Buscando a Susana desesperadamente.

Palinuro, siempre comedido, ha dejado pasar unos días desde el congreso extraordinario de Sevilla, para pulsar reacciones. Ha habido pocas, la mayoría de círculos del PSOE y la mayoría de la mayoría reticentes cuando no abiertamente hostiles. Excepto en Andalucía, en donde Díaz alcanzó una cantidad de votos de las llamadas búlgaras, el 98,7%, todos los emitidos, pues no hubo votos en contra ni constan en blanco. El 1,3% restante estaría en el excusado. Rubalcaba, casi en éxtasis, hablaba del poderío de Susana Díaz. Curiosa palabra, aunque entendible en alguien que entre los suyos gana con un cincuenta y algo por ciento raspado. Claro que en su elección había contrincante y Díaz competía con el tiempo. No sé si es poderío o adocenamiento. Al fin y al cabo, Díaz es la candidata de Griñán, como Griñán lo fue de Chaves. Es una forma de transmisión del mando de carácter típicamente cesarista. Es verdad que Díaz se había impuesto en unas primarias pero, probablemente, porque era la candidata oficial. Tanto es así que los mismos vencedores acordaron rebajar a partir de entonces la cantidad de avales exigida para que pudiera presentarse alguien más, aparte del tapadx.

¿En dónde reside el poderío? ¿En el discurso? El de Susana Díaz es muy voluntarista, rotundo, determinado; en el tono, pero no en el contenido. Invoca fines generales sin tasa, algunos excesivos para sus competencias (y son muchas, pues viene investida del máximo poder en Andalucía), como la unidad de España, los pactos con el gobierno, con la vista puesta en el Estado, la inaplicación de los recortes en Andalucía. Ahora hay que ir a la letra menuda. A cómo se conviertan en realidad los decididos propósitos de la recién elegida. En eso no hay muchas indicaciones. Casi ninguna. Y la situación es especialmente peliaguda. Díaz hereda una comunidad que siempre ha estado gobernada por el PSOE, lo cual, aparte de muchas ventajas, ha terminado cristalizando en un anquilosamiento de las estructuras del partido y las instituciones, pobladas de intereses creados, muy reacias a renovaciones y cambios que supone un tremendo peso muerto de inercia. Tiene un trabajo por delante.

Pero el poderío puede venir también del hecho de que el PSOE de Andalucía es decisivo en el calendario que se ha marcado Rubalcaba. Las primarías serán cuando diga el comité federal y este dirá lo que digan los andaluces. Y lo que van diciendo ya, al menos Griñán, es que toca retirada a la generación mayor, los restos del felipismo, rescatados por Rubalcaba tras el paréntesis arco iris de Zapatero. Aquí el poderío es el de la guadaña, que no deja mies sin segar.

Díaz se ve mandataria andaluza y se excluye de la carrera a la dirección española. Ahí siguen postulándose prudentemente, en fintas y escarceos algunos nombres.  Cuando las primarias se convoquen puede haber un alud de candidatos. Lo cual está bien, es más democrático que las elecciones con uno solo. Pero puede sembrar el desconcierto. Eso si no se lanza algún espontáneo como en su día lo fue Rosa Díez.

La cuestión es que, si aparece media docena de candidatos es porque ninguno destaca lo suficiente puesto que todos están a lo que mande la dirección. Pero a la gente le interesa saber qué piensa cada uno de ellos de cuestiones substantivas que ya tendrán reflexionadas, salvo que se presenten candidatos con ánimo de tener las ideas después. Y eso es lo alarmante. Ninguno dice nada; ninguno matiza la política oficial del partido, ni discrepa de ella. 

No se explica por qué son media docena. O sí.

(La imagen es una foto de Sevilla Report, con licencia Creative Commons).

La ciberpolítica rules ok.

Mi colega Javier Toret, colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya e investigador de Datanalysis 15M, ha publicado en su cuenta de Twitter un diagrama que resume de maravilla la realidad de lo que llama la tecnopolítica. No su promesa, sino la realidad, a partir de la cual la promesa primera se multiplica y diversifica a gran velocidad.

Personalmente prefiero llamarla ciberpolítica. El prefijo "ciber" refleja  la singularidad de esta forma de política mucho mejor a mi entender que el de "tecno", más antiguo (en su uso actual), más ambiguo e impreciso que el prefijo "ciber". Los dos son de origen griego, pero el "tecno" refleja un modo de hacer, mientras que el "ciber" supone un modo de avanzar, de dirigir. El "tecno" estaba ya en la venerable tecnetrónica y aparece en la famosa obra de Zbignew Brzezinski, Entre dos épocas. La función de América en la era tecnetrónica, de 1970, empapado del espíritu de la guerra fría. Parte importante del libro trata de un fenómeno que hoy es historia: el comunismo. Brzezinszki, además de ser un notable estudioso, era un asesor de política exterior de la Casa Blanca. Un asesor sin duda más valioso que los tropecientos de Rajoy todos juntos. Pero un asesor. Su empeño era propiciar y justificar el triunfo de un bando sobre otro, finalidad honorable en sí misma (según de qué lado se esté) aunque limitada.

El "ciber" es también venerable (lo usa hasta Platón) pero se consagra como especie de paradigma científico a partir de la no menos famosa y clásica obra de Norbert Wiener, El uso humano de los seres humanos. Cibernética y sociedad hacia 1948 o 1950, no estoy seguro. Menudo título, por cierto. Wiener y otros colegas cuyas investigaciones coincidían más o menos, como Ross Ashby o el infortunado Turing, sin duda trabajaron para las fuerzas armadas y los gobiernos aliados durante la guerra caliente, pero no eran asesores ni políticos, sino matemáticos. Su postulado esencial (que ya venía de antes, del siglo XIX), los sistemas autorregulados, se extendió por todas las ramas del saber y el hacer, desde los proyectiles autodirigidos a los ecosistemas. Luego, hubo un renacimiento de lo cibernético con la aparición de la red, sistema de sistemas y abierto, con mecanismos de retroalimentación pendientes de identificar porque, al ser la red mundial (World Wide Web) es la primera vez que la razón sistémica tiene que gestionar el planeta entero y más allá. Es cuando más falta hace un piloto, un kybernetes que oriente en el ciberespacio, que ya está poblado de ciborgs (¿cuántas veces nos obligan en la red a demostrar que no somos máquinas?), hay ciberpunks y hasta ciberguerras y ciberterrorismo. ¿Por qué no ciberpolítica?

En fin, cuestión de nombres. Lo importante es la cosa. Y la cosa queda reflejada en todo su alcance en el diagrama de Toret quien, prudente y modestamente, avisa de que es una versión 1.0. Ya estará viendo la 2.0. De todas formas merece la pena mirar con atención el cuadro, observar la multiplicidad de cosas que la tecnopolítica hace, no hace, acelera, desvía, cataliza, resume, integra, etc. Es una descripción palmaria de la eficacia de la tecnopolítica esto es, de la política hecha en la red. Abrumador. Es absurdo debatir sobre si las redes condicionan la política. Una parte importante de la política (información, debate, opinión, organización de la acción) se hace en las redes. Los políticos se sacuden mutuamente, se apoyan, se critican en las redes. Cada vez se debate más en la red, que es un universo en expansión.

He aquí un diagrama muy parecido al de Toret y complementario al suyo. Se encuentra en el Dorai's Learn Log y versa exclusivamente sobre las fuentes de información en internet, un aspecto que no toca Toret porque su diagrama es de acción; pero la acción es inseparable de la información. Por eso, el diagrama de Dorai es muy ilustrativo de la multiplicidad de fuentes de información que moviliza luego la acción ciberpolítica. Aquí, el que está desinformado es porque quiere. De todas formas, aunque actualizado en 2009, el cuadro de Dorai (de 2007) está increíblemente anticuado. Basta ver que el enlace "Blogs" solo remite al centro, no se distribuye y, por supuesto, el microblog, o sea Twitter, no aparece. Pero lo que está, está. No es una invención. Wikipedia tenía en 2009 2,9 millones de entradas en inglés de alta calidad (en nada inferior a la de las enciclopedias de papel más afamadas), siete millones en otras doscientas lenguas. Gratis. Costes mantenidos por los usuarios cuando Jimmy Wales sale pidiendo pasta. Si esto no es cambiar el mundo, se le acerca.

Los dos diagramas son de estrella. Pero el de Toret ya señala que una de las funciones de la tecnopolítica es multiplicar las redes distribuidas. La orientación en las redes distribuidas es el reto político del futuro por excelencia. La ciberpolítica rules ok, es la política de nuestro tiempo. ¿Que habrá política después de la ciberpolítica? Sin duda. Pero, como la vida después de la muerte, está por ver.

Una última palabra sobre la "acusación" de ciberutopía. Ciertamente, la ciberutopía alienta en la ciberpolítica por la misma sencilla razón por la que la utopía alienta en la política. Todas las utopías juntas (y son una pila) no pudieron imaginar lo que hoy es una realidad. Aquí y ahora.

Cuesta abajo.

Sosiéguense vuesas Mercedes, que diría Felipe II. No cunda el pánico en el cuarto de máquinas. Viene brava la mar, sí, pero no pierdan los papeles, que están ustedes empezando a delirar, cuando no a dictar normas draconianas, como esa #LeyAntiProtesta que parece pensada por un demente, un paranoico.

