La gran cortina de humo

España es una humareda. Por todas partes cortinas de humo. Cortinas de humo para tapar cortinas de humo que tapan cortinas de humo.

Tiene gracia que el PP hable de "estudiar" en medio de la vorágine de los céleres estudios de sus dirigentes. Pero es su intención: indagar si el MHP Sr. Torra es o no president. Es costumbre de este gobierno pronunciarse negativamente sobre la realidad y existencia de aquello que lo incomoda. Ya saben: no hubo consulta del 9N 2014, no hubo referéndum de 1º O 2017, ni declaración de independencia, ni de República, ni siquiera existieron las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Nada de extraño si tampoco hay presidente de la Generalitat. Al fin y al cabo, la toma de posesión ha sido brevísima, sin contenido de Estado y con una fórmula de promesa ya usada por Puigdemont pero altamente reprobable.

Hobbes pensaba que el Estado debe darse por satisfecho con un gesto formal externo de acatamiento. Pero al gobierno esto le parece poco pues el juramento a la Constitución (y al rey, dicho sea de paso) no es algo formal sino, dice, "trascendental". No basta con parecer; hay que ser y ojito con desviarse. Estos son los de Trento. "Luz de Trento".

Luz que es cortina de humo paara distraer  al personal del patio de monipodio que es la marca España a los ojos del mundo entero. El Supremo confirma las primeras sentencias de la Gürtel en el caso de Fitur, en Valencia: nueve años a una ex-consellera del PP, trece y doce años y pico para Correa y el Bigotes y otras penas para otros miembros de esta asociación de malhechores que es la Gürtel, totalmente imbricada en el PP. O sea, parte de la mafia que seguirá saliendo en las seis causas pendientes de esta macroestafa a las arcas públicas. Añádase el escándalo que tiene indignada a la opinión de que Valtonyc o Pablo Hasel vayan a la cárcel de inmediato, si no están ya en ella, mientras Urdangarin, con una condena firme sigue paseándose en libertad y cruzando fronteras. U otros procesados célebres, entes incorpóreos, como Rato. Se ve que los jueces no aprecian riesgo de reiteración delictiva o de fuga como sí parecen apreciar en el caso de las presas políticas preventivas. Son cosas que requieren turbonadas de humo para calmar la indignación que producen. 

Y no humo, auténticos tifones, tornados de oscuridad se requieren para tapar el desmadre que el partido de la Gürtel ha organizado en veinte años de trapacería sin cuento en Madrid, "rompeolas de las Españas". No han dejado títere con cabeza: las instituciones, los festivales, las fundaciones, las universidades. Lo han corrompido todo. Han arrasado los servicios públicos en beneficio de los privados que, o son suyos, o son de los suyos: escuelas, hospitales, servicios públicos. Han privatizado a mansalva para dar aportunidades a los "barones ladrones" de la industria española. Eso cuando no han sido los propios gobernantes quienes han gestionado directamente el fraude como en el caso de El Canal de Isabel II, en Madrid. Una comunidad autónoma con la mayor densidad de implicados en la Gürtel por metro cuadrado municipal y de cuyos cuatro presidentes del PP, tres están imputados.

Pero, en realidad, la cortina de humo sobre la condición de presidente de Torra, trata de ocultar otro chasco monumental de España en el exterior. La justicia belga no entregará a los consellers exiliados en Bruselas. La euro-orden naufraga de nuevo y el juicio que la actuación de la justicia española merece en el extranjero es deplorable. La fiscalía, muy de sostenella y no enmendalla, pide a Llarena que reitere la euro-orden a Bruselas. Sospecho que los belgas van a imponer un canon por uso contumaz de un servicio público. La florida prosa del juez seguirá amenizando las tediosas mañanas de sus colegas europeos pero también confirmando la opinión negativa generalizada sobre el carácter de la persecución judicial en España. En Europa se desconfía de la gente que obliga a los demás a formular promesas trascendentales y de los jueces que valoran la sinceridad de las convicciones ideológicas. 

Ocultar a la opinión la falta de apoyo de la justicia europea a la causa emprendida por la española es una gran irresponsabilidad. Reaccionar amenazando a los países afectados, prueba de furor demente. Mover dineros e influencias para comprar voluntades, perfectamente bochornoso. 

Por lo demás, hace bien el gobierno en exigir el boato y ceremonia que estos momentos requieren. Y bien asimismo el PSOE en exigir que la Constitución de 1978 figure expresamente en la fórmula. Y, digo yo, también la jura de Santa Gadea. Según está planteado el conflicto, tienen un valor análogo. Desplieguen pues la enésima cortina de humo cuestionando, impugnando, recurriendo la presidencia de Quim Torra, su misma existencia material. La presidencia de la Generalitat está en sede vacante, como el solio de San Pedro a veces. 

Pero eso no afecta a la Generalitat en sí misma, que ya habrá publicado el acto en el documento oficial de que disponga y este tendrá los efectos jurídicos que correspondan. Y  aquí sigue dibujándose por vía de facto la República Catalana. Las instituciones actúan como si el parlamento fuera depositario de una soberanía del pueblo catalán, invocado por el president Torra. La República Catalana, por tanto, inicia su andadura por una vía de hecho. 

Y llegará hasta allí donde el gobierno central interpronga una acción contraria en cualquiera de sus manifestaciones, administrativa, judicial, policial para dejar sin efecto el acto y, de paso, la Generalitat entera en el momento de su nacimiento. Es decir, el 155 "intensificado" que propugna el PSOE, equivalente a una dictadura también de hecho y de carácter ilimitado pues quedan excluidas las elecciones. Algo que ningún país civilizado aceptará.

La única forma de garantizar el Estado de derecho es convertirlo en una dictadura. Eso puede defenderse en España, tierra de casuistas, y en donde cabe acusar de nazis a las víctimas de los nazis.

Pero no puede defenderse en Europa. 

Sí, hay rebelión contra la dictadura neofranquista

Día luminoso el de ayer en que la Justicia belga devolvió a la gente la confianza en el derecho dando un soplamocos a los comisarios políticos togados del PP en el Tribunal Supremo. Es bueno ahora recapitular en dónde nos encontramos en este conflicto entre la democracia catalana y el fascismo español. Sobre eso va mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Contra la dictadura espanyola. El Tribunal Supremo  está indignado con la justicia belga y le reprocha desconocer nuestro ordenamiento jurídico. No se percata de que no habla a españoles, que se lo tragan todo, sino a extranjeros para los cuales el concepto "justicia española" es un oxímoron.

Por cierto, va siendo hora de avanzar algo más en la comprensión en las postrimerías de este Estado fascista. Es correcto decir que está sostenido por todos los partidos dinásticos, PP, PSOE, C's y Podemos. Pero es justo matizar que el PSOE ha ido mucho más allá en su proceso de fascistización que Podemos: Rubalcaba, un franquista sin complejos, colaboró con Aznar para impedir un referéndum en España entre monarquía y república. ¡Como para que admitiera un referéndum en Catalunya! El sucesor, otro franquista, aunque con menos luces, Pedro Sánchez, ya propone directamente "reformar" el Código Penal para criminalizar a su gusto a los independentistas. Es la dictadura española sobre Catalunya.

Y al decir dictadura española, quisiera precisar algo. El otro día, un contertulio en el programa 3/24 de TV3 me pidió "respeto" para los siete millones de votantes del PP. Hube de contestarle -y aquí lo reitero- que no falto al respeto a nadie al decir que siete millones de españoles votan por una asociación de malhechores, de delincuentes. Porque es lo que hacen, incluso cuando los escándalos  muestran de qué tipo de granujas se trata, como se comprobó claramente en Valencia en donde, cuanto más robaba el PP más votos recibía. 

Añado ahora algo. Suele hacerse una distinción entre el PP y otros ladrones de la oligaquía y "el pueblo" y decirse que son los primeros los responsables del expolio de Catalunya y que el pueblo no lo es. Falso. El pueblo español es tan responsable de la dictadura en Catalunya como los gobernantes a los que vota. Es más, los vota para que traten de machacar (o bombardear, como desea un psicópata armado con un micrófono) a Catalunya. La dictadura española no es obra solo de la oligarquía, sino del conjunto de los españoles, profundamente anticatalanes. 

La idea de los republicanos españoles de que cabe apoyar la lucha catalana porque redundará en beneficio de España es una falacia por mucha buena intención que tenga. Los españoles están dispuestos a tragar una dictadura y las que hagan falta con tal de impedir que los catalanes sean libres.

Y ese es el problema.

