Dos años.

España se enfrenta a un reto para su supervivencia como Estado. El más grave de su historia reciente, al menos desde la guerra civil. Y, sin embargo, las fuerzas políticas españolas no parecen reconocerlo. Están absortas en sus conflictos en el conjunto del Estado. Este año es especialmente intenso: hay cuatro elecciones, se estrenan dos partidos nuevos, otros luchan por sobrevivir y el sistema entero cruje por la corrupción y el desgobierno. No hay tiempo para abordar la cuestión catalana. Pero esta no ha aparecido ayer; tampoco a raíz del comienzo de la legislatura de mayoría absoluta de la derecha, especialmente hostil al nacionalismo catalán, si bien esa hostilidad lo ha encarnecido mucho. Viene de antes, desde la peripecia del Estatuto de 2006, laminado en el Congreso y laminado de nuevo por el Tribunal Constitucional, luego de un referéndum aprobatorio en Cataluña.

Ya podían los partidos nacionalistas españoles haberse preparado, sobre todo el PSOE, para tener una actitud más abierta y dialogante. Entre otras cosas porque de él dependía la subsistencia de un PSC hoy raquítico. Pero ninguno hizo nada. El PP confía todo a la vigencia de la ley con una práctica de gobierno despótica y autoritaria en la que la ley dice lo que él quiere y, si no lo hace, se reforma. Y los demás la acatan sin rechistar. El PSOE, menos troglodita, se saca de la manga un difuso federalismo y una propuesta de reforma de la Constitución. Menos da una piedra, desde luego, pero es nada para enfrentarse a una iniciativa soberanista que en diez años no ha hecho sino crecer, hasta el punto de desafiar la soberanía española el pasado 9N y ampliando su iniciativa política con un objetivo claro: la independencia.

Ahí está el nudo de la cuestión, en la iniciativa política. El nacionalismo español, desconcertado, está a la defensiva, no tiene iniciativa y se enfrenta a la soberanista sin otra propuesta que la prohibición y, llegado el caso, la represión.

Ayer se firmó el preacuerdo entre fuerzas soberanistas catalanas para fijar la hoja de ruta a la independencia. El plan tiene unos objetivos, establece unos requisitos y fija unos plazos. Otro paso de iniciativa política, otra manifestación de soberanía de hecho. Firman CDC-Reagrupament y ERC, así como Omnium Cultural, ANC y AMI. Quedan fuera las CUP, de momento, EUiA, C's, PSC, Podem y, me figuro, aunque no estoy seguro, UDC. Las razones para objetar son muy diversas. Menciono la de EUiA por ser significativa: cuestiona el carácter plebiscitario de las elecciones de 27S.

Como siempre en democracia, los problemas se relacionan con las elecciones. El nacionalismo español insiste en que se trata de elecciones autonómicas ordinarias en el marco de la CE y que este no les reconoce carácter plebiscitario. Es el mismo criterio según el cual los catalanes no podían celebrar consulta alguna el 9N. El mismo que niega efectos jurídicos a la votación ese día. Las elecciones se celebraron, a pesar del nacionalismo español y a las del 27S no cabe negarles eficacia jurídica pues son legales. Si tienen o no valor plebiscitario dependerá de lo que suceda después porque es a partir del 27S cuando se genera una situación políticamente nueva con un Parlamento catalán iniciando un proceso de 18 meses (dos años a partir de ahora) hasta la independencia que se hará unilateralmente si no hay acuerdo previo alguno.

¿Por qué hubo elecciones de 9N? Porque el nacionalismo español (el de derechas y el de izquierdas) se negó -y sigue negándose- a reconocer a los catalanes el mismo derecho que el nacionalismo inglés reconoció a los escoceses, el derecho de autodeterminación. No se permitió referéndum y el referéndum se celebró bajo forma de consulta. Ahora se niega que las elecciones de 27S tengan carácter plebiscitario. Lo tendrán. No hay argumento para que no lo tengan. No lo hay de fondo pues los catalanes pueden llamar a sus elecciones como quieran. Pero tampoco lo hay de forma. Quienes digan que un parlamento salido de unas elecciones autonómicas ordinarias no tiene competencias para iniciar un proceso constituyente catalán tendrán que explicar por qué en España rige una Constitución que fue elaborada por unas Cortes ordinarias, no constituyentes. Claro, entonces no había una España vigilante de lo que hiciera España en tanto que ahora sí la hay vigilante de lo que haga Cataluña. Pero eso no es un argumento. Es una amenaza.

No es fácilmente comprensible por qué el nacionalismo español se niega a tratar con el catalán en el nivel que merece. Deben de intervenir muchos factores, incluso de naturaleza neurótica. Sobre todo, no se entiende por qué no acepta un referéndum de autodeterminación en Cataluña al estilo de los dos quebequeses y el escocés, los tres perdidos por los independentistas. No hay ninguna razón válida para negarlo como no sea un autoritarismo impresentable y una concepción patrimonialista del Estado y su territorio, propia de la oligarquía tradicional española, para la cual Cataluña es "tierra conquistada". Al negarlo, demuestra tener tanta confianza en la nación española que dice defender como en la generosidad de los banqueros.

Siempre se está a tiempo. La hoja de ruta deja abierta esta posibilidad cuando hace un inciso para comprometerse a Mantenir una actitud expectant respecte l'alternativa d'un referèndum vinculant per part de l'Estat espanyol sobre l'indèpendencia de Catalunya.

Si el Estado convoca un referéndum de autodeterminación en Cataluña, habiendo negociado condiciones, pregunta y consecuencias, no habrá recuperado la iniciativa política pero, cuando menos, se pondrá a la par. Y tendrá toda la legitimidad del mundo para defender la continuidad de Cataluña en un Estado español plurinacional.

Según cómo configure su oferta en el caso de una respuesta no independentista en el referéndum, incluso podría recuperar la iniciativa política. Soñar es gratis.

No son lo mismo.

Desde el minuto uno de la admisión a trámite de la querella contra Mas por desobediencia han comenzado a formarse colas de ciudadanos que voluntariamente acuden a autoinculparse junto a su presidente. Una especie de espontánea leva del orgullo patrio. Porque, como era de esperar, la persecución judicial a Mas se ve como el enésimo ataque castellano, mesetario, español, a Cataluña y un paso más en la afirmación de un espíritu de desobediencia civil que está incubándose. "He aquí", argumentarán los independentistas, "otra razón a favor de la independencia: que no vengan de fuera a perseguir a nuestros presidentes". No solo de la independencia en un brumoso futuro, sino de la independencia aquí y ahora, ya, a través de una declaración unilateral. Y todo aparecerá simbolizado en la persona de Mas, como un nuevo Moisés, que lleva a su pueblo tras de sí.

No se me alcanza en qué situación habría de estar Rajoy para que los ciudadanos españoles acudieran en masa a autoinculparse de un delito, prestos a desobedecer. Por tanto, la equiparación de ambas figuras en peripecias tan distintas es francamente desacertada, además de una afrenta a muchísimos catalanes. Pero es que, se dice, no es esa la cuestión. Nadie duda de la gallardía de Mas, capaz de arrostrar consecuencias personales desagradables por sus convicciones, cosa que el otro ni huele, y si no se menciona es por algún lamentable olvido. Pero el asunto es más profundo. No afecta a las personas concretas de Rajoy y Mas sino a lo que ambos representan, los programas que defienden, las políticas que aplican, siempre iguales, a fuer de casta. Casta española, casta catalana y con la casta no se va ni a cobrar el aguinaldo, mucho menos a bautizar el niño.

Ciertamente, pero ese tampoco es el problema. Nadie niega que Mas represente los mismos intereses económicos, industriales, financieros que Rajoy. La cuestión es si, además, personifica un ánimo, un espíritu, una reivindicación nacional compartida hasta ahora por una mayoría de diputados del Parlament y, es de suponer, del electorado. Y así parece ser por reconocimiento de sus partidos aliados y amplios sectores de la sociedad civil. La equiparación entre Rajoy y Mas en este campo presupone que solo se admite un eje social como linea de fractura y no otro nacional. Podemos niega a Mas y CiU legitimidad para liderar un proyecto soberanista cuando todo el bloque soberanista se la reconoce, como se prueba, entre otras cosas, por la oferta de Junqueras a Mas de presidir la Generalitat aunque pierda las elecciones.

 

Esa negativa al reconocimiento de la dimensión nacional solo puede hacerse por dos vías, ambas poco admisibles. Por la primera, poniendo en duda la sinceridad del espíritu soberanista de CiU. Un partido que tiene sedes embargadas por asuntos de corrupción y que ha llegado a institucionalizar esta es casta y con la casta, lo dicho, ni a la esquina. La idea de que corrupción y patriotismo son incompatibles necesita muchos matices y no merece la pena porque hay una hipótesis más simple. En la medida en que el bloque soberanista cierra filas con la Generalitat y su partido, CiU, en un proyecto de construcción nacional, Mas puede ser un bandido sin entrañas, un estafador o un trilero, pero se verá obligado a personificar la figura del líder que consiguió la libertad de su pueblo, el padre de la nación catalana, a interpretar una historia heroica como la del General della Rovere. Porque es la gente la que lo quiere así. Y la gente no es casta, ¿no?

 

Por la segunda vía el dedo no se pone en la llaga de la sinceridad, sino en el del concepto mismo de soberanía. Esta no es, según Podemos, una cuestíón de banderas y otros símbolos, sino de realidades materiales, tangibles. Es un renacimiento de la vieja distinción de Lassalle entre la constitución material y la constitución formal. Muy afortunada, como siempre y como siempre, muy opinable porque tan legítimo es propugnar la primacía de lo material y tangible sobre lo simbólico y formal, como al revés.  Podemos llama soberanía a someter todo, lo material y lo formal, a debate en un proceso constituyente salido de unas futuras elecciones legislativas en el marco de la Constitución de 1978. A someter todo a debate de todos, cosa en la que no todos coinciden. El bloque soberanista, en cambio, quiere conocer antes el alcance de los poderes de cada cual porque él también tiene un proceso constituyente en marcha y bastante más avanzado que el español, hasta el punto de que incluso está redactándose un proyecto de Constitución de la Repúblican Catalana.

