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sábado, 4 de diciembre de 2010

Revelaciones y revoluciones.

Cuando Reagan militarizó a los controladores aéreos

(Gracias, Félix)

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Los papeles de Assange son como esos almacenes de productos de pirotecnia que un buen día se incendian y los artificios empiezan a estallar uno tras otro con los más diversos efectos. Hoy te enteras de que la vicepresidenta del Gobierno socialista, la que parecía levitar en presencia de los dignatarios de la Iglesia, se comprometía a intervenir en procesos judiciales para favorecer a los Estados Unidos y mañana de que el señor Aznar no desecha la idea de volver. Necesita, sin embargo, que España lo necesite. No es para menos en quien dio en considerarse a sí mismo como un milagro. Son tracas, petardazos. No llegará la sangre al río; pero lo curioso es comprobar la mentalidad providencialista del personaje cuyo altísimo concepto de sí mismo no conoce límites. Ni los del ridículo.

En fin los papeles de WikiLeaks suponen tal sacudida de los pilares del mundo que la imagen más apropiada es la de Sansón derribando el templo, pero no vista como se acostumbra desde el lado de Sansón, que está ciego, sino del de los filisteos, a los que se les cae el templo encima. Assange viene a ser Sansón, aunque no dé mucho el tipo.

Por cierto que ya se ha puesto en marcha el procedimiento legal y Scotland Yard, que tiene localizado a Assange o eso dice, espera que los suecos cursen la orden de extradición. Seguramente sea el primer paso del final para este hombre al que Palinuro, en una entrada del 24 de octubre calificaba de Un héroe de nuestro tiempo. De Suecia lo extraditarán a los Estados Unidos y, una vez ahí, desaparecerá en alguna prisión federal del interior. O quizá no porque provoca auténtico entusiasmo en amplios sectores de la opinión y habrá escándalo. Lo que nos jugamos aquí es la libertad de expresión.

Porque los cientos de miles de cables filtrados son una revolución.Tanto que ya han comenzado a aparecer explicaciones por la habitual vía conspirativa. WikiLeaks y Assange están, dicen algunos, al servicio del Imperio, son hechura de la CIA o quizá algo peor: un intento de Israel y el Pentágono de azuzar contra sus enemigos, acabar con ellos y alcanzar el control absoluto de internet, eliminando toda opinión crítica. Este tipo de disparates son muy frecuentes, sobre todo dada la paranoia de cierta izquierda dizque pensante. Siempre hay alguien que sabe que el atentado de las torres gemelas lo perpetró el Pentágono o algo así. A esto suele llamarse teoría de la conspiración, lo que es injusto para las conspiraciones, de las que ha habido muchas y muy sonadas en la historia, desde la que acabó con la vida de Julio César hasta la que estuvo a punto de hacerlo con la de Hitler con la Operación Valkiria. Estas otras no son conspiraciones; son disparates, generalmente producidos por alucinados.

En España se producen también otras revelaciones sensacionales al haberse levantado el resto del secreto del sumario de Gürtel. Por lo que se sabe ahora, los imputados hasta la fecha parecen haber tenido montada una empresa para realizar sus latrocinios. Una empresa con una contabilidad minuciosa que ha ayudado mucho a la investigación. Lo más llamativo a la par que condenable es que la red empresarial estaba imbricada en la del partido. Que no solamente se beneficiaban presuntamente los empresarios civiles sino también los cargos públicos y, por último, el propio partido, al que se le financiaban las campañas electorales en dinero negro. Debajo de cada tarima a la que se haya subido la sandunguera señora Aguirre a mitinear en unas elecciones había jugosas operaciones mercantiles que luego repecutían en los generosos mecenas en forma de muchos contratos con la administración pública, otorgados a dedo por el procedimiento fraudulento del troceado de presupuestos. De ser cierto este relato, la imagen que proyecta es la de la España eterna.

Por último, unas palabra sobre la supuesta sedición de los controladores aéreos que obligó a cerrar el espacio aéreo al comienzo del largo puente de la Constitución. El gabinete de comunicación de la organización de estos presuntos huelguistas, que más parecen extorsionadores, debe de estar de vacaciones. La opinión que merecen los controladores es muy mala y, con esta agresión a los usuarios y a los intereses generales seguramente no va a mejorar. Lo de meter a los militares es una prueba más de la importancia que el Gobierno da a la decisión en el actuar. Ha sido una enseñanza de la crisis: que hay que proceder con contundencia frente a la prepotencia de los privilegiados y aplicar la ley sin miramientos cuando, además de la prepotencia se cometan delitos como parece ser el caso con esta sedición que está perjudicando a medio país.

(La imagen es una foto de Gobi, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 30 de septiembre de 2010

Piquetes violentos.

La rehala de comentaristas liberales -de ese liberalismo patrio de cristazo y tentetieso- bate al unísono que la huelga de ayer fue un fracaso total a pesar de la violencia de los piquetes. Ya había sido tema recurrente en las jornadas anteriores: la huelga saldría en donde hubiera piquetes violentos. Al margen de que esto sea cierto o no, pues es mera suposición, sí lo es que, en realidad, la expresión "piquetes violentos" es casi redundante pues los piquetes suelen ser violentos. Ese adjetivo de "informativos" viene a ser una excusa para justificarlos. Por tanto los piquetes violentos son condenables porque en nuestra sociedad, que se dice civilizada, condenamos toda violencia.

