lunes, 7 de julio de 2008

El manifiesto y la controversia de las lenguas.

¡Pardiez, señores, que se ven en el siglo usos desaforados que fueran más propios de los tiempos pretéritos! Al decir de gentes avisadas la lengua castellana o española (que de ambas formas es conocida como se ve en el título de la obra de Covarrubias, editada por el insigne Martí de Riquer) es objeto de menosprecio en las nacionalidades bilingües y hállase próxima a su extinción merced a las órdenes, pragmáticas y decisiones que emanan de las públicas autoridades locales. Siéntese asi movido un grupo de ingenios de la Corte a dar a luz un Manifiesto por la lengua común. Forman la compaña al viajero los nombres siguientes: Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner. Como se ve hay de todo pero abunda la gente culta, inteligente y brillante.

Tal temprana luminaria refulgirá en el firmamento, desde donde llegará al último rincón del globo, como próvido maná acrecido por la homilía semanal del pregonero mayor del Reino desde el temor por el fin del mundo que las generaciones venideras llamarán "plataforma mediática". Héteme aquí que en su día se juzgó provechoso para el bien común que tanto preocupaba al Aquinatense, y la gloria del magnánimo Borbón permitir que los habitantes de los lugares con lengua vernácula puedan servirse de ésta entre sí y en sus tratos con los agentes de la autoridad. Al tiempo debía asegurarse que en todas las posesiones de la Corona en donde se hablan lenguas vernáculas, el castellano o español reine como lengua franca de común entendimiento. Échase de ver, no obstante, que en el ejercicio práctico del poder en las nacionalidades bilingües, las autoridades actúan en provecho local y menoscabo de Corte. Anhelan que desaparezca la lengua común castellana y pretenden imponer el solo uso y cultivo de la suya vernácula. ¿Ha de obligar el Rey a sus súbditos en lueñes tierras a falar la lengua del Imperio?

Adviértese aquí de que no se trata sólo de la justa indignación que experimentan las almas refinadas cuando oyen hablar la lengua común a la que creen en franco deterioro, pues "ya nadie habla un castellano correcto", sino de la aventura de sumarse al movimiento del Manifiesto amparándolo y dotándolo de portentosos artificios para que su causa se oiga en tierras recónditas y ampare los derechos de todos. Porque son los seres humanos los titulares de derechos y no los territorios y menos aun las mismas lenguas. Este argumento se esgrime con frecuencia en un sentido equívoco. Nadie negará que son los seres humanos los titulares de derechos y no los territorios o las colectividades. Suspende el ánimo no obstante que quienes así de sagazmente discurren no caigan en la cuenta de que esos derechos de titularidad individual pueden ser antagónicos y habrá que establecer un orden de prioridades. La prioridad castellana puede encontrarse enfrente de la prioridad catalana y ¿cuál es el orden de preferencia?

¿Cual ha de ser? Por supuesto, el español porque es una lengua universal en permanente expansión, sólo superada por el inglés y el chino. Pero esto no es una razón convincente. No es disparatado que alguien invoque como mérito del orden de preferencia inverso que el carácter frágil, exiguo y minoritario de una lengua debe ser un criterio de la política de las autoridades educativas. Además, si tan seguro y próspero es el español, ¿por qué le atribula que en una porción relativamente pequeña de tierra, en Cataluña o en el País Vasco deje de hablarse? Obviamente porque el español es una lengua potente e impotente al mismo tiempo, en expansión o en contracción, según quién hable.

El discurso de la lengua es y ha sido siempre el discurso del poder político. Dios concede a Adán la potestad de poner nombre a las cosas, le da poder. Y de poder es de lo que se discute en esta controversia de la lengua; del poder de imponer la lengua. Si, lejos de querer forzar exclusivamente el castellano, el Rey, mediante disposición tan generosa como justa según dicen los del Manifiesto, autoriza el empleo de otra lengua vernácula en situación de confrontación a muerte, ese es el punto de vista del Rey, que compartirá quien lo comparta, que habrá que cumplir por imperativo legal pero no hay por qué aceptar sin más. Otrosí si el criterio es el número, lo mejor es que todos aprendan chino.

Argumentan los redactores del Manifiesto que el derecho de todos los españoles (incluidos los que viven en la marca cataláunica) deriva de lo preceptuado en la Constitución Española, art. 3, 1: El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y digo que deriva de la Constitución (algún sentido había de tener el famoso "patriotismo constitucional") porque es la Constitución la que crea tal derecho y deber. Barrunto que los redactores no tendrán una concepción iusnaturalista del derecho a usar el español que les haga decir que la Constitución no lo crea sino que lo reconoce porque es anterior a ella, como un derecho fundamental, con lo que habría que luchar porque todos los habitantes del planeta pudieran ejercitarlo.

Ahora bien, que algo esté amparado por la Constitución no quiere decir que quede hipostasiado a juicio de los manifestantes. Al contrario: ellos mismos piden del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos).... O sea, la Constitución puede modificarse en lo atingente a la regulación jurídicamente vinculante de la lengua. Pero podrá hacerse en más de un sentido. ¿O no pueden los nacionalistas pedir también una reforma de la Constitución para que el artículo 3,1 diga algo así como: "Las lenguas oficiales del Estado serán las cuatro oficiales en las distintas comunidades autónomas"?

Con razón han elegido el término "Manifiesto" para el título de su acción, un término político, insurreccional, a veces militar y en otras artístico. Pero siempre un texto para dejar clara de forma sucinta la posición de un grupo o bandería en una controversia.

(La imagen es una foto de Visentico/Sento, bajo licencia de Creative Commons).