Echar a estos delincuentes.

Los amigos de Transversales han publicado un número extraordinario en PDF sobre las próximas elecciones del 20 de diciembre para el que me han pedido un artículo. En su presentación la redacción de la revista advierte de que el contenido es muy variado, como corresponde a la izquierda, que es sumamente plural. Asimismo recuerda que no tienen por qué coincidir con el contenido de las colaboraciones y que, leídas estas, es muy posible que unas autor@s no coincidamos con otr@s. Sin duda. Eso también es bueno. No sé si llevarlo al nivel de excelente advirtiendo de que hasta es posible que todavía otr@s ni siquiera coincidamos con nosotr@s mism@s. Los tiempos se han acelerado tanto que no es absurdo que alguien cambie de parecer a su ritmo y ya no suscriba lo que escribió ayer. Sobre todo cuando se da rienda suelta al torrente de pasión que aparece en este número de la revista y que, por supuesto, bien venido sea. No sé si interpreto un sentir universal pero sí muy extendido (al menos en los medios en que muevo) al decir que estamos tod@s hart@s de ver, escuchar y aguantar a esta banda de ladrones e imbéciles campando por doquier tras haber hundido el país en todos los sentidos a base de robar, reprimir y excluir. Además de por la serie, el número es extraordinario por su contenido. Enhorabuena al equipo de Transversales.

Pinchando en la imagen o en el enlace se accede al contenido completo del número. En cuanto a mi artículo, lo reproduzco a continuación:

Un sobresueldos y tres mindundis.

Hay unanimidad en los sondeos hasta la fecha: cuatro de los cinco partidos de ámbito estatal (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) están empatados más o menos a la altura del 20% de intención de voto. El quinto, la Unidad Popular, de Alberto Garzón, antes IU y antes PCE, pedalea en la cola tratando de rebasar la fatídica barrera del 3%. Los cinco partidos presentan candidatos; ninguno candidata. Las mujeres en las listas, casi todas de escrupulosa “cremallera”, empiezan un escalón más abajo. Eso, para abrir boca.

Del Sobresueldos, nuevo candidato a La Moncloa, es poco lo que cabe decir. Después de 4 años de desgobierno, con el país empobrecido, la gente en el paro o en la emigración, la seguridad social arruinada, el futuro del Estado del bienestar es inexistente. El del Estado de derecho aun peor porque las instituciones no funcionan, la división de poderes no existe, el gobierno prescinde del Parlamento o, si comparece, es para poner en marcha el rodillo y la organización territorial del poder ha quebrado con la secesión catalana. El presidente no ha hecho otra cosa que mentir como un bellaco desde siempre y, lo que no son mentiras, son estupideces dichas con la facundia de quien no calibra el pozo de su propia necedad.

Lo increíble es que un candidato y un partido así todavía tengan alguna intención de voto y que esta sea quizá la mayor, a pesar de que la valoración popular de Rajoy es la más baja de todos los políticos. Es incomprensible que la gente se apreste a votar a alguien de quien no se fía y a quien suspende en valoración sistemáticamente hace cuatro años.

Hay varias razones para explicar esta disonancia cognitiva tan peculiar, pero una de ellas la admiten todos porque es irrefutable: el sobresueldos es un mal gobernante, pero tres de los cuatro posibles relevos no son mucho mejores. Sánchez, Iglesias, Rivera, simplemente no dan la talla en campo alguno. Su reiterada, aburrida, sobreexposición a los medios los ha mostrado en su verdadera naturaleza: tres narcisistas inconsistentes, desesperados por llegar al poder como sea, incluso a riesgo de mostrarse como tres cantamañanas. El cuarto, Garzón, el único que ha sabido guardar cierta compostura en vez de hacer el ridículo por los platós televisivos, el más consistente de ellos, a pesar de ser el más joven, apenas tiene posibilidades reales por aparecer vinculado a IU e incapaz de quitarse de encima la sombra del comunismo

Ahora bien, al tratarse en conjunto de cinco opciones, con dos nuevas escisiones, una en la derecha (PP/C’s) y otra en la izquierda (a la dualidad tradicional PSOE/PCE-IU se suma ahora Podemos), y dada la naturaleza del sistema electoral español lo más seguro es que las cuatro fuerzas principales estén relativamente igualadas, por lo que es probable que, luego del 20 de diciembre sea muy difícil si no imposible, formar algún gobierno en España, salvo en una circunstancia que mencionaremos al final.

