Desde el punto de vista político el meollo del rosario de escándalos que afecta al PP es la cuestión siempre abierta de cuánto cobra el presidente del gobierno. Este es el verdadero escándalo que Rajoy trata de ocultar como sea. Sin duda los otros tienen muchas vertientes, afectan a muy diversas personas, se refieren a comportamientos tipificados en numerosos artículos del Código Penal. El caso Gürtel con sus ramificaciones y el caso Bárcenas con las suyas dan para monopolizar las primeras de todos los diarios. Más si, como era de esperar, resultan estar entreverados, abriéndose así nuevas e insospechadas perspectivas. Se añaden escándalos colaterales, también relacionados, como el de Matas y el de Urdangarin. Puede decirse que el de este último es pieza aparte por tratarse de quien se trata y porque iba por libre. Iría por libre, pero siempre acababa haciendo negocios con cargos del PP: Matas, Camps, Barberá. También Ruiz Gallardón, siendo alcalde de la capital, sucumbió a las habilidades urdangarinescas y se dejó al parecer desplumar 120.000 euros que no eran suyos.
El panorama es, desde luego, abigarrado y pródigo en anécdotas chuscas. Basta con escuchar a Carlos Floriano -Cospedal está notoriamente ausente- "explicando" las peculiares relaciones laborales en el PP que además cambian radicalmente de carácter en una semana. Pero lo esencial aquí, lo que tiene importancia política, lo que explica los acontecimientos de los últimos dos meses, es la implicación de Mariano Rajoy en lo más turbio de la historia con la acusación de que puede haber recibido dinero ilegal, según los apuntes de Bárcenas. Este es el fondo de la cuestión, al que el presidente todavía no ha dado una respuesta satisfactoria y, al contrario, ha dado varias insatisfactorias. La gravedad de la sospecha resucita, para agravarla, la sorprendente incógnita del sistema político español, esto es, el sueldo de Rajoy cuando lider de la oposición y cuando presidente del gobierno. Porque, hasta la fecha, no lo ha declarado formalmente nunca. Al contrario, se negó a revelarlo cuando se le preguntó directamente en la televisión hace unos años y, en una segunda ocasión dio una cifra falsa. Aseguró ganar unos 8.000 euros al mes cuando por aquella época eran 14.000. España debe de ser la única democracia del mundo en la que no hay clara constancia de cuánto cobra el presidente del gobierno.
Muy preocupado con esta circunstancia que lo afecta a él personalmente, a su crédito, a su moralidad, quizá a la legalidad de su actuación y, desde luego, a su legitimidad, Rajoy ha recurrido a varios procedimientos y ha acabado empeorando las cosas. En un primer momento sostiene que todo es falso, que los papeles de Bárcenas son falsos y (es de suponer) todo cuanto publica la prensa sobre la situación laboral y retributiva del extesorero también es falso. Viendo que esto no es suficiente, tiene un gesto de transparencia y decide publicar sus declaraciones de la renta desde 2003. El gesto suscita todavía más dudas y sospechas. La declaración de la renta no coincide con la presentada al Congreso y solo se publica a partir de 2003, con lo cual no prueba nada, pues las anotaciones incriminatorias de Bárcenas llegan hasta 2003, consignando cuantiosos pagos a Rajoy.
En una actitud muy típica de la derecha, de responder y defenderse atacando, Rajoy reta a Rubalcaba a hacer lo mismo que él, desvelar sus declaraciones a Hacienda. Es un gesto ruin porque olvida que el de Rajoy fue obligado a causa de las sospechas sobre él, mientras que Rubalcaba no está obligado pues sobre él no pesan sospechas. Pero, además de ruin, el reto es estúpido porque ha faltado tiempo a Rubalcaba y, de paso, a Cayo Lara para hacer públicos sus ingresos, poniendo negro sobre blanco una diferencia abismal entre ellos dos y Rajoy, quien tiene unos ingresos fabulosos y de procedencia harto discutible. Rubalcaba gana 55.000 euros al año más las dietas, en total, unos 66.000 euros. A su vez, Cayo Lara cobra 63.000 euros al año y, por supuesto, ninguno de ellos recibe un céntimo de su partido. Al contrario, Lara entrega 16.800 euros a su organización. Frente a ellos, Rajoy viene cobrando unos 220.000 € anuales, según sus propios papeles. ¿Cómo se puede decir que todos los políticos son iguales?
Entre la maraña de los ingresos de Rajoy destaca la duplicación de pagas del presidente, práctica que comparte con María Dolores de Cospedal. Ambos compatibilizan o compatibilizaban un sueldo del partido con otro por el cargo institucional, lo cual es, cuando menos, contrario al espíritu de la vigente Ley de Incompatibilidades de 1984. Puede que no sea ilegal, al alegarse que, siendo los partidos asociaciones privadas, sus sueldos no son públicos. Es opinable ya que los partidos se nutren esencialmente de fondos publicos pero, aunque no sea claramente ilegal, es inmoral. Es inmoral acumular sueldos en el ámbito público cuando el país tiene casi seis millones de parados y a los funcionarios se les bajan las retribuciones.
A este punto reprochable se añade la sospecha de que, en la paga de Rajoy hayan figurado otras aportaciones presuntamente ilegales, de dudosa procedencia, según las anotaciones de Bárcenas. Frente a esta sospecha, el presidente ha decretado el silencio. Todo es falso. Y no se dan más explicaciones ni se responde a pregunta alguna. Pero el silencio no es una respuesta aceptable en democracia, en donde los políticos están obligados a rendir cuentas públicas de sus actos. En estas circunstancias, la única posibilidad de conseguir que se haga la luz sobre los oscuros ingresos de Rajoy, de obligar a este a comparecer en sede parlamentaria a responder a las críticas y dar sus explicaciones es presentar una moción de censura. No hay otra pues el PP empleará su mayoría absoluta para impedir un pleno extraordinario sobre la paga del presidente. En cambio, a una moción de censura no puede oponerse.
Es claro que la moción no saldrá adelante. La necesaria mayoría absoluta es del PP. Pero tendrá que escuchar, a la par con el país entero, las razones por las cuales el presidente está deslegitimado para gobernar por haber tenido un comportamiento presuntamente indigno y quizá ilegal. La moción se perderá pero políticamente se habrá ganado aunque es muy poco probable que Rajoy dimita siguiendo los usos y costumbres de las democracias de nuestro entorno.
La moción de censura no es óbice para que la oposición lleve el asunto asimismo a los tribunales. Todo el escándalo Bárcenas ha de verse en los tribunales de justicia. Y que sean los jueces quienes aclaren la paga de Mariano Rajoy.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