Aquí la versión castellana:

Contra la dictadura española

Elegido presidente el MH Sr. Quim Torra con los votos independentistas a favor, la abstención de la CUP y los votos unionistas en contra, alguna precisiones.

Los de la CUP hacen bien, pues juegan a un juego de apariencias. El voto en contra que aparecía como otra opción estaba descartado de antemano por mera supervivencia política. La abstención quiere ser una espada de Damocles sobre el govern y no pasa de ser una advertencia ociosa. Pretende visualizar el compromiso de votar en contra del ejecutivo si este abandona el procés republicano. No hacía falta recordarlo. Nadie lo duda. La CUP podía haberse ahorrado la abstención pero quiso subrayar su posibilidad, su capacidad rectificación y la de mantener el suspense generalizado con una alegría algo infantil.

Los Comunes, en cambio, votaron en contra, con el bloque nacional español del socialismo cañí, el PP de la Gürtel y la alegre muchachada de los luceros falangistas. No se abstuvieron, como los debiluchos cupaires, sino que votaron “no” sin que les temblara el pulso porque, en el fondo, son tan de la España “una, grande, libre” como los del “¡a por ellos!” ¡Qué más querría el PSOE que ser visto por el electorado como un partido tan monárquico y nacionalcatólico como el PP! No lo consigue del todo, en parte por su ya lejano pasado de partido democrático y hasta revolucionario. Por eso se niega hoy, como el PP, a hacer justicia a las víctimas del franquismo. Para que el pasado se olvide cuanto antes y él pueda recabar el voto de la gente bien de toda la vida de la Villa y Corte y desprenderse de la mugre obrera

Durante toda la jornada se acumularon las invectivas, insultos e improperios que la carcundia española vomita todos los días en periódicos, radio y televisiones muchas veces subvencionados por los dineros públicos que sus jefes roban a la gente. Las provocaciones en las redes, la demagogia sobre las opiniones de Torra. El mensaje es siempre el mismo: odio y rabia hacia la democracia, los derechos de los ciudadanos y las aspiraciones nacionales de Catalunya.

Finalmente, elegido Torra, los dirigentes de los tres partidos dinásticos se reúnen de urgencia –PP y PSOE ayer; PP y C’s- a fin de coordinar sus políticas frente a Cataluña. No llaman a Podemos porque los tres están interesados en debilitarlo electoralmente, cosa que conseguirán presentándolo como un aliado objetivo del independentismo. De aquí que la formación morada haga trabajosos equilibrios para sacar partido a su ambigüedad, haciendo creer a los más ingenuos independentistas que está por el derecho de autodeterminación y a los unionistas más obtusos que está en contra de la desmembración de la Patria, pero sabiendo en el fondo de su corazón que lo suyo es Santiago y cierra España.

Las fuerzas del nacionalismo hispano, Albiol, Arrimadas, Iceta y los periodistas y mandos de los medios más reaccionarios se reunieron luego desolados en un ataque de pánico para proponer una acción colectiva que los resarza de la última derrota. Esa conspiración en contra del independentismo es la base de la que produjo ayer mismo entre M. Rajoy y Pedro Sánchez en La Moncloa a fin de consensuar una posición común. Nada más sencillo: habiendo perdido todo pundonor democrático, los dos líderes avisan de que no permitirán “estructuras republicanas paralelas” ni dejarán que Torra lleve adelante su programa de gobierno si este se aparta de lo que ambos entienden por “legalidad” y no es otra cosa que la arbitrariedad despótica de M. Rajoy que solo necesita al PSOE para justificarse.

Su propósito, declarado por ambos, es el establecimiento descarado de la dictadura personal en Catalunya ya que, esta vez, el 155 intensificado (que incluye cerrar TV3 e intervenir la escola catalana) no vendrá compañado de elecciones: gobierno arbitrario y despótico sin límite de tiempo ni de contenido material. En otros términos: medidas represivas de la metrópoli en la colonia.

A su vez, los dos principales mandatarios de la República Catalana, Puigdemont y Torra se reunían en Berlín con una doble finalidad: una, poner en funcionamiento la estructura gaullista de poder dual de la República Catalana y presentarla a los medios internacionales; la otra, hacer públicamente la enésima propuesta de negociación a España. La primera ha sido un éxito. Todo el mundo ha visto que Cataluña tiene un gobierno presidido por una persona que lo primero que ofrece es diálogo. La segunda está por ver. Rajoy afirma ahora estar dispuesto al diálogo, cosa que no tenía otro remedio que hacer, luego de afirmar que lo haría con un presidente “limpio”. Tanto si esta promesa es sincera (sería la primera vez que este embustero compulsivo dijera una verdad) como si no, el problema es que ni él, ni Sánchez, ni el gobierno, ni la oposición, ni el conjunto del país tienen nada que negociar con Catalunya porque carecen de margen de maniobra y no tienen nada que ofrecer. Así que la promesa de negociar con Cataluna está tan vacía como las cabezas de los dos dirigentes dinásticos. Y eso sin contar conque, obviamente, las otras dieciséis Comunidades Autónomas se negarán a reconocer valor alguno a esas negociaciones bilaterales. En la situación actual, España carece de arreglo porque el Estado, epítome de la corrupción y la ineptitud, no es reformable.

La oferta de España a Cataluña es más 155, más intervención, más negación de derechos, más opresión y más cárcel.

La respuesta de Catalunya solo puede ser resistencia, desobediencia y, de implantarse la dictadura, la huelga general.

Ánimo dialogante

Hay un ambiente tabernario en que vuelan insultos y groserías desde todas las instancias, altas, medias, bajas e ínfimas, sobre todo ínfimas, generalmente dirigidas contra el independentismo y contra Puigdemont y Torra, por este orden. ¡Cómo han puesto al MHP! Hay quien lo convierte en una mezcla de Hitler, Lenin y Stalin. Más conciliadores, otros lo tachan de supremacista, racista y xenófobo. Tengo entendido que hasta el señor Albiol.

En ese ambiente casi delirante los medios tranquilizan al personal anunciando que el presidente M. Rajoy está dispuesto a negociar pero siempre en el marco de la ley. Contengan la risa pensando en que el presidente podría ofrecer diálogo al margen de la ley. Podría, tratándose de este presidente. Quédense con la idea de diálogo para calibrar su buena fe.

Rajoy habla de diálogo, no como oferta, sino como respuesta. La oferta vino del presidente de la República Catalana en el exilio y el presidente del govern de la Generalitat. Como siempre. Pero, además, la respuesta se ha formulado tras haber mantenido una reunión con el PSOE en la que han amenazado al govern con un 155 más duro, de juzgarlo (ellos, por supuesto) necesario. Más duro, obviamente, quiere decir secuestro de los medios públicos de comunicación en Catalunya e intervención directa de la escola catalana. Se añade que, además, ahora no habrá elecciones.

La dictadura.

Y de la mano del PSOE. Este prácticamente la da por hecha y con contundencia, dice, "si el camino es el que está anunciando Torra". Amenaza sobre amenaza, se arroga el B155 una facultad de supervisión que convierte a la Generalitat en la delegación del gobierno central. Al proyecto se sumará hoy sin duda C’s con todo entusiasmo ya que no quiere oír hablar de elecciones. Y los socialistas invitan asimismo al plan al cuarto partido nacional, Podemos, con argumentos que hacen destrozos en él.

Al parecer, la mejor manera de atraer a los catalanes a un proyecto común voluntariamente no es teniendo ese proyecto común y negociándolo con ellos. El mejor modo es tratar a Catalunya como una colonia y despojar a sus habitantes de sus derechos, incluso el de elegir a sus representantes.

Es obvio que el aumento de la represión no eliminará el movimiento independentista. No lo creen ni quienes lo hacen. No aspiran a vencer, pero sí a estabilizar una situación de inestabilidad e inseguridad provocada por ellos mismos a través de sus poderes dictatoriales. A ese espíritu debe de obedecer la siniestra advertencia que circula por las redes: “os montaremos un Ulster que vais a cagaros” o algo similar.

La respuesta a una oferta de diálogo "sin condiciones" es una contraoferta de sometimiento. Una oferta de una burla de diálogo. Se entiende por qué la CUP precisa que su objetivo es la independencia, no dialogar. Es la forma de diálogo que faltaba, el no-diálogo. Por lo demás, se equivocará quien crea que esta posición de ir a la independencia sin diálogo es minoritaria. Encuentra un amplio eco en las organizaciones sociales y los CDRs.