 

Y aquí ya se mezclan dos conceptos que son anatema en el debate público español, independencia y república.

 

Definitivamente, no es cosa de nombres. Es cosa de proyectos.  

Referéndum.

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Por un referéndum sobre la República.

Las dinastías pasan. Los pueblos permanecen.

La dignidad de las personas reside en su autonomía y su derecho a decidir como individuos y como pueblos. El derecho a decidir es la base moral de la civilización en libertad.

Lo más importante que las personas deben decidir es su orden de convivencia y su forma de gobierno.

Nadie puede arrogarse el derecho a decidir por la mayoría si no es por determinación expresa de esta. El derecho a decidir individual y colectivamente es originario y se actualiza cuando circunstancias extraordinarias lo exigen. La única forma de averiguar la voluntad de la mayoría es consultándola en un referéndum sobre la forma de gobierno y/o sobre la organización territorial del Estado.

Este Parlamento fue elegido para asuntos ordinarios y sostener que la sucesión es uno de ellos cuando es fuerza aprobar una ley orgánica por vía de urgencia, quebrantar normas de procedimiento y modificar de hecho la Constitución es un evidente abuso. De tratarse como asunto ordinario, la sucesión será legal pero no legítima y la monarquía, último legado de la Dictadura, seguirá siendo ilegítima. El relevo es la oportunidad de reconsiderar o validar la decisión que se tomó en el pasado en otro momento de excepcionalidad. No hay razón para aceptar sin más una forma de gobierno impuesta por circunstancias que ya no están vigentes.

Desde el momento en que la democracia es la igualdad de todos ante la ley, el concepto mismo de “monarquía democrática” es una contradicción en los términos. Cuando las personas son libres, nadie es más ni menos que nadie.

Esta monarquía hereditaria, basada en un principio sucesorio patriarcal, es una afrenta al sentido de la libertad, la igualdad y la dignidad de la conciencia contemporánea.

La República, en cambio, es la negación de todo privilegio y la garante de la igualdad ante la ley.

Ramón Cotarelo.

¡Viva Europa!

Esto que vemos aquí abajo es un mapa dinámico de Europa desde el año 1000 de nuestra era hasta el presente. Puede activarse pinchando directamente sobre él o yendo a buscarlo a su página web, LiveLeak. Merece la pena.

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1000 años de historia de una ojeada a toda máquina. Conclusión: Europa es una realidad geográficamente estable y políticamente frenética. Es un magma en permanente ebullición. En su suelo se han erigido imperios de vocación milenaria, reinos, principados, repúblicas de toda clase, Estados de las más variadas formas y las más insólitas pretensiones, hordas, naciones, federaciones, confederaciones, teocracias, comunas anarquistas, consejos obreros que anunciaban un futuro de sociedad sin clases y sin Estado de la mano del hombre nuevo; se han dado alianzas territoriales, separaciones, anexiones, conquistas, reconquistas, invasiones, liberaciones prometedoras del milenio. Y todo se lo ha llevado el viento de la historia. El mismo que se llevará lo que nosotros vivimos hoy.

Conviene ser algo escéptico ante las pretensiones actuales de eternizarnos una vez más.

Por la República.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, dice la Constitución española en su artículo 1, 3. Esta lapidaria afirmación consagra solemnemente una de las historias más rocambolescas de los últimos años por la que se produce, no la segunda restauración de los Borbones, como suele decirse, sino la tercera. La primera se ignora por un prurito de orgullo patrio, visto el comportamiento traidor de Carlos IV y su hijo Fernando. Al restituir a este como Fernando VII en el trono de sus antepasados, las Cortes aceptaban como Rey a quien unos años antes había entregado la Corona de España y sus posesiones a Napoleón. Que este felón arbitrario y despótico fuera llamado el Deseado dice mucho del masoquismo sarcástico de los españoles. La segunda restauración fue en la persona de otro hijo, Alfonso XII, tras el destierro de la Reina madre, la valleinclanesca y sin par Isabel. Entre medias, una pintoresca instauración de la casa de Saboya que no prosperó. La tercera restauración, la actual, se la sacó del magín Franco quien, con su habitual zorrería, marginó al legítimo (desde el punto de vista dinástico) pretendiente, Juan, hijo de Alfonso XIII, se entretuvo en enfrentar entre sí las distintas corrientes dinásticas y, por último, nombró sucesor a título de Rey a Juan Carlos quien previamente había jurado fidelidad a los principios del Movimiento Nacional, el remedo de constitución que se dio la dictadura.

En puridad de los términos, Juan Carlos no es el sucesor de su padre sino del general Franco. Empezó su reinado solo con la legitimidad que le daba ese juramento. Luego, faltó a él, es decir, cometió perjurio. (En el Elogio de la traición: sobre el arte de gobernar por medio de la negación, un tratadillo de política, los autores, Denis Jeambar e Yves Roucaute, analizan expresamente el caso de Juan Carlos como un ejemplo de la conveniencia de la traición en política). De esa forma, perdió aquella legitimidad, la vergonzosamente llamada del 18 de julio, fecha del golpe de Estado fascista contra la República, lo cual, obviamente, era bastante recomendable. Más tarde, se hizo con la legitimidad dinástica, al forzar una renuncia de su padre a sus legítimos derechos. No fue muy elegante ni muy filial, pero fue.

La legitimidad popular es la que no fue nunca pues la tal forma política jamás se sometió a consulta de los españoles. Sus partidarios dicen que se votó en la Ley para la Reforma Política de 1976 (que ya incluía la monarquía) y, desde luego, en la Constitución. Pero este argumento es falaz. En ambos casos lo que se consultaba era la democracia y la Constitución y la Monarquía se metió de matute. Votar "no" por no votar la Monarquía hubiera sido votar "no" a la democracia. Lo curioso es que, al final, la Constitución consagra una forma política impuesta por Franco. El dictador no solo nombraba reyes (ese a título de Rey es sublime) sino que dictaba constituciones póstumas. El ejemplar de la Constitución quese conserva en el Congreso de los Diputados lleva el águila del escudo de la dictadura. Y el Rey sigue sin legitimación popular directa.

La Monarquía fue el coste de transacción de la Transición. Un acomodo entre los franquistas llamados "evolucionistas" y la oposición de izquierda. Ese pacto o acuerdo recibe todo tipo de calificativos a día de hoy, desde modélico a traidor. Pero, en todo caso, existió. Sin embargo, no tiene por qué ser eterno. Esa es una ilusión muy peligrosa. Los pactos deben revisarse siempre y, si hay motivos para romperlos e interés de una de las partes y hasta de las dos, debe romperse. Es absurdo atarse a un cadáver. Admitida la necesidad de la revisión, lo primero que se plantea es la cuestión de Monarquía o República.

Los monárquicos argumentan en un crescendo de pasión: la monarquía ha sido funcional para el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho. No hay modo de probarlo y ni siquiera está clara la actuación del Monarca durante el Tejerazo. Además, el desprestigio en picado de la Casa Real en los últimos años, verdadera farsa de las borbonadas más tradicionales, emparentadas ahora con el mundo de la delincuencia de guante blanco, ha conducido a una valoración bajísima de la Corona en la opinión pública y eso no es nunca funcional. Señalan igualmente los cortesanos que la monarquía es la forma de los Estados más avanzados de Europa. Falso. El más avanzado es una república y repúblicas algunos de los siguientes. En todo caso, responden los dinásticos (tanto los conservadores como los socialistas), el asunto no es urgente; hay otros más perentorios que preocupan más a la gente y reclaman nuestra acción colectiva. Pero esa es una mera opinión, un punto de vista particular, no contrastado con el parecer de la ciudadanía, a la que no se consulta jamás para nada, ni siquiera para reformar la Constitución (esa que, luego resulta ser intocable) sino solo para pronunciarse cada cuatro años sobre cuál de los dos partidos dinásticos gobernará y cómo lo hará, si pactando con los nacionalistas o amargándoles la existencia. Por último, afirman los monárquicos, la experiencia histórica de las dos Repúblicas ha sido catastrófica: revoluciones, guerra civil y desintegración de España. También falso. Esas son experiencias de la Monarquía que, al ser mucho más longeva, ha traido revoluciones, algaradas, pronunciamientos, dos de las tres guerras carlistas y una dictadura; también cabe atribuirle mediatamente la guerra civil del 36 y la dictadura de Franco. La Monarquía actual ha convivido con la mayor ofensiva secesionista del siglo XX y lo que va del XXI. Primero fueron los independentistas vascos con la violencia de ETA y ahora ha tomado el relevo el nacionalismo democrático y pacífico catalán, mucho más peligroso para la unidad de España, vía a la que también se ha sumado el reciclado nacionalismo euskérico.

La conveniencia de la República no solo se prueba a contrario, sino por sus propias virtudes. Su naturaleza electiva hasta la más alta magistratura es más acorde con el principio de igualdad, base de la dignidad del individuo como ciudadano titular de derechos. Es un asunto de principios y, por eso, tiene importancia. No es lo mismo ser ciudadano que súbdito, aunque las almas flexibles nos digan que los nombres no son importantes.

La recuperación de la República es un horizonte político noble que simboliza la de la plena soberanía de los españoles, distinta de esa demediada que se esgrime en la Constitución. Cuando, hace unos años, unas almas benditas quisieron importar el concepto de patriotismo constitucional, estaban confesando implícitamente su deseo de encontrar una nación que no fuera necesariamente la España impuesta a la fuerza por la dictadura. Así, la nación de la que andaba huérfana la izquierda española era la Constitución. El PP entendió el mensaje e incorporó a su ideario el patriotismo constitucional como consagración de esta Constitución. Y, claro, el concepto reventó en España. La Constitución producto de un pacto de mínimos, de un acomodo en una situación de amenaza, de concesiones y componendas, no suscita patriotismo alguno.

