Es una verdad de la ciencia política que solo el poder frena el poder. Un poder que carece de otro enfrente tiende a extralimitarse, a avasallar, a convertirse en tiránico. Por eso, el constitucionalismo moderno se aferra a la teoría estadounidense de los frenos y contrapesos, los checks and balances que los admiradores de todo lo yanqui creen tan universales y eternos como las stars and stripes. ¿Qué entes, qué instituciones pueden ejercer un poder que frene y contrarreste el poder político, en este caso el gobierno? En principio, los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial y, además, el cuarto poder, reforzado por lo que algunos llaman ya el quinto poder, la web. Siendo España régimen parlamentario, el parlamento es inexistente, víctima de la mayoría absoluta del gobierno. El sistema mediático está abrumadoramente al servicio del gobierno que lo utiliza sin ningún reparo: todos los medios audiovisuales públicos son oficinas de agitprop gubernamental y una parte importantísima de los medios impresos.
De freno y contrapeso están actuando el poder judicial y la web. Pero no es mucho. El gobierno desoye las decisiones de los tribunales. Así, el ministerio de educación sigue privilegiando los centros que discriminan por sexo frente a decisiones firmes del Supremo que lo prohíben. Eso cuando el de Justicia no decide conceder el indulto a delincuentes condenados por la justicia, con razones por lo menos especiosas. La vigilancia de la web es universal, generalizada, llega a todos los rincones del ejercicio del poder. La web es un Argos siempre al acecho. Pero se estrella ante la indiferencia de los gobernantes, quienes ignoran el estado de ánimo de las redes o las llenan de apologetas suyos actuando como trolls.
Es decir, el gobierno del PP no tiene contrapesos. Tampoco oposición parlamentaria. Esos 110 diputados socialistas poco más pueden hacer que aplaudir a su lider cuando pide la dimisión de Rajoy. Y aun eso, con moderación y prudencia. Ya ha salido el venerable González a decir a los jóvenes lobos de su partido que no estén pidiendo continuamente la dimisión del presidente. No sea que este se enfade. Esas dos carencias se notan mucho. El gobierno tiene una tendencia autoritaria evidente. El presidente apenas comparece en Parlamento, gobierna por decreto-ley, rompe acuerdos y pactos escritos y no escritos en su intención de desmantelar el Estado del bienestar, privatiza servicios públicos a mansalva y, los que no puede privatizar, los reduce y descapitaliza. Algun@s gobernantes autonómic@s pretenden privatizar el dominio público, los valles y montes de España, una especie de reamortización.
Y todo esto lo ponen en práctica unas autoridades electas pero sobre las que pesan fuertes sospechas de corrupción y que no solamente se niegan a dimitir sino incluso a dar explicaciones de sus actos, con los medios a su servicio. Muchas de las medidas del gobierno exceden de sus competencias y entran de lleno en el ámbito de la reforma de la constitución material del país, mediante un vaciamiento de sentido de la constitución formal. No hay derecho a la vivienda digna, ni a la sanidad y educación públicas, ni a la tutela efectiva de los tribunales, aunque el texto de la Constitución vigente siga proclamándolos.
La oposición está obligada a plantear esta crítica como fundamento a su moción de censura y con propuesta de un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. El gobierno no está legitimado para hacer lo que hace. Ni subjetiva ni objetivamente. Y mucho menos lo contrario de lo que prometió en el programa electoral. Las personas que lo están haciendo no son las más adecuadas y lo que están haciendo no es lo más conveniente para el país. La moción de censura es inexcusable. El gobierno debe explicarse ante la opinión pública si no de grado, por fuerza.
(La imagen es una captura del vídeo de La Moncloa en el dominio público).