Condenamos toda violencia siendo de suponer que sabemos qué condenamos, esto es que sabemos qué sea la violencia. Y eso es problemático. De entrada no es cierto que condenemos toda violencia sino solamente la que no proviene del Estado ya que la de éste nos parece legítima. ¿Y sólo hay esas dos violencias, la ilegal de los piquetes y la legítima del Estado? De nuevo depende de lo que se entienda por violencia. Si se ve como la aplicación de la fuerza física, la coacción material con resultado de violación de derechos, no hay duda; pero si se entiende asimismo como la aplicación de la fuerza psíquica, la coacción moral con igual o peor resultado, empiezan los problemas. Y sin embargo violencia es; y peor.

Para entender la violencia empresarial basta ponerla por pasiva. La siniestralidad laboral en España es altísima. El de obrero es un oficio de riesgo. Según los datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre agosto de 2009 y julio de 2010 hubo en España más de medio millón de accidentes leves, 4.756 graves y 591 mortales. Lo que equivale en un año a la mitad de los asesinados por ETA en toda su historia. Y sólo en el tajo. Eso no se clasifica como violencia, pero lo es porque afecta al derecho fundamental por excelencia: el derecho a la vida y está presente en todos los países. Si alguien piensa que exagero, que explique porqué los trabajadores de Apple en Taiwán se suicidan a puñados, once suicidios en lo que llevamos de año, algo más de uno al mes.

Hay en España casi cinco millones de parados, personas que sobreviven como pueden en medio de su zozobra sobre si conseguirán salir de ésta. Ello no es únicamente culpa de los empresarios y financieros sino que el Estado se lleva también su parte. Lo mismo que con la siniestralidad en la que, al margen de la imprudencia que pueda darse entre los trabajadores, la mayor culpa recae sobre los patronos por no imponer la seguridad y sobre las autoridades públicas por no vigilar que sea así. El paro no se considera violencia, pero lo es y afecta a otro derecho fundamental, aunque con menor protección jurídica, el derecho al trabajo. Es una forma de violencia intrínseca a las relaciones capitalistas de producción.

Según cálculos del INE basados en la Encuesta de Condiciones de Vida para 2004 la tasa de pobreza en nuestro país era de casi el 20 por ciento de la población, unos nueve millones de personas. La pobreza es una forma de violencia que atenta contra el derecho a llevar una vida digna. Y es así porque no es una condición natural o genética sino producto de unas relaciones sociales (mal) determinadas. Es violencia que se desprende del funcionamiento normal del mercado.

Violencia es el conocido y generalizado chantaje empresarial de amenazar con el despido al posible huelguista. Téngase en cuenta que los precarios alcanzan los once millones, chantajearlos es muy fácil y sale gratis porque no se detecta, no es violencia física. Simplemente, no te renuevan el contrato, cosa que no se puede denunciar. No aparece como violencia, pero lo es y de las más duras porque el personal se juega el cocido. Y junto a ese chantaje, tan extendido como oculto, ¿no es violencia el acoso sexual y el acoso laboral que sólo recientemente han comenzado a ser tratados por lo penal? Pero sólo recientemente. Y afectan al derecho al honor, a la intimidad, a la salud.

El señor Díaz Ferrán, patrono de patronos, entre otras lindezas, ha dejado de pagar el sueldo de los empleados de una de sus empresas durante tres o cuatro meses: decenas de personas, de familias, que viven endeudándose o recurriendo a la solidaridad de parientes y amigos y sin saber si cobrarán o no, si trabajarán o no. Igual que el Ayuntamiento de Madrid, que lleva tres meses sin pagar la nómina de los empleados de recogida de basuras que dependen de un intermediario. Esa dejación atenta contra el derecho a la dignidad humana puesto que obliga a las personas a trabajar gratis, como los esclavos. Es violencia aunque no se clasifique como tal, y aunque el responsable no solamente no sufra el condigno castigo sino que sea el representante de los empresarios.

Es un sistema perverso, basado en la violencia de las relaciones económicas injustas pero que reduce la acusación de la práctica de aquella a una actividad concreta de un sector social determinado un día cada seis u ocho años: los famosos piquetes que, sin embargo, no son sino una manifestación esporádica en un contexto de violencia cotidiana que no se admite como tal. El capitalismo es un sistema fundamentado en la violencia y reducir ésta a la que practiquen ocasionalmente los desfavorecidos es una muestra de hipocresía.

De eso se encargan las cohortes mediáticas que todos los días dominan las ondas con fuego graneado de infamia, insulto y ataque, una violencia verbal incontenible, a lo largo de la trinchera, permanente, acorazada frente a cualquier tentación dialogante. La violencia verbal, las injurias, los exabruptos, son violencia a secas con resultado de atentado al derecho a la información y a la discreción, la cortesía y el buen gusto, que no son derechos pero debieran serlo.

