guantánamo para las autoridades españolas? Para los Estados Unidos, Guantánamo no era entonces territorio de los EEUU y las personas allí secuestradas no estaba amparadas por los tribunales estadounidenses. Con posterioridad, esos mismos tribunales han matizado esta extraordinaria doctrina, reconociendo a los secuestrados acceso a los tribunales de justicia en los EEUU. Pero, cuando el viaje se produjo, en 2002, Guantánamo era un limbo legal y judicial, no sometido a ordenamiento jurídico alguno, a todos los efectos, una especie de antro de piratas y secuestradores. ¿Qué pintaban allí los funcionarios de un Estado de derecho como España? ¿Por qué hemos de creer que iban a proteger a los ciudadanos españoles y no a ayudar a los secuestradores y torturadores (basta con ver la imagen más arriba) a mejor cumplir su odiosa tarea?
Y no termina ahí la cosa. Efectivamente, la AN no concedió un permiso previo a las gestiones policiales en Guantánamo pero, luego, las admitió como pieza en un proceso al marroquí nacionalizado español Lahcen Ikassrien, quien vino extraditado desde Guantánamo. La AN absolvió al acusado y anuló las pruebas presentadas por la policía. Igualmente, el juez Garzón recibió un informe de los policías a su regreso de Guantánamo y los interrogó como testigos en el contexto de unos sumarios que instruye. Pueden comprobarse ambos extremos en sendas noticias publicadas ayer en El País. De nuevo hay aquí una pregunta: ¿no debieron los jueces de la AN poner en conocimiento de los jueces de la AN la extraordinaria y no autorizada misión de los policías españoles en el campo de desaparecidos de Guantánamo? Efectivamente, el asunto es extrañísimo. O los policías viajaron con alguna autorización y hay que saber quién la dio o viajaron sin ella en cuyo caso, lo correspondiente es abrir una investigación para depurar las correspondientes responsabilidades. Con pieza separada para los jueces de la AN que, teniendo conocimiento de un posible ilícito, no lo persiguieron con la debida diligencia.