La República, sí, porque está incontaminada. Es la víctima del atropello del golpe de Estado de 1936, para ella no ha habido perdón (ni lo necesita) y con sus defensores no se ha hecho justicia todavía y esos sí la necesitan. Es una causa, hasta la fecha perdida, pero legítima;  un horizonte político muy nítido en tiempos de zozobra y confusión por el impacto de la crisis no solo en lo económico sino también en lo político.

Al respecto. la izquierda, y en concreto el PCE, parece retornar más y más decididamente al republicanismo. Pasa página de la concesión de Carrillo, al aceptar la bandera y la Monarquía y se desvincula del pacto, pidiendo el restablecimiento de la República, última forma de gobierno legítima en España desde el punto de vista popular, la que la Monarquía ha tratado de ganarse sin conseguirlo.

La posición del PSOE en cambio es más de mantenella y no enmendalla. Según su secretario general, el partido, aun siendo republicano, apoya la Monarquía. Eso es una falacia insostenible. Hay, sin embargo, dicen los socialistas monárquicos de conveniencia, dos poderosas razones para justificar este oportunismo. Una: estamos atados por el pacto de la transición. Dos: cuestionar la monarquía ahora es peligroso pues significa acumular turbulencia sobre turbulencia. Las dos falsas: no queda nada del tal pacto pues la derecha lo ha roto flagrantemente en casi todos sus puntos con su involución y, sobre todo, con su cruel, inhumana, decisión de no hacer justicia a las víctimas de la dictadura de Franco. La turbulencia la provoca la obstinación en mantener un sistema fracasado, hundido en el caciquismo, la corrupción, la incompetencia, la quiebra económica, la ruptura social y la fractura territorial.

La conversión del PSOE en un partido dinástico, alimentado por un sentido nacional español similar al de la derecha con la salvedad de una vagarosa promesa federal que ni él mismo sabe cómo articular, resta mucho crédito a sus demás propuestas reformistas. Esa petición de reforma limitada de la Constitución (que tampoco sabe cómo impondrá) demuestra que el PSOE ha renunciado a dar forma a un creciente espíritu de regeneración democrática que no puede agotarse en unos cuantos parches; ha renunciado a dibujar un horizonte de renovación política. Esas timoratas e inciertas reformas constitucionales son los balbuceos de quien no se atreve a hablar de proceso constituyente, una petición perfectamente legítima en una sociedad democrática que podría articularse mediante una Convención constitucional que replanteara todas las posibilidades de organizacióndel Estado, centralismo, autonomía, federación, confederación, independeencia.

En lugar de esto, el discurso se formula en clave de prudencia, de cautela, continuidad, inmovilismo, también llamado "estabilidad". En clave de miedo. El miedo que alumbró la Transición y reaparece ahora. El miedo de quien no quiere participar en proyectos democráticos si no puede controlar el resultado de antemano.

Sin embargo, solo la República garantizará la regeneración democrática y el restablecimiento de una virtud cívica que el país ha perdido en el lodazal del caciquismo y la corrupción. En las zahúrdas de la tercera restauración.

(La imagen es una foto de Miguel, bajo licencia Creative Commons).

El PSOE y la República.

Llevaba tiempo rumiándolo, iba soltando indirectas, tenía prohibido a sus seguidores hablar mal de Rey, intervenía siempre en favor del trono y se desvivía por conocer de primera mano el estado de salud de S.M. Juan Carlos; pero no soltaba prenda con claridad. Palinuro lleva un tiempo sosteniendo que el PSOE es un partido dinástico, el equivalente al Partido Liberal de la primera restauración y tan interesado como este en un sistema de alternancia bipartidista en el marco de una monarquía parlamentaria. Era una deducción extraída de los gestos y declaraciones, cautos, minimalistas, pero transparentes par un analista político de medios pelos. Ahora ya sí, Rubalcaba lo ha dicho con claridad y pocas palabras, esto es, que el PSOE aboga por mantener el pacto que hizo hace 35 años para que España siga siendo una monarquía parlamentaria. 

Dicho queda. No es que Rubalcaba sea personalmente monárquico (aunque no quede excluido) al modo que es del Real Madrid, o de algún otro equipo (no estoy seguro) por lo mucho que habla de futbol, o como podría ser vegetariano o miembro de la secta Moon. No. Ahora es pronunciamiento que vincula la acción del partido -y quién sabe si del gobierno si ganara las próximas elecciones- en un sentido dinástico. El argumento está claro: hace 35 años se hizo un pacto entre otros asuntos en favor de la Monarquía y el PSOE es de los de pacta sunt servanda.

Vale, pero es falso. Hace 35 años se aprobó una Constitución que incluía la forma monárquica de Estado y muchas otras cosas, fórmula tutelada por el ejército, albacea testamentario de Franco. El artículo 2º, como todo el mundo sabe, se redactó en los cuarteles. Así que el pacto o compromiso o acuerdo tiene una validez modesta por cuanto fue impuesto y es, a efectos políticos, nulo. Otra cosa es que, no siendo tal pacto, sea o haya sido eficaz para organizar la convivencia. Pero eso es otra cosa.La Constitución es un ejercicio de retórica profesoral progresista en un rígido marco institucional heredado del franquismo, cuyas previsiones sucesorias se cumplieron con algún leve retoque, como ese de substituir las Leyes Fundamentales por una Constitución. La Monarquía no fue nunca sometida a votación popular directamente sino un par de veces envuelta en el celofán de las libertades y el Estado de derecho. Su legitimidad de origen es la del 18 de julio, alzamiento militar en contra de la legalidad republicana. Ese supuesto pacto a la fuerza no merece mayor respeto.

Y aunque lo mereciera. Dos razones hay para no quedarse en él: a) nada nos obliga nunca a mantenernos inmóviles, a eternizarnos en una situación. Después de un tiempo, no es deshonroso salirse de un acuerdo y emprender un camino propio; b) la otra parte del pacto no ha hecho honor a sus compromisos: el franquismo campa por sus respetos en las prietas filas del PP por las villas y pueblos del reino. El gobierno ha dejado sin fondos la aplicación de la Ley para la Memoria Histórica y, además, se niega a cumplir la tarea que por ley le corresponde de borrar de los edificios públicos los símbolos y emblemas del bando ganador de la contienda. En estas condiciones, nada nos obliga a cumplir un pacto que la otra parte incumple.

Está claro; lo del pacto y los 35 años es pura retórica por si cuela a título de explicación acerca de cómo unpartido republicano se torna monárquico. Es cierto que, históricamente, el PSOE ha sido relativista o accidentalista en cuanto a la forma de Estado (incluso se acomodó con la dictadura de Primo) pero lo es más que luchó por la República y se identificó con ella. Aceptar la forma de Estado impuesta por las armas y cuarenta años de dictadura y represión no está ni medio bien.

¡Ah, que burro este Palinuro! No se da cuenta de que, en el fondo, se trata de una cuestión táctica. El PSOE quiere ganar las elecciones y necesita votos de todas partes. La cuestión Monarquía-República no es actual y menos urgente. La atención del partido (y del gobierno, si lo pilla) es la salida de la crisis y el retorno a la prosperidad. Además, si se plantean las cosas con esta crudeza, corre peligro el pacto de la transición.

En este punto, el razonamiento es circular: hay que respetar el pacto de la transición porque si no lo respetamos, lo destruiremos. Hasta ahí llega la profundidad del razonamiento y, como de lo que se trata es de ganar elecciones, esto se da por sobreentendido: si cuestiono la Monarquía, hoy por hoy, me arriesgo a perder votos y quedarme de oposición toda la vida. No hay que dejar al adversario las banderas que mueven el ánimo del pueblo votante. Somos monárquicos de conveniencia, como el pabellón de ciertos barcos que navegan al margen de la ley.

Sin embargo, la oposición República/Monarquía, se quiera o no, no es un asunto táctico sino estratégico. Es de principios. Da algo de vergüenza recordarlo pero la política, al menos la de la izquierda, no puede ser un asunto del día a día, de las medidas a corto plazo, sin un horizonte temporal más a medio plazo. Justificamos nuestras medidas de hoy en virtud de una idea de la sociedad futura. Y, en esa sociedad futura, orientada a los principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿qué lugar cabe a la Monarquía? Ningún socialista, entiendo, puede aceptar como justa una sociedad en la que domina la desigualdad por razón del nacimiento a la hora de acceder a las más altas magistraturas del Estado.

Y eso a pesar de todos los pactos que se hayan hecho o soñado.

Y queda por ver qué dirá la Conferencia Política del próximo finde en materia de separación iglesia-Estado. Hasta ahora, el secretario general, siguiendo inveterada costumbre, ha mencionado de modo ambiguo la cuestión un par de veces y conjugando los verbos en condicional: el PSOE podría denunciar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Al loro de lo que diga la Conferencia. Veremos si tiene la infinita osadía de proclamar que España es un Estado laico (como afirma de Francia la Constitución francesa) o si sigue comportándose como hasta la fecha, es decir, no solo cual partido dinástico, sino firme defensor del trono y el altar.

Palinuro no ignora ni menoscaba la importancia de las aportaciones del PSOE al Estado del bienestar y otros campos de la convivencia en España. Llegada la crisis, no supo responder a ella y absorto ahora en la tarea de medidas a corto plazo, desarrolla un pragmatismo ciego que, a lo más, puede acabar llevándolo a un modelo de gran coalición a la alemana. Ahí se llega a base de pactar y de olvidarse de los principios. De ese modo, puede pactarse cualquier cosa.

Cualquier cosa, cuando se invoca, por ejemplo, la unidad de España. Que, por cierto, está simbolizada en la Monarquía y militarizada en el artículo 8 de la Constitución

(La imagen es una foto de Elena Cabrera, bajo licencia Creative Commons).

La guerra no ha terminado.

Francisco Sánchez Pérez (Coordinador) (2013) Los mitos del 18 de julio. Crítica: Barcelona. 466 págs.