Al condenar la violencia se condenan muchas cosas, bien se ve. No hay inconveniente en comenzar con la de los piquetes. Vayamos ahora a la del paro, la siniestralidad laboral, la precariedad, la subalternidad de las mujeres, la pobreza. Luego, ya veremos.

La imagen es una foto de Ferminius, bajo licencia de Creative Commons.

martes, 28 de septiembre de 2010

Hay que parar.

Hay que parar por nosotros mismos, para recuperar algo de la estima perdida en estos ya largos años de retrocesos y concesiones ante el ataque del capital.

Por nuestros hijos, para que no hereden un mundo en el que sus padres dilapidaron lo que sus abuelos consiguieron.

Por nuestros padres, que no sientan que sus luchas y sacrificios resultaron baldíos al no tener continuidad en nosotros.

Por nuestra más acrisolada tradición de defensa del trabajo, de la que no debemos ser los enterradores.

Por aquellos que, queriendo parar, no pueden al estar sometidos al chantaje de la patronal que los amenaza con la pérdida del empleo, diga la ley lo que diga. Pues es muy bonito decir que se va a la huelga cuando sólo se arriesga un día de paga.

Por aquellos que, no teniendo para llegar a fin de mes tampoco pueden permitirse perder un día de paga, aunque no pierdan el puesto de trabajo.

Por quienes también quisieran parar pero no pueden por estar ya sometidos a esa forma de terrorismo empresarial que es el paro.

Por los sindicatos que, con todo lo reformistas y acomodaticios que son, constituyen la única barrera que se interpone entre los trabajadores y la insaciable codicia y sed de explotación del capital.

Por el conjunto de la sociedad, para que no esté acogotada por las imposiciones del capital y el griterío de sus publicistas en nómina.

Por el mismo gobierno para que, a la hora de enfrentarse a la patronal saque fuerzas, ya que no de sus principios y convicciones, cuando menos del temor a las acciones de los trabajadores.

Por Europa, pues no hay que olvidar que se trata de una jornada europea de movilizaciones y hay que estar a la altura de las circunstancias.


viernes, 24 de septiembre de 2010

De la huelga

Asegura el Publiscopio, la encuesta ocasional que hace Público, que el 54 por ciento de los ciudadanos dice que hay razones para una huelga general. Pero sólo un 20 por ciento afirma que irá a ella, en lo esencial porque no servirá para nada. De donde los expertos concluyen que los ciudadanos no son un prodigio de coherencia. Pero también puede haber motivaciones que dejen a salvo la coherencia porque el mundo no es en blanco y negro sino muy colorido.

Los sindicatos están en una posición desventurada. Han hecho todo lo posible por no ir a la huelga y, al final, han tenido que hacerla a regañadientes y tarde y más que han tardado convocándola con tres meses de antelación. Así resulta que Francia lleva ya cinco huelgas generales de ventaja. Además de ir a regañadientes, los sindicatos desconfían de que salga ni medio bien y temen que eso revele las vergüenzas de su falta de apoyo. Y si los que la convocan no creen que salga, ¿cómo animan a los convocados a ir a ella? La proclama huelguista se dirige sobre todo a los trabajadores de tipo tradicional, los llamados de "cuello azul", o sea, de mono, en una sociedad en la que estos son una minoría menguante, aproximadamente la mitad de los trabajadores del sector servicios, que son de "cuello blanco" y que no se sienten convocados. Los sindicatos debieran interpelar a toda la sociedad porque, en principio, es ella la agredida en su inmensa mayoría por unas políticas de ajuste neoliberal que no respetan ningún tipo de rentas, salvo las de la banca y algunas, pocas, grandes empresas.

La derecha está que echa las muelas en contra de los huelguistas, los sindicatos, los liberados y, ya de paso, la normativa laboral en su conjunto. Insulta, denuncia y agrede. Quiere poner fuera de la ley a los sindicatos. Es curioso porque, con motivo de la primera huelga general en 1988, también contra un gobierno socialista, la derecha vio la ocasión de atacarlo y animó a los huelguistas hasta el punto de sostener que los sindicatos podían llegar a ser el verdadero partido de la oposición al odioso felipismo. En esta ocasión parece que el instinto de clase ha prevalecido sobre la conveniencia política. ¿A dónde vamos a llegar así? Los obreros, al tajo y a callar.

A su vez el Gobierno, muy dolido de que il fratello sindicale le juegue esta mala pasada, parece tener una de sus habituales crisis de ansiedad que se manifiestan en que su presidente dice una cosa y la contraria con el mismo aplomo aunque ante gentes distintas, de momento. En la ONU alza la bandera de la Tasa Tobin, que es la reivindicación de Attac, es decir, razona como un altermundista. Al día siguiente se reúne con los tiburones de Wall Street y les jura que su gobierno dejará el déficit en el 3 por ciento del PIB en 2012, todo el mundo intuye cómo, a lo neoliberal, para entendernos. Y un día después, recién llegado al suelo patrio, se siente socialdemócrata y anuncia que hay margen para ampliar un poquito el gasto público y, con mayor contundencia redistributiva, pone en marcha un aumento de la carga fiscal de las rentas superiores a 120.000 euros, exactamente la medida de la que una semana antes había dicho (él mismo o algún ministro) que ni se consideraba. El Gobierno quiere probar a los sindicatos que huelgan contra los suyos, contra la izquierda. Y que, por lo menos, se les quede mala conciencia.