La República Catalana y el horizonte penal del govern

Resumen breve de la situación: Torra ha superado el trámite de la investidura en una condiciones muy difíciles. Enfrentado a un ataque maligno y demencial que no solo no respeta los 100 días de cortesía parlamentaria sino el mero hecho de la investidura, es el 131 presidente de la Generalitat. Todos los comentaristas españoles han formado un coro denigratorio y amenazador. Torra es un racista, un supremacista, un xenófobo, un antiespañol que debe tener cuidado con lo que hace y dice y, si falta a la ley, M. Rajoy está dispuesto a seguir aplicando el 155 con el apoyo de PSOE y C's. 

En realidad, no es el gobierno el interlocutor en esta lucha, sino el conjunto del Bloque del 155, con el entusiasta apoyo del PSOE, de C's y de buena parte de Podemos. Esta parte o sector crece en la medida en que ve que la falta de un discurso nacional-español le restará votos en España, lo único que le importa, pues, a pesar de querer asaltar los cielos, su cálculo se orienta exclusivamente a las elecciones y los escaños conseguidos. No es el PP solo el que se enfrenta al independentismo, sino el conjunto del sistema político español, las tres cuartas partes del Congreso (más del 90% si llega el caso), la totalidad del sistema mediático, el poder judicial, convertido en el vehículo de la política represiva y, por supuesto, el electorado que, cuando se trata de reprimir a los catalanes, forma una piña, una unión sagrada capitaneada por lo más corrupto y reaccionario del Estado. 

El procés sigue y mantiene firme la unidad de acción de las fuerzas de esta revolución: las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, las profesionales, las redes y el pueblo en permanente tarea de organización espontánea de la resistencia. Es la única garantía de llegar hasta el final. El independentismo no puede esperar más ayuda y respaldo que las que obtenga de su propia acción estratégica y el apoyo que pueda conseguir en el extranjero. Del resto del Estado español, ni una ayuda, sino todo lo contrario; de los intelectuales y las izquierdas españolas cero colaboración.

Por eso hace muy bien Torra en viajar a Berlín como primer ministro de la República Catalana, a comunicar su elección al presidente legítimo de Catalunya y no a Madrid, a comunicar eso mismo al rey del país vecino. Y también hace bien el presidente del Parlament, Roger Torrent en no desplazarse a rendir pleitesía y comunicar al jefe del Estado español, el rey, la decisión de investir a Torra. Se limitará a darle razón de ello por escrito. Y aun eso me parece excesivo por su parte. No se me alcanza qué puede obligar a Torrent a mantener la corrección parlamentaria con una gente que, como el rey, el gobierno del PP y la oposición en su conjunto tampoco lo hacen.

 Poco a poco, con todo,  la República Catalana va consolidándose en un plano simbólico que tiene una gran importancia cuando, como sucede actualmente, se ve impedida de desplegar sus potencialidades institucionales al estar sometida a una amenaza permanente de intervención arbitraria. Esta  que puede desencadenarse en cualquier momento en que el B155 considere oportuno para seguir con su objetivo de extirpar el independentismo catalán. 

Sin duda, el proyecto del gobierno "efectivo" de la Generalitat es avanzar en su plan de construcción republicana.  Pero su capacidad de hacerlo está condicionada por la situación de inseguridad jurídica en que se encuentra el conjunto del movimiento. No solamente los presos políticos, cuyos derechos dependen de los estados de humor de un juez, sino la propia acción de gobierno y la actividad legislativa del Parlament.  En estas condiciones, lo que cualquier gobierno independentista que trate de realizar el mandato del 1º-O tiene por delante es un horizonte penal. No obstante, a su vez, por mucho que los neofalangistas de C's presionen o los socialistas amenacen con más represión a través del 155, lo cierto es que no podrán materializarla. Un segundo gobierno de la Generalitat, procesado y encarcelado por ese peculiar juez del Supremo es más de lo que la UE puede condonar. 

Mientras haya presos políticos no cabe contar con una normalización de la situación catalana. Se ha dicho muchas veces pero, al parecer, es preciso repetirlo. Y menos cabrá contar si continúa aplicándose la política de encarcelamiento. Es una situación en la que el gobierno del Estado y sus aliados del B155 ha colocado al país como resultado de su carácter autoritario y su fantástica incompetencia.

En realidad, el camino de consolidación de la República catalana está expedito por cuanto sus adversarios no están en situación de impedirlo más que a base de intensificar los disparates represivos que profundizarán en la crisis y favorecerán la mediación exterior. Solo les queda la política de asfixia y suspensión de la autonomía catalana, una vuelta atrás que no pueden mantener y que se encuentra con una barrera infranqueable si se obstinan en imposibilitar el gobierno de la Generalitat: las elecciones anticipadas. Téngase en cuenta que estas serán convocadas por el govern en condiciones favorables (como las del 21 de diciembre lo fueron para el gobierno español, que las perdió) y, mediando una lista de país, pueden ser el momento decisivo en este contencioso ya excesivamente prolongado. 

España cupaire

Aunque sus intérpretes aseguren lo contrario, España vive pendiente de Catalunya; Catalunya vive pendiente del independentismo; el independentismo vive pendiente de la CUP; luego España vive pendiente de la CUP.

¿A que tiene gracia? Un reino tirando a reaccionario en proceso de fascistización, pendiente de un puñado de radicales antisistema. Es extraño que no haya salido ya algún maestro ciruelo del liberalismo equidistante a decir eso tan profundo de que los extremos se tocan, cosa tan verdadera como que los cerdos vuelan.

La recepción de Torra sigue siendo muy hostil. El Plural, en un alarde de comedimiento, lo llama católico intransigente y xenófobo. El PSOE añade la acusación de supremacismo y los de C's, siempre más prácticos, piden mantener el 155 hasta que se acabe el procés. Así, sin más, diga lo que diga la resolución del Senado que autorizaba ese recurso al 155. Da igual. ¿Por qué se va a respetar más al Senado que a la ley que el Senado hace? Y M. Rajoy promete que "vigilará" lo que haga el govern. 

El democrático bloque nacional español del 155 esperaba que la CUP le sacara las consabidas castañas votando en contra de Torra. Estaba seguro porque los sondeos sonríen a los cupaires. Pero estos se han mantenido fieles a la República, dadas las circunstancias.

Con sus dimes y diretes, el procés segueix endavant, se guarda la unidad. La CUP mantiene la presión sobre el govern, como explica una muy buena crónica de Antonio Fernández en El confidencial, aunque, a tenor de lo que el propio Torra dice, no parece necesaria. Es cierta la movilización de los CDRs que hoy se manifiestan a la puerta del Parlament, pero no sé si cabe atribuir a la CUP la plena responsabilidad de los CDRs. Más bien parecen un nuevo producto de esa capacidad de autorganización de la sociedad en el complejo mundo de redes reales y virtuales en que se manifiesta la revolución catalana. Algo difícil de entender desde la perspectiva de una sociedad española muy desmovilizada y abúlica.

No hay inconveniente en reconocer una unidad de acción del independentismo en muy variados frentes: el institucional, la calle, las organizaciones sociales y profesionales, el mediático, el ámbito interior y el exterior. 

Resulta inútil repetir lo evidente. El govern republicano de Torra pondrá en marcha instituciones republicanas, un proceso constituyente republicano, amparado en la reciente declaración parlamentaria firmada por setenta y ocho diputados (los ocho comuns añadidos) que considera legítima la desobediencia civil. ¿Puede el Estado tolerar la desobediencia? Sin duda, no. Por consiguiente, ante el boicoteo sistemático y la amenaza de intervención por la fuerza bruta, la Generalitat convocará elecciones que prometen buenos resultados para el bloque independentista.

La cuestión, sin duda crucial, de si a las elecciones se va con lista de país, con lista de país y otra o con tres listas separadas es más sutil de lo que parece. En principio, habiendo sido la separada la fórmula de las elecciones del 21 de diciembre, bien podría justificarse una innovación, pero solo a riesgo de la incertidumbre. 

Hay un argumento práctico y realista a favor de la lista de país. Que vaya el independentismo en tres listas separadas no supone que no haya una lista del presidente, porque será así, se quiera o no. Una lista con un efecto sifón muy fuerte que deformará injustamente el resultado de las otras listas en su detrimento. En parte esto ya sucedió en las elecciones del 21 de diciembre, cuando una lista de JxC, armada escasas fechas antes, superó en votos a la de ERC. La experiencia no nos obliga. Si lo hiciera, los seres humanos perderíamos esa adorable capacidad de perseverar en el yerro. No nos obliga, pero conviene tenerla en cuenta.

En todo caso: mensaje en una botella al B155: cejen en su locura de querer suprimir un movimiento apoyado e impulsado por 2.060.000 personas, como si fuera una conspiración para delinquir. Dense cuenta de que los conspiradores son ustedes y el delito, suyo.

