Está feo hacer leña del árbol caído, pero dan ganas de recordar qué colosal metedura de pata fue aquella de que "PSOE y PP la misma mieda es", qué enorme error de consecuencias cada vez más visibles. ¿Alguien imagina que, con un gobierno socialista, un ministro de educación abogara por la enseñanza en colegios segregados por razón de sexo? Si el ministro fuera Bono, quizá, pero eso no es pensable.
Suele decirse que la equiparación entre PP y PSOE se refiere a la política económica y no a la legislación social. Lo malo es que es imposible aislarlas. A lo mejor las políticas económicas se aproximan o coinciden (transitoriamente, es de suponer, en tanto se resuelve la presente crisis) pero no así la política social y, en definitiva, la forma en que la gente organiza su vida. La derecha supone una verdadera involución, un retroceso notable en materia de derechos, un autoritarismo creciente y un retorno al patriarcado.
El autoritarismo es patente en una forma de gobierno a base de decretos y con ignorancia de las Cortes y no solo cuando están de vacaciones, sino en todo el año. Aquí prácticamente no se legisla; se decreta. Es un comportamiento autoritario y hasta despótico pues la relación del gobierno con la ley es la de modificarla cuando le incomoda también por decreto. Así ha sucedido con la Ley de RTVE , cambiada para nombrar un presidente de estricta obediencia partidista y así sucederá con la Ley Orgánica de Educacióln del PSOE que el ministro Wert quiere cambiar para que él pueda seguir subvencionando (que es de lo que se trata) los centros concertados que practican la segregación por sexo y casi todos ellos del Opus, una secta religiosa, infiltrada en todos centros de poder económico, político, judicial, etc y cuyo objetivo es la restauración del nacionalcatolicismo.
Autoritaria, muy autoritaria, es la política de orden público. El ministro Fernández Díaz está cocinando una reforma del Código Penal que tipifique como delitos comportamientos que hasta ahora no lo eran y que, en general, endurezca la represión en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación. Con su política de recortes el gobierno solivianta a la gente pero ya tiene preparados los antidisturbios. Porque, siendo de ideología conservadora, los gobernantes se inclinan siempre por la represión y el endurecimiento de penas. Es tal su fe en la política del palo que algunos pierden literalmente el juicio. Así, Cospedal, la presidenta de Castilla La mancha sostiene que, para acabar con los incendios en los montes, lo mejor es despedir a los bomberos y pedir que se endurezcan las penas a los incendiarios. Es pasmoso.
La represión de derechos fundamentales es capítulo aparte. En especial la libertad de expresión e información. La supeditación de la RTVE al partido del gobierno es total, sin fisuras. La TV está para ensalzar el poder y atacar a la oposición. Quizá sea este el punto en el que el déficit democrático del gobierno sea mayor. En la era de internet, además, tener los medios públicos como maquinaria de propaganda produce un efecto limitado. Las redes sociales son instrumentos de información y movilización muy poderosos.
El retorno al patriarcado se acelera por varias vías. Los recortes dañan especialmente aquellas estructuras (como las ayudas a los dependientes) que contribuían a la emancipación de las mujeres y a su incorporación al mercado de trabajo. Por otro lado, las aviesas intenciones del ministro de Justicia de restringir el aborto al máximo, prácticamente hasta impedirlo, cercena los derechos de las mujeres y, por decirlo gráficamente, pone sus ovarios en manos de Estado, es decir, de los curas, que son quienes dictan la acción del Estado, a través de este gobierno de verdaderos monaguillos del nacionalcatolicismo.
La educación vuelve a ser clasista, se cuestiona su universalidad, se elimina la gratuidad y se pone todo tipo de impedimentos para que los sectores populares puedan acceder a ella. La segregación por sexos es la guinda del pastel involucionista. No solamente se mantiene el abuso de que haya enseñada concertada (es decir, privada, ideológica, religiosa pero financiada por todos) sino que se extiende incluso a los colegios religiosos que no cumplen los requisitos de la ley, como muestra las recientes sentencias del supremo. Si es necesario, se cambiará la ley para ir a ese modelo de enseñanza ideal, segregada por sexos (ya lo está por clases también) en la que las niñas aprenderán por fin las habilidades propias de su sexo.
¿Tiene alguien duda acerca del tufo franquista que emite la acción del gobierno? Aquí están de nuevo las corridas de toros, declaradas patrimonio cultural de España, debidamente sunbvencionadas y ya con acceso a la televisión.
Sugiero que la ministra Báñez, la vidente del gobierno, pregunte en la corte celestial qué tal se vería allí sustituir el impío 1º de mayo por la festividad de San José Obrero, como hacía el Caudillo Franco, que presumía de haberlo dejado todo "atado y bien atado". Y tenía razón.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
