¿Qué queda de aquella orgullosa declaración de Aznar hace tres años de que el PP era y debe seguir siendo incompatible con la corrupción? Nada; no queda nada. Y después del auto del juez Ruz dando por indiciariamente probado que el partido del gobierno lleva años, quizá veinte, administrándose con una contabilidad paralela, una caja B, menos que nada. Ese auto, expresión motivada y razonada de una convicción general en España, convierte en certidumbre la sospecha de que el PP no es propiamente un partido político, sino una asociación de presuntos malhechores.
Los papeles de Bárcenas, el innombrable, han probado ser el anunciado museo de los horrores. Rompiendo el silencio y la desinformación decretadas por el gobierno expone cotidianamente un estado de corrupción, ilegalidad y presuntos delitos que apuntan en general al partido (a la organización, a sus Comunidades Autónomas, a toda su gestión) y en concreto y singularizadamente a sus principales dirigentes, ninguno de los cuales está libre de sospecha, ni Rajoy. Ese el que menos, pues parece el principal responsable (y beneficiario) de este desaguisado.
Veinte años cobrando sobresueldos de orígenes dudosos tramitados a través de la caja B; de hacer todo tipo de chanchullos; de expoliar las arcas públicas mediante contrataciones fraudulentas; de financiar ilegalmente las elecciones y, por lo tanto hacerlas inválidas por tramposas, han destruido los cimientos morales de la democracia española, si existieron alguna vez.
Todos los partidos -menos el PP, supongo- piden la comparecencia urgente de Rajoy en el Congreso. ¿Para qué? Para que explique por qué mintió en la anterior del 1º de agosto al negar la existencia de caja B en el partido del que era y es presidente, condición en la cual nombró tesorero al hombre cuyo nombre se negó luego a nombrar pero al que enviaba SMS de ánimo a las escondidas. A partir del lunes, la guardia pretoriana del PP en el Congreso se empleará a fondo en impedir la comparecencia del jefe. Claro. ¿Qué puede hacer Rajoy, aparte de dimitir, como debiera haber hecho hace dos años en lugar de empecinarse en arrastrar el país a esta bochornosa situación? Seguir mintiendo. O decir cualquier disparate. Porque ya no es un presidente, sino un sospechoso en frenética huida hacia delante.
Seguramente no habrá comparecencia. Ni modo legal de forzarla. El gobierno de la banda de presuntos no solo ha destruido los cimientos morales de la democracia sino que ha desactivado sus mecanismos institucionales de vigilancia y control. Ha puesto la fiscalía a sus órdenes; controla el Tribunal Constitucional por medio de un presidente militante suyo; el Tribunal de Cuentas no sirve para nada; la defensora del pueblo defiende al gobierno; los medios de comunicación (todos los públicos suyos y la mayor parte de los privados, también suyos) son su central de propaganda. Recientemente se ha asegurado el favor del Consejo General del Poder Judicial a través de un pacto con el PSOE del que este debería avergonzarse porque rompe su promesa de no pactar con un partido tan manifiestamente antidemocrático. También el PSOE falta continuamente a su palabra.
Del parlamento no merece la pena hablar. La mayoría absoluta de la derecha, empleada sin contemplaciones, lo ha convertido en una cámara de aplausos, ovaciones y agresión a la oposición. Esta, al menos el PSOE, vuelve a hablar de moción de censura. Como en el cuento del pastor y el lobo. A ver si reúne ya el valor de presentarla. Está obligado a ello y no es tan difícil. Desde luego, no la ganará, ni servirá para nada. Pero tendrá algún impacto político y dejará claro cómo el estilo de gobierno de la derecha ha destruido todos los mecanismos democráticos sin dejar de agredir a la población en su conjunto.
Para curarse en salud y blindarse aun más, el gobierno anda tramitando una Ley de "Seguridad" Ciudadana que criminaliza toda forma de protesta y pretende proteger a la policía cuando esta cometa excesos en la represión violenta de las movilizaciones ciudadanas, ocultando sus fechorías. Es una censura, una mordaza, una ley de impunidad para el delito. Una ley fascista, antipopular, producto de un espíritu enfermo, criminal. El espíritu de un gobierno y un partido que delinquen, obstaculizan sistemáticamente la acción de la justicia y, cuando por fin esta se da, indultan a los delincuentes.
Después de hacer imposible la política parlamentaria, el gobierno quiere asfixiar la extraparlamentaria. Cercena para ello los derechos civiles y políticos, el de reunión, el de manifestación, el de expresión, el de información, el de huelga, la presunciòn de inocencia, el amparo de la justicia. Todos.
Y estos presuntos, algunos ya condenados, muchos imputados y procesados y los otros bajo sospecha de haber estado enriqueciéndose durante años, son quienes han procedido a arruinar el país, recortando o suprimiendo derechos sociales y económicos de millones de personas, aumentando el paro, expulsando a los jóvenes a la emigración, arrebatándoles sus becas. Y lo han hecho al tiempo que recuperan los símbolos, el espíritu, el estilo del franquismo, al que no solo no condenan, si no vitorean. Se niegan a hacer justicia a las víctimas de la dictadura y dejan clara su procedencia ideológica.
En estas circunstancias, el margen de actuación de la oposición democrática es muy estrecho. Presentar la moción de censura si Rajoy no comparece y, a continuación, retirar toda colaboración institucional con el gobierno en tanto no dimita en pleno. Palinuro lleva meses diciéndolo: retirada al Aventino. No se puede ser cómplice de una banda de presuntos, cuyo respeto por la democracia es inexistente pues aspira a un régimen en todo similar al de aquel cuya memoria honra: Franco.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