El presidente ausente y el presente

Ayer lo reprobaban por su pasado, por sus tuits (hay que ver cómo se ha metido en la política la red tuiter), tildados de "supremacistas". Hoy lo reprueban por su presente, por ese discurso de investidura republicano e independentista. Cabe plantear la pregunta de ayer: ¿qué esperaban? ¿Un candidato independentista no independentista? ¿Uno que imitara el cantinfleo los comuns o, en el más idílico de los casos, las vaciedades de C's y Arrimadas?

¿Qué tiene de extraño que un candidato republicano e independentista prometa trabajar por la República y la independencia? Y, si se me apura, que, además de eso, prometa hacerlo por la liberación de los presos, el retorno de los exiliados y el de Puigdemont en concreto como "presidente legítimo de Catalunya" de quien Torra se considera expresamente una especie de delegado o caretaker. La estructura gaullista dual está ya en pleno funcionamiento. En plena guerra antiindependenetista, El país considera inaceptable la vuelta a las andadas. Rajoy frunce el ceño y dice que esperará a juzgarlo por sus hechos pero que lo visto de Torra "no le gusta". Es el mismo tono de perdonavidas de su ministro Méndez, poniendo sobre aviso al candidato sobre lo que hace y dice. Lo importante de un presidente de la Generalitat es gustarle al presidente del gobierno, aunque sea un zote. Si no le gusta a un presidente que goza de plenos poderes dictatoriales a tenor del 155, el candidato debe preocuparse. Sin embargo, el presidente de los catalanes tiene que gustar a la mayoría de los catalanes, no al presidente del gobierno central.

Es obvio que el B155 no ha entendido nada, sigue sin hacerlo y aboca al país a quién sabe que disparates. No ha entendido que el modo de enfrentarse a un movimiento social expresamente sostenido por 2060.000 votos no es tratándolo como un asunto de orden público o encarcelando a sus dirigentes. Y, al no haberlo entendido, se dispone a hacer lo mismo con el actual govern si este transgrede lo que el gobierno central considera la ley que, por cierto, tiene tanto de ley en el sentido clásico como un ornitorrinco.

Mientras no haya pruebas en firme, el horizonte de un gobierno independentista es la cárcel. Por eso, entiendo, el párrafo de mayor altura del discurso de Torra es uno aparentemente de cortesía pero también de mucho significado en el que el candidato y su gobierno, de obtener la investidura, asumirán la responsabilidad total de sus actos, sin involucrar a nadie más, sean exiliados o presos. Es una prueba de fe en la continuidad de un movimiento que no depende de los individuos, pero tampoco se sitúa por encima de ellos. La seguridad de que, si son encarcelados a su vez, otros ocuparán su lugar con sus mismos planteamientos.

Al llegar aquí, un inciso para valorar la preclara inteligencia de este gobierno. Recuérdese que justificó la judicialización del proceso y el encarcelamiento de los dirigentes en aplicación de la plantilla de la lucha antiterrorista en el País Vasco; una plantilla según la cual, si se encarcelaba a los Jordis, Junqueras, etc., habría alguna agitación al principio pero, como en Euskadi, la vida volvería a la "normalidad". Seis meses después de esta inteligente política es evidente que ha fracaso por entero pues el apoyo y la solidaridad con los presos están hoy más vivos que nunca.

Pero eso política no solo es un fracaso sino un absoluto ridículo porque lo que ha conseguido el encarcelamiento ha sido reforzar el independentismo dándole un motivo para una mayor movilización masiva.

Pero el horizonte es el que es por cuanto el gobierno no ha dado la menor señal de voluntad negociadora. Nos espera, si acaso, una mayor intransigencia política, más represión, nuevas persecuciones judiciales, armadas con la peculiar prosa jurídica de Llanera. Sería milagroso que, en estas condiciones, Torra pudiera llevar adelante su gobierno. Por si acaso conviene advertir que ayer mismo también Puigdemont contaba al diario italiano La Stampa que adelantaría las elecciones a octubre de este año si el Estado sigue siendo beligerante contra Cataluña. Lo dicho, evidente estructura de poder gaullista dual.

Pero eso no es lo más importante. Lo es, en cambio, el hecho de que todas las opciones conducen a elecciones como a Roma los caminos. Se renunció a investir a Puigdemont para no provocar una crisis y elecciones y resulta que el gobierno "efectivo" tampoco las evita. A este respecto me permito señalar que Palinuro siempre sostuvo que la disyuntiva Puigdemont o gobierno "efectivo" era ociosa porque las dos conducían al mismo punto: elecciones, quizá con una ligera diferencia de tiempos. Nada más.

Estas elecciones no presentan mala cara para el independentismo (por eso quiere evitarlas la derecha) por cuanto, a diferencia de las del 21 de diciembre, las convocará la Generalitat y no el gobierno central y se ganarán con una lista de país. Es la respuesta más acertada que cabe dar  en una situación de excepcionalidad. Tiempo habrá para pelearse después sobre las diferencias entre partidos en una República Catalana.

Siendo lo anterior así, la decisión que tome hoy el Consejo Político de la CUP no tiene tanta importancia como podría creerse, dado que el resultado será el mismo. Si la CUP decide votar en contra de Torra, eso significa elecciones. Si, por el contrario, decide abstenerse, volvemos al segundo escenario anterior: gobierno "eficaz" que acaba en elecciones anticipadas.

Al final, son elecciones.

Mañana, Palinuro con la acampada

Cien días llevan las y los ciudadanas catalanas de acampada en la Plaça de Catalunya, de Barcelona. Cien días con sus noches. Cien días pidiendo la libertad de nuestros presos políticos. Cien días siendo uno de los principales canales por los que esta sociedad plural, mestiza, democrática, pacífica, solidaria y revolucionaria conecta al pueblo con sus representantes, encarcelados por la tiranía. Cien días de ejemplo, de lucha no violenta por la dignidad de todos. Cien días en común con los muchos, cientos, miles, de actos de solidaridad que el pueblo realiza con los presos políticos sin decaer ni un instante. La banda de ladrones gobernante, con el apoyo de las "izquierdas" de PSOE y Podemos, dijo hace seis meses que el movimiento estaba "descabezado" y que por los/las presas/sos solo habría un par de movilizaciones simbólicas y, luego, la sociedad regresaría al día a día normal.

Cien días ayudando a demostrar que también este cálculo de los neofranquistas del B155 (PP, PSOE, C's y Podemos) es un completo fracaso. Nunca la sociedad catalana ha estado más unida, aunque los neofranquistas Rivera y Sánchez y los neocomunistas Iglesias y Echenique digan que está fracturada. Eso quisieran ellos todos y eso es lo que procuran con sus agresiones sistemáticas de día y de noche, cuando envían a unos jueces sedientos de venganza o unas bandas fascistas "incontroladas" a agredir a la población pacífica. Y no lo consiguen.

Ni lo conseguirán. Porque somos más, somos demócratas y pacíficos y porque, como decía Milton: "la verdad prevalecerá sobre el error siempre que puedan contrastarse libremente". Para que eso no suceda tendrían que quitarse los últimos disfraces y pasar a la dictadura militar, que es lo que les pide el cuerpo. A todos. Si no lo hacen no es porque no quieran, sino porque no pueden. Y no pueden porque la acción reivindicativa es democrática y pacífica y la sola presencia de la UE (aunque se limite a estar, sin hacer nada) es un factor disuasorio definitivo.

Som més. Estem unides. No tenim por. Sabem a on anem. Ho aconseguirem i serem un exemple per al món

Ens veiem a la Plaça de Catalunya a les 14:00

Donec Perficiam.

El bloqueo

Mi artículo de ayer para elMón.cat, titulado cuestiones para saber en dónde estamos. El conflicto España-Catalunya se agrava y se hace más irreversible por instantes. Conviene detenerse de vez en cuando a ver la trifulca con distanciamiento. Eso es lo que quiere el artículo. Pero de ayer a hoy hay nuevos acontecimientos que apuntan siempre en la misma dirección.

El gobierno central mantiene su intransigencia y beligerancia, bloqueando las decisiones del Parlament que le desagradan. En el frente judicial del 155, el juez Llarena procesa por rebelión, sí, por rebelión, a Puigdemont y veintidós líderes independentistas más.  El nuevo auto hará las delicias de los "llarenólogos": que si sigue buscando la violencia como Dios buscaba media docena de justos en Sodoma y Gomorra; que si califica de violencia la no violencia frente a la violencia; que si lo de la malversación está en el terreno de los deseos; que si imputa aquí delitos que allí no le admiten; que si utiliza como fuente de derecho las arengas patrióticas del rey, etc. No son los detalles los que que hacen injusto el proceso; es el proceso mismo por su carácter político. 

