Cuando se incoa un procedimiento penal es porque existen indicios racionales de delito. Si luego resultare que los presuntos delitos han prescrito, el procedimiento se archiva. Pero eso no quiere decir que haya habido una absolución como sostiene Carlos Fabra. No ha habido absolucion porque no ha habido juicio y los indicios racionales de delito persisten. De forma que si el señor Fabra se considera "inocente" lo hace con menor base que quien lo considere delincuente en nivel indiciario racional. Y, en todo caso, la Justicia debiera actuar mejor y no dar la impresión de que el PP esté por encima de ella, cuando no porque los supuestos delitos han prescrito, sí por algún defecto de forma, de modo que nunca se llega a juzgar el fondo del asunto cuando se trata del PP.
Ello produce mucha frustración en la ciudadanía (aunque no en toda), pero no tanta como la que produce ver a Carlos Fabra burlándose de la misma justicia que lo ha favorecido al decir que no ha hecho los deberes. Está bien empleado a esos jueces obsequiosos que han tardado siete años en su tarea para poder declarar la prescripción. Realmente es impresentable que el imputado diga que no "podrán juzgarlo por nada", incluso cuando tiene causas pendientes, aunque muy probable, visto cómo funcionan los tribunales en la Comunidad Valenciana, al servicio del Príncipe. Pero más impresentable es que eso lo haga un político desde un cargo electo. El colmo de la impresentabilidad es que ese político se constituya candidato para las siguientes elecciones con el aval del partido. Esa conexión entre la supuesta corrupción y la política, endémica en el PP, hace de la política un territorio desagradable, cosa que los medios de la derecha tratan de extender a los demás partidos, especialmente el de gobierno.
Tampoco hay objeción en el PP a que el señor Camps, protagonista de una saga de situaciones también desagradables, sea candidato en las próximas autonómicas, incluso aunque se mantenga su imputación. Eso es fuerte. Como lo es que, para contrarrestar el impacto de los procedimientos judiciales, los imputados y su partido hablen de "persecuciones", "cacerías" y expresiones de este jaez que deslegitiman la acción de los cuerpos de seguridad y del sistema judicial. Decir y mantener sin pruebas que España es un "Estado policial" equivale a decir que todo vale porque, cuando el Estado es policial, entra en juego el derecho de resistencia de los ciudadanos.
En fin, ahora que parece que el caso Gürtel se orienta a investigar las adjudicaciones del Gobierno de Aznar habrá que esperar una nueva andanada de rebeldía libertaria: primero se tratará de ver si aquello de lo que se trate ha prescrito; después, si se ha dado en investigar merced a alguna grosera contravención de las normas procesales; y, por último, podrá verse que lo de Estado policial se quedaba corto: Estado-checa. ¿A qué engañarse?
Paralelamente a todo esto asoma de nuevo una vena despectiva y hasta chulesca del intercambio político que resulta tan desagradable como la forma de abordar la corrupción. El señor Rajoy, en una de sus habituales intervenciones agresivas, faltonas e insultantes dice que le trae sin cuidao que el candidato sea Zapatero, Rubalcaba, Pepiño o la Chacón. De inmediato los socialistas han condenado su tono y le han pedido respeto para sus adversarios. Pero eso es absurdo. La derecha no tiene adversarios, sino enemigos y, cuando la cosa se pone cruda, enemigos a muerte. Que hablen los huesos que afloran ahora en las fosas comunes del franquismo.
Pedir respeto a la derecha española es pedir cotufas en el golfo. El respeto no se pide; se impone. Por ejemplo, recordando a este Tartarín de Tarascón a quien trae sin cuidao con qué adversario habrá de medirse, de tan seguro como está de ganar las próximas elecciones que viene de perder dos seguidas y que si pierde en 2012 tendrá que retirarse o lo retirarán a patadas.
(La imagen es una foto de Partido Popular de Melilla, bajo licencia de Creative Commons).