Buena la ha armado la ministra Mato pidiendo la retirada (o sea, el secuestro de la edición) del libro Cásate y sé sumisa. Ha conseguido enfrentar al gobierno con la jerarquía católica, editora del tomito de Costanza Miriano. Es la modernidad. Dentro de poco, la guerra de las investiduras. La derecha ciega. ¿Nadie ha explicado a la señora Mato que en democracia no se pueden secuestrar libros a no ser que sean delictivos por el continente o el contenido? Por eso, Miriano va diciendo que quieren censurarla. Todo lo cual, obviamente, acabará convirtiendo el ensayo, panfleto o lo que sea eso, en un éxito de superventas. Bueno, a lo mejor Mato se ha sentido personalmente agraviada porque, habiéndose casado, no ha sido sumisa a su marido, del que pasaba olímpicamente, hasta el punto de no saber qué coche conducía. A lo mejor se ha hecho feminista en función del atinado criterio de que lo personal es político y ella, de sumisa, nada.  Una feminista con razones de la derecha: el libro está mal porque "falta al respeto a las mujeres". Eso de "faltar al respeto" es muy de derechas, ¿verdad?  Por lo demás, ella sigue mostrando fidelidad a la causa de expoliar España, habiendo adjudicado, según parece, la decisión sobre privatizar o no dos hospitales en Ceuta y Melilla a una empresa del ex-consejero del PP Lamela, más conocido como privatizator. Para que todo quede en la cosa nostra.

¿Y pues Fabra, el hombre de los aeropuertos para peatones, presidente sempiterno de la Diputación provincial, eximio cacique, hijo y nieto de caciques, referente en todo del PP y de su presidente Rajoy que, con su acostumbrado tino, lo calificó de "ciudadano ejemplar"? El Fabra al que tocaba la lotería con la regularidad de las mareas y que prometía sacarse la minga y mear en la sede de IU si volvía a tocarle; el que llamaba hijo de puta a un diputado de la oposición, aprovechando quizá que la palabra contiene las letras; el padre de la diputada del PP del ¡que se jodan!; el suegro del archidimisionario Güemes, que, siendo tan listo, no consigue salir de la puerta giratoria. Encantado que está el ciudadano ejemplar porque solo le han caido cuatro años por mangante. Y, como es pundonoroso, se ha dado de baja en el PP, por no contaminar. En el PP aseguran que ya lo dieron de baja hace mucho; pero también habían dado de baja a Bárcenas. Bajas en diferido.

¿Y qué decir de la dueña manchega que tanto domina el diferido como el recortado? Celebróse el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Rajoy con cara de velorio y Cospedal enmendó la plana al fiscal, pidiéndole que revise mejor sus papeles porque en el PP no hay ni ha habido nunca caja B. Otro enfrentamiento, no ya con la iglesia sino con la Justicia que, por cierto, tienen poco que ver. Porque, además del fiscal, también el juez habla de caja B. Es decir, quien debe revisar sus papeles es el juez, forma coloquial de traducir el solemne propósito de que el PP colabora siempre con la Justicia. Por lo demás, que las afirmaciones sobre la contabilidad del PP estén solo sostenidas por la problemática palabra de Cospedal pues todas las empresas externas de auditoría se han negado a auditar al PP es asunto irrelevante.

La guinda del despropósito y la enajenación vino de Esperanza Aguirre, quien preguntó a Gallardón cómo no se había destituido ya al juez español del TEDH tras la sentencia del caso Parot. Sin duda es lo que ella hubiera hecho pues lo tiene como proceder habitual: si un subordinado saca los pies del tiesto, se le manda un motorista con el cese. Un juez es para la política neoliberal a lo español un subordinado. Igual que un responsable de telediarios, o un consejerillo de tres al cuarto. Su argumento es que, en realidad, no son jueces, sino políticos nombrados por políticos. Es verdad, pero tienen el estatuto de jueces, como lo tiene el presidente del Tribunal Constitucional, militante de su partido y político hasta la médula.

El exabrupto de Aguirre puede achacarse a su temperamento, su atolondramiento y su deseo de estar siempre en el proscenio, pero ¿qué me dicen de la respuesta del ministro de Justicia, fiscal de carrera él mismo? No afea a su conmilitona su ataque a la independencia de los jueces, no la amonesta haciéndole ver que lo que propone es más propio del absolutismo que del liberalismo y no digamos ya del neoliberalismo. Nada de eso. Invoca la ley para decir que no puede hacerlo. No que no quiera sino que no puede.

Sosiéguense vuesas Mercedes y retiren ese proyecto demente, paranoico, de ley mordaza. ¿No han oído hablar del abuso de poder?

(La imagen es una portada de la revista El Jueves, legal de momento, encontrada en la red. La red, esa mar océana llena de piratas a los que hay que meter en cintura).

Crónica triste.

Ayer murió de repente y sin pensarlo mi amigo Manuel Martínez Chicharro. Padecía hace algún tiempo una grave dolencia. Pero no fue esa la que se lo llevó sino otra, al parecer agazapada detrás de la primera. Son las quisicosas con que nos entretenemos los vivos cuando, enfrentados a la última crudeza de la existencia, no sabemos qué decir: que si era una buena persona; que si no se lo esperaba; que, mira, es mejor así: rápido; que tenía este o aquel otro proyecto; que... Todo por no callarnos, pues hasta en esto tenemos los humanos anclajes de gallitos, como si la vida y la muerte no fueran todo uno y lo mismo, como si sobrevivir fuera algo distinto de un mero aplazamiento, como si quienes se van no se llevaran con ellos trozos enteros de nuestra vida. Y, entre los humanos, los escribas quizá seamos los más humanos de todos pues muchos escribimos porque no sabemos o no podemos hablar que es lo difícil. Escribir lo hace cualquiera; pero hablar es otra cosa. Por eso existe la expresión pico de oro, pero no pluma o cálamo de oro. Y por eso también sé que la repentina viuda de Manolo, Teresa, me perdonará si no hablo con ella en tanto no pueda dominar algo más mis emociones.

Hará dos o tres años que Manolo me pidió que presentara su libro Crónicas rachelas, una especie de cronicón y jardín de flores varias de Covarrubias, la burgalesa tierra en que nació y en donde se crió. La presentación se hizo en la hoy extinta librería El bandido doblemente armado que, como el título proclamaba, estaba regida por algún fiel seguidor de Soledad Puértolas; en concreto, su hijo. Lo pasé en grande aquel día, con Manolo y con su libro porque este era tanto una continuación del autor como el autor pudiera ser un personaje del libro. Siempre había visto -¡cómo engaña la fisonomía!- a Manolo como un trasunto de caballero manchego. Alto, delgado, huesudo, de firme mirada, piel fina, gesto sosegado, algo desgalichado. Era, sin embargo, una imagen incompleta. Tras leer el libro, comprendí que en el autor convivían dos españoles igualmente bravos, tiernos, ilusos y enteros: don Quijote y el Cid. Hasta leer las Crónicas rachelas, en en donde, por cierto, no se habla de Rodrigo Díaz, no intuí el elemento cidiano de Manolo. Me puse tan contento que recuerdo haber enhebrado una presentación risueña, alegre, bromista, con sentido del humor que Manolo entendió con aquel distanciamiento intelectual tan suyo. Pero ese era él. No había de faltar en el público el preclaro calabacín presto a torcer el gesto al no comprender el sentido de lo que oía. Y aún hoy me encuentro alguna cacatúa repitiéndome su enojo al cabo de los años. Prueba indudable de que acerté, como bien sabía el autor quien todavía estará riéndose allí a donde vayan los marxistas recalcitrantes, cultos, tolerantes y escépticos.

Me prometí hacer algún día la reseña de las Crónicas rachelas, pero el tráfago de la vida lo fue impidiendo. Luego, Manolo sacó su Homenaje a Barcelona, que reducía el ámbito territorial del homenaje orwelliano, pero nos lo hacía más cercano. Arrancaba en su año 1961/1962 (año mítico para una generación en la que me reconozco), poco atendido en la historiografía y dejaba un testimonio de lugares, personas, ideas y afanes que es como un grano más de arena en esa playa de luz eternamente bañada por la mar infinita hecha del llanto de la humanidad.

 No era cosa de reseñar aquel libro con tres años de retraso. Mira por donde, vengo a hacerlo ahora en una reseña póstuma. Pero seguimos hablando aquí y allá de lo que siempre nos había preocupado.

Ya no.

Dimitir como Dios manda.

Nada es como debiera ser. Todo es una farsa, una pantomima. Rajoy ha ido a ver al Rey a su residencia habitual en la planta del hospital Quirón. Pero no, como parece lógico, a presentarle su dimisión, sino a pasar la tarde del domingo de charleta. Como si en el país que tiene la desgracia de verse bajo su gobierno, no pasara nada.

El silencio espeso ha seguido dominando el finde. Los móviles, seguro, estarán echando humo. Pero en el ágora, en la esfera pública, silencio frente al auto del juez Ruz dando por sentado el carácter ilegal del PP de arriba abajo, del comienzo al final, de la cruz a la fecha. Un auto como un ariete que derriba un muro de engaños, trapicheos, sobresueldos, financiación ilegal, caja B, erigido a lo largo de los años. Dieciocho exactamente. Con Aznar, con Rajoy. Silencio.