La patronal no pierde paso de oca y, tras haber empujado a los sindicatos a la huelga, ahora quiere que fracase para tenerlos a su merced. Es más, cree necesitarlo porque teme o dice temer que, si la huelga triunfa, el Gobierno, para congraciarse con los soviets, podría ponerse a nacionalizar empresas o hasta la banca. ¿De dónde, si no, saldría el dinero para realizar esa reclamación permanente de una banca pública? De expoliar a la privada. Por eso han lanzado a la muchachada mediática a linchar a los sindicalistas.

La Iglesia ha hecho mutis salvo en algún caso en que lo que ha hecho ha sido un ridículo celestial con ese obispo del Sur que salió defendiendo la huelga y acto seguido hubo de desdecirse. La huelga es un invento demoníaco que saca al honrado trabajador de sus casillas y le hace creerse igual al patrono.

Vistas las cosas mi opinión personal es que la huelga es justa. El Gobierno sólo cede ante las presiones (y, ante las presiones, cede) y el único modo de presionar que tienen los trabajadores es la huelga, como en general todos los ciudadanos ordinarios. La otra forma son las elecciones, pero sólo funciona cada cuatro años y no es posible matizar como cuando se hace una huelga a un gobierno al que, sin embargo, se vota. Los otros, los clanes, las jerarquías, los consorcios, los monopolios u oligopolios, las grandes fortunas, los estamentos poderosos pueden presionar de mil maneras. Sin descartar la huelga (generalmente llamada “cierre patronal”) como se muestra en la famosa novela de Ayn Rand, La rebelión de Atlas en la que hacen huelga, entre otros, los capitalistas, los banqueros, los grandes filósofos y otros personajes de similar alcurnia.

Debieran hacer huelga todos los ciudadanos, incluidos muchos políticos. Carece de sentido que la señora Aguirre o el señor Camps, quienes habitualmente desobedecen o tergiversan las leyes de las Cortes, no aprovechen la ocasión para ponerse en huelga contra el Gobierno central.

Es lo que pasa, que en esta huelga o frente a ella, hay mucho instinto de clase. ¿Cómo se atreven los trabajadores a plantarse cuando hay casi cinco millones de parados a los que también gustaría hacer lo mismo? ¡Servicios mínimos máximos!

miércoles, 15 de abril de 2009

Bien por Evo Morales.

Habiendo conseguido su objetivo de que el Parlamento boliviano apruebe la ley reguladora de los próximos comicios generales en diciembre, el señor Evo Morales ha puesto fin a la huelga de hambre que inició con otros seguidores suyos el jueves pasado. La ley aprobada ha sido resultado de una transacción final en la que el oficialismo ha hecho algunas concesiones en cuanto a la cantidad de escaños reservados a los indígenas, el voto de los bolivianos residentes en el extranjero y la elaboración del padrón; pero ha salido adelante. Y lo ha hecho gracias a la actitud del primer mandatario cuyas formas y estilo rompen las convenciones de los sistemas políticos occidentales. Que el presidente de la República comprometa su salud y su vida con una medida de gobierno demuestra que tiene una alta idea moral de la política que lo engrandece a él y dignifica su acción. Compárese al señor Morales con el señor Fujimori y dígase qué lugar ocupa cada uno en la escala de valores que el mundo dice respetar.

Viendo las imágenes del señor Morales en huelga de hambre me vinieron a la memoria las del Mahatma Gandhi en igual tesitura en varias ocasiones y por motivos más o menos similares. Los dos, el Mahatma Gandhi y el indio Morales, son guías espirituales de sus pueblos y los dos merecen el reconocimiento de quienes creemos que la política es actividad al servicio de nobles ideales y del bien común.

(La imagen es una foto de Periódico La Democracia, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 19 de febrero de 2009

Huelga de jueces.

"Los jueces no tienen derecho de huelga" dice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Por que no? ¿Porque lo dice el CGPJ? Y ¿quién es el CGPJ para decidir sobre los derechos de los ciudadanos, sean jueces o tragasables? Nadie, no es nadie.

Mientras una ley orgánica no diga taxativamente lo contrario los jueces tienen derecho a la huelga porque éste está reconocido en la Constitución que no excluye de él a sus señorías. Ayer escuché también a un prominente opinador diciendo que (y cito textualmente) "no todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido". Pues va a ser que sí, que así es, guste o no a este aprendiz de Torquemada: está permitido todo lo que no esté expresamente prohibido. En la entrada anterior se veía con qué facilidad sale el bicho censor que todos llevamos dentro. En ésta, con qué facilidad sale el autoritario guardia de la porra. ¡Cuánto daño ha hecho el franquismo!

Claro que los jueces tienen derecho a la huelga mientras no se les prohíba por ley orgánica. Otra cosa es que moral o políticamente deban ejercerlo. Yo no lo hubiera hecho, pero ellos están muy en su derecho.

(La imagen es una foto de Público, con licencia de Creative Commons).

domingo, 1 de febrero de 2009

España: estos jueces no te los mereces.