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¡Otro libro sobre la guerra civil! Lo avisa el coordinador de esta obra en su excelente prólogo. Pues sí, y muy necesario y conveniente porque la guerra no ha terminado. (Viene a la memoria la peli de Resnais, La guerre est finie con un aroma nostálgico). No, la guerra no ha terminado. Sigue luchándose en otros campos, con otras armas, pero con la misma ferocidad e idéntica virulencia. Este frente, muy determinante para la guerra, que es pasado, algo reservado en gran medida a los historiadores es el historiográfico. La munición es la memoria. ¿Qué memoria? ¿La que fabricamos al dictado de nuestras convicciones y/o intereses o la que sale de los datos históricos, contrastados, irrefutables, y no permite más que una interpretación? Es una guerra sobre la interpretación de la guerra que enfrenta, a juicio de los autores de la obra, una historiografía fraudulenta, propagandística con otra seria, rigurosa, académica, basada en datos empíricos. 

Sin duda todos nos refugiamos en la segunda opción pues a nadie le gusta que le cuenten trolas o lo tomen por un pánfilo al que se pueden colocar unos rollos propagandísticos como si estuvieran científicamente probados. A nadie. Ni siquiera a quienes se dedican a la propaganda, razón por la cual sostienen siempre que sus interpretaciones están avaladas por rigurosas investigaciones históricas y que son los demás quienes se inventan los hechos. Es el problema que plantea toda propaganda: que dice no serlo. Ahora. Antaño se llevaba con un punto de orgullo, sin ir más lejos en el conflicto español: frente al Ministerio de Propaganda de la República, la Junta franquista de Defensa contó pronto con una Oficina de Prensa y Propaganda. La guerra civil también se libró en terrenos muy simbólicos. Y sigue haciéndose. 

Por eso es oportunísimo este libro. No solamente por la bulla que meten los escritores al uso del llamado "revisionismo" y el amigo Stanley Payne (que parece un brigada internacional de la derecha), todos los cuales son savia nueva para el tronco reseco de la historiografía franquista, al estilo de Joaquín Arrarás o del falangista García Venero. También ha sentado cátedra para la Historia la Real Academia correspondiente publicando un diccionario de biografías patrias, algunas de las cuales mueven un poco a risa. La más notable, la de Franco, encargada a un notable medievalista (muy oportuna la especialización, por cierto), fervoroso partidario del general biografiado. De tal modo, su texto corresponde más a las convicciones franquistas del autor que a los datos de la historia e incluso del sentido común. Que un historiador sostenga que Franco no era totalitario cuando hay documentos escritos y orales de circulación general que demuestran lo contrario porque el propio interesado confiesa serlo,  no precisa mayor comentario. Luis Suárez Fernández es el nombre de quien ha perpetrado este dislate con dineros públicos, un presidente, por lo demás de la Hermandad del Valle de los Caídos, el absurdo mausoleo en que está enterrado el dictador y miles de sus seguidores y de sus víctimas. 

El coordinador de la obra, Sánchez Pérez, hace una gran exposición de su sentido y aclara muy bien los términos de la controversia, poniendo a cada cual en su lugar, incluida la Real Academia de la Historia, que ya es universalmente célebre por incurrir en un ridículo mundial. Resume además el sentido del libro, consistente en responder a la pregunta central: ¿quién es el responsable de la guerra civil? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién la empezó? Con respuestas claras, basadas en investigaciones en fuentes originales, inéditas, con datos irrefutables, fácilmente contrastables. 

La tesis del libro, que está, además, organizado para apuntalarla en todas sus vertientes (militar, religiosa, política, etc.) es que la guerra la iniciaron, y es responsabilidad exclusiva suya, los militares sediciosos en connivencia con sectores civiles, partidos y políticos. Fue una "contrarrevolución preventiva", término que aparece pronto en las justificaciones frente a una revolución que no existía ni siquiera en grado de proyecto. Los rebeldes querían destruir la República y se inventaron una revolución como pretexto. 

El ataque más contundente, el arma más poderosa que deja definitivamente zanjada la controversia, viene a cargo de Ángel Viñas, cuya autoridad en la historiografía de la República y la guerra es hoy incuestionable. Aporta Viñas los contratos de compra de armamento italiano, firmados por Pedro Sáinz Rodríguez en nombre de la derecha española en su proyecto de golpe de Estado contra la República, financiado por Juan March. Los llamados "Contratos romanos", firmados el 1º de julio de 1936, antes del asesinato de Calvo Sotelo, hecho del que suele colgarse el llamado "Alzamiento Nacional" que, en realidad, bien se ve, venía siendo preparado desde mucho antes. Y no eran contratos por material para un golpe de Estado más o menos rápido, sino para una verdadera guerra.  

Dicho lo anterior, podríamos prescindir del resto del libro ya que el capítulo de Viñas da la respuesta definitiva a la pregunta planteada. Y no se crea que se trata de un oscuro asunto de eruditos, no. Hace pocas fechas, un dirigente del PP atribuía en público a la República la responsabilidad de haber causado "un millón de muertos". Ni fueron tantos como los de Gironella, a los que se referirá este buen hombre, ni son achacables a la República sino a los fascistas que se sublevaron contra ella con los que probablemente simpatice este político, pues los exonera de su responsabilidad. Pero el abandono no sería buena opción y, además, imposible porque, aunque parezca mentira en una obra de árida historiografía académica, el texto agarra como si fuera una narración literaria. Muchos de los demás capítulos son tan interesantes como el del Viñas, aunque no tengan su poder explicativo.

Si hubiera que buscar un antecesor a esta empeño, sería Herbert Routledge Southworth, al que varios de los autores del libro se refieren expresamente. Sin duda. La temprana obra del americano, El mito de la cruzada de Franco, publicada en Ruedo Ibérico en París, ya dejaba claro el edificio de patrañas y fábulas que había tejido la propaganda franquista. Sobrevive al escritor otra que creo es póstuma, en la que da cuenta de hasta dónde ha llegado en su tarea de desmitificar el franquismo, tarea en la que estos historiadores siguen empeñados con notable éxito. 

Como uno de los puntos cruciales que se tratan en el libro es el enfrentamiento en Barcelona de las izquierdas  en mayo de 1937, también se mencionan varias veces los nombres de Bolloten y Borkenau. Bolloten hacía pivotar aquí la "gran conspiración" comunista, tesis que parece convencer a Payne. Borkenau tiene otra perspectiva y su libro es más de reportaje. Lo que llama la atención en él es su agudeza de juicio. Así que, como propaganda, no vale. No lo es. De este asunto se ocupa el texto del fallecido Julio Aróstegui quien dictamina tras su notable trabajo que la pretendida revolución de las izquierdas que se invocó para justificar la sublevación militar de las derechas fue "más mitológica que real" (p. 188).

Dicha sublevación militar venía siendo en cambio preparada con mayor o menor fortuna (y con muchos elementos de típica chapuza hispana) desde años atrás a través de los agravios de una casta militar privilegiada, sobredimensionada, embriagada de su fuerza y convencida de que la República estaba tratando de convertirla en un chivo expiatorio de sus desmanes. Fernando Puell de la Villa, militar él mismo, analiza en un capítulo sobre "la trama militar de la conspiración" los elementos que alimentaban este espíritu insurreccional castrense que, a su juicio, se compone de una "mentalidad intervencionista" (p. 56), un "victimismo paranoide" (p. 58), con el añadido de algunos factores contingentes que siempre apuntaron en el mismo sentido, como la cuestión catalana (p. 61) o el supuesto "peligro bolchevique" (p. 64).

Muy informativo y sistemático resulta el capítulo de  Eduardo González Calleja, "la radicalización de las derechas", en el que distingue las corrientes de estas y da cumplida cuenta de las pintorescas relaciones que entre ellas mantenían: legitimismo carlista, catolicismo de la CEDA, alfonsismo y fascismo (p. 222). Cuatro banderías que reconocieron de inmediato que el punto de fusión de sus intereses comunes (dijeran lo que dijeran en sus proclamas) consistía en echarse en brazos de ejército.

El clérigo catalán Hilari Raguer, de la mítica abadía de Montserrat, tiene a su cargo presentar las relaciones de la iglesia católica con el "alzamiento". Un asunto crucial porque el clero funcionó desde el primer momento como el principal aliado y legitimador del golpe militar de los generales felones. Parece prudente encomendárselo a alguien que conoce la cofradía por dentro porque, en efecto, echa mano y expone información, de interés, como esa referencia al texto del canónigo magistral de Salamanca , Aniceto Castro Albarrán, El derecho a la rebeldía (p. 248) que, aunque conocido, no está lo suficientemente valorado en su importancia en cuanto entronque del golpismo del generalato con la tradición filosófico-política del derecho de resistencia.

Novedad para este crítico es la mención a la curiosa conspiración de aquel majadero que fue Eugenio Vegas Latapie, alma de todas las conspiraciones monárquicas y de Acción Española, quien pretendía organizar un atentado terrorista que provocara la guerra civil (p. 250). En el fondo, esta provocación criminal resume como una metáfora, el sentido todo de esta guerra que aún no ha terminado: quienes ansiaban acabar con la República en defensa de sus intereses de clase, estaban dispuestos a hacer lo que fuera para ello, a cometer todo tipo de crímenes y felonías... y a achacárselos después a quienes, al apoyar al gobierno legítimo, se opusieron a sus designios. En realidad, si los psicólogos quieren una muestra empírica incuestionable de esa patología que llaman proyección, inherente a la derecha española y consistente en acusar a los demás de hacer lo que ella hace, que consideren cómo los delincuentes rebeldes acabaron encarcelando, "juzgando" y asesinando a sus enemigos acusándolos de "rebelión". Tática de proyección que la derecha sigue aplicando hoy día de igual modo aunque, de momento, con efectos menos cruentos.

