Aquí no va a irse nadie de vacaciones; nadie excepto el presidente de la “gran nación”, que estará imitando a Forrest Gump o jugando al dominó en algún municipio de Pontevedra y el monarca, quien ya ha regalado una sesión de bonitas fotos a las revistas del corazón desde el palacio de Marivent. Normalidad dinástica. Donde veraneaba el padre, veranea el hijo. Normalidad.
Pero de normalidad, nada. Las hostilidades en la causa catalana se aceleran. Ha faltado tiempo al gobierno para recurrir la reforma del reglamento del Parlament ante el Tribunal Constitucional (TC) y este ha volado literalmente admitiendo a trámite el recurso por unanimidad en cosa de minutos. Con la admisión se suspende la reforma y, además, se apercibe con ceñudo gesto a diversos cargos de la Cámara de las responsabilidades en que pueden incurrir si hacen gesto de desobedecer.
El recurso tiene un fundamento jurídico que trae hilo de un dictamen del Consell de Garanties Estatutaries y se centra en la situación de desigualdad en que quedan los grupos de la oposición y la negación del derecho de participación. El punto más débil de esta argumentación es que la reforma del reglamento recurrida reproduce a veces literalmente los textos vigentes sobre lectura única en otras Comunidades Autónomas. Incluso en los reglamentos del Congreso y el Senado. Con el añadido de que, entre otras ocasiones, el Parlamento español ha procedido en lectura única en el caso de la reforma del art. 135 CE y la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2015 que convierte en este en ejecutor de sus propias sentencias, monstruo contra natura jurídica que es el juez y parte al mismo tiempo. Una figura que, como la Medusa, aterroriza el solo mirarla.
Quien quiera acceder a una exposición de todos los textos autonómicos en la materia de lectura única puede ir al tuit de Roberto Fernández Santos, que se ha tomado el trabajo de recopilarlos. Y, en efecto, hay una coincidencia casi total. Alguna comunidad pide unanimidad de la Junta de Portavoces (caso de Andalucía), pero en la inmensa mayoría, la lectura única que quiere introducir el Parlament está en vigor por doquier. Difícil va a tenerlo el TC si quiere anular la reforma por razones jurídicas, salvo que se proceda a anular la lectura única en todos los reglamentos, incluido el del Congreso.
El fundamento jurídico será objeto de prolongados debates porque todas las normas son interpretables. Y esa es su finalidad: que se prolongue la decisión y, por tanto, la suspensión, más de dos meses, a los efectos de abortar la consulta del 1/10. Es decir, la finalidad verdadera no es jurídica, sino política y se basa en la convicción del gobierno de que la reforma reglamentaria catalana servirá para aprobar la legislación de desconexión.
Como ha señalado todo el mundo, el recurso, en realidad, es preventivo. No se recurre la norma por sí misma sino por la intención que lleva. Pero como esto no se puede decir, se busca el fundamento en derecho. Este, seguramente, no resistirá el escrutinio jurídico del TC, quien creerá salvar su muy mermado prestigio rechazando el recurso… dentro de cinco meses. Para entonces ese mismo TC, al admitir, ya habrá cumplido su función política de gendarme del gobierno de impedir el reférendum. Y, con ello, asumirá el protagonismo en la actividad represiva por razones políticas a medida que las cosas se compliquen, creando una situación insólita: un TC invadiendo por iniciativa propia la jurisdicción penal.
Porque, ¿qué reacción a la suspensión cabe esperar de la cámara catalana, incluidas algunas de las personas ceñudamente apercibidas? Si no de todas, sí, quizá de la presidenta Forcadell, ya imputada en otros procedimientos. ¿Qué sucede si el Parlament decide por mayoría absoluta no acatar la suspensión? Es evidente que la recurrirá y también que el TC inadmitirá el recurso o se negará a levantar la suspensión. A partir de aquí, vienen las conjeturas.
La mayoría independentista absoluta apunta en dirección al no acatamiento. En esto seguirá habiendo unidad de acción entre JxS y la CUP. El posible enfrentamiento, siempre latente, a cuenta de las campañas de la CUP es irrelevante. Esta organización es autónoma por esencia y tiene derecho a desarrollar sus actividades como mejor crea conveniente. La unidad en la lucha contra el Estado no tiene por qué llevarse a todos los órdenes de la vida en los que cada cual mira por sí. Esas campañas contra el turismo (cuestiones de orden público aparte) son manifestaciones de dinámicas sociales muy generalizadas y en sociedades avanzadas.
De no acatarse la suspensión, el enfrentamiento previsto como plazo último el 1/10 se habrá adelantado. El desacato producirá inhabilitaciones. Las inhabilitaciones no serán admitidas y el Estado tendrá que escalar las medidas represivas. Contando con que Puigdemont ya ha dicho públicamente que está dispuesto a ir la cárcel a cuenta del referéndum.
En alguna de esas tertulias televisadas en las que vociferan energúmenos, en distintas ocasiones se ha dicho que los independentistas iban buscando algún muerto o que se merecían un fusilamiento, no estoy muy seguro y los energúmenos tampoco. Pero sí parece claro que el gobierno rige sus actuaciones por lo que oye en las tertulias. No quiere muertos; pero quiere presos.
Justificar la imagen de un presidente de un gobierno regional preso por razones políticas por el Estado central es cosa harto difícil. Justificar un estado de excepción de hecho, si no de derecho, en Cataluña ante la UE y la comunidad internacional requiere dotes sobrenaturales.
La capacidad del Estado español de imponer su punto de vista en los foros internacionales es prácticamente inexistente. Incluso en asuntos referidos a lo que considera “problemas internos”