El estamento judicial debe sosegarse y serenar su ánimo. Nada gana un país si quienes están obligados a ser acuánimes muestran no poder controlar sus pasiones. El Cristo que se ha armado con la iniciativa del juez Andreu de la Audiencia Nacional ha desatado tal cúmulo de disparates en el ámbito público que uno duda sobre la racionalidad de los dirigentes sociales. Los israelíes se han cabreado y la han tomado con el Gobierno español sin duda porque creen que es su deber controlar qué hacen los jueces, una actitud que dice mucho sobre la idea israelí de la división de poderes y la que tienen de la que hay en España. Claro que, a continuación, escucho atónito que el Gobierno español pudiera estar pensando en la posibilidad de limitar la jurisdicción universal española. Si lo hace por ley, al menos a efectos internos puede hacerlo, pero en tal caso, la jurisdicción universal ya no será universal. Habrá o no una forma jurídica de proceder pero está claro que es ilegítima. La jurisdicción universal, que es recíproca, por supuesto, no puede depender de límites impuestos por razones políticas. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, en gran medida lo que importa es un asunto simbólico. La decisión del juez Andreu no tiene efecto alguno porque Israel no es parte recíproca, no reconoce jurisdicción universal alguna y no admite la Corte Internacional de Justicia ni acata sus decisiones. Por tanto, no hay nada que hacer jurídicamente. Pero eso saca a la luz pública el estatus internacional de Israel en cuanto Estado... ¿cómo? ¿delincuente? ¿terrorista? Téngase en cuenta que el frente de propaganda es vital en la estrategia de Israel.

La crítica a los jueces no puede venir por el hecho de que no se plieguen a la razón de Estado, tanto si la tal razón la esgrimen unos como si lo hacen otros. Al contrario, viene si ceden a la razón de Estado y a consideraciones corporativistas. Esa AN que hoy pretende empapelar a varios cargos políticos y militares israelíes que perpetraron una matana en Gaza en 2002, ¿es la misma AN que se niega a abrir las fosas comunes de los asesinatos fascistas en España? Esa fiscalía que hoy anima al juez de instrucción a proceder contra los acusados en Israel ¿es la misma que negó competencia al juez Garzón para investigar los crímenes del franquismo en España? ¿Es la misma fiscalía que se opuso con uñas y dientes al procesamiento de don Augusto Pinochet, dictador chileno, único jefe de Estado que asistió a los funerales de su amado maestro, Francisco Franco Bahamonde?

Fuera, sí; dentro, no. Eso es lo que no resulta de recibo en el proceder de la Audiencia. Parece como si estuviera diciendo que se arroga el derecho a perseguir el delito en todas partes excepto aquí, a proteger a todos los ciudadanos del mundo excepto a los españoles. Es algo tan absurdo, tan ilógico y, en el fondo, tan inmoral que, si fuera israelí, en lugar de cabrearme por la decisión del juez Andreu, incoaría en Tel Aviv un proceso para abrir las fosas en España para buscar los huesos de las personas asesinadas en crímenes de guerra cometidos por el Gobierno español entre 1939 y 1951. Jurisdicción universal, sí señor.

De la huelga prevista por sus señorías tengo poco que decir salvo la cuestión de formas. Eso de que los jueces no tengan derecho de huelga no me ha parecido jamás ni medio aceptable. Excepto el Rey y los políticos electos, los demás ciudadanos, todos sin excepción, tienen derecho de huelga. Lo que los diferencia es la importancia de los servicios mínimos. Pero nada más.

La cuestión es de formas. La izquierda judicial anda indignada porque la izquierda política dice que la huelga es corporativa. Pero es que lo es. Y la idea de la izquierda judicial de que la huelga no es corporativa porque la apoya ella no es convincente ni para el partido de la izquierda. ¿Qué sentido tiene mantener la amenaza de huelga con independencia del resultado de las negociaciones con el Gobierno sino es el de ir a la confontación sin más?

Porque las cosas son muy complejas, señores jueces. Por ejemplo: la justísima reivindicación judicial de la necesidad de coordinar informáticamente toda la administración de justicia. ¿Qué se desprende de aquí? La pasmosa noticia, nueva para muchos ciudadanos, aunque Vds. crean que no, de que la administración de justicia en España en 2009 no estaba informáticamente coordinada. ¿Quiere eso decir que la administración española de justicia no tiene una base de datos integrada? Eso no es posible. Tiene que haber un error. Pero habría que saber en qué medida la desastrosa situación informática de la justicia no es achacable a la resistencia numantina de los jueces, sobre todo los mayores, para adaptarse a las nuevas tecnologías. Pasa en todas partes en la administración pública: los funcionarios, sobre todo donde no hay medidores de productividad (por ejemplo, los jueces) tienden a no esforzarse en adaptarse a la informática.

Conste no obstante que me parece magnífico que los jueces vayan a la huelga para presionar al Gobierno y al Parlamento para que pongan la administración de justicia española a la altura del siglo XXI europeo y no del XIX español. Por favor.

(La imagen es un cuadro de James Ensor, Los jueces prudentes)


martes, 13 de enero de 2009

Los jueces, una de cal y otra de arena.