El capítulo de Raguer tenía que tratar el asunto de la cruzada en cuanto concepto legitimatorio esencial del franquismo emanado de la iglesia. El autor recuerda que el término no aparece en la famosa carta colectiva de los obispos españoles del 1º de julio de 1937 (p. 255) pero lo que es evidente, obispos o no obispos, es que el término echó raíces, fue esencial para la justificación de la guerra civil y la barbarie fascista desencadenada en España y, desde luego, salió de la iglesia. No de la propaganda del 5º Regimiento. Y que el Vaticano no la empleara expressis verbis tampoco quiere decir gran cosa para quien, como Raguer, seguramente conoce las muchas lenguas con que habla la Santa Sede.

El capítulo de Fernando Hernández Sánchez, "con el cuchillo entre los dientes: el mito del 'peligro comunista' en España en julio de 1936" tiene asimismo especial relevancia a los efectos específicos del libro. Remacha Hernández la idea de que la sublevación militar, producto de la previa (y única) conspiración antirrepublicana, fue una "contrarrevolución preventiva" (p. 275) y, muy convincentemente, concluye que el Frente Popular y su columna vertebral, el PCE, lucharon siempre en defensa de la legalidad republicana (p. 287). De revolución en ciernes, nada. Son incontables los testimonios que prueban cómo los comunistas se opusieron primero y yugularon después todas las ensoñaciones revolucionarias de la CNT/FAI o el POUM. Nos adentramos aquí en este episodio -ya tratado en otras partes del libro- que podríamos llamar la "guerra civil dentro de la guerra civil" que concluyó con el triunfo de los comunistas (o los estalinistas, como los llamaban los trostkistas) y la aceptación del principio de primero la guerra y luego la revolución.

En este asunto, como suele suceder en los hechos históricos, hay matices y matices. Si uno restringe el ámbito exclusivamente al escenario español, el punto de vista de Hernández es incuestionable: los comunistas pegan un giro a raíz del VII Congreso del Komintern en 1935 y pasan a propugnar la política de "frentes populares" como forma de lucha contra el fascismo. Un giro de 180º que tiene tanta justificación y elementos propagandísticos como sus posiciones anteriores. España fue una pieza más, sin duda importante, pero una más, en la formidable política de agit-prop de la Internacional Comunista, organizada en gran parte por aquel genio de la propaganda que se llamó Willi Münzenberg, posteriormente asesinado quizá por agentes estalinistas. Los comunistas en España obedecían consignas (entre otras, acabar con los "traidores" trostkistas) y las hubieran seguido aunque hubieran sido las contrarias. Reconozco que esto no cambia gran cosa en cuanto al fondo de la discusión de si había o no un "peligro comunista" en España en julio de 1936, pero hay que ir muy al fondo de las cosas y matizar bastante para los años posteriores. Bolloten, seguramente, se vendió por un plato de lentejas; pero, es de insistir, Borkenau fue mucho más perspicaz.

El capítulo de José Luis Ledesma, "La 'primavera trágica' de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil", que es un buen complemento al de Francisco Pérez Sánchez, "Las reformas de la primavera del 36", muy concentrado en el análisis  de las distintas medidas de reforma de la República, supone un buen colofón a este recomendable libro. Ledesma no duda en calificar de "leyenda negra" lo de la amenaza revolucionaria pretextada por las derechas conspiradoras, sublevadas y golpistas (p. 311), pero matiza algo que es de justicia. No hubo una violencia especialmente significativa de las izquierdas antes de la sublevación militar (quizá fuera mayor la sistemática provocación de los pistoleros falangistas y católicos), pero sí se encendió en cierto grado a raíz de dicha sublevación. Pero eso, obviamente, requiere otro juicio. No se puede amalgamar con la anterior, como ha hecho sistemáticamente la historiografía franquista muchos de cuyos seguidores siguen produciendo esa bazofia seudohistórica y legitimatoria en defensa del que quizá haya sido el régimen más bestial, cruento, asesino y vergonzoso de la historia de este sufrido país.

Añádase a todo lo anterior con su poderosa armazón historiográfica la reproducción de los originales de las abrumadoras pruebas de cargo que aportan los autores: los contratos de Roma y en anexos los documentos elaborados por el general Mola en preparación del golpe de Estado de julio de 1936 que demuestran una clara voluntad de recurrir a la máxima violencia de la guerra para derribar la República y continuar luego con una política de represión y terror en contra de la población civil en términos que la conciencia posterior de la humanidad ha calificado de genocidio. Estos torturadores españoles que reclama hoy la justicia argentina son en realidad los servidores y perpetuadores de un régimen ilegal, delictivo, terrorista y genocida, preparado con mucha antelación a julio de 1936. Los contratos de Roma, por lo demás, ya se ha dicho, no apuntaban a un mero "golpe de Estado". Basta con ver el material bélico comprado que tan profusamente se describe. Además, lo que estas cuentas prueban asimismo es la directa implicación de Mussolini en la preparación del asalto armado contra la República española. Fueron los alemanes y los italianos quienes ayudaron decisivamente a Franco a ganar la guerra. Los rusos llegaron mucho más tarde y, por razones evidentes, pudieron hacer bastante menos.

Efectivamente, bienvenido este último libro sobre la guerra civil. Una guerra que aún no ha terminado. 

Por la República

14 de abril. Con manifa incluida que espero sea multitudinaria. Ojalá. Al establecimiento político la cosa no le hace la menor gracia. La Corona la detesta y finge ignorarla, porque será su Némesis. El gobierno y su partido la aborrecen y, a través de sus medios de comunicación e intelectuales orgánicos, la llenan de improperios. El principal partido de la oposición, con el paso cambiado y dando una imagen lamentable. La dirección, en actitud de lealtad dinástica, se llama andana mientras su militancia y sus votantes andan por ahí pidiendo la República.

La pobre República carga con críticas e infundios sin límites. Esperanza Aguirre considera que fue un desastre. Se supone como el del 98. Desastre fue el modo bestial de acabar con ella, el golpe militar ilegal, delictivo que, tras tres años de guerra civil, inauguró un régimen aun más ilegal, más delictivo, genocida, que duró cuarenta años. Ese sí que fue un verdadero desastre cuyas consecuencias todavía se notan. Otra de las calumnias que se manejan atribuyen el fin de la República no a la sublevación militar de 18 de julio de 1936 sino a la insurrección revolucionaria de octubre de 1934. Si de eso va, que poco es, esa responsabilidad recae sobre la sublevación militar de agosto de 1932 en Sevilla, más conocida como la Sanjurjada. Vienen después en cascada los relatos de las checas, Paracuellos, las quemas de iglesias, etc. Pero nada de eso empaña el hecho de que la IIª República sea el último régimen legítimo de España, puesto que emana de la voluntad popular soberana. Hay quien dice que esta viene asimismo manifestándose desde 1979 pero eso no es estrictamente cierto ya que la voluntad popular que aquí se expresa lo hace en el marco de la legitimidad del régimen anterior.

Esa legitimidad es la única que, en puridad de las cosas, ostenta la Monarquía española. Las otras dos son harto dudosas o, simplemente, no le corresponden. No hay una legitimidad dinástica pues se ha dado solución de continuidad en la sucesión. Cierto que el padre, don Juan, abdicó (o cualquiera sea la fórmula que se empleó) sus derechos en su hijo. Pero lo hizo a la fuerza, no tenía elección pues el hijo ya se había proclamado Rey según las previsiones sucesorias de Franco y lo había enfrentado con un hecho consumado. Don Juan cedió sus derechos invocando muchas veces el interés de España. Pero eso no restaña la ruptura del principio dinástico.

Lo mismo sucede con la legitimidad popular. En ningún momento se sometió a decisión colectiva la elección entre Monarquía o República. Aquella se incluyó en los dos textos que se sometieron a consulta referendaria (la Ley Para la Reforma Política de 1976 y la Constitución de 1978) junto a una serie de otras disposiciones e instituciones imprescindibles en una sociedad moderna y democrática, como el sufragio universal, los derechos y libertades, etc. Pero esa ficción no va lejos. Es obvio que no todos quienes votan a favor de la libertad de expresión, la sanidad pública o las garantías procesales serán monárquicos. Muchos serán republicanos, pero quedan invisibilizados en el texto.

A los republicanos nos gusta pensar que somos mayoría en España. Los monárquicos (o sea, los dos partidos dinásticos, el gobierno y el Rey) dicen que solo somos un puñado de nostálgicos. ¿Por qué no salir de dudas? Un referéndum lo solucionaría todo. La afirmación sin más de que la Corona cuenta con amplio respaldo popular es falsa, como han venido demostrando los barómetros del CIS hasta octubre de 2011. A partir de ese momento, el CIS ya no pregunta por el Rey. Por supuesto, orden política y perfectamente estúpida porque: a) no puede hacerse extensiva a los barómetros que hagan las empresas privadas de sondeos (que ahora preguntan todos por la valoración del Rey) y b) destroza el prestigio del CIS como actividad independiente de los intereses del gobierno de turno.

Se pongan como se pongan el PP (y su batería mediática) y la dirección del PSOE, el debate sobre si Monarquía o República está a la orden del día y se puede llevar adelante de modo civilizado, evitando intransigencias. Es más, ese debate es imprescindible como contexto o pareado con el otro, el de la autodeterminación de los catalanes, que los dos partidos tratan igualmente de sofocar.

Que el debate es actual se verá, es de esperar, este 14 de abril. Queda por ver si también es oportuno. Los monárquicos, tanto los "cristianos viejos" como los conversos, vienen aduciendo sistemáticamente que el debate Monarquía/República es inoportuno. Ya se sabe, se le achaca ser generador de inestabilidad. Esto supone que el sistema actual es estable. La Monarquía está en una pendiente de desprestigio imparable a causa del comportamiento de sus distintos miembros que, en muchos casos, parecen cruzar la raya de la ley y en casi todos resultan reprobables. El Rey, que tiene supuestas cuentas en Suiza y una amiga entrañable a la puerta de su choza, no da razón de la inmensa fortuna que Forbes le atribuye y no sabe si abdicar o no por lo que pueda pasar con su inviolabilidad.

Las aventuras de la infanta Cristina y su cónyuge, aparentemente un relato de golfería de guante blanco y restaurantes de cinco estrellas, no son dañinas para la Corona en sí mismas sino porque son la prueba de que no se trata de comportamientos excepcionales sino, al contrario, la forma normal de vivir y hacer de la Casa Real y sus aledaños.