En efecto, al darse por primera vez en muchos años una escisión en la derecha, en virtud de la Ley d’Hondt y el tamaño de la mayoría de las circunscripciones, el PP tiene un importante reto de C’s que no lo dejará apuntarse el triunfo. Lo mismo puede decirse de la izquierda, pero agravado por tratarse de tres opciones en lugar de dos. Al final, el único discurso dominante en todos los cuarteles será el del voto útil. El PP se presentará como el voto útil frente a C’s para parar a la izquierda y en esta tanto el PSOE como Podemos lo invocarán para parar a la derecha. En los dos bandos habrá un montón de votos desperdiciados en aquellas circunscripciones que elijan 6 diputados o menos y que, por cierto, son 35, esto es, casi dos tercios de las circunscripciones totales. Si se introdujera un sistema de segunda vuelta, parte de este estropicio podría arreglarse, pero no es el caso. A ello hay que añadir la tendencia de la izquierda a la izquierda del PSOE a atacar más a este que a la derecha, lo que es verdaderamente irresponsable porque, en definitiva, acabará propiciando el triunfo del PP o del PP y C’s camino de una coalición entre los camisas viejas del franquismo y los flechas nuevos de este neofalangismo de C’s.

Claro que la actividad del PSOE ya desde el comienzo de esta X legislatura ha provocado las críticas con harta razón. Durante los cuatro años de gobierno autoritario, corrupto, antidemocrático, ruinoso, catalanófobo, el PSOE, partido mayoritario de la oposición no ha hecho oposición alguna. Al contrario, a veces ha dado la impresión de estar más con un gobierno de agresión permanente a las clases trabajadoras y populares que con estas. Así que no tiene mucho sentido que ahora se escandalice cuando la otra izquierda lo ataca y lo identifica con el PP.

La disyuntiva es muy significativa y pone de relieve la penosa crisis de la izquierda española: IU es irrelevante y el escaso porcentaje de votos que consiga no servirá para nada más que para debilitar a la otra izquierda. El PSOE pierde el tiempo cuando critica a Podemos (que no es mucho) pues debería concentrar sus dardos en el PP y en Ciudadanos. Pero el caso más grave es el de Podemos: después de haber fagocitado a IU pero sin acabar con ella, se ha empeñado en el sorpasso anguitiano del PSOE para lo que actúa de nuevo como un aliado objetivo del PP. Al final, la rutilante promesa del partido morado, incapaz de diferenciarse del todo de IU solamente servirá para consolidar el gobierno de la derecha otros cuatro años.

Por último, la peor opción de todas pero no inverosímil, según lo que suceda en Cataluña, es un gobierno de coalición del PP, C’s y el PSOE con la excusa de una excepcionalidad o emergencia suscitada por el independentismo que aconseje a estos partidos nacionalistas españoles cerrar filas para salvar la unidad de España frente a la revolución de la República catalana.

Así el país volverá al franquismo que añora un tercio de la población, el baluarte del voto del PP.

Hablar claro es bueno, II.

En el post de ayer anunciaba mi intención de matizar algunas de las nuevas propuestas reformistas de Podemos. Lo hago ahora con ánimo constructivo y de modo sucinto:

Reforma del sistema electoral. Si de verdad se busca la máxima proporcionalidad, no hay que ir muy lejos. Basta con copiar el sistema alemán que mezcla el criterio proporcional y el mayoritario y en todas las clasificaciones del mundo aparece en el primer o segundo puesto de proporcionalidad, mientras que el sistema español actual es el último, con menos proporcionalidad que muchos sistemas mayoritarios, lo que es francamente ridículo.

Independencia de la justicia. Dejar la composición del órgano disciplinario de la magistratura en manos de los propios jueces. La composición actual viene del temor que suscitaba el predominio de jueces franquistas. Ha pasado el tiempo y, aunque los jueces siguen siendo un estamento conservador, ya son mayoría los de generaciones posteriores. Supresión de la Audiencia Nacional. Supresión del Tribunal Constitucional y atribución de la jurisdicción constitucional con formulación nueva al Tribunal Supremo en una sala cuya composición quizá pueda fiscalizar el Parlamento.

Blindaje de derechos de la ciudadanía. Reforzar la protección de los derechos económicos y sociales. Especial atención a los medioambientales. Recuperación, desarrollo y protección del derecho del trabajo, desmantelado por la derecha. En este campo de derechos, singular atención a la perspectiva de género que debe hacerse siempre eficaz dejando expedito el recurso a los tribunales de justicia para su aplicación.