Ha hecho muy requetebién el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desistiendo de ir adelante con ese disparatado proceso político a los señores Ibarretxe, López, Otegi y otros. Carece de sentido abrir vista oral a petición exclusivamente de la acusación popular, sin acusación particular y en contra de la expresa voluntad del fiscal. Equivale a dar vía libre a las venganzas políticas o los ajustes de cuentas y, en este caso, confundir lo político con lo judicial y cargarse de un plumazo la separación de poderes pues se convierte a los tribunales en instancias para exigir la responsabilidad política del gobierno o de los partidos. Un dislate integral. De paso habría que revisar el proceso penal español. Eso de que un juez de instrucción pueda ordenar apertura de juicio oral en contra de la opinión de fiscal y por su único parecer es poner a los justiciables en manos de las posibles arbitrariedades de los jueces, que las hay y no son infrecuentes.

Por otro lado, las asociaciones profesionales de jueces y magistrados están en pie de guerra contra el gobierno y amenazan con ir a la huelga. Muchos dicen que no asiste a los jueces ese derecho pero la verdad es que no se ve por qué no. La Constitución lo reconoce a todos los trabajadores y, por lo tanto, deben tenerlo también los jueces. Otrosí sería verdaderamente pintoresco que los jueces, cuya función es interpretar y aplicar la ley, adoptaran una decisión colectiva ilegal. En principio y por si hay dudas, si los jueces amenazan con ir a la huelga será porque son titulares de ese derecho.

Ahora bien, son titulares sui generis porque constituyen uno de los poderes del Estado que no se supone puedan o deban recurrir al expediente de la huelga. Uno no ve a los otros poderes del Estado holgando. Salvo el caso de Amadeo de Saboya, conocido como "el Rey huelguista", no resulta comprensible que Jefes del Estado se declaren en huelga. Como tampoco los ministros o parlamentarios. Pero el caso de los jueces es distinto porque si bien son un poder del Estado (y un poder individualizado, personalizado en cada uno de ellos) también son funcionarios públicos y, como tales, titulares de ciertos derechos. Por lo demás, es de esperar que si los jueces hacen huelga sea con buen juicio que para eso son jueces. No estaría nada bien una llamada "huelga salvaje" de la judicatura.

Otra cosa es la oportunidad y legitimidad política de la medida porque casi parece una pataleta por las reacciones ante la evidente muestra de corporativismo de que dieron muestras hace poco con motivo de la sanción al juez Tirado. Acerca de esto del corporativismo de la judicatura se han visto y leído cosas muy principales. No hace mucho publicaba don Perfecto Andrés Ibáñez un artículo en El País con título tan expresivo (Jueces: la insidia del "corporativismo") que no requiere mayor comentario. Los jueces, sostiene don Perfecto, no son corporativistas. Si se movilizan por primera vez a raíz de la contraria reacción social que ha provocado la ridícula sanción que su órgano de gobierno ha impuesto a uno de ellos no es a causa de corporativismo sino por una coincidencia fortuita de carácter astral.

(La imagen es una foto de Rodolfo Palominos, bajo licencia de Creative Commons).

jueves, 6 de noviembre de 2008

La sociedad fragmentada.

El último número de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (octubre-diciembre de 2008, CIS, Madrid, 2008, 282 págs.) trae una serie de trabajos sobre aspectos muy diversos de nuestra sociedad y tratados a mi entender con distinto nivel de rigor conceptual.

El ensayo de Manuel Arias Maldonado (La globalización de los movimientos sociales y el orden liberal. Acción política, resistencia cívica, democracia) es un muy interesante intento de comprender y explicar la creciente actividad transnacional de la acción colectiva a partir del hecho de que en buena medida los movimientos sociales globales son movimientos antiglobalización (p. 14). Este movimiento antiglobalización es fluido, diverso y difícil de entender con los parámetros clásicos de análisis de los movimientos sociales (p.22). Establece el autor una conveniente distinción terminológica entre las formas de los movimientos sociales: a) movimientos sociales transnacionales; b) movilización colectiva global; y c) movimiento social global, un movimiento social emergente que se nutre de la resistencia a la globalización. No estoy muy seguro de que la distinción entre b) y c) sea verdaderamente útil. Entra después Arias en la conexión entre los movimientos antiglobalización y la democracia representativa con el intento de aquellos de superar las instituciones de esta democracia (p. 29). En el límite el sujeto de la acción es la multitud que las instituciones liberales no pueden asimilar y que suscita la acción cívica global (p. 31). Este activismo cívico posee un factor sentimental muy fuerte que lo convierte en un estilo de vida (p. 34) Pero, señala el autor, corre el peligro de la asimilación mercantil de la cruzada antiglobal y lo ejemplifica con la paradoja del concepto situacionista de la sociedad del espectáculo de Debord al que se rechaza con los mismos instrumentos que denuncia (p. 36). No acabo de entender por qué ha de ser paradójico que al concepto debordiano le suceda lo que él dice que les sucede a los demás. Concluye Arias que la globalización de los movimientos sociales ha reforzado el proceso de su paulatina integración en el sistema político liberal (p. 39) lo que, aparte de oscurecer la distinción conceptual de que partía ya que no parece que movimientos sociales y movimientos antiglobalización sean cosas categóricamente distintas sino distintos momentos de la misma cosa, no dice nada que sea habitual en la dinámica social y deja sin explicar por qué la "integración en el sistema político liberal" haya de ser contraproducente ni siquiera.