La acción represiva del gobierno valiéndose de los tribunales para organizar una causa general contra el independentismo es patentemente ilegítima. Por eso se obstina en negar la condición de presos políticos a los presos políticos (y, de paso, conculca sus derechos) y el juez sigue empeñado en convertir en delictiva la legítima oposición política y la opción independentista. Y lo que queda claro en esta actitud es una firme voluntad de mantener la vía represiva, policial y judicial así como política, sin la menor voluntad de negociación. 

Todavía más, se percibe en la actitud general del bloque del 155 un propósito de incidir en la represión y en la humillación hasta el punto de provocar una respuesta violenta que justifique esa misma represión hasta sus últimas consecuencias, la supresión de la autonomía catalana.

En estas circunstancias el dilema del independentismo entre investir a Puigdemont y proclamar la República o aceptar el marco autonómico y tener un gobierno "efectivo" está casi resuelto a favor de la primera por el propio gobierno que, con la continuidad de la represión judicial, no deja salida alguna, ni siquiera la autonómica. 

La idea beligerante es que la fuerza doblegará la voluntad. Una vez procesados los dirigentes independentistas (e inhabilitados, condenados, etc), es decir, descabezado el movimiento, este se apagará. Es la visión autoritaria del independentismo catalán como un problema de orden público que se resolverá como en el País Vasco. Tropieza aquí con su manifiesta contradicción que se obstina en no reconocer: que el movimiento es de masas, con una amplísima base social transversal que tiene una gran autonomía de acción, unos objetivos específicos y una gran capacidad de relevar a sus líderes. Que no es una conspiración, sino un deseo y un propósito colectivo, democrático, no violento y colectivo.

Perseverar en la política represiva solo conduce a perpetuar el conflicto y hacer ingobernable la situación. Leo que un ayuntamiento catalán de mayoría cupaire ha decidido multar a quienes retiren lazos amarillos de los lugares públicos con el objetivo de acabar con la impunidad de las bandas fascistas. Y leo también que otro municipio de ERC planea hacer lo mismo. La confrontación se da en todos los órdenes y niveles, en el interior como en el exterior, en las instituciones y en la calle. 

No se puede gobernar un país en contra de la voluntad de sus habitantes. Así que solo hay dos opciones: se entabla un proceso de negociación o se procede mediante la fuerza bruta en régimen de excepción para arrasarlo todo y llamarlo paz como cuenta Tácito.

Aquí, la versión castellana:

Cuestiones para saber en dónde estamos

¿Cuántos presidentes tiene la República Catalana? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? ¿Existe la República Catalana? ¿Es independiente? Algunos procesados por el Tribunal Supremo aseguraron ante el juez que la declaración de independencia fue meramente simbólica. Pero el Tribunal Constitucional acaba de anularla. Anular símbolos es difícil. ¿Cuáles son los derechos de los presos y exiliados políticos?

Todo cuestiones que dibujan una situación confusa, de una complejidad innecesaria que evidentemente se ha ido de las manos del gobierno central. En el interior porque la judicialización del procés y la consiguiente politización de la justicia, errores mayúsculos, típicamente autoritarios, no dejan margen de maniobra política (supuesto que exista) y deslegitiman la vía jurídica. En el exterior porque al impacto mediático de la internacionalización del procés se añade una desafortunada gestión jurídica y diplomática que ha causado roces con diversos países.

El gobierno mantiene el 155 a todos los efectos, no muestra voluntad dialogante alguna y se reúne en sesión extraordinaria para impugnar de inmediato la aprobación de la reforma de la Ley de la Presidencia y cualquier otra decisión del Palament que le desagrade. Los tribunales están animados de igual celo represivo del independentismo. El juez Llarena sigue procesando gente e insistiendo en la entrega de Puigdemont, si no por el presunto delito de rebelión, por el también presunto de malversación. En su celo perseguidor, el juez se expone al ridículo. Así como acabó viendo violencia en donde había no violencia, ahora ve malversación en donde no ha habido gasto. Dejando al margen la magnitud y la cantidad de las supuestas pruebas y son irrisorias, resta le cuestión de que la acusación propiamente hablando tampoco es de malversación, sino de “tentativa” de malversación.

La verdadera tentativa aquí es la de enfrentarse a un movimiento independentista como el catalán reduciéndolo a una cuestión de orden público que se resuelve mediante la represión policial y penal. Valiéndose para ello de una causa general contra el independentismo en un proceso típicamente político. Tentativa que no deja duda respecto a las intenciones del bloque del 155 que no tiene la menor intención de retirarse.

Este es el talante del nacionalismo español y estas las circunstancias en las que vive el independentismo. Con dos opciones: República, Puigdemont y nuevas elecciones o gobierno en el marco autonómico, asfixia del independentismo, imposibilitado de seguir con el proceso y nuevas elecciones.

Téngase en cuenta que la existencia de presos y exiliados políticos es un obstáculo que imposibilita toda normalización política Es impensable una República Catalana con sus dirigentes políticos encarcelados y también lo es un gobierno autonómico que no comience por exigir su liberación. Aquí entran los tribunales que no solamente no son proclives a soltar sus presas sino que piensan seguir procesando gente (cargos públicos, representantes, etc) por variados motivos.

En una situación política normal, con un sistema político normal una opción como la del gobierno “efectivo” podría confiar en la voluntad negociadora de la otra parte. Pero la otra parte es el Estado español, cuyos máximos representantes (del rey a los políticos) son beligerantes contra Catalunya, sin intención alguna de negociar nada y, aunque la manifestaran, obviamente no serían creíbles. Confiar en la voluntad negociadora del Estado, teniendo en contra a las tres cuartas partes del Parlamento, sin contar con los de Podemos, aunque sin mucha seguridad es confiar en lo imposible.

El resultado de unas elecciones catalanas anticipadas en las que se concentrará la atención mediática exterior es justamente lo que la opinión pública internacional puede exigir: un referéndum limpio, con un resultado a favor o en contra de la independencia que decida definitivamente la cuestión. Es poco lo que se pierde en el peor de los casos, que el independentismo no ganase, por cuanto lo que no se perderá será la condición autonómica. El argumento según el cual un gobierno por acuerdo es más efectivo que otro por haber perdido las elecciones, introduce una diferencia que es poco probable.

Si la independencia de Catalunya fue o no simbólica, si lo fue la República, si lo es hoy la República en el exilio, solo puede dilucidarse mediante la presidencia de Puigdemont. No siendo esto posible por causa de fuerza mayor, mediante unas elecciones con una lista de país, para hacer República y liberar a los/as presos/as políticos/as.

Liderazgo e incertidumbre

De "final de infarto" califica elnacional.cat la investidura pendiente en Catalunya. Pues sí, así es. Al galope, raspando los tiempos, tensando la cuerda, actualizando el vivere pericolosamente al estilo de D'Annunzio. Una vorágine que tiene a todos tratando de saber en dónde están.

Los de El País, fieles a su principio no de informar sino de prever, anuncian que ERC ha roto la baraja, rechaza un Puigdemont II y pide asilo autonomista. Eso quisieran ellos. Además, de ser tal cosa cierta, no estaría el gobierno en zafarrancho repentino de combate, reunido hoy o mañana para, una vez oído el obediente Consejo de Estado, impugnar ante el no menos obediente Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de la Presidencia. Una norma arteramente aprobada hace un par de fechas con la firma de la rezongona ERC, por cierto. Añadan ustedes a esto la advertencia de la CUP de "pasar a la oposición" si no hay desobediencia y gobierno republicano. En realidad es renovación de advertencia pues ya se hizo con motivo de la investidura de Turull, aplazada a segunda vuelta por la abstención de los cupaires. Pero, de momento, ha avalado la reforma de la Ley de la Presidencia, como ERC, como JxC. Es decir, todos. Como siempre. El zafarrancho está en el campo del 155, en donde nadie sabe ya qué hacer.

El independentismo no es una balsa de aceite, desde luego. Sería absurdo en una situación en que unos están en la cárcel, otros procesados, otros sancionados, otros andan por el extranjero en una nueva forma de diáspora del exilio. Pero debe recordarse que tampoco se agota en los mencionados y sus fuerzas políticas sino que se apoya y se extiende en un amplio movimiento social con organizaciones poderosas de muy variada índole, como ANC, Ómnium, AMI, CDRs, colectivos profesionales, con una red de medios digitales y un uso intenso de las redes sociales, todo ello con una enorme capacidad de movilización. Es una revolución de nuevo tipo. El Estado o, al menos el juez Llarena, no quiere admitir que el referéndum del 1-O se financió con aportaciones privadas. En resumen, una realidad articulada, muy compleja, cuya unidad de acción se ha residenciado en Berlín, reconociendo la legitimidad de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Así han venido dadas las cosas.

