El PSOE, escandalizado por la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el juez Tirado, quiere que dicho órgano comparezca en sede parlamentaria para dar las pertinentes explicaciones.
Pues sí, que comparezca y que estos intocables a quien nadie elige pero se erigen en custodios del bien y del mal por encima de la gente que les paga el sueldo, respondan de sus actos como todo hijo de vecino. Téngase en cuenta que, a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cuya titularidad reside en sendos órganos colegiados (el Gobierno y el Parlamento) del que los ministros y los diputados o senadores son parte, en el caso del Poder Judicial, su titularidad no recae sobre órgano colegiado alguno. El CGPJ es un órgano del Poder Judicial, pero no es el mismo Poder Judicial. Éste reside singularizada e individualmente en cada uno de los órganos judiciales, colectivos o individuales en la medida en que ejerzan la función judicial. Al actuar cada juez o magistrado actúa el Poder Judicial y al prevaricar un juez prevarica el Poder Judicial. Esto es lo que hace que este Poder, el único no representativo del Estado de Derecho, deba estar especialmente sujeto a la ley porque, de otro modo, todo un poder del Estado la quebranta y los ciudadanos padecen una especial indefensión; no tienen a quién recurrir en busca de amparo porque el supuesto amparador es el primero que los ha dejado en la estacada. Cuando un juez comete una falta o un delito, comete el delito la función jurisdiccional en pleno y de eso es perentorio que los jueces respondan.
En el caso que nos ocupa ya no es solamente que un juez haya cometido un hecho reprochable sino que ahora a esa presunta falta se suma otra cometida por un órgano colegiado, como una especie de burla al conjunto de la sociedad. Por eso es imprescindible que estos funcionarios públicos comparezcan ante la representación popular, rindan cuentas de sus actos y asuman la responsabilidad que les incumbe. Es preciso que entiendan que, aunque administren justicia en nombre del Rey (es decir, en nombre de alguien que no está sometido a la justicia), su verdadera legitimidad procede del pueblo, de los justiciables. Que no son los señores de estos, sino su servidores.
(La imagen es una foto de Público, bajo licencia de Creative Commons).