José Ángel Bergua Amores (Diseñadores y tribus. Una aproximación sociológica a la creatividad en el ámbito de la moda) es un original ensayo de investigación cualitativa a base de entrevistas en profundidad hechas a diseñadores de la provincia de zaragoza y tribus del mismo lugar para tratar de averiguar algo desde un punto de vista sociológico sobre el proceso creativo de la moda. Apoyándose en Maffesoli, atribuye a las tribus los rasgos de querer vivir el presente, el fomento de la "religancia", la consideración de la vida colectiva como un teatro y la coparticipación estética de los sujetos (pp. 48/49) Los datos del universo de diseñadores que toma en cuenta para la muestra fueron la edad, el género, la situación profesional y la provincia así como el ámbito concreto de la actividad (p. 55). En las entrevistas en profundidad separa la faceta exotérica de la esotérica del acto creativo (p. 56). Todo lo cual le permite enumerar una serie de curiosas consideraciones que presenta como una "salida" o "exoducción" para alcanzar una mejor conocimiento de la creatividad. Son éstas: 1) la alta costura empezó en los ambientes aristocráticos y se ha ido popularizando hasta buscar inspiración en los ambientes "pobres"; 2) los jóvenes presentan dos tipos de diferencias: la differance de Derrida y la fragmentación; 3) los creadores tienen que montar espectáculos y escenificar para mostrar sus creaciones; 4) en las sociedades contemporáneas prevalece una heterogeneidad débil después de que la postmodernidad haya rescatado el concepto de multitud como más originario que el constructo de "Pueblo" y en el que se integran de preferencia los jóvenes; 5) cuando reaparece la creatividad estética espontánea de la gente se manifiestan los coolhunters y los diseñadores que cultivan el coolhunting con una función similar a la que tendría el Pueblo frente a la multitud; 6) la comprensión de la creatividad de los diseñadores puede hacerse por medio de metáforas que luego van complicándose, la de las tribus están mucho más alejadas de la imaginación sociológica, razón por la cual el diálogo entre élites o expertos es siempre más sencilla que con las gentes; 7) al juntar las reflexividades de los diseñadores, las tribus y la sociología se ve que los primeros (diseñadores y tribus) tienen un saber hacer, pero no un conocimiento teórico de lo que hacen; ese es el que aporta la sociología que, en cambio, debe reconocer que no tiene conocimiento del saber hacer. Todas esos apartados de la "exoducción" dan que pensar si el fenómeno de la moda no es intrínsecante fragmentario, contingente, tornadizo para la elaboración de una teoría cualquiera, cosa que ha quedado clara, entiendo, casi desde los comienzos de la sociología y, a mayor insistencia, si existe una posibilidad de aproximación teórica al proceso creativo que, no siendo una especie de determinación de su contexto material y empirico, tendría que aventurarse en algo parecido a una lógica de la invención.

Luis Camarero y Rosario Sampedro (¿por qué se van las mujeres? El continuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural) abordan el fenómeno de la masculinización rural poniendo a prueba la hipótesis explicativa tradicional de la huida ilustrada según la cual, la marcha del campo viene movida por mayor nivel formativo (p. 77). La metodología que emplean es un estudio generacional de cohortes originales con seguimiento de los nacidos en áreas rurales de ciertas regiones para determinar cuál es su lugar de residencia y trabajo. Se centran en Castilla y León y emplean la Comunidad Valenciana como elemento de comparación y contraste. Los datos proceden del censo de población de 2001 del INE y las cohortes son los nacidos entre 1952-56 y entre 1967-71. Las mujeres de la cohorte 1952-56 es la llamada "generación ausente", pues quedan menos de la quinta parte en las áreas rurales. Si se atiende a los niveles formativos que, por primera vez, eran similares en los dos sexos, se da que a mayor formación, mayor emigración pero sin que haya diferencias apreciables entre hombres y mujeres. Esa diferencia se da, en cambio en los niveles formativos inferiores (p. 88). Para los nacidos entre 1967 y 1871, hay ya más diferencias en el nivel formativo de varones y mujeres pues aparece una clara sobreformación femenina. El resultado es que crece la sobreemigración femenina y aumenta la masculinización rural (p. 91) Como resultado final: se mantiene la masculinización rural en los colectivos con menor nivel educativo. El nivel de estudios sigue teniendo relación con el continuum de movilidad pero diferenciada por sexos. En los varones los altos estudios significan menor práctica del commuter (frente a la emigración) que en las mujeres (p. 99). No hay pues indicios de que remita la masculinización rural (p. 101).