La institución no tiene siquiera garantizada su reproducción. Los Príncipes de Asturias se han metido en un berenjenal a cuenta del supuesto aborto de Leticia. Es intrigante saber cómo reaccionarán los distintos sectores que componen la política española ante una información de ese calibre. Lo primero que habrá de verse es si la afectada acepta la veracidad del hecho o no. Si lo hace la situación se pone complicada. A los ojos de la ley, probablemente, Leticia no hizo nada reprochable. Pero a los ojos de la Iglesia, por la cual la Princesa se casó, está automáticamente excomulgada. Puede parecer crudo, pero el argumento es irrefutable: si una mujer que ha abortado puede ser Reina de España, la Monarquía habrá dado el paso decisivo en la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero esa separación rompe el principio del nacionalcatolicismo que, nos guste o no, sigue imperando en España.

¿Cómo que no es oportuno el debate Monarquía/República? Más oportuno que nunca. A sus muchas y muy conocidas virtudes una la República la garantía de que casi con total seguridad, de haber problemas, no vendrán de los hijos, yernos, nueras o sobrinos segundos del presidente. Al estar basada en el principio dinástico de primogenitura, la Monarquía es un régimen familiar, a diferencia de la República, que es un régimen de magistratura. Y ya sabemos de sobra que en las familias nunca se sabe lo que va a pasar.

(La imagen es una foto de Jgaray en el en el dominio público).

La monarquía, la república y la transición. Segundos fuera.

En vísperas del 14 de abril, Rubalcaba ha considerado necesario declarar lo que se lee en el texto de la imagen. Declarar que su partido "no es monárquico" y que él, personalmente, es republicano por convicción. Y ¿a qué se debe esta repentina confesión de parte? Básicamente a dos circunstancias:

a) Las reiteradas manifestaciones monárquicas más o menos vergonzantes de la actual dirección en los últimos tiempos so pretexto de que la institución monárquica se ve en apuros y necesita apoyos para garantizar la estabilidad. Estabilidad es un término mágico. Su mera invocación, venga o no a cuento, ha de apaciguar cualquier controversia y acallar toda crítica o propuesta de reforma. ¿Y si lo que de verdad amenaza la estabilidad es la permanencia de una institución desacreditada, poco menos que a la fuerza? Pero eso da igual. La colaboración del PSOE con la dinastía es leal o, como su oposición, responsable. Otro término cargado de connotaciones sospechosas.

b) La presión a que ciertos sectores más difíciles de controlar en el PSOE, por ejemplo los jóvenes, someten a la dirección para que el partido plantee la disyuntiva de la forma de Estado, si república o monarquía. Cosa de la que Rubalcaba no quiere ni oír hablar. Por eso sale al paso con sus aclaraciones que, como sucede con las de Rajoy, no aclaran nada. Una deconstrucción elemental del discurso del secretario general muestra su naturaleza problemática. Se declara republicano por convicción, pero, dado que el pacto de la transición sigue vigente y la monarquía ha hecho su parte por la democracia, esta no se cuestiona. Punto. Es decir, Rubalcaba es republicano por convicción y monárquico por conveniencia.

Y ¿desde cuando zanja la conveniencia los asuntos de convicción de modo incondicional y, según parece, para siempre? Si la conveniencia prevalece sobre la convicción ¿no convierte la convicción en conveniencia y al revés? A esta objeción de fondo se añade la de la validez de las apoyaturas. Eso del pacto de la transición exactamente ¿qué es? El término, en realidad, designa un ente de razón, igual que lo hace el sintagma contrato social. No existe una realidad material, objetiva, de ese "pacto de la transición" que no sea la Constitución. Pero, justamente, Rubalcaba viene proponiendo reformarla. ¿Quiere decir que unas cosas pueden reformarse y otras no? ¿Quién lo decide? ¿Él? ¿En función de qué criterios? Cuando habla el secretario general sobre cuestiones acerca de las que no hay decisiones  orgánicas expresas ¿implica a toda la dirección? ¿A todo el partido?

Al respecto la razón dice que, si no hay decisión o mandato claros, se estará a lo que digan los últimos que se emitieron y, en consecuencia, siguen en vigor. Según estos, no es que el PSOE no sea un partido monárquico, como dice con elemental understatement el secretario general. Es que es inequívocamente republicano. El PSOE formó parte de la primera conjuncion republicano-socialista posterior a la Semana Trágica de Barcelona y por eso entró en las cortes Pablo Iglesias; y así siguió. Luego se sumó en 1930 al Pacto de San Sebastián que tramó y consiguió el establecimiento de la Segunda República, último régimen legitimo de la historia de España, no necesariamente legal. Legales ha habido otros. Así que el PSOE es un partido republicano.

Y, ya de pasada, esa afirmación de la validez del "pacto de la transición", a su vez, se basa ¿en qué? Si el sistema político de la transición está tan generalmente cuestionado que hasta el propio Rubalcaba propone una reforma constitucional, la validez no puede seguirse de las conclusiones de un análisis riguroso de la realidad sino del deseo de que nada cambie -por renco que sea- seguramente para no tener que trabajar. No se me escapa que el razonamiento, en el fondo, pueda ser mera fachada de otra intención más aviesa. Mantener la validez del "pacto de la transición" significa recurrir al consenso. Y ya se sabe que será imposible de alcanzar si se presenta al PP una opción republicana. Por supuesto. Pero es que no hay que presentársela al PP. Hay que presentársela al electorado. Lo que este razonamiento pretende es impedirlo, impedir el renacimiento de la coalición republicano-socialista.

Tengo la impresión de que la actual dirección del PSOE es mucho más conservadora que su militancia y su electorado. Convertir de hecho el PSOE en un partido dinástico equivale a secuestrarlo. Asunto tan importante debe ser objeto de una decisión de congreso. No entra dentro de las competencias de ningún órgano entre congresos. La militancia y el electorado deben tener algo que decir. Habrá votantes tradicionales del PSOE que dejarán de serlo si el partido no es inequívocamente republicano y propone la realización de un referéndum para dilucidar la cuestión.

Infantilizar al electorado al extremo de no permitirle decidir libremente qué forma de Estado desea no me parece algo bien avenido con la izquierda. Más cercano aun: la convicción republicana no tiene el vigor suficiente para pedir la terminación de una monarquía que carece de la legitimidad dinástica, pues la renuncia de don Juan fue forzada y, por tanto, no válida; y también carece de la legitimidad democrática, pues el electorado nunca pudo pronunciarse específicamente sobre la cuestión sino dentro de un paquete de otras medidas que eran imprescindibles. En realidad solo tiene la legitimidad del 18 de julio y mucha gente consideramos que esa no es legitimidad alguna.

¿Por qué es dañino para la estabilidad pedir la terminación de la monarquía y el establecimiento de la IIIª República o, al menos, un referéndum sobre la disyuntiva? Para la estabilidad ¿de qué o de quién?

Suiza.

Si Suiza es o no un paraíso fiscal al estilo de Antigua y Barbuda, Anguilla o las Islas Salomón, que suenan todas a bucanero o, más bien, al estilo San Marino, Liechtenstein o Mónaco, que suenan todas a casa de juego, es algo que cada cual debe ponderar por sí mismo porque dependerá de cómo se defina el sintagma paraíso fiscal, qué alcance se le dé, etc. Palinuro la considera un paraíso fiscal. Cierto, uno con empaque de país, abolengo, historia, constitución y una bandera que recuerda la de la Cruz Roja con los colores invertidos. Pues la Cruz Roja, como otros organismos internacionales galore, radica en Suiza, país cosmopolita, multicultural, plurinacional, muy bancario. Un paraíso fiscal. Un lugar a donde envían sus dineros quienes los poseen en España (y otros lugares), para evadir impuestos o para ocultar su origen. Actividades generalmente consideradas delictivas.

La gente lleva muy mal eso de la evasión de capitales y los fraudes a Hacienda. Sobre todo ahora que se ha enterado de que si las grandes empresas y fortunas tributaran las decenas de miles de millones de euros que defraudan, no habría crisis. Lleva mal incluso esa costumbre de algunos deportistas o gentes de éxito de residenciarse en el extranjero para no pagar impuestos en España. Hay una petición general de que los tales no representen al país en el que no tributan. Y es razonable. Que representen a Andorra, por ejemplo.

Y ahora pillan al Borbón con unas cuentas en Suiza. Probablemente tengan un origen histórico ya que, al haber residido su padre en Lausana, las cuentas vengan de ahí. Sin duda, pero eso no justifica el hecho de mantenerlas fuera del alcance de la Hacienda del país en el que se dice reinar. Es comprensible en el plano humano, sobre todo con la experiencia de los Borbones. No queda nunca descartado que haya de salir una noche con lo puesto y siempre viene bien tener algo apartado en Suiza para los primeros gastos.

Es comprensible, es humano, es histórico, es lo que se quiera. Pero no es admisible. El Rey no puede tener dinero oculto al fisco en España en un banco extranjero en un momento especialmente grave en que , con seis millones de parados, su país necesita recuperar la confianza, necesita atraer capital y no es evadiéndolo como se lo atrae.

Ignoro si la monarquía como institución aguantará esta nueva andanada con todo lo que le lleva llovido en los últimos tiempos. Supongo que, aterrorizados por el lógico encresparse de la opinión republicana, los dos partidos dinásticos saldrán en defensa de la Corona. El PP porque sí, pues va en su convicción más íntima y no requiere mayor justificación. El PSOE, con algo de mala conciencia, explicará que no es el momento de meterse en la cuestión de la forma de Estado, que el descrédito recae sobre el monarca reinante pero no sobre la institución y que, cuando llegue el momento, ya hablaremos.