Solo se oyó el extraño balbuceo de González Pons que pretendía exculpar al PP y, en realidad, lo inculpaba más, al decir, que el PP y sus dirigentes son 'tan honrados como todos', lo cual equivale a tratar de quitarse de encima la ñorda esparciéndola. Luego salió un oscuro portavoz de Justicia (sic) del PP en el Congreso, afirmando que lo revelado hasta la fecha carece de la más mínima relevancia procesal. Bien pudiera ser y estoy seguro de que todos nos alegraríamos de ello pues a nadie gusta ver a otro camino del trullo. Pero es que el problema no es la relevancia procesal sino la política. Déjese a los tribunales decidir si, al cobrar sobresueldos de la caja B Rajoy delinquió o no. Lo que está claro ya es que cobró sobresueldos y eso es, moral y políticamente, inaceptable. Que hubo una caja B. (¿Quizá sigue habiéndola?). Que el presidente mintió al Parlamento al afirmar que no la había.

Asuntos de la máxima relevancia política cuya única respuesta razonable en el espíritu de las democracias es la dimisión. Una dimisión como Dios manda. Dimisión de todos los directamente implicados en los papeles de Bárcenas, Rajoy, varios de sus ministros, Cospedal, en fin, el sursum corda. Dimisión de la cúpula del PP, incluidos, me consta que con especial insistencia divina, sus insufribles portavoces, voceros y correveidiles.

Se quiera o no, la vida política española gira en torno a Bárcenas y, en la segunda parte de la legislatura lo hará aun más por dos razones: 1ª) porque el propio proceso contiene ya la suficiente metralla para ponerlo todo patas arriba; 2ª) porque está en la estrategia de Bárcenas reservarse las peores andanadas para más adelante.

Las cortinas de humo del gobierno mudo no han servido de nada. Gibraltar se ha desinflado como globo de feria y está claro que de la crisis no se sale, diga lo que diga la propaganda del gobierno, y los únicos brotes verdes que este puede mostrar es ese kilo de marihuana que ha pillado la policía a dos concejales del PP de León.

La verdadera cortina de humo, con la que Rajoy el taciturno está jugando irresponsablemente, es Cataluña. Con Mas en la India, convertido en Gandhi por metempsicosis, el porcentaje de partidarios de la independencia superior al cincuenta por ciento y la ANC (Assemblea Nacional Catalana), que cuenta con más afiliados que todos los partidos catalanes juntos, pidiendo al Parlament que fije fecha y pregunta de la consulta, es evidente que España tiene un problema serio. Un problema de envergadura constitucional.

Y ¿está el gobierno de Rajoy, quien debiera haber dimitido ya, en condiciones de hacer frente a ese problema? Con Bárcenas mordiéndole los tobillos, la respuesta es "no".

Según los realistas no conviene pedir la dimisión porque la perspectiva de elecciones anticipadas (para las que nadie está preparado) supone un factor de distorsión e inestabilidad a cuyo socaire lo más probable es que la "cuestión catalana" explotara. Nada de elecciones, nada de dimisión, nada de inestabilidad. El nacionalismo catalán tiene que encontrar un interlocutor firme en el gobierno central, legítimo, con prestigio, con autoridad. Y esa es exactamente la cuestión: no lo hay.

Cabría pensar que, de tener Rajoy una cintura política de la que carece, se intentara un gobierno de gran coalición, incluso (¿por qué no?) con más de dos partidos para gestionar una situación excepcional, esto es, un gobierno que abriera el camino a una reforma de la Constitución que replanteara la organización territorial del Estado bajo la forma, por ejemplo, de una Convención.

Tal cosa podría hacerse a condición de que el gobierno paralizara su proceso de fascistización y retirara la reforma del Código Penal y la #LeyAntiProtestas, una ley pensada por un demente para garantizar la impunidad de la policía a la hora de machacar ciudadanos en cumplimiento de la obsesión represiva de la autoridad. Y, de paso, detuviera las privatizaciones de la sanidad y la educación, enviando la LOMCE al baúl de los malos recuerdos. Es decir, que reconociera que no ha sabido gobernar como Dios manda y que, si no quiere verse obligado a dimitir como Dios manda, debe enmendar sus  yerros

Rajoy no puede atar el país a su destino procesal. 


(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Voces y silencios.

Por primera vez estaba guapa esa chata mole del edificio España. Greenpeace colgó un cartel gigante, muy en su estilo, en contra de la Ley Antiprotesta, que es hashtag (#LeyAntiProtesta). De ese modo daba rostro a las masivas manifestaciones de ayer en toda España en contra de los recortes del gobierno y de sus numerosas tropelías. Las mareas, los colectivos, las asociaciones, la base social, paradójicamente representada por la Cumbre Social, se movilizó a la voz de No, de basta ya.

De las tres famosas opciones abiertas según Hirschman a los ciudadanos ante el poder, salida, voz y lealtad, muchos, cientos de miles (los jóvenes, los mejores) se han decidido ya por la primera; muchos otros (los que no pueden irse) por la segunda. Las voces clamaron en 55 ciudades de España en contra de la agresiva política de recortes de derechos políticos, sociales, económicos. Pero el gobierno dirá que prefiere escuchar a la mayoría silenciosa, lo cual vuelve a reputarlo de vago pues, siendo silenciosa la mayoría, nada hay que escuchar. Solo el silencio que Rajoy, ladinamente, pretende atribuir a la tercera opción de Hirschman, lealtad. Cosa irrisoria por cuanto, como bien se ve, la mayoría solo es leal a Belén Esteban.

Greenpeace, además, define perfectamente ese bodrio antijurídico, semifascista de ley que el gobierno quiere perpetrar. No es una ley de seguridad ciudadana sino una de inseguridad ciudadana, arbitrariedad administrativa e impunidad policial. En resumen, una #LeyAntiProtestas que parece específicamente pensada para criminalizar la forma de acción pacífica de Greenpeace hace ya años. Y, con Greenpeace, a todo el que pretenda hacer uso de sus derechos de reunión, manifestación, expresión e información. Es una ley profundamente antidemocrática, que pretende juridificar una política autoritaria, represiva y arbitraria con un concepto del orden público típicamente fascista.

Una ley mordaza. Una ley del silencio. Una ley hecha por quien, acusado de todo tipo de corrupciones, menos autoridad moral tiene para ello. Una ley para sofocar, reprimir, silenciar. Una ley de un demente.

Silencio como el que guarda el gobierno después de hacerse público el demoledor auto del juez Ruz sobre la financión ilegal del PP durante casi veinte años. Un silencio espeso como el betún. Y del mismo color. Por cierto, ejemplo práctico de la parábola de los sepulcros blanqueados: cuando el PP se echaba las manos partidistas a su colectiva cabeza y pedía a gritos castigo por el caso Filesa del PSOE, estaba haciendo lo mismo.

Frente al clamor de la gente en la calle, el silencio de un gobierno sin legitimidad y sin crédito alguno, presidido por un hombre que ha mentido en sede parlamentaria sobre un asunto que afecta a su partido y a él y su honradez personal. Silencio ante la comprobación judicial de la veracidad de los papeles de Bárcenas y del carácter general y sostenido de la corrupción en el PP. Ocultos en sus guaridas los prebostes, una vez más ha tocado a un monosabio balbucear algo parecido a una explicación. González Pons afirmaba que el PP y sus dirigentes son 'tan honrados como todos'. No da para más.  Como están las cosas, tampoco es decir mucho. Al contrario, equivale a aceptar la imputación.

Se pide nueva comparencia de Rajoy. No debiera ser necesaria pues tendría que haber dimitido ya. Un tipo que cobraba sobresueldos a las escondidas mientras pedía sacrificios a la población y luego se los imponía. Un embustero autoritario, un corrupto sin escrúpulos, un hombre sin integridad, dignidad ni crédito. Un presidente que nunca debió ser presidente.

Censores y plagiarios.

El otro día me topé en la red con un articulo de hace un año de un tal Pablo Hasel en el que ataca a Pablo Iglesias, "conductor" (sic) de La Tuerka y en el que de paso, con una sintaxis de párvulo, me llama tipejo del P$OE, tertuliano del P$OE habitual en el programa y... ¡capitalista!. Cuando la risa me lo permitió, seguí leyendo las necedades que el hombre enjaretaba y comprobé que me hacía el honor de meterme en el saco de insultables junto a Iglesias y el gran Wyoming.

Un gran honor, pues tengo a ambos, Iglesias y Wyoming, en altísima estima, no solo por sus envidiables dones intelectuales sino también por su integridad y coraje cívico. Y ¿qué indigna a Hasel de los tres? Al parecer que seamos lacayos del PSOE (partido al que profesa un odio neurótico que quizá debiera poner en conocimiento de algún psiquiatra) y, encima, lo ocultemos con el fin de engañar a las gentes de buena voluntad, esto es, seguramente, quienes se nutren del pábulo mental haseliano. Somos quintacolumnistas, voceros del capital, vendidos, agentes dobles, triples, carroña.

Wyoming e Iglesias tienen categoría de sobra para dejar a este menda en su sitio y ya lo habrán hecho, pues el artículo tiene más de un año, si bien yo lo veo ahora. De mí sé decir, aunque no sirva de nada con gente cuyo interés por la verdad es como el de sacarse un ojo, que no soy del PSOE ni lo he sido nunca, ni directa ni indirectamente. Añadiré que en el PSOE están -especialmente en su dirección- gentes que no pueden soportarme y que hacen lo posible por acallarme y eliminarme del debate público. No ya adversarios sino verdaderos enemigos que en nada desmerecen del trato que me dispensan en IU, en donde saben de buena tinta que soy un agente criptosocialista y el verdadero fundador de los GAL. 

En el fondo esta inquina, este odio -típicos de las corralas izquierdistas- tiene una muy vulgar razón de ser. Lo que Hasel reprochaba a Iglesias era que me llamara al programa de La Tuerka. Quisiera que me impidiera ir, que me censurara y que, en cambio, lo llevara a él o a cualquier otro especimen del auténtico, verdadero, genuino comunismo revolucionario y blablabla. Quédese tranquilo. No sé si a raíz de su denuncia o no, Iglesias ya no me llama a sus programas. 