Lucha contra la corrupción. Aplicación de la legislación penal a los corruptos. Obligación de declaración de bienes al iniciar todos los cargos públicos, rendición pública de cuentas y auditorías en los relevos. Aumento substancial del plazo de prescripción. Obligación de todas las administraciones de publicar en la red todas sus transacciones económicas. Revisión de la financiación pública de los partidos.

Cataluña. Referéndum vinculante de autodeterminación. Es posible, como decíamos ayer, que esta propuesta llegue tarde, pero debe formularse. Es posible también que, si la situación catalana se enquista en una espiral de acción independentista/reacción unionista, sean los otros Estados quienes obliguen al español a celebrar ese referéndum que debió de haberse convocado hace muchos años.

A estas cinco propuestas reformistas, Palinuro añade dos sustantivas más y una de procedimiento que considera imprescindibles:

Separación real de la Iglesia y el Estado y supresión de la financiación pública de aquella. Se entiende que ello implica supresión de las transferencias directas así como del lucro cesante de sus privilegios de todo tipo.

Celebración de un referéndum para decidir la forma del Estado. Si república o monarquía.

La cuestión de procedimiento: convocatoria de una convención general extraordinaria por si todavía existe alguna posibilidad de acordar una organización territorial española de consenso.

La casta política.

César Molinas acaba de publicar en El País un artículo titulado Una teoría de la clase política española que es en realidad un capítulo o extracto de capítulo de un próximo libro suyo que promete ser interesantísimo. La pieza ha tenido una gran repercusión y ha movido mucha controversia en las redes, más que nada por proponer como solución al principal problema político español una reforma electoral en favor de un sistema mayoritario simple a una sola vuelta, al estilo del first past the post británico y que podríamos traducir como "el primero que llega, se la lleva". En el debate muchos sostienen que no es tal solución, pues consistirá en reforzar el sistema bipartidista y prolongar los males que aquejan a la patria.

Palinuro, a su vez, a quien el artículo parece brillante, muy bien escrito, riguroso y muy convincente, tiene dos puntos de discrepancia, uno en el origen del razonamiento de Molinas, referido al modo en que se organizó el Estado territorialmente en la transición, y el otro en la propuesta de solución que hace con el sistema electoral mayoritario, que le parece errónea.

El resto del artículo, a su juicio, pisa terreno muy firme. Su idea es que los políticos españoles forman una clase de privilegiados que vive de la captura de rentas, una casta extractiva, ajena a los intereses colectivos y que solo tiene en cuenta los suyos como grupo. Es un diagnóstico que coincide en general con la imagen que tiene la opinión pública, para la que esta casta política es un problema y que, si no se matiza, corre el riesgo de ser no del todo justa. El concepto "casta política" viene a corroborar la extendida idea de que "todos los políticos son iguales" y, si bien las excepciones son lamentablemente escasas, este enunciado es falso. Entre el señor Durán, que reside en el Palace y lleva treinta años viviendo opíparamente de la política y el señor Cayo Lara,  hoy por hoy, media un abismo y ocultarlo no sirve de nada. Lara demuestra palpablemente que cabe ser político sin pertenecer a casta privilegiada alguna. Y no digamos ya Gordillo.

No obstante, el grueso de los políticos, quizá el 90 o el 95 por ciento, en efecto, son casta y Molinas da en la diana. Su artículo, fundado en un buen conocimiento de las investigaciones académicas más recientes, edifica asimismo sobre terreno sólidamente empírico. En el fondo, trae causa de otros trabajos periodisticos que abrieron la veda de la corrupción política y la corrupción de los políticos, en concreto, el libro de Sergio Rizzi y Gian Antonio Stella (dos veteranos de este tipo de asuntos) La Casta, così i politici Italiani sono diventati Intoccabili (Milán: Rizzoli, 2007) y su réplica española a cargo de Daniel Montero, La casta. El increíble chollo de ser político en España (Madrid: la esfera de los libros, 2009). Molinas proporciona una visión más sólidamente teórica en el marco de la lógica de la acción colectiva y la teoría de la decisión racional que ve la clase política como un grupo que trata de maximizar su beneficio a basa de captar rentas en detrimento del bien común.

Ciertamente, es un diagnóstico correcto del principal defecto de algunos sistemas políticos democráticos, el español entre ellos.