Pero no; es cosa de hablarlo ahora. La monarquía es un régimen obsoleto, no solo por el origen de la magistratura sino, sobre todo, por su carácter vitalicio. Cuando hoy día lo vitalicio no lo quieren ni los Papas. Las repúblicas son mucho más recomendables y racionales porque los presidentes se ven obligados a caer bien al electorado, sea este la gente en general o unos u otros cuerpos electorales, los mandatos son temporales y, por supuesto, ni en sueños pueden permitirse comportamientos como los que parece haber tenido el Rey de España. ¿Alguien imagina la que se organizaría en los EEUU si el presidente Obama tuviera a doscientos metros de su residencia una entrañable amiga, condesa alemana, para tareas de alta política? ¿O en Alemania en donde el presidente es un cero a la izquierda? Caerían gobiernos y los interesados, muy contritos, abandonarían sus cargos. Aquí, no. Aquí el Jefe del Estado puede tener una fortuna apañada en un banco suizo, como sucede con algunos presidentes de países africanos.

Con un gobierno bajo tenaz sospecha de corrupción, incapaz de reaccionar porque también lo está su partido, paralizado a todos los efectos, el país se encuentra sorprendido e indignado. Sorprendido porque comprueba que el sistema político de la transición, la alternancia de los dos partidos dinásticos ya no da para más y que, justamente ahora en que se habla de reformar las Constitución, ninguno de los dos partidos mayoritarios está dirigido por gente a la altura de las circunstancias sino por seguidores fieles de las rutinas que nos han traído a esta situación. El país está además indignado o tal cosa se percibe por doquier ante el espectáculo de incompetencia y corrupción que proporcionan hoy las administraciones españolas de todos los niveles.

Para el 25 de abril hay convocado un nuevo -y definitivo, según he leído, por indefinido- asedio a las cortes hasta que estas se disuelvan, se convoquen nuevas elecciones, aunque esto último no stoy seguro de haberlo leído.

Si el gobierno cree que puede controlar esta marea creciente de movimientos sociales, esta múltiple reacción de la sociedad civil, recurriendo únicamente a la represión, me parece que anda equivocado. No tiene más remedio que dialogar con ellas. De hecho es lo que hace a través de los medios adictos. Solo sería necesario dialogar de buena fe. No mintiendo ni insultando. 

IU llevará al Congreso el asunto de las cuentas suizas del Rey. Es lo menos que puede hacerse. Será incomprensible que el PSOE no diga nada y que siga actuando como cómplice en el encubrimiento de los desmanes de la Corona con el argumento de que hay que salvar la institución cuando la institución misma es un desmán.

(La imagen es una caricatura mía (bueno y de My Webface.com) de una foto de x (Aleph), bajo licencia Creative Commons).

El jefe es el Rey.

Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, ha afirmado, al parecer, ante el juez que el jefe es el Rey. Digo "al parecer" porque, según veo, este Torres tiende a decir y a desdecirse. La afirmación puede obedecer también a una estrategia de defensa procesal. Si cobija sus presuntas fechorías a la sombra del monarca, que no es penalmente responsable, algo sacará en limpio. Por lo demás, no se trata de un hecho, sino de una deducción. De un correo de Urdangarin en que este le pide tiempo para "consultarlo con el jefe", infiere que el jefe solo puede ser Juan Carlos I. Algunos han empezado ya, incluso, a especular que el Duque (o ex-Duque, pues no lo tengo claro) quizá solo sea un testaferro. Se supone que de su suegro.

La Monarquía española está en horas bajas. Es obvio el acuerdo general de los medios para informar con sordina de las peripecias de la Corona, no comentarlas y restarles importancia. Nada complace más a los serviles que ser útiles a su señor. Pese a todo, los continuos escándalos y broncas en que se ve mezclado el Rey plantean la cuestión de la viabilidad de la institución. Se quiera o no. Las cacerías de elefantes, los supuestos devaneos amorosos del soberano convertidos en asuntos de Estado, la naturaleza de sus verdaderas relaciones con Urdangarin, su deteriorada condición física, el hecho de lo abucheen de vez en cuando son datos apuntando en la misma dirección: puede ser un buen momento para preguntar a los españoles por el mantenimiento de esta institución.

Como siempre, la solicitud de celebración de un referéndum que debió convocarse treinta y cinco años atrás, tropezará con la negativa cerrada de los dos partidos dinásticos. En el caso del PP es comprensible, pues se trata de mantener una institución cuya instauración se debe al franquismo. En el caso del PSOE, en cambio, lo encuentro incomprensible y tiendo a verlo más como una imposición de las convicciones personales del secretario general que como el espíritu del partido. No sé si el monarquismo se ha aprobado en algún congreso del PSOE. Sospecho que no. A lo mejor es cosa de hablarlo a las claras en el siguiente en lugar de jugar a la ambigüedad. ¿Es el PSOE un partido republicano o monárquico?

El descrédito de la monarquía es galopante. Los sondeos le son negativos. Por eso no se hacen. Por lo demás ese descrédito lo comparte la corona con el del resto de las instituciones del Estado. El gobierno carece de autoridad, enfangado como está en un asunto de corrupción que afecta a la honradez de su mismo presidente. El Parlamento es irrelevante por sometido al gobierno. Los medios son mayoritariamente progubernamentales. Solo resisten como fortalezas sitiadas el poder judicial y la web.

España se ha dividido en dos, como siempre: la España oficial y la España real. La oficial, ya se ha visto, está invadida por la corrupción, por el enchufismo y el caiciquismo y por las prácticas de un gobierno autoritario. Es la España oficial de toda la vida, el objeto de la crítica regeneracionista primero y de la izquierda después.

La España real, en cambio, está en la calle. Ayer se manifestó el país entero por el derecho a la vivienda, por la dación en pago, movido por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Hoy habrá más manifas. Vuelve la Marea blanca. Frente a este estado de insurrección social permanente, la España oficial solo puede oponer una autoridades deslegitimadas por esta bajo fuerte sospecha de corrupción. De ahí que los dos partidos mayoritarios hayan dado marcha atrás en sus intenciones, contradicho sus medidas anteriores y se apresten a legislar sumisamente y por vía de urgencia las reivindicaciones de la PAH.

Los movimientos sociales están cumpliendo las funciones que debiera cumplir la oposición parlamentaria. Es obligado que esta establezca cauces de comunicación e intercambio con aquellos. La sociedad cambia a ojos vistas. Los ciudadanos tienen una capacidad de autoorganización y alcanzan una eficacia de acción que amenaza con hacer obsoletos los partidos políticos tradicionales. Ocurre con ellos lo que con los medios en relación a internet. Esta no pone en peligro los medios sino los medios de papel. Internet tampoco pone en peligro la acción política sino solo la de papel, es decir, la de los partidos.

(La imagen es una foto de א (Aleph), bajo licencia Wikimedia Commons).

Estampas del verano. A la charca con el monarca.

¿Qué se ha creído este pavo? ¿Que se puede andar zarandeando a los trabajadores así porque sí? Un rey que le echa la bronca a su chófer por una nimiedad no es un rey sino un vulgar patán. ¿Cuál es el mérito de abroncar a alguien que depende de ti y no puede responder? Que venga a abroncarme a mí o a cualquier otro republicano de los que estamos hasta las narices de este parásito que solo da que hablar de él por sus meteduras de pata, sus vergonzosos pasatiempos o sus intentos de salvar a ese yerno impresentable, presunto ladrón de guante blanco.

¿No quiere Juan Carlos aguantar las pitadas y abucheos de la gente indignada por los recortes de la derecha a los trabajadores, los pensionistas, los parados y los privilegios concedidos a los ricos? Pues lo tiene muy sencillo: hable, dígalo, en vez de zarandear al chófer por una menudencia; haga frente a Rajoy y su gobierno de mangantes y meapilas y póngase del lado del pueblo.

Imposible, ¿verdad? De entrada es que ni se le ocurre. ¿Ponerse él del lado de la chusma? ¡Hombre, por Dios, que hay clases! Y, aunque se le ocurriera, faltaría tiempo a los neofranquistas para recordarle que, aunque sea el sucesor del Caudillo por la gracia del mismo Caudillo, él no pinta nada. Más moderados, los constitucionalistas cortesanos, incluidos los de izquierda, le recordarán que, según fórmula acrisolada, el Rey reina, pero no gobierna... salvo que le interese a la derecha, en cuyo caso todas las máximas contitucionalistas se van al garete. ¿No se llevó Rajoy al Rey a presidir el consejo de ministros en el que se aprobaron los recortes, o sea el expolio de los trabajadores y clases medias en general? ¿No aparece así como responsable o cómplice de esas políticas injustas? Algún alma caritativa podría intentar salvarle la cara argumentando que no lo hizo con mala intención, sino solamente empujado por su innato atolondramiento. Cierto, atolondrado lo es un rato largo, tanto que se parece mucho al inspector Clouseau, cuando intenta atravesar las cristaleras sin abrirlas o se da en el morro con el quicio de una puerta. Pero el gesto de presidir el consejo de ministros en que se privó de su derechos a cientos de miles de personas no era atolondramiento, sino colaboración.

¿De qué se extraña si la gente lo pita y abuchea? Y que se dé con un canto en los dientes de que las cosas no vayan -de momento- a mayores.

El rey se reúne de comilona con los empresarios más poderosos del país, para hablar, según dice de la crisis. Es decir, se reúne para hablar de la crisis con sus más directos beneficiarios. Es cierto que también recibió a Toxo y Méndez en La Zarzuela a primeros de agosto, pero eso es algo atípico. Tan atípico que hasta los dos sindicalistas se pusieron corbata que jamás hizo tanta justicia al origen histórico de la prenda, símbolo de las sogas que llevaban al cuello los esclavos. Lo que le va al rey es el yantar con los ricos, con los que le hacen regalos y sacan partido de su cercanía al monarca para hacer más negocios. Como su yerno. Lástima que a este lo perdiera la tontuna y la codicia. A estas alturas ya podría ser uno de los comensales del rey, empresario de éxito y respetado.

En resumen, Juan Carlos, que no eres ya un chaval: no se matan elefantes por entretenimiento en escapadas clandestinas y picaronas cuando uno preside el World Wildlife Fund, ni se zarandea al chófer cuando uno tiene que aguantar los pitidos de su amado pueblo.