Conste que no me molesta, pues estoy acostumbrado a ello. Es la ley de esta jungla y no me quejo. Igual que defiendo mi derecho a decir lo que pienso e ir o no ir a donde me place, reconozco el de los demás a contar conmigo o no e incluso a usarme como moneda de cambio para tratar de sobrevivir en sus peleas internas. Debo de ostentar el record de presencia en listas negras de grupos, partidos, medios, radios y televisiones. No sola La Tuerka; también la SER, Onda Cero, El País, El Periódico,  todos, y desde hace años. No es nuevo. La censura cerrada es el precio que se paga en España cuando no estás en alguna cuadrilla, pesebre o auténtico partido de la verdad eterna que te proteja. Como lo está Hasel: un grupo de "genuinos" no sé qué porras, que pone a todos los demás a bajar de un burro porque, obviamente,  monopoliza la luz, la verdad, el camino, la vida, como si eso pudiera hacerlo grupo alguno sin convertirse por ello en un grupo de asesinos. Como la iglesia, vamos.

Este es un país de censores. Censores de la derecha (la primera lista negra en que aparecí fue de la COPE, claro; la primera expulsión, de Protagonistas, por orden del gobierno de Aznar), el centro, la izquierda y la extrema izquierda. Intolerantes, sectarios, fanáticos que, no pudiendo ya exterminar al discrepante, procuran silenciarlo, ningunearlo, hacerle el vacío. Así actúan el PP, el Gobierno, la oposición, el PSOE, IU y todos los demás. Todos. O estás en un partido, grupo, empresa, mesnada, escuela (no digamos nación) y pagas el peaje de la identidad colectiva, o van por ti, a quitarte del medio si es necesario mintiendo como bellacos. Les de igual. ¿Qué se han creído estos independientes? ¿Que van a irse de rositas con sus opiniones personales en lugar de balar las consignas del rebaño dictadas por una superior inteligencia e infalibilidad que siempre es la de los barandas de turno? Estos, a su vez, al igual que sus siervos, se toleran a medias entre sí y suelen compartir espacios llamándolos "plurales"; pero hacen causa común cerrada en contra de los independientes a los que no controlan.
 

País de censores. Lo cual no les impide ser también plagiarios. Lo uno suele llevar a lo otro. La basura moral del censor se perfuma con los aromas robados del copiota. Quédese sin embargo para otro día la divertida narración de cómo los mismos que tratan de silenciarte, de acallarte, repiten luego como papagayos tus ideas y puntos de vista y hasta tus expresiones, por supuesto, sin citarte. No hay censor que no sea plagiario ni plagiario que no sea censor. Es la envidia.

Por ello estoy tan orgulloso de Palinuro y esa gran audiencia suya que sabe que aquí no se lee nada que venga dictado por ningún interés ajeno colectivo, político, económico, religioso, ideológico, de esos que las gentes invocan para justificar su conveniencia personal, de grupo, clase, nación o confesión. 

Palinuro, ese pariente lejano de Zaratustra.

(La imagen es una foto de Jan Tik, con licencia Creative Commons).

La banda de los presuntos.

¿Qué queda de aquella orgullosa declaración de Aznar hace tres años de que el PP era y debe seguir siendo incompatible con la corrupción? Nada; no queda nada. Y después del auto del juez Ruz dando por indiciariamente probado que el partido del gobierno lleva años, quizá veinte, administrándose con una contabilidad paralela, una caja B, menos que nada. Ese auto, expresión motivada y razonada de una convicción general en España, convierte en certidumbre la sospecha de que el PP no es propiamente un partido político, sino una asociación de presuntos malhechores.

Los papeles de Bárcenas, el innombrable, han probado ser el anunciado museo de los horrores. Rompiendo el silencio y la desinformación decretadas por el gobierno expone cotidianamente un estado de corrupción, ilegalidad y presuntos delitos que apuntan en general al partido (a la organización, a sus Comunidades Autónomas, a toda su gestión) y en concreto y singularizadamente a sus principales dirigentes, ninguno de los cuales está libre de sospecha, ni Rajoy. Ese el que menos, pues parece el principal responsable (y beneficiario) de este desaguisado.

Veinte años cobrando sobresueldos de orígenes dudosos tramitados a través de la caja B; de hacer todo tipo de chanchullos; de expoliar las arcas públicas mediante contrataciones fraudulentas; de financiar ilegalmente las elecciones y, por lo tanto hacerlas inválidas por tramposas, han destruido los cimientos morales de la democracia española, si existieron alguna vez. 

Todos los partidos -menos el PP, supongo- piden la comparecencia urgente de Rajoy en el Congreso. ¿Para qué? Para que explique por qué mintió en la anterior del 1º de agosto al negar la existencia de caja B en el partido del que era y es presidente, condición en la cual nombró tesorero al hombre cuyo nombre se negó luego a nombrar pero al que enviaba SMS de ánimo a las escondidas. A partir del lunes, la guardia pretoriana del PP en el Congreso se empleará a fondo en impedir la comparecencia del jefe. Claro. ¿Qué puede hacer Rajoy, aparte de dimitir, como debiera haber hecho hace dos años en lugar de empecinarse en arrastrar el país a esta bochornosa situación? Seguir mintiendo. O decir cualquier disparate. Porque ya no es un presidente, sino un sospechoso en frenética huida hacia delante.

Seguramente no habrá comparecencia. Ni modo legal de forzarla. El gobierno de la banda de presuntos no solo ha destruido los cimientos morales de la democracia sino que ha desactivado sus mecanismos institucionales de vigilancia y control. Ha puesto la fiscalía a sus órdenes; controla el Tribunal Constitucional por medio de un presidente militante suyo; el Tribunal de Cuentas no sirve para nada; la defensora del pueblo defiende al gobierno; los medios de comunicación (todos los públicos suyos y la mayor parte de los privados, también suyos) son su central de propaganda. Recientemente se ha asegurado el favor del Consejo General del Poder Judicial a través de un pacto con el PSOE del que este debería avergonzarse porque rompe su promesa de no pactar con un partido tan manifiestamente antidemocrático. También el PSOE falta continuamente a su palabra. 

Del parlamento no merece la pena hablar. La mayoría absoluta de la derecha, empleada sin contemplaciones, lo ha convertido en una cámara de aplausos, ovaciones y agresión a la oposición. Esta, al menos el PSOE, vuelve a hablar de moción de censura. Como en el cuento del pastor y el lobo. A ver si reúne ya el valor de presentarla. Está obligado a ello y no es tan difícil. Desde luego, no la ganará, ni servirá para nada. Pero tendrá algún impacto político y dejará claro cómo el estilo de gobierno de la derecha ha destruido todos los mecanismos democráticos sin dejar de agredir a la población en su conjunto.

Para curarse en salud y blindarse aun más, el gobierno anda tramitando una Ley de "Seguridad" Ciudadana que criminaliza toda forma de protesta y pretende proteger a la policía cuando esta cometa excesos en la represión violenta de las movilizaciones ciudadanas, ocultando sus fechorías. Es una censura, una mordaza, una ley de impunidad para el delito. Una ley fascista, antipopular, producto de un espíritu enfermo, criminal. El espíritu de un gobierno y un partido que delinquen, obstaculizan sistemáticamente la acción de la justicia y, cuando por fin esta se da, indultan a los delincuentes.

Después de hacer imposible la política parlamentaria, el gobierno quiere asfixiar la extraparlamentaria. Cercena para ello los derechos civiles y políticos, el de reunión, el de manifestación, el de expresión, el de información, el de huelga, la presunciòn de inocencia, el amparo de la justicia. Todos. 

Y estos presuntos, algunos ya condenados, muchos imputados y procesados y los otros bajo sospecha de haber estado enriqueciéndose durante años, son quienes han procedido a arruinar el país, recortando o suprimiendo derechos sociales y económicos de millones de personas, aumentando el paro, expulsando a los jóvenes a la emigración, arrebatándoles sus becas. Y lo han hecho al tiempo que recuperan los símbolos, el espíritu, el estilo del franquismo, al que no solo no condenan, si no vitorean. Se niegan a hacer justicia a las víctimas de la dictadura y dejan clara su procedencia ideológica.

En estas circunstancias, el margen de actuación de la oposición democrática es muy estrecho. Presentar la moción de censura si Rajoy no comparece y, a continuación, retirar toda colaboración institucional con el gobierno en tanto no dimita en pleno. Palinuro lleva meses diciéndolo: retirada al Aventino. No se puede ser cómplice de una banda de presuntos, cuyo respeto por la democracia es inexistente pues aspira a un régimen en todo similar al de aquel cuya memoria honra: Franco.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Caja B, cara D y señor Ch.

Cara D de cara dura y señor Ch, de señor chorizo.

En cualquier país civilizado en que el juez dice que un partido de gobierno lleva años (veinte en concreto) con una caja B, falsificando las cuentas con doble contabilidad para engañar al Tribunal de Cuentas y financiarse ilegalmente, en cosa de segundos, el tal partido -más bien asociación de malhechores y sinvergüenzas- estaría disuelto y sus principales dirigentes haciendo el petate, camino de la cárcel.