Vamos a las discrepancias de Palinuro. La primera es acerca de la descentralización del Estado durante la transición. Molinas viene a decir que la vía del "café para todos" fue el (equivocado) planteamiento originario y no es cierto. El "café para todos" fe la chapuza, la solución atropellada para salir del paso cuando se puso de manifiesto que la intención original de establecer autonomías "de primera" (Cataluña, País Vasco y Galicia) y "de segunda" chocaba con la resistencia del resto que no la aceptaba. No fue, pues, plan originario sino error reactivo. No tiene mayor importancia, pero las cosas deben contarse como sucedieron. Por lo demás, el propio Molinas reconoce más adelante en su exposición este punto de que el "café para todos" fue una reacción poco pensada.

La segunda discrepancia es de mayor calado. Aunque Molinas diga que el sistema electoral de mayoría simple no es el "bálsamo de Fierabrás" (que, por lo demás, jamás existió) le otorga poderes casi taumatúrgicos. Pero con muy nulo fundamento racional o empírico. La idea de que, por establecer una relación directa entre el electo y el elector, el sistema de distrito unipersonal regenerará moralmente la política patria es puro wishful thinking. El ejemplo se aduce mirando casi exclusivamente a Gan Bretaña o algún otro English speaking country pero soslaya el ejemplo de los Estados Unidos cuya Cámara de Representantes, compuesta por una casta política con altísimos niveles de corrupción de todo tipo se elige por el sistema electoral mayoritario. El log rolling, la pork barrel politics se originan aquí. Es más, es el ejemplo del funcionamiento de la Cámara de Representantes el que Buchanan y Tullock tomaron para hacer la primera crítica demoledora a esta corrupción de la clase política y proponer la reforma constitucional que limitara el gasto público como único método de acabar con el desastre de la casta política. Es decir, del sistema electoral mayoritario no se sigue en modo alguno una regeneración moral de los usos políticos de los representantes. Son necesarios otros factores.

A la inversa, Molinas parece pensar que la corrupción del sistema representativo viene del régimen electoral proporcional, lo cual es tan inexacto como lo anterior. Prácticamente todos los países europeos occidentales, excepción hecha de Francia y, en parte, de Alemania, tienen sistemas electorales proporcionales con diferentes formas de listas: Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, no son países en los que haya unas castas políticas tan descaradas, sinvergüenzas, privilegiadas y corruptas como en España e Italia.

Estas dos objeciones no pueden pasarse por alto. Las castas privilegiadas de rentistas corruptos españoles (de partidos estatales y de ámbito no estatal) no dependen del sistema electoral. Es casi seguro que seguirían siendo lo mismo con un régimen mayoritario. La corrupción de los políticos no es un problema de técnica electoral sino de educación, de cultura política y, sobre todo, de acción social y opinión pública. En un país en el que un Camps obtiene mayoría absoluta y un Fabra sigue en la vida pública hay un fallo evidente, pero no está en la mecánica electoral sino en el espíritu de la gente.

Las peticiones de los indignados

Sobre Chacón y las primarias

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El cartel de la foto es muy simpático. Está claro que para el autor sólo hay un mayo significativo, es de suponer, el de 1968. No podía ser, por ejemplo, el mayo de 1802, que inicia la lucha contra el francés o el mayo de 1871, última batalla de la Comuna de París que había empezado en marzo. Pero mayo de 1968 fue una llamarada, un fogonazo cuyas consecuencias se dejan sentir al día de hoy (la prueba, el cartel de marras) pero no porque el movimiento se hubiera puesto en práctica mediante algún tipo de reforma institucional. Al contrario, la inmediata reacción al mayo del 68 fue la movilización de la derecha. Mayo del 68 prendió en las conciencias y cambió muchos usos y costumbres de la sociedad civil pero a lo largo de los años. Nadie propuso una reforma concreta y específica de institución alguna sino que, a lo más, se formularon vagos deseos de una revolución de alcance indeterminado, incluso se hablaba de la revolución de la vida cotidiana.

El movimiento 15-M por el contrario, quiere transformar la realidad institucional aquí y ahora y, sin decirlo claramente, tiene voluntad de permanencia para lo cual habrá de dotarse de algún tipo de estructura orgánica, guste o no a los sectores más ácratas en su seno. Quizá un partido de nuevo tipo, igual que en su día hubo un ejército de nuevo modelo en Inglaterra en los tiempos de Cromwell y en la China en los de Mao. Un partido de nuevo tipo podría ser uno más participativo, todo lo asambleario que se pueda, con cargos rotatorios y revocables durante el mandato. No debe olvidarse, con todo, que estos factores suelen dificultar el funcionamiento de los partidos y que, para garantizar este, los partidos suelen recurrir a prácticas oligárquicas. Es un peligro de todos los partidos.