Y ahora nos encontramos en el límite del tiempo, cuando este se encoge y depende de una decisión: nueva propuesta de Puigdemont o propuesta de un candidato "limpio". Lo primero son elecciones; lo segundo, un gobierno "efectivo". Es el momento en el que quien ha sostenido estos meses la bandera de la legitimidad, por todos reconocida, y sabe que le corresponde la última decisión, también por todos aceptada, ha de tomarla. Lo hace solo, bajo su responsabilidad. Es el precio que se paga por el liderazgo, sobre todo, el legítimo. 

Las dos opciones, por lo demás, se parecen mucho. El inconveniente invocado para las elecciones es la incertidumbre. Pero ese inconveniente no queda invalidado con la fórmula de gobierno autonómico y la CUP en la oposición. Más bien lo que promete es aplazar algunos meses la convocatoria de esas elecciones y la misma incertidumbre. 

Dado el grado de notoriedad internacional que el conflicto España-Catalunya ha despertado, unas elecciones con toda la atención mediática europea en Catalunya serían decisivas para respaldar la petición de negociaciones políticas entre el Estado y la Generalitat. Si se ganan, claro. Y ahí es donde entra la función del liderazgo en la sociedad contemporánea y aparece la incertidumbre. Esta no se da en un primer momento con un gobierno autonómico pero porque habrá abandonado la vía republicana, equivocación que llevaría a juntar hipotéticamente a ERC con PSC y los Comuns pero que no se dará porque no es viable numéricamente. Por eso mismo habrá de convocar elecciones quizá ya por entonces sin contar con el efecto de la atención mediática internacional que tendrían de hacerse ahora. 

¿Retrocedemos o avanzamos?

La tozudez del gobierno en torpedear la normalización institucional de Catalunya empeora las cosas, al menos para sus propios intereses. Por "normalización institucional" se entiende aquí el reconocimiento del resultado de las elecciones del 21 de diciembre pasado y la constitución de un govern presidido por Puigdemont.

De eso no quiere ni oír hablar el B155 y, por tanto, la situación queda bloqueada. Pero el bloqueo no puede sostenerse. En realidad, ninguna solución que no sea la apuntada podrá sostenerse. Esta en concreto por el quebranto que la situación provoca en las haciendas autonómicas. Las Comunidades Autónomas (CCAA) están necesitadas de un nuevo marco de financiación y, sobre todo, de numerario y urgente. Innecesario recordar cómo siempre se dice que, al establecer los planes generales de financiación, preciso es ir con cabeza fría y pies de plomo. Cuando llega la urgencia, se procede en caliente y con pies alados, como los de Hermes, patrón de los ladrones. Dicen las CCAA que no cabe esperar más a los catalanes a la hora de fijar el reparto de recursos. Tanto más cuanto los indepes no parecen tener intención de participar en las deliberaciones, cuenten o no con un govern. 

Y como no cabe esperar más, las CCAA piden a M. Rajoy que, enarbolando el 155, asuma la representación de Catalunya para establecer la nueva forma de financiación común. A título de política práctica, inmediata, la decisión sería un desatino más. Nadie va a creer que, haga lo que haga el gobierno en lugar de la díscola Catalunya, irá en beneficio de esta. Nadie que la propuesta emanada de esa deliberación sea sostenible a la vista de las circunstancias. 

Pero lo más grave de esta decisión de deliberar en ausencia de Catalunya sobre  deberes y derechos de esta es que abre el camino al planteamiento político que el independentismo está buscando: la relación bilateral entre España y Catalunya. Por un lado, las CCAA, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera se entienden entre sí (las de régimen común y las de foral o las especiales) y todas articulan una propuesta de financiación del Estado español que luego se negocia con Catalunya. Esto no es exactamente lo que tienen en la cabeza los estrategas de La Moncloa, pero es a donde llevan sus pasos, que nunca está guiados por el sentido común del que tanto se alaban. 

El gobierno echa la culpa del bloqueo de la investidura a los indepes, tras haberse tomado la molestia de prohibir la investidura consecutiva de tres candidatos y la adicional de encarcelar a dos de ellos. Así que ahora se encuentra de nuevo con el primero, que solo está en el exilio y es quien personifica la legitimidad en primera instancia según las mentadas elecciones del 21 de diciembre. 

Hay una idea de que la decisión de proponer de nuevo a Puigdemont tropieza con un malestar creciente en el movimiento independentista, en cuyos encuentros cada vez se ven más caras serias y preocupadas de hasta dónde puede llevar el empecinamiento de Puigdemont. Pero la verdad es que, por las noticias y reportajes de la prensa alemana, Der Spiegel y el Süddeutsche Zeitung, el ambiente en el independentismo es de optimismo: los independentistas no se rinden.  

Ni tienen por qué. Están ganando en la medida en que las mismas decisiones del gobierno central van en contra de sus intereses. El nerviosismo de las CCAA es una prueba más de lo que está revelándose como experiencia de la situación actual: que España no es gobernable en confrontación institucional con Catalunya. Esa confrontación se mantendrá mientras no haya un govern apoyado en el libre consentimiento de los ciudadanos, y el Estado no desista en su política de judicializar el conflicto y mantenga en vigor el 155. 

Y todo esto sobre el fondo de unas elecciones cada vez más cercanas.

El resultado del 21 de diciembre

¿No queríais la propuesta de Puigdemont? No haberlo vetado en un primer momento y no haber vetado a los dos substitutos que se ofrecieron en su día, Sánchez y Turull. Ahora ya solo queda una posibilidad: si no se quiere a Puigdemont habrá que sacar de la cárcel a Sánchez. Inter nos: no es de recibo que un juez decida quién puede y no puede ser presidente de la Generalitat por razones estrictamente políticas pues jurídicas, bien se ve, no tiene.

¿Que la propuesta de Puigdemont, en realidad, equivale a convocar elecciones? Tampoco es cosa tan grave pero, además, no tiene por qué. Bastaría con suspender toda la actividad represiva del Estado en Cataluña, la liberación de los presos (que ya molestan hasta a Zapatero), la vuelta de los exiliados, el cese de las confiscaciones y la formación de un govern presidido por Puigdemont para empezar a negociar.

Ese objetivo es el lógico, el que respeta el resultado de las elecciones del 21 de diciembre pasado (que va siendo hora) y el que apoyan las tres fuerzas independentistas, JxC, ERC y la CUP. 

El B155 se niega en redondo a admitir esta única razonable posibilidad. Pretexta que no le corresponde a él, pues es cosa de los tribunales, la justicia, la ley. Lo cual es una falacia porque desde el principio quedó claro que la judicialización del procés fue una decisión política y política ha de ser la decisión que lo "desjudicialice". Y sigue siéndolo al día de hoy porque aceptar el resultado de unas elecciones legales es la única decisión racional posible. Cualquier otra cosa será, y es, romper las reglas del juego y dar paso a la tiranía. El problema es que esta no es una solución ya de raíz.

Así que es eso, Puigdemont o elecciones. La alternativa, que se ventila en los cenáculos indepes, es si aspirar a la claridad completa con una probabilidad alta de quedarnos en la penumbra o una certidumbre de quedarnos en la penumbra. En estas circunstancias se la juegan las gentes y se la juegan los pueblos. La cuestión en concreto es: tras el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, ¿cuál sería el de otras próximas si, en lugar de ir con listas separadas, el independentismo presenta una lista de país?

Entre otras cosas, ese resultado permitiría calibrar claramente cuánto haya aumentado el independentismo su base; porque fiarlo a una bienintencionada ampliación como consecuencia de que el independentismo se presente como menos independentista implica retornar a la confusión ya superada. 

La cantante calva

La revolución catalana sigue. Catalunya es un hervidero de propuestas, contrapropuestas, planes, contraplanes, propósitos, transacciones y todo tipo de cábalas.  La movilización social es tremenda. Las rotativas y las redes no paran; las imprentas tampoco. Libros, folletos, panfletos. Aquí se debate todo: la forma del Estado, la República Catalana, los presos políticos, el Estado español; todo.  Por cierto, con un nivel muy respetable. Nada que ver con el de la villa y corte de los milagros. Pero nada.