Si en ese mismo país, el presidente del tal partido, llamémoslo por el nombre figurado de señor Roboy, hubiese nombrado al tesorero en condición de hombre de confianza y estuviera bajo acusación de haber participado en el latrocinio, embolsándose sobresueldos ilegales por más de un millón y medio de euros, el tal mangante estaría encabezando la fila de ingresos en prisión. Y, detrás de él, toda la retahila de chorizos que lo ayudaron a organizar ese aquelarre de corrupción y robo sistemáticos. 

Quizá las cosas no fueran tan veloces y, entre el conocimiento público en sede judicial de estos delitos y la entrada en prisión de los delincuentes que se hacían pasar por  políticos, a lo mejor pasaban unas horas. Pero, desde luego, no hay duda de que ninguno de esos países civilizados haría la vista gorda ante las actividades de una asociación de granujas y mucho menos perdería el tiempo escuchando las majaderías que tuviera que decir el sinvergüenza y ladrón mayor, como si estuviera hablando de política.

Pero España, de sobra lo sabemos, no es enteramente un país civilizado. Aquí puede ser presidente del gobierno durante dos años (por lo menos), un sujeto que lleva ese tiempo mintiendo sobre sus ingresos; diez veces dos, presuntamente, cobrando sobresueldos ilegales; viajando gratis, según acusaciones, a cuenta de unos ladrones; escribiendo SMS de aliento y apoyo al principal delincuente de la causa, una vez ya encarcelado. Y no solamente puede ser presidente del gobierno, sino que se permite el lujo de organizar una dictadura de hecho, dando un golpe de Estado en toda regla cuya última manifestación es un proyecto de ley de "Seguridad" ciuadadana (en realidad, de "inseguridad ciudadana y atropello de los derechos"), mediante la cual se garantiza que los crímenes de todo tipo que pueda cometer la polícía, azuzada a la represión por la banda de malhechores para que no se propalen sus delitos, queden impunes. Para ello, en un alarde de mentalidad represiva fascista, prevén multar con 600.000 euros no a los policías que puedan apalear a los ciudadanos hasta matarlos (como hicieron hace poco con un empresario en Barcelona), sino a aquellos otros que hayan grabado las tropelías policiacas y quieran difundirlas.

Prodigios de la neolengua.

El País publica una crónica titulada las 15 claves de la entrevista a Rajoy que más podría titularse "las 15 claves de una ceremonía de la hipocresía." Efectivamente, para celebrar su primer bienio, el presidente se concedió a sí mismo una entrevista en su radio, Radio Nacional, en la que, como si contestara a las preguntas obsequiosas de un periodista que más parecía un asesor suyo, se explayó como quiso (o como pudo, que tampoco es mucho), largó todo el trapo y se expresó sin cortapisas. El auditorio, por supuesto, alcanzó el mismo grado de información que habitualmente se obtiene de las ruedas de prensa sin preguntas o con preguntas pero con respuestas idiosincrásicas.

En concreto, no dijo nada, excepto que no piensa hacer nada con respecto a nada: no va a cambiar el gobierno, no va a tocar los impuestos, no va a mover pieza en Cataluña, ni respecto a ETA, no va a destituir a Wert ni a quitar las concertinas de Melilla. Es su forma de adoptar decisiones pues, como bien explicó en su día, la "no-decisión" es también una decisión. Una cosa puede ser ella y su contraria al mismo tiempo y Aristóteles sin enterarse. A veces matiza ese radicalismo no-decisorio con una cláusula temporal que, ¿cómo decirlo?, pone los pelos de punta. Así, al asegurar que no piensa subir el IVA a corto plazo, da a entender que se considera en el largo plazo. No la subida del IVA, sino él mismo. Eso es terrorífico.

Dos años más soportando esta retórica de neolengua descarada y huera. El proyecto de ley en ciernes sobre servicios mínimos es, en realidad, una nueva ley de huelga o, mejor dicho, una nueva ley contra la huelga. La ordenó la alcaldesa de Madrid y la aplauden ya los empresarios. Las dos máximas instancias, al parecer, en el espíritu de Rajoy. Su aportación consiste en llamar consolidación de un derecho a su recorte en nombre, claro es, de la libertad de los ciudadanos.

La Ley de Seguridad Ciudadana no es represora a extremos probablemente inconstitucionales sino que, al contrario, es una norma permisiva y garantista de los derechos. Que consagre la impunidad de la policía en sus desmanes convirtiendo en delito la exposición pública de un delito no le merece comentario alguno. 

El rescate bancario, en su día fue negado con la misma sinceridad con que ahora dice que se convertirá en deuda pública en diez años, pudo haber sido mucho peor de no haberse aceptado, tal como él dijo que había hecho hace dos años. Llega un momento en que hasta la neolengua se traba.

¿Y Bárcenas? Nada. No existe. Y, caso de haber existido, nos ha enseñado algo: a aprender de los errores. Exactamente ¿de cuáles? ¿Nombrar tesorero a un presunto delincuente? ¿Conservarle las canonjías habiendo él dimitido tras imputarlo? ¿Escribirle SMSs de ánimo a la cárcel? ¿Cobrar sobresueldos? ¿Dejar que el partido se financiase de modo presuntamente ilegal durante veinte años? ¿Cuáles son los errores? Y ¿son errores?

El rostro del tiempo.

En 1955 la agencia de fotos Magnum, fundada en 1947 como una cooperativa con intención de proteger los derechos de autor de sus fotógrafos, realizó su primera exposición ambulante en Francia y Austria. En ella expusieron Inge Morath, Robert Capa, Werner Bischof, Henri Cartier-Bresson, Erich Lessing, Ernst Hass, Jean Marquis y Marc Ribaud, cada uno de ellos con un reportaje con el que todos juntos pretendían mostrar al mundo su nueva concepción del fotoperiodismo, como una mezcla de crónica y arte. Luego, la exposición se clausuró, las fotos se guardaron cuidadosamente en maletas de madera y quedaron depositadas en algún lugar del que se perdió la memoria. En 2006 reaparecieron en los sótanos del Instituto francés de Innsbruck. Las maletas y las 83 fotos originales que componían la muestra, con una nota en alemán que decía: Magnum Photos es una agencia de fotos y de prensa gestionada por sus propios fotógrafos. La agencia tiene oficina en París y en Nueva York. Magnum Photos trabaja con las mejores revistas ilustradas de Europa y Estados Unidos, pero no cuenta con revista propia ni supervisa los contratos con los editores en Francia y en el extranjero”. Hoy Magnum quizá sea la agencia de fotos más famosa del mundo. Estos fueron sus comienzos. Y tenemos ocasión de verlos en sus originales (fotos y maletas) en la exposición de la Fundación Canal, en Madrid, por cierto, montada con muy buen gusto.

 

Los ocho fotógrafos escogieron trabajos muy distintos por los temas y los emplazamientos. Son en general imágenes de extraordinaria calidad técnica y mucha fuerza, que transmiten ambientes, psicologías, culturas, empresas. Son dignas de resaltar también por su valor documental tres de ellas, dos obra de los más participantes más famosos: Cartier-Bresson y Robert Capa; el tercero, menos conocido, Ernst Haas. Cartier-Bresson estaba en la India en el momento del asesinato de Gandhi. Sus fotos tienen enorme valor emotivo. Dos o tres representan al Mahatma en el momento de abandonar su último ayuno (huelga de hambre, diríamos hoy) con el que pretendía poner fin a la violencia sectaria que había estallado en la India recién independizada. El 18 de enero se alcanzó un acuerdo entre los bandos y Gandhi, postrado en el lecho, rompió el ayuno. Y Cartier-Bresson estaba allí. Doce días después unos fanáticos hindúes -enemigos de la partición de la India- lo asesinaron de tres balazos a quemarropa. Nehru dio a conocer la muerte del Mahatma quien un día después era cremado en una pira y sus cenizas esparcidas al viento entre la consternación general. Y Cartier-Bresson seguía allí. Solo por ver esas fotos merece la pena visitar la exposición.

 

Capa volvió al País Vasco en 1951. Había estado en la guerra civil -su mujer, también fotógrafa, murió en la batalla de Brunete, aplastada por un carro de combate republicano en huida- y, más concretamente, en Bilbao, durante el sitio. Las imágenes aquí expuestas, una escena de un baile folklórico en Zarautz, tienen un valor de retorno a los lugares de la memoria.

 

El reportaje de Ernst Haas documenta momentos y escenas del rodaje de la superproducción de Hollywood, Tierra de faraones, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por Jack Hawkins (Faraón Keops) y una supuesta reina de Chipre, (Joan Collins), en cuyo guión colaboró William Faulkner  y estrenada el año de la exposición. Fue un fracaso de taquilla, pero las imágenes de Haas son un reportaje magnífico del rodaje de una superproducción que, si no ganó el favor del público, quizá fue por ser demasiado complicada.

 

Los otros fotorreportajes son también estupendos, los niños en la Viena de comienzos de los cincuenta, los campesinos dálmatas o las clases altas en Myfair, y Bond Street, en Londres.

 

No el rostro del tiempo sino los muchos rostros de los muchos tiempos pues estos, siendo coetáneos, no se parecen en nada. 

Un golpe de Estado en los Cárpatos.

Esta es una historia imaginaria, situada en un lejano principado de los Cárpatos, gobernado por una banda de ladrones que se había hecho fuerte en un castillo sobre una escarpada roca. Desde su baluarte, la banda saqueaba la comarca, explotaba y oprimía a sus habitantes, les robaba sus posesiones y derechos ancestrales y los ponía a trabajar en sus predios en condiciones de esclavitud.

La banda se valía del clero, al que hacía partícipe en sus latrocinios, para mantener embaucada a la población a la que robaba y de la que se reía, ocultando con invocaciones divinas la falta de principios, de dignidad y de vergüenza de los bandoleros.