Abdica, hombre, antes de hacer alguna otra estupidez que comprometa más el destino de una corona de inexistente legitimidad. Y fíjate que Palinuro te da el consejo desinteresadamente puesto que, como republicano correoso, lo que le interesa es que te la pegues ya del todo para reclamar la IIIª República.

(La imagen es una foto de SalamancaBlog.com, bajo licencia Creative Commons).

¿Que incita a la violencia?

En 1939, hace ahora 73 años, terminó la guerra civil que desencadenó un grupo de militares delincuentes y genocidas contra el gobierno legítimo de la IIª República española. Fue un acto de violencia fascista contra un régimen liberal, democrático y pacífico con ayuda de los países fascistas de la época, Alemania, Italia y Portugal. Al concluir las hostilidades, los militares delincuentes establecieron unas dictadura totalitaria y ejecutaron un minucioso plan de genocidio, consistente en asesinar a cientos de miles de personas desarmadas, torturar a muchas más y aterrorizar así a una población indefensa que había quedado a merced del vencedor después de la contienda solo para descubrir que el vencedor no conocía la piedad ni la clemencia que sus curas, sin embargo, predicaban en los púlpitos. Esta labor de exterminio de los rojos (esto es, todos quienes habían hecho algo por la República, fuera lo que fuera, desde combatir en su defensa hasta haber participado en las festividades del 14 de abril) siguió durante los años siguientes más o menos hasta finales de los cincuenta.

En un ejemplo paradigmático del trastorno psíquico que los psicólogos llaman "proyección", los militares genocidas y sus auxiliares (los curas, los falangistas, los banqueros, etc) "juzgaban" (puras farsas), condenaban y ejecutaban sumariamente o simplemente asesinaban en las cunetas de las carreteras a los rojos (y mucho cuidado porque, para los descendientes ideológicos de estos criminales que están hoy en el gobierno, seguimos siendo eso, rojos), acusándolos de sublevación militar, es decir, acusándolos de los crímenes que habían cometido ellos. Los soldados, civiles y milicianos que habían cumplido con su deber defendiendo el régimen legítimo y pacífico de España, sus instituciones y su bandera, frente al asalto de una banda de forajidos sangrientos, pasaron a ser los criminales, los sublevados, los violentos según, claro está, los medios de comunicación de la época, todos ellos sujetos al férreo mando militar y sometidos a la censura política previa o posterior, de la que se encargaba precisamente el falangista Fraga Iribarne, luego fundador del PP.

Esa proyección, ese dar la vuelta a las cosas propio de los criminales fascistas que gobernaron España durante 40 años en la época más tenebrosa de la historia patria es la que esgrime el actual gobierno de la derecha, del partido fundado por el ministro del genocida, de herederos ideológicos de los criminales del 36.,

¿Que la bandera tricolor incita a la violencia? Es igual que decir que los militares que mantuvieron su honra y honor defendiendo el régimen al que habían jurado lealtad frente al asalto de los criminales perjuros eran los delincuentes. Revela la misma mentalidad canalla en los gobernantes actuales.

Y hoy eso es tan falso como entonces. Los republicanos no se habían sublevado contra nadie y la bandera tricolor es símbolo de paz y legitimidad. La que es ilegítima e impuesta por la violencia es la roja y amarilla de los fascistas victoriosos en la guerra y que el Estado español la tenga por oficial no la hace legítima sino que plantea preguntas (de respuestas obvias) sobre la legitimidad de ese Estado.

Pero es que, además de legítima, la bandera republicana es legal, según sentencia del 15 de diciembre de 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba una decisión del Ayuntamiento de Torrelodones (entonces del PP, claro) por la que se ordenaba retirar una bandera republicana de un chiringuito de IU porque ... ¡podía incitar a la violencia!

Como se ve, los franquistas reinciden y reinciden porque lo que quieren es suprimir la bandera tricolor misma y, como ya no pueden asesinar a los rojos, tratan de despojarnos ilegalmente de nuestros símbolos. En el fondo, la razón es clara: la bandera republicana no solo es legítima y legal sino símbolo de la justicia, la libertad y la igualdad y su ondear recuerda a estos neofranquistas del gobierno su procedencia ideológica: el crimen, el terror, el genocidio que tratan de ocultar como sea.

Pero ese abuso de los gobernantes no puede quedar impune. La izquierda tiene la obligación de defender el empleo de los símbolos republicanos todos ellos pacíficos. Esa multa es ilegal y hay que hacer que la retiren. Nuestros representantes están para eso, no para achantarse y bajar la cerviz frente a la chulería y el fascismo de los herederos de un genocida.
(La imagen es una captura del blog Unidad Cívica por la República, bajolicencia Creative Commons).

Las aventuras de la Monarquía.

La democracia es un régimen de opinión, qué le vamos a hacer. Lo decía Platón que por eso la despreciaba pues tenía la peor opinión de la opinión. Igual que su discípulo, Aristóteles, si bien este, como era más concreto, motivaba la mala opinión en el hecho de que, en la democracia, los muchos y pobres, al tener el poder, se dedicaban a saquear a los pocos y ricos. Una idea tan aparentemente certera que los pocos y ricos decidieron adelantarse y, cual si estuvieran en guerra preventiva, expoliaron a los muchos y pobres. Y es lo que siguen haciendo, por si luego dice alguien que las teorías de los intelectuales no sirven para nada.

La consigna, tan repetida en el campo monárquico, de la monarquía democrática es un contrasentido. Suele mitigarse señalando que el Rey, al fin y al cabo, no gobierna; que no pinta nada, vamos y su valor es puramente simbólico. Ciertamente, la intención de forjar un régimen en que el Rey y la representación popular tuvieran el mismo peso, esto es la idea de la soberanía compartida entre el Monarca y el Parlamento, aunque se intentó, no prosperó. De aquí la formulita de "monarquía parlamentaria" que ladinamente desliza la Constitución española de 1978, luego de haber reconocido que la soberanía reside en el pueblo español. Así que, como el Rey no pinta nada sustancial y el soberano es el pueblo, la fórmula primera debiera ser "democracia monárquica". Pero esto suena ya a pitorreo. Con "monarquía parlamentaria" en la CE y "monarquía democrática" en el lenguaje coloquial nos hemos quedado.

Pero la democracia, repito, es un régimen de opinión. Se basa en la decisión de la mayoría y las mayorías ya se sabe que son erráticas, imprevisibles, caprichosas. Cientos de varones ilustres nos han advertido a lo largo de los siglos sobre los vicios de las mayorías. Su deslealtad, su desvergüenza, su irracionalidad. Los más adustos (y misóginos) han recordado que las mayorías tienen alma liviana y tornadiza, como la de las mujeres y qué más se quiere. Pero son las mayorías y gobiernan porque la soberanía reside en el pueblo y este se manifiesta a través de ellas.

¿Y cuál es la opinión de la mayoría sobre la Monarquía? Los datos del CIS son que bastante baja. Es cierto que en los discursos publicados, en la retórica de los partidos (y no de todos) hay un espíritu protector de la Monarquía que nos insta a entender la importante función que cumple la institucion en la salvaguardia de la unidad de España y la legitimidad de sus otras instituciones. Igualmente se da una especie de convicción generalizada de que no es justo extrapolar a la institución las andanzas personales de sus allegados. Así razonan sobre todo los dos partidos dinásticos, PP y PSOE (aunque en el caso del PSOE imagino que habrá cierta resistencia interna) y multitud de publicistas y comunicadores,

Pero la pregunta por la opinión de la mayoría también se mueve en esos argumentos. La idea de la instrumentalidad de la Monarquía para la democracia en España suele contrarrestarse recordando que, en sí misma, es una imposición de la dictadura de Franco, un régimen ilegítimo de origen y ejercicio y que no puede legitimarse en atención a sus resultados por razones obvias. En cuanto a la cuestión de la extrapolación, hay mucha tela que cortar. La idea de que el comportamiento de los allegados a la Corona no puede ensombrecer a esta no es sin más admisible porque una de las exigencias que lógicamente se hace siempre a los allegados es que su comportamiento debe ser virtuoso e irreprochable. Los allegados y, por supuesto, el mismo Rey. ¿Tampoco se proyecta sobre el prestigio de la Corona el comportamiento de quien simbólicamente la porta? Entonces, lo simbólico, ¿en qué diantres consiste?

Que el Rey, al parecer, se lleve fatalmente con la Reina; que su conducta sea supuestamente liviana, disoluta, reprochable; que haya, se dice, amasado una enorme fortuna en actividades que son incógnitas; que, según parece, ande en trapicheos y compraventa de regalos de lujo que recibe; todo eso, puede predicarse, pertenece al más estricto ámbito privado del Monarca pues este, como cada hijo de vecino, tiene derecho a una intimidad inviolable. Puede predicarse pero es prédica inútil. La opinión, el pueblo soberano, no es como los jueces que, cuando se enteran de que una prueba se ha obtenido ilegalmente, la ignoran. La opinión no solamente no ignora sino que, convencida de que la pruebas obtenidas ilegalmente son más verdaderas que las otras, las de los canales institucionales que suelen estar amañadas, les dan mayor valor.

La baja opinión popular sobre la Monarquía traduce baja opinión sobre el Monarca porque el Monarca representa la Monarquía y no de nueve a tres, sino las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días de todos los años de su reinado. Nobleza obliga. Pero si, sobre lo ya sabido, se confirman relaciones objetables con la trama de su yerno, el desprestigio del Rey será mayúsculo.

En fin, no quiero liarla ya que, según dicen los prohombres de la Patria, hay cosas en que pensar más importantes que esta. Pero no me quedo tranquilo si no formulo otro argumento francamente favorable a la República y es que no conviene nada vincular la jefatura del Estado a una familia, para no tener que padecer después sus líos internos pues con los de cada cual ya tenemos bastante.

(La imagen es una foto de SalamancaBlog.com, bajo licencia de Creative Commons).