Una explosión en las redes que obliga a replantear el saber convencional sobre los medios de comunicación.  En tuiter, una tormenta tras otra. Con esas dos novedades de tuiter tan desconcertantes: a) lo argumentativo suele ir acompañado de poderosas ilustraciones; b) lo público y lo personal aparecen mezclados. Internet es el foro público, universal por excelencia y tuiter su teléfono movil complementado con whatsap. Todo ello marca un ritmo frenético que, a veces, recuerda el teatro del absurdo. Pero no lo es; ni mucho menos. 

El parlament aprobó ayer considerar la desobediencia civil pacífica un método de acción política legítimo. Era de prever. La novedad es que a los votos indepes, setenta, se han sumado los ocho comunes. Mayoría absolutísima en contra de la criminalización de los CDR y a favor de la acción de desobediencia civil. Se alzan las espadas. 

Al tiempo, el mismo parlament aprueba la modificación de la Ley de la Presidencia, que abre la posibilidad de investir a Puigdemont a distancia, yugulada por el recurso previo del gobierno contra la intención y la correspondiente suspensión del Tribunal Constitucional.

He aquí la primera prueba a la voluntad de desobediencia. Las espadas se bajen, claman los prudentes, advertid que ERC pliega velas y renuncia a la vía unilateral, a Satanás y a sus pompas y obras. Obviamente, ERC formula sus deseos de multilateralidad, ampliación y eficacia y hace bien. Apañados estaríamos si no pudiera. Esos deseos los comparten todos los indepes del primero al último. De haber discrepancia será en cómo se implementen. Un futurible. En el presente, ERC cumple escrupulosamente sus acuerdos intra-bloque y nada autoriza a pensar que no vaya a seguir haciéndolo. Ha respaldado la candidatura de Elsa Artadi como sustituta de Puigdemont. 

Las espadas vuelven a lo alto porque Artadi, siendo una candidata perfecta desde el punto de vista de la legalidad española, es la que más claramente convertirá en realidad efectiva la estructura gaullista de la República Catalana que Elisenda Paluzie (ANC) ha ido a confirmar con el presidente Puigdemont a Berlín. Atentos a lo que decidan los miembros de la ANC, consultados estos días sobre la posición de la Assemblea. Aquí se cuece la lista única o de país. 

La idea es clara: presidente de la República en el exterior, designado por una Asamblea de electos o consejo de la República u órgano análogo, y una presidencia del govern en el interior en escrupuloso cumplimiento de la legalidad española... hasta donde se pueda. En donde no se pueda, entrará en funcionamiento esa desobediencia civil que el Parlamento catalán ha aprobado por setenta y ocho votos a favor y cincuenta y siete en contra y que el Parlamento español no podrá aceptar en modo alguno pero tampoco sabrá cómo impedir por haberse encerrado en un callejón judicial sin salida. 

La desobediencia civil es pacífica. La búsqueda judicial de violencia en el procés a partir del 1-O, infructuosa hasta la fecha, viene ahora ayudada por el uso partidista que el B155 está haciendo del fin de ETA. Se trata de criminalizar a toda costa el independentismo, aunque sea por magia simpatética: atención, ETA liquida ahora para abrir en el País Vasco un procés catalán. En lenguaje mediático con mucha imagen se pierden matices y solo queda ETA = procés catalán. Señores jueces, no hilen tan fino: todo el procés catalán es violencia, es ETA transterrada. Aplíquese la ley de partidos y lo que haga falta, ciérrense los periódicos digitales indepes, ilegalícense las asociaciones y partidos independentistas como se hizo en el País Vasco. Delenda est Catalaunia!

En este clima de delirio nacionalista español y con el horizonte de unas elecciones que todos rechazan, aunque no con la misma decisión, el presidente Puigdemont tiene convocados a los diputados de JxC el sábado en Berlín. Allá irán todos a una especie de juramento de los horacios, de defender la patria ante el enemigo, de forma democrática y pacífica, radicalmente no violenta. Falta el tercer horacio, la CUP, pero su posición es conocida. Y de allí saldrán con el nombre de Puigdemont o el de Artadi. Si es el primero, tropezará con la negativa del gobierno español parapetado en las togas del TC; si es la segunda, planteará el problema de las cuatro  abstenciones de la CUP no ya para la mayoría absoluta sino también para la simple si, en efecto, no se permite la delegación de voto de Puigdemont y Comín. 

Y en ambos casos, las elecciones, esas que todos dicen querer evitar, pasan de horizonte plausible a inevitable. Puede parecer absurdo, pero no lo es. Se recordará que en La cantante calva, de Ionesco, no hay cantante calva alguna. Aquí, tampoco. 

La internacionalización es esencial

Aquí, mi artículo de ayer del elMón.cat, titulado El frente exterior. Es una reflexión sobre la noticia reciente de que una asociación de empresarios, capitalistas y banqueros (los adalides de la libertad y la justicia, vamos) han contratado un lobby británico por casi medio millón de euros para una campaña de propaganda. Se trata de difundir por todos los medios la mentira de que España es un Estado de derecho y una democracia consolidada en todo homologable a los otros países europeos.

Entre los numerosos timos en que la banda de ladrones y delincuentes en el gobierno se gasta nuestro dinero a manos llenas, uno frecuente es el comprar amistad, sobornar gente, mendigar distinciones y apoyos internacionales malversando los caudales públicos. Y también los privados, pues la Camara de Comercio de España (la que paga el medio millón a estos espabilados británicos) ya los recuperará gracias a las redes corruptas que unen a los políticos peperos, todos ellos unos mangantes, con la cúpula empresarial del país, otra pandilla similar.

El ridículo no puede ser mayor: ¡medio millón de pavos para explicar lo que, si fuese verdad, no sería necesario difundir! Ningún europeo o norteamericano pagaría un ochavo por demostrar al mundo que sus países son democracias. España sí lo necesita precisamente porque no lo es.

Y ahora que todo el mundo sabe qué dictadura se gasta en España, vienen los empresarios a disipar  dudas. Frente a ellos, hay que armar una potente defensa exterior del procés.

La versión castellana:

El Frente exterior

La Cámara de Comercio de España ha contratado con un lobby británico, la sociedad Brunswick, una campaña de propaganda ideológica unionista por 484.000 € que pagan, entre otros, el Banco de Santander, el BBVA, Caixabank, Iberdrola, Telefónica, etc. Se trata de propagar en el extranjero la mentira de que España es un Estado democrático de derecho en el que se respetan las libertades. El empleo del art. 155 es una medida excepcional para proteger esa democracia frente a un separatismo ilegal. La campaña es, en lo esencial una campaña anticatalana, tan anticatalana como todas los demás actos de catalanofobia que realiza sin parar el Estado español.

Los organizadores de la campaña niegan la vinculación con el régimen de la Gürtel, señalando que son empresas privadas. Como si la gente fuera idiota y no supiera que las empresas del Ibex35 son el verdadero Estado, mientras que el gobierno es solo su consejo ejecutivo. Ese medio millón de € ya lo tienen amortizado con lo que extraen explotando a los ciudadanos legal o ilegalmente merced a las políticas que aplica la banda de ladrones del PP. Por lo demás, también están todas las agencias oficiales españolas, desde el ministerio de Asuntos Exteriores al de defensa, pasando por el CNI volcadas en el extranjero, sobornar políticos, chantajear a medios, emplear los fondos de reptiles, los de sus innumerables cajas B de blanqueo en propalar patrañas sobre Catalunya y boicotear el proceso democrático catalán.

Que la campaña es mentira, típico ejemplo del otro ridículo de la marca España se ve de inmediato con una pregunta elemental: ¿alguien cree que los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, etc., hayan de gastar medio millón de euros en convencer a los demás de que son Estados democráticos? En España es necesario precisamente porque ni es Estado de derecho, ni democracia, ni respeta los derechos de las personas.

Esta campaña de los banqueros y empresarios, con un argumentario en cuatro falacias, se hace porque la propaganda a cargo de los intelectuales orgánicos del franquismo, los que colonizan los medios escritos y audiovisuales, no convence a nadie. La teoría, elaborada por la tropa de historiadores, juristas, politólogos, economistas, sociólogos, etc. no hace otra cosa que vender como ciencia pura ideología nacional-católica con unos toques de liberalismo y krausismo y basada en un postulado falaz: España es homologable con las demás democracias europeas. Si tal cosa fuera cierta, no sería preciso untar a propagandistas exteriores para difundirla.

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, uno de los chiringuitos desde los que, como en las demás Academias, las mojamas del franquismo ladrador legitiman la dictadura del 155 y el régimen de corrupción y delincuencia imperante en el país, organiza unas jornadas con motivo del 40º Aniversario de la Constitución de 1978. Que se hagan con el artículo 155 en vigor, el que suspende aquello que tan contentos celebran y establece una dictadura, no les merece ni un comentario. Pero ni con academias, ni pagando la publicación de artículos de los voceros intelectuales del régimen en el exterior este consigue combatir el desprestigio, la mala fama y el repudio que las medidas de represión franquista despiertan en la opinión pública exterior.