Estaba dirigida por un jefe de una cuadrilla provincial que había escalado el mando por su habilidad para el fingimiento sin dejar por ello de reservar para sí gran parte del botín, repartiendo el resto entre sus más directos seguidores. Bajo su mando, la banda arreció en la tarea de esquilmar a los habitantes a los que cobraban por estar sanos, por estar enfermos y ser viejos, inútiles y hasta por morirse.

Cuando, hartos de verse vilipendiados, expoliados con exacciones injustas y vendidos al extranjero como esclavos, los súbditos del principado protestaban en las calles, la banda ordenaba a sus alguaciles, matones à gages que tenía acuartelados por todo el país, que los apalearan, los mutilaran y, si necesario fuera, los mataran. Nadíe debía preocuparse por las consecuencias judiciales dado que la banda había creado un cuerpo de veedores públicos cuya función consistía en ignorar, ocultar o exonerar los delitos cometidos por los suyos, incluidos los del Príncipe.

Para explicar estos hechos la banda mantenía un cuerpo de predicadores y copleros también a sueldo que iban por los pueblos y ciudades aclarando a los robados y apaleados cómo todo era por su bien, para garantizar su seguridad y tranquilidad. Pero, aunque estos pregoneros, algunos muy ilustres, ponían todo su empeño, no conseguían neutralizar el veneno de la rebeldía entre la población, especialmente la más joven que, habiéndolo perdido todo, estaba perdiendo asimismo el miedo.

La banda de ladrones, por tanto, pensó en renovar la legislación del Principado, especialmente la penal para castigar con mayor dureza las protestas de los súbditos. Además lo hizo con la picardía del oficio: visto que los malos tratos físicos, las heridas, las palizas, las mutilaciones, las torturas, los encarcelamientos y las muertes no eran suficientemente disuasorios y suponían además gastos indeseados (hay que arreglar a los estropeados, enterrar a los muertos), decidió imponer penas pecuniarias desmesuradas, multas a todo trapo, hasta por mirar atravesadamente a un corchete. De esta forma, no solo se castigaba a los díscolos sino que se aumentaba el alijo del que robar.

Empezaron por reformar la ley criminal general para impedir que los súbditos tuvieran acceso a la justicia del Príncipe (que, por lo demás, tampoco existía) y despojarlos de todos sus derechos a la defensa. Luego dictaron un pregón para garantizar la impunidad de sus matarifes por el que imponían penas monetarías gigantescas a quienes fueran sorprendidos mirándolos en plena faena represiva y se lo contaran a otro, y aunque no se lo contaran; solo por mirar con ánimo de ver. Lo llamaron el PIM o Pregón de la Impunidad del Matarife.

Aquellos súbditos que tuvieran la osadía de protestar ante las puertas del castillo verían confiscados sus bienes y los de sus descendientes hasta la tercera generación.

La consigna era garantizar la seguridad y la productividad del robo y la ocupación del castillo de los Cárpatos por los siglos de los siglos. En  aquel remoto principado la banda había perpetrado un golpe de Estado que llevaba preparando veinte años. Bien es verdad que sin grandes sufrimientos, pues en tal período sus miembros vivieron opíparamente de las coimas, los cohechos, los asaltos camineros. Pero era una vida incómoda e incierta. Por eso, cuando tomaron el castillo, decidieron que ya nunca saldrían de él.

(La imagen es una foto de Martin Odehnal, bajo licencia Creative Commons).

Por un Estado laico.

Después de lo dicho en días pasados sobre el derecho de autodeterminación y sobre la República, una palabra sobre la iglesia española y sus relaciones con el Estado.

En su reciente Conferencia Política el PSOE parece haberse comprometido a denunciar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede. Pero no a denunciar sin más, renunciando a todo tipo de relación y compromiso del Estado con la iglesia católica, como correspondería en un país europeo, moderno y laico, sino a denunciar con el fin de emprender nuevas negociaciones con el Vaticano para llegar a otro tipo de acuerdo. En esto, como en lo demás, el PSOE muestra de nuevo su ánimo apocado, timorato, asustado.

Y no es nuevo. Le viene de la Transición. Los gobiernos de Felipe González, algunos con mayorías absolutas, no se atrevieron a cumplir el por otro lado pacato propósito de aconfesionalidad del Estado. Redujeron la presencia de la religión en la enseñanza pero conservaron los privilegios de la iglesia en este campo a través de la burla que son los colegios concertados mediante los cuales los curas adoctrinan a los niños con cargo a los presupuestos públicos. No osaron imponer la autofinanciación de la iglesia (como prevén los Acuerdos de 1979) sino que, al contrario, le garantizaron una mordida en los presupuestos a través de la famosa (e injusta) casilla de la declaración de IRPF y complementaron el monto con substanciosas contribuciones estatales.

Los posteriores gobiernos de Rodríguez Zapatero incrementaron esta subordinación del poder civil a los curas, aumentando el monto del IRPF recaudado por el Estado a favor de la iglesia a cambio de promulgar una Ley de Libertad Religiosa que, luego, esos mismos gobiernos retiraron. O sea, una burla.

De todas las instituciones españolas, la que menos ha cambiado en la restauración borbónica ha sido la iglesia. Hasta el ejército se ha modernizado. No así la jerarquía. Su relación con el Estado sigue siendo de dominación y privilegio. Porque es el alma y la beneficiaria directa de la concepción nacional-católica de España, heredada del franquismo, algo mitigada en las etapas socialistas y hoy en absoluta evidencia con un gobierno de la derecha tan sometido a los dictados eclesiásticos que pretende convertir en leyes los dogmas, alucinaciones y dislates de los obispos.

La reforma educativa en marcha en la LOMCE elimina todo atisbo de laicidad suprimiendo la educación para la ciudadanía y, de acuerdo con la militante consigna de Rouco de re-evangelizar España, vuelve a imponer la religión en la enseñanza como materia curricular e impulsa la educación segregada por sexos. De ese modo queda claro qué pretende el ministro del ramo cuando reclama españolizar a los niños catalanes. Los propósitos del ministerio de Justicia respecto al derecho al aborto consisten en impedirlo de hecho, para alegría de los curas y, en la medida en que se pueda, hacer la vida imposible a las mujeres y restringir los derechos de las minorías sexuales, especialmente los gays, a los que la jerarquía profesa una especial inquina.

Por supuesto, el gobierno en pleno está al servicio de la iglesia. Esta no ha sufrido ni la sombra de un recorte durante la crisis; al contrario, ha conservado y en gran medida aumentado sus privilegios a costa del erario público. Una reforma de la Ley Hipotecaria de la época Aznar ha permitido a los curas -y solo a ellos- proceder a una verdadera reamortización, registrando como propios a precios ridículos, bienes inmuebles y predios no registrados. Por la módica cantidad de 30 euros, la iglesia ha inscrito a su nombre la mezquita de Córdoba. O sea, la ha privatizado.

Eso en el ámbito material o económico (que es el que verdaderamente importa a los oficiantes del credo), pero tampoco se descuida el aspecto simbólico pues, además de legitimar el dinerario, en sí mismo también es fructífero. Las ceremonias públicas, civiles y militares, están siempre animadas por algún acto religioso; los gobernantes acuden a todos los oficios, se pasan el día en misa y hasta se disfrazan para las ocasiones, como cuando Cospedal se calza esa peineta con mantilla de tan obvias reminiscencias freudianas; toman posesión de sus cargos jurando como oblatos, agarrados a la Biblia, hipnotizados por un crucifijo; en sus ratos libres, algunos de ellos tienen visiones celestiales, mayormente marianas, que les aconsejan cómo gobernar la grey del Señor. Falta la monja de las llagas. A cambio, varios ministros y numerosos altos cargos son fanáticos sectarios del Opus Dei, que acuden a ejercicios espirituales en donde se preparan para luchar contra los vicios del mundo por la fe, la predicación y, sobre todo, la violencia. Esa Ley de Seguridad Ciudadana es un prodigio de represión inquisitorial, ataque directo a los derechos de los ciudadanos, antesala del fascismo. Habiendo llegado la derecha al ecuador de la legislatura con esa monstruosidad represiva en la cartuchera, es legítimo preguntarse si, cuando sea tiempo de elecciones, estas se celebrarán.

El poder de la iglesia es atosigante. Hasta los católicos, o muchos de ellos, cuestionan esta situación como palmariamente contraria al espíritu evangélico. No es que no haya separación entre la iglesia  y el Estado, entre la espada y el crucifijo, sino que este tiene a aquella a su servicio incondicional y, efectivamente, en plena resurrección del nacional-catolicismo que nunca estuvo en peligro en España. Porque, incluso cuando, en algún momento de extravío, el PSOE pareció tocado de laicismo, nunca faltó un Francisco Vázquez o un José Bono que mediaran por los intereses de los curas. Ahora que el gobierno es fiel monaguillo del clero, la iglesia vuelve triunfante por sus fueros. Esa reciente ceremonia de beatificación de quinientos mártires del lado franquista (y a la que asistió medio gobierno) no solamente es una glorificación del crimen de la guerra civil, sublimada como cruzada por los obispos, sino la enésima humillación a las víctimas de la dictadura, muchas de ellas católicas que siguen enterradas en fosas comunes anónimas a lo largo y ancho de este país que Rouco dice querer tanto.

(La imagen es una foto de Marco, bajo licencia Creative Commons).