En Facebook ha colgado DRY un documento de mínimos, los puntos esenciales de su programa. Son mínimos en su contenido pero eso no quiere decir que no les sobre todavía algo de verborrea. Es de suponer que en su versión definitiva sean más concisos, más precisos, más completos. Los puntos son los siguientes:

• Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real. Este es el meollo de la cuestión. Ahora bien, la reforma electoral puede entenderse de dos modos: a) como cuestión que se planteará una vez elegidas las Cortes de 2012; o b) como reforma previa precisamente para elegir esas Cortes con una nueva y más justa ley electoral. Esta segunda opción debiera ser la que, a juicio de Palinuro, adoptaran IU, el PSOE y la organización que tenga a bien darse DRY. Una reforma electoral también de mínimos, que no obligue a reformar la Constitución, algo en la línea de lo ya recomendado por el Consejo de Estado: reducción a uno de los diputados de adscripción inicial a cada provincia, elevación a 400 de la cantidad de diputados y creación de una circunscripción nacional única para la adjudicación de los cincuenta diputados nuevos en proporción a los resultados de los partidos. Esta reforma, que necesita la mayoría absoluta, se puede tramitar en meses como ley orgánica y entrar en vigor a tiempo para las elecciones de marzo de 2012. La Cortes podrían tener entonces una mayoría de izquierda que permitiera abordar una revisión a fondo de la Constitución, incluida una nueva reforma del sistema electoral para hacerlo estrictamente proporcional. En principio las otras propuestas de DRY se seguirían de ésta.

• Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política. Aquí aparece ya la verborrea en ese "mediante normas, etc" que no quiere decir nada porque cualquier reforma se hará siempre mediante normas. De lo que se trata es de aportar propuestas prácticas y hay una que sería de eficacia probada contra la corrupción: la publicidad obligatoria de todas las transacciones económicas de las administraciones públicas. Si todos los organismos de la administración del Estado y otros entes suben a la red sus presupuestos y la información completa sobre su ejecución, las posibilidades de corruptelas disminuyen drásticamente.

• Separación efectiva de los poderes públicos. Esto es tan problemático que el punto entero se acerca a la verborrea. En los regímenes parlamentarios es imposible separar el legislativo del ejecutivo ya que éste no es otra cosa que una especie de comité del parlamento, ante el que rinde cuentas y que, en teoría puede sustituirlo igual que el gobierno puede disolver el parlamento. Para que haya separación completa de ejecutivo y legislativo hay que pasar al régimen presidencialista, al estilo gringo. Problema añadido es el del tercer poder, el del judicial. En ninguna parte del mundo existe una garantía completa de independencia del poder judicial aunque, por supuesto, hay países donde se da mayor y países donde menor independencia. La existencia del ministerio fiscal que es del Estado y en dependencia directa del gobierno o siendo gobierno el mismo ministerio viene a complicar las cosas. Por eso lo más sensato es copiar las soluciones que dan países en donde el poder judicial alcanza los mayores grados de independencia, por ejemplo, los Estados Unidos (a los que a veces se acusa de ser un gobierno de jueces) pero sin olvidar que algunas instituciones de aquellos no son fácilmente traspasables, por ejemplo los jueces y fiscales de elección directa de la ciudadanía.

• Creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política.Una pretensión bienintencionada pero también con algo de verborrea. Hay que preguntarse si hace falta crear mecanismos nuevos, cosa nada fácil, o puede bastar de momento con activar los existentes que no se emplean. La responsabilidad política se substancia en los órganos representativos que tienen delegada esa exigencia. Si alguien cree que deben instituirse otros órganos fuera del Parlamento que realicen esa función, que diga cómo. ¿Comités ciudadanos de vigilancia parlamentaria? Eso no parece realista. Esa tarea la realiza el Parlamento y la cumple razonablemente. Si el gobierno se ve abocado a plantear la cuestión de confianza, lo hará. Si la oposición puede presentar una moción de censura con visos de prosperar, lo hará. De eso no hay duda. El punto flaco está en las comisiones, sobre todo las de investigación, que no suelen servir para nada porque las controla el ejecutivo. Reformar la composición de estas comisiones es un buen punto, pero complicado. En cuanto a los mecanismos nuevos cabe considerar la implantación de la revocación de mandato por iniciativa popular, que sería una buena experiencia aunque asimismo difícil de articular.