Por eso se recurre a los empresarios, en la esperanza de que, dada su supuesta eficacia, tendrán más éxito que los plumillas a sueldo del nacionalcatolicismo español. Pero sin reparar en la cuenta de que, siendo españoles, estos empresarios y banqueros serán enchufados, privilegiados, caciques y mangoneadores de los dineros público y de empresarios y banqueros al estilo europeo no tendrán nada. Y, por tanto, la campaña será otro fracaso más.

No obstante, estos intentos reiterados, aunque irrisorios, dado el conocimiento que de España se tiene en el extranjero, prueban la necesidad de que el movimiento independentista intensifique sus esfuerzos en el ámbito exterior. La internacionalización del conflicto España-Catalunya, una clara victoria catalana, debe consolidarse y ampliarse. De no haber sido por él, Catalunya tendría una visibilidad mucho menor en Europa y el bloque del 155 las manos mucho más libres para reprimir la democracia en Cataluña.

El Estado español ha luchado cuanto ha podido contra la internacionalización del conflicto, pero su propia ineptitud autoritaria la ha ampliado mucho más al tiempo que cubría de ridículo al poder judicial del país. Por eso recurre ahora a los empresarios.

Concentrado en el frente interior, en la necesidad de investir presidente de la Generalitat en unas condiciones de dictadura política y arbitrariedad judicial, el independentismo no debe abandonar el frente exterior. Por eso es urgente que se institucionalice una plataforma internacional de apoyo a Catalunya, algo como esa “Comisión Chomsky” que venimos pidiendo desde hace tiempo.

La defensa de la democracia en Catalunya afecta a los demócratas del mundo entero.

Desobediencia

El verbo amagar tiene una curiosa dualidad de sentido en castellano y catalán. En castellano significa más o menos amenazar; en catalán,  ocultar. El titular de El País podría leerse como que los secesionistas ocultan la desobediencia, aunque para eso sobraría la preposición "con".

En todo caso, el asunto va de desobediencia. La aprobación de la reforma de la Ley de la Presidencia no lo sería; su implementación proponiendo la investidura de Puigdemont a distancia, sí. 

Y aquí es donde el independentismo debe decidir: o desobedece ahora proponiendo la investidura de Puigdemont o aplaza la desobediencia a que cargue con ella un govern efectivo. Mientras esté en vigor el 155 prácticamente toda acción de este será de desobediencia. El gobierno central ya ha hecho saber que el 155 no tiene límite de tiempo. Ni de nada. Véase el trance del PNV: dijeron no aprobar los presupuestos si no se retiraba el 155; luego pasaron a aprobarlos mediando solo una promesa de retirada. Al final, ni promesa queda. En realidad, ningún gobierno independentista puede llevar adelante su mandato en el marco legal español, haya o no 155. Eso es lo que quiere decir que el conflicto es político. 

Y si de respetar escrupulosamente la legalidad se trata nombrando a un candidato "limpio", el nombre de Carles Riera se ajusta al perfil. A ello se añadiría un reconocimiento de legitimidad con el nombramiento in pectore de Carles Puigdemont en el extranjero. 

El problema de los jueces para mantener en la cárcel a los presos políticos es que no encuentran la violencia que necesitan para acusarlos de rebelión; el de los indepes para sacarlos: aceptar una legalidad autonómica que incluye la existencia de presos políticos. Mientras haya presos políticos no se podrá hablar de normalidad.

El problema son los presos y exiliados políticos. El problema es la judicialización del procés que, en sí misma, es un llamamiento a la desobediencia civil.. 

La normalidad solo podrá darse con el desestimiento de la acción represiva del independentismo en todos los órdenes y el inicio de negociaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat en la forma y con los fines que acuerden.

Antes de la batalla

España estalla por todas las costuras. La barbaridad de la sentencia de "la manada" unida al montaje que está saliendo en el juicio a los chavales de Altsasu, han incendiado la opinión pública. Todo el mundo pide la dimisión de alguien. La gente la de los jueces; los jueces, la del ministro; el ministro, quizá, la de la gente. Es capaz. Brecht imaginaba que el gobierno podría disolver al pueblo.

Se añade la corrupión galopante. Con Ruiz-Gallardón ya hay poker de mangoneo en la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno (y alcaldía, dicho sea de paso) parece haber sido el reino del hampa. Riánse del Chicago de los años veinte. Al lado de esto, una ciudad mormona. Y menos mal que, merced a la codicia de los emprendedores (ya saben: vicios privados, virtudes públicas), no llegó a arrancar aquel Eurovegas-Alcorcón o algo así. González se daba un aire a capo de casino en Las Vegas.

Se añade esa noticia de que los obedientes chicos del CIS llevan tres años sin preguntar la opinión sobre la monarquía. El gobierno la justifica con confusas razones cuando hay una clara, comprensible, de carácter económico, el ahorro: como ya sabemos la respuesta nos ahorramos la pregunta. 

"La manada", la corrupción, una monarquía hecha papilla. Atareados con estas cuestiones nadie presta atención a la que está cociéndose en la Catalunya rebelde. Y menos en este puente largo que en Madrid es viaducto. Los partidos preparan a la vuelta una trifulca parlamentaria en la Corte con la sucesión de Cifuentes que promete ser espectacular, con el forcejeo entre el PP y C's que tiene al otro agarrado por el gañote. 

La judicialización del procés ha sido un desatino mayúsculo cuyo último dislate viene de la reciente decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la investidura a distancia de Puigdemont. Queda cerrada la última posibilidad de buscar una salida política a un conflicto político. Ahora no hay otra que replantear la situación políticamente. Antes era Puigdemont o elecciones; ahora es elecciones o elecciones.

De este modo acaba haciéndose realidad aquellos que todos decían querer evitar, unos sinceramente y otros por conveniencia: nuevas elecciones. Se acumulan razonamientos en contra, uno especialmente en el campo independentista: ¿y si se pierden? 

Claro, las elecciones pueden perderse o ganarse. Pero eso es irrelevante cuando son la única opción. Una vez ha quedado claro que el gobierno piensa mantener el 155 ad calendas graecas, cualquier govern que se constituya en el marco estatutario acabará viéndose obligado a convocarlas. Potestad que mantiene aunque no es descartable que una "profundización" (como dice El País) del 155 se la arrebate, creando una situación típicamente colonial.

Otro argumento contra las elecciones es que nadie se fía de que el bloque del 155 (B155) no haga todo tipo de trampas, desde intervenir los medios públicos de comunicación a ilegalizar partidos o asociaciones independentistas. Para eso perpetraron la Ley de Partidos de 2002. Y, si no lo sacan en el Parlamento, lo hace Rajoy en virtud de los plenos poderes del 155. Es conveniente que, además de convocar elecciones, se pida la presencia de observadores internacionales. Aquí vendría muy bien esa Comisión Chomsky de apoyo a Catalunya que es muy necesaria.

Ahora, a las elecciones que también pueden ganarse. Y por holgado margen. Veamos. La liberación de los presos políticos es una condición inexcusable del independentismo. Y con toda razón: es inadmisible aceptar como normal una situación con presos y exiliados políticos. Mientras tal sea la circunstancia, el independentismo seguirá su marcha con el conflicto planteado a escala internacional. La judicialización no ofrece salida alguna realista; esta solo puede venir de una decisión política: nuevas elecciones y todos los presos y exiliados políticos son candidatos en la lista independentista. Para eso se necesitará una participación muy alta, movida por "los presos, a casa".

Esa lista tiene que ser de país. Se concentra el voto en una opción y las elecciones tienen un valor de referéndum sin serlo técnicamente. Las listas separadas dieron el resultado del 21 de diciembre, que no fue malo, pero sí mejorable. Y precisamente ahora por dos razones: de un lado es poco probable que la derecha repita su alto resultado, jugando en ello la irrupción de Tabarnia; de otro, el voto independentista, muy movilizado por la libertad de los presos y la consolidación de ese ámbito de acción republicana de hecho en estos últimos seis meses en los que, además, Catalunya, en lugar de sumirse en el caos económico, prospera más que nunca.

La votación se presenta como una votación por la república, la democracia, la defensa de las instituciones catalanas y el cese de la represión. Y en eso están de acuerdo todas las fuerzas independentistas. Hagan pues una lista única, de país, sin reparar en las expectativas de voto de cada lista por separado. Una lista de la República Catalana.