Por la República.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, dice la Constitución española en su artículo 1, 3. Esta lapidaria afirmación consagra solemnemente una de las historias más rocambolescas de los últimos años por la que se produce, no la segunda restauración de los Borbones, como suele decirse, sino la tercera. La primera se ignora por un prurito de orgullo patrio, visto el comportamiento traidor de Carlos IV y su hijo Fernando. Al restituir a este como Fernando VII en el trono de sus antepasados, las Cortes aceptaban como Rey a quien unos años antes había entregado la Corona de España y sus posesiones a Napoleón. Que este felón arbitrario y despótico fuera llamado el Deseado dice mucho del masoquismo sarcástico de los españoles. La segunda restauración fue en la persona de otro hijo, Alfonso XII, tras el destierro de la Reina madre, la valleinclanesca y sin par Isabel. Entre medias, una pintoresca instauración de la casa de Saboya que no prosperó. La tercera restauración, la actual, se la sacó del magín Franco quien, con su habitual zorrería, marginó al legítimo (desde el punto de vista dinástico) pretendiente, Juan, hijo de Alfonso XIII, se entretuvo en enfrentar entre sí las distintas corrientes dinásticas y, por último, nombró sucesor a título de Rey a Juan Carlos quien previamente había jurado fidelidad a los principios del Movimiento Nacional, el remedo de constitución que se dio la dictadura.

En puridad de los términos, Juan Carlos no es el sucesor de su padre sino del general Franco. Empezó su reinado solo con la legitimidad que le daba ese juramento. Luego, faltó a él, es decir, cometió perjurio. (En el Elogio de la traición: sobre el arte de gobernar por medio de la negación, un tratadillo de política, los autores, Denis Jeambar e Yves Roucaute, analizan expresamente el caso de Juan Carlos como un ejemplo de la conveniencia de la traición en política). De esa forma, perdió aquella legitimidad, la vergonzosamente llamada del 18 de julio, fecha del golpe de Estado fascista contra la República, lo cual, obviamente, era bastante recomendable. Más tarde, se hizo con la legitimidad dinástica, al forzar una renuncia de su padre a sus legítimos derechos. No fue muy elegante ni muy filial, pero fue.

La legitimidad popular es la que no fue nunca pues la tal forma política jamás se sometió a consulta de los españoles. Sus partidarios dicen que se votó en la Ley para la Reforma Política de 1976 (que ya incluía la monarquía) y, desde luego, en la Constitución. Pero este argumento es falaz. En ambos casos lo que se consultaba era la democracia y la Constitución y la Monarquía se metió de matute. Votar "no" por no votar la Monarquía hubiera sido votar "no" a la democracia. Lo curioso es que, al final, la Constitución consagra una forma política impuesta por Franco. El dictador no solo nombraba reyes (ese a título de Rey es sublime) sino que dictaba constituciones póstumas. El ejemplar de la Constitución quese conserva en el Congreso de los Diputados lleva el águila del escudo de la dictadura. Y el Rey sigue sin legitimación popular directa.

La Monarquía fue el coste de transacción de la Transición. Un acomodo entre los franquistas llamados "evolucionistas" y la oposición de izquierda. Ese pacto o acuerdo recibe todo tipo de calificativos a día de hoy, desde modélico a traidor. Pero, en todo caso, existió. Sin embargo, no tiene por qué ser eterno. Esa es una ilusión muy peligrosa. Los pactos deben revisarse siempre y, si hay motivos para romperlos e interés de una de las partes y hasta de las dos, debe romperse. Es absurdo atarse a un cadáver. Admitida la necesidad de la revisión, lo primero que se plantea es la cuestión de Monarquía o República.

Los monárquicos argumentan en un crescendo de pasión: la monarquía ha sido funcional para el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho. No hay modo de probarlo y ni siquiera está clara la actuación del Monarca durante el Tejerazo. Además, el desprestigio en picado de la Casa Real en los últimos años, verdadera farsa de las borbonadas más tradicionales, emparentadas ahora con el mundo de la delincuencia de guante blanco, ha conducido a una valoración bajísima de la Corona en la opinión pública y eso no es nunca funcional. Señalan igualmente los cortesanos que la monarquía es la forma de los Estados más avanzados de Europa. Falso. El más avanzado es una república y repúblicas algunos de los siguientes. En todo caso, responden los dinásticos (tanto los conservadores como los socialistas), el asunto no es urgente; hay otros más perentorios que preocupan más a la gente y reclaman nuestra acción colectiva. Pero esa es una mera opinión, un punto de vista particular, no contrastado con el parecer de la ciudadanía, a la que no se consulta jamás para nada, ni siquiera para reformar la Constitución (esa que, luego resulta ser intocable) sino solo para pronunciarse cada cuatro años sobre cuál de los dos partidos dinásticos gobernará y cómo lo hará, si pactando con los nacionalistas o amargándoles la existencia. Por último, afirman los monárquicos, la experiencia histórica de las dos Repúblicas ha sido catastrófica: revoluciones, guerra civil y desintegración de España. También falso. Esas son experiencias de la Monarquía que, al ser mucho más longeva, ha traido revoluciones, algaradas, pronunciamientos, dos de las tres guerras carlistas y una dictadura; también cabe atribuirle mediatamente la guerra civil del 36 y la dictadura de Franco. La Monarquía actual ha convivido con la mayor ofensiva secesionista del siglo XX y lo que va del XXI. Primero fueron los independentistas vascos con la violencia de ETA y ahora ha tomado el relevo el nacionalismo democrático y pacífico catalán, mucho más peligroso para la unidad de España, vía a la que también se ha sumado el reciclado nacionalismo euskérico.

La conveniencia de la República no solo se prueba a contrario, sino por sus propias virtudes. Su naturaleza electiva hasta la más alta magistratura es más acorde con el principio de igualdad, base de la dignidad del individuo como ciudadano titular de derechos. Es un asunto de principios y, por eso, tiene importancia. No es lo mismo ser ciudadano que súbdito, aunque las almas flexibles nos digan que los nombres no son importantes.

La recuperación de la República es un horizonte político noble que simboliza la de la plena soberanía de los españoles, distinta de esa demediada que se esgrime en la Constitución. Cuando, hace unos años, unas almas benditas quisieron importar el concepto de patriotismo constitucional, estaban confesando implícitamente su deseo de encontrar una nación que no fuera necesariamente la España impuesta a la fuerza por la dictadura. Así, la nación de la que andaba huérfana la izquierda española era la Constitución. El PP entendió el mensaje e incorporó a su ideario el patriotismo constitucional como consagración de esta Constitución. Y, claro, el concepto reventó en España. La Constitución producto de un pacto de mínimos, de un acomodo en una situación de amenaza, de concesiones y componendas, no suscita patriotismo alguno.

La República, sí, porque está incontaminada. Es la víctima del atropello del golpe de Estado de 1936, para ella no ha habido perdón (ni lo necesita) y con sus defensores no se ha hecho justicia todavía y esos sí la necesitan. Es una causa, hasta la fecha perdida, pero legítima;  un horizonte político muy nítido en tiempos de zozobra y confusión por el impacto de la crisis no solo en lo económico sino también en lo político.

Al respecto. la izquierda, y en concreto el PCE, parece retornar más y más decididamente al republicanismo. Pasa página de la concesión de Carrillo, al aceptar la bandera y la Monarquía y se desvincula del pacto, pidiendo el restablecimiento de la República, última forma de gobierno legítima en España desde el punto de vista popular, la que la Monarquía ha tratado de ganarse sin conseguirlo.

La posición del PSOE en cambio es más de mantenella y no enmendalla. Según su secretario general, el partido, aun siendo republicano, apoya la Monarquía. Eso es una falacia insostenible. Hay, sin embargo, dicen los socialistas monárquicos de conveniencia, dos poderosas razones para justificar este oportunismo. Una: estamos atados por el pacto de la transición. Dos: cuestionar la monarquía ahora es peligroso pues significa acumular turbulencia sobre turbulencia. Las dos falsas: no queda nada del tal pacto pues la derecha lo ha roto flagrantemente en casi todos sus puntos con su involución y, sobre todo, con su cruel, inhumana, decisión de no hacer justicia a las víctimas de la dictadura de Franco. La turbulencia la provoca la obstinación en mantener un sistema fracasado, hundido en el caciquismo, la corrupción, la incompetencia, la quiebra económica, la ruptura social y la fractura territorial.

La conversión del PSOE en un partido dinástico, alimentado por un sentido nacional español similar al de la derecha con la salvedad de una vagarosa promesa federal que ni él mismo sabe cómo articular, resta mucho crédito a sus demás propuestas reformistas. Esa petición de reforma limitada de la Constitución (que tampoco sabe cómo impondrá) demuestra que el PSOE ha renunciado a dar forma a un creciente espíritu de regeneración democrática que no puede agotarse en unos cuantos parches; ha renunciado a dibujar un horizonte de renovación política. Esas timoratas e inciertas reformas constitucionales son los balbuceos de quien no se atreve a hablar de proceso constituyente, una petición perfectamente legítima en una sociedad democrática que podría articularse mediante una Convención constitucional que replanteara todas las posibilidades de organizacióndel Estado, centralismo, autonomía, federación, confederación, independeencia.

En lugar de esto, el discurso se formula en clave de prudencia, de cautela, continuidad, inmovilismo, también llamado "estabilidad". En clave de miedo. El miedo que alumbró la Transición y reaparece ahora. El miedo de quien no quiere participar en proyectos democráticos si no puede controlar el resultado de antemano.

Sin embargo, solo la República garantizará la regeneración democrática y el restablecimiento de una virtud cívica que el país ha perdido en el lodazal del caciquismo y la corrupción. En las zahúrdas de la tercera restauración.