No sé si las gentes de DRY reparan en que sus propuestas presuponen un grado apreciable de conciencia ciudadana y de disposición a participar en asuntos de interés público que no es claro sea el predominante en nuestra sociedad, cuyo comportamiento colectivo está muy condicionado por la televisión.

Lo último lleva a la observación de lo que Palinuro cree que es una ausencia clamorosa en las propuestas, incluso recordando que son de mínimos: una referencia a los medios de comunicación, especialmente a los de titularidad pública que en algunos casos (Madrid y Valencia especialmente) son meros aparatos de agitación y propaganda del partido en el poder. Y, por supuesto, otra al libre acceso a la red.

(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).

La reforma del sistema electoral.

IU y UPyD tienen un acuerdo para laborar en pro de una reforma del sistema electoral que consideran injusto para ellos y tienen razón. El sistema electoral español, sedicentemente proporcional, no sólo es el más desproporcional de los proporcionales sino que lo es más que algunos mayoritarios; que ya es decir. Esa desproporcionalidad beneficia a los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional y a los partidos de ámbito regional, en especial a los nacionalistas. Y perjudica a los demás de ámbito nacional. Por este motivo es poco probable que la iniciativa de reforma prospere políticamente pues es de entender que los partidos mayoritarios no tendrán gran interés en reformar una situación que los beneficia aunque sea injustamente. Y eso que muchos en los partidos mayoritarios, en especial el PSOE, reconocen que habría que reformar el sistema. Sobre todo porque, en las circunstancias actuales, se produce un sobrepeso que muchos estiman injusto de las representaciones nacionalistas en el juego de la llamada "cuestión escocesa" (si los ingleses no pueden decidir nada en Escocia, ¿por qué los escoceses sí pueden hacerlo en Inglaterra?) que con harta impropiedad se traslada a España. Con harta impropiedad digo porque aquí los catalanes o los vascos no deciden en los asuntos de los madrileños o los andaluces sino en el de los españoles en su conjunto y si lo hacen como catalanistas o vasquistas responderán que lo mismo pueden hacer los madrileños y los andaluces y, de hecho, aunque no lo digan, lo hacen.

Sin gran voluntad política para acometer la reforma, el debate sobre su oportunidad es un poco bizantino. Pero también los debates bizantinos tienen su encanto. Al desinterés político se une en detrimento de la viabilidad de la reforma algún contratiempo jurídico. El principal es que el sistema electoral, en sus rasgos esenciales, la proporcionalidad y la provincialidad de la circunscripción, están enunciados en la Constitución y, por lo tanto, quien quiera reformar el sistema electoral tendrá que revisar aquella. Y esto son palabras mayores pues nadie se atreve a hacerlo, unos porque la Constitución es muy joven y aún no está asentada, otros porque es muy vieja y ya está asentada, unos por una razón, otros por otra. Si los partidarios de la reforma electoral cuentan con la reforma de la Constitución y pueden elegir libremente un sistema electoral u otro ya que esta elección es siempre una decisión política, yo recomendaría un sistema mixto proporcional-mayoritario al estilo alemán, que garantiza un nivel alto de proporcionalidad y un equilibrio entre la fuerza personal de los diputados, puesto que los hay elegidos en sistema mayoritario unipersonal, sin lista, y la de los aparatos de los partidos, pues también los hay elegidos en listas.

Si no hay reforma de la Constitución en marcha, con la sola reforma de la LOREG no sé si se puede ir más lejos de lo que ya ha propuesto el Consejo de Estado: rebajar a uno el diputado automático por circunscripción y aumentar en cincuenta los escaños del Congreso, que se distribuirían en colegio nacional único con un sistema de restos. Esta reforma paliaría algo la irritante desigualdad de reparto actual, beneficiando a los partidos de ámbito nacional, en especial a los pequeños. Al aumentar la cantidad de diputados a cuatrocientos no tengo claro que el sistema así reformado corrigiera el otro inconveniente que se achaca a un sistema proporcional que es más desproporcional que algunos mayoritarios y que consiste en que no garantiza la formación de mayoría parlamentarias, lo que quizá no sea malo en principio, aunque dé a los partidos nacionalistas de ámbito regional su poder de presión sobre el gobierno del Estado.

(La imagen es un óleo de William Hogarth, titulado Elecciones: la votación (1754) que se encuentra en el Museo Soane, Londres).