David Luque Balbona (Un análisis regional de la actividad huelguística en España) advierte que los distintos métodos de cálculo de huelgas (si por horas o jornadas) pueden dificultar las comparaciones. Los indicadores en el estudio comparativo de huelgas son: número de huelgas, número de participantes y número de jornadas no trabajadas (p. 113). La fuente de datos es la Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (EHCP) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Hay un acuerdo más o menos general en el sentido de que en los EEUU la incidencia de las huelgas es procíclica (mayor actividad huelguística con ciclo alto; menor con ciclo bajo y con mayor paro). En Europa no hay una pauta clara (p. 115). En España, gran parte de las huelgas de los decenios de 1980 y 1990 estuvo ligada a las reconversiones minera, naval y siderúrgica. En el periodo de 1986 a 2006 hubo 19.459 huelgas lo que da una media de unas 900 huelgas al año, si bien es cierto que en la segunda mitad del decenio de 1990 estos números descienden sensiblemente (p. 118). Las causas parecen ser: a) cambio estructural de la economía española; b) buena marcha de la economía desde la mitad de los noventa; c) crecimiento de la cantidad de trabajadores por cuenta propia y contratados con contrato temporal; d) el aumento de las presiones competitivas a causa de la globalización (p. 121). A su vez el análisis por Comunidades Autónomas (CCAA) permite al autor establecer tres grupos: a) huelgas frecuentes y de pequeña magnitud (Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja); b) huelgas poco frecuentes y de gran magnitud ( Murcia, Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana); y c) huelgas poco frecuentes y de pequeña magnitud (Galicia, Aragón, Canarias, Castilla y León y Baleares) (p. 124). Al disponer de series temporales y secciones cruzadas por CCAA acude a regresiones de efectos fijos con datos de panel en las que las variables dependientes son las huelgas (por cada 100.000 asalariados), la magnitud (cantidad de huelguistas por huelga) y el volumen (jornadas no trabajadas por cada 1.000 asalariados) mientras que las variables independientes son la distribución sectorial del empleo, la tasa de paro, la de temporalidad, el porcentaje de trabajadores con convenio y una variable binaria según que las CCAA tengan o no sistemas de solución extrajudicial de conflictos laborales (p. 125). Añade dos variables adicionales: una la existencia de pactos regionales de empleo y la otra el porcentaje de votos de los partidos de izquierda en las elecciones autonómicas (p. 125). Todo lo cual permite alcanzar las conclusiones siguientes: la mala situación del mercado de trabajo da lugar a menos huelgas (procíclico); la participación de los agentes sociales en el proceso de formación de políticas tiene un efecto positivo sobre la reducción de las huelgas; con los gobiernos de izquierdas los sindicatos ganan peso y las huelgas disminuyen (p.128).

Miguel A. V. Ferreira (Una aproximación sociológica a la discapacidad desde el modelo social; apuntes caracteriológicos) adopta una actitud sociológica que interpreta la discapacidad como resultado de las "estructuras opresoras de un contexto social poco sensible a las auténticas necesidades de las personas con discapacidad" (p. 143), esto es, da por supuesto que hay una especie de construcción social de la discapacidad y que si no se hace según unos postulados que le parecen más acertados se hace según otros que lo son menos. La nueva Clasificacón Internacional de la Funcionalidad (CIF) propone un esquema bio-psico-social para abordar la discapacidad como una condición multidimensional de la persona que supera la clasificación anterior pero que, a juicio del autor, todavía tiene lagunas (p. 146). Aún no se tiene bien en cuenta la dimensión social de la discapacidad y no se ha acometido como se debe el hecho de que la definición de "normalidad" también es un constructo social (p. 147). Propone Ferreira en consecuencia un proceso de deconstrucción analítica de la discapacidad que ya se ha iniciado desde perspectivas marxistas y feministas (p. 152). Se aislan así tres vértices de la construcción social de la discapacidad: 1) la existencia cotidiana del discapacitado está dominada por una singularidad; 2) esa singularidad lo homogeneiza con los demás, abstrayendo su singularidad; 3) la homogeneización implica su inclusión en la estructura jerárquica de la sociedad (p. 153). En consecuencia, la identidad social de la persona con discapacidad está impuesta desde fuera, desde un entorno no discapacitado, lo que implica heteronomía y, con frecuencia, exclusión (p. 159). Entiende el autor que las tareas pendientes en la sociología de la discapacidad son: a) toda medida orientada a la discapacidad debe hacerse en el marco de comprensión de las personas que la sufren (p. 164). Por lo tanto hay que emprender investigaciones concretas que den voz a los protagonistas del fenómeno (p. 166). Todo lo cual debe ser el fundamento para la elaboración de una Teoría Sociológica de la Discapacidad consistente epistemológicamente (p. 167), si bien no estoy muy seguro de si esta reclamación está correctamente planteada. Da la impresión de que ya existe una Teoría Sociológica (que el autor de pruebas de manejar con soltura) no específica de la discapacidad (que estaría por ver si es posible) sino perfectamente capaz de dar cuenta de ella que es la que tiene la raíz en la fenomenología de la construcción social de la realidad y en la obvia medida en que la discapacidad es parte de dicha realidad. Más bien parece que de lo que se trata es de aplicar con mayor ahínco esa teoría para obtener recomendaciones prácticas que permitan afrontar el problema de la discapacidad de acuerdo con unos valores que no se hacen explícitos pero que se dan por supuestos respecto a una concepción kantiana del valor de la vida humana; de toda vida humana.