(La imagen es una foto de Miguel, bajo licencia Creative Commons).

El derecho de autodeterminación de los catalanes.

¡Ah, qué tiempos aquellos de la Transición, cuando no era infrecuente ver a la izquierda del PSOE y del PCE en manifestaciones callejeras pidiendo el derecho de autodeterminación (DA) para los pueblos y naciones de España! Del Estado español, como se decía, con cierto complejo. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. Si hoy se pregunta a la izquierda postcomunista, a IU y asimilados, se obtiene una confusa cuanto medida respuesta afirmativa a regañadientes y llena de considerandos y matices. Si la pregunta se traslada al PSOE, la respuesta es un rotundo no. Hay que visitar los grupos de la izquierda más radical para encontrar clara empatía con el DA. Pero, ya se sabe, tales grupos son testimoniales, sin ninguna incidencia en la representación parlamentaria, que es donde se corta el bacalao. ¿Diremos así que, en el fondo, el cambio de 180º de los socialistas se debe a cálculos electorales en el supuesto de que el pueblo español rechaza por abrumadora mayoría tal DA? Algo de esto hay, sin duda, pero, por no ser injustos, habremos de presumir razones sinceras y de principios. Y escucharlas con atención y buena fe. En verdad, lo que este debate en general (el enésimo sobre la cuestión nacional española) pide a gritos es capacidad para argumentar racional y respetuosamente, escuchar y ser escuchado, intervenir en un intercambio esclarecedor, que nos lleve a algún sitio por fin. Como lo tienen o han tenido otros pueblos, Inglaterra, el Canadá, Chequia/Eslovaquia. No como ha resultado en la extinta Yugoslavia. ¿Será posible?

No lo sabemos. Los síntomas no son halagüeños. La derecha se niega a hablar del asunto. A Rajoy, quien no está dispuesto, según dice, a "jugar con la soberanía nacional" y para quien la nación española (obviamente, su idea de la nación española) es indiscutida e indiscutible, el concepto le parece una blasfemia. El hecho es que en España hay mucha gente convencida de que en la existencia humana hay algo indiscutible e indiscutido. Lo cual es peligroso. A esa derecha se suman, probablemente, millones de votantes que aplauden la determinación cerrada de Rubalcaba de que del DA ni se habla. Al margen de que esta actitud provoque un problema grave en el PSC que pone en riesgo una hipotética mayoría del PSOE (para la cual siempre han sido precisos los votos y escaños catalanes), al formar bloque nacional ambos partidos dinásticos, el peligro se acentúa. Peligro de polarización y enfrentamiento. Peligro de rechazo discursivo, negación a todo diálogo, cierre de filas ideológicas.

Los nacionalistas catalanes concitan una inquina aguda como traidores a España, a la nación española, que es la única que aquí cuenta por decisión, entre otros, del Tribunal Constitucional. Traidores somos asimismo quienes defendemos el DA de los catalanes; y peores, incluso, pues somos y nos reconocemos españoles. Incluso nos reconocemos nacionalistas españoles y aun más nacionalistas que los otros, los negadores del traído y llevado derecho. A diferencia de ellos, nuestra confianza en la nación española nos lleva a verla capaz de reconocer libertad de elección a sus hijos, lo que la hace más grande y verdadera nación, merecedora de que estos sus hijos elijan en libertad formar parte de ella, libertad que solo es tal si también pueden decidir libremente lo contrario. Si tan orgullosos dicen sentirse de su nación los nacionalistas españoles, ¿cuál es el problema de ponerla a prueba?  Enteca seguridad tienen en ella quienes desconfían del resultado de un referéndum de autodeterminación.

No es cosa de aburrir al personal recurriendo al trillado debate sobre los aspectos técnicos, filosóficos, jurídicos, políticos, históricos del DA: que si los derechos colectivos, el derecho internacional, la inexistencia de ejemplos en el mundo, los problemas de delimitación del sujeto, etc., etc. Todo se ha dicho y redicho mil veces, pero la cuestión subsiste. No solo en España, también en otros lugares y eso porque, con independencia de lo que sea en otros aspectos, el DA es una forma de poder constituyente y este es originario, no dependiente de reconocimiento o autorización previos. Si este derecho no pudiera ejercitarse sino en el marco de un ordenamiento jurídico superior, los Estados Unidos no existirían. Y con ellos, muchos otros. Ciertamente, es un argumento resbaladizo porque plantea la legitimidad de un derecho en contra del derecho vigente y, no pudiendo este racionalmente admitir un derecho a la revolución, lleva la cuestión al terreno de los hechos. Así es, así se plantea, con los riesgos consiguientes y así ha de tratarse.

La cuestión está más o menos zanjada al día de hoy gracias a la famosa decisión del Tribunal Supremo canadiense en el asunto de Quebec, en la que toma pie algún reputado jurista español, como Rubio Llorente, para recomendar que, pues la situación de hecho es persistente, generalizada y concita un amplio apoyo transversal en la sociedad catalana, lo sensato es arbitrar la vía jurídica para dar cauce a esa petición del DA. Por supuesto, Rubio señala que a él le dolería la separación de Cataluña porque concibe la nación española en sus dimensiones actuales. Muchos compartimos esa actitud pero pensamos que una cosa es lo que nuestros sentimientos dicen y otra lo que la razón y la justicia demandan.

Aquí es donde el nacionalismo español toca a rebato y despliega su abanico de argumentos que, en lo esencial son tres: a) el del nacionalismo banal; b) el de la sospecha y la deslegitimación; c) el del principio de la mayoría cuando no la soberanía nacional.

a).- En un inteligente libro de Germá Bel que acaba de salir (Anatomía de un desencuentro) y del que espero hacer una reseña en los próximos días, se recuerda el concepto acuñado por Michael Billig de nacionalismo banal para identificar el español, ese que ataca ferozmente los demás nacionalismos no españoles (en España, claro) en cuanto nacionalismos, dando por supuesto que él no lo es. Es un fenómeno muy conocido pero la expresión de Billig nunca me ha convencido porque, aunque la actitud esté bien descrita (esto es, un nacionalismo que, como el sonido de las esferas celestiales de Pitágoras, no es reconocible para quienes viven en él) el nombre no es el adecuado. Banal es un espantoso galicismo que quiere decir trivial, insubstancial. Y no es el caso en absoluto. En absoluto. Si se quiere definir ese nacionalismo español indiscutido e indiscutible, la expresión correcta es nacionalismo axiomático, algo tan evidente que no precisa demostración. Por supuesto, tratar los sentimientos, las identidades colectivas, con axiomas es perfectamente absurdo, con permiso de Espinoza.

b).- Sospecha/deslegitimación. También lo señala y refuta Bel: el nacionalismo independentista catalán es un juego de gana-gana de la oligarquía y la burguesía catalanas; como si el nacionalismo español no lo fuera también. La sospecha de las motivaciones turbias, fraudulentas es hoy especialmente aguda, pero siempre ha habido un fondo de desconfianza hacia ese nacionalismo. De hecho, la crítica marxista ortodoxa del último tercio del siglo XX lo entendía como un ardid de la burguesía catalana en la lucha de clases y la competencia con la burguesía central. Todo movimiento nacionalista esconde multiplicidad de intereses, pero es una forma de la denostada teoría de la conspiración el suponer que siempre hayan de triunfar los más sórdidos. Cuesta admitir que más del ochenta o el cincuenta por ciento de los catalanes (según lo que se compute) tengan motivaciones sórdidas.

c).- El principio de la mayoría, molde sagrado en el que se funde el de soberanía que corresponde al pueblo español. Los nacionalistas españoles más progresistas piden que sea un referéndum en toda España el que decida si los catalanes pueden hacer un referéndum, esto es, ejercer el DA por su cuenta. Confían en que el resultado será abrumadoramente mayoritario en contra del DA. Lo será, seguramente. ¿Y qué más? Las decisiones en democracia se toman por mayoría. Cierto. Pero mírese el asunto destotra manera: en España, por ejemplo, el "no" gana por el noventa por ciento y en Cataluña gana el sí por el setenta u ochenta por ciento. ¿Es justo que una minoría deba aceptar una decisión que la inmensa mayoría en su seno rechaza? "Bueno", responde el demócrata nacional español, "manda la mayoría en España. Que sean mayoría". Pero los catalanes jamás podrán ser mayoría como catalanes en España. Aplicarles el rodillo de la mayoría española no es juego limpio y, además, es absurdo desde el punto de vista práctico pues hoy no es pensable sofocar por la violencia una reivindicación nacional y la conllevancia orteguiana es un fardo muy pesado, que consume muchas energías, sin duda necesarias en otros menesteres urgentes.

Es tal el desconcierto del nacionalismo español puramente represivo que aun ahí lleva el catalán la iniciativa. Es lógico, tiene un objetivo poderoso, se sabe o se cree llamado a protagonizar una palingenesia nacional, la creación de la República catalana. Por contra, el nacionalismo español (de ambas orillas ideológicas) está a la defensiva, sin estrategia alguna que no sea el enrocamiento y la preservación del statu quo. Su objetivo es evitar el desmembramiento, una crisis que supone pavorosa. 

No, por ejemplo, atreverse a reformular la nación española sobre bases nuevas, con un Estado plurinacional y ofrecerla en buena fe y en pie de igualdad frente a las peticiones de independencia en un referéndum de autodeterminación al que los catalanes tienen derecho.

De eso, no quiere ni oír hablar.

(La imagen es una foto de Wikimedia Commons, bajo licencia Creative Commons).